Arremete Lozano contra Gómez Urrutia y obispo de Saltillo

La redacción
PROCESO

México D.F., 19 de febrero (apro).- La Secretaría del Trabajo arremetió hoy contra el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, a quien llamó “prófugo de la justicia”, por los señalamientos que hizo en relación con el estado que guarda actualmente la mina de Cananea.

En un comunicado, en el que proliferan los adjetivos y los recargones, la dependencia que dirige el llamado “golpeador” del gobierno calderonista, Javier Lozano, argumentó que Gómez Urrutia no cuenta con una acreditación legal y moral para hablar sobre el asunto de Cananea, toda vez que le fue negada la toma de nota al incumplir los estatutos del sindicato minero.

'Nunca fue trabajador minero -Napoleón Gómez-. Además de ser un prófugo de la justicia y enfrentar un proceso de extradición', subrayó.

Según la STPS, es incongruente que Gómez Urrutia afirme que la mina, los equipos y maquinaria están en perfectas condiciones para ponerse en funcionamiento luego de 30 meses de abandono porque hubo destrucción, vandalismo, pillaje y deterioro, como lo señala, dice, el dictamen de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, en marzo de 2009.

La dependencia federal puntualizó que antes de que se resolviera judicialmente esa controversia todos los intentos conciliatorios de la autoridad resultaron infructuosos.

Explicó que el sindicato minero siempre antepuso a cualquier posible arreglo el pago de 100 millones de dólares por un supuesto 'daño moral', el retiro de las órdenes de aprehensión y el desistimiento de todos los juicios que pesan sobre Gómez Urrutia por el mal uso de 55 millones de dólares que pertenecen a los mineros.

Asimismo reiteró que la política laboral del gobierno federal en todo momento se ha conducido con estricto apego a la legalidad, absoluto respeto a la autonomía sindical, transparencia y diálogo social.

Además, sostuvo, ha tutelado invariablemente los derechos de los trabajadores, por lo que rechaza categóricamente que exista cualquier tipo de agravio o agresión al sindicalismo, cuando el compromiso ha sido mantener el equilibrio entre los factores de la producción.

En el comunicado, la dependencia abordó también la situación en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, y reiteró que pretender ingresar a esa unidad productiva, dadas las condiciones de inseguridad que prevalecen, sería absolutamente irresponsable.

Recordó que la secretaría carece de competencia para ordenar o permitir dicho ingreso y además reprueba y descalifica cualquier acción tendiente a poner en riesgo la vida de más personas.

Sobre las declaraciones del obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien cuestiona la actuación de la dependencia, estimó que se trata de juicios de valor basados en conjeturas que carecen de sustento técnico, científico y legal.'

Si él contara con estudios serios sobre el asunto, lo lógico sería que los presentara ante las autoridades competentes, lo cual no ha sucedido después de cuatro años de la tragedia', puntualizó. Agregó que resulta totalmente contradictorio que considere que la autoridad muestra desprecio por la vida humana, cuando precisamente lo que se ha sostenido es que dadas las condiciones de inseguridad que prevalecen en la mina no deben ponerse más vidas en riesgo.

Una traición más

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 19 de febrero (apro).- Rápido olvidó el PRI la falta de palabra del PAN. Las ineficiencias, la traición, los pactos no cumplidos. Y no es que los priistas sean de corta memoria, lo que sucede es que los intereses son muchos y el pacto entre estos partidos va más allá de un no a las alianzas.

Por sus actos, uno puede deducir fácilmente que los pactos del PRI con PAN conllevan a otros ámbitos, no sólo a lo electoral y que el fin último es: el gobierno, el poder…la Presidencia de la República.

Después de la revelación, hace más de una semana, del pacto indigno y vergonzante: la aprobación de más impuestos a la población a cambio de que no prosperaran las alianzas PAN-PRD, el PRI todavía no terminaba de lamerse sus heridas cuando volvió a cubrirle la espalda al PAN. ¿A cubrirle la espalda o a caminar bajo una misma línea?

