“Somos curas pederastas, somos humanos”

Reveladoras declaraciones de Leopoldo González, portavoz de la Comisión Episcopal mexicana
Internacional, Sociedad, Violencia sexual, Pederastia, Miércoles 29 de abril de 2009, por Sanjuana Martínez


México DF, 28 abril - AmecoPress/CIMAC.- El grave problema del abuso sexual infantil cometido por sacerdotes católicos en México continua siendo silenciado por la jerarquía eclesiástica, desatendido por el gobierno mexicano e ignorado por el poder legislativo. La impunidad es la constante. Las reveladoras declaraciones de Leopoldo González portavoz de la Comisión del Episcopado Mexicano (CEM) muestran la verdadera postura de los jerarcas católicos mexicanos: negar, minimizar y silenciar.

Para el Episcopado Mexicano la detención del sacerdote Rafael Muñiz López aprehendido en Xalapa, Veracruz por estar ligado a una banda de ciberpederastas es un síntoma de humanidad: “entre más humanos nos vean, más nos van a apreciar”, consideró González.

Las declaraciones son profundamente desafortunadas, pero ciertamente sinceras. Ese es el sentir de la jerarquía católica que hasta ahora no ha movido un dedo para desvelar los archivos secretos que determinan los movimientos y el paradero de cientos de sacerdotes abusadores.

Y digo cientos, porque según las estadísticas el 30 por ciento de los 14 mil sacerdotes católicos que existen en México comete algún tipo de abuso sexual con su feligresía. Un estudio del Departamento de Investigaciones sobre Abusos Religiosos (DIAR) reveló lo anterior y expuso un dato importante: en el 55 por ciento de los casos, las víctimas son mujeres mayores de edad, una tercera parte niños y el resto hombres.

La jerarquía católica quita hierro al asunto

Más aún: según la tercera encuesta del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI) el 95 por ciento de los ilícitos perpetrados en México es desconocido por el Ministerio Público por falta de denuncia, situación que se agrava cuando el criminal es ministro de culto. La pregunta aquí es ¿por qué el Ministerio Público no actúa de hecho cuando es pública y notoria la actividad criminal de un sacerdote? Los atavismos religiosos no permiten muchas veces a los padres de una víctima acudir ante las autoridades y por el escaso resultado judicial y policial, también afectan a la hora de detener y procesar a un cura.


Tal vez, policías, jueces, diputados, magistrados, senadores o funcionarios públicos piensen que por aprehender o procurar justicia contra un cura serán condenados a las llamas del infierno y prefieren sumarse a la red de complicidades que permite que México sea considerado como la nueva Tailandia, como el nuevo paraíso para pornógrafos y pederastas.

La actitud de la jerarquía católica de quitarle hierro al asunto ya no surte efecto. Por el contrario, muchos ciudadanos mexicanos se muestran indignados por la tolerancia que obispos y cardenales les brindan a sus subalternos acusados de pederastas. Curas abusadores que sencillamente son cambiados de parroquia ante las denuncias, en particular a iglesias en zonas extremadamente pobres donde la gente no se puede defender.

Nicolás Aguilar violador de 90 niños y niñas oficia misa tranquilamente en Puebla

Por eso se explica que existan curas pederastas con 30 años de carrera delictiva, como el caso de Nicolás Aguilar, ese sacerdote famoso por violar a más de 90 niños entre México y Estados Unidos gracias a la supuesta protección del cardenal Norberto Rivera. Pese a la gravedad del caso, el padre Nicolás sigue libre, viviendo tranquilamente en Puebla, oficiando misa y administrando los santos sacramentos.

Ese sacerdote pederasta, o Carlos López Valdés también en activo, a pesar de haber sido descubierto con material pornográfico en su computadora y denunciado por sus monaguillos por abuso sexual; o Rafael Muñiz López recién detenido por sus gustos cibernéticos, manchan al sacerdocio católico y son elementos indignos de pertenecer a él. ¿Por qué entonces sus superiores no les retiran del ministerio sacerdotal? ¿Por qué el Ministerio Público o los jueces no los juzgan y condenan para que dejen de hacer daño a los niños?

