miércoles, 4 de agosto de 2010
Rivera: el gobierno siembra desesperanza
La Redacción
MÉXICO, D.F., 4 de agosto (apro).- El arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, afirmó que el gobierno “siembra desesperanza” entre la población al no informar adecuadamente sobre sus logros en la lucha contra el crimen organizado.
Al participar en el tercer día del “Diálogo por la seguridad, evaluación y fortalecimiento”, que sostiene el presidente con diferentes actores sociales, el cardenal Rivera Carrera dijo que si el pueblo no conoce lo que hace su gobierno, crea en su mente la idea de que en lugar de avanzar se está retrocediendo.
“Mucha gente no conoce qué es lo que está haciendo el gobierno, hacia dónde se dirige y en muchos de ellos se siembra la desesperanza porque dicen 'bueno, esto en lugar de ir progresando vamos retrocediendo'; muchas veces (la gente) no conocen las acciones que se están realizando", señaló.
En su intervención con la que se abrió la ronda de diálogo, el arzobispo se refirió también al desempleo y a los niños de la calle. Dijo que no es posible permanecer con los brazos cruzados ante tal problemática.
“Tenemos también un gravísimo problema, los jóvenes que están sin oportunidades de estudio, sin oportunidades de trabajar, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, tenemos que ayudar para que estos jóvenes y niños tengan mejores oportunidades”, señaló.
Estudiantes rechazados marchan a la SEP en el Centro Histórico
Demandan más lugares.
Notimex
Publicado: 04/08/2010 13:16
México, DF. Un grupo de estudiantes rechazados de las universidades públicas marcha desde el Ángel de la Independencia hacia las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en centro de la ciudad.
Los manifestantes comenzaron a caminar a las 12:00 horas sobre los carriles centrales del Paseo de la Reforma rumbo a la calle República de Brasil, en el Centro Histórico; en dirección de oriente a poniente permanecen abiertos todos los carriles de esa avenida.
Los inconformes demandan más lugares para acceder a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Policías de tránsito realizan cortes a la circulación, con el fin de agilizar el avance de los jóvenes, quienes de manera pacífica han formado pequeños contingentes y emiten sus demandas a través de un equipo de sonido para animar a sus compañeros.
Notimex
Publicado: 04/08/2010 13:16
México, DF. Un grupo de estudiantes rechazados de las universidades públicas marcha desde el Ángel de la Independencia hacia las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en centro de la ciudad.
Los manifestantes comenzaron a caminar a las 12:00 horas sobre los carriles centrales del Paseo de la Reforma rumbo a la calle República de Brasil, en el Centro Histórico; en dirección de oriente a poniente permanecen abiertos todos los carriles de esa avenida.
Los inconformes demandan más lugares para acceder a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Policías de tránsito realizan cortes a la circulación, con el fin de agilizar el avance de los jóvenes, quienes de manera pacífica han formado pequeños contingentes y emiten sus demandas a través de un equipo de sonido para animar a sus compañeros.
Acosta Naranjo deja presidencia de la permanente... por holgazán.
Por acuerdo de la Mesa Directiva, el vicecoordiandor del PRD en el Senado, Silvano Aureoles Conejo, será el nuevo presidente de primera comisión de la Permanente
Ciudad de México | Miércoles 04 de agosto de 2010
Por acuerdo de la Mesa Directiva, el vicecoordiandor del PRD en el Senado, Silvano Aureoles Conejo, será el nuevo presidente de primera comisión de la Permanente en sustitución del diputado perredista Guadalupe Acosta Naranjo, quien fue blanco de críticas por no convocar a reuniones.
La primera Comisión de la Permanente (Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia) a la cual se turnan todos los puntos de acuerdos e iniciativas sobre seguridad únicamente sesionó tres veces en tres meses.
Y es que ayer se canceló nuevamente una reunión en la que se discutirían 12 dictámenes en materia de seguridad, entre las cuales se discutiría citar a comparecer al Procurador General de la República, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y el titular del Centro de Investigación de Seguridad Nacional para explicar la situación de violencia en el país.
Guadalupe Acosta Naranjo dejó plantados ayer a los senadores del PAN, Alejandro González Alcocer y Eduardo Tomás Nava; los priistas Adolfo Toledo y Cleominio Zoreda, y el perredista Silvano Aureoles.
Centralidad política de AMLO
Luis Linares Zapata
El acto de masas del domingo 25 de julio en el Zócalo irrumpió en el panorama nacional como un fogonazo político de gran alcance. Sus emanaciones, aun a la distancia, todavía se huelen, giran, se depuran y evolucionan entre los habitantes del país. Sin duda, llegaron hasta las oficinas, los medios y el análisis de los centros de poder mundial, y éstos comenzaron a girar sus anteojos con nuevo cristal. No fue una concentración como otras tantas de similar factura. Fue la intensa calidad de los pronunciamientos la que multiplicó los ecos de esa reunión de alebrestados ciudadanos. La cadena de repercusiones siguió de inmediato y trastocó la, hasta ese día, tendencia al bipartidismo conducido desde arriba. La opción que dejó asentada en muchas de las mentes, deseosas de emprender una aventura de cambio con talla histórica, sacudió, hasta los cimientos, el entramado vigente de la derecha. Fue, ciertamente, la presentación, con todo el rigor de un acontecimiento significativo para el futuro nacional, de un movimiento que aspira a la transformación de este México injusto y apaleado.
La clase política de elite, acostumbrada a lidiar con ella misma, con sus asociados, apoyadores laterales y para sus propios intereses, resintió el golpe. Fue seco, directo al corto alcance de sus ambiciones de sobrevivencia en las alturas decisorias. Descobijó la irrealidad de sus trajines y acuerdos cupulares carentes de dignidad o trascendencia. Todavía rumiando los pocos alcances y significados de las pasadas elecciones, despertó, de pronto y sin defensas, a tareas y significados que la rebasan. Sus oficiantes de primer nivel se entumieron al sentir el ventarrón del cambio que les estropea sus planes de continuidad sin sobresaltos.
Ni siquiera los recientes golpes al crimen organizado pudieron paliar la indefensión del oficialismo, de sus burocracias partidarias y de sus aturdidos estrategas ante la andanada que todavía reverbera en el Zócalo capitalino. Las voces que allí se elevaron vienen de abajo, de lejos, con alegría y hasta desparpajo para dar cuenta de su inevitable presencia. Muchos de ellos, hombres y mujeres de variada condición, se han acunado en parajes que poco cuentan para los mandones y sus servidores. Vinieron, con harto gozo, coraje y preocupación, a develar su nueva condición de ciudadanos combativos. Saben, ahora, que cuentan porque forman el movimiento reivindicador como no hay otro en la República. El espíritu de cuerpo se hizo densidad política y las propuestas apuntaron hacia un destino al alcance de un tirón adicional de concertación, trabajo organizativo y voluntad para salir adelante.
La canalla reaccionó de inmediato al sentir de sus titiriteros. Pero su incapacidad de auscultar, de examinar, de interpretar el presente, menos aún de apuntar hacia el mañana, les ganó la partida. Empezaron por negar cuantos efectos hubiera podido concitar la reunión masiva. Recayeron, una vez más, en los cálculos de siempre, ¿Cuánto costó el acarreo? ¿Quién lo financió? Y han reditado suposiciones de subordinación abyecta, de tontería colectiva de los militantes que actúan sin criterio propio. La obcecación de su líder, AMLO, volvió a la palestra y la crítica convenenciera incidió, de nueva cuenta, en sus ninguneos acostumbrados. Lo daban por marginal y derrotado, rumiando rencores, sin haber sanado de los propios, enormes errores cometidos a partir de 2006. Ese ritornelo, esa manera cerrada, oblicua, tramposa de análisis, es causal sustantiva del estupor que desató el anuncio de su aspiración presidencial.
