domingo, 20 de diciembre de 2015

Arturo Escobar compra corruptos

ICA, el coloso que Peña Nieto dejó caer

PROCESO 2042
Durante décadas ICA fue la constructora dominante en México. Gran parte de la infraestructura del país (carreteras, presas, hospitales, puentes, multifamiliares, el Metro) son obra suya. Siempre al amparo de los presidentes priistas, desde Miguel Alemán, e incluso de los dos panistas. Era tal la cercanía de su fundador, Bernardo Quintana, con Los Pinos, que participó con entusiasmo en el boicot publicitario contra el Excélsior de Julio Scherer. Pero la suerte se le acabó. La preferencia de la actual administración por las empresas españolas, como Higa, hicieron que Ingenieros Civiles Asociados se depreciara 70% sólo este sexenio… y su quiebra está en puerta.
Ingenieros Civiles Asociados (ICA), la constructora más grande del país, nació y creció al amparo del poder político. Sus dueños, cercanos a los presidentes en turno desde el sexenio de Miguel Alemán, sirvieron al sistema lo mismo para apoyar su postura anticomunista durante la Guerra Fría que con sus donativos en el “pase de charola” inventado por el priismo, e inclusive para tomar parte en oscuras conspiraciones contra la libertad de expresión, como el boicot publicitario al Excélsior de Julio Scherer… Favores todos que el sistema pagó con impresionantes contratos de infraestructura.
Convertida en un gigante, con operaciones multinacionales y enlistada en las bolsas mexicana y de Nueva York, el regreso del PRI a la Presidencia no la llevó a recuperar el antiguo esplendor; por el contrario, Empresas ICA es ahora emblema de la crisis de los constructores mexicanos.
Y es que el favoritismo del gobierno de Enrique Peña Nieto hacia empresas extranjeras, junto a una coyuntural y poco clara falta de recursos, detonó una crisis en el sector de la construcción, cuya víctima más visible es el corporativo que preside Bernardo Quintana Isaac, uno de los empresarios más influyentes de México y quien fue socio minoritario de Carlos Slim cuando éste adquirió Teléfonos de México.
El consorcio constructor que agrupa 11 subsidiarias y tiene operaciones internacionales sucumbió este mes al no poder cumplir el pago de intereses por unos 31 millones de dólares cuyo vencimiento había prorrogado desde el 29 de noviembre, detonando desde entonces versiones sobre una eventual quiebra y un tremendo impacto en sus cotizaciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), para agudizar la depreciación que en lo que va del sexenio se estima en 70% (estimado de Mario Maldonado en El Financiero del pasado 22 de octubre).
La crisis de ICA, sin embargo, es visible por tratarse de la constructora emblemática y porque cotiza en la BMV; por ello está obligada a informar de su situación, lo que no ocurre con las 11 mil constructoras del país, en su mayoría micro, pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales “están peor”, de acuerdo con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Gustavo Arballo Luján:
“Las empresas en México han decrecido, como en el caso de ICA, ante la falta de oportunidades de trabajo; sus ingresos van a la baja y sus compromisos han dejado de cumplirse por no tener ingresos suficientes”.
Para externar su opinión, en entrevista con Proceso, Arballo advierte que lo hace con la perspectiva del sector y la información pública que hay al respecto, sin entrar a la situación interna y a las finanzas de la empresa. Y de ICA lo que se sabe es que “no ha tenido los ingresos ni el volumen de trabajo esperados, lo que ha generado algo de la problemática en que se ve envuelta”.
El lunes 14 Proceso solicitó una entrevista con representantes de Empresas ICA, pero no obtuvo respuesta. Luego, en un comunicado del viernes 18 lo dejó claro: “La compañía no tiene previsto hacer algún otro comentario público respecto de este tema hasta que su Consejo de Administración apruebe alguna acción específica”.
Si el problema de fondo para los constructores mexicanos es la competencia desleal con extranjeros, hay otro factor coyuntural que hasta ahora no tiene una explicación clara: la falta de recursos para cumplir con obligaciones contractuales en los tres órdenes de gobierno.
En una conferencia de prensa el miércoles 16, Arballo dijo que el rezago en pagos es notado no sólo por la CMIC, sino que otros organismos, como el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación de Cámaras Industriales, identificaban un problema de falta de liquidez que repercute en las economías locales. Por eso solicitaron una reunión con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para pedir que se agilice la entrega de recursos. El impacto es al menos para 3 mil constructoras.
Mientras los gobiernos estatales y municipales atribuyen la falta de dinero a un retraso en transferencias federales vía la Tesorería de la Federación, el dirigente de la CMIC, sin embargo, se muestra optimista ante el anuncio de licitaciones carreteras para el próximo enero.
El jueves 17, un día después de la declaración de Arballo y el mismo en que ICA anunció que incumpliría con el pago de intereses vencidos, Videgaray comentó en conferencia de prensa que el problema se concentraba en estados y municipios, y de plano negó que exista retraso o recorte en las transferencias del presupuesto 2015. Aseguró que la administración federal ha entregado en tiempo los recursos y fondos a entidades federativas.
