lunes, 30 de marzo de 2009
Las vilezas de un partido gobernante
29 Marzo 2009
La actitud pendenciera de Felipe Calderón y de los barriobajeros panistas que le acompañan, que les lleva a actuar con las vísceras y no con la prudencia y el raciocinio, les ha llevado a olvidar el valor de una inestimable herencia construida minuciosamente durante poco más de 70 años por el bloque dominante (la oligarquía, los priistas, populistas y neoliberales, y sus aventureros y depredadores amigos de viaje). Ese legado es el autoritario presidencialismo mexicano. Gracias a esa entelequia, aún con lo ajado que se encuentra, ha logrado gobernar como cualquier déspota tropical, sin grandes tropiezos, con la complacencia y la complicidad sistémica pese al cúmulo de yerros y tropelías que cometen cotidianamente. Gracias a esas estructuras de dominación, la mayor parte de la población ha permanecido contenida durante décadas: despolitizada, desorganizada, sumisa, paralizada por el pánico de ser arrojada a las calles en plena recesión –como sucede actualmente– obligándole a aceptar toda clase de abusos que cometen las elites en contra de ella. Y cuando la política, las instituciones y los mecanismos de control son insuficientes para persuadir a los descontentos, corromperlos, cooptarlos o aislarlos, han sido eficaces para reprimirlos, sin mayor peligro para el orden establecido.
Esa situación ha asegurado, hasta el momento, la obediencia de la población. Pero en otras naciones, esas circunstancias de injusticia, inequidad, opresión y humillación, como la nuestra, han desbordado la capacidad de sus habitantes para soportar indefinidamente las realidades opresivas, convirtiéndose en las razones sociales de su rebelión que han derrumbado a regímenes autoritarios, con sus respectivos ajustes de cuentas, “cuando las cabezas de los peleles empiezan a caer como espigas de arroz bajo la hoz”, como diría Huynh Minh, campesino y uno de los dirigentes sudvietnamitas que resistieron y derrotaron a los estadunidenses. En México ya es perceptible el creciente malestar y descrédito de las instituciones y sus responsables, de futuro incierto, también traspasado por los priistas, y que la extrema derecha hipócritamente confesional se ha encargado de amplificar.
Ante la cada vez menos eficacia del sistema, Calderón utiliza uno de los expedientes extremos de “convencimiento”, clásico de los sistemas decadentes, incapaces de legitimarse y afianzarse por otras vías: el terror de Estado, pues saca a los militares a las calles, cuyas arbitrariedades son protegidas y premiadas con aumentos salariales, becas y otras prebendas, aún cuando esa institución, desmerecida por sus históricamente brutales represiones en contra de la sociedad, se convirtió en el generoso semillero de los alumnos aventajados que hoy día se enseñorean con el espectáculo sangriento de los narcotraficantes. Kramer contra Kramer.
Con sus desvergüenzas, su desprecio e intolerancia política y social, al pretender imponer sus fundamentalistas valores católicos que rememoran a los cavernícolas, sus políticas antisociales y favorables a los hombres de presa, a la extrema derecha no le queda más que el recurso del terror.
Desconoce y, además, no le importan los límites impuestos por la camisa de fuerza de la democracia que dicen que, súbitamente, se entronizó en México con el pedestre Vicente Fox. Sus principios e intereses son claros en la transición gatopardista del autoritarismo priista al despotismo arrabalero panista.
Las épocas de crisis tienen la virtud de colocar nítidamente en su lugar, en el circo, a los actores políticos y acabar con el mimetismo nauseabundo –Jean-Paul Sartre dixit– de los bufones. El Fondo Monetario Internacional (FMI) siempre recomienda aprovechar esos momentos de conmoción para obligar a la sociedad, paralizada sicológica y socialmente, a tragarse de inmediato la píldora de los programas estabilizadores y las contrarreformas estructurales neoliberales. El doctor shock Milton Friedman también recomendaba esos momentos oportunos de trauma colectivo para imponer rápidamente la terapia, pues de ello dependen sus alcances. Uno y otro saben –o sabía el difunto Friedman, a Dios gracias, uno de los padres putativos de los chicago boys como Pedro Aspe, Guillermo Ortiz, Agustín Carstens, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y demás– que es el tiempo del puño de hierro, porque su modelo y el capitalismo en general son alérgicos a una democracia participativa. Las causas de la militancia del rupestre Calderón, los panistas, los priistas y la “izquierda” adocenada, para aquellos que aún tengan dudas de sus sacrosantas intenciones, han sido más que obviadas por la recesión.
La descarada postura antipopular y pro empresarial de la derecha extrema es monumental, como la grotesca estatua de Juan Pablo II, el cruzado anticomunista y protector de pederastas como Marcial Maciel, que fue accidentalmente derribada por un joven alcoholizado (¿castigo divino?). Los ejemplos crecen como los hongos después de la lluvia: el desplante de los consejeros electorales, defensores de los intereses del duopolio televisivo contrarios a los de la nación, que oscurece las futuras y normalmente turbias elecciones; el fallido intento del retrógrada secretario de Salud por tratar de “enmendar” a su libre arbitrio la Norma Oficial Mexicana 046, que le concede mayores beneficios a las mujeres en materia de aborto, en sintonía con la línea interpretativa de Calderón y su aliada, la Iglesia Católica, la mexicana y el Vaticano, que en su esquizofrenia fundamentalista pretenden imponer a la sociedad su rancia concepción burguesa de la concepción de la vida: la mujer sumisa, la familia mononuclear, su pro Sida sexualidad –mientras se protege y se oculta celosamente la pederastia y otros delitos debajo de los hábitos o cometidos por otros devotos–, la enseñanza religiosa o el derecho divino de los reyes, esa cultura dominada por un dios bicéfalo, una testa supuestamente indulgente o que aplica crueles castigos a su rebaño fiel o infiel, y otra simbolizada por el capital que exige la inmolación terrenal de los asalariados para acrecentar la tasa de ganancia; la complicidad oficial ante los panistas, cruzados de Dios antiabortistas y partidarios de sus “buenas costumbres” católicas que reinan como cavernícolas y depredan generosamente al erario, sin olvidarse de la lonja para la iglesia en Guanajuato, Jalisco, Querétaro o Puebla –junto con los “renovados” priistas, encabezados por Mario Marín, encubridor de pederastas y agresor de la periodista Lydia Cacho–; la tolerancia ante la inconstitucional militancia política de la Iglesia Católica, cuyo dedo flamígero exige terribles castigos a los que no comulgan con sus creencias, excomulga a la oposición de los santurrones Calderón y los panistas, cuyas tribus han sido pontificadas como el “partido de Dios”.
Si el uso de la razón, la búsqueda de la legitimidad por medio del consenso o el respeto al estado de derecho, la pluralidad cultural y política no han sido las luces guiadoras de la praxis de los panistas, tampoco ésta se ha caracterizado por el virtuosismo en el uso del dinero público que tanto criticaron a los priistas.
Según los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, encabezada por Arturo González de Aragón, los foxistas-calderonistas resultaron iguales de insaciables.
De acuerdo con su más reciente supervisión, a la cuenta pública 2007, en cada año teñido de azul panista se ha incrementado la corrupción; el doloso manejo discrecional de los recursos y su desviación para fines diferentes para los que fueron asignados; el subejercicio; la ineficiencia; la creación de instrumentos jurídicos como fondos, fideicomisos y partidas novedosas para escabullirse de los mecanismos de control y supervisión; el abuso de las figuras de “soberanía” y “autonomía” de las entidades federales, los estados y municipios para ocultar pillerías y saquear púdica o desfachatadamente al tesoro público; el otorgamiento de donativos públicos a entidades privadas como la Iglesia, las organizaciones que sirven de fachada a la pudorosa extrema derecha u otras instituciones y personas; la falta de transparencia; la omisa fiscalización y rendición de cuentas; la complicidad protectora que obstaculiza la aplicación de las leyes, desde las secretarías de la Función Pública y Hacienda hasta la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte, entre otras plagas que contribuyeron al derrumbe priista (Reforma, 15 de marzo de 2009). Los panistas no sólo no hicieron grandes esfuerzos para evitar infectarse de esa otra herencia priista; por el contrario, parece que quieren imponer nuevos “récords” en menores tiempos. En ese estercolero se hermanan todos los poderes, los fácticos y los de fachada legal, en todos los niveles y de todos los partidos.
También las primeras “damas” chapotean en la misma ciénaga, como nos recuerda la periodista Lydia Cacho.
Esas distinguidas y pulcras señoras usan alegre y rumbosamente la caja chica del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y no precisamente “para jugar a la casita”, como dice Lydia. Alguna desquiciada por el poder soñó convertirse en la parodia de Evita Perón; otras, indiscutiblemente devotas como Marta Sahagún, no sería extraño que quieran desdoblarse como la madre Teresa de Calcuta. Entre evitas y teresitas, empero, desconozco si alguna aspira a emular a una digna soldadera.
Ni siquiera Chayito Robles, por ejemplo, de lastimoso desenlace. “Un vistazo a la hemeroteca de los 32 estados –agrega Lydia– permite ver el reiterado uso de dichas ayudas para fines electorales y partidistas” que realizan “las primeras damas de buena voluntad: el DIF de Nuevo León gastó, en un baile de gala para festejar a los abuelitos, 100 mil pesos; en la posada para mujeres, 55 mil, y para el área de atención sicosocial para menores invirtió sólo 126 mil pesos. En las fiestas, las primeras damas entregan regalos, y sus maridos son, a ojos de las y los convidados, quienes invierten en su bienestar y felicidad.
En los actuales tiempos preelectorales, gobernadores y alcaldes que suspiran por otros puestos acompañaron a sus esposas a entregar, casa por casa, cobertores, chocolates y galletas. En Cancún se gastaron casi 1 millón de pesos; en Nuevo León, 880 mil en cobijas y chocolatotes preelectorales”. ¿Cómo será la discrecionalidad en el DIF de Zapopan, Jalisco, que, según la periodista, “obtiene 127 millones de pesos al año, más los jugosos donativos de empresas; el de Tijuana maneja 280 millones y el de Culiacán, 132 millones anuales”? (El Universal, 16 de marzo de 2009).
Excepcionales son realmente los que no ensucian su plumaje de esa manera.
Generosos en el banquete presupuestal, los panistas no olvidan a sus comensales. Pemex, que para el auditor no escapa de las prácticas señaladas –y que publicaciones como Contralínea y Fortuna. Negocios y Finanzas han documentado profusamente–, reparte contratos como si fueran estampillas a las empresas trasnacionales Dowell Schlumberger de México, Drillers Technology de México, Halliburton y algunos empresarios. Hacienda, que se dedica a la cacería de pequeños y medianos contribuyentes cautivos ante la caída de los impuestos, dispensa a las grandes empresas. Según Arturo González, en 2007 condonó pagos por 8 mil millones de pesos a 57 empresas, cantidad que supera lo recaudado por el impuesto al activo: 7.6 mil millones (La Jornada, 13 de marzo de 2009). No hay que olvidar el trato privilegiado con los impuestos diferidos de la banca “mexicana”.
Por desgracia, la magnanimidad panista es estrecha.
No logra ocultar su desprecio por la chusma a la que está dispuesta a inmolar, aprovechando las épocas de conmoción, como alecciona el FMI y Friedman. La naturaleza antipopular de los calderonistas, el propio Calderón, Agustín Carstens, Guillermo Ortiz y Luis Pazos, y los panistas, queda de manifiesto por su feroz rechazo a imponerles límites a las usureras tasas de interés y comisiones cobradas por los bancos, organismos que además, junto con los inescrupulosos despachos de abogados, aterrorizan a los usuarios que, por desgracia, cayeron bajo sus garras y carecen de mecanismo legales para defenderse. Para ellos, el “libre mercado” es la insolente e ilimitada expoliación. También por su negativa por acotar los insultantes salarios y prestaciones (dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, primas vacacionales, seguros médicos y de vida), que se han convertido en fuentes de enriquecimiento, sangría presupuestaria y despojo de los contribuyentes. En cambio, al 80 por ciento de los trabajadores subordinados (23.6 millones) les imponen anualmente la “ley del hierro”: sus poco más de 2-8 pesos diarios de aumentos que los condena a vivir en la pobreza y la miseria. Allí se olvidan del “mercado libre”, de la homologación de los precios internos y externos, argumento que se utiliza para elevar las tarifas de las gasolinas, el gas u otros bienes y servicios.
En México, por ejemplo, en 2008, el salario medio por hora pagado por la industria manufacturera equivalió a 3.16 dólares; en Chile, 3.71; en Francia, 13.14, y en Estados Unidos a 17.59 dólares. En 1985, las remuneraciones en ese sector eran de 1.33 dólares por hora, y en México de 2.30. En 2008, los trabajadores coreanos percibían poco más de 12 dólares y los mexicanos, 6.30. Los japoneses, 21.20, y los canadienses poco más de 20 (gráficas 1 y 2).
¿Libre mercado? Entonces ¿por qué no se igualan los salarios y prestaciones de México a las de Estados Unidos? La respuesta es sencilla: porque los bajos salarios de los trabajadores representan la riqueza empresarial: la redistribución del ingreso de los sectores bajos de la población hacia los de arriba. En la gráfica 3 se ve cómo, mientras aumenta la productividad, el costo de la mano de obra se reduce.
La brecha entre ambas líneas es la “competitividad” y las ganancias de los empresarios, obtenida a costa de la miseria de 70 millones de mexicanos.
El “filántropo” Carlos Slim, dadivoso, dice que hay que repartir los frutos, no el árbol. La gráfica señalada muestra cómo se han repartido. Las mayorías ya no deben al reparto de los “frutos”, pues siempre les tocan los podridos o envenenados. Lo que hay que repartir es el árbol; la lucha es por él.
En plena crisis, los panistas aspiran a imponer la contrarreforma laboral. Pretenden desmantelar la parte laboral de la Constitución para aplicar los contratos por hora y a prueba por 30 días, supuestamente para “beneficiar a muchos egresados que no encuentran empleo, adultos mayores, madres solteras o personas con capacidades diferentes, quienes no tienen opción de trabajo alguna”, según dice el cínico senador panista Javier Castelo. ¿Ésa es la manera en que el “presidente del empleo” quiere crear nuevas plazas? Es decir, ¿quitándoselas a unos para dárselas a otros, con igual o peores salarios y prestaciones casi inexistentes? Curiosa manera de socializar la miseria.
En todo caso, Castelo debió decir que lo que desean es legalizar lo que ya se realiza ilegalmente, violando la Constitución con la complacencia de Calderón. De 29.5 millones de asalariados que había en diciembre de 2008, 13.8 millones, el 46.7 por ciento, carecían de contrato y 11.5 millones, el 39 por ciento, no tenían prestaciones.
Apenas 12.8 millones, el 43.4 por ciento, tenían un contrato permanente. Esa situación es injusta para los panistas y los empresarios: quieren resolverla quitándole los contratos y las prestaciones a todos.
Calderón quiere convertirse en el Pinochet mexicano, pues no hay que olvidar que ese asesino dictador fue el que convirtió en realidad el sueño empresarial: la “flexibilidad” laboral.
Para quienes no lo entiendan, como los trabajadores electricistas, no olviden que los militares están ávidos por cubrirse de “gloria”.
Con esas políticas, las elites únicamente lograrán que, como dice un poeta argentino: “Nos salga el indio de adentro y empecemos a cobrar injusticias”.
Venezuela no violó libertad de televisoras: CIDH
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha admitido 22 casos contra la administración de Hugo Chávez Frías. Respecto a la no renovación de la concesión a la televisora Globovisión, la CIDH determinó que el gobierno venezolano no violó las libertades de expresión, de propiedad ni de igualdad.
El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no violó las libertades de expresión, propiedad e igualdad de la empresa de comunicación privada Globovisión, determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 3 de marzo notificó al Estado venezolano el contenido de la sentencia del caso denominado “Gabriela Perozo y otros” (Globovisión) contra el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías.
“No ha sido establecido que el Estado haya violado el derecho a la libertad de expresión de los periodistas y trabajadores de Globovisión, ni que haya violado el derecho a la propiedad privada de la empresa o que violara el derecho a la igualdad ante la ley en perjuicio de la misma”, apunta la decisión.