Astillero
Astillero
Ejes del mal
Diálogos SOS
Juegos pinoleros
Sepelio controlado
Julio Hernández López
alderón ya no tiene la fuerza política suficiente para sostener una “guerra” contra el narcotráfico que ha fracasado, y ahora pretende reacomodar sus tesis bélicas originales mediante diálogos selectivos. Con la idea de distribuir responsabilidades “democráticamente” entre una sociedad a la que no tomó en cuenta para declarar hostilidades irreflexivas y faltas de estrategia, ni ha escuchado a lo largo de casi cuatro años de horror, el comandante en jefe del combate sesgado al mercadeo de drogas se transforma en escucha y polemista, en anfitrión de ideas ajenas y ejecutor de decisiones muy suyas, en cuidadoso analista de las causas de la desgracia nacional que no atina a adjudicarse a sí mismo sino que ahora pretende repartir mediante “aperturas” al debate que transcurren modosas mientras la violencia y el descontrol siguen extendiéndose por todo el país.
Lo peor para ese proyecto felipista de relanzamiento táctico después de las elecciones estatales que finalmente perdió en su gran mayoría, es que los propios invitados a las sesiones oficiales han criticado a fondo diversos aspectos del plan calderonista e incluso han puesto sobre la mesa de discusiones la posibilidad de la legalización del consumo de drogas en México, tesis contrastante con los esfuerzos de confrontación armada desarrollados por Los Pinos, pero que finalmente ha aceptado en grado de hipótesis a analizar. Luego de 28 mil muertes que el gobierno federal adjudica a ojo de buen cubero a asuntos de narcotráfico, sin realizar averiguaciones previas verdaderas ni someterse al sendero procesal obligado que sólo a su final puede permitir que una autoridad sostenga lo que entonces ya sería una verdad jurídica, el felipismo cree oportuno reconsiderar, tomar en cuenta opiniones ajenas, ver desde ángulos diversos el mismo problema e incluso considerar, ¡faltaba más!, la posibilidad de legalizar la materia de lo que hasta ahora ha sido el eje del mal aprovechado por el sexenalismo fallido para desatar un belicismo de ocurrencia.
También muestra fisuras el binomio Gobernación-Secretaría del Trabajo, justo cuando Bucareli pretende desarrollar el papel de bueno de la película. Mientras Francisco bla, bla, Blake tiende redes de seducción a la dirigencia del SME, y traza largos caminos de discusión, análisis y propuestas (que pocas esperanzas fundadas generan), en el flanco del melómano encargado de los asuntos laborales se producen continuos incidentes que enturbian aquel proceso y crean condiciones de retraso y ruptura. Javier Lozano habla del tema del sindicato electricista de tal manera que enardece y provoca, que cierra puertas y genera enconos. Controlador sexenal explícito de los órganos federales de atención de los conflictos del trabajo, Lozano adelanta resoluciones y advierte derrotas a quienes sostienen posiciones distintas a las suyas.
De esa manera, pareciera que así como Calderón jugó con César Nava y Fernando Gómez Mont a la ignorancia convenenciera de los pactos firmados con Enrique Peña Nieto, ahora se usa el clásico esquema del policía bueno y el policía malo para dar largas, debilitar y entrampar a quienes han resistido las órdenes felipistas de liquidación de todos los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Ayer, en ese contexto, el policía malo habría sufrido, en el vehículo oficial que le transportaba, un ataque con objetos contundentes de parte de personas que rápidamente fueron determinadas por los informantes oficiales como miembros del SME. Debe esclarecerse ese episodio que, de entrada, ofrece dos posibilidades: una provocación montada justamente para enrarecer el ambiente de las “negociaciones” con Bucareli y desatar, como ya sucedió desde ayer en algunos medios electrónicos, una nueva campaña de satanización contra los electricistas despedidos que serían un peligro para Lozano; o un hartazgo de esos trabajadores que estaría rebasando los límites de la tolerancia y que hubiera buscado ayer rutas de desahogo equivocadas en cuanto finalmente estarían ayudando al fortalecimiento del ala de los halcones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
El conflicto crece también en Mexicana de Aviación, donde las tretas empresariales de fobaproísmo recurrente pretenden trasladar a los trabajadores el saldo negativo acumulado a lo largo de un historial en que los empresarios se han hartado de ensanchar sus cuentas personales, mientras técnicamente mantienen en crisis y a punto de quiebra los números de ese negocio de aviación, que ha sido una de las muestras contundentes del uso del dinero público para salvar fracasos privados de papel, tras los cuales se han manipulado los haberes para trasladarlos “limpiamente” a las sostenidas y nunca quebradas fortunas de los ejecutivos bien tratados por los gobiernos del PRI y del PAN.
Las vívidas imágenes del día evidencian la falta de una. El cuerpo de Ignacio Coronel fue llevado, para sepultarlo, a la capital del estado que da nombre al más fuerte cártel mexicano. Los restos mortales fueron protegidos por suficiente personal militar como para inhibir intentos de ataque provenientes de organizaciones delincuenciales opositoras a los Coronel, pero también para mantener a resguardo gráfico y periodístico esos cadáveres cuya autentificación corrió a cargo de una particular, una hermana de Nacho, que con su presencia y palabra ha otorgado una especie de aval familiar a los dictámenes forenses correspondientes a lo sucedido días atrás en una colonia adinerada de Jalisco. Esa nube de rígida vigilancia colocada en un sepelio agregará motivos de suspicacia a quienes no se sienten plenamente convencidos de las historias oficiales relatadas hasta ahora.
Y, mientras en la Corte hacen mayoría los criterios liberales frente a los conservadores, y se confirma la constitucionalidad de las reformas legales capitalinas que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¡hasta mañana, con la Función Pública haciendo ajustes poselectorales con el gordillismo mediante expedientes del Fovissste!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Aíslan en Guanajuato a cuatro indígenas recluidas por abortar
Autoridades del Cereso las obligaron a firmar un papel en el que rechazan entrevistas
Legisladoras se encadenan en demanda de que las jóvenes sean excarceladas inmediatamente
Purgan sentencias superiores a 25 años de prisión
Documenta Naciones Unidas el atropello
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de agosto de 2010, p. 36
Guanajuato, Gto., 3 de agosto. Esta mañana, mientras dos legisladoras se encadenaban frente a la Procuraduría General de Justicia del estado para exigir la inmediata liberación de seis mujeres que purgan sentencias de más de 25 años de cárcel por haber sufrido abortos involuntarios, cuatro de ellas fueron incomunicadas dentro del penal de Puentecillas para evitar que hablaran con la prensa.
A escasas horas de la llegada a México de la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, la sudcoreana Kuyng-wha Kang, que viene a tomar nota del caso, las jóvenes campesinas María Araceli Camargo Juárez y Susana Dueñas fueron obligadas a firmar un machote según el cual externan su deseo de “no realizar entrevista (sic) con medio alguno”.
