Peña dejó en PGR la foto de sus 6 años: derroche, amiguismo, miles de carpetas a la deriva, desvíos…

El Fiscal Alejandro Gertz Manero aseguró que la Procuraduría General de la República del sexenio de Enrique Peña Nieto, además de ejercer gastos inútiles, encubrió delitos de los miembros y favoritos del poder político y económico. Cada uno de los ex procuradores del peñanietismo –Jesús Murillo Karam, Arely Gómez, Raúl Cervantes y Alberto Elías Beltrán–arroparon a protegidos. Sin embargo, quedan rastros y sobre esos se propone ir el nuevo Fiscal General de la República.

Ciudad de México, 14 mayo (SinEmbargo).– La entonces Procuraduría General de la República (PGR), que estuvo sin titular durante el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, fungió como refugio de diversos personajes políticos cercanos al círculo peñista y practicó los “carpetazos” a casos de alto impacto, como el del ex agente Tomás de Zerón Lucio;el ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin; los ex Gobernadores Humberto Moreira Valdés, Javier Duarte de Ochoa y César Duarte Jáquez, y el ex Secretario adjunto priista, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, entre otros.

Desde la Constitución de 1917, la seguridad y la justicia se han hallado “al servicio” del poder político y económico, y en contra de los derechos humanos más elementales de los mexicanos, determinó apenas hace unos días el Fiscal Alejandro Gertz Manero, quien recibió una Fiscalía General de la República (FGR) donde “se favorecieron y encubrieron” los delitos de los miembros y favoritos del poder, y hubo gastos innecesarios.

En un país de fosas con más de 40 mil desaparecidos, niveles de violencia históricos y liderazgo en corrupción e impunidad a nivel internacional, el Ministerio Público federal acumuló más de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación sin resolver, sumadas a las 30 mil recibidas en esta administración, y más de 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas, por lo que no se alcanza más del 5 por ciento de sentencias del total de casos, reportó Gertz en sus primeros 100 días de gestión.

“La procuración de justicia no sólo fue lenta, sino también inoperante en el sexenio anterior; una procuración de justicia selectiva; es decir, algunos casos eran más importantes que otros y algunos por los intereses detrás de ellos no se procesaban”, coincidió Maximiliano García Guzmán, politólogo y abogado de la UNAM especialista en Gobierno y Asuntos Públicos. “Si esa práctica va a continuar con algunos funcionarios que permanezcan en la Fiscalía [como Felipe Muñoz, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales], es un tema que habrá que estar vigilando”.

El viernes pasado, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, denunció ante la Fiscalía General al ex encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, por atraer el caso “Operación Justicia Chihuahua” a nivel federal y con ello presuntamente obstaculizar el proceso penal contra Alejandro Gutiérrez, ex Secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusado por el presunto desvío de 250 millones de pesos de la Secretaría de Educación estatal para financiar campañas en nueve estados durante las elecciones de 2016, en el Gobierno de César Duarte Jáquez, cuyo proceso de extradición sigue pendiente. Gutiérrez fue recientemente declarado culpable por el otro desvío de 1.7 millones de pesos a través de dos de sus empresas.

Ex procuradores Jesús Murillo, Arely Gómez y, atrás, el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya. Foto: Cuartoscuro.

Pero cada ex Procurador acumuló a sus “protegidos”, afirmó el académico García Guzmán.

“Fue clara la intención y el perfil que tuvieron los Procuradores en la época de Peña Nieto. Gran parte de su labor fue proteger al círculo cercano del Presidente; eran a modo”, aseguró.

“Espero equivocarme, pero la Fiscalía actual no se está alejando de una influencia política porque si bien se han anunciado compromisos importantes, como la investigación de los 43 normalistas y el caso de Lydia Cacho, no estamos viendo a figuras centrales del régimen anterior siendo investigadas, como del caso Odebrecht. Y si esto llega a ocurrir, será en momento clave donde la investigación tenga mayor impacto político y electoral”, agregó.

MURILLO KARAM: AYOTZINAPA Y TLATLAYA

Tanto en la desaparición de estudiantes, aún buscados por sus padres, como en la masacre de jóvenes, el ex Procurador Jesús Murillo Karam (2012-2015) tuvo sus propias versiones que contrastaron con los informes de órganos autónomos.

Sobre la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa en septiembre de 2014, el Fiscal Alejandro Gertz anunció que, “en este caso de corrupción y encubrimiento”, se trabaja en conjunto con la Comisión de la Verdad (creada hasta este gobierno), los padres y la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) para, después de casi cinco años, reponer el procedimiento.

El ex Murillo Karam fue destituido del cargo en medio de protestas a nivel nacional e internacional. En conferencia de prensa anunció “la verdad histórica”, en la cual la PGR concluyó que los estudiantes fueron asesinados, sus cuerpos calcinados en el basurero del municipio de Cocula y las cenizas regadas en el río San Juan, luego de ser entregados por policías municipales de Iguala al grupo criminal Guerreros Unidos.

 Pero meses después una investigación del Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) puso en entredicho el supuesto incendio y reveló torturas a los detenidos, así como la intromisión en las pruebas de Tomás de Zerón Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien hasta ahora es investigado por la Comisión de la Verdad.

Días antes del escándalo de Ayotzinapa, la revista Esquire publicó el testimonio de una mujer testigo de una masacre en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014. “Los paraban así en hilera y los mataban”, evocó.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solo había informado que en un enfrentamiento abatió a 22 presuntos delincuentes en la comunidad rural de San Pedro Limón. Pero omitió que los militares dispararon a sangre fría contra los jóvenes, algunos incluso menores de edad. Quedaron marcas de bala y manchas de sangre en las paredes dentro de una bodega de almacenamiento de grano.

La PGR de Murillo Karam determinó que elementos del Ejército ejecutaron a ocho de los 22 fallecidos, y tres militares entraron a la bodega para ultimar a los heridos y alterar la escena del crimen, pero la CNDH aseguró que fueron 15 los ejecutados por los militares y entraron ocho soldados.

ARELY GÓMEZ: “EL CHAPO”, MOREIRA Y NOCHIXTLÁN

A la ex Procuradora Arely Gómez González (2015-2016) se le escapó Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, y durante su gestión se liberó en horas al ex Gobernador priista Humberto Moreira Valdés, detenido en España por presunto lavado de dinero, y se registró el enfrentamiento en Nochixtlán, Oaxaca.

El 11 de julio de 2015 “El Chapo” se fugó del penal del Altiplano, Estado de México, a través de un túnel. El ex director de la cárcel, Valentín Cárdenas Lerma, fue detenido, pero liberado en noviembre de ese año. Seis meses después el líder del Cártel de Sinaloa fue recapturado en Los Mochis y hasta febrero de 2019, luego de su extradición a Estados Unidos, fue declarado culpable de los 10 cargos que le imputaba la justicia estadounidense, por tráfico de drogas.