Con esa sentencia concluye la pugna legal que la televisora presentó ante esa instancia regional el 26 de mayo de 2007, cuando su licencia no fue renovada por el gobierno, al que acusó de “violar la libertad de expresión”. En aquella ocasión, Oswaldo Quintana, vicepresidente de asuntos jurídicos de la emisora, declaró a la agencia noticiosa France Press: “Hemos presentado a la CIDH una demanda contra el Estado venezolano por violar la libertad de expresión”.
Se refería al juicio que formalizaron tres directivos, 16 periodistas, 10 camarógrafos, 10 asistentes, dos técnicos, un productor y dos trabajadores de Globovisión por supuestas agresiones, violación al derecho a la libertad de expresión, a las garantías judiciales y a la propiedad.
Casi un año después, el 8 de mayo de 2008, comenzó en San José, Costa Rica (sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), la audiencia pública que revisó la demanda de Globovisión, considerada como el juicio más mediático de la CIDH.
En aquella ocasión Luis Britto García, asesor del gobierno y especialista en medios, señaló que en la demanda “se invocan hechos que en gran parte no están probados”, además de que se omite la conducta de los propios medios de comunicación, “que han instigado al odio, a la guerra civil, al golpe de Estado y al magnicidio”.
Carlos Ayala Corao –quien fuera acusado por su supuesta participación en el decreto de Pedro Carmona en el golpe de 2002 que desalojó por unas horas del poder al presidente Hugo Chávez Frías– es el abogado de Globovisión. Es conocido por sus relaciones con los integrantes de la Corte Interamericana, de la que fue miembro en 2008. Presidía la Comisión Andina de Juristas (CAJ), de donde proceden dos de los jueces de la instancia regional que entenderían del caso denominado “Gabriela Perozo y otros”: Cecilia Medina Quiroga (presidenta de la CIDH) y Diego García Sayán (quien se inhibió de la causa).
De acuerdo con el ministerio venezolano del Poder Popular para la Comunicación y la Información, la “red de intereses” que tejió Ayala Corao involucra a “acusadores, demandantes, medios de comunicación y hábiles negociantes” que buscaban un veredicto único: culpar a Venezuela de violar derechos humanos.
Sin embargo, la decisión de la instancia interamericana niega que el gobierno de Chávez Frías violara alguna de las libertades que dieron lugar a la acusación de Globovisión y, además, sale al paso de críticas de algunos venezolanos que indican que recibe “dictados de la Casa Blanca”.
Veintidós causas contra Venezuela
Desde 1970 hasta 2008, la Corte Interamericana admitió 26 casos contra el Estado venezolano; apenas cuatro de ellos antes de 1999 y 22 luego de que Hugo Chávez llegó a la presidencia del país.
Analistas como Britto García señalan que la CIDH no dictó medida cautelar para proteger los derechos humanos en Venezuela, “ni siquiera en 1989” cuando ocurrió una masacre de civiles (el Caracazo); tampoco se ocupó del libre ejercicio periodístico durante las desapariciones, asesinatos, cierre de medios y torturas que ocurrieron en esa época.
El 24 de octubre de 2003 ocurrió otro desencuentro entre la CIDH y Globovisión.
En aquella ocasión, la instancia judicial decidió no ratificar medidas a favor de la emisora, es decir, anuló la medida cautelar que impuso el 3 de octubre a favor del canal, que pedía la devolución de unas antenas que le fueron incautadas.
El 3 de octubre de ese año, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela abrió un procedimiento legal contra Globovisión y retuvo provisionalmente las antenas porque presumió que operaban en frecuencias no autorizadas.
Tras la determinación de la CIDH, Jesse Chacón, ministro de Comunicación e Información, se congratuló de que ese organismo no hubiera convalidado el uso clandestino de frecuencias y “abierto las puertas al caos en las telecomunicaciones del continente”.
Aunque en opinión del ministro, la CIDH “no es independiente”. Cambió su decisión a favor de la televisora “porque no le quedó otra salida” y, de mantenerla, violaría las normas de la Organización Internacional de Telecomunicaciones.
Además, se han dado en Argentina, Chile y Brasil otros procedimientos administrativos como el que se abrió a Globovisión; “no reconocerlos sentaría un precedente”, indicó Chacón.
Luego de que en 2007 la CIDH dio entrada al caso de “Gabriela Perozo”, la periodista que dio nombre a la demanda de Globovisión confirmó un año después su denuncia por el ataque y destrucción a un vehículo de esa empresa. Sin embargo, su relato fue desestimado por los jueces porque no fue confirmado por su asistente; un hecho que el abogado Saltrón calificó de “libreto de melodrama”.
Luego de conocer la decisión de la entidad judicial interamericana, el diario opositor El Nacional dio voz al presidente del Colegio Nacional de Periodistas, William Echeverría, quien afirmó: “Se hace finalmente justicia por el más alto tribunal hemisférico”. Esa expresión se refiere al aval del Estado venezolano para que los trabajadores de Globovisión trabajen sin restricciones.
El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no violó las libertades de expresión, propiedad e igualdad de la empresa de comunicación privada Globovisión, determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 3 de marzo notificó al Estado venezolano el contenido de la sentencia del caso denominado “Gabriela Perozo y otros” (Globovisión) contra el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías.
“No ha sido establecido que el Estado haya violado el derecho a la libertad de expresión de los periodistas y trabajadores de Globovisión, ni que haya violado el derecho a la propiedad privada de la empresa o que violara el derecho a la igualdad ante la ley en perjuicio de la misma”, apunta la decisión.
Con esa sentencia concluye la pugna legal que la televisora presentó ante esa instancia regional el 26 de mayo de 2007, cuando su licencia no fue renovada por el gobierno, al que acusó de “violar la libertad de expresión”. En aquella ocasión, Oswaldo Quintana, vicepresidente de asuntos jurídicos de la emisora, declaró a la agencia noticiosa France Press: “Hemos presentado a la CIDH una demanda contra el Estado venezolano por violar la libertad de expresión”.
Se refería al juicio que formalizaron tres directivos, 16 periodistas, 10 camarógrafos, 10 asistentes, dos técnicos, un productor y dos trabajadores de Globovisión por supuestas agresiones, violación al derecho a la libertad de expresión, a las garantías judiciales y a la propiedad.
Casi un año después, el 8 de mayo de 2008, comenzó en San José, Costa Rica (sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), la audiencia pública que revisó la demanda de Globovisión, considerada como el juicio más mediático de la CIDH.
En aquella ocasión Luis Britto García, asesor del gobierno y especialista en medios, señaló que en la demanda “se invocan hechos que en gran parte no están probados”, además de que se omite la conducta de los propios medios de comunicación, “que han instigado al odio, a la guerra civil, al golpe de Estado y al magnicidio”.
Carlos Ayala Corao –quien fuera acusado por su supuesta participación en el decreto de Pedro Carmona en el golpe de 2002 que desalojó por unas horas del poder al presidente Hugo Chávez Frías– es el abogado de Globovisión. Es conocido por sus relaciones con los integrantes de la Corte Interamericana, de la que fue miembro en 2008. Presidía la Comisión Andina de Juristas (CAJ), de donde proceden dos de los jueces de la instancia regional que entenderían del caso denominado “Gabriela Perozo y otros”: Cecilia Medina Quiroga (presidenta de la CIDH) y Diego García Sayán (quien se inhibió de la causa).
De acuerdo con el ministerio venezolano del Poder Popular para la Comunicación y la Información, la “red de intereses” que tejió Ayala Corao involucra a “acusadores, demandantes, medios de comunicación y hábiles negociantes” que buscaban un veredicto único: culpar a Venezuela de violar derechos humanos.
Sin embargo, la decisión de la instancia interamericana niega que el gobierno de Chávez Frías violara alguna de las libertades que dieron lugar a la acusación de Globovisión y, además, sale al paso de críticas de algunos venezolanos que indican que recibe “dictados de la Casa Blanca”.
Veintidós causas contra Venezuela
Desde 1970 hasta 2008, la Corte Interamericana admitió 26 casos contra el Estado venezolano; apenas cuatro de ellos antes de 1999 y 22 luego de que Hugo Chávez llegó a la presidencia del país.
Analistas como Britto García señalan que la CIDH no dictó medida cautelar para proteger los derechos humanos en Venezuela, “ni siquiera en 1989” cuando ocurrió una masacre de civiles (el Caracazo); tampoco se ocupó del libre ejercicio periodístico durante las desapariciones, asesinatos, cierre de medios y torturas que ocurrieron en esa época.
El 24 de octubre de 2003 ocurrió otro desencuentro entre la CIDH y Globovisión.
En aquella ocasión, la instancia judicial decidió no ratificar medidas a favor de la emisora, es decir, anuló la medida cautelar que impuso el 3 de octubre a favor del canal, que pedía la devolución de unas antenas que le fueron incautadas.
El 3 de octubre de ese año, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela abrió un procedimiento legal contra Globovisión y retuvo provisionalmente las antenas porque presumió que operaban en frecuencias no autorizadas.
Tras la determinación de la CIDH, Jesse Chacón, ministro de Comunicación e Información, se congratuló de que ese organismo no hubiera convalidado el uso clandestino de frecuencias y “abierto las puertas al caos en las telecomunicaciones del continente”.
Aunque en opinión del ministro, la CIDH “no es independiente”. Cambió su decisión a favor de la televisora “porque no le quedó otra salida” y, de mantenerla, violaría las normas de la Organización Internacional de Telecomunicaciones.
Además, se han dado en Argentina, Chile y Brasil otros procedimientos administrativos como el que se abrió a Globovisión; “no reconocerlos sentaría un precedente”, indicó Chacón.
Luego de que en 2007 la CIDH dio entrada al caso de “Gabriela Perozo”, la periodista que dio nombre a la demanda de Globovisión confirmó un año después su denuncia por el ataque y destrucción a un vehículo de esa empresa. Sin embargo, su relato fue desestimado por los jueces porque no fue confirmado por su asistente; un hecho que el abogado Saltrón calificó de “libreto de melodrama”.
Luego de conocer la decisión de la entidad judicial interamericana, el diario opositor El Nacional dio voz al presidente del Colegio Nacional de Periodistas, William Echeverría, quien afirmó: “Se hace finalmente justicia por el más alto tribunal hemisférico”. Esa expresión se refiere al aval del Estado venezolano para que los trabajadores de Globovisión trabajen sin restricciones.
Están de regreso los que tiran la piedra, esconden la mano y ¿lavan dinero? :
Algunas preguntas que desde entonces, no han sido respondidas :
Si no tienen oficina, no tiene domicilio fiscal.
Si no tienen domicilio fiscal, no pueden recibir dineron porque no pueden emitir comprobantes válidos.
Si no tienen RFC por carecer de domicilio fiscal, no pueden las televisoras emitir facturas.
Si no hay emisión de facturas, hay evasión de impuestos...o lavado de dinero.
Y se dice ser este muchacho, ejecutivo de una firma de ¡Auditores!
Son parques...¡hundidos!
Los cuatro tesoros verdes de la DBJ, para la ley "meritorios de ser legados a las generaciones futuras" lucen abandonados, talados, sucios, inseguros
Aguas turbias, verdosas, cubren la fuente monumental --convertida así en fuente de infección-- junto a las cuales las familias más que disfrutar, se exponen. Es el parque Francisco Villa, donde se han talado sin razón más de 600 árboles, al que se conoce como de Los Venados por sus dos fontanales con esculturas del cornudo animal… El parque de San Lorenzo tiene una iglesia construida por los dominicos en el siglo XVI, que es considerada tesoro cultural, y por su diversidad arbórea el lugar es un verdadero museo viviente. Pero sus banquetas están destrozadas y una de las canchas deportivas se ha convertido en basurero público… El Jardín del Arte Tlacoquemécatl es otro valioso vestigio de los viejos pueblos de Mixcoac, con su templo del Señor del Buen Despacho, la legendaria Fonda Margarita y una placa dedicada a Carlos Gardel. Hoy, grafiteadas sus bancas y escasos sus árboles y plantas, se lo diputan dos grupos de tianguistas… Y el parque Luis G. Urbina (Hundido), que con su reloj floral es uno de los más importantes íconos de la delegación Benito Juárez, se ha convertido en espacio libre para ejercer el sexo y la brujería, además de que padece plagas, aguas negras y rastros de grafiteros hasta en las réplicas prehispánicas.
Esos cuatro parques son nuestros tesoros verdes. Deberían estar impecables y ser orgullo de los juarenses; y sin embargo, lucen así. De acuerdo a la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del DF tienen categoría de “espacio abierto monumental”, entendido éste como “un medio físico definido en suelo urbano, libre de una cubierta material, delimitado, proyectado y construido por el hombre con algún fin específico, en el que se reconocen uno o varios valores desde el punto de vista histórico, artístico, estético, tecnológico, científico y sociocultural que lo hacen meritorio de ser legado a las generaciones futuras”. Con esa categoría, se equipara a esos cuatro parques de la DBJ con Chapultepec y el Bosque de Tlalpan. Por ello, la legislación obliga a que cuenten con un “programa de salvaguarda” y recursos especiales para su mantenimiento. Nada de eso existe. Ernesto Philibert, director general de Servicios Urbanos de la Delegación, rechazó una entrevista que se le solicitó para conocer sus razones al respecto.
Lo que sí se pudo saber por la Oficina de Información Pública de la DBJ es que un subordinado suyo, Jorge Ceballos, quien ocupó la recién creada dirección de Áreas Verdes y Arbolado durante casi un año –del primero de enero al 15 de noviembre de 2008-- no tenía experiencia ni estudios sobre el tema cuando se le hizo responsable de los espacios verdes. No tiene título universitario ni había trabajado antes del 2006 en asuntos relacionados con la demarcación.
Su anterior encargo lo tuvo en Atizapán, Estado de México. Pero durante su gestión se talaron en Benito Juárez más de 6,500 árboles. Entre ellos fueron derribados 570 árboles de especies claramente protegidas consideradas “monumentos urbanísticos”: 321 fresnos, 229 cedros, 18 sauces y dos ahuejotes (oficio JD/OIP/1921/08, del 3 de diciembre de 2008). Por mucho menos que eso, el gobierno del DF suspendió temporalmente, el pasado 22 de noviembre, las obras viales en la avenida Palmas de la delegación Miguel Hidalgo, después de que vecinos protestaron por el retiro de 11 fresnos y cedros. La ley de Salvaguarda establece en su artículo 104 que esos árboles protegidos “solamente podrán ser sustituidos por elementos de la misma especie en caso de haber muerto, estar en peligro de muerte inminente o por haberse perdido en algún siniestro”. Ceballos es ahora coordinador operativo de Servicios Urbanos de la propia DBJ.
En el parque de Los Venados --ubicado a un costado de la sede delegacional-- desde abril del 2008 fueron talados 637 árboles. Al tiempo que corría la campaña nacional de reforestación del gobierno federal, la DBJ reconoció, a través del oficio JD/OIP/0972/08 de la OIP, que más de la mitad de ellos presentaban “deformaciones” pero no estaban enfermos, secos, pelones, heridos o inclinados. Se dijo ahí que “la principal causa del derribo (fue) la inclinación de los individuos arbóreos mayor al 20%, los cuales son considerados de alto riesgo”. Resulta que en el cuadro anexo las autoridades se contradicen, pues sólo reconocen 101 árboles derribados por esa razón, lo que contrasta con los 354 que fueron talados por estar “deformados por crecimiento deprimido”. De los 637 árboles talados en Los Venados, sólo 43 presentaban plagas, otros 85 tenían “daños en su estructura” y 46 estaban secos. En la edición impresa de Libre en el Sur de noviembre pasado, Jorge Ceballos aseguró, poco antes de salir desu cargo en Áreas Verdes y Arbolado, que los 6,578 árboles derribados hasta ese momento fueron “censados y diagnosticados por un personal certificado”. En diciembre, este periódico solicitó a la oficina de transparencia de la DBJ que proporcionara tales censos en un CD, opción que da el Instituto de Acceso a la Información Pública del DF. Y entonces se respondió con una evasiva legal: que como los censos no estaban digitalizados se entregarían en copia simple 30 mil 720 páginas… por un pago de 30 mil 720 pesos.
