ECATEPEC, Edomex (apro).- Las cuerdas vocales de Alejandrina Figueroa se desgarraban casi todos los días como si fuera una balada de la muerte. Se clavaba en los oídos de sus vecinos de la calle Huaxín del municipio de Chimalhuacán, pero nadie levantaba el teléfono para llamar a la policía ni salía en su auxilio. En medio de ese silencio cómplice de la comunidad, su esposo Guillermo Guzmán de 25 años, hundía sus puños en el cuerpo de la joven. Una y otra vez bajo el influjo de las drogas frente a sus dos hijos en el cuarto que compartían.
De cabello lacio, labios gruesos y piel morena, Alejandrina cesó sus gritos de ayuda el 29 de agosto del año pasado. Dejó de ir al trabajo, una panadería ubicada en ese mismo barrio; su ingreso económico era el único en la casa. Días después, cuando las autoridades ingresaron al hogar la encontraron a un lado de la cama y la pared cubierta de cemento. Endurecida. Despojada de su vida. Apuñalada en el corazón, el estómago y los pulmones. Guillermo ya se había fugado.
Son historias que no tienen un punto final. Un alivio. Fluyen a raudales. El año nuevo en el Estado de México no nació con esperanzas, sino con dos cadáveres femeninos en los canales de Toluca y Cuautitlán Izcalli el pasado 2 de enero. Con ellas, suman 39 asesinatos de mujeres desde que se emitió la Alerta de Violencia de Género (AVG), de acuerdo con un registro elaborado por apro, el cual coincide con la cifra de la Red de Denuncia Feminicidios en el Edomex y la de la activista Irinea Buendía.
Calles, terracerías, canales de aguas negras, terrenos baldíos, campos de cultivo, carreteras, domicilios, puentes peatonales… no importa dónde, cualquier sitio puede ser una tumba para las mujeres del Edomex. A pesar de que hace cinco meses se emitió la Alerta en 11 municipios, la espiral feminicida no sacia su hambre y la administración de Eruviel Ávila Villegas no ha implementado acciones “contundentes” de difusión y promoción de la problemática, especialmente en los focos rojos, así lo refieren los activistas consultados.
Según el oficio 00124/SEGEGOB/IP/2015 de la Secretaría General de Gobierno del Edomex, obtenido vía la Ley de Transparencia, más de siete millones de pesos se gastaron en esa materia en el periodo julio-diciembre.
Sin embargo, en la lista que justifica el presupuesto, no existe ni una sola campaña o documento que explique qué, cómo, dónde y para qué sirve la AVG. Tampoco llevan el título de la misma. Por si fuera poco, varios de los artículos enlistados, como las líneas telefónicas, deben ser difundidos por el gobierno mexiquense, independientemente de la medida que dicta la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“La Alerta no tiene contundencia. No se visualiza. Ni siquiera la sociedad sabe qué es. La gente no está en alerta. Sigue existiendo omisión por parte de las autoridades”, explica Manuel Amador, titular de la Red.
“¡Es una alerta! ¡Aleeeeerta! Lo dice el nombre ¿Te acuerdas del H1DN1 (influenza)? Así debiera ser la difusión”, especifica David Mancera, presidente de la organización Solidaridad por las Familias, quien no quita el dedo del renglón de que el mandatario mexiquense está lucrando con la medida para su posible precampaña presidencial en el 2018.
Gastos inútiles
En medio de las calles grisáceas de la colonia Hank González, Ecatepec, otra de las tantas tumbas de mujeres, se encuentra la preparatoria 128. En las pequeñas aulas donde se alzan las polvaredas, da clases Amador, maestro en Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Uno de sus cursos sobre violencia misógina está dedicado a sus alumnas con el fin de “empoderarlas”. A partir de esa iniciativa creó performances para denunciar los delitos de género. Se visten con bolsas negras de plástico y sogas.
“No hay ninguna alerta, la gente sigue buscando justicia por sus propias manos”, dice Manuel, un hombre con barba de candado, camisa a cuadros y un sombrero de palma, que lleva casi una década documentando en el municipio donde nació y se crío Ávila Villegas. Para él esto tiene un trasfondo estructural: desigualdad, corrupción y la permisibilidad de los gobernantes.
Desde la punta del cerro San Pedro Mirador, en Ecatepec, Manuel divisa las casas pintadas con los colores del PRI. “Es un vacío de Estado”. No hay ningún panorámico o anuncio que haga alusión a la Alerta. Camina entre los pastizales donde se esconden al menos cinco cruces de mujeres. Es uno de los sitios que revisan los policías ministeriales cuando desaparece alguna mujer, los llamados “tiraderos de mujeres”.
A pregunta expresa, una usuaria del Mexibus dice: “No sé qué es”. Su voz, igual que la de otras mexiquenses consultadas, es de total desconocimiento.