Jeffrey Lichtman, el abogado del capo, aseguró al jurado en Estados Unidos que los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa recibieron sobornos millonarios por parte del Cártel de Sinaloa, lo cual negaron ambos señalados.

La ex Procuradora Arely Gómez mira el túnel por donde escapó “El Chapo”. Foto: Cuartoscuro.

El 15 enero de 2016, la Policía Nacional de España detuvo en Madrid al ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira por blanqueo, malversación de fondos, cohecho y organización criminal. Días después, el 22 de enero, el ex líder nacional del PRI fue liberado. Dos años después las autoridades españolas reabrieron el caso.

Después, el 19 de junio de 2016, se registró un enfrentamiento en Nochixtlán, Oaxaca, entre elementos de la Policía Federal e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Esto ocurrió luego de que se intentó dispersar un bloqueo que profesores realizaron para protestar contra la Reforma Educativa. El saldo que dejaron los hechos fue de ocho muertos y un centenar de heridos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) comentó que no se ha podido garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición porque las autoridades no han podido aclarar lo ocurrido y han optado por culpar a los pobladores y manifestantes sin asumir la responsabilidad en el evento.

RAÚL CERVANTES: ODEBRECHT Y DESVÍOS 

Raúl Cervantes Andrade (2016-2017), quien matriculó un Ferrari en Morelos donde no es necesario pagar el impuesto de Tenencia, fue el último Procurador del peñanietismo. Decidió renunciar en octubre de 2017, en medio del escándalo de Odebrecht, y desde entonces el órgano autónomo se quedó sin titular salvo el encargado de despacho Alberto Elías Beltrán, en cuyo periodo se liberó a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales.

Respecto a los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por 10 millones de dólares a autoridades mexicanas para presunto uso electoral, el Fiscal Alejandro Gertz informó que la entonces PGR inició la investigación en enero de 2017 sin resultado alguno, razón por la cual la Fiscalía “ha tenido que reponer en buena parte todo este procedimiento” con base en la información recopilada recientemente.

El Ex Procurador Raúl Cervantes renunció cuando explotó el caso de Odebrecht. Foto: Cuartoscuro.

En un plazo no mayor de 60 días se judicializará el caso donde ha sido señalado el ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ex coordinador de campaña de Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin.

Asimismo, Gertz consideró “un posible delito de Estado” el presunto desvío de recursos públicos a través de universidades públicas detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La PGR inició a investigarlo en octubre de 2015 acumulando 21 procedimientos independientes relacionados con funcionarios de la Sedesol y de la Sedatu, así como dirigentes de universidades públicas, de las cuales han surgido cinco vinculaciones a proceso y cinco carpetas de investigación de cinco ex funcionarios de ambas secretarías.

En 2017 y 2018 la PGR inició otras dos carpetas de investigación más, una relacionada con ex servidores públicos de Sagarpa y otras instituciones públicas de educación superior de las que se obtuvieron 10 vinculaciones a proceso, de las cuales en una de ellas existe una sentencia condenatoria en contra de un particular.

Sin embargo, Gertz aseveró que esta red –que generó un probable daño patrimonial a la nación por más de 5 mil 875 millones de pesos– debió de investigarse desde el inicio bajo “la obvia” premisa de colusión y de un interés colectivo y coordinado para organizar un enorme saqueo concertado desde el poder público.

“Es necesario reestructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada en un posible delito de Estado que fue encubierto posiblemente por instancias públicas”, afirmó.

RESTOS DEL PEÑANIETISMO

Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2016, es señalado de  cometer torturas y tocamientos sexuales cuando era Procurador en Aguascalientes; y de favorecer al prófugo de la justicia Gastón Azcárraga Andrade tras la quiebra de Mexicana de Aviación y a Aleatica (antes OHL México).

Pero ahí sigue.

El Fiscal Alejandro Gertz aseguró que se han retirado todos los funcionarios de alto nivel que no tenían que estar en la FGR y el resto debe de demostrar si pueden quedarse.

“Esto no es un viejo sistema en el que se van todos los que estaban y llegan los amigos de quienes llegaron. Eso no es funcional, eso no es ético”, dijo. “Quien tenga algo que probar tiene todo el apoyo de la institución, pero no generamos cacería de brujas”, agregó específicamente sobre el Subprocurador Muñoz Vázquez.

El académico Maximiliano García Guzmán aseguró que el cambio dentro de la Fiscalía General ha sido más de rediseño jurídico, por lo que falta “un examen muy cuidadoso de qué perfiles están integrando a la Fiscalía, pues hay heredados del sexenio anterior, y vigilar los nombres que no son tan visibles para ver quién puede desempeñar esos puestos”.

En febrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que Muñoz Vázquez cometió tortura y violencia sexual en 2011 cuando fue Procurador de Justicia de Aguascalientes en el sexenio del priista Carlos Lozano de la Torre (2010-2016). No obstante, el Subprocurador argumentó que hay una serie de irregularidades en esa recomendación, ya que no se tomaron en cuenta documentos clave durante la investigación.

Asimismo, el Subprocurador Felipe Muñoz reiteró el 12 de diciembre de 2018 la petición del ex encargado de despacho Alberto Elías Beltrán de cancelar las dos órdenes de aprehensión vigentes contra el empresario Gastón Azcárraga Andrade tras la quiebra de Mexicana de Aviación.

Gastón Azcárraga, dueño del Grupo hotelero Posadas, compró Mexicana en 2005 durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada por 165 millones de dólares, pero en 2010 entró en concurso mercantil y quebró en 2014.

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) lo denunció por haber cometido dos delitos de la Ley del Mercado de Valores, ya que difundió información falsa al público inversionista y omitió informar un evento relevante como lo fue la suspensión de actividades de una de las aerolíneas líder en el sector.

El Subprocurador también solicitó la vinculación a proceso del abogado Paulo Díez Gargari, quien ha denunciado desde 2013 la corrupción en las concesiones otorgadas a la constructora Aleatica en el Estado de México durante las administraciones de Arturo Montiel, Enrique Peña y Eruviel Ávila.

“Felipe Muñoz ha sido señalado por la CNDH por actos de tortura y abuso sexual. Solo en México es posible tener un Subprocurador de la FGR que esté cuestionado de actos tan graves y que conserve la libertad y el puesto”, dijo Díez Gargari en entrevista previa.