La construcción del poder
ICA es el gigante de la construcción en México. Por todo el país es posible identificar grandes obras de infraestructura en las que participó desde 1947, cuando nació y creció al amparo del gobierno de Miguel Alemán para convertirse en la principal contratista gubernamental al paso de los sexenios.
La asociación de 18 profesionistas encabezada por Bernardo Quintana Arrioja marcó su origen y futuro de contratista cercana al poder desde la primera obra: producto de una licitación pública se le encomendó la construcción del Multifamiliar Presidente Miguel Alemán.
Las siglas ICA se ligaron desde entonces a los grandes negocios de la infraestructura: el Estadio Universitario y gran parte de la Ciudad Universitaria de la UNAM; la presa El Infiernillo, en los límites de Guerrero y Michoacán; la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México; la infraestructura para los Juegos Olímpicos de 1968…
En su historial de construcciones se cuentan numerosas carreteras, autopistas, hospitales, escuelas, así como grandes hoteles y la Basílica de Guadalupe, la autopista del Sol y el Museo el Papalote; más recientemente, la hidroeléctrica La Yesca, en Nayarit, y su participación en la construcción de la Línea 12 del Metro capitalino.
La productividad de ICA no se explica sin su histórica relación con el régimen priista y de Quintana Arrioja y sus descendientes con la Presidencia. Éste fue uno de los miembros fundadores de la llamada “cúpula de cúpulas”, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), formado en 1962 durante el gobierno de Adolfo López Mateos y que entre sus objetivos centrales tenía interés por deslindar al país de la Revolución Cubana.
En su libro El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Surgimiento y consolidación (UNAM, 2002), la investigadora Marcela Briz Garizurieta documenta cómo los amigos y socios de Miguel Alemán integraron originalmente el organismo: Bruno Pagliai, Jorge Larrea… socios del expresidente en Transportes Aéreos Mexicanos, o Rómulo O’Farril, su socio en Telesistema Mexicano (hoy Televisa). Entre ellos identifica a Quintana por los contratos obtenidos en el sexenio alemanista.
Si los miembros del CMHN llegaron a aplaudir la decisión presidencial de reprimir el movimiento estudiantil de 1968, optaron por una posición más activa, por ejemplo, en el boicot publicitario al Excélsior de Julio Scherer, quien en su libro La terca memoria incluye la narración que Juan Sánchez Navarro le hizo sobre aquel episodio:
“Los empresarios que pesaban, los del poder económico y la influencia política, preocupados por el rumbo que tomaba Excélsior, acordaron reunirse en la casa del fundador de la ICA, Bernardo Quintana. Invitaron al presidente Echeverría, que concurrió puntual a la cita. Hablaron del periódico. Era peligrosa la posición que asumía, más y más cargada a la izquierda. El director, Julio Scherer García, no ocultaba su tendencia política y era verosímil que se tratara de un sujeto proclive al comunismo. El diario mantenía un ritmo de crecimiento sostenido, fenómeno que se sumaba a las inquietudes de los empresarios. El anfitrión tomó la palabra y solicitó el parecer del presidente de la República.
“Echeverría fue directo. Los hombres de la iniciativa privada rendían su cuota al auge del periódico, la publicidad era fuente de ingresos para el diario. Así fortalecían al enemigo común. En manos de los empresarios estaba el remedio a una situación que ya era crítica.”
La bonanza de ICA siguió su rumbo en los siguientes sexenios, con el favoritismo de tramos carreteros otorgados en concesión durante los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo; con este último fue beneficiaria del llamado “rescate carretero” (una especie de Fobaproa para concesionarios del sector).
Fue en los noventa cuando ICA inició su internacionalización: adquirió Facchina, una constructora que opera en los alrededores de Washington, para incursionar en el mercado estadunidense; Los Portales, empresa que asociada con Grupo Raffo forma la mayor constructora de Perú, país donde posee San Martín, una importante minera, y la asociación permanente con la estadunidense Fluor Daniel, su más rentable operación en México, a partir de la cual atrae contratos en Centroamérica y El Caribe y con la cual incursionó en el sector energético.
Con la llegada del PAN al poder, Empresas ICA mantuvo su dominio. En 2005, al morir Bernardo Sepúlveda Arrioja, el entonces presidente Vicente Fox instruyó que fuera sepultado en la Rotonda de los Hombres Ilustres, mientras su hijo, Bernardo Quintana Isaac, se convirtió luego en asiduo visitante del presidente Felipe Calderón.
Durante el sexenio calderonista, Empresas ICA pudo recuperarse de la crisis que padeció a partir de 2008 y, ya cercano el cambio de gobierno, de hecho el mismo día de las elecciones presidenciales, el 1 de julio de 2012, Bernardo Quintana entregó la dirección general de la empresa a su hijo, Alonso Quintana Kawage, tercera generación desde la fundación.
