sábado, 24 de junio de 2017
La derrota de las instituciones
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La integridad electoral es la fuente más eficaz de legitimidad política. A su vez, la legitimidad política es el fundamento más sólido de la gobernanza democrática. Seymour M. Lipset lo expresaba en estos términos: “La legitimidad implica la capacidad de un sistema político de engendrar y mantener la convicción ciudadana de que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad”. Ello permite que tanto los ganadores como los perdedores en las contiendas electorales acepten que las reglas del juego en vigor merecen ser acatadas, en lugar de que las autoridades impongan un resultado que haya que defender mediante artilugios legaloides o coerción. La legitimidad política es un factor clave para medir y elevar la calidad de la democracia. Cuando falta, se nota.
Eso es lo que ocurre en México. Las prácticas electorales fraudulentas se traducen en la falta de legitimidad política del régimen, lo cual ha dado lugar a un gobierno ineficaz, débil e impopular. Además, la falta de respeto a valores democráticos como la honestidad, los derechos humanos y la libertad de expresión ha creado un ambiente de caos y descontento entre la población, así como un clima de confrontación entre los actores políticos. En esa lucha desordenada reinan la ambición y el interés individual, de grupos o partidos, en detrimento del cumplimiento de la ley así como de las normas de la convivencia política democrática. Se pierde el sentido de nación como elemento aglutinador de los diversos grupos de la sociedad en la búsqueda de beneficios y metas comunes. Proliferan la ilegalidad, la violencia y la corrupción. El país se ha estancado, la pobreza y la desigualdad crecen. El círculo vicioso se expande, la involución se profundiza y el descontento social aumenta.
Los comicios del domingo 4 confirmaron que las instituciones y las leyes electorales fueron nuevamente burladas y violadas por los gobiernos federal y estatales, así como por los institutos electorales de Coahuila y el Estado de México. La suma de irregularidades ocurridas durante los procesos comiciales en esos dos estados alcanzaron un nivel de suciedad electoral y política contraria a la integridad electoral propia de la democracia. Los regímenes en los que predominan los comicios marcados por las conductas fraudulentas, las trampas y la manipulación no merecen ser llamados democráticos, sino autoritarismos competitivos, autocracias electorales o autoritarismos electorales, es decir, sistemas en los que los comicios están manchados por la corrupción gubernamental (Pippa Norris, Por qué importa la integridad electoral, 2014).
Ese es el caso del México gobernado por Enrique Peña Nieto. No nos engañemos con eufemismos y justificaciones autocomplacientes. La historia reciente del escabroso camino del país hacia la democracia es, sobre todo, una historia de tropiezos, engaños y fracasos: la “caída del sistema” que le dio el triunfo a Carlos Salinas, en 1988; la elección de Ernesto Zedillo, quien al menos tuvo el valor de reconocer que las elecciones de 1994 fueron limpias pero no equitativas; la gran decepción del foxismo tras la alternancia de 2000, que truncó la transición democrática; la dudosa victoria de Felipe Calderón por 0.1% de los votos, “haiga sido como haiga sido”, ante el pasmo cómplice de las autoridades electorales y los excesos del candidato perdedor; la corrupción electoral que llevó al poder a Peña Nieto en 2012, tras haber violado de manera flagrante los artículos 41 y 134 de la Constitución, con el aval y la ceguera voluntaria del IFE y el Tribunal Electoral, confirmada por la fiscalización amañada que exoneró la compra de voto con tarjetas Monex y el estratosférico rebase de gastos de la multimillonaria campaña mediática, que fue determinante en la victoria del candidato del PRI.
Existe una historia paralela de reformas electorales que ha producido avances indiscutibles en la estructura jurídica e institucional y en la organización de los comicios, el conteo de los votos, la participación de los ciudadanos en las casillas y la diversidad de opciones de partidos y candidatos, así como en la alternancia pacífica del poder. No obstante, esa evolución se ha visto mermada o anulada ante la avalancha de artimañas y delitos electorales que quedan impunes y, en consecuencia, cancelan la legitimidad del proceso y los resultados de los comicios, además de minar la credibilidad del árbitro y del juez de la contienda. Hay un divorcio radical entre las normas y las prácticas electorales.
