Por omisión, culpan a Robles del desvío de $5 mil millones

Aún no la vinculan a proceso

Testigo asegura que desde 2014 la ASF le dio a conocer las irregularidades

▲ Rosario Robles, ex titular de la Sedesol y la Sedatu, a su llegada a la comparecencia ante un juez de control del Reclusorio Sur.Foto Marco Peláez

César Arellano

 

Periódico La Jornada
Viernes 9 de agosto de 2019, p. 3

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Rosario Robles Berlanga de incurrir en omisiones cuando fue titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el gobierno de Enrique Peña Nieto y provocar un daño patrimonial al erario por 5 mil 73 millones de pesos.

Durante una audiencia realizada en los juzgados federales del Reclusorio Sur de la Ciudad de México y que se extendió más de 10 horas, el Ministerio Público Federal señaló en más de 50 ocasiones que la ex funcionaria conoció plenamente que durante su gestión se llevó a cabo la firma de convenios con universidades y otras instituciones públicas y privadas en los que sus subalternos, particularmente desde la Oficialía Mayor de Sedatu y Sedesol, ambas a cargo de Emilio Zebadúa, realizaron acciones de falsificación de firmas, suplantación de convenios y otros delitos a través de los cuales se desviaron recursos que se transferían a empresas inexistentes o que no cumplieron con los términos acordados.

Los fiscales presentaron testimonios de funcionarios que señalaban haber informado a Robles Berlanga de las irregularidades que se cometían en las instituciones a su cargo, y con ello se dio sustento a la imputación de ejercicio indebido del servicio público, sin que ella lo hubiera hecho de conocimiento del entonces presidente Peña Nieto ni autoridades de la Función Pública o del Ministerio Público.

Entre las pruebas se mencionaron las declaraciones de tres ex colaboradores de la ex secretaria: José Antonio Orozco, María del Carmen Gutiérrez Medina y Marcos Salvador Infante.

Los ex subordinados de Robles Berlanga declararon que en junio de 2014, durante una reunión en Polanco, el entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, dijo a la funcionaria que las auditorías revelaban que los contratos con universidades presentaban muchas irregularidades, ya que las casas de estudios no tenían ni la capacidad ni la infraestructura para realizar los servicios que solicitaban las citadas dependencias. Uno de los testigos de la FGR afirmó que Robles terminó la reunión de manera abrupta.

Aquí estaré

La ex funcionaria llegó minutos antes de las 11 de la mañana al Reclusorio Sur en una camioneta BMW, y mientras descendía de la unidad y decenas de reporteros y fotógrafos trataban de obtener alguna declaración o imagen de ella, un grupo de personas, entre supuestos ciudadanos y escoltas, trataron de impedir que los periodistas realizaran su trabajo.

Sin embargo, Robles Berlanga, quien portaba un vestido blanco y mostraba un perfecto maquillaje, señaló: Aquí estoy, como lo prometí, dando la cara y muy tranquila, mientras en el juzgado se preparaba el Ministerio Público para presentar ante el juez Felipe de Jesús Delgadilo las pruebas de la imputación.

La audiencia tuvo una pausa de dos horas, tiempo en el que en el sistema del Poder Judicial se dio entrada a una petición de amparo en contra de cualquier orden de captura, y funcionarios federales llegaron a considerar que no volvería a los juzgados para seguir la diligencia.

Sin embargo, los abogados y la ex secretaria retornaron y solicitaron que sea hasta el próximo lunes, luego de que presenten pruebas en favor de la ex funcionaria, cuando se determine si se le decreta vinculación a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Al término de la audiencia, Robles declaró que el lunes asistirá nuevamente al juzgado a la hora indicada.

En la audiencia los fiscales le señalaron que actuó de manera dolosa, omisa y continua en su carácter de autora directa del delito del ejercicio indebido del servicio publico.

Al tratarse de un delito considerado no grave, en caso de que se decrete la vinculación a proceso, seguirá en libertad. Por lo pronto, los fiscales y la defensa acordaron que no se le impusieran medidas cautelares, situación que el juzgador consideró inaudita.