jueves, 18 de octubre de 2018

Sobrecosto, opacidad y sospecha de corrupción marcaron el NAIM desde un principio: The Economist

La revista The Economist dedica un espacio en su edición para abordar el tema de la consulta ciudadana para definir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Destaca aspectos como las dudas sobre el ejercicio en democracia directa, pues a diferencia de los realizados para los aeropuertos de Berlín y Nantes, éste será organizado por el equipo de Andrés Manuel López Obrador y no por el Instituto Nacional Electoral.

También señala que la realización de la consulta fue resultado de los cuestionamientos sobre el proyecto en Texcoco y del proceso descuidado de México para planificar y aprobar grandes proyectos: “El Nuevo Aeropuerto ha sido criticado desde su inicio. Se pondrán en peligro a 100 mil aves migratorias que se posan en el área y, según los críticos, causarán más inundaciones en el Este de la Ciudad de México, propenso a las inundaciones. Dos tercios de los mexicanos nunca han estado en un avión. Eso hace que el aeropuerto parezca un adorno para los ricos”.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).– El desastre con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es culpa del mismo Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, dice este día la influyente revista económica y financiera The Economist. El sobrecosto, la falta de transparencia, la ausencia de consulta con las comunidades afectadas, la prisa y la falta de cuidado en el proyecto, así como sospechas de corrupción han hecho que fuera criticado desde un inicio.
El Nuevo Aeropuerto, dice la prestigiada publicación con sede en Londres, “ha sido criticado desde su inicio. Se pondrán en peligro a 100 mil aves migratorias que se posan en el área y, según los críticos, causarán más inundaciones en el Este de la Ciudad de México, propenso a las inundaciones. Dos tercios de los mexicanos nunca han estado en un avión. Eso hace que el aeropuerto parezca un adorno para los ricos”.
“El precio de 285 mil millones de pesos es un 70 por ciento más alto que el presupuesto original del Gobierno” de Enrique Peña Nieto, agrega.
“Estas deficiencias son el resultado del proceso acelerado y descuidado [‘slapdash’, en inglés] de México para planificar y aprobar grandes proyectos. Los desarrolladores rara vez consultan a los residentes que se verán afectados por las obras o publican información sobre subcontratistas. Aunque los contratos para construir el NAIM se adjudicaron de manera transparente, las compañías que los obtuvieron no están obligadas a informar regularmente sobre su progreso”, dice The Economist. “Eso alimenta una sospecha de que los costos excesivos son el resultado de la corrupción. El Gobierno publicó solo un resumen ejecutivo de su informe sobre el impacto ambiental del aeropuerto”.
Tales problemas se ven agravados por la política del país, detalla The Economist. Por ejemplo, “los presidentes mexicanos, que sirven solo un término, se apresuran a construir sus proyectos personales o al menos a hacer suficiente progreso para que sus sucesores estén obligados a completarlos. La construcción a menudo comienza antes de que los planos sean definitivos. El muro perimetral de NAIM comenzó a subir antes de que los constructores supieran dónde estaba la entrada del aeropuerto. Tenían que hacer cambios costosos. Las agencias responsables de proyectos a menudo no se hablan entre sí. Los procedimientos de mala calidad de México afectan a todos los proyectos de infraestructura de todas las descripciones, incluida la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México y un túnel de drenaje planificado para la capital”.
La revista también menciona que la consulta para continuar con la construcción del NAIM, que se llevará a cabo la próxima semana, puede resultar un dudoso ejercicio en democracia directa, pues a diferencia de los realizados para los aeropuertos de Berlín y Nantes, éste será organizado por el equipo de Andrés Manuel López Obrador y no por el Instituto Nacional Electoral (INE).
En el caso de NAIM, refiere The Economist,“el señor López Obrador dice que prefiere un pastel diferente. La reutilización de la base aérea de Santa Lucía es el tipo de alternativa de bajo presupuesto y bajo impacto que apela el Presidente electo. Pero el nuevo pastel tiene problemas. Santa Lucía está más lejos del centro de la ciudad que el de Texcoco. Algunos pasajeros tendrían que trasladarse a un aeropuerto diferente para tomar vuelos de conexión. Los aviones que aterrizan y salen de los dos aeropuertos, todos los cuales deben pasar por el mismo corredor en el noroeste de la ciudad, corren el riesgo de colisionar”.
“Ese es un problema de seguridad que las autoridades mexicanas seguramente nunca permitirían”, dijo al medio Bernardo Lisker de Mitre, un instituto que estudia el tráfico aéreo.
De acuerdo con el medio británico, las encuestas sugieren que los mexicanos están a favor de completar el nuevo aeropuerto en Texcoco dos a uno, pero la consulta puede no reflejar eso. “Solo unas 100 mil personas participarán, según creen algunos analistas. Algunos observadores sospechan que el señor López Obrador está diseñando un voto a favor del NAIM, dándole una excusa para completar un proyecto al que dice oponerse pero que sería difícil abandonar”.
Para The Economist, la consulta sobre el destino del NAIM será la primera incursión presidencial de López Obrador en la democracia popular y advierte que será difícil:
“Como alcalde de la Ciudad de México, de 2000 a 2005, el señor López Obrador envió a los encuestados de puerta en puerta para averiguar qué pensaba la gente sobre sus iniciativas. Estaba buscando las respuestas que quería, dijeron algunos. Pero a diferencia de los votos recientes en los aeropuertos de Berlín y Nantes en Francia, la consulta no solo pone a prueba la opinión de los ciudadanos de los alrededores. Ésta será organizada por el círculo íntimo del señor López Obrador, no por el INE. Activistas del partido Morena instalarán y monitorearán mil 73 casetas en unos 500 municipios, que albergan al 80 por ciento de la población. Se imprimirán solo 1 millón de papeletas de voto para un electorado nacional de 90 millones de personas. Serán contados por una organización poco conocida. Sin acceso a las listas electorales del INE, no está claro cómo los trabajadores electorales evitarán que las personas voten más de una vez.
“Se les pedirá a los participantes que elijan si seguir adelante con la construcción del aeropuerto en forma de x, que ya está completado en un 30 por ciento, o desecharlo. La alternativa es complementar el aeropuerto existente con uno nuevo en la base aérea de Santa Lucía al norte de la Ciudad de México. El señor López Obrador dice que el resultado será vinculante, sea cual sea la participación”.
La controversia sobre el NAIM es una señal de que la democracia de México está madurando, señaló a The Economist Onésimo Flores, un experto en planificación urbana:
“La élite ya no puede sentirse cómoda haciendo trampas en los proyectos, aunque la alternativa de López Obrador parece poco considerada. Ha mostrado escaso interés en mejorar los procedimientos de planificación descuidados. Afirma que sus proyectos favoritos, como un Tren Maya a través del sur de México, ya han sido respaldados por los votantes a través de su elección. Si el señor López Obrador ha cambiado de opinión sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la votación de este mes puede darle cobertura política, pero no es un modelo para los proyectos del futuro”.