Para entonces ICA contaba con 12 proyectos carreteros, seis hidráulicos, tres plantas de tratamiento de agua, dos acueductos, un puerto, dos proyectos de infraestructura social e incursionaba en el ramo energético. A través de una participación mayoritaria en Operadora Mexicana de Aeropuertos, es responsable de 13 terminales aéreas internacionales en el país. Todo esto junto a decenas de contratos de obra pública.
Si en el ámbito empresarial es cierto el mito de que en la tercera generación se vienen a pique los negocios, en el caso de Empresas ICA se ha cumplido. Luego de que el viernes 18 el corporativo notificara a la BMV la suspensión del pago de intereses, informó que designaba codirector a Alfonso González Migoya.
Este último es especialista en rescatar de la crisis a empresas familiares; en su desempeño anterior inmediato estuvo al frente de Grupo Industrial Saltillo –que coincidentemente cayó en crisis al asumir su tercera generación–, donde llegó después de participar en otro saneamiento de empresa familiar en tercera generación, en el regiomontano Grupo Alfa.
Es la crisis del sector
En los tres años de administración de Enrique Peña Nieto, Empresas ICA ha obtenido contratos por casi 43 mil millones de pesos, de acuerdo con una consulta hecha por Proceso en el Portal de Obligaciones de Transparencia, la plataforma gubernamental que, sin embargo, no registra la totalidad de los contratos.
La cifra es menor que la alcanzada en dos años, por ejemplo, por Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú –el contratista envuelto en el escándalo por construir y financiar la casa de la primera dama Angélica Rivera– y que hasta diciembre de 2014 acumulaba alrededor 60 mil millones de pesos en contratos de obra.
La embestida extranjera fue prevista por Proceso, que en su número 1969, del 26 de julio de 2014, advertía, por los seguimientos a los portales de transparencia gubernamental, que eran empresas extranjeras las que acaparaban los grandes contratos de obra.
Ahora son los empresarios del sector quienes acusan el daño a partir de la situación de ICA: “El sector de la construcción tiene algo que decir: es muy lamentable que la empresa más importante del país, la más grande y más antigua, que ha construido gran parte de lo que conocemos, esté enfrentada a una serie de problemas financieros por la falta de oportunidades de obra”, expone Arballo.
El dirigente de la CMIC lamenta que el desplazamiento de las constructoras nacionales por las extranjeras anule la oportunidad de desarrollar al sector en medio de una ola de proyectos y aclara que no se trata de exigir paternalismos, sino “generación de oportunidades”.
Inclusive no rechaza la competencia con extranjeros, pero, advierte, “cuando es competencia en condiciones de igualdad”, pues si bien nadie puede oponerse a que haya inversión, transferencia de tecnología y generación de riqueza, “lo que no está bien es que sea inequitativa”.
Pone como mal ejemplo a Dragon Mart, el megaproyecto que se intentó imponer con favoritismos a un consorcio chino (Proceso 1888). O, como un buen ejemplo, la dispersión en 21 licitaciones para el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que sí llevan contenido nacional.
El argumento del gobierno es que los extranjeros ofrecen mejores tasas de interés o insumos que los mexicanos –“eso es lo que dicen”– pero, añade, los gobiernos elaboran bases de licitación que favorecen a extranjeros, como en el caso de obras que ya se han hecho en México y para las que hay experiencia. Cuando son obras para las que no hay experiencia, no se genera dispersión, es decir, licitaciones por paquetes o especialidades que alienten el contenido nacional en las obras.
Además plantea que el gobierno debe atender a las compañías que tradicionalmente han trabajado, pues “en ocasiones se habla de empresas de trienio o sexenio y eso no debe ser. Bienvenidas todas las nuevas empresas pero no por favoritismo y en ese sentido es en lo que estamos trabajando”.
Por lo que toca a la información emitida por Empresas ICA, en diferentes oportunidades ha rechazado dejar su rama de contratismo en obra pública, la más reciente en el comunicado del viernes 18, cuando anunció que incumpliría el pago de los 31 millones de dólares:
“Durante los siguientes 30 a 60 días, con el apoyo de sus asesores financieros, Rothschild México y FTI Consulting, ICA trabajará en un plan para reestructurar y recortar los costos. ICA espera que el plan inicial sea completado a mediados de febrero de 2016. La compañía también ha comenzado negociaciones con sus acreedores y sus grupos de interés. En paralelo a esta revisión continua, la prioridad será servir a sus clientes y continuar proporcionando servicios de construcción y administración de concesiones.”
Volviendo al libro de Briz Garizurieta, ahí se consigna cuando los aspirantes a suceder a Luis Echeverría tuvieron que realizar su pasarela ante los hombres del dinero. En esa ocasión Porfirio Muñoz Ledo tuvo la idea de abordar un replanteamiento de las relaciones entre lo público y lo privado, a fin de romper el patrimonialismo que generaba un entramado de intereses. Al finalizar, Bernardo Quintana le palmeó la espalda y le dijo: “Nunca serás presidente”.

