CIUDAD DE MÉXICO.- Dos de los tres responsables del robo millonario a la Casa de Moneda, ubicada en Paseo de la Reforma, fueron delatados por sus familiares luego de que se dieran a conocer sus identidades a través de medios.
De acuerdo con investigaciones, se trata de los primos Tenorio, Édgar y Pablo, quienes, hasta antes del atraco, radicaban en la alcaldía de Iztapalapa, y según las autoridades, son parte de una banda conocida como "Los Tenorios".
Mientras que la tercera persona, quien aparece en videos hurtando los mil 567 centenarios y llevándoselos en una maleta, aún no ha sido identificado, pero se sabe que cuenta con antecedentes penales por robo a mano armada.
Asimismo, se reveló la participación de otras dos personas más, entre ellas una mujer que sería pareja sentimental de uno de los ladrones. En tanto, la quinta persona fue quien, al parecer, desde un celular dio instrucciones para efectuar el delito.
Por otra parte, se sospecha que estos delincuentes podrían estar coludidos, ya que pudieron haber recibido información privilegiada del guardia de seguridad de la bóveda, de la que sustrajeron más de 55 millones de pesos en centenarios el pasado 6 de agosto.
Washington, D.C.–México está indignado. Sus ciudadanos fueron masacrados por un individuo que odia a los migrantes, mexicanos y mexicoamericanos. Un supremacista blanco que cree que la comunidad hispana en El Paso es una plaga que amenaza con infestar la raza blanca; que es una “invasión” de gente de piel morena que merece el exterminio como los judíos bajo Hitler.
Lo tragedia en El Paso, ciudad ejemplo de la unión ancestral de dos pueblos siameses, fue un acto de terrorismo estocástico anunciado. La retórica de un individuo incitó a la acción de otro individuo contra una minoría. En años recientes, ha habido ese tipo de terrorismo contra negros, judíos, gays y musulmanes. Ya nos tocaba.
La violencia y el racismo han sido parte de la vida de este país mucho antes de que naciéramos. No es la primera vez que los políticos usan el miedo a una supuesta pérdida de identidad blanca para instigar racismo. La narrativa ha estado presente en la política por generaciones. Ayer, la xenofobia era contra migrantes irlandeses, italianos, japoneses y chinos. Hoy contra la población latina. La idea de que una sociedad multicultural y multiétnica amenaza los valores “americanos” de libertad y democracia es una falacia de más de un siglo.
Lo que vuelve más oneroso esa realidad es que el mensaje viene de la Casa Blanca. Trump no inventó el racismo, per sí lo puso en el centro del debate político. Legitimó el odio de grupos e individuos racistas y los sacó de la sombra. Diariamente vemos a conductores y comentaristas de Fox News destilar racismo. Publicaciones e individuos como Breitbart y Lou Dobbs vomitar encono que retroalimenta a las redes del odio.
“Infestación”, “invasión”, “monstruosidad”, “regresen a donde vinieron”, “violadores”, “criminales”, “animales”. Son vocablos habituales en la cuenta de Twitter de Trump y en arengas ante sus fanáticos. En 2018, los crímenes de odio aumentaron 9 por ciento. En un manifiesto que publicó en 8chan, plataforma favorita del extremismo, el asesino de El Paso sentenció: “Estoy defendiendo a mi país de un desplazamiento cultural y étnico provocado por una invasión”. Las palabras tienen consecuencias.
Mucho antes de que Trump asumiera la presidencia, Samuel Huntington, el finado politólogo de Harvard, anticipó lo que pasó en El Paso. En escritos premonitorios, pronosticó el surgimiento de un movimiento antiinmigrante que llevaría a una disputa doctrinal en las primeras décadas del siglo 21. Es decir, ahora. En una entrevista que le hice en 2004, cuatro años antes de su muerte, Huntington me dijo que Estados Unidos era un país “desgarrado” entre dos culturas–la anglosajona protestante y la mestiza católica. Presagió un choque de civilizaciones por la negativa de millones de mexicanos a “asimilarse” a la cultura anglosajona.
La reacción del gobierno de México a la masacre fue inmediata. Marcelo Ebrard manifestó su “rechazo y condena” al “acto de barbarie”. Anunció que enviaría una nota diplomática al Departamento de Estado para que Washington fije una “posición clara contra los crímenes de odio”. Ni una palabra sobre el elefante en el cuarto. Además, amenazó con buscar la extradición del presunto culpable para juzgarlo por terrorismo, así como tomar acción legal contra la armería que le vendió el arma.
Si bien el anuncio de Ebrard fue un oportuno ejercicio mediático, las dos últimas medidas no son viables en el mundo real. Extraditar al asesino para juzgarlo en un sistema judicial disfuncional, con alarmantes índices de impunidad como el mexicano, es un disparate. El fiscal en El Paso ya dijo que se pedirá la pena capital. México no tiene pena de muerte. Estados Unidos jamás aceptará un castigo menor a la ejecución. Particularmente en Texas. Más bien parece un intento por reivindicar la extradición de El Chapo. Ojo por ojo, diente por diente.