En el Senado, Ruiz Esparza evade acusaciones de corrupción y defiende el NAIM en Texcoco

Comparecencia de Ruiz Esparza en el Senado. Foto: Benjamín Flores
Cinismo y corrupción. El sello del peñismo.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El “avance real” de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es de 31.8% y no de 20% como afirmaron representantes del gobierno electo, afirmó el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, quien defendió en el Senado la opción de Texcoco y aclaró que la fecha final para la conclusión de esta obra será junio del 2022.
Las cifras del funcionario se multiplicaron durante su comparecencia. Mencionó que el costo de cancelar el proyecto de Texcoco sería de 100 mil millones de pesos, de los cuales 60 mil millones recaerían sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y los 40 mil millones restantes, sobre las empresas más los créditos por 30 mil millones contratados en bonos verdes.
El titular de la SCT insistió en que la primera fase del NAIM se elevó de 170 mil a 285 mil millones de pesos, “primero por el tipo de cambio que se contrató en 21.4 pesos por dólar” y luego, por la ampliación.
Por primera vez, Ruiz Esparza mencionó el costo mensual de la construcción del NAIM: cinco mil millones de pesos y 40 mil millones más que, en total, se tendrán que pagar en los próximos meses.
Cuestionado insistentemente sobre las múltiples obras con sobrecostos o sin terminar durante su gestión como titular de la SCT – como el Tren México-Toluca o el suspendido tren México-Querétaro- evadió explicaciones claras y se hizo al desentendido de las acusaciones de corrupción.
Incluso, evadió el tema de la Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre su responsabilidad en el accidente del socavón del Paso Exprés de la carretera México-Cuernavaca.
Durante su comparecencia ante integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, Ruiz Esparza volvió a señalar que fue “la basura” la responsable del socavón. Repitió que no renunció al cargo porque “fue hacerle frente al problema” y presumió que “se pidió de inmediato una auditoría y se indemnizó a la familia” de las dos personas muertas.
Luego, justificó: “Hay más de 50 socavones en todo el país, incluso con muertos y nadie ha pedido la renuncia de los gobernadores”. Incluso, presumió que la SCT fue “la única que se preocupó por los dos muertos” y que “hay responsables directos” que deberán ser sancionados.
Justifica retrasos en obras
Sobre la polémica del Tren México-Toluca, Gerardo Ruiz Esparza justificó los retrasos en la obra porque “es más compleja, incluso, que la del Nuevo Aeropuerto”.
Se comprometió que para diciembre de este año estaría listo el 98% del tramo de Zinancatepec-Santa Fe. Afirmó que el costo original fue de 45 mil millones de pesos y “se ha actualizado 54 mil millones de pesos”. Según dijo, la obra debe terminarse en junio de 2019.
El titular de la SCT justificó el alza reciente en el peaje de las autopistas administradas por el Fonadin, al decir que no fue del 16% al 20%, sino del 5% y que este incremento no fue decisión no de la dependencia a su cargo, sino del mismo Fondo, así como de Banobras y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En materia de conectividad en el programa México Conectado, Gerardo Ruiz Esparza admitió que no han logrado la cobertura del 100%, sino de “casi 50%” a través de 105 mil conexiones en sitios públicos. “Es un servicio que tiene que contratarse a un privado”, se justificó.
Sin perder su estilo de torear las críticas y sin ninguna pregunta que lo perturbara, -aun con los múltiples escándalos de corrupción en la dependencia que dirige-, se dio el lujo de “invitar a todo el que tenga elementos de intentos de corrupción” a que se lo informara.