DESPILFARRO EN LA PGR

Respecto a gastos innecesarios, el Fiscal enunció que 800 elementos policiales protegían a ex funcionarios o políticos por lo que ya se reubicaron a 320 en áreas necesarias; se detectó despilfarro en gastos no justificados o inútiles, incluyendo viáticos, talleres y la renta de edificios a precios exorbitantes pese a contar con inmuebles propios; no había control sobre el empleo de más de 4 mil carros, entre ellos, unidades blindadas; ni en el uso de flota aérea para actividades que no aportaban a la procuración de justicia.

Por ejemplo, entre 2013 y 2015 se invirtieron más de mil millones de pesos en adquisición, mantenimiento, capacitación y seguros de drones mediante adjudicación directa sin contar con un estudio de necesidades, resultados ni costos competitivos.

En octubre de 2013 la entonces PGR adquirió un avión por 19.5 millones de dólares mientras que el precio de comercialización era por 15.5 millones de dólares.

“Los gastos de seguridad pública se aplicaron en forma irracional y sospechosa sin mecanismos de supervisión adecuados lo que propiciaba que el presupuesto se ejerciera de manera discrecional e inexplicable, que en ocasiones permitieron gastar más de 144 millones de pesos en una sola área y año”, dijo Gertz.

NUEVAS MEDIDAS 

Del 1 de diciembre a la fecha el Gobierno federal y organismos han presentado 12 mil 700 denuncias por actos de corrupción, sobre todo de la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Hacienda, y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, de las cuales se han judicializado más de 400 casos con más de 620 detenidos, reportó el Fiscal Alejandro Gertz.

Se generará la Ley Orgánica de la Fiscalía y una nueva Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica para responder a la crisis de justicia cotidiana con prontitud, reparación del daño y control social, así como un nuevo Código Penal Nacional priorizando la reparación de daño.

El Fiscal Alejandro Gertz en conferencia. Foto: Cuartoscuro.

Bajo una nueva política de trato respetuoso y eficiente a los denunciantes, desde mayo todas las actividades del Ministerio Público en carpetas de investigación y de procesos tendrán nombre, apellido y responsable para ser evaluados, y evitar atrasos.

En sintonía con la política de austeridad del Gobierno federal, se revisaron las 26 mil plazas para reorientar al mayor número de servidores públicos al apoyo de víctimas y ofendidos en denuncias y seguimiento, y se disminuyó la nómina en más de mil plazas de alto nivel que eran inútiles o injustificadas, lo que generó ahorros de 354 millones de pesos frente a 2018.

Sobre el parque vehicular de 35 helicópteros y 25 aviones, se busca reducir en un 30 por ciento este año y se realizan auditorías a los contratos de vehículos brindados.

Se larga el Procurador General de la República sin haber hecho nada

Usaron mi nombre contra fiscalía, dice Cervantes al renunciar

Ciudad de México. El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, renunció esta mañana ante la Junta de Coordinación Política del Senado. Dijo que su nombre ha sido utilizado por políticos para no aprobar las leyes que están pendientes entre ellas la de la Fiscalía General de la República.

Ante ello, Cervantes dijo: “No aspiro a ningún otro cargo, mi aspiración sólo es avanzar en un trabajo. A partir de este momento presento mi renuncia irrevocable a la PGR y espero que en los próximos días se destrabe la ley que tienen detenida en el Congreso".

A continuación, el funcionario pidió que se aprueben fiscalías autónomas y eficaces.

El titular de la PGR llegó a las nueve de la mañana al Senado y se reunió con Emilio Gamboa Patrón, coordinador del PRI; Fernando Herrera, coordinador del PAN; Luis Sánchez, coordinador del PRD; Manuel Bartlett, del PT y Carlos Puente, del Partido Verde. Estuvo también la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ana Lilia Herrera, y la presidenta de la Comisión de Justicia, la panista Pilar Ortega.

El procurador entregó un documento para consolidar el sistema procesa penal acusatorio.

Dijo que en los próximos días habrá consignaciones de los involucrados en obtener recursos a través de la corrupción y los sobornos y que colocaron esos fondos en paraísos fiscales. “La investigación ha concluido gracias a la colaboración de diversos procuradores de otras naciones”.

Destacó que quienes “se creían intocables, varios gobernadores, hoy están en la cárcel bajo procesos y también hay alcaldes presos que pactaron con el crimen organizado”.

La renuncia de Cervantes se conoció primero por su cuenta de Twitter @RaulCervantesA, en mensajes que fueron replicados por la PGR (@PGR_mx). Sucesivas entradas aparecieron, mientras el funcionario hablaba con los senadores a puerta cerrada.

En sus tuits, Cervantes dijo que "las instituciones deben dar 3 grandes resultados: 1. Ser más eficientes en la procuración de justicia; 2. Un compromiso indeclinable en combate a delitos electorales y corrupción; 3. Implementar un nuevo servicio profesional de carrera". 

Añadió que "El Constituyente NO se equivocó cuando decidió, hace tres años, crear una Fiscalía autónoma para que "fiscales o MPs decidan si procede o no ejercicio de acción penal".

Sólo así, advirtió en subsecuentes tuits, "se podrá brindar en nuestro país justicia a una sociedad agraviada por denuncias que en muchos casos no avanzan". 

Añadió que durante su funciones al frente de la PGR "se han concluido las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción intl. que en AL y México se hayan visto", una aparente alusión al caso Odebrecht.

Estos logros, precisó, no son suficientes. "No podemos ir más rápido ni ser más eficientes si no hacemos ya transición a un nuevo esquema institucional". 

Hace un año Cervantes Andrade fue nombrado para el cargo por el Presidente de la República y fue ratificado por el Senado como el 43º titular de la PGR.

Raúl Cervantes Andrade es el tercer procurador en el sexenio del presidente  Enrique Peña Nieto y el que menos ha durado en el cargo. Apenas  fue ratificado por el Senado en octubre del año pasado.

Llegó en lugar de Arely Gómez quien dejó  la PGR un año y siete meses después de asumir ese encargo, donde sustituyó a Jesús Murillo Karam, cuya salida se consideró obligada tras las críticas por su labor en las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El caso Iguala se mantuvo como uno de los más relevantes y controvertidos en la gestión de Gómez González y sigue abierto. 

Cervantes Andrade (Ciudad de México, 3 de junio de 1963), es abogado y doctor en derecho por la Universidad Panamericana, con especialidades en derecho económico corporativo, financiero y comercio internacional, penal y amparo.

Socio fundador del despacho CEA-Abogados, ha sido dos veces diputado federal. Es senador con licencia por la actual legislatura, en la que presidió la Cámara alta del 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014.

En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido coordinador de Asuntos Jurídicos y secretario general adjunto.

PGR hace el ridículo en caso Odebrecht-Lozoya; hay un precio por hacerse tontos: Aguayo y Meyer

Tratan de "ir posponiendo y posponiendo, a ver si se diluye" el tema, dijo el historiador en la Mesa Política de Aristegui en vivo.

