Jaime Avilés
En los momentos en que estas palabras encuentran acomodo definitivo en este espacio, el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, deja Nicaragua y se interna apenas unos cuantos metros en el territorio de su país. La televisión transmite, en vivo desde el sitio donde ocurren los hechos, un episodio clásico del siglo XIX. En lugar de un carruaje como el de don Benito Juárez, o de un caballo como el de José Martí, Zelaya viaja en un jeep blanco y, en vez de un sable, empuña un teléfono celular. Más allá de la tecnología y de la parafernalia, la escena pertenece al mismo tiempo al pasado y al futuro.
A los mexicanos la perspectiva de regresar al pasado nos deja indiferentes porque vivimos en el siglo XIX hace ya muchos años: los últimos cuatro gobiernos sexenales destruyeron el pacto social que surgió de la Revolución de 1910 y nos hicieron retroceder a una época anterior al porfiriato, cuando, como ahora, no había ferrocarriles. Así que eso no nos preocupa. Somos la economía latinoamericana que ha registrado el menor crecimiento en 25 años. Intentemos atisbar, por lo mismo, qué nos reserva el futuro, al menos desde la perspectiva que anuncia el golpe de Estado en Honduras.
Zelaya pertenece a una acaudalada familia de latifundistas que, en muchas ocasiones, honró las tradiciones de crueldad e injusticia típicas de la oligarquía de su país. Una oscura leyenda habla de horrendos crímenes en la hacienda de su padre. Eso no está a discusión. Lo que interesa es que al llegar al poder emprendió reformas sociales en beneficio de los más pobres.
Aumentó los salarios mínimos, extendió la cobertura de la seguridad social y trató de reducir el analfabetismo, pero desarrolló una política exterior que molestó a los halcones de Washington y, por tanto, a las fuerzas armadas hondureñas. Específicamente, firmó con el gobierno de Hugo Chávez convenios para recibir petróleo venezolano a precios bajos y a pagar a largo plazo. Aunque los términos del pacto eran más que favorables, la oligarquía lo derrocó cuando propuso modificar la Constitución para que futuros gobernantes –no él– pudieran relegirse.
El golpe del 28 de junio, en realidad, no fue contra Zelaya sino contra Chávez y también contra Obama. Fue la respuesta de Cheney y los republicanos al discurso que el nuevo presidente demócrata leyó en Trinidad y Tobago, el 19 de abril de este año, cuando habló de su intención de establecer otro tipo de relaciones entre la Casa Blanca y América Latina. Sólo dos meses después, la caída de Zelaya lo puso a prueba: si usaba todo su poder para reinstalarlo en el cargo, en Washington lo acusarían de ser un peón a las órdenes de Chávez; si no metía las manos, quedaría en ridículo ante los votantes de habla hispana.
Obama ha reaccionado con extrema tibieza. Podía aplicar sanciones económicas que en menos de tres días habrían estrangulado al golpista Roberto Micheletti, pero prefirió que Hillary Clinton manejara la crisis por debajo del agua, concediendo a sus adversarios todas las ventajas. Estos ya preparan las elecciones de noviembre, de modo que sólo deben resistir algunos meses más para conformar un nuevo gobierno. A Zelaya, por lo contrario, el tiempo se le acaba. Su presencia en la frontera no produjo el efecto que esperaba, es decir, la salida del pueblo a las calles de todo el país para echar del poder a los usurpadores y acompañarlo en su retorno a Tegucigalpa.
Las reformas sociales de Zelaya –todo así parece indicarlo– fueron tan limitadas que el grueso de la población no se jugó la vida para defenderlas. Quienes se han manifestado exigiendo la restauración de la democracia son los sectores más lúcidos, que no confían en Zelaya pero lo ven como una posibilidad de llevar adelante cambios más profundos. En suma, las perspectivas no son lo que se llama optimistas y Felipe Calderón ya no es el único “gobernante” de facto de América Latina.
Después de robarse la Presidencia de la República en las elecciones de 2006, y de perder en forma patética las de 2009, reprobado por los especialistas en todas las materias, vapuleado por el narcotráfico, Calderón gobierna cada vez más con el apoyo del Ejército y observa los acontecimientos hondureños con sumo interés, tomando nota de los detalles y prendiéndole veladoras a Fujimori, el ex presidente peruano que gracias a un decreto disolvió el poder legislativo y se convirtió en dictador.
Objetivo: el petróleo
Envalentonados por su éxito y por la debilidad de Obama, los halcones de Washington avanzan rumbo al sur. Desde Colombia –que desempeña en Sudamérica el mismo papel que Israel en Medio Oriente– han lanzado una grave acusación contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa: afirman tener pruebas de que la guerrilla de las FARC financió su campaña a la presidencia.
Al mismo tiempo, Colombia da su beneplácito para que el Pentágono ponga bases militares cerca de la frontera venezolana. Ya que los halcones no pudieron acabar con Chávez mediante el golpe militar de abril de 2002, ahora hacen pública su intención de declararle la guerra. Entre tanto, continúan saboteando de todas las formas posibles al gobierno de Evo Morales. Les queda muy claro que Ecuador, Venezuela y Bolivia poseen, además de Brasil y México, las mayores reservas de petróleo y gas natural del subcontinente. Y Estados Unidos jamás renunciará a ellas.
México está destrozado; ningún adjetivo describe mejor lo que nos han hecho los “gobiernos” de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón tras el desastroso sexenio de De la Madrid. “Sobrevive la mitad de los mexicanos con mil 900 pesos al mes”, informó La Jornada, en su nota principal de primera plana, el domingo anterior y, al otro día, en el mismo espacio, desplegó la siguiente noticia: “Medio México, campo de batalla contra el narco”. No debemos extrañarnos: si la mitad de la población carece de lo más indispensable, es lógico que la mitad del territorio haya sucumbido a la violencia.
Pero falta lo peor. La crisis económica seguirá deteriorando las condiciones de vida de todos: aumentará el desempleo, la carestía, la falta de liquidez y la inseguridad, pero ni los dueños del país, ni los políticos a su servicio, ni los intelectuales que supuestamente deberían iluminarlos con sus reflexiones reconocen que este desastre fue causado por un modelo económico que debe ser sustituido. Lo más desesperante es que ni siquiera discuten el tema, no les pasa por la cabeza, no se les ocurre. Lo que más les preocupa, si acaso –en un plano muy secundario, además de sus continuas pérdidas económicas– es quién remplazará a Calderón en 2012.
¿Quién les administrará el rancho, quién mantendrá a raya a 80 millones de pobres? Ya lo verán en su momento. Ya decidirán, cuando llegue la hora, si el país queda en manos de Enrique Peña Nieto, el gobernador mexiquense que no oculta su admiración por Álvaro Uribe, es decir, por los ejércitos paramilitares que éste utiliza para combatir la guerrilla y el narcotráfico.
Por lo pronto, el martes próximo, Andrés Manuel López Obrador comenzará una gira por los más de 400 municipios de usos y costumbres de Oaxaca. Al final del año habrá concluido su visita a todos los ayuntamientos del país y habrá terminado de construir la red de comités del “gobierno legítimo”, cuyos afiliados suman ya más de 2 millones de personas.
En la ciudad de México y en otras regiones del país, entre tanto, el movimiento que encabeza espera propuestas para reanudar sus actividades. Las señales, en principio, llegarán cuando se defina la agenda legislativa del Congreso. ¿Nos impondrán ahora el IVA a alimentos y medicinas? ¿Lo permitiremos?
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