lunes, 25 de abril de 2016

Duarte adquirió 25 inmuebles a través de 36 prestanombres, con valor de 3 mil mdp

Duarte el ladrón y el que quiere ser su guardaespaldas, Yunes Ochoa
Ciudad de México. (SinEmbargo).-Alrededor de 25 inmuebles presuntamente adquiridos de manera ilícita por el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a través de prestanombres, tienen un valor de más de 3 mil millones de pesos. Dos de las propiedades están ubicadas en las zonas más caras de la Ciudad de México, publica este día el diario Reforma.
Uno de los inmuebles está en Arquímides 189, colonia Polanco, delegación Miguel Hidalgo. Es un edificio de 11 pisos que erige departamentos en condominio, algunos, los de la fachada principal, tienen pequeñas terrazas. La mayoría de sus habitantes llegan a bordo de automóviles de lujo.
El otro inmueble se ubica en Prado Norte 135, en el perímetro de Lomas de Chapultepec. Es un edificio de tres pisos que alberga una galería de arte, una clínica de fertilidad y un despacho de outsourcing, además de ocho niveles de estacionamiento robotizado para unos 160 vehículos, manejado por la firma Smart Parking, de Álvaro Larrondo.
De acuerdo con Reforma, son al menos 36 personas, entre familiares directos, colaboradores, empresarios, diputados, así como parientes de su esposa Karime Macías Tubilla, las que sirvieron de prestanombres para que Duarte adquiriera al menos 25 propiedades en México y en el extranjero, con un el valor superior a los 3 mil millones de pesos.
El diario capitalino detalla que el edificio ubicado en Lomas de Chapultepec fue construido a través de cinco empresas: Inmobiliaria Cartujano, Boydar, Valkany, Controladora Prado Norte e Inmobiliaria 135 Prado Norte.
Moisés Mansur Cysneiros, José Antonio Ruiz Bandín y José Juan Janeiro Rodríguez  figuran como socios en las tres primeras empresas. Estas personas son señaladas por Miguel Ángel Yunes Linares, candidato de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura de Veracruz, como prestanombres de Duarte.
José Armando Rodríguez Ayache, esposo de Mónica Ghihan Macías Tubilla, cuñada de Duarte, tiene a su nombre una oficina ejecutiva en el edificio de Arquímedes 189, de Polanco, y otro departamento en la Torre Pelicanos, en Boca del Río, Veracruz, donde Mónica Ghihan es la presunta propietaria de otros tres departamentos, de los cuales uno es habitado por el mandatario priista.
Yunes Linares dijo que la cuñada de Duarte también es propietaria de una residencia en Woodlands, al igual que su suegra, María Virginia Tubilla.
Según la publicación, entre las propiedades vinculadas a Duarte sobresalen 13 en Woodlands, Texas, a nombre de José Antonio Mansur Beltrán, delegado de la Secretaría de Economía del estado.
Dos departamentos en Houston están a nombre de Elvia Carlota Besil, esposa del Diputado federal Edgar Spinoso Carrera, quien a su vez tiene dos oficinas en la Torre Palmera, en Boca del Río, y otras dos en la Torre Ánimas, en esta capital.
El pasado domingo, Yunes Linares demandó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a Duarte de Ochoa por enriquecimiento ilícito y evasión fiscal a través de al menos 36 prestanombres para adquirir 25 propiedades de más de 3 mil millones de pesos.
Aseguró que los bienes son departamentos de lujo en Veracruz y Boca del Río, residencias en Texas, Florida y Arizona, pisos en Madrid y en Bilbao y hasta un edificio de oficinas ejecutivas en Lomas Chapultepec, para cuya adquisición Duarte usó una compleja red de corrupción, “propia de las organizaciones delictivas sofisticadas”.
El candidato panista dijo que sus colaboradores realizaron una investigación de tres años para identificar el enriquecimiento de personas allegadas al Gobernador de Veracruz, así como las empresas creadas para realizar las compraventas y los pagos de impuestos en Estados Unidos.
Tras la denuncia penal de Yunes Linares, el Gobernador veracruzano, señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de desviar 10 mil 518 millones de pesos del erario público, dijo en un comunicado que sólo tiene dos propiedades y una cuenta bancaria, sin embargo, no dio el monto del valor correspondiente.
Este día, Duarte de Ochoa aseguró en su cuenta de Twitter que “yo no tengo mansiones, ni yates, ni aviones, ni ranchos, ni presas ni casas en el extranjero, ni mucho menos prestanombres”.
Javier Duarte/Fotover
Javier Duarte/Fotover

Otro diputado panista cachondo.