Sin embargo, La Jornada ingresó al área de locutorios de la prisión donde una de las reclusas reveló que sus compañeras Yolanda Martínez Montoya y Ana Rosa Padrón Alarcón habían sido forzadas a suscribir un documento similar el pasado 29 de julio. En ese momento la entrevista fue cortada abruptamente por una celadora, quien se llevó a la interna con rapidez.
Para asombro de los reporteros, una vez concluida la conversación con la joven –que lleva casi una década tras las rejas por haber expulsado de manera espontánea un producto en gestación y aún deberá permanecer muchos años más en cautiverio–, la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Alicia Arias Muñoz, les entregó un machote –del que tiene copia este diario–, que a la letra dice:
“Lic. Jesús Noé Mosqueda Vaca, director del Centro Estatal de Readaptación Social de Guanajuanto, Gto. Por medio del presente me permito informarle que no es mi deseo realizar entrevista con ningún medio de comunicación. Dicha decisión la tomo de manera libre (sic) y espero se me comprenda”. Firman, por separado, Araceli Camargo Juárez y Susana Dueñas. ¿La fecha? “Guanajuato, Gto., a 3 de agosto de 2010”.
De acuerdo con el director del presidio, ambas redactaron la carta “en el centro de cómputo” del Cereso. Estas cuatro mujeres, que por desnutrición, nula atención ginecológica y otros factores relacionados con la miseria perdieron los productos que crecían en sus entrañas, fueron denunciadas ante el Ministerio Público por los médicos que las atendieron en las áreas de urgencia de hospitales públicos de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende.
Asimismo, fueron engañadas por sus supuestas “defensoras de oficio” –como la tenebrosamente célebre María Guadalupe Cruces Luna, quien “asesoró” a tres de las seis sentenciadas–, que después de sacarles todo el dinero que pudieron terminaron por hundirlas ante los jueces.
Como en el estado de Guanajuato el aborto se castiga hasta con tres años de cárcel y alcanza libertad bajo fianza, estas seis mujeres fueron acusadas de “homicidio en razón de parentesco en agravio de sus hijos en proceso de gestación”, delito que puede ser sancionado hasta con 35 años de encierro.
Araceli Camargo, por ejemplo, fue detenida en un hospital de San Miguel de Allende a la edad de 18 años, obligada a declarar bajo los efectos de la anestesia y sentenciada a 26 años de prisión, de los que lleva cumplidos casi nueve. Al igual que Susana Dueñas, Yolanda Martínez, Ana Rosa Padrón, Ofelia Segura Frías y Liliana Morales Moreno, no cuenta con abogados defensores ni muchos menos con recursos económicos para contratarlos.
Actualmente, 166 mujeres de Guanajuato están sujetas a proceso de averiguación previa ante la procuraduría estatal, denunciadas como presuntas responsables de aborto. De ellas, 43 ya fueron consignadas por el Ministerio Público ante un juez. El caso, que había permanecido hasta ahora al margen de la atención mediática, empieza a sacudir a la opinión pública y a provocar reacciones políticas.
Esta mañana, dos diputadas perredistas, Leticia Quezada Contreras, del Congreso de la Unión, y Claudia Elena Águila, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se encadenaron frente a la oficina del procurador Carlos Zamarripa, en demanda de la inmediata liberación de las reclusas.
Por su parte, el centro Las Libres, asociación civil dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Guanajuato, prepara dos movilizaciones por la libertad de las presas en Puentecillas y Valle de Santiago. La primera protesta se efectuará este jueves en la ciudad de México, ante la oficina del gobierno de Guanajuato, sita en la calle de Arquímides número 3, colonia Polanco.
Y pasado mañana, viernes, se reunirán en la sede de Naciones Unidas, en avenida Presidente Mazarik, también en Polanco, con la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, Kuyng-wha Kang, quien visitará nuestro país en representación de la sudafricana Navaneth (Navi) Pillay, titular del cargo. Las Libres confían en que, después de conocer a fondo el caso de las mujeres de Guanajuato, el organismo mundial abogue ante el gobierno mexicano por la excarcelación de las jóvenes campesinas injustamente presas.
Legisladoras se encadenan en demanda de que las jóvenes sean excarceladas inmediatamente
Purgan sentencias superiores a 25 años de prisión
Documenta Naciones Unidas el atropello
Las legisladoras perredistas Leticia Quezada y Claudia Elena Águila, durante la protestaFoto Carlos García
Jaime Avilés y Carlos García
Enviado y corresponsalPeriódico La Jornada
Miércoles 4 de agosto de 2010, p. 36
Guanajuato, Gto., 3 de agosto. Esta mañana, mientras dos legisladoras se encadenaban frente a la Procuraduría General de Justicia del estado para exigir la inmediata liberación de seis mujeres que purgan sentencias de más de 25 años de cárcel por haber sufrido abortos involuntarios, cuatro de ellas fueron incomunicadas dentro del penal de Puentecillas para evitar que hablaran con la prensa.
A escasas horas de la llegada a México de la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, la sudcoreana Kuyng-wha Kang, que viene a tomar nota del caso, las jóvenes campesinas María Araceli Camargo Juárez y Susana Dueñas fueron obligadas a firmar un machote según el cual externan su deseo de “no realizar entrevista (sic) con medio alguno”.
Sin embargo, La Jornada ingresó al área de locutorios de la prisión donde una de las reclusas reveló que sus compañeras Yolanda Martínez Montoya y Ana Rosa Padrón Alarcón habían sido forzadas a suscribir un documento similar el pasado 29 de julio. En ese momento la entrevista fue cortada abruptamente por una celadora, quien se llevó a la interna con rapidez.
Para asombro de los reporteros, una vez concluida la conversación con la joven –que lleva casi una década tras las rejas por haber expulsado de manera espontánea un producto en gestación y aún deberá permanecer muchos años más en cautiverio–, la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Alicia Arias Muñoz, les entregó un machote –del que tiene copia este diario–, que a la letra dice:
“Lic. Jesús Noé Mosqueda Vaca, director del Centro Estatal de Readaptación Social de Guanajuanto, Gto. Por medio del presente me permito informarle que no es mi deseo realizar entrevista con ningún medio de comunicación. Dicha decisión la tomo de manera libre (sic) y espero se me comprenda”. Firman, por separado, Araceli Camargo Juárez y Susana Dueñas. ¿La fecha? “Guanajuato, Gto., a 3 de agosto de 2010”.
De acuerdo con el director del presidio, ambas redactaron la carta “en el centro de cómputo” del Cereso. Estas cuatro mujeres, que por desnutrición, nula atención ginecológica y otros factores relacionados con la miseria perdieron los productos que crecían en sus entrañas, fueron denunciadas ante el Ministerio Público por los médicos que las atendieron en las áreas de urgencia de hospitales públicos de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende.
Asimismo, fueron engañadas por sus supuestas “defensoras de oficio” –como la tenebrosamente célebre María Guadalupe Cruces Luna, quien “asesoró” a tres de las seis sentenciadas–, que después de sacarles todo el dinero que pudieron terminaron por hundirlas ante los jueces.
Como en el estado de Guanajuato el aborto se castiga hasta con tres años de cárcel y alcanza libertad bajo fianza, estas seis mujeres fueron acusadas de “homicidio en razón de parentesco en agravio de sus hijos en proceso de gestación”, delito que puede ser sancionado hasta con 35 años de encierro.
