En reunión con la ANUIES, el líder panista prometió impulsar reformas para la educación superior.
Laura Poy
Publicado: 28/08/2009 12:54
México, DF. El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), César Nava, solicitó hoy viernes ante rectores de universidades públicas del país “austeridad y trabajo” en su ejercicio presupuestal, así como profundizar en las medidas de transparencia y rendición de cuentas.
En un encuentro con integrantes del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Nava se comprometió a impulsar reformas constitucionales para crear presupuestos multianuales para las instituciones públicas de educación superior.
En conferencia de prensa, Rafael López Castañares, secretario general de la Anuies, también reiteró que el compromiso blanquiazul es “proteger la educación, salud y alimentación” de cara a la aprobación del presupuesto para 2010.
A la reunión también asistió el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, así como el director del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y demás integrantes de la ANUIES.
La ANUIES se reunió el 26 de julio pasado con la presidenta nacional priísta Beatriz Paredes Rangel, y el 13 de agosto con el líder nacional perredista, Jesús Ortega, a quienes plantearon las necesidades que enfrenta la educación superior.
viernes, 28 de agosto de 2009
Felipe sala su infomercial
Julio Hernández López
En el colmo de la impericia política, Felipe Calderón se ha enredado en su propia fiesta anual de autoestima facturada. Sometido a la magna soberanía de otras cámaras, las de la televisión, al peligroso aprendiz de Los Pinos le pareció fácil programar para el primer día de septiembre, por la mañana (las invitaciones oficiales ya habían comenzado a ser entregadas), un rodaje particular en los foros de Palacio Nacional para informar a un público conformado por amigos, empleados, familiares y extras de lo que supuestamente ha hecho ese actor felipín durante un año trágico en muchos sentidos. Nomás que a los organizadores de la muy discutible celebración se les olvidó que existen Constitución y Congreso de la Unión (no todo ha de ser tiempo televisivo triple A) y los lobos priístas que están por tomar el control de la cueva de San Lázaro se aprovecharon de los ridículos errores de los corderitos pinoleros (aparte de citar a los legisladores federales a un informe en Palacio en el que se enterarían de lo que horas más tarde les sería entregado por escrito en la sede de la Cámara de Diputados, se les pedía que llegaran al inmueble histórico con una hora de anticipación y con credencial del IFE para que se identificaran). La pifia significó para el PRI un primer triunfo de su bancada dominante aun antes de instalarse, y para Los Pinos una nueva muestra de que todo lo que toca lo sala (sus propios proyectos en primer lugar, desde luego), a tal grado que, finalmente, la fiesta privada de presentación pública del informe, que en realidad será un infomercial, se dará en los estudios de Palacio Nacional el día 2, luego de que por la tarde del primero se hayan cumplido los detallitos que a los estrategas del salero se les habían olvidado. Total, se ordena la hechura de otras invitaciones oficiales, y ya.
Las aguas salinas que ya han comenzado a irrigar las parcelas nacionales utilizaron ayer una vertiente alterna para dar cauce a uno de los buches amargos que ningún partido quiere hacer por sí mismo pero que forma parte de las ideas compartidas de manera vergonzante por la cupula pripánica: el IVA a alimentos y medicinas. Claudio X. González, el conocidísimo ramal empresarial del salinismo, ha asomado al foro para proponer, como dirigente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que se comience con un 3 o 4 por ciento el cobro de ese impuesto en los ramos delicadísimos del comer y la salud. Es un error muy grave que no se instaure tal tributo, pues le resta capacidad de competencia al país y acaba beneficiando a los más ricos, cosa que es inaceptable para un líder proletario gortarino. Por tales motivos, el dirigente empresarial guerrillero comenzará en pocas semanas una campaña de difusión y debate sobre las ventajas de ir explorando el tal IVA en los rubros mencionados. Primero sería una puntita fiscal, el 3 o el 4 por ciento, y luego se iría ajustando a través del tiempo, según las circunstancias lo permitan.
Por lo pronto, el jefe Salinas, a través de una de sus oficinas declarativas alternas, trata de abrir el camino a ese tema hacendario espinoso, para que luego los diputados escuchen el clamor empresarial y, aunque no sea lo que ellos quisieran, se puedan sacrificar aprobando la mencionada extensión del IVA (los panistas en vías de ocupar curul ya dijeron ayer, por voz de César Nava, luego de visitar en Los Pinos a Felipe Calderón, que está descartado el citado impuesto). Pero ha de aceptarse que de algo ha de financiarse la nueva República de Agualeguas, cuyo presidente en funciones mucho habrá de esforzarse para que se capten recursos y luego se repartan entre los allegados. Por lo pronto, el precandidato presidencial, Quique Peña Miento, está solicitando fondos de campaña, aunque estos oficialmente vayan etiquetados como recursos para obras sociales, en especial para la atención de los adultos de la tercera edad. Los requerimientos electorales del precandidato gaviotón seguramente serán atendidos por Luis Videgaray, quien era su secretario de Finanzas en el gobierno del estado de México y ahora está perfilado para ser el presidente de la comisión diputadil federal encargada de definir los presupuestos.
Los tintes políticos en la violencia criminal se multiplican en el país. En Guerrero van subiendo de tono las voces que desde el día del asesinato de Armando Chavarría dirigieron sus primeras especulaciones airadas a la casa del gobierno estatal. Zeferino Torreblanca (Torre Roja, se escribió aquí en aquella ocasión) es el principal beneficiario de la desaparición física de un adversario que le iba arrebatando la posibilidad de postular candidato perredista a la sucesión. Pero, además, la estructura del poder estatal no ha hecho más que faenas forenses descuidadas y declaraciones sin sustancia, mientras uno de los hijos de Chavarría ha dicho abiertamente que el gobernador de Guerrero es corresponsable del crimen político por haberle retirado la escolta oficial (durante años, Chavarría fue secretario general de un gobierno cruzado por peligrosos intereses delincuenciales). El nuevo timbre de preocupación política se ha dado en un municipio de Jalisco, donde Maximiano Barbosa y su hijo fueron atacados con armas de fuego por personas hasta ahora no identificadas por las autoridades. Político bravío, metido en conflictos varios, Barbosa fue fundador de El Barzón, la peculiar organización de defensa de deudores que ahora pareciera destinada a potenciarse cuando en el horizonte hay signos de tormenta económica peores que los del momento en que apareció la resistencia barzonista.