El nuevo presidente argentino se alinea a los sectores duros de EU

Pide a la Interpol mantener vigentes las órdenes de captura por el caso de la AMIA
En sus discursos marca una abierta oposición al gobierno del venezolano Nicolás Maduro
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Manifestantes realizaron pintas el jueves pasado contra el mandatario de Argentina frente al Congreso de Buenos Aires. Cientos de personas rechazaron las medidas económicas de Mauricio MacriFoto Ap
Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 20 de diciembre de 2015, p. 18
Buenos Aires.
El gobierno del presidente Mauricio Macri comunicó a la Interpol su firme determinación de mantener la vigencia de las capturas internacionales libradas por la justicia argentina contra tres imputados de origen iraní, en el contexto de la investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelí-Argentina (AMIA) de julio de 1994 que dejó 85 muertos.
De esta manera, marcando además una posición abierta al gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela y a dos días de la reunión de presidentes del Mercado Común del Sur (Mercosur) en Paraguay, el próximo día 21, Macri comienza su administración con una política exterior alinéandose a los sectores más duros de Washington.
Tengo claro que defiendo la democracia y lo que pasa en Venezuela no refleja eso, ha dicho el presidente argentino, quien está dispuesto a solicitar que se aplique la cláusula democrática a Venezuela, en este caso por mantener detenidos a opositores que actuaron en un intento de golpe contra Maduro, a quienes considera presos políticos.
En una entrevista reciente con la BBC en español, advirtió: Tenemos que poner el país en el lugar que están la mayoría de las naciones del mundo y salir de esa posición espantosa. Ante esa situación, tanto Maduro como la canciller venezolana Delcy Rodríguez criticaron la persistente e ilegítima injerencia en asuntos de Venezuela de sus homólogos argentinos.
En el caso de Irán, el comunicado conjunto de la cancillería y del Ministerio de Seguridad menciona el proceso de revisión de las alertas rojas dispuesto en julio por la Comisión de Control de Ficheros de la Interpol (organización internacional de policía que había solicitado “conocer si las razones por las cuales se requirieron oportunamente las órdenes de captura de los ciudadanos iraníes Mohsen Resai, Mohsen Rabbani y Alí Fallahijan seguían siendo válidas).
Dicho requerimiento fue respondido afirmativamente,brindando los argumentos correspondientes, informa el comunicado, firmado por Susana Malcorra, canciller, y Patricia Bullrich, de Seguridad, aunque se conoce que la Interpol espera pruebas y no argumentos. Las alertas rojas fueron conservadas por el gobierno anterior.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad solicitó a la Oficina Central Nacional de la Interpol Argentina que se informe si la Comisión de Control de Ficheros analizó la documentación enviada (anteriormente) y si necesita datos complementarios.
En realidad, la derecha local intentó manejar el tema iraní tratando de acusar a la administración saliente de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de haber levantado esas alertas rojas, lo que fue desmentido por la dirección de la Interpol en una carta enviada a comienzos de este año. Lo que sí conocen los expertos en el tema es que nunca se han podido presentar pruebas concretas sobre la responsabilidad de los funcionarios iraníes.
La acusación contra Irán surgió al día siguiente del atentado, el 18 de julio de 1994, cuando uno de los servicios de inteligencia de Israel (Mossad) y otro de Estados Unidos (CIA) acusaron a ese país sin haber realizado ninguna investigación.