Araceli Camargo, por ejemplo, fue detenida en un hospital de San Miguel de Allende a la edad de 18 años, obligada a declarar bajo los efectos de la anestesia y sentenciada a 26 años de prisión, de los que lleva cumplidos casi nueve. Al igual que Susana Dueñas, Yolanda Martínez, Ana Rosa Padrón, Ofelia Segura Frías y Liliana Morales Moreno, no cuenta con abogados defensores ni muchos menos con recursos económicos para contratarlos.
Actualmente, 166 mujeres de Guanajuato están sujetas a proceso de averiguación previa ante la procuraduría estatal, denunciadas como presuntas responsables de aborto. De ellas, 43 ya fueron consignadas por el Ministerio Público ante un juez. El caso, que había permanecido hasta ahora al margen de la atención mediática, empieza a sacudir a la opinión pública y a provocar reacciones políticas.
Esta mañana, dos diputadas perredistas, Leticia Quezada Contreras, del Congreso de la Unión, y Claudia Elena Águila, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se encadenaron frente a la oficina del procurador Carlos Zamarripa, en demanda de la inmediata liberación de las reclusas.
Por su parte, el centro Las Libres, asociación civil dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Guanajuato, prepara dos movilizaciones por la libertad de las presas en Puentecillas y Valle de Santiago. La primera protesta se efectuará este jueves en la ciudad de México, ante la oficina del gobierno de Guanajuato, sita en la calle de Arquímides número 3, colonia Polanco.
Y pasado mañana, viernes, se reunirán en la sede de Naciones Unidas, en avenida Presidente Mazarik, también en Polanco, con la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, Kuyng-wha Kang, quien visitará nuestro país en representación de la sudafricana Navaneth (Navi) Pillay, titular del cargo. Las Libres confían en que, después de conocer a fondo el caso de las mujeres de Guanajuato, el organismo mundial abogue ante el gobierno mexicano por la excarcelación de las jóvenes campesinas injustamente presas.
Suman 28 mil muertos por lucha anticrimen: Cisen
El 16 de julio, la PGR reportó 24 mil 826 decesos por la violencia vinculada con el crimen organizado. En este sexenio, agregó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, han ocurrido 963 enfrentamientos
La Jornada en línea
Publicado: 03/08/2010 11:47
México, DF. El titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, precisó que en lo que va del actual sexenio son "poco más de 28 mil asesinatos" derivados del combate al crimen organizado, lo cual, manifestó, muestra que en el país hay una violencia creciente.
Durante la segunda reunión convocada por el gobierno federal para abordar la estrategia nacional para la seguridad, el funcionario señaló que la actual contrarreacción del crimen organizado se debe a la presencia de la fuerzas armadas en varias zonas del país, lo que implica que no sólo lucha por retomar su control territorial sino por mantener el control de las instituciones.
En un informe que presentó ante representantes de la sociedad, Valdés mencionó que en lo que va de la actual administración se han reportado 963 enfrentamientos entre la delicuencia y la autoridad, lo que en un promedio significa uno por día.
Explicó que la estrategia del gobierno se diseñó ante un reporte de presencia del crimen organizado en casi todo el país. Por tal motivo las autoridades federales se enfocaron al fortalecimiento institucional y la depuración de dichas corporaciones, explicó el funcionario público.
Señaló que la actual administración ha tenido que enfrentar varios fenómenos de manera simultánea, como la presencia de organizaciones criminales en todo el país que se disputan de manera violenta el control de los territorios y que además se trata de grupos estructurados con poder de corrupción y gran capacidad de fuego.
Otro de los retos que se enfrentó en la primera mitad de la actual administración fue la escasa cooperación internacional para la atención de este fenómeno, que es de escala global, aseveró.
Al respecto Valdés Castellanos hizo hincapié en la necesidad de que Estados Unidos actúe con mayor firmeza contra el tráfico de armas hacia México.
Entre los pendientes en materia de seguridad, el director general del Cisen precisó que esperan reducir los niveles de violencia en el territorio nacional, limitar la capacidad financiera de los grupos criminales, así como eliminar las causas y los componentes de las conductas delictivas en la sociedad mexicana.
(Con información de Notimex)
Mexicana, ante presunto fraude, denuncia la ASSA
Gustavo Sánchez/SDP | 03 de August, 2010 - 21:30
.La dirigente de la Asociación Sindical de Sobrecargos aseguró que tiene documentación en la que se giran instrucciones al personal para que los boletos comprados en esta empresa, sean contabilizados en CLICK y LINK. .
La líder de sobrecargos habló para SDPNOTICIASLizette Clavel Sánchez, dirigente de la ASSA, denunció un presunto fraude cometido por los dueños de la Compañía Mexicana de Aviación, quienes giraron instrucciones para que los boletos comprados en esta empresa, sean contabilizados en Click y Link, de las cuales también son dueños.
"Estamos ante un posible fraude, que quieren disfrazar de quiebra, ya que los recursos generados en esta empresa, son enviados a otras", expuso en entrevista con SDPNOTICIAS.
La líder de sobrecargos señaló que uno de los principales objetivos de los dueños, es la quiebra de la misma, ya que "la crisis que hoy presenta se debe a una deficiencia administrativa".
Reiteró que la crítica situación financiera, por la que Mexicana atraviesa, no se debe a "altos sueldos" de los trabajadores, como lo han argumentado los propios dueños, ya que, de hecho, en por lo menos tres años, no ha habido ningún incremento a los salarios establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo.
Además, Lizette aclaró que las sobrecargos de Mexicana tienen un sueldo de entre 5 mil y 14 mil pesos mensuales, según la antigüedad, lo que es menor al que pueden tener quienes trabajan en Aeroméxico (competencia directa de Mexicana).
Sobre el concurso mercantil que anunciaron los dueños de Mexicana, la dirigente aseguró que los trabajadores no han sido ni siquiera notificados, y lo calificó como un "engaño" ya que les habían dado (mediante un oficio) hasta el 9 de agosto para definir la situación de la Compañía, y prefirieron adelantarse seis días.
Asimismo, Clavel Sánchez precisó que no realizarán ninguna huelga o paro, pues no harán "nada que atente contra nuestra fuente de trabajo"; sino que, indicó, llevarán a cabo una campaña para "sensibilizar" a la población en el sentido de que esta crisis se debe a una "pésima administración" de la aerolínea y lo único que la ASSA busca es preservar el empleo de cientos.
.
Recorte de pensiones, una señal más
Rogelio Ramírez de la O
Pintados en la pared están los elementos de una incipiente crisis fiscal que nadie reconoce en el sector público, en donde se insiste que tenemos una economía sana y blindada y que somos uno de los pocos países que después de la crisis de 2009 tienen finanzas públicas sanas.
Pero no sería lógico que una economía casi sin crecimiento durante 30 años, al tiempo que su burocracia se multiplicó y las demandas sociales por servicios básicos crecieron, no llegara a un punto de rompimiento.
El hilo se revienta por lo más delgado: por un lado, la fuente principal de ingresos del gobierno, y por el otro, sus obligaciones ciudadanas. La primera, la renta petrolera, está cayendo porque la producción de crudo cae. El derecho de hidrocarburos cayó entre 2008 y 2009 en 417 mil millones de pesos, la mayor parte por menores precios. Pero desde 2004 la producción perdió alrdedor de 800 mil barriles, o el 23%.
La producción sólo puede ir hacia abajo con el agotamiento físico de campos viejos, sin que se hayan descubierto campos nuevos.