Según el gobierno mexiquense, se han gastado en total siete millones 454 mil 448.96 pesos en bolígrafos, volantes, directorios, dípticos, trípticos, folletos, pulseras, imanes, carteles, separadores, bolsas, playeras, chalecos, folders, volantes y vinilonas. Ninguno es de la AVG. En la solicitud de información no especifican el número de ejemplares.
En los documentos también aparecen una “Campaña de sensibilización y promoción de la perspectiva de género” con valor de 750 mil pesos; “Campaña para prevenir a violencia familiar y comunitaria en los tipos físicos, psicológicos y sexuales” en los 11 municipios con un valor de 850 mil.
Incluso, se menciona la producción y transmisión de una radionovela en tres series de cuatro capítulos cuyas temáticas son trata, violencia comunitaria y feminicidio. “El presupuesto destinado para su ejecución será de un millón 200 mil pesos”.
Apro revisó el canal de YouTube del Gobierno del Edomex: no hay spots o videos sobre el tema. Tampoco los hay en el portal de la administración, salvo registros de ponencias impartidas por Dilcya García, subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la Procuraduría General de Justicia del Edomex.
“… la alerta no es un castigo político, pues la violencia contra las mujeres no se inventó, ya que es una forma de violencia de carácter estructural que existe en todo el mundo, por eso es complicado erradicarla”, señala el boletín fechado el 26 de noviembre.
Entre los gastos más exorbitantes aparece lo siguiente: directorios de Unidades de Atención para Mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia por 841 mil pesos; folletos de Cartillas de Servicios para Mujeres 851 mil 440 pesos; chalecos de la Línea sin Violencia por 524 mil 053.20 pesos; playeras de la Línea sin Violencia por 829 mil 400 pesos; así como imanes de “Mexiquense únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”.
A decir de los activistas que han denunciado decenas de casos en varios de municipios incluidos en la AVG, ni siquiera esos artículos han llegado a sus manos. Además de que sus leyendas “ambiguas” no terminan por informar al sector de las mujeres mexiquenses. El temor de Amador se resume en una frase: “La AVG fue cooptada a partir de intereses políticos”.
¿Por qué la cruz rosa?
Irinea Buendía, de rostro dulce y cabello encanecido, ha recorrido innumerables batallas desde el 2010, cuando un policía judicial asesinó a su hija, Mariana Lima. Se enfrentó a la protección de las autoridades que habían dado carpetazo. Ella, como otras mujeres, está convencida de que no hay un cambio sustancial desde que se emitió la AVG.
“Se dijeron tres cosas de la alerta: seguridad, prevención y justicia, que a mi modo de haber no ha habido ninguna”, dice.
La mujer de 62 años no se cansa. Se mantiene firme. Vive en Neza, una de las costras más violentas y pobladas, esa misma donde en noviembre pasado arrojaron el cuerpo de una mujer con una bolsa en la cabeza con huellas de tortura. También conoce Chimalhuacán como la palma de su mano: ahí mataron a su niña que tendría 34 años de estar viva; fue ahí donde también dilapidaron a Alejandrina Figueroa.
La señora Buendía recorre diariamente otros territorios conurbados para atender a otras víctimas. “No he visto nada (de campañas informativas) ni esos trípticos de los que usted me habla. Para mí la alerta de género está pasando de noche o quién sabe qué están haciendo (…) Hemos estado llevando a cabo acercamientos con las mujeres y desconocen qué es un feminicidio. Se acercan y me preguntan: ¿por qué la cruz rosa, por qué dice ni una más´?; preguntan cosas que deberían ser conocidas”, abunda.
Ella ya es un emblema de la lucha contra los feminicidios. El caso de su hija llegó hasta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde en marzo del año pasado se determinó, por unanimidad, otorgar un amparo con el fin de reabrir el caso de su hija.
Ese fue un precedente logrado con la colaboración del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Amnistía Internacional para que se emitiera la alerta en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcallli y Chalco. En ellos ha habido 24 casos hasta el momento y 17 más en los que no fueron tomados en cuenta, según el registro.
En la voz, actitud y palabras de Irinea se percibe a una mujer “combativa”. Su sangre hierve cuando grita.
Sabe que las “marchitas” no van a ayudar en nada si “cada quien jala para su propio molino”. Como nunca, dice, la sociedad civil y las familias de las víctimas de feminicidios y desapariciones, deben unirse. Incomodar de verdad al gobierno. Sacudir ese panal de funcionarios llenos de mieles. “Si nosotras como madres o padres no nos unimos, siempre nos van a hacer un lado fácilmente”, asegura.
Nosotras sabemos –sentencia Buendía- que “al gobierno no le interesa para nada lo que le pase a nuestras hijas. Lo que les exijo a las autoridades, principalmente al gobernador del estado Eruviel Ávila, es que se comprometa realmente, porque él allá desde su pedestal está diciendo que no pasa nada, pero nosotras que vivimos en los pueblos nos damos cuenta porque las cifras de feminicidios hablan por sí solas. No necesitamos decirle más, necesita abrir los ojos a la realidad. Estamos exigiendo algo real, nos estamos basando en lo que está saliendo a flote”.