Desde hace tres años que publiqué mi libro “Manto púrpura: pederastia clerical en tiempos del cardenal Norberto Rivera” recibo periódicamente mensajes de víctimas denunciando a curas pederastas: desde Mexicali hasta Chiapas; desde Monterrey hasta Oaxaca…en Veracruz, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Estado de México, Distrito Federal, Puebla, Sonora… hay curas pederastas a lo largo y ancho de la República.

Los casos son tantos que se podría hacer una enciclopedia. El problema es que en México la denuncia se queda en eso: en denuncia. No hay voluntad política de hacer justicia. No existe interés judicial de atender verdaderamente el asunto. No hay contundencia en la modificación de leyes para perseguir debidamente el delito de pederastia cometido por hombres que usan sotana.

Los Cardenales Norberto Rivera y Juan Sandoval dirigen los refugios de los pederastas

Tampoco la jerarquía está a la altura. El cardenal Norberto Rivera Carrera y el cardenal Juan Sandoval Iñiguez dirigen sendas “clínicas” que constituyen auténticas guaridas de criminales donde se refugian durante algunos meses, las ovejas descarriadas que violan niños, para después ser colocados nuevamente al frente de los monaguillos o de los pequeños que hacen su preparación para la primera comunión. La impunidad genera más impunidad y descaro para que sacerdotes como Leopoldo González sigan insultando a las víctimas y a los católicos decentes que hemos decidido aplicar la tolerancia cero contra estos depredadores con sotana. ¿Quién será capaz de poner un alto a los sacerdotes pederastas?

* Sanjuana Martínez, es periodista mexicana freelance, autora de “Prueba de Fe: la red de cardenales y obispos en la pederastia clerical”. Su página Web: www.sanjuanamartinez.com

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Demanda AMLO aclarar detención de La Barbie; cuestiona honestidad de servidores

México no se colombianiza, “allá hay corrupción pero no equivalente a la vista aquí”, dice


Culpa a Calderón y Elías Ayub de inundaciones en Tabasco; afirma que benefician a extranjeros

Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 11 de septiembre de 2010, p. 15
Ocosingo, Chis. 10 de septiembre. El gobierno federal debe aclarar cómo se detuvo al presunto narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, porque primero las autoridades dijeron que fue al llegar a su casa de refugio gracias al trabajo de inteligencia iniciado en junio de 2009, y luego que lo avistaron patrullas de tránsito federal en la carretera México-Toluca, observó Andrés Manuel López Obrador.

Al llegar aquí esta tarde en visita de tres días por varios municipios, consideró “notorio” que quienes deben dar seguridad pública “no son gente honesta”. Negó que el país esté colombianizándose como dijo hace días la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, pues aquí hay un proceso de descomposición, una decadencia muy especial y no equiparable, “que corresponde a la política de pillaje que se ha venido aplicando en México”.

No es una situación como la de Colombia: “Allá hay corrupción, pero no equivalente a la vista en México durante los últimos 27 años, que constituye un saqueo sin precedente ni comparación, aunado a un estallido de odio, resentimientos, inseguridad y violencia producido fundamentalmente porque un grupo enfermo de codicia se ha venido apoderando de todo y dejó sin futuro a la mayoría de los mexicanos, especialmente a los jóvenes”, indicó.

Al encabezar en el auditorio de la Escuela Secundaria Técnica 16 una evaluación de las bases constituidas del “gobierno legítimo”, el ex candidato presidencial convocó a los casi mil asistentes, la mayoría indígenas de las regiones norte y selva, a seguir organizándose para crear los 70 mil comités territoriales fijados como meta en todo el país, con el aliento de los 10 mil ya existentes.

“Cuatro años llevó construir este movimiento, pero no está consolidado y hay que seguir trabajando porque el esfuerzo no es en vano”, sostuvo. Consideró necesario lograr un pacto de abajo hacia arriba para contrarrestar a la “mafia” que le robó la Presidencia de la República en 2006 e impuso a Calderón, “un bueno para nada”.
En medio de aplausos reiteró que su movimiento participará en las elecciones de 2012 y volverá a ganar para sacar adelante al país con los recursos naturales que hayan sobrevivido al saqueo. “Hay de donde echar mano”, alentó.

