martes, 14 de mayo de 2019

México: la controvertida refinería en la que se gastaron US$620 millones y sólo se construyó un muro

Alberto Nájar
Cuando se anunció el proyecto hubo alegría por todo el pueblo: Atitalaquia, Hidalgo, había sido elegido para construir la primera refinería mexicana en 30 años.
Era el 14 de abril 2009. El entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles, informó que el complejo sería instalado en esa comunidad rural en el centro del país.
La obra prometía cambiar la vida del pueblo, que depende sobre todo de la siembra de maíz, frijol, alfalfa y cebada.
Durante los siguientes seis años -el tiempo estimado para construirlo- se esperaba una inversión mayor a US$9.000 millones.
A los vecinos se les ofreció empleo y oportunidades de negocios para casi todos.
Fue un sueño. Siete años después, del magno proyecto sólo se construyó un muro para cercar las 700 hectáreas donde se instalaría.
Muro ubicado en el terreno donde se iba a construir la refinería.Derechos de autor de la imagenBBC MUNDO
Image captionDel proyecto de la refinería que iba a cambiar la vida de Atitalaquia solo quedó este muro.
La zona que eran cultivos agrícolas está abandonada, prácticamente sin vigilancia. Los empleos prometidos en Pemex y en la construcción de la refinería, llamada Bicentenario, no llegaron.
Ahora muchos de los 520 campesinos que vendieron sus tierras están peor que antes, le dice a BBC Mundo Enrique Flores Hernández, vecino del pueblo.
Las tierras se vendieron, trabajo no hubo como se prometió. Era la esperanza de la gente pero todo se quedó en el camino".
"Fue un engaño para nosotros, independientemente de que se pagaron las tierras, moralmente había un compromiso de que iba a haber empleo para los campesinos. Por eso la gente está molesta".

"Cambio de planes"

Desde el 18 de marzo de 2008, cuando el expresidente Felipe Calderón anunció los planes para construir una nueva refinería, el plan fue severamente criticado.
Felipe CalderónDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionDespués que el entonces presidente de México, Felipe Calderón, anunció los planes de construir una refinería en Atitalaquia, el proyecto empezó a recibir fuertes críticas.
Muchos cuestionaron la utilidad de producir gasolina y diésel (gasóleo)en el país a un costo mayor al del mercado internacional.
Según el gobierno el objetivo era reducir la importación de gasolina, estimada en unos 350.000 barriles diarios.
Originalmente en el complejo Bicentenario se esperaban producir 250.000 barriles al día, y crear 32.000 empleos directos e indirectos.
Los gobiernos de diez estados pidieron que albergar el proyecto, e incluso en Guanajuato compró cientos de hectáreas con valor de 1.000 millones de pesos, US$78 millones según la cotización de la época.
Esas tierras están abandonadas, como sucede en Atitalaquia.
Y a pesar de que el complejo petroquímico nunca se concretó, cada año la Cámara de Diputados autorizó presupuesto para planes, estudios, nivelar el terreno y construir el muro que lo cercó.
Sede de Pemex en Ciudad de MéxicoDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionUn vocero de Pemex dijo que allí no se tomó la decisión de cancelar el proyecto de la refinería.
En 2014 la refinería fue definitivamente cancelada. Para ese momento se habían invertido recursos fiscales por más de 9.000 millones de pesos, más de US$620 millones.
BBC Mundo preguntó a Pemex las razones para detener el proyecto. Un vocero de la empresa productiva del Estado dijo que allí no se tomó la decisión.
En ese proceso su única participación fue asumir el costo de la deuda por comprar las 700 hectáreas de terreno, que había pagado el gobierno de Hidalgo.
La Secretaría de Energía dijo a BBC Mundo que cambiaron los planes originales.
"La decisión en torno a la refinería Bicentenario se debe a que el plan de negocios de Pemex está orientado a reconfigurar las refinerías existentes", señaló en un mensaje de correo electrónico.
"Lo que se pretende es mejorar la producción de gasolinas".
Refinería en Tula, Hidalgo.Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionEl gobierno federal decidió ampliar la refinería ubicada en Tula, Hidalgo, a unos kilómetros de Atitalaquia.
En esa línea el gobierno federal decidió ampliar la refinería ubicada en Tula, Hidalgo, a unos kilómetros de Atitalaquia.
Una treintena de quienes que vendieron sus tierras en este pueblo fueron empleados en la obra. Pero cientos más se quedaron fuera.