El académico Sergio Aguayo consideró que la Procuraduría General de la República está “haciendo el ridículo” en la investigación de los sobornos que presuntamente fueron entregados al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por parte de Odebrecht.

En la Mesa Política de este lunes, señaló que la corrupción mexicana siempre ha tenido un ángulo internacional porque quienes han saqueado al erario han llevado su dinero fuera del país.

“La información que está surgiendo sobre las presuntas transferencias de millones de dólares está saliendo o de Brasil o de Estados Unidos, pero no del gobierno mexicano”, apuntó.

“El gobierno mexicano ya no es capaz de controlar la información que se está generando en México ni tampoco es capaz de aminorar o controlar o modular las revelaciones que se están haciendo en el exterior”, sostuvo.

Ante ello hizo una previsión: “seguiremos viendo cómo salen evidencias sobre la corrupción de tal o cual funcionario y cómo siguen respondiendo con frases desgastadas, poco creíbles”.

“En los últimos años el tema que ha movilizado a buena parte de la sociedad organizada es la lucha contra la corrupción”, recordó. Y actualmente el tema es el fiscal anticorrupción, el fiscal general y el Sistema Nacional Anticorrupción.

“Aquí la pregunta es si en el año y meses que le quedan al gobierno de Enrique Peña Nieto se derrumbará el círculo más íntimo y de ser el caso, el candidato más obvio es Emilio Lozoya”, aseguró.

Al respecto, el historiador Lorenzo Meyer comparó la actual situación del gobierno con una “guerra de retirada”.

“Saben que no pueden ganar pero sí pueden controlar su derrota… el Ejército se prepara no para correr en desbandada sino para ganar tiempo”, ejemplificó.

“Una guerra de retirada está haciendo el gobierno mexicano en el caso Odebrecht-Lozoya, para ceder el menor terreno posible en el mayor tiempo posible”, apuntaló.

Y es que desde hace tiempo se conoció el caso de los sobornos, “en otros países se llegó rápidamente a poner en el banquillo de los acusados a aquellos señalados, en México, no”.

Aquí se trata de “prolongar el tiempo quién sabe hasta cuándo pero para la opinión pública mexicana es obvio que nos están tratando de recetar una fórmula muy antigua en México, de ir posponiendo y posponiendo, a ver si se diluye“.

“Se ve que no se quiere proceder. Están calculando el costo-beneficio. Claro que hay un precio a pagar por hacerse tontos”, afirmó el doctor.

“Todo está como congelado, es una técnica, son expertos en esas técnicas. La opinión pública mexicana aguantará, ha aguantado tantas cosas. El desprestigio del gobierno es realmente alto. El apoyo al presidente de la República es mínimo”, anotó.

Para Meyer “está tan corrompido el aparato de justicia mexicano” que es necesario pedir ayuda, pero “no se trata de poner una autoridad externa” sino que trabaje en paralelo a las autoridades locales, como lo han hecho países como Guatemala.

Ex piloto de PGR, implicado en narcovolantes arrojados en Texcoco

José Luis Hernández Barroso es socio, accionista y representante legal de Pulsar Mexicana, empresa señalada por estos hechos

Un piloto que trabajó durante 27 años en la Procuraduría General de la República (PGR) es representante legal y accionista de la empresa responsable de arrojar miles de volantes con supuestas amenazas del crimen organizado mientras se celebraba la tradicional Feria del Caballo en el municipio de Texcoco, Estado de México.

El responsable legal y accionista de la empresa involucrada en la distribución de los llamados “narcovolantes” es José Luis Hernández Barroso, un ex trabajador de la PGR que laboró en la Dirección General de Servicios Aéreos de la PGR hasta el año 2016.

Los llamados “narcovolantes” fueron arrojados el pasado 10 de abril desde un helicóptero que sobrevoló las instalaciones de la Feria del Caballo en Texcoco. El momento fue captado por varias personas que alcanzaron a documentar los hechos mediante sus teléfonos celulares, videos que más tarde se viralizaron a través de redes sociales como Facebook.

Los volantes que caen a los pies de centenas de personas, incluyendo policías municipales, contenían supuestas amenazas del grupo delictivo “La Familia Unida” en contra de otros presuntos criminales, lo que provocó una gran preocupación entre los pobladores de Texcoco.

En un primer momento, las fotografías y videos sobre estos hechos apuntaron a la compañía que parecía ser propietaria de la aeronave, DCO Aviation Solutions, debido a que la aeronave estaba rotulada con esa razón social. Sin embargo, el pasado 12 de abril DCO se deslindó del sobrevuelo sobre Texcoco.

Mediante un comunicado, la compañía responsabilizó a la empresa Corporativo Pulsar Mexicana, empresa con la cual había celebrado un concurso de comodato o renta para poder utilizar el helicóptero como taxi aéreo.

Sin embargo, el contrato “no se materializó”. Pulsar incumplió con uno de los trámites para registrar la operación ante las autoridades aeronáuticas federales, por lo que la aeronave se mantuvo bajo control y resguardo de Corporativo Pulsar.

De esta manera, esta última empresa fue la que arrendó el helicóptero a una tercera persona física o moral “sin notificación ni conocimiento” de DCO Aviation Solutions, por lo que DCO se deslindó de las amenazas y dio parte a las autoridades federales de la probable responsabilidad de Corporativo Pulsar en los hechos investigados.

El piloto, socio y representante de Pulsar Mexicana

En el contrato de comodato firmado por DCO Aviation Solutions con la empresa Corporativo Pulsar Mexicana S.A. de C.V., quien funge como representante legal de Pulsar es el ciudadano José Luis Hernández Barroso, un piloto que laboró en la PGR por  más de 27 años.

Hernández Barroso es más que un simple representante legal de Pulsar Mexicana: es socio, fundador y accionista de la empresa constituida en el año 2007 ante el Registro Público de Comercio del Estado de Oaxaca, según consta en el Folio Mercantil 19681 al que Aristegui Noticias tuvo acceso.

Los otros dos socios de la empresa son José Luis Hernández Salvador y Elia Guillermina Jiménez Sánchez, personas físicas que junto a José Luis Hernández Barroso aportaron 105 mil pesos de capital inicial para arrancar la operación de Pulsar Mexicana.

El objeto social de la compañía es la compraventa y arrendamiento de toda clase de helicópteros para su uso en vuelos de fumigación y otras aplicaciones agrícolas, así como para la comercialización, mantenimiento y reparación de las aeronaves y sus accesorios.

