Calderon y la cadena perpetua a secuestradores. Por José Luis Pérez Canchola
Sexenio tras sexenio los mexicanos seguimos viviendo una permanente crisis de inseguridad que se manifiesta en más de UN MILLON 500 MIL averiguaciones previas que se inician cada año, con la circunstancia de que un 95 por ciento corresponden al fuero común y el resto al federal. El delito más denunciado en el fuero local es el robo, pero lo que más impacta a la sociedad es el homicidio, el secuestro y la violación entre otros. Una parte de estos delitos no se denuncian y por lo mismo no se reflejan en la estadística oficial. Algunos investigadores especializados en la materia estiman que la cifra negra del delito -aquellos que no llegan a conocimiento de la autoridad- podrían representar el doble de los que efectivamente se denuncian.
Resulta evidente que estos delitos –robo, secuestro, homicidio, violación y otros-, son los que más perjudican al ciudadano común, a la gente de trabajo, a las familias que viven de su propio esfuerzo. Sin embargo en todas las administraciones recientes, desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta el de Felipe Calderón, no hemos percibido estrategias para dar una verdadera lucha en contra de estos delitos.
El secuestro creció cada año ante los propios ojos de las autoridades y no se hizo gran cosa. Por el contrario algunos malos elementos de los cuerpos de seguridad se han involucrado con bandas de secuestradores o a protegerlas y encubrirlas. Se descuidó la formación de policías, ministerios y peritos especializados en este tipo de investigación.
En consecuencia hay desconfianza de las víctimas y el secuestro se ha convertido en un drama personal o familiar con muy poca intervención de las instituciones de justicia. En los últimos 25 años ningún gobierno decretó el ataque frontal a las organizaciones de secuestradores por estar siempre ocupados en la guerra contra el narcotráfico. Esta ha sido la prioridad de los últimos sexenios en consulta y coordinación con el gobierno norteamericano.
Por supuesto que hay que perseguir todos los delitos, pero no podemos aceptar que el gobierno mexicano siga privilegiando la lucha en contra del delito de mayor preocupación para los Estados Unidos. En este asunto el gobierno de aquel país tiene dos caras.
Parece que su mayor preocupación es recuperar los 30 mil millones de dólares americanos que ingresan cada año a México por el narcotráfico. Y desde luego que este dinero regresa a la economía norteamericana. Lo hace mediante el comercio ilegal de armas y por la importación legal o ilegal de las sustancias químicas necesarias para el procesamiento de todo tipo de drogas.
En la presente administración de Felipe Calderón, el ataque al narcotráfico se ha hecho con gran despliegue publicitario; se han impulsado reformas al sistema de seguridad y justicia; se firman pactos y acuerdos internacionales y bilaterales; se han realizado campañas de limpia en las policías; se ha involucrado al ejército como nunca antes en tareas contra las mafias del narcotráfico; se destinan importantes recursos humanos y financieros y se extraditan personas indiciadas que se encuentran en pleno proceso judicial violando principios básicos de nuestro sistema penal. Pareciera que Calderón esta urgido de atender las nuevas y viejas sugerencias del gobierno norteamericano. “Si no aprovechamos este histórico momento, bien podríamos perder esta oportunidad por toda una generación”, declaró el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el pasado 6 de junio en Houston, Texas, con relación a los avances de la iniciativa Mérida.
Ahora en forma sorpresiva Felipe Calderón hizo eco de la vieja demanda de la sociedad para que se combata el secuestro. Lo hizo aprovechando el caso particular de un menor que lamentablemente fue secuestrado y asesinado por un grupo de criminales incluyendo agentes policíacos.
La iniciativa anunciada busca penalizar el secuestro “con mayor fuerza, incluida la cadena perpetua”. En su mensaje del pasado día 7 de agosto, dice Calderón que “se pone de manifiesto la urgencia de poner un alto a la impunidad con la que operan las organizaciones criminales” y señala que ante algunas modalidades del delito de secuestro, se debe imponer la pena de cadena perpetua, afirmando que estamos en el momento propicio para que el Congreso analice y apruebe tal iniciativa.
De manera muy particular la Cámara de Diputados deberá discutir con toda responsabilidad este asunto. En el mundo, la pena de cadena perpetua tiene las más diversas y extrañas características que nos podamos imaginar y una vez que se empieza a aplicar, crece la demanda por que se aplique esta pena a otros delitos.
En los Estados Unidos, por ejemplo, sigue el debate sobre los dos mil presos sentenciados a cadena perpetua y que cometieron el delito siendo menores de edad, algunos de ellos de 13 y de 15 años. En aquel país son 26 estados donde los jueces se obligan por ley, a emitir sentencias de cadena perpetua en los casos de homicidio en primer grado, sin importar la edad del responsable.
En países como Nigeria, el tráfico de indocumentados con ciertos agravantes, puede derivar en sentencias de cadena perpetua. En diciembre de 2005, el gobierno de Inglaterra ante la gran cantidad de sentencias de cadena perpetua y por la confusión generalizada de esta figura penal, inició una serie de reformas para que el delito de homicidio en algunos casos, fuera tipificado como de segundo grado y aplicar sentencias con tiempos definidos en prisión. Un importante número de países han reformado sus códigos para dar la oportunidad de que los sentenciados a cadena perpetua, después de 20 ó 30 años de reclusión, puedan solicitar libertad condicionada.
La iniciativa de Calderón, en uno de sus párrafos, señala cadena perpetua para quienes secuestren a menores de edad. Hay países que después de legislar en este mismo sentido, encontraron que un cierto porcentaje de estos delitos lo cometen parientes resentidos por conflictos familiares, sobre todo en el caso de divorcios o separaciones violentas. En estos casos ¿procede la cadena perpetua?
Los diputados deben analizar bien todas las variantes, antes de aprobar cualquier reforma relacionada con la cadena perpetua. En resumidas cuentas se puede afirmar que en México el delito de secuestro en la mayoría de los casos no se denuncia, no se investiga y sólo en un porcentaje mínimo se llega realmente a sancionar a los responsables. Esto es lo que se debe corregir en primer lugar, de lo contrario y ante la falta de confianza de la sociedad y sin la capacidad de las autoridades para intervenir eficazmente en la investigación de este tipo de delitos, la propuesta de Calderón parece tener un propósito político, mediático y publicitario. ¿Usted que opina?