En cuanto a las obligaciones con los ciudadanos, en la práctica se han ido incumpliendo progresivamente. De ahí las decenas de miles de estudiantes rechazados cada año en universidades públicas y el deterioro en los servicios de salud y seguridad. El caso más reciente es la jurisprudencia de la Suprema Corte que reduce las pensiones de trabajadores asegurados en el IMSS. Si bien sólo se reducen las de más de 10 salarios mínimos y no son la mayoría, golpea a un sector social con aspiraciones, pero con recursos cada vez más modestos, y es sólo el comienzo.
La pérdida de credibilidad sobre la independencia de la Corte de los deseos del Ejecutivo hace que esta jurisprudencia sea vista como parte de otros eventos que apuntan a la misma conclusión: el Estado no podrá cumplir con todos sus compromisos internos. Abundando, y en la misma semana de este evento, el IMSS mostró que debe haber un aumento de cuotas para trabajadores asegurados o de lo contrario habría una implosión en sus finanzas.
En otro evento, el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados actualiza el dato de que en 2010 se dejan de pagar 545 mil millones de pesos de impuestos por exenciones y tratamientos especiales. Lo anterior, después del debate abierto que en 2009 sostuvieron el gobierno y los organismos empresariales sobre el esquema de consolidación fiscal, que aparentemente permitió a las grandes empresas dejar de pagar 300 mil millones de pesos a lo largo de varios años.
Todas estas advertencias han surgido, no en forma coordinada, sino una a una y relacionadas a problemas que el gobierno ha ido enfrentando, agudizados por la gran crisis de 2009. El costo macroeconómico de esta crisis fue tan alto que su secuela durará años.
Lo que sigue es una lucha entre sectores por defender su parte del ingreso nacional en un clima cada vez más desordenado y políticamente incierto. En algunos casos, los sectores percibirán que el Estado les arrebata ingreso que creían tener (como las pensiones) y en otros como una lucha de contrarios por un ingreso (la consolidación fiscal).
En un clima así, el Estado no logrará mucho, ni eliminando las exenciones fiscales. Primero, porque la economía no crece. Y segundo, porque la confianza mutua indispensable entre Estado y ciudadanos está rota. Hasta ahora sólo hemos visto la disputa entre grandes empresas por un pastel que no creció como les habían prometido los gobiernos del PAN. En la nueva etapa, la disputa incluirá a sectores más amplios que simplemente estarán defendiendo su parte ya muy reducida del pastel.
rograo@gmail.com
Analista económico
Pintados en la pared están los elementos de una incipiente crisis fiscal que nadie reconoce en el sector público, en donde se insiste que tenemos una economía sana y blindada y que somos uno de los pocos países que después de la crisis de 2009 tienen finanzas públicas sanas.
Pero no sería lógico que una economía casi sin crecimiento durante 30 años, al tiempo que su burocracia se multiplicó y las demandas sociales por servicios básicos crecieron, no llegara a un punto de rompimiento.
El hilo se revienta por lo más delgado: por un lado, la fuente principal de ingresos del gobierno, y por el otro, sus obligaciones ciudadanas. La primera, la renta petrolera, está cayendo porque la producción de crudo cae. El derecho de hidrocarburos cayó entre 2008 y 2009 en 417 mil millones de pesos, la mayor parte por menores precios. Pero desde 2004 la producción perdió alrdedor de 800 mil barriles, o el 23%.
La producción sólo puede ir hacia abajo con el agotamiento físico de campos viejos, sin que se hayan descubierto campos nuevos.
En cuanto a las obligaciones con los ciudadanos, en la práctica se han ido incumpliendo progresivamente. De ahí las decenas de miles de estudiantes rechazados cada año en universidades públicas y el deterioro en los servicios de salud y seguridad. El caso más reciente es la jurisprudencia de la Suprema Corte que reduce las pensiones de trabajadores asegurados en el IMSS. Si bien sólo se reducen las de más de 10 salarios mínimos y no son la mayoría, golpea a un sector social con aspiraciones, pero con recursos cada vez más modestos, y es sólo el comienzo.
La pérdida de credibilidad sobre la independencia de la Corte de los deseos del Ejecutivo hace que esta jurisprudencia sea vista como parte de otros eventos que apuntan a la misma conclusión: el Estado no podrá cumplir con todos sus compromisos internos. Abundando, y en la misma semana de este evento, el IMSS mostró que debe haber un aumento de cuotas para trabajadores asegurados o de lo contrario habría una implosión en sus finanzas.
En otro evento, el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados actualiza el dato de que en 2010 se dejan de pagar 545 mil millones de pesos de impuestos por exenciones y tratamientos especiales. Lo anterior, después del debate abierto que en 2009 sostuvieron el gobierno y los organismos empresariales sobre el esquema de consolidación fiscal, que aparentemente permitió a las grandes empresas dejar de pagar 300 mil millones de pesos a lo largo de varios años.
Todas estas advertencias han surgido, no en forma coordinada, sino una a una y relacionadas a problemas que el gobierno ha ido enfrentando, agudizados por la gran crisis de 2009. El costo macroeconómico de esta crisis fue tan alto que su secuela durará años.
Lo que sigue es una lucha entre sectores por defender su parte del ingreso nacional en un clima cada vez más desordenado y políticamente incierto. En algunos casos, los sectores percibirán que el Estado les arrebata ingreso que creían tener (como las pensiones) y en otros como una lucha de contrarios por un ingreso (la consolidación fiscal).
En un clima así, el Estado no logrará mucho, ni eliminando las exenciones fiscales. Primero, porque la economía no crece. Y segundo, porque la confianza mutua indispensable entre Estado y ciudadanos está rota. Hasta ahora sólo hemos visto la disputa entre grandes empresas por un pastel que no creció como les habían prometido los gobiernos del PAN. En la nueva etapa, la disputa incluirá a sectores más amplios que simplemente estarán defendiendo su parte ya muy reducida del pastel.
rograo@gmail.com
Analista económico
Los que protegían a “Nacho” Coronel
Serpientes y Escaleras | Salvador García Soto
La presencia del difunto capo Ignacio Nacho Coronel en los exclusivos círculos sociales de Guadalajara no era algo nuevo ni reciente. Desde hace varios años el narcotraficante número dos del Cártel de Sinaloa había hecho de la capital de Jalisco su lugar de residencia y centro de operaciones, y aunque siempre se manejaba con un bajo perfil y era más bien discreto, no sólo algunos de sus vecinos sabían de su presencia en Colinas del Sur: lo sabían también las policías municipales de Zapopan y la estatal, que le brindaban protección.
Al sobrino del Nacho, Mario Carrasco Coronel, también muerto a tiros por el Ejército, era común verlo en los bares y restaurantes de moda en Guadalajara y Zapopan, codeándose con los más connotados juniors tapatíos. Era también propietario de bares y, con una actividad mucho más visible que la de su tío, era su brazo derecho y operativo. Si eso lo sabían y lo comentaban muchos en Guadalajara, ¿no lo sabía el gobernador Emilio González o su secretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Nájera?
No es casual el silencio que durante varias horas guardó el gobernador jalisciense, quien apenas ayer, a pregunta expresa, se dijo abierto a “que se investigue a todos”, incluidos los funcionarios de su gobierno, policías estatales y municipales que podrían aparecer en las nóminas de Coronel, contenidas en la computadora encontrada por el Ejército, en el domicilio donde cayó abatido a tiros el capo. El mismo mandatario panista se dijo dispuesto a ser investigado y aseguró estar “tranquilo” por lo que pueda venir como secuelas tras la muerte del narcotraficante.