DIPUTADO PANISTA SINALOENSE CON TEIBOLERAS

GRABACIÓN DE RICARDO ANAYA PIDIENDO "MOCHES" A YUNES

Muere el abogado Néstor de Buen


Ciudad de México. La madrugada de este lunes falleció a los 90 años el jurista y colaborador de La Jornada Néstor de Buen.
Este martes recibirá un homenaje de cuerpo presente en la UNAM a las 10 horas, en el aula magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho, su alma mater.
El abogado nació en Sevilla, España el 2 de diciembre de 1925, hijo de Demófilo de Buen y Paz Lozano, llegó a México siendo niño, con el exilio español en tiempos de Lázaro Cárdenas. Adquirió la nacionalidad mexicana en febrero de 1988.
En 1950 obtuvo la licenciatura en derecho por la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en 1965, con su tesis La decadencia del contrato, obtuvo mención honorífica y su doctorado, en esa misma casa de estudios.
Comenzó su vida profesional como abogado del Departamento Jurídico de Sociedad Mexicana de Crédito Industrial a principios de los años 50, luego trabajó como secretario de Acuerdos y Auxiliar dictaminador de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.
Fue Miembro de Número de la Comisión Redactora del Nuevo Código Civil para el Estado de Guanajuato en 1962 y abogado del Departamento Jurídico y de la Jefatura de Relaciones Laborales del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Fungió como experto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en diferentes ocasiones (Costa Rica 1979, Perú 1986, Ecuador 1987 y con trabajos varios hechos en México).
Uno de su grandes proyectos tanto profesionales como personales fue la fundación y dirección del Bufete de Buen en 1954, desde el principio con la idea de que esa firma brindara servicio jurídico gratuito a los más necesitados, ocupándose de asuntos en el área laboral, civil, mercantil, de derechos de autor, migratorios, administrativos y corporativos, sin dejar de prestar atención a sus clientes, empresas nacionales e internacionales, tanto en el comercio como en muy diversas ramas industriales.
El doctor De Buen fue también asesor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la discusión del Acuerdo de Cooperación Laboral, anexo al Tratado de Libre Comercio en 1993.
En mayo de 1953 se inició en la docencia en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde fue pionero en el campo del derecho civil mexicano. Se le otorgó en 1997 la Cátedra Extraordinaria Jesús Reyes Heroles en esa casa de estudios. También fue catedrático y abogado general de la Universidad Iberoamericana, institución a la que hace dos meses donó su acervo personal integrado por más de 12 mil libros, revistas y fotografías.
Al recibir la biblioteca, el rector de la Ibero, David Fernández Dávalos, dijo que la universidad se comprometía a conservar con afecto ese legado y ponerlo al servicio de los jóvenes.
Néstor de Buen fue asesor de la Carrera de Relaciones Industriales en la Universidad Católica de San Martín de Porres, en Lima, Perú; y profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tamaulipas; comendador de la Orden de la Justicia del Trabajo del Tribunal Superior del Trabajo de Brasil; y miembro del Consejo Editorial Internacional de Comparative Labor Law, de la School of Law de la University of California, de Los Angeles, California.
Entre otros cargos y distinciones, fue miembro de número (Silla 17) de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en 1993.
Recibió la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Caballero, en República Dominicana en 1994, país en el que le fue otorgado un doctorado honoris causa por la Universidad Central del Este, de San Pedro de Macoris, .
El Centro de Estudios de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Lleva su nombre desde 1995.
En 1997 recibió la encomienda de la orden del mérito civil, otorgada por Juan Carlos I, Rey de España.
En el año 2000 recibió un reconocimiento del Gobierno del Distrito Federal, por su destacada trayectoria profesional en el ámbito laboral.
Como experto en el tema del derecho laboral tiene una extensa obra publicada, entre la que destacan los dos tomos de Derecho del Trabajo (editados por Porrúa), que van ya en su 15 edición, y su libro El estado de malestar (Porrúa, 1997).
Como articulista, De Buen colaboró brevemente en la revista Siempre!. Luego publicó en el semanario Impacto, entre 1981 y 1983 artículos sobre temas jurídico laborales. Escribió también para la revista Proceso y desde 1985 fue colaborador editorialista de temas diversos en La Jornada.
En octubre de 2014, en una entrevista concedida a este diario, el abogado señaló que la situación actual del país y en particular la de los trabajadores estaba “de la fregada, muy mal”.
Entonces opinó que “México se ha vuelto un país de derechas, francamente. Y eso significa que estamos muy mal, que el país va mal. Hay una miseria horrorosa, un desempleo creciente y no vemos soluciones”.
Agregó que desde los años de Fidel Velázquez (quien dirigió la Confederación de Trabajadores de México, organización del PRI, durante 40 años hasta su muerte en 1997), “se estableció un sindicalismo corrupto, totalmente al servicio de la empresa y del Estado. Cada vez ha ido a peor, no ha cambiado en absoluto la situación. Los sindicatos representan mayoritariamente intereses personales, no sociales. Los dirigentes quieren un puesto político”.

Las Propiedades de Miguel Ángel Yunes Linares

El porqué del paro en el IPN: Pedro Echeverría

paro ipn

1. Doce vocacionales del Instituto Politécnico Nacional (IPN) estuvieron ayer en paro de labores; autoridades del POLI amenazan a paristas porque “no justifica la interrupción de las actividades académicas”. Los jóvenes del nivel medio superior del instituto –compuesto por 19 escuelas– tienen demandas concretas: a)destitución de directivos, b) modernización de laboratorios, c)autonomía para el Politécnico, d) que no se separe a las vocacionales del IPN, e) que se acaben las agresiones de grupos porriles y f) que se borre el acuerdo oficial que adscribe a la institución a la oficina del secretario de Educación Pública.
2. El Secretario de Educación, “hijo de papi”, nuevamente ha amenazado a los estudiantes; pero es tan conocido este funcionario como represor de maestros, que ya los estudiantes saben que siempre saldrá con su “batea de babas”. Lo importante es que los estudiantes del POLI –conocidos sus orígenes más humildes- llevan dos grandes batallas que ayudan a despertar a los estudiantes de la UNAM, de la UAM, de la UACM, los bachilleres, etcétera. No,jamás podrá olvidarse que el IPN es el auténtico hijo de la revolución mexicana original que nació en 1937 para ponerse al servicio del auténtico pueblo.
3. ¿Puede olvidarse acaso que en 1956 el maldito gobierno de Ruiz Cortines ordenó su invasión por el ejército y el cierre de su internado con la acusación de que era “nido de comunistas y drogadictos”? ¿Quién no recuerda que esa salvaje agresión contra los estudiantes del POLI provocó el despertar de los profesores, de los ferrocarrileros, telegrafistas, que en 1957, 58, 59 y 60 dieron históricas batallas de los trabajadores? Por ello, y porque tienen razón en sus demandas, los politécnicos no deben descansar. No sólo hay que conquistar la autonomía sino también el autogobierno. 
4. Me quedé con la mente muy fija la anécdota de la histórica polémica de 1933 entre Lombardo Toledano y Antonio Caso acerca del POLI y la UNAM y lo que sería la posición del gobierno de Lázaro Cárdenas. Estas batallas estudiantiles también me recuerdan el comportamiento de los estudiantes de la UNAM y el POLI en las batallas estudiantiles de 1968, sobre todo después del asesinato de estudiantes el dos de octubre en Tlatelolco. Nunca entre ellos ha habido rivalidad o competencia, aunque la clase gobernante siempre los ha querido enfrentar con el objetivo de dividirlos.
5. Ninguna de los dos centros educativos (UNAM creada en 1910/29) o POLI, creado en 1937) es mejor, aunque sí son distintos en sus objetivos académicos específicos; y sí la empresa y la sociedad capitalista los categoriza es porque así les conviene para sus negocios. Pero en la lucha social los estudiantes y los profesionistas tienen que marchar juntos, unidos, firmes, sin claudicación, porque sólo así pueden obligar la clase dominante empresarial a doblegarse en sus permanentes abusos de contratación y salarios. Por ello estas batallas van a renovar al POLI y le van a imprimir mucha presencia.
6. ¿Qué carajos sabe y que intereses tiene el tal Aurelio Nuño de la SEP en el POLI si él viene de las escuela privadas de los “hijos de papi”? Lo que más preocupa a Nuño/SEP es evitar a como dé lugar que se empate el paro de los estudiantes del POLI con la preparación del paro de los maestros de la CNTE que estallará el 15 de mayo en todo el país. Si lográramos conjuntar a estudiantes, con maestros, electricistas, mineros, etcétera, lograríamos la autonomía del POLI, su autogobierno, echar para abajo el cese de miles de maestros y la excarcelación de unos 20 profesores.
7. Por ello, en las acciones concretas, debemos lograr la unidad. Los compañeros estudiantes del POLI tienen que hablar con las universidades, los del colegio de bachilleres y los profesores de la CNTE para ir coordinando acciones solidarias. ¿Cuánto bien haría a esta lucha la existencia de la organización estudiantil 132? Llorar por ello no es bueno, pero se debería pensar en construir una nueva coordinación mucho más amplia. ¿O dejaremos que el gobierno, los empresarios, los medios de información, sigan invirtiendo el “paraísos privados”, realizando grandes negocios privados que joden a México?
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Foto: Publimetro