Sobre las inundaciones que han afectado Tabasco, su estado natal, dijo en su discurso y en posterior entrevista: “Hace tres años dijimos que la inundación pasada ocurrió por el mal manejo de la presa Peñitas, pero Calderón la atribuyó a que había luna llena, y el gobernador (Andrés Granier) se quedó callado”.

El jueves pasado Granier fue al Senado “y tuvo que decir lo que calló en 2007, pues fue cómplice” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la inundación que se produjo por el mal manejo del sistema de presas chiapanecas, ideado para privilegiar “a las empresas extranjeras que venden energía”.

Es cierto que hacen falta obras de desazolve y bordos, que se permitió edificar unidades habitacionales en zonas bajas y de amortiguamiento de agua en Villahermosa y otras ciudades de Tabasco; pero “el principal problema es el mal manejo de las presas, particularmente la de Peñitas, por el negocio de las empresas privadas de las que son cómplices Calderón y el director de la CFE, Alfredo Elías Ayub”.

Ellos, aseguró López Obrador, “fomentaron la privatización y por darle preferencia a los extranjeros, especialmente españoles, mantienen subutilizadas las hidroeléctricas de Chiapas...”

Precisión de Hilaria. Fisgón.

Post Producción. Helguera.

El Yunque y las elecciones de 2012

Desfiladero


Jaime Avilés
¿Alguien quiere vender su casa en el Distrito Federal pero no se anima pensando que debido a la crisis en estos momentos nadie compra? Mentira: los precios del mercado inmobiliario en la ciudad de México están a la alza porque los ricos del norte del país, especialmente los de ciudades como Chihuahua y Monterrey, han iniciado un verdadero éxodo rumbo a la capital, huyendo de la guerra.

Hace tres semanas, el gobierno del estado de Chihuahua anunció el cierre de todos los centros de rehabilitación de drogadictos en esa entidad, para evitar que los narcogatilleros sigan perpetrando matanzas de enfermos y terapeutas dentro de sus instalaciones. Ayer, informantes anónimos denunciaron que extorsionadores amenazan con degollar a alumnos de jardines de niños y escuelas primarias de Ciudad Juárez, si padres y maestros no pagan para “protegerlos”.

Incluso –detallaron nuestros corresponsales en aquella frontera–, “un plantel cerró y devolvió cuotas de inscripción y colegiaturas” la misma semana en que empezaron las clases. En Monterrey, en el reverso de la moneda, el Ejército volvió a disparar contra civiles inermes y mató a dos miembros de una pacífica familia que circulaba en coche y no se detuvo al cruzar un retén. ¿Cuál es la cifra exacta de víctimas inocentes que han perecido de tal modo en lo que va de la catástrofe calderónica? ¿Nuestros soldados reciben premios, como en Colombia, por cada persona que asesinan?

El domingo pasado, 5 de septiembre, se cumplieron cuatro años exactos de la trágica tarde en que el tribunal electoral declaró “presidente (sic) electo (resic)” a Calderón, con una inverosímil “ventaja” de 233 mil 831 votos. Desfiladero sospecha –y puede documentar– que esos votos los aportó la Organización Nacional de El Yunque (ONY) gracias al actual gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, líder de los talibanes del Bajío.

En 1995, Vicente Fox ganó la gubernatura del estado de las momias y las charamuscas con 723 mil votos; el PRI obtuvo 409 mil y el PRD, 87 mil. El 2 de julio de 2000, Juan Carlos Romero Hicks triunfó con un millón 460 votos (56.5 por ciento), casi el doble de lo acumulado por el PRI (34.0) y muy por encima del PRD (6.7). Romero recibió 277 mil votos más que Fox. ¿Y eso por qué? Bueno, porque el jefe de su campaña fue Oliva Ramírez, que sumó a su favor los votos de los panistas tradicionales y los de El Yunque.