Ese señalamiento, que tenía que ver con lo que se denunció en su momento aquí como intereses estratégicos de ambos países en Medio Oriente y en Irán, obstaculizó las pesquisas, contaminando con falsificación de pruebas el juicio por la AMIA, que obligaron a cerrar esta causa en 2005.
Ante esta situación y después de demandas ante Naciones Unidas para colaborar en el esclarecimiento del atentado, planteadas por los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), esta última logró firmar con Irán un memorándum de entendimiento en 2013 que proponía el envío de jueces argentinos a ese país persa para indagar a los acusados, ya que no existe extradición en la justicia iraní, que además solicitaba pruebas concretas, mismas que nunca fueron enviadas.
A principios de este año se produjo el hecho más grave en la causa de la AMIA, después de que el gobierno de la presidenta Fernández disolviera, a finales de 2014, la Secretaría de Inteligencia del Estado, que mantenía las estructuras de la pasada dictadura (1976-83), comprobándose los lazos de espías locales en el caso de la AMIA con la CIA y el Mossad, y otras graves irregularidades.
Sorpresivamente, en enero de este año el fiscal nombrado al frente de la causa en 2004, Alberto Nisman, interrumpió sus vacaciones en Europa y con una celeridad asombrosa, en un mes de feria judicial, presentó una denuncia contra Cristina Fernández acusándola de haber negociado con Irán el tema de la AMIA.
La denuncia contenía suposiciones, ninguna prueba, y una redacción antijurídica, por lo que fue rechazada por jueces y fiscales y calificada por los juristas más importantes del país de impresentable.
Unos días después, cuando Nisman iba a comparecer en una comisión del Congreso, apareció muerto el 18 de enero en el baño de su departamento con un disparo en la cabeza, en un aparente suicidio. Un día después se presentó un ayudante del fiscal, Diego Lagormarsino, a quien Nisman había pedido un arma la tarde anterior a su muerte, misma que fue encontrada junto a su cadáver.
Inmediatamente la oposición, especialmente por conducto de los grandes medios, acusó al gobierno de Fernández. Antes de ser investigado, el caso fue manejado como una guerra sucia que intentó golpear a la mandataria y llevarla a juicio político, como denunciaron varios medios locales y el gobierno. Incluso se planteó la destitución de la presidenta, lo que fue caracterizado como un intento de golpe.
La pesquisa
La investigación de la muerte de Nisman quedó en manos de la fiscal Viviana Fein, quien fue sometida a duras presiones de los grupos opositores interesados en desviar la causa. Después de una indagatoria exhaustiva, donde actuaron los peritos de la Corte Suprema y las querellas, Fein dictaminó que no existían hasta el momento datos irrefutables de que Nisman hubiera sido víctima de un obrar homicida. Esto lo hizo ante una acusación de incompetenciaformulada por los abogados de las hijas de Nisman y por la madre, quienes insistían, sin pruebas, en que fue homicidio.
En el marco de la presente actuación no se ha acreditado ni siquiera por una prueba directa, irrefutable y con la certeza exigible, al menos hasta ahora, que el deceso del fiscal federal Natalio Nisman fue resultado de un obrar homicida, subrayó Fein el 15 de diciembre pasado a varios medios. Dos días después, el pasado jueves la juez de la causa, Fabiana Palmaghini, apartó abruptamente a Fein.
Para varios analistas resultapremeditadamente casual que en estos momentos resurja el tema de Irán, en coincidencia con lo que exigen sectores duros de Washington, que la fiscal haya sido remplazada en horas –en una especie de golpe judicial– por la juez de la causa ligada a la derechista alianza gobernante, quien ya decidió varias medidas que suponen un intento de retrotraer la causa a sus inicios.