Me explico: El lunes pasado, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, reconoció el pacto no cumplido; tres días después, a pesar de recibir el reclamo de sus compañeros diputados, quienes le dijeron que ya bastaba de “acuerditos” con el PAN, lo volvió a hacer.

La semana pasada, Rojas y su equipo jurídico elaboraron, junto con el Partido del Trabajo, el documento de controversia constitucional en contra de Felipe Calderón por abrir los contratos de riesgos de Pemex a la iniciativa privada, con dedicatoria especial para las transnacionales.

Pero bastó que entablara contacto nuevamente con el gobierno de Felipe Calderón y que el coordinador de la bancada priista en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, le advirtiera que si los diputados del PRI mantenían esa línea, él mismo empujaría para que la Cámara alta actuara como tercero perjudicado y defendiera las decisiones de Calderón, para que Rojas reculara y aun en contra de sus compañeros diputados, hiciera a un lado la controversia.

El PRI entonces cayó en lo que tanto le reclamó al PAN: la traición. Dejó al PT solo y hasta maniobró para apagar las voces en contra de la nueva normatividad de Pemex.

La mañana del jueves 18 de febrero, al iniciar la sesión plenaria de los 237 legisladores del PRI, éstos le exigieron a Rojas una explicación sobre el famoso pacto y, de paso, le pidieron que aprendiera a ser oposición, que se mantuviera en la controversia y que se hiciera respetar ante el gobierno panista.

Rojas pidió entonces media hora a los diputados inconformes, tiempo para que el Consejo de Administración de Pemex hiciera los cambios necesarios que evitaran la controversia, pero que también aseguraran que no se entregarían los contratos incentivados.

Georgina Kessel, la secretaria de Energía, habló directamente con Rojas y le ofreció convocar, de inmediato, a los funcionarios de Pemex para que elaboraran un documento que diera satisfacción a los, ya para entonces, enfurecidos priistas y petistas.

Estos últimos, desconfiados como son, y con toda razón, prefirieron no confiarse en Rojas y tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados.

Pasadas seis horas, y luego de un intenso trabajo de redacción en Pemex, llegó el documento que, dicho sea de paso, mantiene todas las posibilidades abiertas para los famosos contratos, según el análisis que realizó el PT.

Con documento en mano, Rojas habló con los petistas encabezados por Gerardo Fernández Noroña; los convenció de liberar la tribuna y les aseguró que los cambios satisfacían las demandas de priistas y petistas. Los seguidores de Andrés Manuel López Obrador aceptaron entonces que, nuevamente, el PRI había pactado, pero no le vieron caso mantenerse en tribuna.

Sin embargo, no esperaban la traición de Rojas. Ésta se consumó luego de que tanto el PAN, con Roberto Gil Zuarth, y el PRI, con Rojas a la cabeza, les aseguraron que se reanudaría la sesión ordinaria, se incluiría el tema en el orden del día e incluso, que se permitiría la participación de cinco oradores en contra y cinco a favor.

Pero, apenas tomó su lugar el panista presidente de la Mesa Directiva, Francisco Ramírez Acuña, tocó la campanilla para concluir la sesión. La traición estaba consumada, los diputados petistas estaban lejos de la tribuna y no tuvieron más remedio que irse a sus oficinas.

Sin embargo el hecho sólo dejó en claro dos cosas, la primera que el pacto PRI-PAN no contempla sólo el rechazo a las alianzas electorales, sino que, además, cubre la parte energética en la que Calderón y el PRI, de Manlio Fabio Beltrones, coinciden: abrir Pemex a las transnacionales; establecer contratos multimillonarios, como los que ya existen –por alrededor de 150 mil millones de pesos con estas empresas extranjeras--; y permitir que sean éstas las que decidan la política energética del país.

Rojas hizo lo mismo que Fernando Gómez Mont: tragar sapos. Pero, además, se evidenció él y a su partido. Confirmó lo que la mayoría de los mexicanos saben: que entre el PRI y el PAN es difícil encontrar diferencias, y que hoy, para ellos, la falta de ética es tan sólo calificada como ineficiencia, misma que, desde su punto de vista, se puede corregir… claro, una vez que hayan recuperado la Presidencia de la República.