Durante el sexenio de Romero (y con el apoyo de Fox desde Los Pinos), Oliva armó su propia estructura de poder y, con ella, arrasó en los comicios estatales del 2 de julio de 2006. Ese día recabó un millón 166 mil votos. Con respecto a los resultados de 2000, el PRI cayó de 34.0 a 26.1 por ciento, y el PRD subió de 6.7 por ciento a 10.8, gracias al efecto López Obrador.

En la elección presidencial de 2000, Fox reunió en Guanajuato 1 millón 128 mil votos; Francisco Labastida Ochoa, 517 mil y Cuauhtémoc Cárdenas 121 mil. En 2006, sólo en Guanajuato, Calderón se alzó con un millón 155 mil, Roberto Madrazo, con 369 mil, y Andrés Manuel, con 301 mil. En otras palabras, como jefe de campaña del PAN en 2000, Oliva Ramírez le consiguió a Fox 128 mil votos más que a Romero Hicks, pero en 2006 se adjudicó 11 mil 417 más de los que le dio a Calderón.

Tanto en los procesos de 2000 como de 2006. Oliva logró y conservó los 200 mil y pico de votos de El Yunque, que terminaron convirtiéndose en la “ventaja” que el TEPJF le “reconoció” a Calderón sobre López Obrador. Pero hay un detalle que no debemos mirar con desdén. Alianza Cívica demostró que, en 2006, Guanajuato fue el estado donde se produjo el mayor número de sustituciones de funcionarios de casilla, minutos antes de que la gente empezara a votar.

Esa jugarreta, clave para el éxito del fraude, corrió a cargo de Elba Esther Gordillo: por medio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la principal operadora de Salinas de Gortari “compró”, o amedrentó, para mandarlos a su casa, a toda una legión de presidentes, secretarios y escrutadores de casilla, y los remplazó por mapaches que, a la hora del conteo final, alteraron a placer los resultados.
Guanajuato fue al fraude electoral de 2006 en México, lo mismo que Florida al fraude electoral de 2000 en Estados Unidos. Calderón, por lo tanto, le debe a Oliva Ramírez mucho más de lo que suponemos: no en vano, el secretario particular del hombrecito de Los Pinos es el guanajuatense Luis Felipe Bravo Mena, ex líder nacional del PAN y pilar de El Yunque en el Bajío.

A 21 meses de las elecciones presidenciales del 1º julio de 2012 –si algo llamado México aún existe para entonces–, el poder de Oliva Ramírez está intacto y mantiene la utopía foxista de “guanajuatizar” nuestro país (o lo que de éste quede). Con gran instinto de conservación, el líder talibán urdió una argucia jurídica para sacar de la cárcel a las seis campesinas que tenía presas por abortar. Así logró quitarse de encima la presión de los medios, de la ONU y de la sociedad civil. Pero no modificará nada sustantivo: mientras ustedes leen estas líneas, la policía yunquista busca por todo el municipio de San Miguel de Allende a una jovencita, de nombre Daniela, acusada de “homicidio en razón de parentesco” (o sea, aborto) para encerrarla, juzgarla y sentenciarla.

El fanatismo religioso, visto al microscopio, es fuente de numerosos problemas de salud pública. Por su rechazo al empleo de preservativos, y al fomento de una cultura sexual responsable, sana y libre, sólo ocasiona dolor, horror y desgracia. Fomenta la pandemia del sida, favorece el auge de otras enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados, sobre todo en adolescentes; los abortos clandestinos y los partos por cesárea que, en las condiciones de extrema pobreza en que vive la mayoría de la población de nuestro país, son causantes de un altísimo índice anual de muertes maternas.

Para el movimiento que lucha por la transformación del país, Guanajuato debe ser observado a partir de ahora con una atención enorme. La organización de comités ciudadanos, la capacitación para la defensa del voto, la vigilancia del proceso electoral en cada una de sus etapas serán tareas básicas para impedir que se repita el floridazo de 2006. Y para construir una alternativa a El Yunque en el plano regional. De otra manera, ¿cómo lograr que caiga la directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense (Imuge), Luz María Ramírez Villalpando, que comparte con el obispo de Querétaro la siniestra opinión de que el feminismo es el origen de todos los males de la sociedad?