La pesadilla

Cuando les pagaron sus terrenos muchos campesinos de Atitalaquia compraron camiones de carga, retroesxavadoras o camionetas.
Esperaban un contrato en la construcción de la refinería y las carreteras que contemplaba el proyecto.
Algunos construyeron hoteles, restaurantes o crearon comercios de ropa y otras mercancías.
"Muchos compraron maquinaria", cuenta Enrique Flores.Derechos de autor de la imagenBBC MUNDO
Image caption"Muchos compraron maquinaria", cuenta Enrique Flores.
Siete años más tarde la realidad es otra. "Ya están vendiendo los carros, a varios se les echaron a perder porque no supieron darle mantenimiento", dice Enrique Flores.
Los hoteles y comercios están vacíos o con pocos clientes, y muchos de quienes vendieron sus tierras ahora son empleados.
"En estos años el dinero ya se acabó", le dice a BBC Mundo Delfino Martínez Hernández, presidente del Comisariado Ejidal de Atitalaquia.
"Y ya no hay tierras. Antes por lo menos con la cosecha de maíz o alfalfa se recibía un poquito, pero ahora ni eso".
Pero lo peor es la indignación por la promesa incumplida. "Dijeron que los hijos tendrían preferencia para trabajar allí, se habló de empleos en Pemex", señala Enrique Flores.
"Por eso muchos accedieron a vender sus tierras. Pensaron: va a haber trabajo para nuestros hijos y a nosotros ya nos pagaron, va a estar bien".
Ahora los campesinos de Atitalaquia piden que sus tierras sean devueltas, porque no se usaron para el plan original.
Delfino MartínezDerechos de autor de la imagenBBC MUNDO
Image captionDelfino Martínez dice que el pueblo está indignado por la promesa incumplida.
Y si no se puede "porque ya son propiedad privada", dice Martínez Hernández, por lo menos que se pague al Comisariado Ejidal una indemnización pendiente.
Se trata de 135 millones de pesos, unos US$7,2 millones por la venta de tierras comunes y caminos que quedaron dentro del terreno cercado.

Inversiones inútiles

La Refinería Bicentenario no es la única inversión controvertida que ha realizado el gobierno mexicano.
Pemex adquirió en US$275 millones una empresa de fertilizantes en Coatzacoalcos, Veracruz. Sin embargo la compañía, llamada Agronitrogenados, tiene 14 años sin funcionar.
Vicente FoxDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionEl ex presidente mexicano Vicente Fox también realizó inversiones infructuosas, como la entrega de computadoras en colegios sin electricidad.
En 2004 el expresidente Vicente Fox estableció el programa Enciclomedia, mediante el cual se distribuyeron 147.000 computadoras en las escuelas del país.
Pero según la Auditoría Superior de la Federación, muchos de los equipos se entregaron en planteles sin electricidad o que no tenían acceso a internet, indispensable en el programa.
A partir de 2013 la Secretaría de Educación Pública entregó 2.7 millones de tabletas a niños de primaria, como parte del proceso de Reforma Educativa.
Al programa, sin embargo, no se le asignaron recursos en el presupuesto de 2017, con lo cual quedará suspendido.
También ha sido criticado un programa que, en 2012, compró millones de pantallas de televisión que se distribuyeron gratuitamente como parte de la migración de la señal analógica a digital.
Pero de todos los proyectos irregulares, uno de los más polémicos es la cancelación de la Refinería Bicentenario.
Andrés García.Derechos de autor de la imagenBBC MUNDO
Image captionAndrés García contó que el terreno donde se iba a construir la refinería está abandonado por completo.
Y no sólo por las promesas incumplidas sino por el riesgo que representan los terrenos cercados, le dice a BBC Mundo Andrés García, vecino de Atitalaquia.
"Se meten a robar gasolina y diésel de los ductos que pasan por allí. Este año nos han desalojado cuatro veces porque se les incendia la toma clandestina".
"Antes por lo menos la gente cuidaba, pero ahora con la barda está solo, abandonado por completo".