Yunes Linares declara 11 mdp, pero le documentan 133 mdp

El Universal |


Ciudad de México— El patrimonio de Miguel Ángel Yunes Linares, candidato del PAN y del PRD a la gubernatura de Veracruz, está en entredicho y es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR), pues tendría 133 millones de pesos en bienes y no 11 como admite públicamente, de acuerdo con datos de la denuncia ante la Procuraduría General de la República del diputado federal Manuel Espino Barrientos (Movimiento Ciudadano).

Extraoficialmente, algunos reportes elevan el monto de los bienes de Yunes Linares hasta los 400 millones de pesos.

Oficios de la PGR entregados a los diputados Espino Barrientos, expresidente del PAN, y Alberto Silva Ramos (PRI, con licencia) fechados en septiembre y octubre de 2015, muestran que la dependencia a cargo de Arely Gómez “se encuentra realizando las diligencias de ley” en dos averiguaciones previas: una con el folio UEIORPIFAM/AP/114/2013 y la otra AP/PGR/UIEDCSPCAJ/FECCSPF/M-VII/077/2015.

Tanto Espino como Silva informaron a El Universal sobre las comunicaciones de la PGR respecto a la denuncia que el expresidente del PAN presentó el 13 de junio de 2013 por presunto enriquecimiento ilícito de Yunes Linares.

En entrevista, Espino informó que en agosto de 2015 pidió una reunión con la procuradora Arely Gómez para insistir en que se investigara a Yunes Linares y evitar que asumiera como diputado federal. Según su relato, el hoy candidato a gobernador lo buscó para pedirle retirar la denuncia, a lo que se negó.

“Le dije que no. Que mantenía la denuncia. Días después me llegó el citatorio de la PGR. Luego llamaron a mi oficina para suspenderla. De todas maneras fui, me hicieron esperar cinco horas, y sólo me informaron que la denuncia estaba radicada en otra unidad”, dijo Espino.

Señalamientos

Sobre Yunes Linares siempre ha recaído el señalamiento de enriquecimiento ilícito. Espino Barrientos ha sido el único que recurrió a las autoridades a denunciar, aunque en su misma denuncia aclara que pidió información de los registros públicos a partir de lo que leía en los periódicos, además de que recibió, de forma anónima, documentación de cuentas en Estados Unidos e Indonesia con 6.05 millones de dólares. Al tipo de cambio actual, sumarían casi 115 millones de pesos, pero al de junio de 2013 (que estaba en 12.90 pesos por dólar) Espino lo calculó en 78 millones.

Esos datos contrastan con la declaración pública de Yunes Linares que proporcionó al programa 3 de 3, que impulsa Transparencia Mexicana, entre otros, donde incluye su información fiscal y de conflicto de interés. El político asegura estar al corriente con sus obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria y explica diversas sociedades, además de informar de los negocios de sus hijos.

De acuerdo con la información proporcionada por Yunes Linares a esa plataforma ciudadana, sus propiedades suman alrededor de 11 millones de pesos, entre ellos un departamento en Miami, autos, menaje de casa y obras de arte.

Precisa que el domicilio donde vive en Veracruz es de la empresa Veracruzana de Bienes e Inmuebles (VBI), pero que él es propietario de 50% de las acciones y su esposa Leticia Isabel Márquez Mora, la dueña de la otra mitad.

Según las pesquisas de Espino Barrientos, ese inmueble lo adquirió en 2010 en 5 millones 356 mil 559 pesos.

Los datos del valor del inmueble donde vive en Veracruz y las cuentas bancarias no aparecen como parte de la declaración patrimonial de Yunes Linares, aunque sí señala ser copropietario de la empresa VBI.

Sumando el departamento y las cuentas bancarias, las propiedades de Yunes Linares alcanzan los 120 millones 440 mil pesos, además de los casi 11 millones que voluntariamente dio a conocer. Es decir, casi 133 millones de pesos.

Espino le adjudica otras propiedades a Yunes Linares: seis lotes en Boca del Río y otra propiedad en ese mismo estado, pero a nombre de Olga del Carmen Muñoz Brunet y Manuel Muñoz Ganem. A Manuel Muñoz lo identifica como personaje cercano al panista.

Muñoz Ganem fue funcionario del ISSSTE cuando Yunes Linares ocupó la dirección general de ese organismo.

También le atribuyen ser dueño de un hotel en la colonia Roma de la Ciudad de México y que en el sexenio de Marcelo Ebrard, su entonces secretario de Protección Civil, José Elías Moreno Brizuela, le apoyó para que pudiera operar sin problemas. Moreno, quien intentó ser candidato independiente al gobierno de Veracruz, dijo que Yunes “es muy amigo mío, pero nunca había escuchado eso de que es dueño de un hotel en la Ciudad de México”.