¿Cómo presionar al Congreso estatal para que Guanajuato adopte la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? ¿Cómo derogar, en fin, todos los prejuicios religiosos que El Yunque elevó a la categoría de leyes y de políticas públicas? Ante el derrumbe del “gobierno” espurio –al que todos sus cómplices exprimieron hasta sacarle la última gota, dejándolo ahora convertido en una especie de jerga de la que sólo brota ya mugre y sangre a raudales–, la ultraderecha defiende las ruinas morales del régimen colocando a los príncipes más retrógradas de la Iglesia en la primera línea del fuego declarativo, mientras Calderón se desmadeja y la olinarquía prepara el ascenso de Peña Nieto al poder.

En tan desoladoras circunstancias, ¿cómo saludaremos a los soldados extranjeros, choznos de quienes nos invadieron siglos atrás, cuando desfilen ante nosotros el jueves para celebrar nuestra independencia? ¿Arrodillados en el Paseo de la Reforma, con las manos en la nuca? ¿Lanzándoles flores y vítores y muchachas? ¿O quizá ondeando banderas blancas? Por lo pronto, la noche del 15, todas y todos a la Plaza de las Tres Culturas con Andrés Manuel López Obrador. Allí, tal vez, se tomarán decisiones...

jamastu@gmail.com

Difama Lozano a mineros, sostiene organismo gremial

Sin duda, hay que buscarle un asilo a este demente. Incapaz de sostener un diálogo, ni siquiera tiene la hombría de sostener la mirada.

El funcionario “padece serios problemas sicológicos”, afirma


Su labor debía ser resolver los problemas, no crear otros nuevos, dice
De la Redacción
La Jornada
11 de septiembre de 2010

El sindicato minero calificó como una difamación las declaraciones en su contra emitidas por el secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien acusó este jueves a los integrantes de ese gremio de “delincuentes y arbitrarios” al impedir el acceso al yacimiento de Cananea, Sonora, e impulsar una huelga derivada de un paro de labores en la mina El Cubo, Guanajuato.

Al responder, mediante un comunicado, el sindicato indicó que dirigentes seccionales y delegados de los mineros “sólo podemos decir que esta persona padece serios problemas sicológicos cuando difama como ‘delincuentes y arbitrarios’ a los integrantes” del gremio.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana agregó que el secretario del Trabajo “nunca entendió, y a lo que se ve, nunca jamás entenderá, el papel que como titular de esa dependencia federal debía haber jugado.

“Este es el momento, a cuatro años de permanencia en el cargo, en que ya los conflictos con los mineros debieran estar resueltos, y no haber creado otros más, como el del Sindicato Mexicano de Electricistas.”

En su escrito manifestó que Lozano Alarcón miente sobre lo ocurrido en el yacimiento sonorense, toda vez que “quienes ejercieron la violencia física hace unos días en Cananea, como antes en Nacozari y últimamente en Esqueda, todo en Sonora, son las fuerzas policiacas federales y estatales, actuando al servicio de Grupo México”, con el “auxilio cómplice” del actual gobernador Guillermo Padrés Elías.

Respecto a la huelga –desde el 30 de junio– en el mineral El Cubo, agregó que los trabajadores exigen “con justicia el pago de utilidades que durante 10 años no ha otorgado la empresa canadiense Gammon Gold, con el apoyo de las administraciones panistas de (Vicente) Fox y de (Felipe) Calderón”.

Abundó que las acusaciones de presunta agresión cometida por trabajadores son una calumnia, “pues no vemos con qué dispararon, si con el dedo índice de la mano, ya que ellos nunca portan armas de ninguna especie, por acuerdo sindical muy estricto que todos en el sindicato cumplimos. La naturaleza violenta que alegan que tiene nuestro sindicato minero es, por el contrario, de ellos”.

Apuntó que los mineros “seguiremos en la línea de defender nuestra dignidad, siempre dentro de los cauces de la ley, pero nunca toleraremos agresiones como las que hace más de cuatro años nos están propinando desde el gobierno y las empresas antisociales”.