Y por cierto, de comparsa y para defender los actos del gobierno de Calderón, el PAN ha tenido a un ala del PRD. Si no, que expliquen entonces por qué en Cuba, este viernes, el senador perredista Carlos Navarrete, quien en algún momento llamó espurio a Calderón, hoy declara que su visita a la isla es para “pavimentar” el camino de Felipe Calderón a Cuba.

Parece olvidar Navarrete que el Poder Legislativo no es sirviente del Poder Ejecutivo, que para hacer ese trabajo está la Secretaría de Relaciones Exteriores y no los senadores del PRD.

mjcervantes@proceso.com.mx

Las implacables editoriales de los moneros :

El engendro del PRIAN. El fisgón.

Urgente. Helguera

Cuidado: los lobos andan sueltos en la pradera

Desfiladero


Jaime Avilés
Dos buenas noticias. Primera: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró en forma definitiva la construcción de una plaza colonial del siglo XVI, estilo Walt Disney, en la reserva ecológica de Ombligo Verde, en Cancún, donde el piadoso alcalde, Gregorio Sánchez Martínez, Greg, pretendía hacerse un palacio municipal frente a la catedral que de todos modos levantarán allí los Legionarios de Cristo.

La victoria de los grupos ambientalistas de Cancún, encabezados por Tulio Arroyo, coincide con la investigación que la PGR abrió contra Greg, por un préstamo de 10 millones de dólares que al parecer éste aún le debe al empresario Steve Santander. Greg tiene pendiente, además, un proceso judicial por haber cambiado ilegalmente el uso de suelo del malecón de Cancún para vendérselo a la inmobiliaria Roca Capital SA.

Así, la candidatura de Sánchez Martínez al gobierno de Quintana Roo, que lanzaron jubilosos Manuel Camacho y los líderes de PRD, PT y Convergencia, parece haberse esfumado, ya que según la nota de Hugo Martoccia, corresponsal de La Jornada en Cancún, ahora PAN y PRD postularán al panista Carlos Joaquín, sobrino de don Nassim Joaquín, el poderoso comerciante que desde Cozumel funge hace décadas como patriarca del Caribe mexicano.

Segunda: el oportuno diluvio que azotó el valle (ahora lago) de Chalco puso al descubierto que Enrique Peña Nieto, en términos de eficacia y compromiso con los desprotegidos, es más pequeño que su famoso copete, mismo que nunca se le despeinó mientras acudía a las zonas de desastre rodeado de cámaras televisivas, en tanto sus colaboradores entregaban la ayuda de emergencia sólo a aquellos damnificados que aceptaban pegar en sus viviendas una calcomanía con una leyenda humillante: “el gobierno del estado cumple”.

Tal vez por esa frivolidad extrema que caracteriza a Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari ya destapó al veracruzano Fidel Herrera como candidato del PRI al 2012, pero no para que el antiguo partido regrese a Los Pinos, sino para que pierda los comicios y el PAN siga otro sexenio en el poder, como avisó ayer en este diario Luis Javier Garrido, al explicar que el verdadero sentido de las alianzas PAN-PRD, que impulsan Manuel Camacho, Felipe Calderón y Jesús Ortega, es sacar a Andrés Manuel López Obrador de la carrera por la Presidencia.

Anteayer, en la Cámara de Diputados, el matrimonio que desde 2006 forman los chuchos y el PAN volvió a hacer de las suyas cuando una mayoría integrada por legisladores perredistas, panistas, priístas y de Convergencia aprobó que Pemex dé a empresas particulares contratos para participar en toda la cadena de producción de hidrocarburos. Únicamente los del Partido del Trabajo y 13 diputados del PRD leales a López Obrador –entre los cuales no estaba Alejandro Encinas– subieron a la tribuna para intentar detener el albazo, que acelera el despojo de los recursos petroleros de todos los mexicanos.