Antecedentes

No es el único caso donde diversas fuentes adjudican bienes adquiridos mediante prestanombres a Yunes Linares.

En agosto de 2014, El Universal documentó que Sandra Ortega Rivas, exdelegada del ISSSTE en la Zona Norte del Distrito Federal y cercana excolaboradora de Miguel Ángel Yunes Linares en el ISSSTE y con quien se le vincula sentimentalmente, realizó compras de varios departamentos y una casa.

El exdirector del ISSSTE rechazó en entrevista con este diario, tener bienes en propiedad o copropiedad con Ortega o con cualquier persona en el Distrito Federal, y aseguró que procedería por la vía penal y civil al señalar al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, como el autor de los señalamientos en su contra.

Uno de los departamentos está ubicado en la exclusiva colonia Lomas de Chapultepec, mientras que otros dos están en la colonia Cuauhtémoc, a unas cuadras de la avenida Paseo de la Reforma, y otro en la delegación Álvaro Obregón. La casa, con valor de 4 millones de pesos, está en la colonia Las Águilas, una zona residencial de clase media alta.

Los departamentos de las colonias Cuauhtémoc y Álvaro Obregón están rentados, mientras que un tercero, en Polanco, lo ocupa la hija de Sandra Ortega, según la información obtenida por El Universal.

Fuentes consultadas ubican la cercanía de Ortega con Yunes Linares desde los 90, cuando el político fue secretario de gobierno en Veracruz, con Patricio Chirinos Calero.

Ella fue contratada para aspectos publicitarios del gobierno de Veracruz en aquella época, cuando Yunes pertenecía al PRI.

Reportes extraoficiales obtenidos por este diario indican que el cúmulo de propiedades no reportadas a 3 de 3, la mayoría de ellos que no están a nombre de Miguel Ángel Yunes Linares, sumarían casi 400 millones de pesos.

Nuevos datos

El 18 de abril, en un archivo de audio que divulgó la cadena Univision en Estados Unidos reveló una conversación entre el candidato Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo, el empresario Omar Yunes Márquez, en la que ambos discuten sobre una compra inmobiliaria en Nueva York por un monto cercano a los 58 millones de dólares.

El abanderado del PAN y el PRD en Veracruz rechazó que se tratara de una adquisición para ellos, y acusó al PRI de atacarlo filtrando esa información.

A lo largo de su carrera política, Yunes Linares ha tenido señalamientos en su contra. Siendo funcionario en el gobierno de Patricio Chirinos, fue encarcelado Dante Delgado Rannauro, quien es la cabeza visible y líder máximo de Movimiento Ciudadano, partido por el que Espino Barrientos es hoy diputado federal.

Espino explicó que denunció ante la PGR a Yunes Linares porque “es un pillo” y los datos que presentó como pruebas “son sólidos”, además fue una forma de alertar al panismo para que lo rechazara como candidato del PAN. Recuerda que fue a Veracruz y pidió que los panistas votaran en conciencia. “No pedí votar en contra de Yunes ni por otro partido. Pero por eso me expulsaron del PAN”, dijo.