Opinión: El México del narco, el méxico de nadie

“Para que entiendan” Manuel Bartlett Díaz

“Para que entiendan”

Manuel Bartlett Díaz
Analista político

Distrito Federal– Ejemplo de la retórica falaz presidencial es el drama de Ciudad Juárez. El crimen se multiplica en un tejido social destruido.

El asesinato de jóvenes a quienes el Presidente denigró llamándolos pandilleros, generó indignación juarense y nacional. Para corregir su dislate viajó a Juárez, escuchó a diversos sectores, implantó un programa urgente incluyendo demandas sociales pese a su limitada visión policiaca: “Todos Somos Juárez. Reconstruyamos la Ciudad”. Viajó tres veces, se comprometió, y Juárez está escandalosamente peor.

La participación juarense en el programa evita la simulación. La Universidad Autónoma de Chihuahua aporta estudios. La prensa da seguimiento al programa pese a amenazas criminales y censuras del gobierno federal.

En Juárez, la Facultad de Ciencias Políticas y Ciencias Sociales de la UACH organizó una serie de “Diálogos en el Desierto” para mantener la evaluación del programa y desarrollar su propuesta académica. El foro a nivel de estudiantes revela compromiso, opinión razonada de jóvenes sobre su situación, reclamos de no ser escuchados, carecer de condiciones de desarrollo, repudio a la hipocresía de partidos, políticos y lenguaje falso.

A nivel de investigadores, la evaluación es crítica. Falta vocación y compromiso gubernamental; percepción de que son las corporaciones quienes generan el problema; llegan los federales y se incrementan los delitos, se denuncia, no hay eco. Se criminaliza a priori a las víctimas; 90 por ciento de impunidad, un nuevo sistema de justicia ineficaz. Cierre de negocios incrementa el desempleo, incapacidad para impulsar el desarrollo, fallan las políticas públicas; alto nivel de corrupción. Somos producto del modelo económico. Inexistente la reconstrucción del tejido social; la educación carece de valores superiores; se abandonaron las causas sociales, se ha perdido el nacionalismo, la identidad, los fines del Estado, no somos soberanos, se anula la conciencia cívica, la capacidad de reclamo. El político es chambista, se pierde la vocación de servicio. La población juarense es heterogénea, fragmentada, requiere integración solidaria.

La prensa refleja la crisis de Juárez, el seguimiento del programa Todos Somos Juárez describe su vacuidad. Comenta las limitadas acciones en salud, promesas incumplidas de nuevas clínicas e infraestructura. La incorporación acelerada de 150 mil usuarios al Seguro Popular amenaza colapsar el sistema. El 60 por ciento de los adolescentes ni estudia ni trabaja, riesgo de pandillerismo, drogas y cárteles. El Colegio de la Frontera Norte y la UACH documentan que la mayoría de los jóvenes detenidos provienen de sectores marginados, la segregación incide en la formación de menores infractores. Se ha abandonado en la planeación de Ciudad Juárez, la justicia social.

La ciudadanía reclama: “el simple patrullaje no funciona”; no encuentran cómo denunciar y ser atendidos. El Diario recoge expresiones ciudadanas: “Ya están hartos, señor Presidente. Vuelve el mandatario y todo sigue igual, no avanza ni en seguridad ni en estrategia social”; “los jóvenes están cayendo como moscas”, reclama una joven a Margarita Zavala. Los jóvenes no creen en el gobierno.

Juárez es “la ciudad más violenta del mundo”: asesinatos entre bandas, incendios de negocios, robos de autos, extorsiones, secuestros, crueldad indiscriminada, mujeres, niños, estudiantes, docentes, empresarios. Convivencia social arruinada; economía devastada, corrupción. Pero el Presidente no entiende, no quiere o no puede enfrentar al crimen como empresa integrada a la economía, asociados “operadores políticos” y organizaciones criminales. Es irresponsable afirmar que todo va bien ante una sociedad subyugada. Así, en Ciudad Juárez, la participación de la Academia y de la comunidad es invaluable para construir una respuesta social a la violencia criminal y montar enérgicas exigencias democráticas “para que entiendan”.