La tragicomedia nacional mantiene en uno de sus puntos más lamentables el caso de quien ya se convirtió en Juanete de las políticas pedestres de izquierda y que ahora se declara más popular que su creador quien, a su vez, desde andanzas oaxaqueñas, da a conocer su esperanza de que el ente hechizo no sucumba al canto de las sirenas.
Y, mientras se cierra el negocito de la compra de vacunas contra la influenza, mismas que nomás servirán a 50 por ciento de los usuarios, ¡feliz fin de semana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Juanito: El invento de todos...
A Puerta Cerrada
Marcela Gómez Zalce
• Iztapalapa: delicado polvorín
• 2 de septiembre: La fiesssssssssta
• 2 de septiembre: La fiesssssssssta
El poder, mi estimado, es el afrodisíaco más potente. Finaliza la semanita con sugestivas señales de descomposición social, económica, de seguridad y política. La más divertida es el revuelo que ha causadoJuanito a quien the usual spin doctors ridiculizaron cuando López Obrador le dio vida artificial en Iztapalapa.
Lo sugerente es el descomunal bullicio mediático alrededor de este personaje, quien parece estar al borde de un ataque de locura por el dinero y el poder ante los consejos de René Arce y sus nuevos aliados azules para desestabilizar, confundir, y claro está, remar lana, perdón, agua a ese molino político llamado Iztapalapa.
Lo que se olvida y/o se borra de la memoria colectiva jugando al Tío Lolo es la historia del “triunfo” de Rafael Acosta, quien fuera abanderado por el PT “ganando” la polémica elección ante la intromisión, 15 días antes de los comicios, de César Nava, Felipe Calderón y el gymboree presidencial, presionando al TEPJF, encabezado por María del Carmen Alanís, para darle la vuelta a la elección interna del PRD —en la cual esos chuchos dejaron también sus huellas– para sacar a Clara Brugada de la jugada e imponer (práctica de moda sexenal) a la esposa de Arce, la tal Silvia Oliva… quien gracias a la sucia maniobra de los azules y loschuchitos, compitió el 5 de julio por las siglas del PRD, cuando en la boleta aparecía la foto de Clara. La tenebra estuvo diseñada precisamente en los tiempos para evitar el cambio de boletas.
Ante el inédito atropello de los magistrados y el grupito de traviesos para darle en la madre a la elección de Iztapalapa, López Obrador inventó al Juanito, presentándolo en sociedad y exhortando a la población a votar por él y por su partido justificando que se estaba votando por Clara Brugada. O sea, votar por Juanito era votar por Clara.
La animadversión por Andrés Manuel desencadenó una atractiva campaña mediática humillando a Juanito y de paso golpeando al jefe de Gobierno, a quien Andrés Manuel colocó con rudeza innecesaria en la foto (de su tiradero) teniendo un gran éxito.
Gracias a la estupenda campañita (nadie sabe para quién trabaja), medio México conoció al disfuncional candidato del PT pavimentándole el triunfo y ayudando a López Obrador a demostrarle a los que bautiza como La Mafia… que sí se pudo.
Que la voluntad del pueblo de Iztapalapa fue votar por Clara Brugada.
El maravilloso problema es que Acosta ya se la creyó y en la vorágine de los malos consejos de la ambición por el pre$$$upuesto de esa Delegación amenazó con dejar al PT, afirmó ser más popular que Andrés Manuel, condicionó cumplir su palabra y está convencido, my friend, que votaron por él, por su carisma, su talento y su visión de estadista.
Las voces amarillas y el PT le sugieren prudencia a Juanito, que ni los ve ni los oye, incluyendo al mismísimo genio de Tabasco que lo inventó solicitándole no escuchar el canto de las sirenas. Ahora que the sillyexperiment got out of the lab es innegable que todos quedaron exhibidos.
El (des)gobierno federal, los magistrados del TEPJF, el gymboree (con minúsculas) en Los Pinos, esoschuchos amarillos, la lacra de Arce & his circus, el genio de Tabasco, el PT, los azules, los spin doctors, los medios electrónicos, y por supuesto Rafael Acosta, alias... Juanito.
Los engañados y agraviados son los habitantes de Iztapalapa, a quienes les vieron la cara por la jugada del TEPJF y después por la psicosis de Juanito. Votaron por Clara, creyeron en la jugada a tres bandas deLópez Obrador y la demarcación podría ser un fascinante polvorín social.
Ahí, my friend, está el quid más volátil de la ecuación…
Por la Mirilla
Y para no perder la costumbre de pasarse por salva sea la parte al H. Congreso, instalado formalmente el 1 de septiembre a las 1700 hrs., Felipe Calderón giró invitaciones para que a las 0900 hrs. del mismo día le aplaudieran, le rindieran pleitesía por su valentía, se hiciera una larga fila para el besamanos, brotara confeti azul y blanco, y saliera arropado en medio de su descomunal tiradero y su aptitud en estos tres años para (des)gobernar pero… todo se fue al nabo sin escalas. Y como la culpa no es del indio… y está rodeado de disfuncionales que no organizan una kermés, el numerito de su (des)informe en Palacio Nacional lo tuvo que aplazar para el 2 de septiembre, ante la ola de críticas de la oposición recordándole sus deberes como titular de Ejecutivo, aunque Felipe siga creyendo que es Presidente… pero del PAN.
¡Adiós!
El gobierno panista financió a sindicatos priistas de gobierno $30.8 mil millones
En esas transferencias no se aplicaron instrumentos jurídicos, señala
Roberto Garduño y Enrique Méndez
Durante el ejercicio fiscal de 2007, el gobierno federal incurrió en desvío de recursos públicos mediante la figura de donativos, por un monto de 30 mil 879 millones de pesos para favorecer las finanzas de sindicatos de dependencias y entidades de la administración de Felipe Calderón.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que en dichas transferencias no se aplicaron instrumentos jurídicos ni se presentaron proyectos que justificaran su viabilidad social. Los sindicatos destinaron los recursos a actividades de carácter festivo, mientras las áreas administrativas de las dependencias federales no dieron seguimiento ni ejercieron control sobre el destino de los recursos donados, por lo que se presume que su destino pudo no haber sido el debido.