Peña dejó en PGR la foto de sus 6 años: derroche, amiguismo, miles de carpetas a la deriva, desvíos…


El Fiscal Alejandro Gertz Manero aseguró que la Procuraduría General de la República del sexenio de Enrique Peña Nieto, además de ejercer gastos inútiles, encubrió delitos de los miembros y favoritos del poder político y económico. Cada uno de los ex procuradores del peñanietismo –Jesús Murillo Karam, Arely Gómez, Raúl Cervantes y Alberto Elías Beltrán–arroparon a protegidos. Sin embargo, quedan rastros y sobre esos se propone ir el nuevo Fiscal General de la República.

Ciudad de México, 14 mayo (SinEmbargo).– La entonces Procuraduría General de la República (PGR), que estuvo sin titular durante el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, fungió como refugio de diversos personajes políticos cercanos al círculo peñista y practicó los “carpetazos” a casos de alto impacto, como el del ex agente Tomás de Zerón Lucio;el ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin; los ex Gobernadores Humberto Moreira ValdésJavier Duarte de Ochoa y César Duarte Jáquez, y el ex Secretario adjunto priista, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, entre otros.
Desde la Constitución de 1917, la seguridad y la justicia se han hallado “al servicio” del poder político y económico, y en contra de los derechos humanos más elementales de los mexicanos, determinó apenas hace unos días el Fiscal Alejandro Gertz Manero, quien recibió una Fiscalía General de la República (FGR) donde “se favorecieron y encubrieron” los delitos de los miembros y favoritos del poder, y hubo gastos innecesarios.
En un país de fosas con más de 40 mil desaparecidos, niveles de violencia históricos y liderazgo en corrupción e impunidad a nivel internacional, el Ministerio Público federal acumuló más de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación sin resolver, sumadas a las 30 mil recibidas en esta administración, y más de 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas, por lo que no se alcanza más del 5 por ciento de sentencias del total de casos, reportó Gertz en sus primeros 100 días de gestión.
“La procuración de justicia no sólo fue lenta, sino también inoperante en el sexenio anterior; una procuración de justicia selectiva; es decir, algunos casos eran más importantes que otros y algunos por los intereses detrás de ellos no se procesaban”, coincidió Maximiliano García Guzmán, politólogo y abogado de la UNAM especialista en Gobierno y Asuntos Públicos. “Si esa práctica va a continuar con algunos funcionarios que permanezcan en la Fiscalía [como Felipe Muñoz, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales], es un tema que habrá que estar vigilando”.
El viernes pasado, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, denunció ante la Fiscalía General al ex encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, por atraer el caso “Operación Justicia Chihuahua” a nivel federal y con ello presuntamente obstaculizar el proceso penal contra Alejandro Gutiérrez, ex Secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusado por el presunto desvío de 250 millones de pesos de la Secretaría de Educación estatal para financiar campañas en nueve estados durante las elecciones de 2016, en el Gobierno de César Duarte Jáquez, cuyo proceso de extradición sigue pendiente. Gutiérrez fue recientemente declarado culpable por el otro desvío de 1.7 millones de pesos a través de dos de sus empresas.
Ex procuradores Jesús Murillo, Arely Gómez y, atrás, el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya. Foto: Cuartoscuro.
Pero cada ex Procurador acumuló a sus “protegidos”, afirmó el académico García Guzmán.
“Fue clara la intención y el perfil que tuvieron los Procuradores en la época de Peña Nieto. Gran parte de su labor fue proteger al círculo cercano del Presidente; eran a modo”, aseguró.
“Espero equivocarme, pero la Fiscalía actual no se está alejando de una influencia política porque si bien se han anunciado compromisos importantes, como la investigación de los 43 normalistas y el caso de Lydia Cacho, no estamos viendo a figuras centrales del régimen anterior siendo investigadas, como del caso Odebrecht. Y si esto llega a ocurrir, será en momento clave donde la investigación tenga mayor impacto político y electoral”, agregó.
MURILLO KARAM: AYOTZINAPA Y TLATLAYA
Tanto en la desaparición de estudiantes, aún buscados por sus padres, como en la masacre de jóvenes, el ex Procurador Jesús Murillo Karam (2012-2015) tuvo sus propias versiones que contrastaron con los informes de órganos autónomos.
Sobre la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa en septiembre de 2014, el Fiscal Alejandro Gertz anunció que, “en este caso de corrupción y encubrimiento”, se trabaja en conjunto con la Comisión de la Verdad (creada hasta este gobierno), los padres y la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) para, después de casi cinco años, reponer el procedimiento.
El ex Murillo Karam fue destituido del cargo en medio de protestas a nivel nacional e internacional. En conferencia de prensa anunció “la verdad histórica”, en la cual la PGR concluyó que los estudiantes fueron asesinados, sus cuerpos calcinados en el basurero del municipio de Cocula y las cenizas regadas en el río San Juan, luego de ser entregados por policías municipales de Iguala al grupo criminal Guerreros Unidos.