“Si han sido objeto de algo a cambio de una obra, que lo digan. Con gusto me sumo a esa denuncia. Si hay el caso y alguien tiene algún daño, que lo diga y yo lo acompaño a presentar esa denuncia”, afirmó el inamovible titular de la SCT.
A favor de Texcoco
En respuesta a varias preguntas planteadas por el senador Miguel Ángel Mancera, del PRD, sí como legisladores del PAN y de Morena, Ruiz Esparza insistió que la opción a favor del NAIM en Texcoco, “no es mi opinión personal, es una opinión técnica”. Luego, citó los informes de MITRE, de la OACI, de la IATA, de ingenieros holandeses y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, entre otras.
Sobre la opción de construirlo en la base aérea de Santa Lucía, afirmó que esta terminal “no puede operar por interferencia de los espacios aéreos” con el actual aeropuerto “Benito Juárez” de la Ciudad de México, según estableció MITRE. Añadió que “para que sea factible la compatibilidad”, debe ser “una opinión técnica”.
El avance real del NAIM, según el reporte de Parsons, la empresa californiana que lleva la gerencia del proyecto, es de 31.8% y que la fecha para su conclusión originalmente fue de octubre de 2020, pero se “actualizó” para aumentar la capacidad a 70 millones de pasajeros y se terminará en diciembre de 2021 más de seis meses para su certificación. De tal manera, que debe estar listo en junio de 2022.
Ante los cuestionamientos por los efectos ecológicos y medio ambientales del NAIM en Texcoco, Ruiz Esparza afirmó que “hasta respirar tiene un costo ecológico”, pero que “se ha cuidado esta parte como un tesoro” y que “tendremos un aeropuerto Platinum, es decir, totalmente amigable con el medio ambiente”.
Al detallar las medidas que se han adoptado para proteger el medio ambiente, sólo mencionó que se “ha quitado el ruido” en las zonas aledañas y que “se va a inyectar el agua” para protegerla. Luego, mencionó que sólo se ha dado una “queja relevante” en los 17 mil contratos que hasta ahora se han dado a la obra.
El senador de Morena, Higinio Martínez, originario de Texcoco, le reprochó la falta de consulta anterior al proyecto del aeropuerto y le preguntó si desaparecería el Lago Nabor Carrillo.
El titular de la SCT respondió que el proyecto en ese municipio “lleva cuatro sexenios de análisis y estudio” y está “suficientemente analizado”. Indicó que se le pidió a Mitre cambiar la orientación de las pistas para no afectar con expropiaciones a los habitantes de San Salvador Atenco y otros municipios aledaños.
Respecto al lago, afirmó que no desaparecerá, sino que, incluso, “tendrá aguas limpias”. Mencionó que en los terrenos donde se construye el NAIM fueron depositados los restos del sismo del 85 en la Ciudad de México, así como acero de la empresa Sosa Texcoco. “Era un foco contaminante”, afirmó.
Niega vínculo con OHL y Grupo Higa
En respuesta a las preguntas del senador Emilio Alvarez Icaza, quien lo cuestionó por el presunto desvío de mil 600 millones de pesos de las obras de la autopista Chamapa-Lechería a la campaña de Alfredo del Mazo en el Estado de México, el titular de la SCT se lavó las manos y dijo que ese fue un acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y el gobierno de Toluca por un litigio que ganó la autoridad local.
La empresa OHL “ha sido acusada durante mucho tiempo de manera ilegal” por una persona “que usted sabe quién es”, señaló Ruiz Esparza en respuesta a Alvarez Icaza, en relación con el abogado Paulo Diez Gargari.
“Soy totalmente ajeno” a la “siembra” de la pistola en el automóvil de Diez Gargari, le respondió al senador quien lo cuestionó porque el hijo del secretario de Comunicaciones y Transportes participó en ese operativo.
“No tengo ni un solo vínculo con Grupo Higa ni con OHL y no han sido favorecidas de ninguna manera”, sentenció.