En la revisión de la cuenta pública 2007, la ASF fiscalizó el total de donativos otorgados a sindicatos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por un monto de 30 mil 879 millones de pesos.
En dichos actos no se formalizaron las donaciones mediante un instrumento jurídico, no se presentó el proyecto que justificara su utilidad social y tampoco se fijaron compromisos programáticos, con objetivos, metas y fechas de cumplimiento.
“Los sindicatos destinaron los recursos a diversas actividades de carácter festivo, que no necesariamente repercutieron en mejorar las condiciones laborales, físicas o educativas de sus agremiados; las áreas administrativas no dieron seguimiento ni ejercieron control sobre el destino de los recursos donados, por lo que no hubo transparencia y se pudo hacer un uso indebido de ellos.”
Dique a la opacidad
A esta opacidad, señala la ASF, se podría imponer un dique. Si existieran necesidades presupuestales de los sindicatos para mejorar las condiciones laborales, y favorecer las relaciones entre sus agremiados, sería conveniente que los recursos se otorgaran mediante las prestaciones establecidas en los contratos colectivos de trabajo.
Un ejemplo del manejo discrecional de los recursos públicos se detectó en la revisión de la cuenta pública 2003, cuando se auditó el fideicomiso Transforma México, el cual presentó graves debilidades de control interno en el proceso de otorgamiento de donativos, así como en la vigilancia de su aplicación para los fines aprobados:
“Se determinaron diversas observaciones, entre las cuales destacan algunas comprobaciones de gasto que no se relacionaban con el objetivo del donativo otorgado; comprobaciones fuera del plazo establecido y duplicadas; donativos no comprobados a la fecha de revisión, y donativos que no cumplieron con la normatividad aplicable.”
Así, tras aquella revisión, la ASF planteó la conveniencia de desaparecer ese fideicomiso, dadas las irregularidades que mostró su operación. Con base en ello se ordenó la liquidación, que está en proceso de conclusión.
No obstante, con el tiempo se mantuvieron irregularidades en los procesos de otorgamiento de donativos. En 2005, la ASF advirtió que se carecía –hasta entonces– de criterios para acotar la discrecionalidad en el otorgamiento; evaluar el impacto social de los beneficios que reportan; verificar su aplicación a los fines establecidos, y cuantificar su contribución al logro de objetivos institucionales.
“En cuanto al control, no se obliga a los beneficiarios a manejar en una cuenta bancaria específica los donativos que reciben. El registro resulta deficiente, ya que no proporciona información veraz sobre el impacto social, el número de beneficiarios y los montos de los donativos otorgados.”
Roberto Garduño y Enrique Méndez
Durante el ejercicio fiscal de 2007, el gobierno federal incurrió en desvío de recursos públicos mediante la figura de donativos, por un monto de 30 mil 879 millones de pesos para favorecer las finanzas de sindicatos de dependencias y entidades de la administración de Felipe Calderón.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que en dichas transferencias no se aplicaron instrumentos jurídicos ni se presentaron proyectos que justificaran su viabilidad social. Los sindicatos destinaron los recursos a actividades de carácter festivo, mientras las áreas administrativas de las dependencias federales no dieron seguimiento ni ejercieron control sobre el destino de los recursos donados, por lo que se presume que su destino pudo no haber sido el debido.
En la revisión de la cuenta pública 2007, la ASF fiscalizó el total de donativos otorgados a sindicatos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por un monto de 30 mil 879 millones de pesos.
En dichos actos no se formalizaron las donaciones mediante un instrumento jurídico, no se presentó el proyecto que justificara su utilidad social y tampoco se fijaron compromisos programáticos, con objetivos, metas y fechas de cumplimiento.
“Los sindicatos destinaron los recursos a diversas actividades de carácter festivo, que no necesariamente repercutieron en mejorar las condiciones laborales, físicas o educativas de sus agremiados; las áreas administrativas no dieron seguimiento ni ejercieron control sobre el destino de los recursos donados, por lo que no hubo transparencia y se pudo hacer un uso indebido de ellos.”
Dique a la opacidad
A esta opacidad, señala la ASF, se podría imponer un dique. Si existieran necesidades presupuestales de los sindicatos para mejorar las condiciones laborales, y favorecer las relaciones entre sus agremiados, sería conveniente que los recursos se otorgaran mediante las prestaciones establecidas en los contratos colectivos de trabajo.
Un ejemplo del manejo discrecional de los recursos públicos se detectó en la revisión de la cuenta pública 2003, cuando se auditó el fideicomiso Transforma México, el cual presentó graves debilidades de control interno en el proceso de otorgamiento de donativos, así como en la vigilancia de su aplicación para los fines aprobados:
“Se determinaron diversas observaciones, entre las cuales destacan algunas comprobaciones de gasto que no se relacionaban con el objetivo del donativo otorgado; comprobaciones fuera del plazo establecido y duplicadas; donativos no comprobados a la fecha de revisión, y donativos que no cumplieron con la normatividad aplicable.”
Así, tras aquella revisión, la ASF planteó la conveniencia de desaparecer ese fideicomiso, dadas las irregularidades que mostró su operación. Con base en ello se ordenó la liquidación, que está en proceso de conclusión.
No obstante, con el tiempo se mantuvieron irregularidades en los procesos de otorgamiento de donativos. En 2005, la ASF advirtió que se carecía –hasta entonces– de criterios para acotar la discrecionalidad en el otorgamiento; evaluar el impacto social de los beneficios que reportan; verificar su aplicación a los fines establecidos, y cuantificar su contribución al logro de objetivos institucionales.
“En cuanto al control, no se obliga a los beneficiarios a manejar en una cuenta bancaria específica los donativos que reciben. El registro resulta deficiente, ya que no proporciona información veraz sobre el impacto social, el número de beneficiarios y los montos de los donativos otorgados.”
Claudio X. González, por gravar alimentos y medicinas.
Posted on August 27, 2009 by immorfo
Este tipo de nombre Claudio X. González, cuya función es la de explotar trabajadores en todo el país, dice que es necesario gravar alimentos y medicinas para que el país no “pierda competitividad”, como si aún tuviesemos algo de eso.