La invasión de perros llevados por entrenadores profesionales todas las mañanas provoca la destrucción de setos y jardines en el parque Tlacoquemécatl, según queja de los propios jardineros. Las heces fecales sobre los andadores lo hacen más evidente. También aquí llegó la obsesión taladora: 48 árboles cayeron, hasta junio de 2008, en un lugar de por sí escaso de arbolado y plantas. Como burla al mote de “jardín del arte”, las bancas y las canchas de basquetbol lucen grafiteadas. Una feria de juegos mecánicos, igualmente pintarrajeados, ocupa ya permanentemente buena parte del parque. Desde 1995 y al margen de los vecinos, por supuesto, tianguistas se disputan el espacio para vender los viernes, pleito que en diciembre pasado ya llegó a los empellones. La marchanta Irma Vilches acusó que los representantes de la DBJ pretenden expulsar a 40 comerciantes disidentes por no pagarle cuotas a la lideresa María de Jesús Martínez. Aseguró que cuentan con un amparo y que forman parte del padrón original que obtuvo el permiso para vender ahí. Martínez, por su parte, se justificó de manera escueta: “Las autoridades de la Delegación están quitando a la gente que no tiene permiso, pues ya ven cómo ha surgido tanto comerciante”.
Dan vergüenza las banquetas reventadas que circundan al parque de San Lorenzo, en Tlacoquemécatl Del Valle. Son prácticamente intransitables, sobre todo para personas mayores o discapacitados. A pesar de guardar una joya histórica y arquitectónica del siglo XVI, esté jardín ha sido abandonado por la autoridad delegacional. Recientemente, luego de meses de peticiones vecinales, le dieron una “manita de gato”, que no corrigió en nada sus males. Parcharon una banqueta, pero centenares de metros cuadrados permanecen levantados, disparejos, rotos. Pintaron los juegos infantiles, pero siguen siendo los mismos viejos juegos, algunos ya inservibles. Quitaron un contenedor de basura, pero ahora ésta se acumula en una cancha de voleibol. Pintaron las canchas, pero no les cambiaron el enrejado roto, incompleto. Y áreas enteras de jardines siguen secas, sin pasto. De entrada, la actual administración arrasó con 46 árboles –según consta también en documentación oficial--, lo que provocó la protesta de los vecinos. Y todavía se pretendió perforar ahí un pozo hidráulico de 270 metros, intento que fue frustrado por la tenaz resistencia ciudadana.
En julio del 2002, vecinos del parque Luis. G. Urbina (Hundido) se manifestaron en contra de la tala de más de 200 especies arbóreas que empleados de la Delegación realizaron sin tomar en cuenta la opinión de los residentes y autoridades de Medio Ambiente. La queja llegó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), que envió una recomendación a los gobiernos delegacional y capitalino para que se elaborara un estudio sobre las condiciones físicas y biológicas que presentaban las diez hectáreas del parque. El 20 de marzo de 2003 la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) emitió el plan de manejo, mismo que público y hasta la fecha aparece vigente en su página de Internet. Tanto Jorge Ceballos, entonces director de Áreas Verdes de la DBJ, como Alejandro Barrera, subdirector de Desarrollo, negaron en sendas declaraciones a Libre en el Sur que existiera ese plan. Mónica Alegre, subprocuradora ambiental de PAOT, confirmó sin embargo que el documento sí existe, y proporcionó a Libre en el Sur una copia. Aún así, la DBJ aseguró, a través del oficio JD/OIP/0093/09, que no conoce el plan de manejo de la SMA y de paso justificó que no es obligación tenerlo. Uno de los argumentos fue que la legislación protege a los espacios considerados bosques urbanos, para los que sí se elabora un plan de manejo, y en este caso el Luis G. Urbina es considerado solamente como “parque urbano”. O sea, uno más. Nada de que sea icono de la DBJ y que en la Ley de Salvaguarda sea considerado “espacio abierto monumental”. Y que entonces la autoridad sí está obligada a tener un “programa de salvaguarda” para cualquier obra de mantenimiento, restauración y revitalización que ahí se realice.
En consecuencia con sus evasivas, la autoridad delegacional no ha enfrentado las urgencias estipuladas en el plan de manejo de la SMA, como la insuficiencia de agua e iluminación, encharcamientos de aguas negras, abandono de las réplicas arqueológicas, impacto de contaminación y plagas en la vegetación. En el diagnóstico se enlistan tuberías oxidadas, deficiente infraestructura de los baños públicos y escaso personal de mantenimiento (actualmente sólo hay diez jardineros para dar mantenimiento a diez hectáreas). En el caso del encharcamiento de aguas negras que salen de los baños públicos y se estancan en el parque, el estudio explica que esto ocurre porque no se ha corregido la tubería ni arreglado la bomba dañada que permite conducir las aguas a dicho drenaje, convirtiéndose en una importante fuente de contaminación. Y ahí sigue el problema (ver foto). El documento pone que “se tiene registrado el robo de una reproducción original de la pieza arqueológica representativa de un Atlante de Tula, Hidalgo (…) y se han pintado grafitos en algunas representaciones de estelas arqueológicas”, además de que no se cuenta con la infraestructura visual para que el visitante se informe sobre la exposición permanente de representaciones arqueológicas de las culturas mesoamericanas. Tan vigente es el punto, que Libre en el Sur consignó en su edición impresa de enero pasado la afectación por grafiteros de una reproducción de cabeza olmeca, además de problemas más nuevos, como la presencia en los jardines de condones usados, heces humanas y objetos utilizados para brujería.
En entrevista con la reportera Sonia Peña, la subprocuradora de PAOT, Mónica Alegre, calificó de grave la situación actual de los árboles del Hundido, al presentarse plagas que antes no existían, como la del gusano barrenador. “Eso habla de que la salud de este arbolado está muy grave y se deben tomar medidas fuertes de trabajo”, advirtió. Aquel plan de manejo, emitido por la SMA desde el 2003, ofrece a detalle a las autoridades delegacionales una lista de acciones inmediatas para su cuidado, como la modernización del sistema de riego, mantenimiento y manejo de ornamentales, recreación y elaboración de composta y manejo de desperdicios, a fin de que el Parque Hundido mantenga su estatus como patrimonio urbanístico de la ciudad de México. Pero en la DBJ no lo conocen.
Aguas turbias, verdosas, cubren la fuente monumental --convertida así en fuente de infección-- junto a las cuales las familias más que disfrutar, se exponen. Es el parque Francisco Villa, donde se han talado sin razón más de 600 árboles, al que se conoce como de Los Venados por sus dos fontanales con esculturas del cornudo animal… El parque de San Lorenzo tiene una iglesia construida por los dominicos en el siglo XVI, que es considerada tesoro cultural, y por su diversidad arbórea el lugar es un verdadero museo viviente. Pero sus banquetas están destrozadas y una de las canchas deportivas se ha convertido en basurero público… El Jardín del Arte Tlacoquemécatl es otro valioso vestigio de los viejos pueblos de Mixcoac, con su templo del Señor del Buen Despacho, la legendaria Fonda Margarita y una placa dedicada a Carlos Gardel. Hoy, grafiteadas sus bancas y escasos sus árboles y plantas, se lo diputan dos grupos de tianguistas… Y el parque Luis G. Urbina (Hundido), que con su reloj floral es uno de los más importantes íconos de la delegación Benito Juárez, se ha convertido en espacio libre para ejercer el sexo y la brujería, además de que padece plagas, aguas negras y rastros de grafiteros hasta en las réplicas prehispánicas.
Esos cuatro parques son nuestros tesoros verdes. Deberían estar impecables y ser orgullo de los juarenses; y sin embargo, lucen así. De acuerdo a la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del DF tienen categoría de “espacio abierto monumental”, entendido éste como “un medio físico definido en suelo urbano, libre de una cubierta material, delimitado, proyectado y construido por el hombre con algún fin específico, en el que se reconocen uno o varios valores desde el punto de vista histórico, artístico, estético, tecnológico, científico y sociocultural que lo hacen meritorio de ser legado a las generaciones futuras”. Con esa categoría, se equipara a esos cuatro parques de la DBJ con Chapultepec y el Bosque de Tlalpan. Por ello, la legislación obliga a que cuenten con un “programa de salvaguarda” y recursos especiales para su mantenimiento. Nada de eso existe. Ernesto Philibert, director general de Servicios Urbanos de la Delegación, rechazó una entrevista que se le solicitó para conocer sus razones al respecto.
Lo que sí se pudo saber por la Oficina de Información Pública de la DBJ es que un subordinado suyo, Jorge Ceballos, quien ocupó la recién creada dirección de Áreas Verdes y Arbolado durante casi un año –del primero de enero al 15 de noviembre de 2008-- no tenía experiencia ni estudios sobre el tema cuando se le hizo responsable de los espacios verdes. No tiene título universitario ni había trabajado antes del 2006 en asuntos relacionados con la demarcación.
Su anterior encargo lo tuvo en Atizapán, Estado de México. Pero durante su gestión se talaron en Benito Juárez más de 6,500 árboles. Entre ellos fueron derribados 570 árboles de especies claramente protegidas consideradas “monumentos urbanísticos”: 321 fresnos, 229 cedros, 18 sauces y dos ahuejotes (oficio JD/OIP/1921/08, del 3 de diciembre de 2008). Por mucho menos que eso, el gobierno del DF suspendió temporalmente, el pasado 22 de noviembre, las obras viales en la avenida Palmas de la delegación Miguel Hidalgo, después de que vecinos protestaron por el retiro de 11 fresnos y cedros. La ley de Salvaguarda establece en su artículo 104 que esos árboles protegidos “solamente podrán ser sustituidos por elementos de la misma especie en caso de haber muerto, estar en peligro de muerte inminente o por haberse perdido en algún siniestro”. Ceballos es ahora coordinador operativo de Servicios Urbanos de la propia DBJ.
En el parque de Los Venados --ubicado a un costado de la sede delegacional-- desde abril del 2008 fueron talados 637 árboles. Al tiempo que corría la campaña nacional de reforestación del gobierno federal, la DBJ reconoció, a través del oficio JD/OIP/0972/08 de la OIP, que más de la mitad de ellos presentaban “deformaciones” pero no estaban enfermos, secos, pelones, heridos o inclinados. Se dijo ahí que “la principal causa del derribo (fue) la inclinación de los individuos arbóreos mayor al 20%, los cuales son considerados de alto riesgo”. Resulta que en el cuadro anexo las autoridades se contradicen, pues sólo reconocen 101 árboles derribados por esa razón, lo que contrasta con los 354 que fueron talados por estar “deformados por crecimiento deprimido”. De los 637 árboles talados en Los Venados, sólo 43 presentaban plagas, otros 85 tenían “daños en su estructura” y 46 estaban secos. En la edición impresa de Libre en el Sur de noviembre pasado, Jorge Ceballos aseguró, poco antes de salir desu cargo en Áreas Verdes y Arbolado, que los 6,578 árboles derribados hasta ese momento fueron “censados y diagnosticados por un personal certificado”. En diciembre, este periódico solicitó a la oficina de transparencia de la DBJ que proporcionara tales censos en un CD, opción que da el Instituto de Acceso a la Información Pública del DF. Y entonces se respondió con una evasiva legal: que como los censos no estaban digitalizados se entregarían en copia simple 30 mil 720 páginas… por un pago de 30 mil 720 pesos.
La invasión de perros llevados por entrenadores profesionales todas las mañanas provoca la destrucción de setos y jardines en el parque Tlacoquemécatl, según queja de los propios jardineros. Las heces fecales sobre los andadores lo hacen más evidente. También aquí llegó la obsesión taladora: 48 árboles cayeron, hasta junio de 2008, en un lugar de por sí escaso de arbolado y plantas. Como burla al mote de “jardín del arte”, las bancas y las canchas de basquetbol lucen grafiteadas. Una feria de juegos mecánicos, igualmente pintarrajeados, ocupa ya permanentemente buena parte del parque. Desde 1995 y al margen de los vecinos, por supuesto, tianguistas se disputan el espacio para vender los viernes, pleito que en diciembre pasado ya llegó a los empellones. La marchanta Irma Vilches acusó que los representantes de la DBJ pretenden expulsar a 40 comerciantes disidentes por no pagarle cuotas a la lideresa María de Jesús Martínez. Aseguró que cuentan con un amparo y que forman parte del padrón original que obtuvo el permiso para vender ahí. Martínez, por su parte, se justificó de manera escueta: “Las autoridades de la Delegación están quitando a la gente que no tiene permiso, pues ya ven cómo ha surgido tanto comerciante”.
Dan vergüenza las banquetas reventadas que circundan al parque de San Lorenzo, en Tlacoquemécatl Del Valle. Son prácticamente intransitables, sobre todo para personas mayores o discapacitados. A pesar de guardar una joya histórica y arquitectónica del siglo XVI, esté jardín ha sido abandonado por la autoridad delegacional. Recientemente, luego de meses de peticiones vecinales, le dieron una “manita de gato”, que no corrigió en nada sus males. Parcharon una banqueta, pero centenares de metros cuadrados permanecen levantados, disparejos, rotos. Pintaron los juegos infantiles, pero siguen siendo los mismos viejos juegos, algunos ya inservibles. Quitaron un contenedor de basura, pero ahora ésta se acumula en una cancha de voleibol. Pintaron las canchas, pero no les cambiaron el enrejado roto, incompleto. Y áreas enteras de jardines siguen secas, sin pasto. De entrada, la actual administración arrasó con 46 árboles –según consta también en documentación oficial--, lo que provocó la protesta de los vecinos. Y todavía se pretendió perforar ahí un pozo hidráulico de 270 metros, intento que fue frustrado por la tenaz resistencia ciudadana.
En julio del 2002, vecinos del parque Luis. G. Urbina (Hundido) se manifestaron en contra de la tala de más de 200 especies arbóreas que empleados de la Delegación realizaron sin tomar en cuenta la opinión de los residentes y autoridades de Medio Ambiente. La queja llegó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), que envió una recomendación a los gobiernos delegacional y capitalino para que se elaborara un estudio sobre las condiciones físicas y biológicas que presentaban las diez hectáreas del parque. El 20 de marzo de 2003 la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) emitió el plan de manejo, mismo que público y hasta la fecha aparece vigente en su página de Internet. Tanto Jorge Ceballos, entonces director de Áreas Verdes de la DBJ, como Alejandro Barrera, subdirector de Desarrollo, negaron en sendas declaraciones a Libre en el Sur que existiera ese plan. Mónica Alegre, subprocuradora ambiental de PAOT, confirmó sin embargo que el documento sí existe, y proporcionó a Libre en el Sur una copia. Aún así, la DBJ aseguró, a través del oficio JD/OIP/0093/09, que no conoce el plan de manejo de la SMA y de paso justificó que no es obligación tenerlo. Uno de los argumentos fue que la legislación protege a los espacios considerados bosques urbanos, para los que sí se elabora un plan de manejo, y en este caso el Luis G. Urbina es considerado solamente como “parque urbano”. O sea, uno más. Nada de que sea icono de la DBJ y que en la Ley de Salvaguarda sea considerado “espacio abierto monumental”. Y que entonces la autoridad sí está obligada a tener un “programa de salvaguarda” para cualquier obra de mantenimiento, restauración y revitalización que ahí se realice.