La lista de irregularidades es larga, conocida y está en constante renovación: Participación de funcionarios de los tres niveles de gobierno en la promoción del candidato del PRI con recursos del erario, rebase de gastos de campaña y carretadas de dinero ilegal nunca fiscalizado, politización de programas sociales, compra y coacción del voto, acarreo de electores, relleno de urnas, falsificación de actas, manipulación del padrón electoral, fallas ¿provocadas? del PREP. En estas elecciones se agregaron otras tropelías como la intimidación de consejeros electorales y funcionarios de casilla mediante llamadas, mensajes o ¡cabezas de cerdo tiradas a la entrada de sus sedes! (Proceso 2119.)
Esas anomalías son violatorias de la Constitución y de la Ley Electoral, por lo cual son constitutivas de delito e incluso pueden ser causales de la nulidad de la elección. Existe amplia evidencia de que se han violado los principios constitucionales de certeza, legalidad e imparcialidad; la secrecía y la libertad del sufragio. También se ha infringido el mandato establecido en el artículo 443 de la Ley Electoral de que los partidos políticos no deben exceder los topes de campaña ni ocultar la información acerca del origen, monto y destino de sus recursos.
Estos y otros delitos electorales no deben quedar impunes. Si este atropello cuenta con la aquiescencia del INE y del Tribunal Electoral, estaríamos frente a una grave derrota –acaso irreparable– de las instituciones democráticas de la nación.
Reformas de Peña enriquecen a la familia de Carlos Salinas… y también a Slim
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El binomio Salinas-Slim ha rendido buenos frutos. Han pasado 27 años de aquella primera sociedad, en 1990, cuando el entonces presidente Carlos Salinas vendió Teléfonos de México (Telmex) en cómodos pagos a Carlos Slim, con un desembolso inicial hecho de manera paulatina y utilizando recursos de la propia empresa.
Y se hace la anterior aseveración no por Telmex, sino por los nuevos negocios que juntos han emprendido, aunque no de manera directa, sino a través de la familia política de Salinas de Gortari, los Gerard Rivero, hermanos de Ana Paula Gerard Rivero, esposa actual de uno de los presidentes mexicanos que ha ejercido con mayor amplitud su poder, aun después de concluir su encargo.
Quizás solo podría equipararse a Ernesto Zedillo Ponce de León, quien forma parte de muchos de los consejos de administración de grandes transnacionales del sector energético y por lo tanto tiene influencia en varios países.
Y tanto Hipólito Gerard Rivero como su hermano Jerónimo Marcos han logrado entablar relaciones comerciales con dos cercanos personajes al expresidente Carlos Salinas: Carlos Slim Helú y Francisco Gil Díaz.
En el primer caso, Hipólito ganó en septiembre de 2016 la licitación para construir la Pista 3 del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en consorcio con CICSA, propiedad de Carlos Slim. Además, participa la empresa La Peninsular, de Carlos Hank Rhon, y Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir.
Antes, el 24 de junio de 2014, su hermano Jerónimo se integró como consejero independiente de la empresa española Acciona, que llegó a México en 2013 y se convirtió en el gigante de la construcción.
Acciona trabaja con firmas privadas, pero también se alió con una de las empresas del magnate Carlos Slim: Impulsora de Desarrollo y Empleo en América Latina (IDEAL) para construir la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco, Hidalgo, para la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Curiosamente, antes de la incorporación de Jerónimo esta empresa española había obtenido contratos del gobierno mexicano por apenas 280 millones de dólares. Después del ingreso del cuñado de Salinas, los contratos otorgados entre 2014 y 2015 sumaron 3 mil 200 millones de pesos, según la plataforma gubernamental Compranet.
Y un dato más: los contratos fueron entregados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), este último dirigido encabezado en ese entonces por José Antonio González Anaya, también cuñado de los Gerard Rivero.