La realidad es que el tipo este, Claudio X. González, cree que son esa artimaña de fingir preocupación por la competitividad del país sólo pone de manifiesto una realidad de a kilo: los empresarios del país están comenzando a sufrir las consecuencias del modelo económico del Calderón, eso aúnado el enorme saqueo que el país está sufriendo. Si gravan alimentos y medicinas, los hombres de Claudio X. González serán los beneficiados directos de eso y la sociedad la gran perdedora, como siempre.
Pero eso no es todo, si les queda estómago lean como cierra el este González: “alimentos y medicinas sin IVA es como subsidiar a los ricos“. Mira quien habla… zoquete
Fallece hijo del líder del Barzón; Maximiano continúa grave
ALBERTO OSORIO MéNDEZ
Guadalajara, Jal., 27 de agosto (apro).- Maximiano Barbosa Robles, hijo del dirigente del movimiento campesino El Barzón, Maximiano Barbosa Llamas, falleció esta tarde, luego de que junto con su padre fuera víctima de un atentado provocado por sujetos desconocidos durante la noche del miércoles, en el municipio de Casimiro Castillo.
Mientras tanto, el lider campesino permanece grave pero estable de acuerdo con los más recientes reportes médicos.
La Secretaría de Seguridad Pública indicó que los hechos habrían ocurrido momentos después de las 19:00 horas, cuando Barbosa Llamas y algunos conocidos se encontraban en una reunión familiar al interior del balneario conocido como El Retano.
Hasta el lugar, según testimonios levantados por los cuerpos policíacos, llegaron tres sujetos desconocidos y detonaron sus armas contra el exlegislador perredista.
Su hijo, Maximiano, de 22 años, había sufrido al menos un impacto de bala en la cabeza cuando trataba de defender a su progenitor.
Las autoridades estatales montaron un fuerte operativo para tratar de ubicar a los agresores, quienes presuntamente viajaban a bordo de un auto blanco tipo Jetta con placas de circulación del DF, que fue abandonado después del doble crimen.
Barbosa Llamas logró encabezar un influyente movimiento integrado por deudores de la Banca, que tuvo su origen en la región de la Costa Alegre de Jalisco y luego se extendió a toda la República.
En 1995 su movimiento fue salvajemente reprimido por antimotines del gobierno del estado, en un intento por detener una marcha que encabezada por campesinos y tractores, y que tenía como destino la ciudad de Guadalajara.
Durante la administración del primer gobierno panista, los barzonistas y otros deudores de la banca montaron un gran campamento frente a palacio de gobierno, y usaron la plaza de armas para protestar por las acciones judiciales de los banqueros contra los campesinos.
En 1992, Maximiano Barbosa fue detenido en Guanajuato, al tiempo que el dirigente campesino llevaba a cabo una gran marcha con la que pretendía llegar a la Ciudad de México. Hasta ahora se desconoce el móvil de la agresión ocurrido este miércoles en contra del también exdiputado federal del PT.
Guadalajara, Jal., 27 de agosto (apro).- Maximiano Barbosa Robles, hijo del dirigente del movimiento campesino El Barzón, Maximiano Barbosa Llamas, falleció esta tarde, luego de que junto con su padre fuera víctima de un atentado provocado por sujetos desconocidos durante la noche del miércoles, en el municipio de Casimiro Castillo.
Mientras tanto, el lider campesino permanece grave pero estable de acuerdo con los más recientes reportes médicos.
La Secretaría de Seguridad Pública indicó que los hechos habrían ocurrido momentos después de las 19:00 horas, cuando Barbosa Llamas y algunos conocidos se encontraban en una reunión familiar al interior del balneario conocido como El Retano.
Hasta el lugar, según testimonios levantados por los cuerpos policíacos, llegaron tres sujetos desconocidos y detonaron sus armas contra el exlegislador perredista.
Su hijo, Maximiano, de 22 años, había sufrido al menos un impacto de bala en la cabeza cuando trataba de defender a su progenitor.
Las autoridades estatales montaron un fuerte operativo para tratar de ubicar a los agresores, quienes presuntamente viajaban a bordo de un auto blanco tipo Jetta con placas de circulación del DF, que fue abandonado después del doble crimen.
Barbosa Llamas logró encabezar un influyente movimiento integrado por deudores de la Banca, que tuvo su origen en la región de la Costa Alegre de Jalisco y luego se extendió a toda la República.
En 1995 su movimiento fue salvajemente reprimido por antimotines del gobierno del estado, en un intento por detener una marcha que encabezada por campesinos y tractores, y que tenía como destino la ciudad de Guadalajara.
Durante la administración del primer gobierno panista, los barzonistas y otros deudores de la banca montaron un gran campamento frente a palacio de gobierno, y usaron la plaza de armas para protestar por las acciones judiciales de los banqueros contra los campesinos.
En 1992, Maximiano Barbosa fue detenido en Guanajuato, al tiempo que el dirigente campesino llevaba a cabo una gran marcha con la que pretendía llegar a la Ciudad de México. Hasta ahora se desconoce el móvil de la agresión ocurrido este miércoles en contra del también exdiputado federal del PT.
La violencia
Luis Javier Garrido
El escándalo desatado por el gobierno calderonista con la exoneración de 20 paramilitares de Acteal ha terminado por evidenciar, una vez más, que el gobierno de facto sigue auspiciando la formación y preparación de grupos paramilitares, para lo cual le resultaba indispensable enviar la señal a los militares que los adiestran y a los propios grupos de que serán impunes por sus futuras acciones.
1. El señalamiento de que el gobierno panista de Calderón estaba preparando con oficiales del Ejército a grupos paramilitares se hizo en 2006, casi desde los inicios del gobierno espurio, no ha dejado de reiterarse al constatarse sus acciones en Chiapas y ahora cobra mayor fuerza con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que subraya, entre otras cosas, que el gobierno calderonista busca crear a los involucrados en este proyecto un régimen de inmunidad absoluta dentro de la lógica neoliberal de que el Estado debe abdicar de todas sus funciones básicas.
2. Las consecuencias que este abandono criminal del Estado entraña para el pueblo mexicano son múltiples y muy graves, pues al paramilitarizar el país no sólo se están creando las condiciones para la comisión impune de múltiples actos de barbarie, sino fomentando una descomposición social de amplios sectores al poner en marcha un mecanismo de destrucción que resulta después incontrolable. El proceso penal que debería abrirse contra Ernesto Zedillo, Emilio Chuayffet, Julio César Ruiz Ferro y un buen número de militares, así como contra los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia como sus cómplices, no debería ser nada más por la matanza de Acteal en 1997, sino por atentar contra la nación misma con este proyecto de índole criminal.