Todo indica que al gobernador se le puede conceder su deseo, pues en la Sedena aseguran que la computadora del Nacho sí contiene información sobre las redes de protección que, durante los últimos años, le permitieron operar en total tranquilidad y seguridad en el estado. Y en esas redes, afirman fuentes castrenses, saldrán nombres lo mismo de jefes policiacos municipales y estatales que de algunos colaboradores muy cercanos y de la confianza del gobernador.
No puede entenderse, comentan en las fuerzas castrenses, que Jalisco estuviera en una “calma chicha” teniendo en su capital, en una exclusiva zona residencial, a uno de los líderes del cártel más fuerte del país. Tampoco se entendería que el capo haya hecho de la capital jalisciense su centro operativo sin la seguridad de que las autoridades locales lo cobijarían y no delatarían su presencia a las fuerzas federales.
Si Arturo Beltrán Leyva encontró en Cuernavaca, y en todo Morelos, un refugio seguro para vivir y operar desde ahí su xártel, Ignacio Coronel tuvo en Guadalajara, y en Jalisco, las mismas condiciones para residir y controlar desde ahí las 10 plazas que, se dice, estaban bajo su mando en igual número de estados del país. En los dos casos, gobernadores panistas aparecen involucrados y fingen demencia y total ignorancia. En los dos casos, colaboradores cercanos aparecen como infiltrados por los capos de la droga; en el caso del morelense Marco Antonio Adame, las evidencias de involucramiento de su secretario de Seguridad y su procurador, acusados y detenidos por vínculos con los narcos, no bastaron para inculparlo, y recibió la total protección y respaldo del presidente Felipe Calderón. ¿Ocurrirá lo mismo con el jalisciense Emilio González, que no es precisamente santo de la devoción de Los Pinos?
NOTAS INDISCRETAS…
Hoy en Los Cabos, Elba Esther Gordillo encabeza una reunión nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En el Hotel Meliá Cabo Real se desarrolla desde el lunes y hasta el viernes el encuentro al que acuden todos los secretarios seccionales del país que recibieron una discreta invitación telefónica. El responsable de organizar la reunión por el SNTE fue Juan Díaz, y la organizó junto con María Elena Pérez Peña, de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP. En el programa figuran lo mismo temas educativos que de política o economía y entre los ponentes invitados están Luis Carlos Ugalde y Reyes Tamez. Hoy, con la presencia de la maestra se clausuran los trabajos y los secretarios recibieron la indicación expresa de que sus mujeres y sus hijos los alcanzaran en el transcurso del jueves para que jueves, viernes y fin de semana tuvieran placentero descanso por el trabajo realizado. No tendremos calidad ni nivel educativo, pero de que los dirigentes del SNTE tienen estilo, ni quién lo dude… Beatriz Paredes salió a desmentir que esté pensando en una prórroga de su mandato para quedarse al frente del PRI hasta las elecciones de 2012; la tlaxcalteca dijo que cumplirá con los estatutos, contrario a lo que propuso el viernes pasado el líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Cruz López, quien, al estilo campirano, decía “¿para qué cambiar de caballo a medio camino?”… Y es que los que buscan suceder a Beatriz Paderes ya están que se les cuecen las habas por empezar a moverse: de un lado está Emilio Gamboa, que desde la CNOP y con su compadre Manlio Fabio como aliado, va a buscarla; de otro lado está el gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, que será la carta de Enrique Peña Nieto, y ya se prepara para promover su imagen rumbo al CEN priísta. De los gobernadores salientes, Ulises Ruiz ya apesta a cadáver político y Fidel Herrera podría buscar ser un tercero en discordia, pero primero tiene que resolver la impugnación de los comicios veracruzanos que está por llegar al Tribunal Electoral federal. Ivonne Ortega podría ser una segunda opción de Peña Nieto… Cuando Manuel Espino dice “calderonistas operaron mi salida de la ODCA”, se refiere en concreto a Max Cortázar, que junto con otros integrantes del CEN panista operó la llegada de Jorge Ocejo y el golpe a Espino… Los dados mandan Serpiente. Caída libre.
La presencia del difunto capo Ignacio Nacho Coronel en los exclusivos círculos sociales de Guadalajara no era algo nuevo ni reciente. Desde hace varios años el narcotraficante número dos del Cártel de Sinaloa había hecho de la capital de Jalisco su lugar de residencia y centro de operaciones, y aunque siempre se manejaba con un bajo perfil y era más bien discreto, no sólo algunos de sus vecinos sabían de su presencia en Colinas del Sur: lo sabían también las policías municipales de Zapopan y la estatal, que le brindaban protección.
Al sobrino del Nacho, Mario Carrasco Coronel, también muerto a tiros por el Ejército, era común verlo en los bares y restaurantes de moda en Guadalajara y Zapopan, codeándose con los más connotados juniors tapatíos. Era también propietario de bares y, con una actividad mucho más visible que la de su tío, era su brazo derecho y operativo. Si eso lo sabían y lo comentaban muchos en Guadalajara, ¿no lo sabía el gobernador Emilio González o su secretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Nájera?
No es casual el silencio que durante varias horas guardó el gobernador jalisciense, quien apenas ayer, a pregunta expresa, se dijo abierto a “que se investigue a todos”, incluidos los funcionarios de su gobierno, policías estatales y municipales que podrían aparecer en las nóminas de Coronel, contenidas en la computadora encontrada por el Ejército, en el domicilio donde cayó abatido a tiros el capo. El mismo mandatario panista se dijo dispuesto a ser investigado y aseguró estar “tranquilo” por lo que pueda venir como secuelas tras la muerte del narcotraficante.
Todo indica que al gobernador se le puede conceder su deseo, pues en la Sedena aseguran que la computadora del Nacho sí contiene información sobre las redes de protección que, durante los últimos años, le permitieron operar en total tranquilidad y seguridad en el estado. Y en esas redes, afirman fuentes castrenses, saldrán nombres lo mismo de jefes policiacos municipales y estatales que de algunos colaboradores muy cercanos y de la confianza del gobernador.
No puede entenderse, comentan en las fuerzas castrenses, que Jalisco estuviera en una “calma chicha” teniendo en su capital, en una exclusiva zona residencial, a uno de los líderes del cártel más fuerte del país. Tampoco se entendería que el capo haya hecho de la capital jalisciense su centro operativo sin la seguridad de que las autoridades locales lo cobijarían y no delatarían su presencia a las fuerzas federales.
Si Arturo Beltrán Leyva encontró en Cuernavaca, y en todo Morelos, un refugio seguro para vivir y operar desde ahí su xártel, Ignacio Coronel tuvo en Guadalajara, y en Jalisco, las mismas condiciones para residir y controlar desde ahí las 10 plazas que, se dice, estaban bajo su mando en igual número de estados del país. En los dos casos, gobernadores panistas aparecen involucrados y fingen demencia y total ignorancia. En los dos casos, colaboradores cercanos aparecen como infiltrados por los capos de la droga; en el caso del morelense Marco Antonio Adame, las evidencias de involucramiento de su secretario de Seguridad y su procurador, acusados y detenidos por vínculos con los narcos, no bastaron para inculparlo, y recibió la total protección y respaldo del presidente Felipe Calderón. ¿Ocurrirá lo mismo con el jalisciense Emilio González, que no es precisamente santo de la devoción de Los Pinos?