En consecuencia con sus evasivas, la autoridad delegacional no ha enfrentado las urgencias estipuladas en el plan de manejo de la SMA, como la insuficiencia de agua e iluminación, encharcamientos de aguas negras, abandono de las réplicas arqueológicas, impacto de contaminación y plagas en la vegetación. En el diagnóstico se enlistan tuberías oxidadas, deficiente infraestructura de los baños públicos y escaso personal de mantenimiento (actualmente sólo hay diez jardineros para dar mantenimiento a diez hectáreas). En el caso del encharcamiento de aguas negras que salen de los baños públicos y se estancan en el parque, el estudio explica que esto ocurre porque no se ha corregido la tubería ni arreglado la bomba dañada que permite conducir las aguas a dicho drenaje, convirtiéndose en una importante fuente de contaminación. Y ahí sigue el problema (ver foto). El documento pone que “se tiene registrado el robo de una reproducción original de la pieza arqueológica representativa de un Atlante de Tula, Hidalgo (…) y se han pintado grafitos en algunas representaciones de estelas arqueológicas”, además de que no se cuenta con la infraestructura visual para que el visitante se informe sobre la exposición permanente de representaciones arqueológicas de las culturas mesoamericanas. Tan vigente es el punto, que Libre en el Sur consignó en su edición impresa de enero pasado la afectación por grafiteros de una reproducción de cabeza olmeca, además de problemas más nuevos, como la presencia en los jardines de condones usados, heces humanas y objetos utilizados para brujería.
En entrevista con la reportera Sonia Peña, la subprocuradora de PAOT, Mónica Alegre, calificó de grave la situación actual de los árboles del Hundido, al presentarse plagas que antes no existían, como la del gusano barrenador. “Eso habla de que la salud de este arbolado está muy grave y se deben tomar medidas fuertes de trabajo”, advirtió. Aquel plan de manejo, emitido por la SMA desde el 2003, ofrece a detalle a las autoridades delegacionales una lista de acciones inmediatas para su cuidado, como la modernización del sistema de riego, mantenimiento y manejo de ornamentales, recreación y elaboración de composta y manejo de desperdicios, a fin de que el Parque Hundido mantenga su estatus como patrimonio urbanístico de la ciudad de México. Pero en la DBJ no lo conocen.
Dice Demetrio Sodi que se la gana a Ana Gabriela Guevara en el atletismo político
29 de marzo. Demetrio Sodi, candidato del PAN al gobierno delegacional de Miguel Hidalgo, expresó que a diferencia de su contrincante perredista. La velocista Ana Gabriela Guevara, él ofrece experiencia política. “La última palabra la tiene el electorado. Pero yo confío mucho en la madurez, la inteligencia y en la responsabilidad de los electores, no se van a lanzar a una aventura, van a buscar a gente que pueda gobernar”, dice en entrevista con ‘Libre en el Sur’.
El excandidato a jefe de Gobierno, también por el PAN, en el 2006, estima que “no se vale improvisar porque si se improvisa y se equivoca uno, son cien años malos, no sólo para el delegado sino para los ciudadanos y las familias”. Comenta que recibió con buen gusto la propuesta de Germán Martínez, presidente nacional del PAN, para regresar a la esfera pública. “Me siento muy bien, la verdad me entusiasta mucho poder trabajar con la gente en el gobierno; yo estuve muchos años como legislador, como operador, y me agrada volver a la parte operativa en el gobierno porque puedo hacer cosas muy ligadas a la gente. Creo que puedo hacer un gobierno totalmente diferente al que ha habido en otras delegaciones o municipios del país”.
Sodi resalta su admiración, “al igual que todos los mexicanos”. por Ana Gabriela, a quien consideró “una gran deportista”; sin embargo destacó que “aquí estamos hablando de experiencia en gobernar, yo llevo 30 años de cómo servir a la gente, sé cómo gobernar, tengo experiencia administrativa, social, ciudadana. Entonces yo creo que yo puedo ofrecerle a la gente un gobierno muy eficaz y resolver, tener respuesta a los problemas que enfrentan las colonias. Yo vivo en Miguel Hidalgo desde hace varios años y puedo decirle que los servicios en general de la población han mejorado, la basura, la limpieza han mejorado, yo creo que ha habido una buena labor del gobierno delegacional en cuanto a los servicios básicos urbanos”.
Expresa que en caso de ganar la contienda electoral el próximo 5 de julio, la prioridad de su gobierno será mejorar las condiciones sociales de las zonas marginadas de Miguel Hidalgo, y reiteró que ha habido muy poca gente que como él ha trabajado para ese sector excluido del país. “A mí me tocó poner en marcha tiendas en zonas rurales; en la ciudad de México me ha tocado abrir lecherías, de una forma directa o indirecta yo participé en los mercados públicos, en los tianguis. Tengo mucho contacto y mucho compromiso con la parte social. El reto es mejorar los servicios de esas colonias sin afectar a las colonias que están bien”.
Destaca que el trabajo de un delegado, además de servidor público, es ser un gestor de recursos para beneficiar a las colonias. “O sea –explica--, yo tengo que gestionar ante el gobierno del DF y Federal que los programas de vivienda, servicios urbanos, bajen a mi delegación”. Dijo que va un gobierno ciudadano “como nunca ha habido en la ciudad, muy comprometido con las personas, y de hecho voy a hacer un gobierno ciudadano que sean ellos los que tienen la última palabra y no yo. Yo voy a buscar propuestas para tratar de mejorar, pero finalmente ellos serán los que decidan”.
Demetrio Sodi, luego de su derrota en 2006 para jefe de gobierno del Distrito Federal, se dedicó a proyectos ciudadanos. “Creé un centro de Estudios de la Ciudad, el portal electrónico www.ciudadanosenred.com.mx, con varios boletines electrónicos de personas sobre problemas capitalinos, y tenemos diariamente contacto con más de 25 mil habitantes. Lo que se pretende es promover la participación de las personas en los problemas y soluciones de la ciudad, tenemos blogs para cada delegación, para cada tema, agua, transporte”, explica. Ahora el experredista vuelve a la escena política, con su candidatura a jefe delegacional de Miguel Hidalgo, que consiguió a través de la designación directa de la dirigencia nacional del PAN. (Sonia Peña)
El excandidato a jefe de Gobierno, también por el PAN, en el 2006, estima que “no se vale improvisar porque si se improvisa y se equivoca uno, son cien años malos, no sólo para el delegado sino para los ciudadanos y las familias”. Comenta que recibió con buen gusto la propuesta de Germán Martínez, presidente nacional del PAN, para regresar a la esfera pública. “Me siento muy bien, la verdad me entusiasta mucho poder trabajar con la gente en el gobierno; yo estuve muchos años como legislador, como operador, y me agrada volver a la parte operativa en el gobierno porque puedo hacer cosas muy ligadas a la gente. Creo que puedo hacer un gobierno totalmente diferente al que ha habido en otras delegaciones o municipios del país”.
Sodi resalta su admiración, “al igual que todos los mexicanos”. por Ana Gabriela, a quien consideró “una gran deportista”; sin embargo destacó que “aquí estamos hablando de experiencia en gobernar, yo llevo 30 años de cómo servir a la gente, sé cómo gobernar, tengo experiencia administrativa, social, ciudadana. Entonces yo creo que yo puedo ofrecerle a la gente un gobierno muy eficaz y resolver, tener respuesta a los problemas que enfrentan las colonias. Yo vivo en Miguel Hidalgo desde hace varios años y puedo decirle que los servicios en general de la población han mejorado, la basura, la limpieza han mejorado, yo creo que ha habido una buena labor del gobierno delegacional en cuanto a los servicios básicos urbanos”.
Expresa que en caso de ganar la contienda electoral el próximo 5 de julio, la prioridad de su gobierno será mejorar las condiciones sociales de las zonas marginadas de Miguel Hidalgo, y reiteró que ha habido muy poca gente que como él ha trabajado para ese sector excluido del país. “A mí me tocó poner en marcha tiendas en zonas rurales; en la ciudad de México me ha tocado abrir lecherías, de una forma directa o indirecta yo participé en los mercados públicos, en los tianguis. Tengo mucho contacto y mucho compromiso con la parte social. El reto es mejorar los servicios de esas colonias sin afectar a las colonias que están bien”.
Destaca que el trabajo de un delegado, además de servidor público, es ser un gestor de recursos para beneficiar a las colonias. “O sea –explica--, yo tengo que gestionar ante el gobierno del DF y Federal que los programas de vivienda, servicios urbanos, bajen a mi delegación”. Dijo que va un gobierno ciudadano “como nunca ha habido en la ciudad, muy comprometido con las personas, y de hecho voy a hacer un gobierno ciudadano que sean ellos los que tienen la última palabra y no yo. Yo voy a buscar propuestas para tratar de mejorar, pero finalmente ellos serán los que decidan”.
Demetrio Sodi, luego de su derrota en 2006 para jefe de gobierno del Distrito Federal, se dedicó a proyectos ciudadanos. “Creé un centro de Estudios de la Ciudad, el portal electrónico www.ciudadanosenred.com.mx, con varios boletines electrónicos de personas sobre problemas capitalinos, y tenemos diariamente contacto con más de 25 mil habitantes. Lo que se pretende es promover la participación de las personas en los problemas y soluciones de la ciudad, tenemos blogs para cada delegación, para cada tema, agua, transporte”, explica. Ahora el experredista vuelve a la escena política, con su candidatura a jefe delegacional de Miguel Hidalgo, que consiguió a través de la designación directa de la dirigencia nacional del PAN. (Sonia Peña)
Hay que exigirle al que prometió sel "el presidente del empleo": "Dejan de buscar empleo 5.3 millones de mexicanos: Inegi"
Susana González G.
En el país existen 5 millones 343 mil personas “disponibles” para trabajar pero que de plano han desistido de buscar empleo, la mayoría –98 por ciento– porque considera que no tiene posibilidades de conseguirlo.
Por su número, esos mexicanos en edad y posibilidades de trabajar supera 2.7 veces o 177 por ciento a los casi 2 millones de desempleados que son reconocidos por el gobierno federal.
Sin embargo, por que han dejado de buscar trabajo son excluidos de la población económicamente activa (PEA) pues “no presionan activamente en el mercado laboral porque consideran que ya no tienen oportunidad de competir en él”, justifica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (InegiI).
Pese a ser casos distintos de quienes por algún impedimento físico temporal (embarazo difícil o avanzado, convalecencia o accidente), ancianos, enfermos y quienes están a cargo del hogar y los niños no pueden trabajar, se les integra con ellos en la llamada población no activa económicamente (PNAE).
El caso es que esa población “disponible” para trabajar equivale a 11.8 por ciento de la PEA y a 12 por ciento de los 43.2 millones de personas que forman la población ocupada. Además, en los últimos tres años su número se incrementó 17 por ciento (803 mil casos más), pues en 2005 eran 4 millones 539 mil personas.
Así, en conjunto existen más de 7 millones 300 mil personas sin trabajo, aunque el Inegi los divida en categorías diferentes: los mexicanos que están desempleados pero que siguen buscando trabajo y los que tampoco tienen empleo pero dejaron de buscarlo aunque estén “disponibles”.
Jefes de familia, la quinta parte
La encuesta trimestral más reciente sobre ocupación y empleo del Inegi precisa que 22 por ciento de los mexicanos “disponibles” para trabajar son jefes de familia, que se dividen en 617 mil hombres y 568 mil mujeres.
El 18.6 por ciento tiene entre 3 y 5 hijos; 14.6 por ciento tiene de uno a tres hijos. Por edades, una tercera parte (27.8 por ciento ) son adolescentes y jóvenes de entre 14 y 19 años de edad, pues en conjunto suman un millón 371 mil.
Otro 18 por ciento de estos mexicanos que han desistido de buscar empleo o no lo buscan por considerar que no tienen posibilidades de encontrarlo corresponde a jóvenes veinteañeros, mientras un 12 por ciento son personas mayores de 30 años.
Otro 11 por ciento tiene más de 40 años, un 10 por ciento o medio millón de personas son mayores de 50 años y existe un millón de personas más, que superan 60 años de edad, que forman 20 por ciento de la población disponible para trabajar.
La mitad de toda esta población pertenece a un nivel socioeconómico medio bajo, mientras por nivel educativo los porcentajes se reparten por igual entre aquellos que terminaron la primaria y quienes concluyeron la secundaria, con otros que tienen la primaria incompleta; es decir un millón y medio de personas para cada uno de los tres casos, mientras 816 mil personas son egresados de bachillerato y licenciatura.
A ellos se agregan más de 3 millones de personas que están subocupadas, es decir quienes manifestaron “tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas que las que su ocupación actual les permite”.
En el país existen 5 millones 343 mil personas “disponibles” para trabajar pero que de plano han desistido de buscar empleo, la mayoría –98 por ciento– porque considera que no tiene posibilidades de conseguirlo.
Por su número, esos mexicanos en edad y posibilidades de trabajar supera 2.7 veces o 177 por ciento a los casi 2 millones de desempleados que son reconocidos por el gobierno federal.
Sin embargo, por que han dejado de buscar trabajo son excluidos de la población económicamente activa (PEA) pues “no presionan activamente en el mercado laboral porque consideran que ya no tienen oportunidad de competir en él”, justifica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (InegiI).
Pese a ser casos distintos de quienes por algún impedimento físico temporal (embarazo difícil o avanzado, convalecencia o accidente), ancianos, enfermos y quienes están a cargo del hogar y los niños no pueden trabajar, se les integra con ellos en la llamada población no activa económicamente (PNAE).
El caso es que esa población “disponible” para trabajar equivale a 11.8 por ciento de la PEA y a 12 por ciento de los 43.2 millones de personas que forman la población ocupada. Además, en los últimos tres años su número se incrementó 17 por ciento (803 mil casos más), pues en 2005 eran 4 millones 539 mil personas.
Así, en conjunto existen más de 7 millones 300 mil personas sin trabajo, aunque el Inegi los divida en categorías diferentes: los mexicanos que están desempleados pero que siguen buscando trabajo y los que tampoco tienen empleo pero dejaron de buscarlo aunque estén “disponibles”.
Jefes de familia, la quinta parte
La encuesta trimestral más reciente sobre ocupación y empleo del Inegi precisa que 22 por ciento de los mexicanos “disponibles” para trabajar son jefes de familia, que se dividen en 617 mil hombres y 568 mil mujeres.
El 18.6 por ciento tiene entre 3 y 5 hijos; 14.6 por ciento tiene de uno a tres hijos. Por edades, una tercera parte (27.8 por ciento ) son adolescentes y jóvenes de entre 14 y 19 años de edad, pues en conjunto suman un millón 371 mil.
Otro 18 por ciento de estos mexicanos que han desistido de buscar empleo o no lo buscan por considerar que no tienen posibilidades de encontrarlo corresponde a jóvenes veinteañeros, mientras un 12 por ciento son personas mayores de 30 años.
Otro 11 por ciento tiene más de 40 años, un 10 por ciento o medio millón de personas son mayores de 50 años y existe un millón de personas más, que superan 60 años de edad, que forman 20 por ciento de la población disponible para trabajar.
La mitad de toda esta población pertenece a un nivel socioeconómico medio bajo, mientras por nivel educativo los porcentajes se reparten por igual entre aquellos que terminaron la primaria y quienes concluyeron la secundaria, con otros que tienen la primaria incompleta; es decir un millón y medio de personas para cada uno de los tres casos, mientras 816 mil personas son egresados de bachillerato y licenciatura.
A ellos se agregan más de 3 millones de personas que están subocupadas, es decir quienes manifestaron “tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas que las que su ocupación actual les permite”.
México SA.
Carstens: “crecimiento positivo”
Mariachi y tequila reposado
Justicia “expedita” y fiscalía “desconcertada”
Carlos Fernández-Vega
Tal vez fue el júbilo por la designación de Cancún como sede, en 2010, para la realización de la 51 Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo, o el explosivo efecto que en él provocó la mezcla de sones del Mariachi Mi Tierra con el exquisito tequila reposado, en una edición exclusiva de 120 botellas” (Notimex) servido en el ágape que el gobierno calderonista organizó en Medellín para divulgar tan buena nueva pero, “haiga sido lo haiga sido”, lo cierto es que algo raro sucedió con Agustín Carstens, el doctor “catarrito”, cuando ayer en esa ciudad colombiana dijo estar confiado en que “México registrará este año un crecimiento económico positivo”.
Medellín es una ciudad espléndida, como tantas otras en Colombia, lo que siempre ayuda a pasarla muy bien. Si a ello se añade un tequila reposado (“edición exclusiva de 120 botellas”) y los sones del mariachi, sin duda el estado de ánimo de cualquier mexicano se va a las nubes, y puede decir cualquier cosa… menos aquello de que la economía mexicana “registrará un crecimiento positivo” en 2009, sobre todo si el declarante es el autor de la simpática tesis del “catarrito”.