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Para cumplir con el objeto de su compañía, Pulsar Mexicana adquirió un helicóptero que presta servicios de taxi aéreo y que también sirve para ofrecer servicios de fumigación en campos agrícolas.
La aeronave de Pulsar era piloteada por el propio José Luis Hernández Barroso en algunas ocasiones. Incluso, el ex funcionario de PGR se vio involucrado en un desplome ocurrido el 5 de febrero del 2010 en Tepic, Nayarit, cuando prestaba servicios como fumigador a bordo de un helicóptero.

Entre 2007 y 2016, Hernández Barroso fungió como piloto en su propia compañía y en la Dirección General de Servicios Aéreos de la PGR, sin que la empresa y los ingresos que la misma le generaron estén incluidos en las versiones públicas de su declaración patrimonial.

Corporativo Pulsar Mexicana cuenta con una página de internet,en la que José Luis Hernández Barroso aparece como un instructor con experiencia como piloto aviador desde 1979 y con capacidad técnica para volar cinco modelos y marcas distintas de helicópteros.

Aristegui Noticias buscó contactar a José Luis Hernández Barroso en los teléfonos que aparecen en la web de Pulsar Mexicana, con el propósito de consultarle sobre los hechos ocurridos en Texcoco, pero no hubo respuesta.

Pocos puestos para tanto compadre

Como si fueran piñatas, el Presidente rellena las instituciones con lo que tiene a la mano. Las más recientes víctimas de su abollado criterio (o de la necesidad de cubrir la retirada) son la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública.

Las redes sociales aún ardían por la extraña declaración de que no se despierta pensando en joder a México, cuando Peña Nieto se dio el lujo de hacer dos nombramientos a los que ya les han llovido duras críticas y documentados cuestionamientos: Arely Gómez a la SFP y Raúl Cervantes a la PGR. Ambos, por cierto, senadores del PRI.

Una más en la dinámica de quien lleva un rato lanzando puras bolas malas y se da el lujo de pedir que le canten una buena. De hecho, prácticamente un anuncio de que en los Pinos comienzan a mover los peones con los que buscan asegurar la impunidad. Así, entre otras características, el de Peña Nieto es un gobierno de maltrato a las instituciones por la vía de las designaciones. En especial a las que se encargan de asuntos jurídicos delicados.

Y es que la mirada de estadista del Presidente en este asunto apenas le alcanza para voltear hacia Toluca. Si bien nos va, quizá busque a alguien de su círculo íntimo. Ver más lejos o fuera de esas listas luce un esfuerzo político superior.

Las pruebas están ahí. La Secretaría de la Función Pública, que es la institución responsable del tema de corrupción en el gobierno federal, estuvo sin titular la friolera cantidad de 26 meses.

Si el vacío en una institución encargada de combatir la corrupción es grave, qué decir del sometimiento. Tuvo que estallar el conflicto de interés por las casas en Malinalco y las Lomas, para que Peña Nieto decidiera nombrar un secretario en la Función Pública. ¿Qué hizo? Nombró a un amigo personal sin credenciales ni mérito para el cargo: Virgilio Andrade.

El tema de Andrade se ha abordado hasta el cansancio. Renunció hace 3 meses, no sin antes dejar tras de sí un par de escándalos por abuso de autoridad y gastos suntuarios con cargo al presupuesto. Ahora llega a conducir ese remedo de institución Arely Gómez, quien puede presumir en su currículum que desde la PGR estiró la simulación sobre el caso Ayotzinapa y visitó el túnel por el que escapó el Chapo.

Peña Nieto ha logrado incluir los puestos públicos en el mercado del intercambio, el chantaje y el favoritismo. Con el país inmerso desde hace casi una década en una crisis de violencia y seguridad, le tomó cinco meses nombrar a un Subsecretario de Prevención del Delito. Cuando lo hizo eligió Arturo Escobar, cuyos escándalos en el manejo de recursos públicos y actividades electorales ilícitas, tienen amplia documentación. De hecho, a escasos meses de asumir el encargo, Escobar se vio forzado a renunciar por las acusaciones que en su contra

La lista de instituciones que Peña Nieto no haya dejado maltrecha con el envío de sus compadres se reduce. Ahí está Alfredo Castillo, que un día amanece de Procurador Federal del Consumidor, otro de Comisionado en Michoacán o de titular del deporte nacional. O Bazbaz en la Unidad de Inteligencia Financiera.

Cuando hubo que nombrar el pleno del INAI, Peña Nieto echo mano del inventario de mexiquenses incondicionales. A la Suprema Corte le agarró coraje y se empeñó en filtrarle amigos. Primero Medina Mora y –a pesar de los costos para la legitimidad del Máximo Tribunal- después se permitió la intentona de designar a Alejandro Gómez Sánchez.

Como se aprecia, el asunto no puede verse aislado. Esos son el tipo de nombramientos, designaciones y postulaciones que anteceden al de Cervantes en la Procuraduría General de la República. Una designación así (y el diseño de la PGR misma) requiere un amplio debate nacional, como lo han pedido mas de 200 personas y 50 organizaciones especialistas en temas de derecho penal y procuración de justicia.

El horno no está para bollos. De acuerdo con el Centro de Estudios del Sector Privado, el nivel de honestidad del MP es de alrededor de 37%, es decir, que sólo en tres de cada 10 ocasiones actúa honestamente. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la seguridad pública, 2013, coordinada por el INEGI, muestran que 65% de quienes tienen 18 años o más cree que los Ministerios Públicos son corruptos.

El Informe País Sobre la Calidad de la Ciudadanía en México (INE, 2015) encontró que cuando se trata de investigar delitos, la gente no confía en las autoridades ni para el primer paso: la denuncia. El informe sostiene que 61% de los mexicanos que fueron víctimas de un delito o que viven con una víctima del delito no denunciaron. 63% de los mexicano no denunció porque “no sirve de nada”; y 52% “por falta de confianza en las autoridades”.

Con un poder legislativo complaciente y sin asumir su papel de contrapeso, las instituciones se siguen alejando de la ciudadanía. Mientras, a Peña Nieto le queda corto el número de puestos para tanto compadre por acomodar.

 

Miguel Pulido

Miguel Pulido es abogado. Ha sido director de Fundar, profesor en la Universidad Iberoamericana y visitante en la Universidad de Yale. Actualmente participa en Antifaz (www.antifaz.org.mx) un proyecto que busca abordar críticamente los asuntos públicos, las élites políticas y las dinámicas de poder.

Raúl Cervantes, del PRI a la PGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Raúl Cervantes Andrade, ahora procurador, ha sido delegado a las asambleas nacionales XVIII (2001) y XIX (2005), consejero político nacional, coordinador de asuntos jurídicos y secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional, además de tres veces legislador federal plurinominal. Todas estas funciones y cargos las desempeñó dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Es, sin duda, un militante sólido.

