Ante la eventual declaración de quiebra de Mexicana de Aviación y la huelga prevista para el 1 de abril, el gobierno federal elaboró un complejo plan para combatir disturbios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así, mientras el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aparentaba atender las preocupaciones de los empleados y jubilados de la aerolínea, se afinaban detalles para que las fuerzas federales ahogaran toda protesta por la muerte de sus esperanzas.
Elaborado desde principios de marzo, un plan concebido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pretende evitar que el personal inconforme de Mexicana de Aviación impida la operación de otras aerolíneas y afecte a prestadores de servicios o al resto de la terminal aérea.
La estrategia, denominada Plan emergente. Acciones del personal de Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y de la cual Proceso tiene una copia, prevé el estallamiento de la huelga para “el primer minuto del 1 de abril” por parte de dicho personal, con la participación de organizaciones afines a los sindicatos aéreos.
El “detonante”, como se menciona en el documento, sería la “resolución judicial declarando la quiebra de Mexicana de Aviación, considerando que el día 25 de enero de 2013 venció el plazo otorgado por el juzgado a efecto de que cualquier interesado presentara y acreditara sus propuestas económicas”.
No obstante, el 26 de marzo Alfonso Sarabia, director del AICM, todavía les garantizó a trabajadores jubilados de Mexicana de Aviación que mantienen su huelga de hambre desde el 18 de marzo que respetaría su derecho a manifestarse en esas instalaciones.
Según el plan emergente, los 8 mil 500 trabajadores que se quedaron sin empleo desde hace casi tres años “conocen los procedimientos de seguridad a seguir por el AICM y en consecuencia, ante una amenaza, es posible que sea el propio aeropuerto quien deba suspender operaciones de una aerolínea”.
El 30 de julio de 2010 Mexicana de Aviación emitió una circular para anunciar su eventual quiebra; solicitó a la justicia mexicana y estadunidense aplicar medidas de protección contra sus acreedores (concurso mercantil), y mediante su línea de bajo costo Mexicana Link, el Grupo Posadas –dueño de la concesión– convocó a concurso para seleccionar a los pilotos para sus vuelos a Estados Unidos.
Gastón Azcárraga, en ese entonces accionista mayoritario del Grupo Posadas, señaló que había tomado esa decisión porque la aerolínea tenía una deuda de 200 millones de dólares. El entonces director de ésta, Manuel Borja Chico, argumentó que la tormenta financiera se recrudeció por el alza de las gasolinas, la crisis económica y la contingencia sanitaria provocada por la influenza en 2009.
Sin embargo, documentos obtenidos por este semanario (Proceso 1762) demuestran que la estrategia del Grupo Posadas se fraguó desde 2008, cuando sus inversionistas decidieron crear el Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA) y ceder los derechos de las empresas, inmobiliarias, flotillas, edificios y activos del Grupo Mexicana de Aviación (GMA).
Los dueños de NGA y GMA son los mismos: Grupo Posadas y sus inversionistas, entre ellos Banco Ixe, uno de cuyos consejeros propietarios en el consejo de administración es Javier Molinar Horcasitas, hermano del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, el panista Juan Molinar Horcasitas.
Los otros integrantes de dicho consejo son Gastón Azcárraga, Álvaro Fernández Garza, Juan Ignacio Gallardo Thurlow, así como Ricardo, Estela y Javier Amtmann Aguilar, quienes aportaron financiamiento a la campaña presidencial de Felipe Calderón en 2006.
La cesión, declarada ante la Comisión Federal de Competencia (CFC) el 29 de diciembre de 2009, abarcó las acciones de CMA, Aerovías Caribe (Click Mexicana), Mexibal, Aeropuertos y Terrenos (ATSA), Aerosys, Centro de Capacitación Alas de América, Turborreactores, Aero Eventos Mexicanos, Servicios Frecuenta, Mexicana MRO, Gamma Servicios de Negocios, Servicios In Eligendo, Datatronic, Grupo Corporativo Mexicana, Aeromonterrey y Aerolibertad/Aeropacífico (las dos últimas nunca han operado), que eran propiedad de GMA, según el documento de siete fojas. El importe de la operación superó los 986 millones 400 mil pesos.
La transacción fue formalizada el 22 de febrero de 2010 por el notario 103 del Distrito Federal, Armando Gálvez Pérez Aragón. De acuerdo con el documento 0937911, incluido en el expediente 0781720 del folio 0036187 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Mexicana trasladó a NGA los derechos de los registros de marca, avisos comerciales y solicitudes de registro de marca, incluyendo logotipos, diseños, eslóganes y avisos comerciales.
Después involucraron al exdirector de finanzas de Mexicana de Aviación, Gerardo Barrera Segura, en un presunto fraude por 15 millones de pesos contra la empresa; argumentaron que esa sangría de recursos y el alto costo de los contratos colectivos de sus trabajadores hacían incosteable a la aerolínea.