 Pero meses después una investigación del Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) puso en entredicho el supuesto incendio y reveló torturas a los detenidos, así como la intromisión en las pruebas de Tomás de Zerón Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien hasta ahora es investigado por la Comisión de la Verdad.
Días antes del escándalo de Ayotzinapa, la revista Esquire publicó el testimonio de una mujer testigo de una masacre en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014. “Los paraban así en hilera y los mataban”, evocó.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solo había informado que en un enfrentamiento abatió a 22 presuntos delincuentes en la comunidad rural de San Pedro Limón. Pero omitió que los militares dispararon a sangre fría contra los jóvenes, algunos incluso menores de edad. Quedaron marcas de bala y manchas de sangre en las paredes dentro de una bodega de almacenamiento de grano.
La PGR de Murillo Karam determinó que elementos del Ejército ejecutaron a ocho de los 22 fallecidos, y tres militares entraron a la bodega para ultimar a los heridos y alterar la escena del crimen, pero la CNDH aseguró que fueron 15 los ejecutados por los militares y entraron ocho soldados.
ARELY GÓMEZ: “EL CHAPO”, MOREIRA Y NOCHIXTLÁN
A la ex Procuradora Arely Gómez González (2015-2016) se le escapó Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, y durante su gestión se liberó en horas al ex Gobernador priista Humberto Moreira Valdés, detenido en España por presunto lavado de dinero, y se registró el enfrentamiento en Nochixtlán, Oaxaca.
El 11 de julio de 2015 “El Chapo” se fugó del penal del Altiplano, Estado de México, a través de un túnel. El ex director de la cárcel, Valentín Cárdenas Lerma, fue detenido, pero liberado en noviembre de ese año. Seis meses después el líder del Cártel de Sinaloa fue recapturado en Los Mochis y hasta febrero de 2019, luego de su extradición a Estados Unidos, fue declarado culpable de los 10 cargos que le imputaba la justicia estadounidense, por tráfico de drogas.
Jeffrey Lichtman, el abogado del capo, aseguró al jurado en Estados Unidos que los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa recibieron sobornos millonarios por parte del Cártel de Sinaloa, lo cual negaron ambos señalados.
La ex Procuradora Arely Gómez mira el túnel por donde escapó “El Chapo”. Foto: Cuartoscuro.
El 15 enero de 2016, la Policía Nacional de España detuvo en Madrid al ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira por blanqueo, malversación de fondos, cohecho y organización criminal. Días después, el 22 de enero, el ex líder nacional del PRI fue liberado. Dos años después las autoridades españolas reabrieron el caso.
Después, el 19 de junio de 2016, se registró un enfrentamiento en Nochixtlán, Oaxaca, entre elementos de la Policía Federal e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Esto ocurrió luego de que se intentó dispersar un bloqueo que profesores realizaron para protestar contra la Reforma Educativa. El saldo que dejaron los hechos fue de ocho muertos y un centenar de heridos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) comentó que no se ha podido garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición porque las autoridades no han podido aclarar lo ocurrido y han optado por culpar a los pobladores y manifestantes sin asumir la responsabilidad en el evento.
RAÚL CERVANTES: ODEBRECHT Y DESVÍOS 
Raúl Cervantes Andrade (2016-2017), quien matriculó un Ferrari en Morelos donde no es necesario pagar el impuesto de Tenencia, fue el último Procurador del peñanietismo. Decidió renunciar en octubre de 2017, en medio del escándalo de Odebrecht, y desde entonces el órgano autónomo se quedó sin titular salvo el encargado de despacho Alberto Elías Beltrán, en cuyo periodo se liberó a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales.