3. La responsabilidad delictiva de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo por la conformación de esos grupos paramilitares está plenamente demostrada en múltiples testimonios, como se comprueba en los informes desclasificados del servicio de inteligencia de Estados Unidos este mes de agosto, que no dejan lugar a dudas sobre lo que ya se sabía: a) que ambos gobernantes apoyaron el proyecto de creación y entrenamiento de múltiples grupos paramilitares por parte de oficiales del Ejército Mexicano, y b) que Zedillo y Chuayffet estuvieron personalmente tras las acciones de estos grupos y conocieron y decidieron el operativo de Acteal.
4. El hecho que no pudieron prever por su torpeza los responsables del gobierno panista actual al revivir el caso de Acteal fue que en el debate que se abría iba a aparecer la discusión sobre la actual paramilitarización del país, y que se iba a plantear al gobierno espurio de Calderón una doble responsabilidad. La primera, por encubrir a Zedillo y a sus cómplices por la matanza de Acteal de 1997, y la segunda por estar instaurando Calderón ante el actual escenario de inconformidad social que prevalece un régimen de violencia de Estado, similar al existente en la Colombia de Uribe, en el que al lado de las acciones incontrolables de las fuerzas armadas aparece la creación de grupos paramilitares, también incontrolables, con el pretexto de garantizar la seguridad de terratenientes, ganaderos y empresarios rurales.
5. La continuidad en la mecánica del poder entre priístas y panistas se ha ido así confirmando en éste como en otros casos: tras los halcones, de Díaz Ordaz y Echeverría (1968-1972), y los grupos creados por Salinas y Zedillo, se encuentran ahora los paramilitares entrenados y organizados por el gobierno de Calderón, quien, como sus predecesores, se negó a entender el enorme riesgo que entraña para la organización social y política del país auspiciar este proyecto de supuesto “control social”.
6. La creación de grupos policiales privados y de contingentes paramilitares rurales y urbanos, así como la instauración de lo que en México llamaríamos una guarurización de la vida social, fue básica desde 2002 en el proyecto del presidente colombiano Álvaro Uribe, y aunque años después éste buscó desarmar a los grupos paramilitares más poderosos que se habían asumido como un poder dentro del Estado, vinculándose al crimen organizado, controlando a amplios sectores de la vida social y desafiando su autoridad, y les ofreció una amnistía, la mayor parte de éstos han conservado en 2009 sus armas y su fuerza organizativa y Colombia sigue adentrándose en un proceso de abierta descomposición a consecuencia de una decisión política de Estado de carácter criminal y de la cual el grupo gobernante no pudo vislumbrar las consecuencias que iba a traer.
7. Un gobierno, aunque sea ilegítimo, como el panista de Felipe Calderón, que abdicó de sus responsabilidades en materia de seguridad pública y las delegó en el Ejército, que es una fuerza institucional que no está facultada en la Constitución para ello, en los asesores militares estadunidenses que ha tolerado trabajen en territorio nacional y en los cuerpos paramilitares que ha ido preparando para servir a intereses facciosos y amedrentar a las organizaciones sociales, está destruyendo el Estado nacional y atentando criminalmente contra el pueblo.
8. La violencia que se ha generado en el país en los tres últimos años es responsabilidad fundamental de Felipe Calderón, quien ha violado gravemente la Constitución en su afán de supervivencia política y tendrá que enfrentar en el futuro inmediato, como Zedillo y muchos otros gobernantes mexicanos, la responsabilidad penal por las acciones ilícitas tanto de las fuerzas armadas como de los grupos de carácter paramilitar que existen en el territorio nacional. Los atentados contra Armando Chavarría, presidente del Congreso de Guerrero, ultimado el 20 de agosto, y contra Maximiano Barbosa, líder de El Barzón, herido de gravedad el miércoles 26, han sido atribuidos por algunos analistas al gobierno, precisamente porque existen muchos motivos por los que los panistas quisieran silenciarlos, y éstos son los responsables de la violencia incontrolable.
9. En un escenario nacional donde el Ejército de-sarma policías y arma paramilitares, y más de una tercera parte de sus fuerzas se ha pasado al crimen organizado, ¿quiénes pueden ser los responsables de la violencia encubierta?
10. La lucha por que se haga justicia en Acteal es también, por consiguiente, fundamental para poner un alto a la violencia de Estado en México.
El escándalo desatado por el gobierno calderonista con la exoneración de 20 paramilitares de Acteal ha terminado por evidenciar, una vez más, que el gobierno de facto sigue auspiciando la formación y preparación de grupos paramilitares, para lo cual le resultaba indispensable enviar la señal a los militares que los adiestran y a los propios grupos de que serán impunes por sus futuras acciones.
1. El señalamiento de que el gobierno panista de Calderón estaba preparando con oficiales del Ejército a grupos paramilitares se hizo en 2006, casi desde los inicios del gobierno espurio, no ha dejado de reiterarse al constatarse sus acciones en Chiapas y ahora cobra mayor fuerza con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que subraya, entre otras cosas, que el gobierno calderonista busca crear a los involucrados en este proyecto un régimen de inmunidad absoluta dentro de la lógica neoliberal de que el Estado debe abdicar de todas sus funciones básicas.
2. Las consecuencias que este abandono criminal del Estado entraña para el pueblo mexicano son múltiples y muy graves, pues al paramilitarizar el país no sólo se están creando las condiciones para la comisión impune de múltiples actos de barbarie, sino fomentando una descomposición social de amplios sectores al poner en marcha un mecanismo de destrucción que resulta después incontrolable. El proceso penal que debería abrirse contra Ernesto Zedillo, Emilio Chuayffet, Julio César Ruiz Ferro y un buen número de militares, así como contra los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia como sus cómplices, no debería ser nada más por la matanza de Acteal en 1997, sino por atentar contra la nación misma con este proyecto de índole criminal.