Enrique Peña Nieto lo había perfilado como ministro de la Suprema Corte, aun cuando no reunía las exigencias de la ley porque era senador, cargo irrenunciable. Ahora lo ha impuesto como procurador y pretende dejarlo como Fiscal General cuando él ya no sea presidente de la República. Esto se llama designación transexenal, que para colmo se encuentra prevista en un transitorio del decreto publicado el 10 de febrero de 2014 con el que se reformó el artículo 102 constitucional.

Peña desea imponer un funcionario por 11 años en total, aunque su partido, el PRI, sea desalojado del Poder Ejecutivo y aunque la Fiscalía, se supone, deba ser independiente del Ejecutivo y de cualquier partido político. Lo que no se explica es que casi toda la oposición haya ratificado el nombramiento de Raúl Cervantes, destacado dirigente priista, sin que éste cubra requisitos de idoneidad para el cargo de procurador. No ha tenido nada que ver con la investigación criminal, no ha estudiado criminología, no ha tenido contacto con la procuración de justicia, carece de conocimientos sobre la organización de la PGR. Al respecto, el nuevo procurador está en blanco y así se puede pasar años. Un verdadero fiscal no se improvisa.

En otros países se busca un procurador profesional. En México, con la mayor frecuencia se nombra a un experimentado político oficialista experto en maniobras propias de su ramo. Así ha sido durante muchas décadas. Baste recodar algunos personajes como Portes Gil, López Arias, Sánchez Vargas, Ojeda Paullada, Oscar Flores, Morales Lechuga, (Lozano Gracia, PAN), Macedo, Murillo Karam, entre otros. La Procuraduría ha sido una posición política, no una institución de Estado. Ha sido instrumento para perseguir y para perdonar, para amenazar y para negociar. Nunca nadie ha tenido la confianza plena en el Ministerio Público convertido en instrumento del poder político.

Carranza quería una especie de ombudsman, al margen de los jueces porfirianos de consigna y de la Secretaría de Justicia, entonces abolida, pero se equivocó de lado a lado cuando implantó la norma de que el procurador debía ser nombrado y podía ser removido libremente por el presidente de la República en turno: hasta aquí llegaron las ansias reformadoras de la justicia en 1917.

Bajo un sistema de partido dominante de Estado y, además, corrupto, la justicia no puede ser independiente aunque lo proclame la ley. De lo que se trata es que ya lo sea después de cien años. Ese requisito es uno de los elementos básicos para desarrollar la democracia política y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, sociales y políticos. Pero Raúl Cervantes, prominente militante priista e integrante del entorno cercano de Peña Nieto, no es la persona capaz de abrir el paso a una Fiscalía General independiente basada en la legalidad y la probidad.

¿Para qué se quiere a Cervantes? Para tener ahora y después de Peña el control de la procuración de justicia, de las investigaciones penales, de la cantada lucha dosificada y con dedicatoria contra la corrupción, y del uso instrumental del Ministerio Público. El procurador Raúl Cervantes nos quiere decir que el sistema no cambiará, aunque las leyes hayan sido modificadas.

Sólo hay dos gruesos detalle: 1) no habrá fiscal hasta que haya ley de la Fiscalía, lo cual depende del Senado, y 2) el próximo presidente de la República podría remover a Cervantes del puesto de Fiscal General si el Senado se abstuviera de objetar dicha remoción en un plazo de diez días. Así que es algo pronto para que Peña y su grupo, así como otras bandas priistas, canten victoria con la llegada de Raúl Cervantes a la PGR y luego a la Fiscalía General. Los exgobernadores en capilla, por su lado, ya no tienen salvación porque son el estandarte de la anunciada derrota de la corrupción del Estado mexicano. Ya hemos visto lo que eso significa cuando son los mismos (o parecidos) quienes gobiernan.

Ruego de mujer moviliza a PGR; liberan a maestra secuestrada en Hidalgo

La madre desesperada se había arrodillado, un día antes, ante el secretario de Gobernación para pedir ayuda; el gobernador Francisco Olvera había puesto en duda la situación.

La mujer que se arrodilló ante el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para implorar por la liberación de su hija secuestrada el pasado fin de semana, logró que las autoridades federales se movilizaran para liberar a la maestra de 29 años de edad.

La liberación de la maestra Nallely se logró luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) se hiciera cargo de la investigación que hasta este martes se encontraba en manos de la Fiscalía General de Hidalgo.

La mujer fue secuestrada en Pachuca, Hidalgo, el pasado sábado 23 de julio y posteriormente fue trasladada a una casa de seguridad ubicada en el municipio deEcatepec, Estado de México, donde fue liberada este miércoles por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que catearon dicho inmueble con la autorización de un juez federal de control.

El titular de la Policía Federal, Salvador Cano Muñozcano, explicó que en la casa de seguridad localizada en la colonia “El Salado” de Ecatepec, fueron detenidos dos personasque serán imputadas por el delito de secuestro, las cuales han sido identificadas como Jorge Javier “N” y Luis Fernando “N”, en posesión de tres armas de fuego.

En el lugar fue rescatada la maestra originaria de Apan, Hidalgo, dando respuesta a los ruegos de la mujer que se arrodilló ante Osorio Chong para solicitar la intervención del gobierno federal en este caso.

El titular de la Unidad Especializada en Investigación en Materia de Secuestro, Gualberto Ramírez Gutiérrez, dijo que el rescate de la mujer fue posible debido a que la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO)investigaba dos plagios previos cometidos durante los meses de marzo y abril del 2016, ambos relacionados con la misma organización delictiva que privó de su libertad a la maestra.

El Fiscal Antisecuestro de la SEIDO agregó que durante la indagatoria se logró identificar las mismas voces de un grupo de secuestradores que negociaba el pago de rescate en el caso de una pareja que fue privada de su libertad el pasado mes de abril en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Además, se encontraron coincidencias con otro secuestro contra un comerciante de vehículos perpetrado el pasado mes de marzo en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, mismo que era investigado por la Unidad Antisecuestros de esa entidad federativa.

Los datos obtenidos en esas dos indagatorias, la disposición de efectivo en cajeros automáticos relacionados con el pago de los rescates, así como la geolocalización del teléfono celular que se utilizó para solicitar dinero por la libertad de la maestra, fueron utilizados por la PGR para localizar una casa de seguridad utilizada por ese grupo criminal y permitieron a la SEIDO solicitar una orden de cateo que derivó en el rescate de la mujer y la detención de dos plagiarios que la custodiaban, uno de ellos con antecedentes penales por el delito de robo de vehículo.

“Se logró identificar una relación en exigencias económicas de los tres casos, en la ruta de los secuestradores y en la voz de los negociadores, lo cual nos permitió tener la certeza de que en el lugar se pudiese encontrar la víctima referida que había sido secuestrada en el Estado de Hidalgo”, detalló Gualberto Ramírez.