Si se comparan los dichos de Carstens con lo que en realidad ha sucedido en México, entonces, dados los resultados, habría que buscar asilo en cualquier parte del mundo tras su declaración en Medellín. ¿De dónde saca eso del “crecimiento positivo”? Probablemente de la instrucción que el inquilino de Los Pinos (aquella de que en México todo es color de rosa, porque la crisis es foránea) ha girado a su gabinetazo, pero si se atienden fuentes menos tequileras y más precisas, entonces la duda se incrementa.
Por ejemplo, recientemente el Fondo Monetario Internacional advirtió que la economía mexicana “entrará en franca recesión”; un par de días atrás el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas reconsideró su proyección original sobre la economía mexicana, y su nuevo pronosticó señala una caída de 3 por ciento en el producto interno bruto nacional; la Cámara Americana de Comercio es más optimista y dicha caída la ubica en 2.7 por ciento; por el contrario, el Centro de Estudios Económicos de Banamex, que tanto agrada a Carstens, fue más allá y el desplome mexicano lo ubica en 3.5 por ciento. Todos los cálculos son para el mismo año 2009 en el que el secretario de Hacienda pronostica “un crecimiento positivo”. Por cierto, ninguna de las instituciones mencionadas participó en el ágape de Medellín, ciudad en la que se desarrollan los trabajos de la 50 Asamblea Anual del BID.
Algo raro, pues, porque tras lo del “crecimiento positivo” en pleno ágape, Carstens, ya repuesto, reconoció que México “tiene una desaceleración importante”, por lo que “es difícil hacer en este momento una proyección del crecimiento… las cosas están cambiando muy rápido”. Entonces, ¿qué tan exquisito y reposado era el tequila?
Mientras alguien lo averigua, los amigos del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, nos envían el siguiente comentario: “el reporte de actividad económica correspondiente al IGAE de enero pasado constituyó la mayor caída desde junio de 1995, es decir cuando la crisis provocada por el llamado error de diciembre anterior tuvo lugar. Para enero de 2009 la caída de la actividad industrial (11.1 por ciento) se conjuntó con el derrumbe del sector servicios (9.35 por ciento), por lo que ya es evidente la grave afectación que el mercado interno está sufriendo. La problemática de la actividad industrial sin duda tiene un vínculo evidente con la economía de Estados Unidos, donde la caída de las exportaciones de los primeros dos meses de año indica que dicho sector está en franca recesión.
“El problema de fondo reside en que de manera paralela los problemas estructurales de la economía mexicana han implicado una rápida transmisión en el mercado interno, en donde el desempleo acaecido desde noviembre ha sido suficiente para afectar seriamente al sector servicios, el más relevante del PIB nacional. No puede dudarse que los casi 600 mil empleos perdidos desde noviembre ya cobran su factura. Nunca hemos estado desvinculados o blindados respecto a la economía de Estados Unidos, por lo que en los siguientes meses la profundidad y duración del ciclo negativo dependerán del éxito o fracaso de las medidas de política económica aplicadas en aquel país, y donde las tomadas en México únicamente intentarán paliar un poco la vorágine que se avecina. El error de no reconocer a tiempo la crisis es ya evidente” (José Luis de la Cruz Gallegos, profesor Departamento de Finanzas y Economía División de Negocios (jldg@itesm.mx).
Las rebanadas del pastel
De los lectores y la justicia expedita: “a principios de 2007 fui objeto de un secuestro exprés. Levanté la denuncia correspondiente respecto a la privación ilegal de mi libertad, así como del robo de objetos de valor, la cual ratifiqué ante la agencia del Ministerio Público adscrita a la Delegación Benito Juárez. Incluso, fui a las oficinas centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el llamado bunker de la colonia Doctores, para que se hiciera el retrato hablado del delincuente principal. En todos los casos las pesquisas apuntaron a la responsabilidad de agentes judiciales en el ilícito. Nunca volví a saber nada del asunto; hasta hace unos cuantos días, cuando se me notifica –¡dos años después!– que desde mediados de 2007 ‘se resolvió AUTORIZAR EL NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL en la averiguación previa citada’. ¡Ah, y que tengo 10 días hábiles para interponer alguna inconformidad contra dicha resolución! Una vez repuesto de la sorpresa, me surgieron varias dudas: ¿de veras se investigó? ¿Alguien fue responsable y no me enteré? ¿Y ahora tengo 10 días para inconformarme de qué? ¿De que no hayan hecho nada o de que nunca más se investigue el hecho, o se quiere exonerar a alguien? De verdad, no entiendo la ‘pronta y expedita justicia’ del Lic. Mancera. A la PGJDF proporcioné los datos exactos del cajero automático del cual se sustrajo dinero de una de mis tarjetas y del cual al parecer hay un video; los mismos judiciales donde rendí mi declaración señalaron la ‘coincidencia’ de las claves utilizadas por los delincuentes ¡con las que ellos utilizan!; y que incluso, como se los dije, había reconocido a uno de los delincuentes en la misma agencia del Ministerio Público adscrita a la Benito Juárez. Un dato curioso es que la misma agencia se asume como ‘Fiscalía Desconcertada (sic) de Benito Juárez’. (Por obvias razones se omite el nombre de la víctima).
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Mariachi y tequila reposado
Justicia “expedita” y fiscalía “desconcertada”
Carlos Fernández-Vega
Tal vez fue el júbilo por la designación de Cancún como sede, en 2010, para la realización de la 51 Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo, o el explosivo efecto que en él provocó la mezcla de sones del Mariachi Mi Tierra con el exquisito tequila reposado, en una edición exclusiva de 120 botellas” (Notimex) servido en el ágape que el gobierno calderonista organizó en Medellín para divulgar tan buena nueva pero, “haiga sido lo haiga sido”, lo cierto es que algo raro sucedió con Agustín Carstens, el doctor “catarrito”, cuando ayer en esa ciudad colombiana dijo estar confiado en que “México registrará este año un crecimiento económico positivo”.
Medellín es una ciudad espléndida, como tantas otras en Colombia, lo que siempre ayuda a pasarla muy bien. Si a ello se añade un tequila reposado (“edición exclusiva de 120 botellas”) y los sones del mariachi, sin duda el estado de ánimo de cualquier mexicano se va a las nubes, y puede decir cualquier cosa… menos aquello de que la economía mexicana “registrará un crecimiento positivo” en 2009, sobre todo si el declarante es el autor de la simpática tesis del “catarrito”.
Si se comparan los dichos de Carstens con lo que en realidad ha sucedido en México, entonces, dados los resultados, habría que buscar asilo en cualquier parte del mundo tras su declaración en Medellín. ¿De dónde saca eso del “crecimiento positivo”? Probablemente de la instrucción que el inquilino de Los Pinos (aquella de que en México todo es color de rosa, porque la crisis es foránea) ha girado a su gabinetazo, pero si se atienden fuentes menos tequileras y más precisas, entonces la duda se incrementa.
Por ejemplo, recientemente el Fondo Monetario Internacional advirtió que la economía mexicana “entrará en franca recesión”; un par de días atrás el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas reconsideró su proyección original sobre la economía mexicana, y su nuevo pronosticó señala una caída de 3 por ciento en el producto interno bruto nacional; la Cámara Americana de Comercio es más optimista y dicha caída la ubica en 2.7 por ciento; por el contrario, el Centro de Estudios Económicos de Banamex, que tanto agrada a Carstens, fue más allá y el desplome mexicano lo ubica en 3.5 por ciento. Todos los cálculos son para el mismo año 2009 en el que el secretario de Hacienda pronostica “un crecimiento positivo”. Por cierto, ninguna de las instituciones mencionadas participó en el ágape de Medellín, ciudad en la que se desarrollan los trabajos de la 50 Asamblea Anual del BID.
Algo raro, pues, porque tras lo del “crecimiento positivo” en pleno ágape, Carstens, ya repuesto, reconoció que México “tiene una desaceleración importante”, por lo que “es difícil hacer en este momento una proyección del crecimiento… las cosas están cambiando muy rápido”. Entonces, ¿qué tan exquisito y reposado era el tequila?
Mientras alguien lo averigua, los amigos del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, nos envían el siguiente comentario: “el reporte de actividad económica correspondiente al IGAE de enero pasado constituyó la mayor caída desde junio de 1995, es decir cuando la crisis provocada por el llamado error de diciembre anterior tuvo lugar. Para enero de 2009 la caída de la actividad industrial (11.1 por ciento) se conjuntó con el derrumbe del sector servicios (9.35 por ciento), por lo que ya es evidente la grave afectación que el mercado interno está sufriendo. La problemática de la actividad industrial sin duda tiene un vínculo evidente con la economía de Estados Unidos, donde la caída de las exportaciones de los primeros dos meses de año indica que dicho sector está en franca recesión.
“El problema de fondo reside en que de manera paralela los problemas estructurales de la economía mexicana han implicado una rápida transmisión en el mercado interno, en donde el desempleo acaecido desde noviembre ha sido suficiente para afectar seriamente al sector servicios, el más relevante del PIB nacional. No puede dudarse que los casi 600 mil empleos perdidos desde noviembre ya cobran su factura. Nunca hemos estado desvinculados o blindados respecto a la economía de Estados Unidos, por lo que en los siguientes meses la profundidad y duración del ciclo negativo dependerán del éxito o fracaso de las medidas de política económica aplicadas en aquel país, y donde las tomadas en México únicamente intentarán paliar un poco la vorágine que se avecina. El error de no reconocer a tiempo la crisis es ya evidente” (José Luis de la Cruz Gallegos, profesor Departamento de Finanzas y Economía División de Negocios (jldg@itesm.mx).
Las rebanadas del pastel
De los lectores y la justicia expedita: “a principios de 2007 fui objeto de un secuestro exprés. Levanté la denuncia correspondiente respecto a la privación ilegal de mi libertad, así como del robo de objetos de valor, la cual ratifiqué ante la agencia del Ministerio Público adscrita a la Delegación Benito Juárez. Incluso, fui a las oficinas centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el llamado bunker de la colonia Doctores, para que se hiciera el retrato hablado del delincuente principal. En todos los casos las pesquisas apuntaron a la responsabilidad de agentes judiciales en el ilícito. Nunca volví a saber nada del asunto; hasta hace unos cuantos días, cuando se me notifica –¡dos años después!– que desde mediados de 2007 ‘se resolvió AUTORIZAR EL NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL en la averiguación previa citada’. ¡Ah, y que tengo 10 días hábiles para interponer alguna inconformidad contra dicha resolución! Una vez repuesto de la sorpresa, me surgieron varias dudas: ¿de veras se investigó? ¿Alguien fue responsable y no me enteré? ¿Y ahora tengo 10 días para inconformarme de qué? ¿De que no hayan hecho nada o de que nunca más se investigue el hecho, o se quiere exonerar a alguien? De verdad, no entiendo la ‘pronta y expedita justicia’ del Lic. Mancera. A la PGJDF proporcioné los datos exactos del cajero automático del cual se sustrajo dinero de una de mis tarjetas y del cual al parecer hay un video; los mismos judiciales donde rendí mi declaración señalaron la ‘coincidencia’ de las claves utilizadas por los delincuentes ¡con las que ellos utilizan!; y que incluso, como se los dije, había reconocido a uno de los delincuentes en la misma agencia del Ministerio Público adscrita a la Benito Juárez. Un dato curioso es que la misma agencia se asume como ‘Fiscalía Desconcertada (sic) de Benito Juárez’. (Por obvias razones se omite el nombre de la víctima).
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Dejaron de usar su tarjeta de crédito 9 millones de personas
Víctor Cardoso
Presionados por las dificultades económicas, unos 9 millones de usuarios de tarjeta de crédito han dejado de utilizar sus plásticos, lo que provocó una caída de 15 mil 320 millones de pesos en operaciones comerciales sólo entre enero y febrero de este año.
De acuerdo con informes del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), desde junio de 2008 un promedio de un millón 522 mil tarjetahabientes dejaron de utilizar este sistema de pago en cada uno de los meses transcurridos.
Recientemente el Buró de Crédito, una de las principales sociedades de información crediticia de las dos que operan en el país, dio a conocer que entre enero y febrero pasados sumaron por lo menos 500 mil usuarios de crédito (particularmente de préstamos personales, hipotecarios, de consumo y automotriz) que se encuentran en cartera vencida.
En tanto, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), manifestó que los principales problemas que enfrentan los usuarios de tarjetas de crédito son, en orden de importancia, sobreendeudamiento, desempleo y dificultades económicas, así como problemas de salud, enfermedad o accidente.
Este organismo informó que en 2008 alrededor de un millón 300 mil usuarios de préstamos al consumo cayeron en cartera vencida como resultado tanto del aumento de las tasas de interés y del sobreendeudamiento, pero también por los efectos de la contracción de la oferta de empleo y el menor poder de compra.
A su vez, información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta una caída de 4.6 por ciento en las ventas comerciales porque los consumidores dejaron de comprar, principalmente, perfumería, accesorios de vestir, artículos para el esparcimiento y electrodomésticos; enseres domésticos, computadoras, artículos decorativos, refacciones y combustibles automotrices, así como productos de ferretería.
Con el cinturón apretado
Información divulgada por el Banco de México indica que en junio de 2008 se alcanzó un máximo histórico de 26 millones 496 mil 256 plásticos emitidos por la banca comercial que opera en el país. La cifra disminuyó a 25 millones 251 mil 755 para diciembre del mismo año. De estas, según los reportes oficiales, fueron utilizadas sólo 17 millones 361 mil 16 tarjetas de crédito.
La CNBV reveló que el monto de la cartera de crédito al consumo, sólo en el renglón de tarjetas de crédito, disminuyó 5.25 por ciento entre enero y febrero de este año al pasar de 291 mil 732 millones a 276 mil 412 millones de pesos.
La tarjeta de crédito se ha ubicado como uno de los sistemas de pago más importantes del país. Su monto equivale a 62 por ciento del total de la cartera de crédito al consumo, que en febrero pasado llegó a 447 mil 304 millones de pesos.
Conforme a la información de la CNBV, el monto de la cartera de tarjetas de crédito disminuyó, pero en el mismo periodo el llamado índice de morosidad creció 0.47 por ciento al pasar de 9.73 en enero pasado a 10.20 en febrero, es decir, que por cada 10 usuarios de tarjeta de crédito uno se encuentra en moratoria de pagos. Este nivel es uno de los más altos de los últimos 15 años.
La columna de Julio Hernández
Astillero
La Sagrada Familia
Cuatro gobernadores
Las manos flojas
Julio Hernández López
No es la primera vez que se denuncia la existencia de un grupo clandestino de ultraderecha denominado La Sagrada Familia, que toma decisiones en los procesos internos del PAN y en el ejercicio de los gobiernos ganados por el partido de blanco y azul. Convertida en una especie de etapa superior de El Yunque, el sacro emparentamiento tiene como principales personajes a los gobernadores de Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Morelos, según relato hecho en mayo de 2008 por Liborio Román Cruz Mejía, presidente del comité municipal panista de Jiutepec, Morelos. Ayer, ni más ni menos que el muy criticado ex gobernador de la misma entidad, Sergio Estrada Cajigal (cuya más conocida muestra de frivolidad y abuso se dio con el uso del llamado Helicóptero del Amor), renunció al PAN y se quejó de una campaña de acusaciones en su contra desarrollada por La Sagrada Familia: “Durante un tiempo callé, y dejé que este grupo decidiera cargos y espacios para sus esposas, familiares y amigos, pero ante la andanada de descalificaciones en mi contra tengo que hablar”, declaró el ex mandatario, quien aseguró que quien le sucedió en el cargo, Marco Antonio Adame, es miembro del grupúsculo de fanatismo católico gobernante.