Respecto a los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por 10 millones de dólares a autoridades mexicanas para presunto uso electoral, el Fiscal Alejandro Gertz informó que la entonces PGR inició la investigación en enero de 2017 sin resultado alguno, razón por la cual la Fiscalía “ha tenido que reponer en buena parte todo este procedimiento” con base en la información recopilada recientemente.
El Ex Procurador Raúl Cervantes renunció cuando explotó el caso de Odebrecht. Foto: Cuartoscuro.
En un plazo no mayor de 60 días se judicializará el caso donde ha sido señalado el ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ex coordinador de campaña de Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin.
Asimismo, Gertz consideró “un posible delito de Estado” el presunto desvío de recursos públicos a través de universidades públicas detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La PGR inició a investigarlo en octubre de 2015 acumulando 21 procedimientos independientes relacionados con funcionarios de la Sedesol y de la Sedatu, así como dirigentes de universidades públicas, de las cuales han surgido cinco vinculaciones a proceso y cinco carpetas de investigación de cinco ex funcionarios de ambas secretarías.
En 2017 y 2018 la PGR inició otras dos carpetas de investigación más, una relacionada con ex servidores públicos de Sagarpa y otras instituciones públicas de educación superior de las que se obtuvieron 10 vinculaciones a proceso, de las cuales en una de ellas existe una sentencia condenatoria en contra de un particular.
Sin embargo, Gertz aseveró que esta red –que generó un probable daño patrimonial a la nación por más de 5 mil 875 millones de pesos– debió de investigarse desde el inicio bajo “la obvia” premisa de colusión y de un interés colectivo y coordinado para organizar un enorme saqueo concertado desde el poder público.
“Es necesario reestructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada en un posible delito de Estado que fue encubierto posiblemente por instancias públicas”, afirmó.
RESTOS DEL PEÑANIETISMO
Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2016, es señalado de  cometer torturas y tocamientos sexuales cuando era Procurador en Aguascalientes; y de favorecer al prófugo de la justicia Gastón Azcárraga Andrade tras la quiebra de Mexicana de Aviación y a Aleatica (antes OHL México).
Pero ahí sigue.
El Fiscal Alejandro Gertz aseguró que se han retirado todos los funcionarios de alto nivel que no tenían que estar en la FGR y el resto debe de demostrar si pueden quedarse.
“Esto no es un viejo sistema en el que se van todos los que estaban y llegan los amigos de quienes llegaron. Eso no es funcional, eso no es ético”, dijo. “Quien tenga algo que probar tiene todo el apoyo de la institución, pero no generamos cacería de brujas”, agregó específicamente sobre el Subprocurador Muñoz Vázquez.
El académico Maximiliano García Guzmán aseguró que el cambio dentro de la Fiscalía General ha sido más de rediseño jurídico, por lo que falta “un examen muy cuidadoso de qué perfiles están integrando a la Fiscalía, pues hay heredados del sexenio anterior, y vigilar los nombres que no son tan visibles para ver quién puede desempeñar esos puestos”.
En febrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que Muñoz Vázquez cometió tortura y violencia sexual en 2011 cuando fue Procurador de Justicia de Aguascalientes en el sexenio del priista Carlos Lozano de la Torre (2010-2016). No obstante, el Subprocurador argumentó que hay una serie de irregularidades en esa recomendación, ya que no se tomaron en cuenta documentos clave durante la investigación.
Asimismo, el Subprocurador Felipe Muñoz reiteró el 12 de diciembre de 2018 la petición del ex encargado de despacho Alberto Elías Beltrán de cancelar las dos órdenes de aprehensión vigentes contra el empresario Gastón Azcárraga Andrade tras la quiebra de Mexicana de Aviación.