NOTAS INDISCRETAS…
Hoy en Los Cabos, Elba Esther Gordillo encabeza una reunión nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En el Hotel Meliá Cabo Real se desarrolla desde el lunes y hasta el viernes el encuentro al que acuden todos los secretarios seccionales del país que recibieron una discreta invitación telefónica. El responsable de organizar la reunión por el SNTE fue Juan Díaz, y la organizó junto con María Elena Pérez Peña, de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP. En el programa figuran lo mismo temas educativos que de política o economía y entre los ponentes invitados están Luis Carlos Ugalde y Reyes Tamez. Hoy, con la presencia de la maestra se clausuran los trabajos y los secretarios recibieron la indicación expresa de que sus mujeres y sus hijos los alcanzaran en el transcurso del jueves para que jueves, viernes y fin de semana tuvieran placentero descanso por el trabajo realizado. No tendremos calidad ni nivel educativo, pero de que los dirigentes del SNTE tienen estilo, ni quién lo dude… Beatriz Paredes salió a desmentir que esté pensando en una prórroga de su mandato para quedarse al frente del PRI hasta las elecciones de 2012; la tlaxcalteca dijo que cumplirá con los estatutos, contrario a lo que propuso el viernes pasado el líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Cruz López, quien, al estilo campirano, decía “¿para qué cambiar de caballo a medio camino?”… Y es que los que buscan suceder a Beatriz Paderes ya están que se les cuecen las habas por empezar a moverse: de un lado está Emilio Gamboa, que desde la CNOP y con su compadre Manlio Fabio como aliado, va a buscarla; de otro lado está el gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, que será la carta de Enrique Peña Nieto, y ya se prepara para promover su imagen rumbo al CEN priísta. De los gobernadores salientes, Ulises Ruiz ya apesta a cadáver político y Fidel Herrera podría buscar ser un tercero en discordia, pero primero tiene que resolver la impugnación de los comicios veracruzanos que está por llegar al Tribunal Electoral federal. Ivonne Ortega podría ser una segunda opción de Peña Nieto… Cuando Manuel Espino dice “calderonistas operaron mi salida de la ODCA”, se refiere en concreto a Max Cortázar, que junto con otros integrantes del CEN panista operó la llegada de Jorge Ocejo y el golpe a Espino… Los dados mandan Serpiente. Caída libre.
SCJN: mayoría avala los matrimonios gay
Siete de los 11 ministros del alto tribunal se pronunciaron ayer por declarar que este tipo de matrimonios no violenta ninguna disposición establecida en la Constitución. Se espera que el número de votos a favor aumente en la sesión del jueves
Los matrimonios entre personas del mismo sexo, en el Distrito Federal, recibieron el aval de la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante el primer día de discusiones en torno al juicio que promovió el procurador General de la República para impugnar la reforma capitalina que permite este tipo de uniones.
Siete de los 11 ministros del alto tribunal se pronunciaron ayer por declarar que este tipo de matrimonios no violenta ninguna disposición establecida en la Constitución. Se espera que el número de votos a favor aumente en la sesión del jueves. Pero con la mayoría existente se puede dar por hecho que las bodas gay en el DF se mantendrán.
Una vez que terminen de fijar sus posturas en torno a este tema, los ministros pasarán a establecer los alcances de su decisión a nivel nacional y a fijar sus posturas en torno a si respaldan o no que estas parejas puedan adoptar niños.
El presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, junto con el ministro Sergio Aguirre Anguiano, se manifestó en contra de las reformas capitalinas. Pero al darse cuenta de que perderán la votación y de que la reforma, en el punto de los matrimonios, será avalada, Ortiz buscó evitar que la decisión tenga un alcance nacional y sólo se restrinja al Distrito Federal.
Ortiz les pidió a sus compañeros que se pronuncien por declarar constitucionalmente validos los matrimonios, pero sólo bajo el argumento de que es competencia de los legisladores locales definir el concepto de matrimonio.
Con este argumento, en opinión de Ortiz, se preservaría la medida, pero se evitaría que tuviera impacto en el resto del país. El presidente de la Corte les pidió no validar la norma con base en el argumento de que con esta medida se preservó el derecho a la no discriminación y a la igualdad de los homosexuales y lesbianas, porque de ser así se avalaría este tipo de uniones para todo el país y se diría, en la práctica, que los estados que no las implementen estarían violando la Constitución. Pero este tema se dejó pendiente para la sesión de mañana.
Por lo pronto, la primera sesión de la Corte se llevó a cabo sin mucha polémica, dado que los ministros se limitaron, básicamente a fijar sus posturas. El único intercambio de opiniones fue generado por el ministro Sergio Anguirre Anguiano, quien, como se preveía por su estilo conservador, se opuso a la reforma del DF. Para defender su postura Aguirre lo mismo hizo referencia a Benito Juárez, a sus Leyes de Reforma, que a figuras geométricas, al origen cultural y etimológico de la palabra matrimonio, que a la defensa de una institución que, dijo, está destinada a la procreación y preservación de la humanidad.
De inicio, Aguirre afirmó que la reforma aprobada en el DF traiciona la ideología juarista y los ideales de los liberales que consideraban que los matrimonios sólo deben contraerse entre un hombre y una mujer. A manera de ejemplo, para dar una idea de cómo se alteró la esencia del matrimonio, dijo, que la medida había sido tanto como quitarle un lado a un cuadrado para que dejara de ser un cuadro y se convirtiera en un triángulo.
La respuesta a sus afirmaciones llegó de inmediato. Punto, por punto, el ministro Arturo Zaldívar refutó a Aguirre.
Al fijar su postura en torno al primer tema de la discusión, Zaldívar dijo que le parecía “muy preocupante” lo dicho por su compañero, porque era desconocer que en el país hay distintos tipos de familias, las formadas por quienes tienen hijos adoptivos, por madres solteras, por padres divorciados, por abuelitos que se hacen cargo de los nietos.
“No veo —afirmó— razón para sostener que hay un concepto ideal de familia”, ni para decir que el modelo formado por heterosexuales es el mejor, basta, agregó, con ver las cifras en torno a abusos sexuales cometidos en este tipo de familias y que, dijo, son alarmantes. No es posible, afirmó, seguir pensando en esta “familia tipo Disneylandia”, porque no hay familias de primera ni de segunda; todas, agregó, merecen respeto
Muchas interrogantes y pocas certezas (Segunda parte)
Exijamos lo Imposible!!
María Teresa Jardí
II
Lo de Fernández se dijo que podía deberse a una represalia por la detención de Coronel y al mismo tiempo la razón de la rauda liberación de la mujer —medio, digamos— esa explicación tenía. Digo medio, porque de un lado se supone que son delincuentes y que del otro está quien tiene la fuerza del Estado. Pero tomando en cuenta que vivimos en medio de un fecalismo usurpador probadamente cobarde, de una ineficiencia insuperable y de una incultura que espanta, eran explicaciones que hasta podían ser ciertas. Y desde luego mucho más lógicamente creíbles, que el invento del grupo guerrillero. Con lo que estoy convencida que se busca el pretexto para generalizar, de una buena vez, la represión en marcha. Ante la imposibilidad, merced a la incuestionable vocación pacifista del pueblo mexicano, de hacer estallar al país a pesar de la lucha a brazo partido que el usurpador del Ejecutivo lleva adelante para lograrlo, contando con el apoyo del Legislativo, del Judicial y de la jerarquía eclesiástica, de la telebasura, como es obvio y de al menos los empresarios que con la aplicación sin leyes del sistema neoliberal y al puñado de mafiosos que el poder controlan beneficia. Hasta da pena ajena el pensar en el prestigio que la Corte tenía y en lo que es hoy ese atajo de ministros que ni a coyotes llegan.