Adame es un ejemplo contundente de entronización de una carrera de clericalismo panista. Fundador del grupo Testimonio y Esperanza, que entre otras cosas organizaba las peregrinaciones anuales al Cerro del Cubilete, el médico Adame tiene de secretario ejecutivo de la gubernatura de Morelos al ingeniero José Raúl Hernández Ávila, a quien se menciona como el dirigente estatal de La Sagrada Familia. Un punto de referencia del actual entramado “familiar” de poder fue Desarrollo Humano Integral AC (DHIAC), y en torno a ex militantes de esta agrupación y de El Yunque se ha formado el equipo de gobierno de Jalisco, donde Emilio González Márquez se ha mostrado como abierto subordinado político del cardenal Juan Sandoval. Los otros dos gobernadores miembros de la Sagrada Familia son Francisco Garrido Patrón, en Querétaro, con el gran poder del secretario yunquista de gobierno, José Alfredo Botello (ahora alineados para apoyar a un continuador de esa línea ultraderechista, el presidente municipal de la capital, Manuel González Valle), y Juan Manuel Oliva, en Guanajuato (hay testimonios de la existencia de la Sagrada Familia en otros lugares, como Zacatecas, donde el grupo es encabezado por Ramón Medina Padilla, quien fue presidente estatal del PAN).
Astillas
Que dice Obama que la “guerra” mexicana contra el narcotráfico se le fue de las manos a Felipe Calderón. Entrevistado por Bob Schieffer para el programa Face the nation, de CBS, el presidente de Estados Unidos dijo que no cree que la violencia relacionada con las drogas constituya una amenaza existencial para su país, pero sí “es una amenaza seria para las comunidades de la frontera, y se ha ido de las manos” (“it’s gotten out of hand”), de tal manera que “lo que tenemos que hacer es reconocer que ésta es una calle de dos vías”. Es interesante ver que Obama habla de atacar dos flujos en materia de narcotráfico, el de armas y el de dinero, pero en México sólo se toca y se insiste en el primero... De repente circulan en Internet documentos presuntamente redactados por derechistas extremos que se lanzan contra la UNAM. Así sucedió en 2006, antes de las elecciones, y ahora llega a las direcciones electrónicas un texto evidentemente apócrifo que critica obscenamente a la mencionada casa de estudios, propone que la próxima legislatura federal le recorte a fondo el presupuesto y que los terrenos de Ciudad Universitaria sean vendidos. La redacción del texto es tan burdamente provocadora que denota su falsedad. Además, la firman un tal Édgar Döring y un “Comité Azul de la Organización Demócrata Cristiana de América”, bajo el lema “¡Patria, Religión y Sangre!” y con la dirección de Internet de la ODCA que preside Manuel Espino. Al respecto, esta organización se ha deslindado totalmente del documento en mención y asegura que no existe en la ODCA el tal “comité azul” y que el supuesto Édgar Döring, “en caso de responder a una identidad real, carece de vínculo alguno con la ODCA”, entidad ésta que “apoya completamente la educación pública, laica y gratuita y se enorgullece de la tradición que nos vincula a la vida de la UNAM” (los textos, el del “comité azul” y el de la ODCA, en www.astillero.tv)... Edmundo Sánchez Tagle propone otros cambios de nombre en estaciones del Metro capitalino (luego de la demagógica y repudiada conversión de Viveros y Etiopía en “Derechos Humanos” y “Plaza de la Transparencia”): “Tasqueña por Venus Rey o Charrismo Sindical, ya que cruzando las vías está el sindicato de músicos; Portales por Puerta del Sol o Puerta de Aznar; San Antonio Abad por San Carlos Abascal; Bellas Artes por El Merengue, tal como definió Salvador Novo la arquitectura de ese palacio; Colegio Militar por Héroes de la Guerra Antiterrorista; Cuatro Caminos por Gaviota de la Peña, como señal de que de allí p’alante es tierra de los Nietos; Pantitlán por Priantitlán y Balderas por Ley Televisa”... Sobre el tema, el arquitecto Álvaro Fregoso escribe desde Puerto Vallarta para mencionar que en Corea del Norte las estaciones del metro de Pyongyang llevan nombres relacionados con el proyecto político que está en el poder, y no con las referencias geográficas. Esta columna encontró los siguientes nombres de estaciones norcoreanas: Paraíso, Estrella Roja, Retorno Triunfal, Reunificación, Victo- ria, Señal de Fuego, Glo- ria, Renovación, Construcción, Rehabilitación, Fundación Nacional, Restauración, Resplandor y Tres Orígenes (esta última se relaciona con las tres metas que Kim Il Sung fijó en materia de educación: conocimiento, moralidad y deporte)... Y, mientras la iglesia de la Santa Muerte llama a una “guerra santa” por las acciones gubernamentales en su contra, ¡hasta mañana, con un IFE tan tempranamente debilitado que tiene que jurar y perjurar que sí va a “sacar adelante” las próximas elecciones: dime a qué te “comprometes” y te diré de qué careces!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
La Sagrada Familia
Cuatro gobernadores
Las manos flojas
Julio Hernández López
No es la primera vez que se denuncia la existencia de un grupo clandestino de ultraderecha denominado La Sagrada Familia, que toma decisiones en los procesos internos del PAN y en el ejercicio de los gobiernos ganados por el partido de blanco y azul. Convertida en una especie de etapa superior de El Yunque, el sacro emparentamiento tiene como principales personajes a los gobernadores de Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Morelos, según relato hecho en mayo de 2008 por Liborio Román Cruz Mejía, presidente del comité municipal panista de Jiutepec, Morelos. Ayer, ni más ni menos que el muy criticado ex gobernador de la misma entidad, Sergio Estrada Cajigal (cuya más conocida muestra de frivolidad y abuso se dio con el uso del llamado Helicóptero del Amor), renunció al PAN y se quejó de una campaña de acusaciones en su contra desarrollada por La Sagrada Familia: “Durante un tiempo callé, y dejé que este grupo decidiera cargos y espacios para sus esposas, familiares y amigos, pero ante la andanada de descalificaciones en mi contra tengo que hablar”, declaró el ex mandatario, quien aseguró que quien le sucedió en el cargo, Marco Antonio Adame, es miembro del grupúsculo de fanatismo católico gobernante.
Adame es un ejemplo contundente de entronización de una carrera de clericalismo panista. Fundador del grupo Testimonio y Esperanza, que entre otras cosas organizaba las peregrinaciones anuales al Cerro del Cubilete, el médico Adame tiene de secretario ejecutivo de la gubernatura de Morelos al ingeniero José Raúl Hernández Ávila, a quien se menciona como el dirigente estatal de La Sagrada Familia. Un punto de referencia del actual entramado “familiar” de poder fue Desarrollo Humano Integral AC (DHIAC), y en torno a ex militantes de esta agrupación y de El Yunque se ha formado el equipo de gobierno de Jalisco, donde Emilio González Márquez se ha mostrado como abierto subordinado político del cardenal Juan Sandoval. Los otros dos gobernadores miembros de la Sagrada Familia son Francisco Garrido Patrón, en Querétaro, con el gran poder del secretario yunquista de gobierno, José Alfredo Botello (ahora alineados para apoyar a un continuador de esa línea ultraderechista, el presidente municipal de la capital, Manuel González Valle), y Juan Manuel Oliva, en Guanajuato (hay testimonios de la existencia de la Sagrada Familia en otros lugares, como Zacatecas, donde el grupo es encabezado por Ramón Medina Padilla, quien fue presidente estatal del PAN).
Astillas
Que dice Obama que la “guerra” mexicana contra el narcotráfico se le fue de las manos a Felipe Calderón. Entrevistado por Bob Schieffer para el programa Face the nation, de CBS, el presidente de Estados Unidos dijo que no cree que la violencia relacionada con las drogas constituya una amenaza existencial para su país, pero sí “es una amenaza seria para las comunidades de la frontera, y se ha ido de las manos” (“it’s gotten out of hand”), de tal manera que “lo que tenemos que hacer es reconocer que ésta es una calle de dos vías”. Es interesante ver que Obama habla de atacar dos flujos en materia de narcotráfico, el de armas y el de dinero, pero en México sólo se toca y se insiste en el primero... De repente circulan en Internet documentos presuntamente redactados por derechistas extremos que se lanzan contra la UNAM. Así sucedió en 2006, antes de las elecciones, y ahora llega a las direcciones electrónicas un texto evidentemente apócrifo que critica obscenamente a la mencionada casa de estudios, propone que la próxima legislatura federal le recorte a fondo el presupuesto y que los terrenos de Ciudad Universitaria sean vendidos. La redacción del texto es tan burdamente provocadora que denota su falsedad. Además, la firman un tal Édgar Döring y un “Comité Azul de la Organización Demócrata Cristiana de América”, bajo el lema “¡Patria, Religión y Sangre!” y con la dirección de Internet de la ODCA que preside Manuel Espino. Al respecto, esta organización se ha deslindado totalmente del documento en mención y asegura que no existe en la ODCA el tal “comité azul” y que el supuesto Édgar Döring, “en caso de responder a una identidad real, carece de vínculo alguno con la ODCA”, entidad ésta que “apoya completamente la educación pública, laica y gratuita y se enorgullece de la tradición que nos vincula a la vida de la UNAM” (los textos, el del “comité azul” y el de la ODCA, en www.astillero.tv)... Edmundo Sánchez Tagle propone otros cambios de nombre en estaciones del Metro capitalino (luego de la demagógica y repudiada conversión de Viveros y Etiopía en “Derechos Humanos” y “Plaza de la Transparencia”): “Tasqueña por Venus Rey o Charrismo Sindical, ya que cruzando las vías está el sindicato de músicos; Portales por Puerta del Sol o Puerta de Aznar; San Antonio Abad por San Carlos Abascal; Bellas Artes por El Merengue, tal como definió Salvador Novo la arquitectura de ese palacio; Colegio Militar por Héroes de la Guerra Antiterrorista; Cuatro Caminos por Gaviota de la Peña, como señal de que de allí p’alante es tierra de los Nietos; Pantitlán por Priantitlán y Balderas por Ley Televisa”... Sobre el tema, el arquitecto Álvaro Fregoso escribe desde Puerto Vallarta para mencionar que en Corea del Norte las estaciones del metro de Pyongyang llevan nombres relacionados con el proyecto político que está en el poder, y no con las referencias geográficas. Esta columna encontró los siguientes nombres de estaciones norcoreanas: Paraíso, Estrella Roja, Retorno Triunfal, Reunificación, Victo- ria, Señal de Fuego, Glo- ria, Renovación, Construcción, Rehabilitación, Fundación Nacional, Restauración, Resplandor y Tres Orígenes (esta última se relaciona con las tres metas que Kim Il Sung fijó en materia de educación: conocimiento, moralidad y deporte)... Y, mientras la iglesia de la Santa Muerte llama a una “guerra santa” por las acciones gubernamentales en su contra, ¡hasta mañana, con un IFE tan tempranamente debilitado que tiene que jurar y perjurar que sí va a “sacar adelante” las próximas elecciones: dime a qué te “comprometes” y te diré de qué careces!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Violencia: admitir los problemas
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó ayer que en nuestro país la violencia asociada al narcotráfico está fuera de control” y que, si bien no pone en riesgo la existencia de la administración calderonista, sí constituye una amenaza para las comunidades cercanas a la frontera sur estadunidense. Tras los recientes desencuentros verbales entre los gobiernos de ambos países, que parecieron superados durante la visita de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, a México, la afirmación hecha ayer por Obama podría generar una nueva escalada de desmentidos, negativas, precisiones y correcciones, y la relación bilateral, de suyo complicada, podría verse expuesta a un nuevo tramo de desgaste diplomático, independientemente de la voluntad política empeñada por ambas partes para lograr un ambiente propicio al diálogo y a la cooperación.
Parece difícil superar las diferencias conceptuales y declarativas en tanto el Ejecutivo federal mexicano siga negándose a reconocer el dato principal señalado ayer por Obama, es decir, que la violencia en nuestro país está fuera de control y que los organismos encargados de ejercer la autoridad del Estado no tienen capacidad para restablecer la paz y la vigencia del estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional. Si al principio del actual gobierno se pretendió realizar demostraciones de fuerza mediante el despliegue de grandes y poderosos contingentes policiales y militares por diversas ciudades del país, actualmente, a más de 30 meses de iniciados esos alardes, y después de más de 10 mil muertes atribuibles a la violencia organizada, las movilizaciones de las fuerzas del orden público parecen más bien síntomas de debilidad e impotencia. Indicio de ello es el reciente envío a Ciudad Juárez de millares de efectivos castrenses sin que su despliegue en esa localidad fronteriza haya sido capaz de detener los enfrentamientos y las ejecuciones que denotan la presencia y la predominancia de los cárteles de la droga.
La divulgación masiva y reiterada de estadísticas para favorecer la imagen gubernamental en materia de seguridad pública y estado de derecho tiene, asimismo, un efecto contraproducente: las abultadas cifras sobre arrestos y decomisos de armas, estupefacientes, vehículos y otros activos de los grupos criminales, llevan a la opinión pública a hacerse una idea de las dimensiones y las posesiones de tales grupos y a una pregunta obligada: si después de los golpes demoledores publicitados por el gobierno la delincuencia organizada conserva capacidad de operación, su tamaño y poderío deben de ser mucho mayores de lo que las autoridades reconocen.
Más allá de percepciones, numerosas voces dentro del país advirtieron en su momento al calderonismo sobre el peligro de que su estrategia contra el crimen organizado resultara contraproducente y desembocara en un debilitamiento de las instituciones de seguridad, prevención y procuración y en una pérdida de control oficial mayor que la que se pretendía contrarrestar. Antes que en Washington, diversos analistas en México han venido señalando el cumplimiento progresivo de tales proyecciones y han llamado al Ejecutivo federal a que recapacite y rectifique su estrecha y limitada visión del problema de la delincuencia como asunto meramente policiaco-militar. Con tales precedentes, sería improcedente rasgarse las vestiduras cuando en los círculos del poder público del país vecino se hacen afirmaciones consistentes con la realidad mexicana del momento, por mucho que tales afirmaciones molesten al gobierno calderonista.
A su manera, los gobernantes estadunidenses han reconocido que las adicciones y el tráfico de armas hacia el sur de su frontera están fuera de su control. También lo está, cabe agregar, el narcotráfico mismo, habida cuenta de que la mayor parte de la droga que se despacha desde América Latina hacia el territorio estadunidense llega a manos de los consumidores, sin que las autoridades de Washington hayan podido o querido poner un freno a ese trasiego.
El problema de la delincuencia desbordada exige que, en ambos lados del río Bravo, se empiece a llamar a las cosas por su nombre y a reconocer la dimensión de los problemas sin falsos pudores ni regateos a la realidad. De otra manera, será difícil conseguir acuerdos sólidos y claros en la materia entre México y Washington, y la colaboración en el ámbito de la seguridad y la legalidad desembocará en un mero ejercicio de simulación y de cortesías verbales.
Parece difícil superar las diferencias conceptuales y declarativas en tanto el Ejecutivo federal mexicano siga negándose a reconocer el dato principal señalado ayer por Obama, es decir, que la violencia en nuestro país está fuera de control y que los organismos encargados de ejercer la autoridad del Estado no tienen capacidad para restablecer la paz y la vigencia del estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional. Si al principio del actual gobierno se pretendió realizar demostraciones de fuerza mediante el despliegue de grandes y poderosos contingentes policiales y militares por diversas ciudades del país, actualmente, a más de 30 meses de iniciados esos alardes, y después de más de 10 mil muertes atribuibles a la violencia organizada, las movilizaciones de las fuerzas del orden público parecen más bien síntomas de debilidad e impotencia. Indicio de ello es el reciente envío a Ciudad Juárez de millares de efectivos castrenses sin que su despliegue en esa localidad fronteriza haya sido capaz de detener los enfrentamientos y las ejecuciones que denotan la presencia y la predominancia de los cárteles de la droga.
La divulgación masiva y reiterada de estadísticas para favorecer la imagen gubernamental en materia de seguridad pública y estado de derecho tiene, asimismo, un efecto contraproducente: las abultadas cifras sobre arrestos y decomisos de armas, estupefacientes, vehículos y otros activos de los grupos criminales, llevan a la opinión pública a hacerse una idea de las dimensiones y las posesiones de tales grupos y a una pregunta obligada: si después de los golpes demoledores publicitados por el gobierno la delincuencia organizada conserva capacidad de operación, su tamaño y poderío deben de ser mucho mayores de lo que las autoridades reconocen.