Pero mientras Camacho se reincorpora a las huestes salinistas –hecho que exige prontas definiciones del movimiento de López Obrador, antes que el desaliento termine de cundir entre sus bases–, el jefe de la policía capitalina, Manuel Mondragón y Kalb, se transforma en un fantasma, incapaz de contener el aumento exponencial de asaltos a mano armada y a la luz del día en todos los ámbitos de la ciudad.

Las denuncias de abusos policiacos y administrativos en la macrópolis que todavía gobierna Marcelo Ebrard insinúan que empiezan a vislumbrarse riesgos en la continuidad del proyecto alternativo impulsado por la (ex) izquierda desde 1997. Algunos ejemplos. Un joven estudiante (cuyo nombre me guardo por su seguridad) toma un taxi y, por alguna causa, discute con el chofer. Éste lo ataca a tubazos. El joven se queja en la delegación correspondiente, pero el abogado que asesora a la empresa del taxista compra al agente del Ministerio Público y el muchacho herido es enviado a un reclusorio.
Al llegar al presidio, es obligado a “limpiar” las letrinas con la lengua, hasta que su familia consigue 4 mil pesos para salvarlo de tal vejación. Al cabo de 50 días tras las rejas, el joven es absuelto de todos los cargos y recobra la libertad. ¿Quién lo resarcirá por el daño moral que sufrió? Nadie. En cambio, arriba, en la punta de la pirámide social, un grupo de condóminos de Tlalpan, que viven hace muchos años en unos bonitos edificios de Insurgentes Sur, se alarman al ver que su vecino, un magnate que amasó una gran fortuna vendiendo barbacoa, ha resuelto convertir su negocio en una gasolinera, que dará servicio las 24 horas del día.

Los vecinos se organizan y protestan. La ley prohíbe que una gasolinera se construya a 50 metros de un conjunto habitacional. Acuden ante el delegado, perredista por supuesto, y éste les da largas. Envían cartas a Ebrard. Jamás reciben respuesta. Así que salen a la calle a manifestarse, reclamar justicia y ejercer sus derechos constitucionales. ¿Ah, sí? El magnate, Jorge Talavera, dueño del restaurante Don Enrique, los demanda a cada uno por “daño moral”, y les exige el pago de dos millones de pesos por cabeza. Como prueba de los “delitos” que según el ricachón cometieron los inconformes, exhibe ante el juez quincuagésimo octavo civil las crónicas periodísticas que Agustín Salgado publicó en La Jornada, para documentar el desarrollo del conflicto.

Otra. Por debajo de la puerta me echan una carta dirigida a un inquilino anterior y enviada por la firma Profesionales en recuperación SC, que saluda a su destinatario con estas palabras (en enormes mayúsculas): “En 48 horas vamos a ejecutar en este domicilio una acción cobro vía exhorto!!” Luego, en letras más pequeñas, reitera: “Esta ejecución de cobro vía exhorto se ejecutará, con usted de encontrarse presente o con cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio”.

La carta, impresa como machote, sigue así: “Fuera de nuestra costumbre, y sólo por usted (!), abriremos de lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas a fin darle oportunidad de que liquide su adeudo antes de 48 horas para cancelar el exhorto de cobro. A la fecha su cuenta HSBC presenta un saldo de $25672.84 pesos (pero) si liquida antes de 48 horas le aplicaremos un descuento del 85%”.

Y firma: “Lic. José Luis Ruiz Mateos” (¿familiar del secretario panista de Economía, Gerardo Ruiz Mateos?) Llamo al teléfono 01-800-821-5921 y al 01-800-222-9999, que vienen con la carta, y me atiende un pobre diablo, que se complace en aterrorizarme, diciendo: “tenemos un permiso especial del MP que nos permite (sic) abrir su puerta con ayuda de un cerrajero y escoger los bienes que le vamos a embargar”.

Después, vuelvo a llamar, pero con voz de anciano y confieso que estoy muy asustado porque la carta dice que en 48 horas habrá una ejecución en mi domicilio. El abogado que me oye, en el fondo tiene buen corazón y me aconseja que no me preocupe. “Si usted no ha sido condenado por un juez a pagar la cantidad que adeuda otra persona, no le pueden violar su cerradura, ni entrar a su casa ni embargarle sus bienes”.