A volar pajaritos


Lo único que se quemó


Madurez política-Hernández


En el Claustro:No se vayan Julio Hernández López

Astillero
Duro informe del GIEI
El Estado supo y oculta
EPN: Photoshop y Twitter
En el Claustro:No se vayan
Julio Hernández López
Foto
CRECE LA TRAGEDIA EN PAJARITOS.Petróleos Mexicanos informó ayer que el número de trabajadores fallecidos por la explosión en el complejo petroquímico de Pajaritos aumentó a 32, luego de que los cuerpos de rescate accedieron a otra de las zonas siniestradas en la planta Clorados III y encontraron cuatro cadáveres. Hasta el momento 26 cuerpos han sido reconocidos y entregados a sus familiaresFoto Sayda Chiñas, La Jornada Veracruz
A
l patio de la Universidaddel Claustro de Sor Juana no llegó ningún representante del gobierno mexicano. Ni siquiera porque a la exposición del segundo y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) asistió el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro. Fue el sello de ruptura, en un proceso de alejamiento y confrontación que se agudizó en cuanto los cinco expertos extranjeros detonaron la llamada verdad histórica, en específico la narrativa sin sustento técnico ni científico de la presunta incineración de 43 normalistas en un basurero de Cocula.
La virtual ruptura peñista de relaciones no tuvo en cuenta que la presentación del informe del GIEI era un acto formal, perteneciente, aunque fuera en su última fase (determinada ésta de manera unilateral y amenazante por Los Pinos), a un acuerdo formal que fue firmado por la misma administración federal mexicana ante una instancia internacional legítimamente dedicada a atender asuntos relacionados con derechos humanos en los países integrantes de esa CIDH, que a su vez forma parte de la Organización de Estados Americanos. No estuvieron Miguel Ángel Osorio Chong, ni Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari, ni Arely Gómez González. Tampoco jefe alguno del Ejército, la Marina o las policías. Ni siquiera el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, o el subprocurador de derechos humanos, Eber Betanzos, a quienes se habían reservado asientos con su nombre y cargo escritos en cartulinas rectangulares colocadas en los respaldos.
En cambio, Enrique Peña Nieto se hizo presente para fijar posturas ante el informe del GIEI, pero solamente por la vía del Twitter (ya antes se había hecho presente en la planta de Pajaritos, en Coatzacoalcos, por la vía del Photoshop, acomodando una fotografía de él y algunos funcionarios sobre una gráfica de la estructura industrial accidentada; pulcros en la vestimenta, carentes del equipo de protección que es obligatorio en esos lugares y más cuando se está en una situación riesgosa, atentos y eficaces ante cualquier problema y en cualquier lugar de México y no sólo de México, del mundo entero, por la tecnológica vía voladora de la falsificación fotográfica). EPN, como el subprocurador Betanzos y otras cuentas internéticas del gobierno federal, se dedicaron a enumerar con denuedo burocrático las cifras alegres de la presunta buena atención a los requerimientos investigativos de los expertos independientes.
A juzgar por la información, la retórica y los presuntos buenos sentimientos operativos de Los Pinos y subordinados que le acompañan, al GIEI debió haberle sobrado material oportuno y profundo, suficiente como para resolver no solamente el caso de Iguala-Cocula, sino algunos más de los episodios sangrientos de la historia reciente de México. En el mundo de la simulación enceguecedora, el gobierno federal es rey.
Los cinco expertos independientes, por su parte, reiteraron su fundado rechazo a la versión murillista de la incineración en Cocula y aportaron nuevos datos y evidencias que, según el cuidado lenguaje que han usado, no significan acusaciones en sí, sino circunstancias que deben tomarse muy en cuenta en la búsqueda de verdad y justicia en el caso emblemático de los 43 jóvenes desaparecidos (42, en realidad), cuyos familiares ocuparon primera fila en el mencionado claustro. Por ejemplo, la videograbada visita de Tomás Zerón, el jefe de la libretista Agencia de Investigaciones Criminales del gobierno mexicano, quien estuvo un día antes en el lugar donde se encontró luego una bolsa con restos, según eso, de los desaparecidos. Esa peculiar visita, acompañado de uno de los declarantes del día siguiente, no fue consignada en ninguna información oficial.
El relato del GIEI constituye una dolorosa confirmación de la manera absolutamente injusta en que se maneja en México la estructura de procuración de justicia. Más allá de los infamantes detalles dados a conocer por ese grupo interdisciplinario en el caso específico de los 43, el fondo del asunto radica en ese tejido institucional hecho para el engaño, el escamoteo, la demora, la corrupción y, en esencia, la manipulación de esas instancias judiciales a contentillo de quienes tienen el poder y de sus aliados.
El segundo y último informe del GIEI ha confirmado que el Estado mexicano, sus policías de los tres niveles (municipales, guerrerense y federal), así como miembros del Ejército y otros órganos de inteligencia y seguridad nacional, supieron al detalle lo que iba sucediendo con los normalistas de Ayotzinapa, en tiempo real y sin intervenir para impedir lo que apuntaba a un desenlace trágico. Pero no sólo hubo esa confabulación regional en la que participaron fuerzas locales y representantes de fuerzas federales, sino que el propio aparato central de la administración peñista se esmeró en impedir que se avanzara en la búsqueda de la verdad, especialmente en cuanto a la participación de militares que presenciaron momentos importantes de aquellos sucesos y que por el rango de mando y control que ejercen no podían estar ausentes o ser ignorantes de lo que estaba sucediendo con 43 jóvenes y con otras víctimas directas e indirectas.
Ese sistema está expulsando al GIEI del país, mediante difamaciones contra algunos de sus integrantes y la creación de un ambiente no sólo turbio sino pleno de amago, pues la prolongación de la estancia física de esos expertos estaría en riesgo por falta de colaboración del gobierno mexicano en cuanto a seguridad y protección. Ahora quedan a la intemperie política, sólo con una promesa de seguimiento de la CIDH, los familiares de los 43 y en especial abogados como Vidulfo Rosales. Por ello ayer, en ese informe postrero, varias veces se escuchó la petición deNo se vayan.
¡Hasta mañana, con la marcha dominical de la primavera feminista contra la violencia machista!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero

Muro innecesario-Helguera


Transparencia


Pemex en manos de expertos


Contra la violencia de género


Disculpe las molestias


Como PES en el agua






El Partido Encuentro Social, primera agrupación política que representa abiertamente en México a los cristianos evangélicos, es el nuevo aliado del PRI tanto en el Congreso federal como en las elecciones que se celebrarán este año


Reporte Índigo
Este personaje logró el registro del PES, otro satélite del PRI ¡ Idiota !