Desde 2006 los dueños de Mexicana negociaban con los organismos gremiales ASSA, ASPA y el SNTTTASS la reducción de esos contratos colectivos. A los pilotos les quitaron su aumento salarial por cuatro años, redujeron el personal, incrementaron sus jornadas laborales y redujeron sus descansos y prestaciones como el aguinaldo, prima vacacional y pagos por horas nocturnas y aterrizaje. Con estas medidas la empresa ahorró 450 millones de pesos y 110 millones más por reducción en jubilaciones de pilotos.
A los trabajadores de tierra les congelaron los salarios por tres años, firmaron seis convenios para cancelar sus incentivos, aumentaron sus jornadas laborales, se redujo al personal sindicalizado de 504 a 224 trabajadores, y se ahorraron así 75 millones de pesos. Además, mediante los convenios la empresa dejó de erogar 50 millones de pesos por año y 575 millones de pesos por la negociación del contrato colectivo.
El problema surgió cuando el sindicato de sobrecargos no renegoció su contrato colectivo y el 2 de marzo de 2007 Mexicana interpuso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje una denuncia de naturaleza económica contra ASSA alegando que sus finanzas eran precarias. El sindicato de sobrecargos se amparó, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el asunto en su contra.
Los miedos
Con esos antecedentes, en el plan emergente se prevé que participe en el operativo personal de la Secretaría de Gobernación, a través de la Policía Federal (PF) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la SCT mediante su Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y su Dirección General de Comunicación Social.
Además, se incluye a la Procuraduría General de la República (PGR) representada por el Ministerio Público, al Estado Mayor Presidencial, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al propio AICM.
En el apartado “d”, denominado “acciones probables por parte del personal de Mexicana de Aviación” se prevé la “incursión de personas y vehículos en las pistas y su posible contaminación con elementos metálicos: impedir que otras aerolíneas atiendan a sus pasajeros en mostradores; bloqueo en los Puntos de Inspección de Seguridad (PIS); invasión de las Salas de Última Espera (SUE’s); toma de instalaciones, reteniendo a las personas presentes (rehenes); toma de instalaciones; amenazas (seguramente ficticias) de artefactos explosivos a bordo de aeronaves y/o instalaciones estratégicas; manifestaciones en las instalaciones (se ha registrado presencia de actores ajenos: SME, STUNAM, Sindicato de Telefonistas, Sindicato de Trabajadores del GDF); bloqueos de las vialidades internas del aeropuerto (zonas bajo jurisdicción federal) y/o en las vialidades urbanas que conectan al Aeropuerto (zonas bajo jurisdicción del Gobierno del DF)”.
De manera paralela, se contempla tomar “medidas institucionales”, como lanzar una campaña en medios de comunicación “para generar corrientes de opinión pública favorables al aeropuerto –se trata de resaltar la importancia económica y social de las operaciones del aeropuerto”.
Asimismo, “solicitar la presencia oportuna de las Fuerzas Federales, e incluso del Ejército, para preservar en el caso de afectaciones a las operaciones aeronáuticas. Solicitar la presencia y apoyo de inspectores adscritos a la DGAC para conocer e intervenir en el caso de afectaciones a las operaciones aeronáuticas. Solicitar la presencia del Ministerio Público Federal para conocer y adoptar medidas en actos que pudiesen constituir delitos del orden federal”.
Ante estos “posibles riesgos”, las autoridades federales elaboraron una “matriz”, en la cual aparece como el peligro mayor la toma de las instalaciones aeroportuarias, tomando como referencia principal la marcha realizada en 2010 por el SNTTTAS “en la cual se concentraron alrededor de 2 mil personas, obstaculizando los principales accesos viales del aeropuerto”.
Coordinación gubernamental
Si el personal de Mexicana inconforme ingresa a las pistas o por los accesos vehiculares –se prevé en el plan emergente– intervendrán la policía y el Estado Mayor en un plazo máximo de 10 minutos; en caso de que cierren las vialidades para impedir la llegada de pasajeros y usuarios, se encargarían de reabrirlas la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y el gobierno capitalino.
Como escenarios “críticos” se identifican las posibles manifestaciones en puntos de inspección de seguridad y en las bandas de reclamo de equipaje nacional e internacional. Estas áreas se consideran puntos vulnerables porque son abiertas y tienen puertas automáticas; ahí formarían vallas los policías auxiliares, guardias del aeropuerto y de la SSP federal.
En caso de que hubiera protestas en el puente vehicular que conecta la Terminal 1 con la Terminal 2, se solicitará la presencia de la PF.
“Se estima de 30 a 60 minutos el tiempo de respuesta de los apoyos (fuerzas federales, Ejército) en caso de no encontrarse presentes en el aeropuerto. Una vez controlado el evento, se estima que las operaciones podrían reanudarse en un plazo de 60 minutos, en el caso extremo (revisión y limpieza de pistas)”, se calcula en el documento.