Un jurista de excelencia, que en 1995 defendió al tonto del pueblo, me alecciona: “te dicen que te descuentan 85 por ciento para que les firmes un papel en el que reconoces tu deuda. Ellos necesitan tu firma para demandarte y lograr que un juez señale los bienes que te van a embargar. No les hagas caso”. Así que ya lo saben: estos profesionales en recuperación, en realidad, son viles cómplices de los ladrones que reparten tarjetas de crédito a granel, para después despojarnos de todo. Pasen la voz y, de verdad, si quieren regalarse horas de intenso placer leyendo, consíganse Marcas de nacimiento, novela de la canadiense Nancy Huston. No tiene desperdicio.

jamastu@gmail.com

El café Buganza venía descafeinado

Periodistas de EL UNIVERSAL
Bajo Reserva
20 de febrero de 2010


El café Buganza venía descafeinado. Todo indica que el proceso de selección de candidato panista para el gobierno de Veracruz tenía los dados cargados. El ungido, Miguel Ángel Yunes, actuaba con certeza de que sería el abanderado blanquiazul y por ello, desde hace tres meses, realizaba visitas todos los fines de semana a tierras jarochas. Pero a diferencia de lo que hizo Hernán Cortés frente a esas mismas costas, Yunes decidió no quemar naves. Sabe que en tierra veracruzana nada está garantizado, por lo que el funcionario mantendrá un seguro político: no renunciará a la dirección general del ISSSTE, sólo pedirá licencia unos días antes de que salga la convocatoria y se lleve a cabo el registro oficial de su candidatura. Por lo pronto, ya algunos levantan la mano para apuntarse para ocupar la silla de Yunes, aunque en el peor de los casos sea de forma temporal. Los enterados señalan a Roberto Campa Cifrián, ex diputado federal priísta, y quien fungió como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a principios del sexenio; otros señalan a Luis Ignacio Sánchez Gómez, titular de la Administración de Servicios Educativos del DF, ambos muy cercanos a la líder del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales. Tampoco se descarta que en el movimiento de piezas, Fernando González Sánchez, yerno de la maestra y actualmente subsecretario de Educación Básica, llegue hasta la dirección del ISSSTE.



La dirección del área de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está a punto de quedar sin cabeza, al menos en lo formal, pues su titular, Víctor Hugo Puente Ordorica, se encuentra sancionado por el Órgano Interno de Control de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, lo que lo inhabilita para ejercer un cargo público durante un año. En el expediente R.A. 031/2009 del Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, se indica que la inhabilitación de Puente Ordorica, por incumplir en su declaración de situación patrimonial, inició el 30 de octubre de 2009 y concluirá hasta el 29 de octubre de 2010. Apenas el 5 de noviembre del año pasado la SRE emitía un comunicado con el anuncio de que Víctor Hugo Puente asumiría el cargo de director de Comunicación Social, en sustitución de Víctor Avilés. El movimiento en esta cartera se ha mantenido bajo reserva, pues este domingo inicia en Cancún la Cumbre de Río, donde el presidente de México, Felipe Calderón, recibirá a representantes de 23 países de América Latina y el Caribe.







Apunte final: A quien no calienta ni el sol es al director de Promoción Financiera de Ciudad Juárez, Álvaro Navarro, quien aún no supera la pifia cuando estaba frente al presidente Calderón. Resulta que el funcionario, al tomar la palabra durante el foro “Todos Somos Juárez”, dijo que la primera dama “nos tiene cautivados”, a lo que Calderón respondió de inmediato con un “qué pasó, qué pasó”. Las risas estallaron en el salón, pero el funcionario municipal insistió; el Presidente, en tono serio, lo interrumpió con un “no lo culpo, no lo culpo”. Todavía más nervioso, Navarro lanzó piropos también a la esposa del gobernador Reyes Baeza. Al final, Calderón de plano lo acotó con un “sea muy breve”. Navarro respiró hondo y se dejó caer en su butaca.
III Cuauhtémoc Cárdenas puso distancia total del PRD y de la política mexicana al menos por unos meses. El ingeniero se fue a vivir a Estado Unidos, pero antes de irse, el líder moral del perredismo dejó un mensaje muy claro: no a las alianzas electorales con el PAN. Ahora verá el desarrollo de la política mexicana desde la Universidad de Stanford, en la que dará clases.