Burla, el aumento de $2.94 al salario mínimo: AMLO

El PAN no dijo ni pío; es un partido de hipócritas, asevera
La hipócrita consulta panista sobre salarios
De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Domingo 20 de diciembre de 2015, p. 7
Chinameca, Ver.
Andrés Manuel López Obrador calificó de burla para los mexicanosel aumento de 2.94 pesos anunciado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).
El Partido Acción Nacional, que ha usado el alza a los mínimos como propuesta de campaña, no dijo ni píoante esa burla; son unos mentirosos, falsos e hipócritas, agregó.
En asamblea informativa en Chinameca, López Obrador preguntó a los asistentes si sabían que el hijo de Fidel Herrera, ex gobernador de Veracruz, era diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México; más de la mitad de los asistentes dijo que no.
El dirigente nacional del partido Morena equiparó a panistas y priístas:(El gobernador Javier) Duarte se ha robado más de 40 millones de pesos. Yunes robó como secretario de Gobierno; tiene una residencia en Boca del Río, vayan a verla. Tiene una mansión, pero no sólo eso, tiene un departamento de lujo en la Quinta Avenida de Nueva York.
En entrevista con representantes de medios de comunicación, en el municipio de Zaragoza, lamentó que Veracruz sea el estado con más periodistas asesinados en el país. Lo he denunciado en toda la gira y lo seguiremos haciendo, aseveró.
El político tabasqueño advirtió que en febrero diputados intentarán llevar a cabo la reforma electoral para que no aparezca nuestra imagen en la televisión. Esta pelea, dijo, la tendrá que dar Morena más adelante.

Reforma al DF: ¿por qué mancharla? .- José Agustín Ortiz Pinchetti


E
l Senado aprobó la reforma política de la capital. Es cierto lo que dice Encinas: es un hecho histórico. El proyecto (con inconsistencias) asimilará la ciudad de México a una entidad federativa y tendremos nuestra propia Constitución, asignatura pendiente desde 1824. La ciudad de México ha pesado tanto que se le quiso poner siempre bajo tutela. A este propósito corresponde que solo 60 por ciento de los diputados constituyentes sean elegidos libremente, mientras el otro 40 por ciento será designado por el Presidente, el jefe de Gobierno y ambas cámaras federales. Por supuesto, esto rompe con la tradición constitucional. ¿Por qué demonios van a intervenir los órganos federales en un asunto estrictamente local?
La explicación histórica, como lo ha señalado Muñoz Ledo, tiene que ver con el autoritarismo presidencial, sustentado en tres pilares: una presidencia imperial, un partido hegemónico y el control de la capital. Por iniciativa de Obregón se eliminó la autonomía en 1929 y el gobernador fue un regente designado por el presidente. La tensión política entre la ciudad y el centralismo se mantuvo. En 1996 se nos concedió el derecho de designar a un jefe de Gobierno, a los delegados y a la Asamblea Legislativa. La Federación mantuvo la tutela. Podía removerse al jefe de Gobierno, juzgarlo o eliminarlo como competidor, entrometerse con su sistema financiero y de seguridad. Todas estas facultades fueron utilizadas por Fox de modo faccioso contra AMLO. De paso afectó los derechos e intereses de los capitalinos. Peña aceptó la reforma siempre y cuando pudiera manipularla, como denunció Bartlett: podrá designar su propia cuota y aprobar la de las dos cámaras. Gracias a su alianza con el PAN y el PRD, el Presidente sabe que contará con los firmantes del pactopara establecer nuevas formas de control o descarrilar el proceso si fuera necesario.
Imaginemos el itinerario del constituyente. Una vez votada por los congresos locales se promulgará. Es de esperarse que a principios de 2016 se hará una convocatoria formal. La asamblea constituyente será elegida el 5 de junio y el 15 de septiembre se instalará. Tendrá unos 130 días para completar su trabajo. A más tardar el 31 de enero de 2017 el constituyente deberá aprobar cuando menos por las dos terceras partes el proyecto definitivo. El proceso despertara interés y quizá agitación en una época de dificultades financieras y aumento de la inconformidad: estaremos en la víspera de 2018, el año crucial. Los precandidatos se habrán perfilado y el gobierno de Peña entrará en declive. Manchar la reforma con una cláusula autoritaria expresa la falta de visión política. El viejo instinto autoritario incapaz de entender y aceptar la democracia tira contra la capital el último zarpazo.
Twitter: @ortizpinchetti