Irse contra la armería también es un disparate, pero a medias. No está claro cual sería el fundamento legal del gobierno de México a no ser que busque coadyuvar en una demanda interpuesta por los heridos y familiares de los muertos. El arma fue comprada legalmente. En todo caso, sería una batalla desgastante y eterna, con escasas posibilidades de éxito. De mayor utilidad es demandar directamente a las armerías e individuos que venden arsenales de armas de alto calibre a intermediarios que las trafican a los carteles mexicanos.
“Creo que es lo primero que se les ocurrió. México es un país de ocurrencias y la administración de López Obrador ha mostrado una inclinación por ellas”, me dijo Tony Payán, director del Centro México del Instituto Baker de la Universidad Rice en Texas.
Para Payan, crítico de la “política de apaciguamiento” de AMLO, el gobierno mexicano no tiene la “determinación de reconocer abiertamente que el discurso antinmigrante y antimexicano es algo que viene de la Avenida Pennsylvania #1600 [domicilio de la Casa Blanca]. Todo lo demás que haga, me parece dar palos de ciego”.
Payan casualmente llegó el sábado a El Paso para hacer una investigación. Encontró una comunidad sacudida. “Hay una conciencia muy clara de que este ataque fue motivado no por un tema de salud mental o por deseos de quedar plasmado en los libros de historia, sino porque es una comunidad mexicoamericana”. Más de 80 por ciento de la población es latina. El asesino sabía. Recorrió cientos de kilómetros para alcanzar su objetivo.
Testigo asegura que desde 2014 la ASF le dio a conocer las irregularidades
▲ Rosario Robles, ex titular de la Sedesol y la Sedatu, a su llegada a la comparecencia ante un juez de control del Reclusorio Sur.Foto Marco Peláez
César Arellano
Periódico La Jornada Viernes 9 de agosto de 2019, p. 3
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Rosario Robles Berlanga de incurrir en omisiones cuando fue titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el gobierno de Enrique Peña Nieto y provocar un daño patrimonial al erario por 5 mil 73 millones de pesos.
Durante una audiencia realizada en los juzgados federales del Reclusorio Sur de la Ciudad de México y que se extendió más de 10 horas, el Ministerio Público Federal señaló en más de 50 ocasiones que la ex funcionaria conoció plenamente que durante su gestión se llevó a cabo la firma de convenios con universidades y otras instituciones públicas y privadas en los que sus subalternos, particularmente desde la Oficialía Mayor de Sedatu y Sedesol, ambas a cargo de Emilio Zebadúa, realizaron acciones de falsificación de firmas, suplantación de convenios y otros delitos a través de los cuales se desviaron recursos que se transferían a empresas inexistentes o que no cumplieron con los términos acordados.
Los fiscales presentaron testimonios de funcionarios que señalaban haber informado a Robles Berlanga de las irregularidades que se cometían en las instituciones a su cargo, y con ello se dio sustento a la imputación de ejercicio indebido del servicio público, sin que ella lo hubiera hecho de conocimiento del entonces presidente Peña Nieto ni autoridades de la Función Pública o del Ministerio Público.
Entre las pruebas se mencionaron las declaraciones de tres ex colaboradores de la ex secretaria: José Antonio Orozco, María del Carmen Gutiérrez Medina y Marcos Salvador Infante.
Los ex subordinados de Robles Berlanga declararon que en junio de 2014, durante una reunión en Polanco, el entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, dijo a la funcionaria que las auditorías revelaban que los contratos con universidades presentaban muchas irregularidades, ya que las casas de estudios no tenían ni la capacidad ni la infraestructura para realizar los servicios que solicitaban las citadas dependencias. Uno de los testigos de la FGR afirmó que Robles terminó la reunión de manera abrupta.
Aquí estaré
La ex funcionaria llegó minutos antes de las 11 de la mañana al Reclusorio Sur en una camioneta BMW, y mientras descendía de la unidad y decenas de reporteros y fotógrafos trataban de obtener alguna declaración o imagen de ella, un grupo de personas, entre supuestos ciudadanos y escoltas, trataron de impedir que los periodistas realizaran su trabajo.
Sin embargo, Robles Berlanga, quien portaba un vestido blanco y mostraba un perfecto maquillaje, señaló: Aquí estoy, como lo prometí, dando la cara y muy tranquila, mientras en el juzgado se preparaba el Ministerio Público para presentar ante el juez Felipe de Jesús Delgadilo las pruebas de la imputación.
La audiencia tuvo una pausa de dos horas, tiempo en el que en el sistema del Poder Judicial se dio entrada a una petición de amparo en contra de cualquier orden de captura, y funcionarios federales llegaron a considerar que no volvería a los juzgados para seguir la diligencia.
Sin embargo, los abogados y la ex secretaria retornaron y solicitaron que sea hasta el próximo lunes, luego de que presenten pruebas en favor de la ex funcionaria, cuando se determine si se le decreta vinculación a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Al término de la audiencia, Robles declaró que el lunes asistirá nuevamente al juzgado a la hora indicada.
En la audiencia los fiscales le señalaron que actuó de manera dolosa, omisa y continua en su carácter de autora directa del delito del ejercicio indebido del servicio publico.
Al tratarse de un delito considerado no grave, en caso de que se decrete la vinculación a proceso, seguirá en libertad. Por lo pronto, los fiscales y la defensa acordaron que no se le impusieran medidas cautelares, situación que el juzgador consideró inaudita.