Afirma Galván que “a nadie conviene” que siga la lucha

El titular de la Sedena llama a no olvidar que la delincuencia es “un enemigo que se mimetiza, se mueve y se escuda en la propia comunidad”.

Sáb, 20/02/2010 - 05:00

El general propone a la sociedad formar un frente contra el «narco». Foto: Jesús QuintanarMéxico.- El secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, afirmó que a nadie conviene que la lucha contra el narcotráfico se prolongue indefinidamente, y consideró “impostergable” la aprobación de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional ante los embates del crimen organizado “que devienen ya en amenazas a la seguridad interior”.

“No se olvide que la delincuencia es un enemigo que se mimetiza, se mueve y se escuda en el seno de la propia comunidad. Es un adversario que no respeta la ley y que sólo responde a un código: el del lucro y la muerte.

“Ello se ha convertido en luto y dolor, en muertos y heridos, en viudas y orfandad, en familias desintegradas y en desasosiegos que desafían la tolerancia y la paciencia ciudadanas.”

Durante la ceremonia del Día del Ejército, dijo que “si se extiende en demasía, si se alarga en exceso el trayecto de la confrontación, no sólo se incrementará el número de víctimas inocentes, también se causará un daño adicional a la población, porque podría terminar habituándose a la cultura de la violencia”, que genera distorsión en las percepciones colectivas y produce mitos y fantasías.

En el acto, realizado en el Heroico Colegio Militar, pidió a los civiles hacer un frente común contra el narco y aprovechó para defender a las fuerzas castrenses de los ataques por presuntas violaciones a las garantías individuales, pues dijo que algunas críticas provienen de organismos defensores de derechos humanos con “dudosos patrocinios”, cuya intención es desprestigiar al Ejército ante la ciudadanía.

El general Galván afirmó que México merece que militares y civiles hagan todo lo que esté a su alcance “para que la patología del narcotráfico y sus irradiaciones sanguinarias se reduzcan a su mínima expresión lo más pronto posible”.

“Nadie desea que esta lucha se prolongue indefinidamente… a nadie conviene”, alertó.

Señaló que la ausencia de respeto a las vidas humas y la insensibilidad absoluta frente al dolor que muestran los narcotraficantes son expresiones lamentablemente recurrentes.

Sin embargo, indicó que seguir permitiendo a la mano corruptora del narcotráfico comprar voluntades es algo que causará daños irreversibles a México.

En este contexto, el titular de la Sedena urgió a aprobar un adecuado contexto jurídico que otorgue certidumbre a la lucha de los militares contra la delincuencia organizada, tarea en la que destacó que también “son bienvenidas las ideas y propuestas que permitan enriquecer la misión”.

“El tener definidas nuestras atribuciones, el que la comunidad las conozca y avale los procedimientos, abonará también a lograr una más estrecha relación cívico-militar.

“Un andamiaje jurídico actualizado dará mayor confianza en el ejercicio del mando e incrementará el liderazgo en aras de la disciplina, permitiéndonos actuar ante escenarios complejos y apremiantes con la decisión, oportunidad y contundencia requeridas.”

Respecto a las críticas sobre supuestos abusos de militares en la estrategia contra la delincuencia, Galván dijo que no se tolerarán violaciones a las garantías individuales y en caso de existir serán castigadas con rigor.

Señaló que el Ejército es respetuoso de los organismos defensores de los derechos humanos, aunque también se mantiene atento de las manifestaciones de grupos “con dudosos patrocinios cuyo objetivo es la calumnia y el desprestigio buscando que los delincuentes obtengan una ventaja circunstancial y momentánea” ante la opinión pública.

El general también defendió el fuero de guerra y aseguró que no es un coto de impunidad. “Cierto, estamos propensos a fallas y errores, pero cuando ocurren, la acción contenciosa correspondiente corrige la conducta equivocada”.