Más allá de percepciones, numerosas voces dentro del país advirtieron en su momento al calderonismo sobre el peligro de que su estrategia contra el crimen organizado resultara contraproducente y desembocara en un debilitamiento de las instituciones de seguridad, prevención y procuración y en una pérdida de control oficial mayor que la que se pretendía contrarrestar. Antes que en Washington, diversos analistas en México han venido señalando el cumplimiento progresivo de tales proyecciones y han llamado al Ejecutivo federal a que recapacite y rectifique su estrecha y limitada visión del problema de la delincuencia como asunto meramente policiaco-militar. Con tales precedentes, sería improcedente rasgarse las vestiduras cuando en los círculos del poder público del país vecino se hacen afirmaciones consistentes con la realidad mexicana del momento, por mucho que tales afirmaciones molesten al gobierno calderonista.
A su manera, los gobernantes estadunidenses han reconocido que las adicciones y el tráfico de armas hacia el sur de su frontera están fuera de su control. También lo está, cabe agregar, el narcotráfico mismo, habida cuenta de que la mayor parte de la droga que se despacha desde América Latina hacia el territorio estadunidense llega a manos de los consumidores, sin que las autoridades de Washington hayan podido o querido poner un freno a ese trasiego.
El problema de la delincuencia desbordada exige que, en ambos lados del río Bravo, se empiece a llamar a las cosas por su nombre y a reconocer la dimensión de los problemas sin falsos pudores ni regateos a la realidad. De otra manera, será difícil conseguir acuerdos sólidos y claros en la materia entre México y Washington, y la colaboración en el ámbito de la seguridad y la legalidad desembocará en un mero ejercicio de simulación y de cortesías verbales.
Logran acuerdo López Obrador y corrientes perredistas para comicios de 2009
En medio de protestas y amagos de ruptura, gobernadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador y las corrientes perredistas lograron por mayoría un acuerdo de unidad en sus 500 candidaturas a diputados federales para los comicios del 5 de julio de 2009
ciudad de México Lunes 30 de marzo de 2009
06:05 jose.mejia@eluniversal.com.mx
En medio de protestas y amagos de ruptura, gobernadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador y las corrientes perredistas lograron por mayoría un Acuerdo de unidad en sus 500 candidaturas a diputados federales para los comicios del 5 de julio de 2009.
Sin embargo, el primer logro de Jesús Ortega como presidente nacional del PRD, se vio empañado por la inconformidad, primero privada y luego pública, del ex gobernador de Baja California Sur Leonel Cota Montaño, por no haberse respetado "un acuerdo para que yo encabezara la primera circunscripción, como lo había aceptado el actual mandatario Narciso Agúndez"
Luego de tachar y palomear nombres, donde en las pluris se decidió con base en el criterio de llevar dos mujeres por un hombre, un externo, un joven y un perredista, la primera circunscripción quedó con Jesús Zambrano a la cabeza, el general brigadier Francisco Armando Meza, a quien en menos de una hora, anotaron y borraron en tres listas distintas, tras el enojo de Cota.
En la segunda circunscripción quedaron en las primeras posiciones Claudia Edith Anaya Mota, Domingo Rodríguez y Valdomero Ramírez Escamilla; en la tres, María Elena Torres, Manuel Espíndola, Juanita Arcelia Cruz, Óscar Cantón Zetina y el petista José Narro Céspedes.
En la cuatro, fueron ubicados Alejandro Encinas, quien fue el único que recibió aplausos, Florentina Rosario Morales, Víctor Hugo Círigo, Leticia Quezada, el líder sindicalista Francisco Hernández Juárez y más abajo, la feminista María Teresa Inchaústegui.
En la circunscripción cinco quedó en la primera posición, el ex presidente nacional del PRD e integrante de NI Guadalupe Acosta Naranjo, además de Dolores Álvarez Narváez, como externo, el ministro Juventino Castro y Castro, Martha Angélica Bernardino Rojas, entre otros.
Cota versus gobernador, NI y PT
Luego de ser considerado como número 3 en dos de las cinco listas, Cota declinó dicha posición, ya que hizo sus cuentas, y cuando subió al templete para argumentar su voto en contra del resolutivo de candidaturas, explicó que con el porcentaje actual de votación, "el PRD obtendría el 7% de los votos, con lo que entrarían dos compañeros, y yo, no soy relleno de fórmulas".
"Hubo una campaña temprana por parte del gobernador a favor de dos ex presidentes municipales, a pesar del compromiso que había establecido para que yo fuera en la posición 1 y 2 de la primera circunscripción, sin embargo, se decidió anotar ahí a Jesús Zambrano, quien lo había hecho en el DF, es decir, la circunscripción cuatro.
Entrevistado al término del cónclave perredista, el cual concluyó a las 2:15 de la mañana de este lunes con una votación de 201 votos a favor, 12 en contra y una abstención sobre las 45 postulaciones a diputados federales plurinominales, Cota entreabrió la posibilidad de dejar las filas del PRD.
"(Mi renuncia) No la tengo decidido en este momento, es una decisión que tengo que participar en el estado y como lo hice cuando estaba en el PRI y que lo dejé por la misma circunstancia, fueron ellos quienes decidieron hacerlo para comenzar un movimiento local que nos llevó a la gubernatura con el PRD.
"El PRD renuncia a una tradición de no se valorar la palabra desde las dirigencias nacionales hacia su militancia en los estados, entonces, hay muy poco qué decir, ya que Nueva Izquierda (NI) me pidió una decena de votos en el Consejo y todavía unas horas antes estaba considerado, pero al final hubo una decisión incoherente", subrayó.
Señaló acuerdos entre los líderes de corrientes para privilegiar en las listas, a compañeros de origen externo, que fueron considerados, subrayó, por el privilegio de ser esposa de militante del Partido del Trabajo (PT), en tanto que uno de sus operadores enfatizó que NI manejó el nombre del ex gobernador "como si fuera un lastre o una carga política".
De manera paralela a la intervención de Cota, el senador Carlos Navarrete hacía sumas y restas al lado de la dirigente local del PRD en Sinaloa Imelda Castro, para explicarle por qué el ex presidente nacional había quedado fuera de las listas. No la convenció.
Antes, la misma Castro se unió a Cota para increpar a Guadalupe Acosta Naranjo en el último receso del encuentro perredista, para exigirle una vez más que se "tuviera consideración a su trayectoria política", por lo que exigió, sin éxito, ser incorporado, como número 1 de la primera circunscripción, por lo que arremetió contra Zambrano, de quien consideró, que no tiene representatividad.
Ante la negativa, Cota recordó que durante su gestión como líder nacional del PRD "nunca hubo imposiciones", por lo que su comentario motivó un emotivo "¡que ya no te acuerdas hijo de la...!" que le recetó desde su lugar, una consejera vestida con traje regional, pero él, no la escuchó.
El apoyo de López Obrador a Cota se fue diluyendo luego de que sus operadores apuntalaron a Encinas para encabezar las listas plurinominales del lugar 13 al primero, en uno de los puntos más ríspidos y frágiles de la negociación. De hecho, el equipo cercano al tabasqueño guardó silencio en medio de la estridencia del ex presidencia nacional del PRD.
Tras varias negociaciones que se prolongaron durante unas 10 horas en un hotel capitalino, lugar que la perredista Mónica Soto llamó "el cuarto del conciliábulo" los jefes de las tribus perredistas llegaron al inmueble de la Expo Reforma, con una lista que cambió minutos antes de ser leída, por inconformidades de las principales corrientes.
El propio Jesús Ortega tuvo que salirse de la reunión de consejeros nacionales para atender a miembros de su propia corriente, quienes estaban irritados por no haber considerado algunos nombres, por lo que se encerró con ellos, sin embargo, sus argumentos eran tan estériles, que tuvieron que ir por Jesús Zambrano para apagar el fuego.
La gobernadora de Zacatecas Amalia García ubicó a cuatro candidatos: Claudia Anaya, Eloí Vázquez, Vladimir Aguilar, además de Teresita de Jesús Álvarez, quien va por la circunscripción cuatro, aunque en el lugar 13.
Otro de los mandatarios estatales del PRD que sufrió un revés por parte de las corrientes perredistas fue Zeferino Torreblanca, ya que ninguno de sus "palomeados" llegó a la recta final, como ocurrió principalmente con Beatriz Mujica, ex diputada federal.
En sentido contrario, los operadores de los gobernadores de Michoacán Leonel Godoy, como el diputado Antonio Soto, sacaron sin problemas sus candidatos con el aval del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, lo mismo que el mandatario por Chiapas Juan Sabines, a quien algunos marginados de las listas, como algunos aspirantes de Campeche, señalaron que se brincaron las reglas internas del PRD.
El jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, tampoco salió raspado en este proceso, en tanto que la gobernadora por Zacatecas Amalia García ubicó cuatro de sus candidatos en las listas plurinominales: Claudia Anaya, primera de la lista en la circunscripción dos; Eloí Vázquez, en el lugar 11 de la cinco; Vladimir Aguilar y la externa Diana Teresa de Jesús Álvarez.
A la par de la aprobación de los candidatos, los consejeros perredistas también avalaron que se diera la instrucción a Rafael Hernández, su representante en el IFE, para informar al IFE de que el PRD eligió a sus candidatos con base en sus estatutos.
ciudad de México Lunes 30 de marzo de 2009
06:05 jose.mejia@eluniversal.com.mx
En medio de protestas y amagos de ruptura, gobernadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador y las corrientes perredistas lograron por mayoría un Acuerdo de unidad en sus 500 candidaturas a diputados federales para los comicios del 5 de julio de 2009.
Sin embargo, el primer logro de Jesús Ortega como presidente nacional del PRD, se vio empañado por la inconformidad, primero privada y luego pública, del ex gobernador de Baja California Sur Leonel Cota Montaño, por no haberse respetado "un acuerdo para que yo encabezara la primera circunscripción, como lo había aceptado el actual mandatario Narciso Agúndez"
Luego de tachar y palomear nombres, donde en las pluris se decidió con base en el criterio de llevar dos mujeres por un hombre, un externo, un joven y un perredista, la primera circunscripción quedó con Jesús Zambrano a la cabeza, el general brigadier Francisco Armando Meza, a quien en menos de una hora, anotaron y borraron en tres listas distintas, tras el enojo de Cota.
En la segunda circunscripción quedaron en las primeras posiciones Claudia Edith Anaya Mota, Domingo Rodríguez y Valdomero Ramírez Escamilla; en la tres, María Elena Torres, Manuel Espíndola, Juanita Arcelia Cruz, Óscar Cantón Zetina y el petista José Narro Céspedes.
En la cuatro, fueron ubicados Alejandro Encinas, quien fue el único que recibió aplausos, Florentina Rosario Morales, Víctor Hugo Círigo, Leticia Quezada, el líder sindicalista Francisco Hernández Juárez y más abajo, la feminista María Teresa Inchaústegui.
En la circunscripción cinco quedó en la primera posición, el ex presidente nacional del PRD e integrante de NI Guadalupe Acosta Naranjo, además de Dolores Álvarez Narváez, como externo, el ministro Juventino Castro y Castro, Martha Angélica Bernardino Rojas, entre otros.
Cota versus gobernador, NI y PT
Luego de ser considerado como número 3 en dos de las cinco listas, Cota declinó dicha posición, ya que hizo sus cuentas, y cuando subió al templete para argumentar su voto en contra del resolutivo de candidaturas, explicó que con el porcentaje actual de votación, "el PRD obtendría el 7% de los votos, con lo que entrarían dos compañeros, y yo, no soy relleno de fórmulas".
"Hubo una campaña temprana por parte del gobernador a favor de dos ex presidentes municipales, a pesar del compromiso que había establecido para que yo fuera en la posición 1 y 2 de la primera circunscripción, sin embargo, se decidió anotar ahí a Jesús Zambrano, quien lo había hecho en el DF, es decir, la circunscripción cuatro.
Entrevistado al término del cónclave perredista, el cual concluyó a las 2:15 de la mañana de este lunes con una votación de 201 votos a favor, 12 en contra y una abstención sobre las 45 postulaciones a diputados federales plurinominales, Cota entreabrió la posibilidad de dejar las filas del PRD.
"(Mi renuncia) No la tengo decidido en este momento, es una decisión que tengo que participar en el estado y como lo hice cuando estaba en el PRI y que lo dejé por la misma circunstancia, fueron ellos quienes decidieron hacerlo para comenzar un movimiento local que nos llevó a la gubernatura con el PRD.
"El PRD renuncia a una tradición de no se valorar la palabra desde las dirigencias nacionales hacia su militancia en los estados, entonces, hay muy poco qué decir, ya que Nueva Izquierda (NI) me pidió una decena de votos en el Consejo y todavía unas horas antes estaba considerado, pero al final hubo una decisión incoherente", subrayó.
Señaló acuerdos entre los líderes de corrientes para privilegiar en las listas, a compañeros de origen externo, que fueron considerados, subrayó, por el privilegio de ser esposa de militante del Partido del Trabajo (PT), en tanto que uno de sus operadores enfatizó que NI manejó el nombre del ex gobernador "como si fuera un lastre o una carga política".
De manera paralela a la intervención de Cota, el senador Carlos Navarrete hacía sumas y restas al lado de la dirigente local del PRD en Sinaloa Imelda Castro, para explicarle por qué el ex presidente nacional había quedado fuera de las listas. No la convenció.
Antes, la misma Castro se unió a Cota para increpar a Guadalupe Acosta Naranjo en el último receso del encuentro perredista, para exigirle una vez más que se "tuviera consideración a su trayectoria política", por lo que exigió, sin éxito, ser incorporado, como número 1 de la primera circunscripción, por lo que arremetió contra Zambrano, de quien consideró, que no tiene representatividad.
Ante la negativa, Cota recordó que durante su gestión como líder nacional del PRD "nunca hubo imposiciones", por lo que su comentario motivó un emotivo "¡que ya no te acuerdas hijo de la...!" que le recetó desde su lugar, una consejera vestida con traje regional, pero él, no la escuchó.
El apoyo de López Obrador a Cota se fue diluyendo luego de que sus operadores apuntalaron a Encinas para encabezar las listas plurinominales del lugar 13 al primero, en uno de los puntos más ríspidos y frágiles de la negociación. De hecho, el equipo cercano al tabasqueño guardó silencio en medio de la estridencia del ex presidencia nacional del PRD.
Tras varias negociaciones que se prolongaron durante unas 10 horas en un hotel capitalino, lugar que la perredista Mónica Soto llamó "el cuarto del conciliábulo" los jefes de las tribus perredistas llegaron al inmueble de la Expo Reforma, con una lista que cambió minutos antes de ser leída, por inconformidades de las principales corrientes.
El propio Jesús Ortega tuvo que salirse de la reunión de consejeros nacionales para atender a miembros de su propia corriente, quienes estaban irritados por no haber considerado algunos nombres, por lo que se encerró con ellos, sin embargo, sus argumentos eran tan estériles, que tuvieron que ir por Jesús Zambrano para apagar el fuego.
La gobernadora de Zacatecas Amalia García ubicó a cuatro candidatos: Claudia Anaya, Eloí Vázquez, Vladimir Aguilar, además de Teresita de Jesús Álvarez, quien va por la circunscripción cuatro, aunque en el lugar 13.
Otro de los mandatarios estatales del PRD que sufrió un revés por parte de las corrientes perredistas fue Zeferino Torreblanca, ya que ninguno de sus "palomeados" llegó a la recta final, como ocurrió principalmente con Beatriz Mujica, ex diputada federal.
En sentido contrario, los operadores de los gobernadores de Michoacán Leonel Godoy, como el diputado Antonio Soto, sacaron sin problemas sus candidatos con el aval del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, lo mismo que el mandatario por Chiapas Juan Sabines, a quien algunos marginados de las listas, como algunos aspirantes de Campeche, señalaron que se brincaron las reglas internas del PRD.
El jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, tampoco salió raspado en este proceso, en tanto que la gobernadora por Zacatecas Amalia García ubicó cuatro de sus candidatos en las listas plurinominales: Claudia Anaya, primera de la lista en la circunscripción dos; Eloí Vázquez, en el lugar 11 de la cinco; Vladimir Aguilar y la externa Diana Teresa de Jesús Álvarez.