A pesar de que la PGR aseguró que la Fiscalía General de Hidalgo colaboró con la acción, apenas este miércoles el gobernador de esa entidad, el priista Francisco Olvera, descalificó a la mujer que rogó por la liberación de su hija, por considerar que actuó con protagonismo.

Incluso, el mandatario estatal había puesto en duda que la madre de la maestra ya liberada,hubiera presentado la denuncia correspondiente.

Una “verdad” demolida

GLORIA LETICIA DÍAZ
2016-04-30 18:47:11 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
EDICION MEXICO

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes –llegado a México como coadyuvante en la investigación del caso Ayotzinapa– se fue del país en plena confrontación con el gobierno federal. Pese a los obstáculos que enfrentaron sus cinco integrantes, lograron desenmascarar al gobierno y a sus operadores, de manera notable al exprocurador Jesús Murillo Karam y a Tomás Zerón de Lucio, su comparsa en la escandalosa e inverosímil “verdad histórica”, y dejaron abiertas innumerables­ preguntas.

El 28 de octubre de 2014, los periodistas gráficos freelance Daniel Villa y José Manuel Jiménez tuvieron una jornada singular: tomaron innumerables fotos y grabaron un video en las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, relacionado con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Dieciocho meses después sus imágenes cobraron relevancia, pues muestran las irregularidades con las que se construyó la “verdad histórica” pontificada por Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

Esa versión se apoyó en el trabajo del responsable de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, el funcionario al que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusaron de presuntamente “tergiversar” los hechos ocurridos en el río San Juan, donde, según la versión oficial, presuntamente quedaron los restos calcinados de los estudiantes.

Ese día, Villa y Jiménez tuvieron problemas para difundir su trabajo, según cuentan a Proceso por separado.

Villa no pudo colocar su serie fotográfica en los medios, en tanto que Jiménez –excolaborador de este semanario– vendió su video a la productora Vice. La empresa no atendió las recomendaciones de incluir en un documental la imágenes en las cuales aparece Zerón junto a Agustín García Reyes –uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas–, y varios hombres armados, uno de ellos fornido, con traje oscuro, relata Jiménez.

Y Villa comenta divertido: “Ahora resulta que la serie fotográfica del 28 de octubre de 2014 –el fracaso de mi vida– sirvió para que Ayotzinapa no quede en el olvido… Movió al sistema”.

En los primeros días de abril, Carlos Beristáin, uno de los cinco integrante del GIEI –los otros son Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Alejandro Valencia y Francisco Cox Vial–, buscó a Jiménez para hablar de las imágenes.

“Me pidió ver mi video, y confirmó que la metadata era correcta, que correspondía al 28 de octubre. Lo contacté con Daniel (Villa), porque trabajamos en equipo. Beristáin nos preguntó si podíamos entregarle el material; lo hicimos sin ningún problema, con el simple ánimo de colaborar en la investigación.

“Debo puntualizar que el GIEI no nos ofreció dinero –no lo hubiéramos aceptado–. Lo único que pedimos es que nuestros nombres aparecieran en el informe final sobre el caso Ayotzinapa”, sostiene Jiménez.

Él y Villa llegaron a Iguala el 27 de octubre, cuando supieron que había operativos de búsqueda en el basurero de Cocula. Se dirigieron a esa localidad y permanecieron en la región hasta el día 29.

Admiten que no fueron los únicos reporteros gráficos esos días en el basurero de Cocula y en el río San Juan. Recuerdan incluso que el 28 de octubre de 2014 algunos portales de medios electrónicos, incluido Proceso, subieron información del operativo de la PGR, de la Secretaría de Marina, la Policía Federal y el Ejército, entre otras corporaciones.

“Cuando (Murillo Karam) habló de la ‘verdad histórica’ y dijo que la localización de restos óseos, entre ellos el de Alexander Mora Venancio, ocurrió el 29 de octubre y vi las imágenes en televisión, me di cuenta de que eran muy parecidas a las que tomamos el día 28… El 29 lo que hubo fue un operativo muy singular; Cocula estaba llena de elementos de gendarmería que tocaban casa por casa preguntando por los chavos”, narra Jiménez.

La discordancia en la fecha en que ocurrió el hallazgo y lo asentado en el expediente fue una de las últimas revelaciones del GIEI durante la presentación de su último informe el pasado 24 de abril. Eso acentuó las diferencias con la PGR, luego de que Zerón trató de desmentir a los expertos tres días después con un video editado.

La conferencia del GIEI

El 28 de abril, en conferencia de prensa, los expertos independientes dieron cuenta del “comportamiento impropio” del funcionario, al llevar al río San Juan a uno de los inculpados –Agustín García Reyes– sin que exista registro en el expediente. Él presentaba “30 lesiones que no tenía al momento de ser revisado por el médico naval tras su detención”, según las constancias médicas.

Según Paz y Paz y Cox Vial –dos de los expertos del GIEI–, la exhibición de las imágenes en las que se observa a Zerón y a varios integrantes de servicios periciales y fuerzas de seguridad en acción son falaces, pues sus actuaciones no están reflejadas en el expediente.

Paz y Paz, exfiscal de Guatemala, comenta: “Nos llama mucho la atención que el día 29 de octubre (de 2014) haya una serie de pasos registrados en el expediente para realizar la diligencia en el río San Juan ese día.

“Se acuerda realizar la diligencia, se acuerda el traslado de los presuntos miembros de Guerreros Unidos; se le pide a las carceleras que les den libertad para que puedan ser trasladados a la orilla del rio San Juan y al basurero de Cocula para la reconstrucción de hechos; se mandan oficios a servicios periciales para pedir que haya peritos en el río San Juan…

“Según lo que consta el día 29, es una serie de pasos para poder realizar la diligencia, que no existe en relación con el 28 de octubre. La pregunta es: ¿por qué no está esa información en el expediente?”

Las contradicciones

Proceso consultó varias de las actuaciones asentadas de la Unidad Especializada en Investigación en Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS) de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), así como de Servicios Periciales, que cimentaron “la verdad histórica”, a partir de una llamada anónima tomada la noche del 26 de octubre y registrada por la agente del ministerio público Diana Elizabeth Guerrero Ruiz (Proceso 2060).

Cabe destacar que entre el 27 y el 29 de octubre se formalizaron algunas de las detenciones relacionadas con el basurero de Cocula y el río San Juan, entre ellas las de Salvador Reza Jacobo, Benito Vázquez Martínez, Agustín García Reyes, Jonathan Osorio Cortés y Patricio Reyes Landa.