Insistente

Hace exactamente un año, Galván urgió al Legislativo a aprobar leyes que sustenten jurídicamente la participación de miliares en la lucha antinarco.

“En la delicada labor subsidiaria que realizamos para la preservación de la seguridad pública estimamos necesario el debate legislativo para analizar este soporte”.

El llamado del general no tuvo respuesta, por lo que ayer dijo que ante los nuevos desafíos, las reformas a la Ley de Seguridad Nacional se estiman impostergables.

Ignacio Alzaga

Ley de seguridad de Calderón busca controlar al DF: Ebrard

Sorprende que se haga una “propuesta como si aún fuésemos un departamento”.

Sáb, 20/02/2010 - 05:04

El jefe de Gobierno afirmó que detrás de la propuesta existe un objetivo político. Foto: Nelly SalasMéxico.- La iniciativa de Ley de Seguridad Pública para la Ciudad de México que el Ejecutivo federal presentó ante la Cámara de Diputados sigue fórmulas de intromisión y control sobre la capital, por lo que es un retroceso político que atenta contra la autonomía de la capital, dijo Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal.

El jueves pasado, el presidente Felipe Calderón envió a los diputados federales su iniciativa de ley con el fin de regular la integración, organización y funcionamiento de dicho programa, así como garantizar su coordinación con la del gobierno federal, los estados y municipios.

El documento plantea que los mandos superiores de la Policía Preventiva y de la Policía Judicial del DF serán nombrados por el secretario de Seguridad Pública y el procurador general de Justicia, pero “aprobados” por el Ejecutivo federal.

Al respecto, Ebrard consideró que la propuesta sólo es un intento por aumentar el control del Ejecutivo sobre la ciudad.

“La iniciativa no aporta mucho en términos de seguridad, lo que se quiere es que desde la Presidencia de la República se autoricen inclusive los nombramientos de los mandos medios, de la policía, de la Procuraduría, cuando por ley el Distrito Federal hace la propuesta y sólo espera ratificación. Como yo lo veo, es más bien un asunto político”, expresó Ebrard en entrevista en Canal 40.

Señaló que detrás de esa iniciativa existe un objetivo político, ya que a pesar de que el DF forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el argumento es “incluir a la Ciudad de México para que se coordine como el resto de los estados en la homologación de la policía y la prevención del delito”.

Recordó que el Distrito Federal ya ha legislado, como todas las entidades, en materia de seguridad, y bajo esa premisa argumentarán su posición cuando el tema se discuta en el Congreso.

Consideró, que lejos de mostrar un ánimo de cooperación, esta iniciativa de ley promueve un ambiente de control y aspira a someter otra vez a la Ciudad de México a la voluntad de las disposiciones del gobierno de la República.

“Es una intromisión y sorprende que a estas alturas se haga una ley como si fuésemos todavía un departamento o una dependencia del gobierno federal”, insistió.

Por otra parte, José Ángel Ávila, secretario de Gobierno capitalino señaló que la propuesta federal no ofrece algo que mejore las condiciones de funcionamiento de las áreas de seguridad.

Aunque lamentó que la Federación no les haya consultado sobre esa iniciativa, admitió que el gobierno federal tiene atribuciones para presentar este tipo de iniciativas.

Retoman otras leyes

Por otra parte, el Gobierno del Distrito Federal detectó que la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal contiene párrafos similares e íntegros de otras leyes, por lo que realiza un comparativo.

Hasta ahora las leyes detectadas son la General del Sistema de Seguridad Pública, de la Policía Federal —capacitación, Comisión de Honor y Justicia—, la que regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del DF y de Seguridad Pública capitalina.

Claves

Alianzas

• La bancada del PRD en la Cámara de Diputados aseguró que buscará las alianzas necesarias para que no sea aprobada la iniciativa en materia de seguridad pública para el DF, enviada por el Ejecutivo federal, al considerar que es injerencista y busca conculcar derechos a la ALDF y “golpear” al gobierno de Marcelo Ebrard.

Silvia Arellano y Daniel Venegas