Al no mostrar el cadáver cabe la posibilidad de que Coronel no sea el muerto o que lleve muerto un largo tiempo o que lisa y llanamente se trate de otra ejecución impune y más aún cuando no es ya el único asesinado sino que también al parecer se suma la ejecución de un sobrino. Y cabe dentro de lo posible que Fernández de Cevallos esté muerto desde hace ya un largo rato o escondido sirviendo al amo que el mensaje a él también le mandara porque desde el PAN cuestionaba a Calderón.
Y también cabe dentro de lo posible que el asesinato de Coronel, como otros ya han señalado, se trate de una limpia de cara a deshacerse de quien pueda hacerle la competencia al “El Chapo”, quien es, como salta a la vista, el capo elegido por la usurpación fecalista como el favorito en el narco-estado que, a la mexicana, con singular ausencia de visión a futuro, hasta para la propia clase política, con el PAN, mal administrando el Ejecutivo Federal, es decir, desde Fox, se ha implantado en el país.
Y por otro lado, como tanto Coronel, como el propio “Chapo”, queda claro que son capos descartables. Y que no es ahí donde el problema del narcotráfico debe ser atacado y en cambio intocado se deja el lavado de dinero que a la clase política beneficia y en las campañas políticas campea. Lo importante de las filtraciones y posteriores actuaciones está en el chivo expiatorio que ya se prepara.
A raíz de las últimas filtraciones sobre Diego Fernández de Cevallos, Raymundo Riva Palacio opinó que sí se podía tratar de un secuestro. Mientras que Javier Oliva Posada, con el que coincido plenamente, dijo que no creía que se tratara de una organización subversiva la autora de la desaparición de Fernández de Cevallos. Mientras que José Cárdenas, el elegido para filtrar la nota, sólo haya sido el designado a modo, tan quemados que están los otros meramente televisivos para hacer la filtración.
Los secuestros cometidos por grupos guerrilleros suelen tener tres objetivos: el de financiarse, el de reivindicarse como grupo dándose a conocer y el de demostración de la fuerza que tienen. Siendo el primero meramente económico y los otros dos más bien políticos.
En la etapa en la que se encontraría un grupo mexicano con esas características es posible afirmar, sin mucho temor a equivocarse, que lo que buscarían es la obtención de dinero para financiar su movimiento.
Si lo que se quiere es dinero, no mandaría, jamás, ningún grupo guerrillero, una foto de quien parece un cadáver y menos aún con una revista fechada dos meses antes. No hay familiar que en su sano juicio dé por vivo a alguien con esa prueba de vida que más bien es la prueba de lo contrario. Mientras que tratándose de cualquiera de las motivaciones de índole política la reivindicación hubiera sido hecha por el grupo de inmediato. Y además está lo del chip, a lo que me referiré mañana, dado que existe una interesante versión al respecto y ni qué decir de la carta a la que también me referiré mañana.
María Teresa Jardí
II
Lo de Fernández se dijo que podía deberse a una represalia por la detención de Coronel y al mismo tiempo la razón de la rauda liberación de la mujer —medio, digamos— esa explicación tenía. Digo medio, porque de un lado se supone que son delincuentes y que del otro está quien tiene la fuerza del Estado. Pero tomando en cuenta que vivimos en medio de un fecalismo usurpador probadamente cobarde, de una ineficiencia insuperable y de una incultura que espanta, eran explicaciones que hasta podían ser ciertas. Y desde luego mucho más lógicamente creíbles, que el invento del grupo guerrillero. Con lo que estoy convencida que se busca el pretexto para generalizar, de una buena vez, la represión en marcha. Ante la imposibilidad, merced a la incuestionable vocación pacifista del pueblo mexicano, de hacer estallar al país a pesar de la lucha a brazo partido que el usurpador del Ejecutivo lleva adelante para lograrlo, contando con el apoyo del Legislativo, del Judicial y de la jerarquía eclesiástica, de la telebasura, como es obvio y de al menos los empresarios que con la aplicación sin leyes del sistema neoliberal y al puñado de mafiosos que el poder controlan beneficia. Hasta da pena ajena el pensar en el prestigio que la Corte tenía y en lo que es hoy ese atajo de ministros que ni a coyotes llegan.
Al no mostrar el cadáver cabe la posibilidad de que Coronel no sea el muerto o que lleve muerto un largo tiempo o que lisa y llanamente se trate de otra ejecución impune y más aún cuando no es ya el único asesinado sino que también al parecer se suma la ejecución de un sobrino. Y cabe dentro de lo posible que Fernández de Cevallos esté muerto desde hace ya un largo rato o escondido sirviendo al amo que el mensaje a él también le mandara porque desde el PAN cuestionaba a Calderón.
Y también cabe dentro de lo posible que el asesinato de Coronel, como otros ya han señalado, se trate de una limpia de cara a deshacerse de quien pueda hacerle la competencia al “El Chapo”, quien es, como salta a la vista, el capo elegido por la usurpación fecalista como el favorito en el narco-estado que, a la mexicana, con singular ausencia de visión a futuro, hasta para la propia clase política, con el PAN, mal administrando el Ejecutivo Federal, es decir, desde Fox, se ha implantado en el país.
Y por otro lado, como tanto Coronel, como el propio “Chapo”, queda claro que son capos descartables. Y que no es ahí donde el problema del narcotráfico debe ser atacado y en cambio intocado se deja el lavado de dinero que a la clase política beneficia y en las campañas políticas campea. Lo importante de las filtraciones y posteriores actuaciones está en el chivo expiatorio que ya se prepara.
A raíz de las últimas filtraciones sobre Diego Fernández de Cevallos, Raymundo Riva Palacio opinó que sí se podía tratar de un secuestro. Mientras que Javier Oliva Posada, con el que coincido plenamente, dijo que no creía que se tratara de una organización subversiva la autora de la desaparición de Fernández de Cevallos. Mientras que José Cárdenas, el elegido para filtrar la nota, sólo haya sido el designado a modo, tan quemados que están los otros meramente televisivos para hacer la filtración.
Los secuestros cometidos por grupos guerrilleros suelen tener tres objetivos: el de financiarse, el de reivindicarse como grupo dándose a conocer y el de demostración de la fuerza que tienen. Siendo el primero meramente económico y los otros dos más bien políticos.
En la etapa en la que se encontraría un grupo mexicano con esas características es posible afirmar, sin mucho temor a equivocarse, que lo que buscarían es la obtención de dinero para financiar su movimiento.
Si lo que se quiere es dinero, no mandaría, jamás, ningún grupo guerrillero, una foto de quien parece un cadáver y menos aún con una revista fechada dos meses antes. No hay familiar que en su sano juicio dé por vivo a alguien con esa prueba de vida que más bien es la prueba de lo contrario. Mientras que tratándose de cualquiera de las motivaciones de índole política la reivindicación hubiera sido hecha por el grupo de inmediato. Y además está lo del chip, a lo que me referiré mañana, dado que existe una interesante versión al respecto y ni qué decir de la carta a la que también me referiré mañana.
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