3. La responsabilidad delictiva de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo por la conformación de esos grupos paramilitares está plenamente demostrada en múltiples testimonios, como se comprueba en los informes desclasificados del servicio de inteligencia de Estados Unidos este mes de agosto, que no dejan lugar a dudas sobre lo que ya se sabía: a) que ambos gobernantes apoyaron el proyecto de creación y entrenamiento de múltiples grupos paramilitares por parte de oficiales del Ejército Mexicano, y b) que Zedillo y Chuayffet estuvieron personalmente tras las acciones de estos grupos y conocieron y decidieron el operativo de Acteal.
4. El hecho que no pudieron prever por su torpeza los responsables del gobierno panista actual al revivir el caso de Acteal fue que en el debate que se abría iba a aparecer la discusión sobre la actual paramilitarización del país, y que se iba a plantear al gobierno espurio de Calderón una doble responsabilidad. La primera, por encubrir a Zedillo y a sus cómplices por la matanza de Acteal de 1997, y la segunda por estar instaurando Calderón ante el actual escenario de inconformidad social que prevalece un régimen de violencia de Estado, similar al existente en la Colombia de Uribe, en el que al lado de las acciones incontrolables de las fuerzas armadas aparece la creación de grupos paramilitares, también incontrolables, con el pretexto de garantizar la seguridad de terratenientes, ganaderos y empresarios rurales.
5. La continuidad en la mecánica del poder entre priístas y panistas se ha ido así confirmando en éste como en otros casos: tras los halcones, de Díaz Ordaz y Echeverría (1968-1972), y los grupos creados por Salinas y Zedillo, se encuentran ahora los paramilitares entrenados y organizados por el gobierno de Calderón, quien, como sus predecesores, se negó a entender el enorme riesgo que entraña para la organización social y política del país auspiciar este proyecto de supuesto “control social”.
6. La creación de grupos policiales privados y de contingentes paramilitares rurales y urbanos, así como la instauración de lo que en México llamaríamos una guarurización de la vida social, fue básica desde 2002 en el proyecto del presidente colombiano Álvaro Uribe, y aunque años después éste buscó desarmar a los grupos paramilitares más poderosos que se habían asumido como un poder dentro del Estado, vinculándose al crimen organizado, controlando a amplios sectores de la vida social y desafiando su autoridad, y les ofreció una amnistía, la mayor parte de éstos han conservado en 2009 sus armas y su fuerza organizativa y Colombia sigue adentrándose en un proceso de abierta descomposición a consecuencia de una decisión política de Estado de carácter criminal y de la cual el grupo gobernante no pudo vislumbrar las consecuencias que iba a traer.
7. Un gobierno, aunque sea ilegítimo, como el panista de Felipe Calderón, que abdicó de sus responsabilidades en materia de seguridad pública y las delegó en el Ejército, que es una fuerza institucional que no está facultada en la Constitución para ello, en los asesores militares estadunidenses que ha tolerado trabajen en territorio nacional y en los cuerpos paramilitares que ha ido preparando para servir a intereses facciosos y amedrentar a las organizaciones sociales, está destruyendo el Estado nacional y atentando criminalmente contra el pueblo.
8. La violencia que se ha generado en el país en los tres últimos años es responsabilidad fundamental de Felipe Calderón, quien ha violado gravemente la Constitución en su afán de supervivencia política y tendrá que enfrentar en el futuro inmediato, como Zedillo y muchos otros gobernantes mexicanos, la responsabilidad penal por las acciones ilícitas tanto de las fuerzas armadas como de los grupos de carácter paramilitar que existen en el territorio nacional. Los atentados contra Armando Chavarría, presidente del Congreso de Guerrero, ultimado el 20 de agosto, y contra Maximiano Barbosa, líder de El Barzón, herido de gravedad el miércoles 26, han sido atribuidos por algunos analistas al gobierno, precisamente porque existen muchos motivos por los que los panistas quisieran silenciarlos, y éstos son los responsables de la violencia incontrolable.
9. En un escenario nacional donde el Ejército de-sarma policías y arma paramilitares, y más de una tercera parte de sus fuerzas se ha pasado al crimen organizado, ¿quiénes pueden ser los responsables de la violencia encubierta?
10. La lucha por que se haga justicia en Acteal es también, por consiguiente, fundamental para poner un alto a la violencia de Estado en México.
Destapan senadores del PRD tráfico de influencias de autoridades hacendarias
Andrea Becerril
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, en voz de Graco Ramírez, denunció una red de “tráfico de influencias y conflicto de intereses” de autoridades hacendarias, que son al mismo tiempo socios o han estado ligados al despacho White and Case, el que representa a grandes empresas que ha ganado juicios millonarios al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De cada 100 juicios, el SAT pierde 50, y ello se debe a que “los encargados de cobrar impuestos son parte interesada en los litigios de corporaciones que eluden y evaden sus responsabilidades fiscales”, sostuvo el senador Graco Ramírez, al presentar la investigación que desde hace un año lleva a cabo su bancada. Explicó que tan sólo en 2007, Hacienda devolvió a grandes contribuyentes 130 mil millones de pesos.
La plana mayor del SAT, dijo, comenzando por el jefe de la misma, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, además del administrador general de grandes contribuyentes, Juan Carlos Rizo León, y el administrador central de fiscalización a precios de transferencia 2008, Christian R. Natera Niño de Rivera, están ligados al despacho; los dos últimos como “asociados senior”.
Hay un claro tráfico de influencias, ya que “se acuestan como socios de un despacho que se querella contra el SAT y se levantan como funcionarios de ese organismo”. Explicó que el ex embajador de Estados Unidos en México Tony Garza recién ingresó a White and Case, pero fue el actual titular del SAT, Gutiérrez Ortiz Mena, el que estableció en 2001 el área fiscal de ese despacho en México. Se trata de una de las cinco firmas más poderosas en el mundo, a la que el gobierno federal permitió operar con su nombre global en territorio nacional, y a la que se han integrado también otros funcionarios ligados al banquero Roberto Hernández y al secretario de Hacienda en el sexenio de Fox, Francisco Gil Díaz. Además de los funcionarios que tienen responsabilidades claves en el SAT, son socios del despacho Vicente Corta Fernández, quien fue vocal del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB); Margarita de la Cabada, igualmente funcionaria de ese organismo que sustituyó al Fobaproa, y Luis Mancera Arrigunaga, quien trabajó en la SHCP en 2004 y fue procurador fiscal.