También se plantea la necesidad de preparar el operativo con acciones como las siguientes: efectuar recorridos de funcionarios de la SCT, la PF y el AICM; identificar los puntos críticos, “analizar el sustento legal para la actuación de las autoridades”, realizar una campaña en medios de comunicación “coordinada por la Dirección General de Comunicación Social de la SCT” y llevar a cabo reuniones de coordinación entre autoridades.
Para el operativo en sí, se requieren 870 elementos de seguridad “ya asignados para cubrir las zonas públicas, restringidas y estériles en ambas terminales”, además de 170 efectivos para reforzar la seguridad. Las unidades de apoyo externo “se definirán durante el recorrido”.
Se definen como zonas de reunión para los “apoyos externos” la antigua ubicación del edificio de los Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), así como “Correos y Alameda”, donde están las puertas autorizadas por donde entrarán las unidades de apoyo con sus vehículos y equipo.
La primera “alerta” la daría la Dirección General del AICM, luego la comandancia general, que debe formar un Centro de Comando de Contingencia (CCC) y dar aviso a las fuerzas federales.
El CCC coordinará las actividades privilegiando “las vidas humanas, las instalaciones e infraestructura del AICM, las aeronaves, equipos de apoyo y demás medios con que operan las líneas aéreas y prestadores de servicios”.
Además, dicho centro debe mantener informado al Comité Local de Seguridad Aeroportuaria y, de ser necesario, solicitar más apoyos internos o externos.
Los miembros del CCC citados en el documento son Alexandro Argudín, de la Dirección General de Aeronáutica Civil; el comisario José Armando Ramón Hernández, de la PF; el director general del AICM, Alfonso Sarabia; el comandante general del AICM, Armando Subirats Simón; y el director de Políticas Institucionales de la PGR, Jorge Nader Curi.
También se menciona al encargado del Cisen en el AICM, Gabriel Sánchez Rosales; el director de Atención Ciudadana de Gobernación, Lorenzo Gómez Hernández; el director general adjunto de Operación del AICM, Enrique Romero García; el subdirector de Terminal Miguel Ángel Téllez Estrada; y el subdirector de operación del AICM, Luis Calderón Navarro.
Maniobra distractora
Mientras este plan se concretaba, el 25 de marzo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con trabajadores de Mexicana para tratar el tema del pago a los jubilados, que no tienen relación con el conflicto pero llevan más de ocho meses sin recibir su pensión.
En una circular informativa firmada por el secretario general de ASSA, Ricardo del Valle, se informó que ese día la organización de sobrecargos solicitó que el gobierno federal interviniera en el rescate de Mexicana o bien que otorgara facilidades para captar una inversión privada “o en su defecto para que (Mexicana) se constituya en una empresa propiedad de los trabajadores y que sean éstos quienes operen esta fuente de empleo”.
En el documento también se informó que entre las acciones jurídicas y políticas que pueden realizar los trabajadores para defender sus intereses están el emplazamiento a huelga en Mexicana de Aviación y en Click, así como interponer denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el apoyo de otros sindicatos y organizaciones afines a su causa. Precisamente uno de los fundamentos del “plan emergente” del gobierno federal para el 1 de abril.
El 27 de marzo Ricardo del Valle envió un mensaje a los sobrecargos activos y jubilados de Mexicana para informarles que Osorio Chong se comprometió a que el representante del administrador de la Compañía Mexicana de Aviación –una empresa inexistente–, Roberto Carlos Sánchez, designaría a los integrantes del comité técnico del fideicomiso para el pago de las pensiones de los sobrecargos jubilados.
Además, notificó que la representación sindical propondrá a dos sobrecargos jubilados y un representante sindical para que formen parte del mencionado comité técnico, en el que nunca antes se habían asignado tres posiciones para los trabajadores.
“La designación de los miembros del comité técnico se efectuará dentro de las próximas 48 horas hábiles”, precisó Del Valle en la circular, pero no mencionó que el gobierno federal ya tiene su plan emergente para cuando se declare la quiebra de la aerolínea.
Mientras los trabajadores trataban de negociar, Osorio Chong se comprometió a determinar la fecha de reunión del comité técnico para que el pago de los adeudos pendientes se realizara “a más tardar” el viernes 5 de abril, sin perjuicio de los derechos de los jubilados sobre las cantidades anteriores y de las que se generen a futuro.
“Se sostendrá una reunión con el administrador de Mexicana MRO, a más tardar el lunes 1 de abril de 2013 por la tarde, para revisar la situación de la empresa y obtener información que sustente la problemática para atender las necesidades de los jubilados”, decía la circular, y añadió que la Secretaría del Trabajo se coordinaría con la SCT para que los jubilados continuaran con su cotización en el Seguro Social y obtuvieran su pensión.