CIFRANDO .- Mored

¿Por quiénes nos toman?-Hernández

La cifra de evaluados que da la SEP, sin credibilidad: docentes

Los datos no corresponden a la realidad, dicen dirigentes de Oaxaca y Guerrero
El gobernador Aureoles y Nuño dieron cantidades distintas en Michoacán, afirma José Ortega
Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Domingo 20 de diciembre de 2015, p. 5
Las cifras finales que reportó la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre el total de maestros que participaron en la primera evaluación del desempeño docente carecen de credibilidad, además de un manejo de datos dudoso, aseguraron ayer profesores y líderes magisteriales.
En entrevista, destacaron que en Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas –donde prevalece la resistencia magisterial– hay una falta de honorabilidad de las autoridades educativas federales y estatales.
Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la sección 18 de Michoacán, consideró que las autoridades educativas tanto federales como estatales se metieron en una danza de números.
El gobernador Silvano Aureoles, comentó, “dio una cifra, pero luego Aurelio Nuño –secretario de Educación Pública– dio otra, y la dependencia estatal del ramo primero da un número y más tarde otro más reducido. No hay credibilidad. En Michoacán la evaluación fracasó”.
Rubén Núñez, dirigente de la sección 22 de Oaxaca, y Ramos Reyes, secretario general de la sección 14 de Guerrero, señalaron que las cifras de la SEP “no corresponden a la realidad.
Los reportes de regiones y zonas escolares reflejan un conteo mucho menor, pues en el caso de Oaxaca, aseguró Núñez, no supera los mil 600 docentes.
Aumentan sustentantes
Cifras de la SEP revelaron que al concluir la primera evaluación el pasado 13 de diciembre, participaron 131 mil 556 sustentantes de un universo de 152 mil 8 profesores y directores de educación básica y media superior, es decir, 20 mil 452 no acudieron al examen.
En el conteo final la dependencia también sumó a los 2 mil 170 docentes convocados para alcanzar una certificación como evaluadores por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y estableció en 149 mil 838 el número de maestros frente a grupo y directivosseleccionados por las autoridades para participar en el proceso, lo que representa un incremento de 89 sustentantes de acuerdo con los números de la SEP sobre el total de educadores programados, los cuales ascendían a 149 mil 749.
Por entidad, en el caso de Michoacán la dependencia informó que el pasado 22 de noviembre fueron evaluados mil 639 docentes y 480 reprogramados (sin especificar la fecha de aplicación). En el recuento final del pasado 13 de diciembre, señaló que la participación fue de mil 674, lo que implica 35 maestros adicionales.
No obstante, las cifras estimadas por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al cierre del proceso de registro en esa entidad, fueron de 5 mil 742 profesores de educación básica; 867 de media superior, y 431 directores de formación básica.
En cuanto a los maestros evaluados en Oaxaca, la SEP informó el pasado 28 de noviembre que participaron 2 mil 635 sustentantes de formación básica y media superior, pero la cantidad final fue de 2 mil 737, es decir, 102 más.
En Guerrero, se informó que de 2 mil 537 profesores que participaron en el proceso la mañana del pasado 3 de diciembre, mil 960 continuarán con su evaluación, luego que un grupo de maestros intentó sabotear la prueba.
Un día después, la secretaría señaló que sólo mil 64 concluyeron dicho proceso. A ellos se sumaron otras 641 sustentantes, de los cuales 524 correspondían a quienes no lograron terminar la prueba el 3 de diciembre. El número de participantes que reportó en ambos días (3 y 4 de diciembre) fue de 2 mil 77, aunque los datos corresponden a un universo de mil 705.
Para el 11 de diciembre, cuando se aplicó la evaluación que habría sido reprogramada para 577 docentes de Guerrero, la SEP afirmó que con esta cifra se alcanzaron los 2 mil 537 de los programados el 3 de diciembre, a los que se sumaron 135, lo que dio un total de 2 mil 672, pero en el conteo final, dado del 13 de diciembre, la cantidad aumentó a 2 mil 808, lo que implica 136 profesores adicionales.
En Chiapas, entidad donde el proceso de evaluación se realizó el 8 de diciembre, pese a que estaba programado para una fecha posterior, la SEP reportó mil 309 docentes examinados, pero el 13 diciembre, en el número final se incrementó a mil 368, es decir, 59 más.