Además de ser el primer partido abiertamente identificado con la religión evangélica, el Partido Encuentro Social (PES) ganará ahora espacios al ser el nuevo aliado del PRI.
La alianza de ambos partidos es, primero, en el Congreso de la Unión. En la Cámara de Diputados, sus ocho legisladores ayudan al PRI a tener mayoría de votos cuando se dan votaciones divididas.
El acercamiento también ocurre en lo electoral. Para este año, el PES irá junto al PRI en la búsqueda de las gubernaturas de Oaxaca y Puebla.
Trabaja ahora en la alianza con el tricolor porque, en el pasado, otros pactos no le fueron favorables.
En el 2015, el PES apoyó al independiente Jaime Rodríguez Calderón para llegar a la gubernatura. Sin embargo, al ganar los comicios, “El Bronco” cerró las puertas a los militantes de ese partido.
Quienes quisieron quedarse con un cargo que les fue ofrecido, tuvieron que renunciar a su militancia.
La cercanía del PES con el PRI no se ha dado por generación espontánea. Varios antecedentes explican el acercamiento.
Primero, en sus filas milita Alejandro González Murillo, sobrino de Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República y exgobernador de Hidalgo, estado de donde es originario González y donde el PES ha tenido su mayor crecimiento.
Además, el presidente del PES, Hugo Eric Flores, fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública cuando era oficial mayor de la Semarnat, en el gobierno del panista Felipe Calderón.
Así, el PES ha dejado ver que se ha unido al PVEM y a Nueva Alianza como aliado del PRI, a quien podría aportarle muchos votos y apoyos por tener una estructura en algunas comunidades evangélicas de todo el país.
El voto decisivo
Faltaban algunos días para su toma de protesta como diputados federales, cuando los nuevos legisladores del recién creado Partido Encuentro Social entraban a la Residencia Oficial de Los Pinos para encontrarse con el presidente Enrique Peña Nieto.
Era 26 de agosto del 2015 y la imagen quedaría plasmada para siempre.
Los diputados Alejandro González Murillo –quien los coordina-; Hugo Eric Flores Cervantes –quien también dirige el partido-; José Alfredo Ferreiro Velazco; Gonzalo Guízar Valladares; Norma Edith Martínez Guzmán; Ana Guadalupe Perea Santos; Ricardo Quintanilla Lean, y Melissa Torres Sandoval posaron, sonrientes, para la foto con el primer mandatario.
En el 2015, antes de que comenzaran los trabajos de la LXIII Legislatura, el presidente Peña Nieto solo se reunió con las bancadas del PRI, el PVEM, Nueva Alianza y el PES. Los demás fueron excluidos.
Desde su llegada a la Cámara de Diputados, el PES se ha unido al bloque que el PRI ha construido con el PVEM y Nueva Alianza.
Juntas, las cuatro bancadas alcanzan un total de 269 votos, el 53.8 por ciento de la votación.
Y aunque en votaciones del pleno la alianza no ha sido tan visible debido a que a veces confluyen con el PAN y el PRD, en una comisión en específico esta unión ha sido provechosa para el PRI y el Gobierno Federal.
Se trata de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, conformada por dos diputados de cada bancada pero donde el acompañamiento del PES ha sido determinante.
En febrero pasado, por ejemplo, la Comisión se aprestaba a votar el formato de la reunión que sostendrían los legisladores con militares del 27 Batallón del Ejército Mexicano para hablar sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Aunque las negociaciones con el Ejército iban ya avanzadas, en la reunión final antes del encuentro, el diputado del PVEM Arturo Álvarez Angli –a quien sus compañeros acusaron de no haber asistido antes a las reuniones de la Comisión- llegó con un acuerdo para decir que no era necesario reunirse con los militares.
Con los votos del PRI, el PVEM, Nueva Alianza y el PES, el acuerdo fue aprobado, lo que echó por tierra la reunión con los soldados.
La votación en bloque de los cuatro partidos permitió también que hace unos días, la Comisión Especial de Ayotzinapa rechazara un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados respaldara la presencia en México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
La alianza de votos en la Cámara de Diputados ha sido reconocida, incluso, por el propio coordinador de la bancada del PRI, César Camacho, quien en diciembre pasado declaró abiertamente tener “entendimientos” con otras tres bancadas –PVEM, Nueva Alianza, PES-.
“El PRI ha construido una alianza con un partido con el que hemos ido juntos, incluso en las elecciones: el Partido Verde, con el cual sumamos 250 votos. Y sin tener la misma naturaleza, hay compromisos, o entendimientos, que hemos logrado con otros dos partidos, con cuyos votos tendremos caso 270”, dijo Camacho en una convivencia con reporteros.
Juntos en las elecciones
Otra cara de la alianza del PES con el PRI está en la arena electoral.
Para las elecciones de este año, Encuentro Social participa en dos estados junto con el PRI y el PVEM.
En Oaxaca, el PES competirá junto al PRI, el PVEM y Nueva Alianza para impulsar la candidatura de Alejandro Murat.
En Puebla, el PES acompañará al PRI y al PVEM abanderando a su candidata, Blanca Alcalá.
En otros ocho estados –Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas-, Encuentro Social postuló a sus propios candidatos.
En las elecciones de Chihuahua e Hidalgo decidió no abanderar a candidato alguno.
Sin embargo, el hecho de que el PES haya decidido competir por su cuenta en ocho entidades no garantiza que se mantendrá así en la contienda.

Los nuevos ricos del PAN: Allegados a Calderón dejan la clase media por una vida de lujos