HUNDIMIENTO-Helguera

ONU: fracasa espectáculo anticubano

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Ángel Guerra Cabrera
E
stados Unidos fracasó estrepitosamente esta semana en su intento de montar un espectáculo anticubano en el salón de sesiones del Consejo Económico y Social de la ONU (Ecosoc, por sus siglas en inglés). Ahí presentó una nueva campaña contra Cuba con el nombre de Jailed for what (Preso por qué), cuyo objetivo es apoyar a los presuntos presos políticos en la isla, sólo existentes en la pobre imaginación de sus organizadores. El público consistía principalmente de periodistas, pues las misiones acreditadas ante la ONU y los invitados, casi sin excepción, optaron por no acudir. Quienes sí estuvieron presentes fueron todas y todos los integrantes de la Misión de Cuba ante la ONU en Nueva York, quienes al grito de ¡Cuba sí, bloqueo no!, impidieron que fueran escuchados los discursos anticubanos. Días antes, la embajadora Anayansi Rodríguez, jefa de esa misión, envió una carta de protesta a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en la cual denunciaba la convocatoria como parte de la escalada de Washington para justificar la política genocida del bloqueo. La representante cubana también hizo la denuncia en una reunión de urgencia del Movimiento de Países no Alineados, en la que 17 estados se opusieron a la maniobra yanqui. También la realizó ante la Comisión de Asuntos Socio-Humanitarios de la Asamblea General, donde 11 países la rechazaron explícitamente.
La sesión convocada por Washington comenzó casi una hora después de lo programado. Acudieron al panel Kelley E. Currie, representante de Estados Unidos ante el Ecosoc, como orador principal Michael Kozak, jefe de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, viejo conocido en las lides anticubanas y particularmente familiarizado con los mercenarios de Estados Unidos en la isla, que constituían buena parte del escuálido público. Aquéllos reciben cuantiosos fondos en dólares de esa, entre otras muchas dependencias y organizaciones fachada de la CIA, que los financian generosamente. Fue también uno de los oradores el despreciable Luis Almagro, secretario general de la desprestigiada OEA, a quien no le alcanza el tiempo para calumniar a Venezuela y conspirar contra su gobierno legítimo, a menos que se trate de hacerlo también contra Cuba o Nicaragua. Como es conocido, La Habana ha dicho que nunca volverá a la OEA.
La rabia de Estados Unidos ante la próxima condena abrumadora en la ONU del bloqueo contra Cuba es de tal magnitud, que no atina a hacer nada razonable. Sus personeros han hecho últimamente una serie de declaraciones crecientemente hostiles hacia la isla y su revolución. El problema es que Washington sabe que llueva, truene o relampaguee, el 31 de octubre una mayoría casi absoluta de naciones se pronunciará enérgicamente, una vez más, contra esa medida unilateral e ilegal y pedirá su levantamiento. Como no puede impedir la reiterada humillación que recibirá, como todas sus mentiras contra Cuba quedan en evidencia, es cada vez menos original y más alocado en sus intentos de desviar la atención de esas realidades.
El último gran fiasco fue el de los supuestos ataques sónicos contra su personal diplomático en Cuba, que terminaron siendo objeto de burla por científicos de varios países, incluyendo estadunidenses. Tan obvia fue la mentira sobre las ondas sónicas que hasta en el diario español El País, nada amistoso con Cuba, apareció una columna que atribuía su autoría intelectual a Mike Pompeo desde su cargo anterior de director de la CIA, en unión del senador por Florida Marco Rubio, al que muy acertadamente califica de una suerte de asesor palaciego en asuntos cubanos. El autor de la columna atribuye la idea de los supuestos ataques al propósito de la administración de Trump de reducir a su mínima expresión los avances en las relaciones bilaterales, que durante el periodo de Obama llegaron al restablecimiento de relaciones diplomáticas y a un buen número de acuerdos y proyectos bilaterales.
El cinismo de Estados Unidos no conoce límites. Apelar al tema de los derechos humanos en su obsesión anticubana es el colmo del descaro. Cuba es miembro activo y respetado de la ONU, signatario de la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Washington, enfrascado hasta hoy en sangrientas guerras, no ha firmado la mayoría de esos instrumentos, ni siquiera el de los derechos de la niñez, y se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El genocida de Hiroshima y Nagasaki tiene más de 50 millones de pobres, su policía asesina más negros cada año, encarcela a niños migrantes, posee el mayor presupuesto de guerra, discrimina salarialmente a las mujeres, fomenta ideas fascistas como el odio, la xenofobia y superioridad de ese país y él sí tiene presos políticos, entre otros lugares en Guantánamo, en territorio ilegalmente ocupado de Cuba.
Twitter: @aguerraguerra