A la par de la aprobación de los candidatos, los consejeros perredistas también avalaron que se diera la instrucción a Rafael Hernández, su representante en el IFE, para informar al IFE de que el PRD eligió a sus candidatos con base en sus estatutos.
Santa Muerte iniciará la guerra el domingo
Realizarán movilizaciones al Zócalo y la basílica de Guadalupe. Además enviarán una carta a la Presidencia y a Derechos Humanos para que se “frene la destrucción y satanización” de ese culto.
México.- Con el eslogan “Despierta México”, la Iglesia de la Santa Muerte convocó ayer a sus fieles a iniciar una guerra santa, la cual consistirá en realizar movilizaciones en plazas públicas y en el Zócalo capitalino el próximo Domingo de Ramos.
El obispo de la Iglesia tradicionalista México-USA, David Romo Guillén, afirmó: “Este año será el Domingo de Ramos de la Santa Muerte. No valen los argumentos de que somos otro grupo o tenemos intereses diferentes, esta lucha es por nuestra fe en la Santísima. Llegó la hora de que los devotos se den cuenta quién realmente cree de corazón y quién está por negocio”.
Destacó que en la historia de México se han registrado episodios de represión contra su devoción.
Por ello, recordó que el pasado 24 de marzo se derribaron 30 altares a La Pelona ubicados en Tamaulipas sin ningún sustento legal, pues se valieron de mentiras y calumnias para derruirlas.
“No podemos ser insensibles ante esta arbitrariedad. Convocamos a los fieles para que iniciemos una guerra santa por nuestra fe. El término suena fuerte, pero ya iniciamos algunas acciones: interpusimos una denuncia ante la CIDH y Amnistía Internacional.”
Además, “hoy entregaremos una carta a la Presidencia de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, el Senado y la Cámara d Diputados para pedirles su intervención y así frenar está acción discriminatoria”.
“Es injusto —declaró Romo— que con el argumento de la lucha contra el crimen organizado ataquen la devoción de más de 5 millones de mexicanos.”
La mayoría de los delincuentes no son devotos de la Santísima, por el contrario, son seguidores de la Iglesia romana y de San Judas Tadeo, su patrono, aseguró.
El dirigente de la Iglesia Tradicional Mex-USA afirmó que si al destruir o atacar una fe se avanza en la lucha contra el crimen organizado, pues se tendrían que derribar los altares dedicados a San Judas y la Virgen de Guadalupe.
Agotaremos, dijo, las instancias legales para que se detenga “la persecución, destrucción y satanización de nuestra devoción”.
Romo Guillén anunció que habrá más movilizaciones y que por lo pronto tienen programadas dos más para el Viernes Santo y el Domingo de Resurreción, las cuales serán hacia el Zócalo capitalino y la basílica de Gudalupe.
Claves
Destrucción
El pasado 24 de marzo, elementos del Ejército mexicano y policías de Tamaulipas destruyeron 30 altares de la Santa Muerte en la entidad.
La semana pasada, el obispo de la Iglesia de la Santa Muerte, David Romo, anunció que iniciarían una “guerre santa” y destruirían altares a San Judas Tadeo.
El sacerdote Manuel Corral, responsable de Relaciones Institucionales del Episcopado, indicó que no se puede hacer un llamado a la violencia a los fieles si se incumplió una ley.
La Secretaría de Gobernación se desmarcó de este asunto, pues no tiene injerencia sobre la Iglesia Católica tradicionalista México-USA, la cual perdió su regristro como asociación religiosa en mayo de 2005.
Eugenia Jiménez
México.- Con el eslogan “Despierta México”, la Iglesia de la Santa Muerte convocó ayer a sus fieles a iniciar una guerra santa, la cual consistirá en realizar movilizaciones en plazas públicas y en el Zócalo capitalino el próximo Domingo de Ramos.
El obispo de la Iglesia tradicionalista México-USA, David Romo Guillén, afirmó: “Este año será el Domingo de Ramos de la Santa Muerte. No valen los argumentos de que somos otro grupo o tenemos intereses diferentes, esta lucha es por nuestra fe en la Santísima. Llegó la hora de que los devotos se den cuenta quién realmente cree de corazón y quién está por negocio”.
Destacó que en la historia de México se han registrado episodios de represión contra su devoción.
Por ello, recordó que el pasado 24 de marzo se derribaron 30 altares a La Pelona ubicados en Tamaulipas sin ningún sustento legal, pues se valieron de mentiras y calumnias para derruirlas.
“No podemos ser insensibles ante esta arbitrariedad. Convocamos a los fieles para que iniciemos una guerra santa por nuestra fe. El término suena fuerte, pero ya iniciamos algunas acciones: interpusimos una denuncia ante la CIDH y Amnistía Internacional.”
Además, “hoy entregaremos una carta a la Presidencia de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, el Senado y la Cámara d Diputados para pedirles su intervención y así frenar está acción discriminatoria”.
“Es injusto —declaró Romo— que con el argumento de la lucha contra el crimen organizado ataquen la devoción de más de 5 millones de mexicanos.”
La mayoría de los delincuentes no son devotos de la Santísima, por el contrario, son seguidores de la Iglesia romana y de San Judas Tadeo, su patrono, aseguró.
El dirigente de la Iglesia Tradicional Mex-USA afirmó que si al destruir o atacar una fe se avanza en la lucha contra el crimen organizado, pues se tendrían que derribar los altares dedicados a San Judas y la Virgen de Guadalupe.
Agotaremos, dijo, las instancias legales para que se detenga “la persecución, destrucción y satanización de nuestra devoción”.
Romo Guillén anunció que habrá más movilizaciones y que por lo pronto tienen programadas dos más para el Viernes Santo y el Domingo de Resurreción, las cuales serán hacia el Zócalo capitalino y la basílica de Gudalupe.
Claves
Destrucción
El pasado 24 de marzo, elementos del Ejército mexicano y policías de Tamaulipas destruyeron 30 altares de la Santa Muerte en la entidad.
La semana pasada, el obispo de la Iglesia de la Santa Muerte, David Romo, anunció que iniciarían una “guerre santa” y destruirían altares a San Judas Tadeo.
El sacerdote Manuel Corral, responsable de Relaciones Institucionales del Episcopado, indicó que no se puede hacer un llamado a la violencia a los fieles si se incumplió una ley.
La Secretaría de Gobernación se desmarcó de este asunto, pues no tiene injerencia sobre la Iglesia Católica tradicionalista México-USA, la cual perdió su regristro como asociación religiosa en mayo de 2005.
Eugenia Jiménez
Marcela Gómez Zalce . A puerta cerrada
2009-03-30•Política
•Elecciones en riesgo
•El incumplimiento del ife (parte VIII)
Un árbitro responsable, mi estimado, no puede deslindarse de su papel político. Simpático comienzo de semana después de la cascada de flores, sonrisas, retozos y expresiones de solidaridad, comprensión y corresponsabilidad por parte de la secretaria de Estado Hillary Clinton, hacia el (des)gobierno de Felipe Calderón, mientras se prepara el camino para la llegada del que suena como nuevo embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Carlos Pascual... experto y creador de teorías acerca de Estados en crisis y, of course, fallidos.
Chingón.
O sea, back to reality u morons. Eso, aderezado por la próxima llegada del garrote (¿y habrá zanahorias?) de Janet Napolitano para colocar los primeros cimientos de la divertida oficina estadunidense, que será epicentro de decisiones, intervenciones, estrategias y mediaciones en las cadenas de mando ante la mal llamada guerra contra el narcotráfico que (está fuera de control Obama dixit), aunque no lo parezca..., ¡¿vamos ganando?!
Sobre todo cuando lo primero que corre riesgo (para el balconeo mediático internacional) es el proceso electoral del próximo 5 de julio, donde las alarmas ya están encendidas en lugares donde (no gobiernan los estadistas de Los Pinos) la violencia y el organizado crimen ya impactaron, según los otros genios… los del ife (con minúsculas), como son Ciudad Juárez, Tijuana y Chihuahua, además de municipios en Guerrero, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo. El sugestivo impacto, my friend, está directamente relacionado con la (nula) garantía de evitar, digamos, originales sucesos que involucren travesuras y las clásicas de plata… y plomo. Y ni hablar del interés por la ciudadanía a salir entusiasta a votar, ¿no le parece?
Porque si uno de los requisitos de los mentados Estados fallidos son elecciones creíbles… I rest my outstanding case. Aunque no olvide agregar que el cacareado bodrio electoral inventado por Felipe & his whiz kids, y que hoy Leonardo Valdés y su bola de pasados no saben cómo entrarle al toro por los cuernos, sigue presentando atractivas fallas en el rubro de la espotiza, donde el frágil árbitro, según la CIRT, nos ha recetado la friolera de 5.4 millones de anuncios… más los que faltan.
Aunque la joya de la corona electoral sigue estando en el fallido monitoreo —entregado en medio de una polémica y cuestionada licitación a Grupo Cibernético de Tecnología SA de CV— con la reciente revelación sobre el atropello a la ley de los partidos políticos (y concesionarios) que siguen transmitiendo en estaciones AM, FM y TV quitados de la pena, en plena veda electoral y ante la falta del control y conocimiento del ife sus pésimos, perdón, extraordinarios anuncios.
En la semana, del 18 al 24 de marzo, en 23 ciudades, mi estimado, las cifras y los porcentajes muestran los siguientes datos duros.
¿Listo? Anótelo en su lista…
Convergencia 4%
PVEM 28%
PT 6%
PRI 15%
Panal 4%
PSD 4%
PRD 19%
PAN 20%
La espotiza ilegal quedaría resumida así.
Acapulco 562
Campeche 2321
Cancún 926
Chihuahua 963
Ciudad Juárez 708
Culiacán 1011
Durango 1032
Guadalajara 1447
Mérida 881
Mexicali 1012
Morelia 1181
Nuevo Laredo 1081
Pachuca 922
Puebla 1366
Querétaro 736
Saltillo 1676
Tampico 1004
Tijuana 899
Torreón 902
Tuxtla Gutiérrez 845
Veracruz 931
Villahermosa 1072
Zacatecas 1456
Y toda esta lindura, cuando las precampañas ya terminaron, suma la cifra de 24,934 anuncios en una semana, lo que sigue originando la ingenua preguntilla del sonriente respetable… si estando en veda electoral sucede esta monumental goliza sin control… ¿qué pasará cuando empiecen oficialmente las campañas.?
Eso sin puntualizar que las puertas están abiertas para una desgastante y peligrosa guerra sucia de pronósticos de polarización políticos-sociales muy reservados…
And the clock keeps ticking…
Exigen aclarar el destino de más de 300 mil mdp
Mil 600 fideicomisos de la administración federal “operan de manera irregular”.
Pedirán un “informe excepcional” al titular de la ASF, Arturo González de Aragón.
México.- La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados exigió esclarecer el destino de los más de 300 mil millones de pesos con que operan de manera irregular hasta mil 600 fideicomisos dentro de la administración pública federal.
Solicitará para ello un “informe excepcional” al auditor superior Arturo González de Aragón, a fin de que la Secretaría de Hacienda entregue los datos concretos de los fideicomisos y precise “cuáles son, dónde están y a cuánto ascienden sus fondos”.
El legislador perredista Antonio Ortega, presidente de la Comisión de Vigilancia, denunció, en ese sentido, la resistencia de las autoridades federales a dar esa información.
El informe deberá esclarecer los datos específicos sobre las entidades públicas que han creado fideicomisos y detallar el monto de los recursos depositados, además de explicar las características de cada fideicomiso, indicó.
Dijo que los fideicomisos con irregularidades superan los mil 600, de los cuales se han desintegrado ya unos 300, merced a las revisiones y auditorías ejecutadas.
Ortega remarcó la exigencia general de la Cámara de Diputados a la Secretaría de Hacienda para entregar los recursos del presupuesto público a tiempo y que las entidades cumplan eficazmente las reglas de operación en materia de licitaciones.
Se manifestó, además, por el cumplimiento de la ley para asegurar que los recursos federales no ejercidos sean devueltos íntegramente a la Tesorería de la Federación al finalizar cada año fiscal, en lugar de orientarse a los multicitados fideicomisos.
Es preciso acabar con la figura de los fideicomisos, porque éstos se han convertido en un espacio de opacidad y de corrupción, puntualizó.
El diputado Ortega señaló que el órgano de fiscalización puede legalmente solicitar un informe de situación excepcional a las entidades públicas, que a su vez tienen un plazo de 70 días para responder.
De acuerdo con la información que se proporcione, la Auditoría Superior de la Federación puede ordenar una revisión integral a los fideicomisos para determinar cuántos existen, con qué montos, con qué especificidades y qué entidades los han constituido, remató Ortega.
- Claves
Antecedentes
• Entre los fideicomisos más cuestionados por el Congreso de la Unión destaca el denominado Aduanas 1, pues la Secretaría de Hacienda transfirió ahí casi 20 mil millones de pesos provenientes de los derechos aduaneros durante el sexenio de Vicente Fox, para pagar los servicios de la empresa privada ISOSA, presuntamente propiedad de funcionarios públicos.
• El fideicomiso Transforma México, creado por la Lotería Nacional en el sexenio pasado, fue también motivo de escándalo hasta su desaparición, por sus aparentes vínculos con la organización Vamos México, presidida por Marta Sahagún de Fox.
Fernando Damián
Pedirán un “informe excepcional” al titular de la ASF, Arturo González de Aragón.
México.- La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados exigió esclarecer el destino de los más de 300 mil millones de pesos con que operan de manera irregular hasta mil 600 fideicomisos dentro de la administración pública federal.
Solicitará para ello un “informe excepcional” al auditor superior Arturo González de Aragón, a fin de que la Secretaría de Hacienda entregue los datos concretos de los fideicomisos y precise “cuáles son, dónde están y a cuánto ascienden sus fondos”.
El legislador perredista Antonio Ortega, presidente de la Comisión de Vigilancia, denunció, en ese sentido, la resistencia de las autoridades federales a dar esa información.
El informe deberá esclarecer los datos específicos sobre las entidades públicas que han creado fideicomisos y detallar el monto de los recursos depositados, además de explicar las características de cada fideicomiso, indicó.
Dijo que los fideicomisos con irregularidades superan los mil 600, de los cuales se han desintegrado ya unos 300, merced a las revisiones y auditorías ejecutadas.
Ortega remarcó la exigencia general de la Cámara de Diputados a la Secretaría de Hacienda para entregar los recursos del presupuesto público a tiempo y que las entidades cumplan eficazmente las reglas de operación en materia de licitaciones.
Se manifestó, además, por el cumplimiento de la ley para asegurar que los recursos federales no ejercidos sean devueltos íntegramente a la Tesorería de la Federación al finalizar cada año fiscal, en lugar de orientarse a los multicitados fideicomisos.
Es preciso acabar con la figura de los fideicomisos, porque éstos se han convertido en un espacio de opacidad y de corrupción, puntualizó.
El diputado Ortega señaló que el órgano de fiscalización puede legalmente solicitar un informe de situación excepcional a las entidades públicas, que a su vez tienen un plazo de 70 días para responder.
De acuerdo con la información que se proporcione, la Auditoría Superior de la Federación puede ordenar una revisión integral a los fideicomisos para determinar cuántos existen, con qué montos, con qué especificidades y qué entidades los han constituido, remató Ortega.
- Claves
Antecedentes
• Entre los fideicomisos más cuestionados por el Congreso de la Unión destaca el denominado Aduanas 1, pues la Secretaría de Hacienda transfirió ahí casi 20 mil millones de pesos provenientes de los derechos aduaneros durante el sexenio de Vicente Fox, para pagar los servicios de la empresa privada ISOSA, presuntamente propiedad de funcionarios públicos.
• El fideicomiso Transforma México, creado por la Lotería Nacional en el sexenio pasado, fue también motivo de escándalo hasta su desaparición, por sus aparentes vínculos con la organización Vamos México, presidida por Marta Sahagún de Fox.
Fernando Damián
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