Gastón Azcárraga, dueño del Grupo hotelero Posadas, compró Mexicana en 2005 durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada por 165 millones de dólares, pero en 2010 entró en concurso mercantil y quebró en 2014.
La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) lo denunció por haber cometido dos delitos de la Ley del Mercado de Valores, ya que difundió información falsa al público inversionista y omitió informar un evento relevante como lo fue la suspensión de actividades de una de las aerolíneas líder en el sector.
El Subprocurador también solicitó la vinculación a proceso del abogado Paulo Díez Gargari, quien ha denunciado desde 2013 la corrupción en las concesiones otorgadas a la constructora Aleatica en el Estado de México durante las administraciones de Arturo Montiel, Enrique Peña y Eruviel Ávila.
“Felipe Muñoz ha sido señalado por la CNDH por actos de tortura y abuso sexual. Solo en México es posible tener un Subprocurador de la FGR que esté cuestionado de actos tan graves y que conserve la libertad y el puesto”, dijo Díez Gargari en entrevista previa.
DESPILFARRO EN LA PGR
Respecto a gastos innecesarios, el Fiscal enunció que 800 elementos policiales protegían a ex funcionarios o políticos por lo que ya se reubicaron a 320 en áreas necesarias; se detectó despilfarro en gastos no justificados o inútiles, incluyendo viáticos, talleres y la renta de edificios a precios exorbitantes pese a contar con inmuebles propios; no había control sobre el empleo de más de 4 mil carros, entre ellos, unidades blindadas; ni en el uso de flota aérea para actividades que no aportaban a la procuración de justicia.
Por ejemplo, entre 2013 y 2015 se invirtieron más de mil millones de pesos en adquisición, mantenimiento, capacitación y seguros de drones mediante adjudicación directa sin contar con un estudio de necesidades, resultados ni costos competitivos.
En octubre de 2013 la entonces PGR adquirió un avión por 19.5 millones de dólares mientras que el precio de comercialización era por 15.5 millones de dólares.
“Los gastos de seguridad pública se aplicaron en forma irracional y sospechosa sin mecanismos de supervisión adecuados lo que propiciaba que el presupuesto se ejerciera de manera discrecional e inexplicable, que en ocasiones permitieron gastar más de 144 millones de pesos en una sola área y año”, dijo Gertz.
NUEVAS MEDIDAS 
Del 1 de diciembre a la fecha el Gobierno federal y organismos han presentado 12 mil 700 denuncias por actos de corrupción, sobre todo de la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Hacienda, y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, de las cuales se han judicializado más de 400 casos con más de 620 detenidos, reportó el Fiscal Alejandro Gertz.
Se generará la Ley Orgánica de la Fiscalía y una nueva Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica para responder a la crisis de justicia cotidiana con prontitud, reparación del daño y control social, así como un nuevo Código Penal Nacional priorizando la reparación de daño.
El Fiscal Alejandro Gertz en conferencia. Foto: Cuartoscuro.
Bajo una nueva política de trato respetuoso y eficiente a los denunciantes, desde mayo todas las actividades del Ministerio Público en carpetas de investigación y de procesos tendrán nombre, apellido y responsable para ser evaluados, y evitar atrasos.
En sintonía con la política de austeridad del Gobierno federal, se revisaron las 26 mil plazas para reorientar al mayor número de servidores públicos al apoyo de víctimas y ofendidos en denuncias y seguimiento, y se disminuyó la nómina en más de mil plazas de alto nivel que eran inútiles o injustificadas, lo que generó ahorros de 354 millones de pesos frente a 2018.
Sobre el parque vehicular de 35 helicópteros y 25 aviones, se busca reducir en un 30 por ciento este año y se realizan auditorías a los contratos de vehículos brindados.