Hoy, González Anaya encabeza Petróleos Mexicanos (Pemex), lugar de donde han salido las licitaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas mexicanas y cuyo proceso encabeza la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Aquí también los Gerard Rivero han llevado mano. Jerónimo se fogueó en el mundo empresarial y de inversiones, al amparo de otro de los poderosos funcionarios del salinato: Francisco Gil Díaz.
Gil Díaz fue subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), uno de los funcionarios más temidos, pues inició una férrea campaña contra posibles evasores fiscales, los cautivos de medio pelo porque a los grandes aún hoy se les condonan millones de impuestos, debido a que Luis Videgaray no se atrevió a tocar al gran empresariado que lucra con las necesidades de la población, por ejemplo, los negocios de Televisa-Teletón.
Concluyó el sexenio de Salinas y Jerónimo Gerard se fue a Goldman Sachs & Co. y después pasó a Telefónica. Cuando Gil Díaz fue secretario de Hacienda con Vicente Fox, su pupilo Jerónimo fue vicepresidente de Telefónica México, y después cedería dicha posición a su exjefe Gil Díaz.
Ahora ambos –Jerónimo Gerard y Gil Díaz– tienen una gran presencia en el sector energético.
Jerónimo creó en 2009 Infraestructura Institucional; en 2014 aportó fondos para crear Sierra Oil & Gas, y el 17 de julio de 2015 tuvo el privilegio de recibir el primer contrato para la extracción y exploración de hidrocarburos, cuando su empresa Sierra Oil & Gas ganó dos licitaciones de la Ronda Uno para explorar aguas someras en busca de hidrocarburos, todo ello al lado de Talos Energy LLC de Estados Unidos y Premier Oil PLC de Gran Bretaña.
Tres meses después de ganar la licitación, Jerónimo vendió Infraestructura Institucional a uno de los mayores fondos de inversión internacionales: BlackRock. Con ello se pretendió sostener que el cuñado de Salinas de Gortari nada tenía que ver con las licitaciones y que nunca se había beneficiado.
Lo cierto es que Jerónimo nunca ha dejado de formar parte de Sierra Oil & Gas, pues cuando traspasó sus acciones de Infraestructura Institucional, ésta junto con el fondo BackRock, crearon el fideicomiso F/175992, donde Gerard forma parte del Comité Técnico y del Comité de Inversión, es decir, sus decisiones pesan tanto que, en su reporte de diciembre de 2015, el fideicomiso sostiene que en caso de dejar sus cargos ello será considerado como “remoción de dos funcionarios clave”.
Y para cerrar, el pasado 19 de junio una de las filiales de Sierra Oil & Gas, la empresa Sierra Perote E&P, S de RL de CV, ganó el bloque 11 de la Ronda Dos para explorar y explotar aguas someras de la costa de Tamaulipas.
Así, una de las empresas donde aún sigue teniendo influencia el cuñado de Carlos Salinas de Gortari es la que más se ha beneficiado de la reforma energética, ganando cinco bloques de las rondas 1.1, 1.4 y 2.1 para explorar y explotar hidrocarburos, gracias a la reforma energética de diciembre de 2013, parte de las “reformas de tercera generación”, pues las primeras fueron las que impulsó Salinas de Gortari y que incluyeron la venta de grandes activos como Telmex.
Tampoco hay que olvidar que el otro funcionario salinista y beneficiado de la reforma energética ha sido Gil Díaz, quien dentro de la Holding Avanzi, que cuenta con Dragados Offshore, Cobra y ACS, ha logrado miles de millones de dólares en contratos de la CFE.
Amigos y familiares políticos de Carlos Salinas han sido, sin duda, los grandes beneficiados de los cambios emprendidos por Enrique Peña Nieto, el hacedor de las reformas de “tercera generación”. Los de la primera entrega fueron personajes como Carlos Slim que hoy, hábilmente, sigue cercano a la parentela de Salinas.
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