“Es evidente el conflicto de intereses de los funcionarios que trabajaron en el IPAB, ya que tuvieron en sus manos información importante y confidencial del rescate bancario”, agregó el legislador perredista.
Detalló que el despacho White and Case es representante de clientes particulares en conflictos fiscales y legales con el SAT, y al mismo tiempo asesor de la propia Secretaría de Hacienda, por lo que el PRD exigió una explicación al titular de la dependencia, Agustín Carstens.
El senador Ramírez Garrido Abreu agregó que “todos los que deciden sobre cuestiones hacendarias y fiscales están en White and Case, y todos pasaron por Avantel o Banamex; también tienen relación con Gil Díaz, el primero en defraudar al fisco al permitir la venta de ese banco a Citigroup sin pagar impuestos”.
Advirtió que el PRD va a entablar demandas penales contra los funcionarios del SAT involucrados, por conflicto de intereses y coalición de servidores públicos, ya que han originado un fuerte daño patrimonial al país, al posibilitar, desde su doble posición, que las grandes empresas evadan o eludan el pago de gravámenes.
“Se trata de una mafia enquistada en la Secretaría de Hacienda, que actúa contra la propia dependencia, ya que desde el propio Servicio de Administración Tributaria, según consta a gobiernos emanados del Partido de la Revolución Democrática, se les aconseja acudir a White and Case cuando tienen problemas fiscales”.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, en voz de Graco Ramírez, denunció una red de “tráfico de influencias y conflicto de intereses” de autoridades hacendarias, que son al mismo tiempo socios o han estado ligados al despacho White and Case, el que representa a grandes empresas que ha ganado juicios millonarios al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De cada 100 juicios, el SAT pierde 50, y ello se debe a que “los encargados de cobrar impuestos son parte interesada en los litigios de corporaciones que eluden y evaden sus responsabilidades fiscales”, sostuvo el senador Graco Ramírez, al presentar la investigación que desde hace un año lleva a cabo su bancada. Explicó que tan sólo en 2007, Hacienda devolvió a grandes contribuyentes 130 mil millones de pesos.
La plana mayor del SAT, dijo, comenzando por el jefe de la misma, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, además del administrador general de grandes contribuyentes, Juan Carlos Rizo León, y el administrador central de fiscalización a precios de transferencia 2008, Christian R. Natera Niño de Rivera, están ligados al despacho; los dos últimos como “asociados senior”.
Hay un claro tráfico de influencias, ya que “se acuestan como socios de un despacho que se querella contra el SAT y se levantan como funcionarios de ese organismo”. Explicó que el ex embajador de Estados Unidos en México Tony Garza recién ingresó a White and Case, pero fue el actual titular del SAT, Gutiérrez Ortiz Mena, el que estableció en 2001 el área fiscal de ese despacho en México. Se trata de una de las cinco firmas más poderosas en el mundo, a la que el gobierno federal permitió operar con su nombre global en territorio nacional, y a la que se han integrado también otros funcionarios ligados al banquero Roberto Hernández y al secretario de Hacienda en el sexenio de Fox, Francisco Gil Díaz. Además de los funcionarios que tienen responsabilidades claves en el SAT, son socios del despacho Vicente Corta Fernández, quien fue vocal del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB); Margarita de la Cabada, igualmente funcionaria de ese organismo que sustituyó al Fobaproa, y Luis Mancera Arrigunaga, quien trabajó en la SHCP en 2004 y fue procurador fiscal.
“Es evidente el conflicto de intereses de los funcionarios que trabajaron en el IPAB, ya que tuvieron en sus manos información importante y confidencial del rescate bancario”, agregó el legislador perredista.
Detalló que el despacho White and Case es representante de clientes particulares en conflictos fiscales y legales con el SAT, y al mismo tiempo asesor de la propia Secretaría de Hacienda, por lo que el PRD exigió una explicación al titular de la dependencia, Agustín Carstens.
El senador Ramírez Garrido Abreu agregó que “todos los que deciden sobre cuestiones hacendarias y fiscales están en White and Case, y todos pasaron por Avantel o Banamex; también tienen relación con Gil Díaz, el primero en defraudar al fisco al permitir la venta de ese banco a Citigroup sin pagar impuestos”.
Advirtió que el PRD va a entablar demandas penales contra los funcionarios del SAT involucrados, por conflicto de intereses y coalición de servidores públicos, ya que han originado un fuerte daño patrimonial al país, al posibilitar, desde su doble posición, que las grandes empresas evadan o eludan el pago de gravámenes.
“Se trata de una mafia enquistada en la Secretaría de Hacienda, que actúa contra la propia dependencia, ya que desde el propio Servicio de Administración Tributaria, según consta a gobiernos emanados del Partido de la Revolución Democrática, se les aconseja acudir a White and Case cuando tienen problemas fiscales”.
Riesgo de privatizar Pemex: consejero
Acusa que el gobierno pretende dar al sector privado la refinación
Viernes 28 de agosto de 2009
noe.cruz@eluniversal.com.mx
Fluvio Ruiz Alarcón, consejero profesional de Petróleos Mexicanos (Pemex), alertó sobre las intenciones de las autoridades del sector energético de “querer privatizar actividades fundamentales de la industria petrolera”, como la refinación y el transporte de hidrocarburos por ducto.
En alusión a las declaraciones de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y del director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, en el sentido de que se debe promover un cambio legal para permitir la participación de la inversión privada en la industria petrolera, el especialista sostuvo que “las voces al interior del gobierno federal que suspiran por una reforma petrolera de segunda generación no han cumplido a cabalidad con el mandato legal de la reforma aprobada hace casi un año.
“Es absurdo que impulsen una reforma de la reforma”, dijo.
Comentó que el retraso en la instrumentación de esa reforma “tiene en jaque a Pemex en materia de los nuevos esquemas contractuales”.
Ruiz Alarcón manifestó que por acción u omisión esas mismas autoridades han venido aplicando una estrategia de retraso en casi todo lo referente a la reforma petrolera que fue aprobada en octubre del año pasado en el Congreso de la Unión.
“Pareciera que existe una especie de revancha de quienes no pudieron sostener sus argumentos privatizadores y hoy pretenden ganar a través de la presión en los medios, lo que el año pasado perdieron a todas luces en el debate nacional. De ello dio cuenta la Nación entera”, afirmó el consejero de Pemex.