Algunos de los más cercanos colaboradores de Felipe Calderón, miembros destacados del PAN, se cansaron de ser clasemedieros y decidieron aprovechar el sexenio para acrecentar sus patrimonios personales, en particular el inmobiliario. Sigilosamente empezaron a mudarse a casas más amplias, más confortables y con muchos más metros cuadrados de construcción, en zonas habitacionales de lujo de la Ciudad de México, como San Angel Inn, Bosques de las Lomas, Polanco, El Pedregal de San Angel… Tienen un modelo a seguir: Germán Martínez, exsecretario de Estado, exdiputado, expresidente nacional de su partido y actual litigante de un bufete jurídico, vive en una residencia de más de 700 metros que tuvo un costo de más de 16 millones de pesos. Como parte de sus servicios informativos, SinEmbargo les lleva a ustedes este reportaje que aparece este domingo en la portada de la revista Proceso
Por Álvaro Delgado (2012)
Fabricante de pobres en su sexenio, Felipe Calderón es también productor de nuevos ricos del Partido Acción Nacional (PAN).
La fortuna de los miembros de esta camada es un enigma, negados a la transparencia, pero un rasgo es su prosperidad inmobiliaria: De inquilinos en barrios clasemedieros, se mudaron a zonas de lujo como Bosques de Las Lomas, Polanco, San Ángel y El Pedregal.
Cambiaron, literalmente, de Código Postal.
El prototipo de estos nuevos ricos al amparo del poder es Germán Martínez Cázares, expresidente del PAN. Al inicio del sexenio no tenía casa propia y ahora vive en una residencia que compró en 16 millones 200 mil pesos, en la mejor zona de San Ángel Inn.
La casita de Martínez Cázares, quien renunció a la presidencia del PAN en 2009 tras la peor derrota electoral en la historia del partido, mide 743 metros cuadrados y se la vendió, en mayo de 2010, Carla María Compeán Woodworth, hija del presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Justino Compeán.
Consejero de la candidata Josefina Vázquez Mota y director de la Escuela de Derecho de la Universidad La Salle, su alma máter, Martínez Cázares litiga a través de un bufete jurídico, con lujosas oficinas en Coyoacán, entre cuyos socios fundadores se encuentra Roberto Gil Zuarth.
Gil Zuarth, coordinador de la campaña de Vázquez Mota, es otro de los prominentes panistas que ascendieron vertiginosamente en el sexenio de Calderón, de quien fue secretario particular. De residir en un modesto departamento en Tlalpan y no poseer ni auto, compró en julio de 2007 una casa en San Ángel Inn por 4 millones de pesos.
Otros subordinados de Calderón se han mudado de domicilio a partir de formar parte de la alta burocracia federal y de cargos legislativos por su militancia en el PAN.
Maximiliano Cortázar Lara, amigo de Calderón y de Margarita Zavala desde hace dos décadas, vivió en casa ajena toda su vida en Las Águilas, pero en mayo de 2009 se mudó a una residencia de mil 312 metros cuadrados en Jardines del Pedregal. El costo: 7 millones 430 mil pesos.
El futuro diputado federal es propietario también de la empresa MXC Consultores, dedicada al análisis de medios, redes sociales, campañas políticas, producción y marketing.
La sustituta de Cortázar en la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Alejandra Sota Mirafuentes, también ascendió: vivía en un departamento de la Del Valle y, en 2008, compró una mansión de 660 metros cuadrados en Bosques de las Lomas, una de las áreas residenciales más lujosas de la Ciudad de México. El precio: 6 millones 700 mil pesos.
César Nava Vázquez, sustituto de Martínez Cázares en el PAN, es otro integrante del grupo de Calderón que, de no poseer domicilio particular, alterna ahora su residencia entre un departamento de Polanco, que le costó 7 millones 250 mil pesos, y una casa en San Antonio, Texas.
Tras las elecciones de 2006 Nava había comprado una casa en la colonia Florida, contigua a la del priista Manlio Fabio Beltrones. Le costó 6 millones 730 mil pesos, con una hipoteca por 3 millones 100 mil pesos.
Justamente uno de los amigos de Nava desde la Universidad Panamericana, a quien hizo director jurídico del PAN y representante ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Guillermo Bustamante Ruisánchez, forma parte de los nuevos ricos.
De vivir en la casa paterna, en Santa María la Ribera, Bustamante adquirió, en febrero de 2007, una casa de 850 metros cuadrados en Bosques de Las Lomas, igual que Alejandra Sota, y a un precio casi idéntico a la de ésta: 6 millones de pesos.
Otros nuevos ricos al amparo del poder panista son Mariana Gómez del Campo, coordinadora de la campaña de Vázquez Mota en el Distrito Federal, y Rogelio Carbajal Tejada, representante del PAN ante el IFE.
Todos estos nuevos ricos, además de panistas y amigos de Calderón, tienen algo en común: al inicio del sexenio hicieron público su patrimonio, pero luego le echaron cerrojo a toda información sobre su fortuna.
Nadie sabe, salvo ellos y la Secretaría de la Función Pública, si su patrimonio se corresponde con los emolumentos que devengan.
LOS SOCIOS MARTÍNEZ Y GIL ZUARTH
Cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió que Calderón había ganado las elecciones, en septiembre de 2006, el equipo de éste comenzó a gozar del presupuesto destinado al equipo de transición: 150 millones de pesos.
Para esa fecha, la condición económica del grupo de Calderón era raquítica, conforme a sus declaraciones patrimoniales, que en poco tiempo dieron un vuelco.
Germán Martínez, que había sido diputado federal los tres años anteriores, declaró no tener casa ni vehículos propios. Era dueño sólo de un óleo con valor de 250 mil pesos, tres plumas y un reloj que costaban en conjunto 3 mil pesos y menaje de casa que calculaba en un millón.
Según su declaración, al 6 de noviembre de 2006 tenía en el banco una inversión por 750 mil pesos, pero debía en tarjetas de crédito mil 500 dólares y 40 mil pesos mexicanos. Nada más.
Casi un mes después, en su declaración inicial como secretario de la Función Pública –el 19 de diciembre–, la fortuna comenzó a estar de su lado: se compró una casa con valor de 2 millones 665 mil pesos con un crédito que obtuvo a dos semanas de tomar posesión del cargo.
Pese al crédito hipotecario, que ascendió a 2 millones 132 mil pesos, Martínez declaró que seguía teniendo 750 mil pesos en el banco y agregó otros 50 mil.
Para cuando concluyó su breve gestión como servidor público para buscar la presidencia del PAN, en octubre de 2007, Martínez ya se había comprado un automóvil Honda del año, tenía cuentas bancarias por 250 mil pesos y contaba con un seguro de retiro de 424 mil pesos.
Martínez presidió el PAN apenas un año y nueve meses, de diciembre de 2007 a agosto de 2009, lapso en el que cobró un sueldo mensual de 128 mil pesos netos, según información oficial.
Pero nueve meses después de dejar el cargo –tras la peor debacle electoral del partido, que contrajo una deuda de más de 300 millones de pesos–, Martínez estrenó casa: la que le compró a Compeán Woodworth en San Ángel Inn, un barrio de alta plusvalía.
Consta en el Registro Público de la Propiedad (RPP) que la operación se realizó el 26 de mayo de 2010. Se trata de una propiedad de 743 metros cuadrados de terreno, sobre el que se edificaron dos plantas y cuenta con sótano y cuarto para el chofer. El costo: 16 millones 200 mil pesos.
A diferencia de otras operaciones de compraventa, el documento no consigna si se realizó mediante un crédito hipotecario o de contado.
Después de su salida del PAN, en medio de acusaciones de inepto pese a disponer de 600 millones de pesos para la operación electoral, Martínez Cázares comenzó a litigar en un despacho llamado FGZ Consultores, ubicado en la calle de Londres 345, en Coyoacán.
Formalmente, Germán Martínez no pertenece a la sociedad denominada Snash, S.C., constituida el 14 de abril de 2009, justo cuando estaba en curso la campaña federal, sino sólo los cuatro socios fundadores: Roberto Gil Zuarth, Miguel Novoa Gómez, Carlos Alberto Lezama Fernández del Campo y Emilio Suárez Licona.
El capital social fue de 4 mil pesos, a razón de mil pesos cada uno, hasta que, el 15 de marzo de 2010, Gil Zuarth hizo “la donación gratuita de la parte social de la que es titular” a los otros tres socios.
Aunque Germán Martínez no aparece en el acta constitutiva de la sociedad, él es el que maneja el despacho y ahí tiene su oficina. Su secretaria se llama Verónica Cortés.
–¿También es ahí Snash, S.C.? –le preguntó el reportero.
–Sí, también.
Los socios de Germán Martínez lo han acompañado en su más reciente trayectoria: Novoa Gómez fue su secretario particular en la SFP y luego en el PAN, mientras que Suárez Licona fue director de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados.
El caso de Lezama es peculiar. Apoderado del PAN cuando Martínez lo presidía, en mayo de 2007 se casó con Maricarmen Valls Esponda, hija de Sergio Valls, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A la boda, en Cuernavaca, celebrada por el obispo Onésimo Cepeda, asistieron, entre otros, el exmandatario Carlos Salinas de Gortari, el litigante Diego Fernández de Cevallos y el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
Otros invitados a la boda fueron el ministro Mariano Azuela, el abogado Juan Collado, el entonces procurador Eduardo Medina Mora y el dueño de la cadena de “soles”, Mario Vázquez Raña.
La esposa de Lezama es diputada federal del PAN en funciones por ser suplente de Gil Zuarth; y el hermano de ella, Jaime, fue priista y alcalde del PRD, pero actualmente es rector de la Universidad Autónoma de Chiapas.
OTROS AGRACIADOS
“Muchos panistas se han convertido en gestores de dinero y programas públicos”, escribió Germán Martínez en Reforma, el 11 de julio del año pasado, al hacer un diagnóstico que concluyó que “El PAN está enfermo”, como encabezó su artículo.
Él mismo, sin embargo, es objeto de señalamientos en este sentido al interior del PAN, aunque no ha habido aún acusaciones directas de quien es motejado como “Adela Micha: pide la micha (mitad) por adela (adelantado)”.
En noviembre de 2010, cuando aspiraba a presidir el PAN y fue vencido por Gustavo Madero, Gil Zuarth exaltó su amistad con Martínez y repudió el tráfico de influencias. “Es una actividad irregular”, dijo.
–¿A eso se dedica Martínez?
–Yo sé que Germán Martínez es un abogado que ejerce su actividad. Estoy cierto de que Germán tiene un despacho de abogados y se dedica al ejercicio libre de su profesión.
–¿Está asociado con él?
–No tengo ningún vínculo de negocios con Germán Martínez.
A sus 35 años de edad, Gil Zuarth ha tenido un vertiginoso ascenso político y económico en el sexenio: coordinador de asesores de Germán Martínez en la SFP, abogado general del PAN y representante ante el IFE, diputado federal plurinominal, subsecretario de Gobernación, candidato a presidente de su partido, secretario particular de Calderón y coordinador de la campaña de Josefina Vázquez Mota.
Hace cuatro años, Gil Zuarth no tenía coche, poseía un modesto departamento de cien metros cuadrados y era deudor de dos tarjetas de crédito, pero poco después de 2006 compró una camioneta Volvo de 650 mil pesos y una casa de 4 millones en el barrio de lujo de San Ángel Inn, aunque ha vivido también en el Club de Gol México y el Pedregal de San Ángel.
“Yo vivo bien, he tenido un sueldo muy honorable en estos últimos años, con el presidente Calderón, en efecto –dijo Gil al reportero–. ¡No tengo ninguno de los tres pecados capitales de la política: no soy corrupto, no soy tonto y no soy flojo! ¡Le pese a quien le pese! Y precisamente porque son mis fortalezas las voy a hacer públicas y evidentes.”
En la camada de nuevos ricos que representa Gil Zuarth –cuya esposa es Carla Astrid Humphrey Jordán, consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF)– se inscriben también otros personajes del grupo de Calderón que se han avecindado igualmente en el rumbo de San Ángel.
De hecho, en Reyna, la calle donde vive Germán Martínez, compró una casa en 2008 Rogelio Carbajal Tejada, exsubsecretario de la Función Pública y representante del PAN ante el IFE.
Es una propiedad de 339 metros cuadrados y le costó 3 millones 900 mil pesos, según el notario Manuel Gómez del Campo López, padre de la diputada local y candidata a senadora Mariana Gómez del Campo.
Justamente ésta vive, también, por el rumbo: En Lomas de San Ángel Inn, en la avenida al Desierto de los Leones, la legisladora compró en 2009 un departamento de 143 metros cuadrados. Le costó 2 millones de pesos, además de los 100 mil pesos de un cajón de estacionamiento.
Mariana, coordinadora de la campaña de Vázquez Mota en el Distrito Federal, es hermana de José Manuel Gómez del Campo Gurza, a quien Peña Nieto le regaló una notaría dos días antes de dejar el cargo de gobernador.
Más aún: Mariana y José Manuel son primos de Virginia Gómez del Campo, esposa de Luis Videgaray Caso, coordinador de la campaña presidencial de Peña Nieto…
Amigo íntimo de Mariana, César Nava prefirió vivir en Polanco, luego de que compró un departamento que generó escándalo junto con su nueva esposa, Patricia Sirvent Barton, cuyo nombre en la farándula es Patilú.
Como consta en los documentos del RPP, Fundición Residencial, S.A. de C.V., representado por José Bromberg Alterowicz, les vendió la propiedad a Nava y Sirvent por 7 millones 250 mil pesos en agosto de 2010.
El departamento, de 335 metros cuadrados, está en la calle Rubén Darío y tiene una vista espectacular al Bosque de Chapultepec. (Con información de Ángel Sánchez.)
–Apro