¿O DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?-Fisgón

Presidencia y sindicatos: nuevas reglas

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or primera vez en la historia, los afiliados al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) eligieron ayer a sus líderes seccionales mediante votaciones secretas, aunque el proceso se vio afectado por lo que grupos disidentes de la dirigencia consideraron un albazo operado para favorecer la permanencia de Carlos Romero Deschamps a la cabeza de la organización: la convocatoria se dio a conocer el lunes y al día siguiente se cerró el plazo para registrar planillas, lo que constituye a todas luces una maniobra antidemocrática y excluyente. Pero en caso de que este proceso amañado favorezca al actual liderazgo, será una victoria pírrica, por cuanto el próximo gobierno ha reiterado que respetará la democracia interna de los sindicatos por medio de diversas medidas, tales como la obligatoriedad para los líderes de presentar sus declaraciones patrimoniales y de transparentar las finanzas gremiales.
Ayer mismo, en el curso de su visita a Tamaulipas, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que su gobierno extenderá a las organizaciones laborales el combate a la corrupción y que cesará la añeja protección desde el Ejecutivo federal a las llamadas dirigencias charras, las cuales han sido piezas fundamentales de la opacidad en el manejo de presupuestos, mecanismos de control político del régimen sobre los trabajadores y fuente de abultadas fortunas personales y familiares.
El próximo mandatario plantea, en suma, cortar los viejos y viciados nexos entre la Presidencia y las cúpulas sindicales, una promesa que, de mantenerse, implicará un cambio de gran calado en el funcionamiento institucional del país. Hasta ahora ha existido un pacto no escrito entre gobernantes y líderes sindicales: a cambio de asegurar la sumisión electoral de la organización o central sindical, los primeros han otorgado a los segundos una completa impunidad y fondos ilimitados sin fiscalización alguna. Esa connivencia se ha roto sólo por excepción y no necesariamente para aplicar la ley, sino como resultado de discordancias políticas, como ocurrió entre Carlos Salinas de Gortari y el ex líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina, y, más recientemente, entre el actual titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, y Elba Esther Gordillo, ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Tales rupturas no dieron lugar a procesos de democratización en las organizaciones respectivas sino que, por el contrario, fortalecieron su supeditación a la Presidencia.
Por otra parte, los gobernantes han sometido a persecución a los dirigentes laborales que les han resultado incómodos e insumisos, como ocurrió con Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato de mineros y metalúrgicos y hoy senador de la República, quien debió exiliarse en Canadá por largo tiempo para evitar los afanes de sucesivas administraciones de someterlo a proceso con base en delitos inventados.
A la legislatura actual corresponde realizar las modificaciones legales necesarias para garantizar que los trabajadores puedan hacer de sus sindicatos organizaciones democráticas y transparentes. A los próximos gobernantes tocará honrar la promesa de no interferir en la vida interna de esas organizaciones ni para encubrir ni para perseguir a nadie. En esas circunstancias, será tarea de los propios agremiados conformar dirigencias honestas y comprometidas con sus bases y concretar el viejo anhelo de democratización de los sindicatos, empezando por los de petroleros, trabajadores de la educación, ferroviarios y electricistas. Si lo hacen, contribuirán en forma sustancial a un cambio importantísimo en la política nacional.