Criticó los argumentos a favor de una apertura de la inversión privada en la industria petrolera nacional, tras señalar que cualquier cambio legal orientado a la privatización de la refinación sería a todas luces inconstitucional e ilegal. “Debo insistir que esas voces están metiendo al Congreso de la Unión y al Ejecutivo federal en un callejón sin salida y en su momento deberá asumir cada quien sus responsabilidades”.
Me parece, dijo, que se están tomando atribuciones que no le corresponden al cuestionar sistemáticamente las decisiones de un poder como es el Congreso.
Debe aplicarse la ley
Ruiz Alarcón añadió que el Poder Legislativo ha decidido una serie de cambios legales que deben aplicarse. “En lugar de esto, lo que escuchamos es la insistencia en desprestigiar sus alcances y orientación, sobre todo cuando se afirma que la posibilidad de maquilar refinados se quedó en el tintero”, aunque se olvidan o pretenden olvidar que una parte de los actores de la reforma se pronunciaron a favor de esta posibilidad. La mayoría de quienes participaron en el debate nunca tuvieron el tema en el tintero.
Cuestionó que tras aprobarse la reforma, no se hayan publicado los reglamentos de la Ley de Petróleos Mexicanos y las adecuaciones a la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo, como tampoco el que se haya terminado de elaborar la Estrategia Nacional de Energía ni se haya instalado el Foro Consultivo que debería de estar apoyando las labores de la Comisión Nacional de Energía o el hecho de que no se hayan emitido los Bonos Ciudadanos, que formaban parte de la iniciativa del Ejecutivo.
Este miércoles, la titular de la Sener, Georgina Kessel, anunció el desplome de la producción de petróleo crudo para 2010 y se pronunció por cambios legales para abrir el sector energético a la iniciativa privada.
Dijo que la plataforma de producción de hidrocarburos que fijará el gobierno federal para efectos presupuestales será de 2.5 millones de barriles diarios, 250 mil barriles diarios menos que el nivel previsto originalmente para este año.
Al respecto, el consejero Fluvio Ruiz Alarcón expresó que dicha declinación de uno de los pozos más importantes de México, como es el caso de Cantarell, “no sólo es un asunto de vida natural del yacimiento sino que existen responsables directos de la planeación energética nacional y de la propia operación”.
“¿Quién o quiénes son los responsables de la caída de la producción?” cuestionó. Destacó que el comportamiento futuro de la producción nacional de hidrocarburos se desconoce.
Viernes 28 de agosto de 2009
noe.cruz@eluniversal.com.mx
Fluvio Ruiz Alarcón, consejero profesional de Petróleos Mexicanos (Pemex), alertó sobre las intenciones de las autoridades del sector energético de “querer privatizar actividades fundamentales de la industria petrolera”, como la refinación y el transporte de hidrocarburos por ducto.
En alusión a las declaraciones de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y del director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, en el sentido de que se debe promover un cambio legal para permitir la participación de la inversión privada en la industria petrolera, el especialista sostuvo que “las voces al interior del gobierno federal que suspiran por una reforma petrolera de segunda generación no han cumplido a cabalidad con el mandato legal de la reforma aprobada hace casi un año.
“Es absurdo que impulsen una reforma de la reforma”, dijo.
Comentó que el retraso en la instrumentación de esa reforma “tiene en jaque a Pemex en materia de los nuevos esquemas contractuales”.
Ruiz Alarcón manifestó que por acción u omisión esas mismas autoridades han venido aplicando una estrategia de retraso en casi todo lo referente a la reforma petrolera que fue aprobada en octubre del año pasado en el Congreso de la Unión.
“Pareciera que existe una especie de revancha de quienes no pudieron sostener sus argumentos privatizadores y hoy pretenden ganar a través de la presión en los medios, lo que el año pasado perdieron a todas luces en el debate nacional. De ello dio cuenta la Nación entera”, afirmó el consejero de Pemex.
Criticó los argumentos a favor de una apertura de la inversión privada en la industria petrolera nacional, tras señalar que cualquier cambio legal orientado a la privatización de la refinación sería a todas luces inconstitucional e ilegal. “Debo insistir que esas voces están metiendo al Congreso de la Unión y al Ejecutivo federal en un callejón sin salida y en su momento deberá asumir cada quien sus responsabilidades”.
Me parece, dijo, que se están tomando atribuciones que no le corresponden al cuestionar sistemáticamente las decisiones de un poder como es el Congreso.
Debe aplicarse la ley
Ruiz Alarcón añadió que el Poder Legislativo ha decidido una serie de cambios legales que deben aplicarse. “En lugar de esto, lo que escuchamos es la insistencia en desprestigiar sus alcances y orientación, sobre todo cuando se afirma que la posibilidad de maquilar refinados se quedó en el tintero”, aunque se olvidan o pretenden olvidar que una parte de los actores de la reforma se pronunciaron a favor de esta posibilidad. La mayoría de quienes participaron en el debate nunca tuvieron el tema en el tintero.
Cuestionó que tras aprobarse la reforma, no se hayan publicado los reglamentos de la Ley de Petróleos Mexicanos y las adecuaciones a la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo, como tampoco el que se haya terminado de elaborar la Estrategia Nacional de Energía ni se haya instalado el Foro Consultivo que debería de estar apoyando las labores de la Comisión Nacional de Energía o el hecho de que no se hayan emitido los Bonos Ciudadanos, que formaban parte de la iniciativa del Ejecutivo.
Este miércoles, la titular de la Sener, Georgina Kessel, anunció el desplome de la producción de petróleo crudo para 2010 y se pronunció por cambios legales para abrir el sector energético a la iniciativa privada.
Dijo que la plataforma de producción de hidrocarburos que fijará el gobierno federal para efectos presupuestales será de 2.5 millones de barriles diarios, 250 mil barriles diarios menos que el nivel previsto originalmente para este año.
Al respecto, el consejero Fluvio Ruiz Alarcón expresó que dicha declinación de uno de los pozos más importantes de México, como es el caso de Cantarell, “no sólo es un asunto de vida natural del yacimiento sino que existen responsables directos de la planeación energética nacional y de la propia operación”.
“¿Quién o quiénes son los responsables de la caída de la producción?” cuestionó. Destacó que el comportamiento futuro de la producción nacional de hidrocarburos se desconoce.
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