La familia Gómez del Campo, una familia con suerte

El elenco de los Gómez del Campo, una familia con suerte, van desde el manejo de los orígenes del Fobaproa hasta la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, el PAN nacional, el PAN del DF y el war room de Josefina Vázquez Mota

Con el estruendo provocado por el escándalo de los sobornos de Walmart en México, el nombre de uno de sus vicepresidentes tomó relevancia: Álvaro Arrigunaga Gómez del Campo.
Quien fuera vicepresidente de las tiendas Suburbia y hoy funge como vicepresidente responsable del formato Walmart, es primo de la primera dama Margarita Zavala Gómez del Campo.
El hecho se evidencia en los momentos en que el diario norteamericano The New York Times reveló que la multinacional se expandió en México entregando sobornos millonarios a funcionarios mexicanos.
Pero el caso de Álvaro Arrigunaga Gómez del Campo no es el único en el que el apellido de la familia materna de la primera dama de México se ve involucrado.
La historia comenzó con los contratos de informática para Hildebrando, la empresa de su hermano Diego, que con el presunto hackeo de las bases de datos del IFE y de Sedesol, colocaron contra la pared a la campaña presidencial de su cuñado Felipe Calderón en el 2006.
El elenco de los Gómez del Campo, una familia con suerte, van desde el manejo de los orígenes del Fobaproa hasta la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, el PAN nacional, el PAN del DF y el war room de Josefina Vázquez Mota.
El apellido se enlaza también a cuestionadas licitaciones entre empresas privadas o funcionarios familiares que operan lo mismo en PEMEX, que en el SAT, el Seguro Social o en la trágica Guardería ABC. Analicemos.
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