Entre esas fechas, hay oficios suscritos por un comisionado de la UEIDMS en Iguala, Cuauhtémoc Mauriño Cubas, en los que se advierte que a partir del 27 de octubre hubo presencia de peritos en criminalística de campo, odontología forense, medicina forense, antropología, fotografía y video, tanto de la PGR como del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para analizar el basurero de Cocula.

A las 14:00 horas del día 29, por ejemplo, se asienta el acceso al vertedero de los agentes ministeriales federales Gualberto Ramírez Gutiérrez y Jorge García Valentín, de la UEIDMS, acompañados de peritos y “elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes custodian a Jonathan Osorio Cortés y Agustín García Reyes, sujetos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, estado de Guerrero, quienes hacen de conocimiento de esta representación social que en dicho paraje desahogarán una diligencia, por lo que (…) se les permite el acceso al predio”. No se menciona al defensor de oficio.

En la averiguación 871/2014 hay un oficio fechado el 28 de octubre a las 16:00 horas por la agente del Ministerio Público Alicia Bernal Castilla, quien instruye la realización de diligencias para el día 29 en el basurero de Cocula y en el río San Juan, donde “pudiesen encontrarse indicios que nos lleven al paradero de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa”.

Entre las indicaciones, se ordena citar al defensor de oficio Víctor Hugo Rodríguez Montiel en las instalaciones de la SEIDO a las 10:00 horas “para trasladarse al lugar señalado; se gira oficio a la directora general de la coordinación de servicios periciales, Sara Mónica Medina Alegría, para que proporcione peritos que acompañen la “diligencia de reconstrucción de hechos, así como en la búsqueda en los lugares de referencia respecto de indicios que puedan proporcionar el paradero y/o destino de los 43 desaparecidos, quienes por dicho de los probables responsables pudieran haber sido privados de la vida en dichos lugares” .

Además se ordena enviar un oficio al coordinador de Infantería de Marina, Marco Antonio Ortega Siu, para que designe elementos que “proporcionen seguridad perimetral durante el desarrollo de las diligencias que habrán que practicarse, así como para que designe buzos de trabajos submarinos para que realicen labores de búsqueda de posibles restos humanos en el cauce del río San Juan”.

Cabe destacar que en la averiguación previa no constan copias de los oficios girados a la Marina ni a los peritos.

Más falacias

La agente Bernal Castilla firma un acta circunstanciada en la que fija el inicio del operativo en el río a las 08:00 del 29 de octubre de 2014. Pero 54 minutos más tarde sostiene que “personal de la Marina Armada de México encontró y sacó del interior del río junto a la rivera (…) una bolsa de material sintético, color negra, el cual es señalado como indicio y/o bolsa UNO, la cual se encuentra abierta en una de sus caras, la cual en su interior contiene un bolo húmedo y con material de tipo tierra color café”.

Los documentos mencionan también la llegada de los forenses argentinos, aunque no se precisa la hora, y que a las 14:00 horas del 29 presuntamente arribaron los inculpados con su abogado defensor.

Bernal firmó otro documento ese mismo día en la Ciudad de México a las 09:00 horas; es decir, seis minutos después de que los buzos de la Marina presuntamente encontraron la bolsa negra con restos óseos en el río. En él solicita peritos en fotografía forense, video, criminalística, antropología, medicina y odontología para realizar diligencias “los días 29 al 30 de octubre de 2014 en el estado de Guerrero”.

En el expediente no está debidamente asentada la cadena de custodia, lo que ha derivado en que el EAAF no convalide cómo llegó al río de Cocula un resto óseo de Alexander Mora Venancio.

Paz y Paz advierte que desde el primer informe del GIEI, dado a conocer el 6 de septiembre del año pasado, recomendaron abrir averiguaciones previas a “todo aquel que pudo haber obstruido la investigación, pero del avance de esas indagatorias no nos han dado resultados”.

Ya desde entonces, recuerda la exfiscal guatemalteca, tocaron el tema de los indicios de tortura sufridos por los inculpados; en el último informe los expertos tomaron una muestra de 17 implicados directamente en la “verdad histórica” que muestran severos signos de malos tratos.

En su último informe, los expertos retomaron un asunto que abordaron en el primero, en el cual advertían de la intención de la PGR de circunscribir la desaparición de los 43 normalistas al ámbito municipal.

Se trata de la declaración hecha por el chofer del autobús 1531 de la línea Estrella de Oro, tomado por unos 15 a 20 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. En su primera declaración, en abril de 2015, dijo haber sido golpeado por policías y conducido a “una casa de dos pisos de color blanco, con portón negro, que se encontraba a 15 minutos”, del Puente del Chipote, frente al Palacio de Justicia, en el centro de Iguala.

En ese lugar, según consta en la declaración ministerial consultada por Proceso, no se indica a qué corporación pertenecían los uniformados que lo detuvieron. Se dice sólo que iban “encapuchados”, y que el chofer fue llevado ante un hombre de aproximadamente 40 años con camisa blanca y pantalón negro, el cual se veía con el cuerpo de una persona que hace ejercicio. Tenía una voz gruesa con acento de la zona, y presuntamente les dijo a los uniformados:

“‘¿Quién chingados es este cabrón?’. Y los policías dijeron: ‘Es el chofer del autobús’, y dijo el señor: ‘Pues llévenselo también, ya saben a dónde’, y se fue caminando hacia su camioneta, la cual no pude ver bien y, les gritó ‘¡Déjenlo, que se largue!’. Y me dijeron los policías: ‘Ya oíste, cabrón. Pélate!’, por lo que me eché a correr sin saber a dónde.”

La entrevista del GIEI

Cox y Paz y Paz habían solicitado entrevistar a ese chofer desde marzo de 2015. En septiembre, días antes de que el GIEI rindiera su primer informe, se les permitió hablar de manera informal con él frente a una agente ministerial. En ese encuentro el testigo refirió que a él lo detuvo la Policía Estatal.

Dice Cox: “Los que estaban haciendo las preguntas éramos nosotros. El chofer empezó a relatar, y cuando dijo que a él lo llevaron policías estatales a la casa, la agente ministerial intervino. ‘¿Por qué dice que eran policías estatales?’ –le dijo– Y el señor, con una naturalidad absoluta, respondió: ‘Yo lo leí, señorita, yo lo leí’”.

La exfiscal guatemalteca recuerda que el GIEI solicitó hacer una reconstrucción, pero primero se hizo sin él y después con el testigo, pero sin los expertos independientes.

Según Cox, “lo que consta en esa diligencia es que el testigo dice que no fue policía estatal, sino la de Iguala. Y que cuando lo llevaron a la casa, resulta que era la comandancia de la Policía Municipal de Iguala.

“No sabemos qué pasó con el civil; no sabemos por qué una casa de dos pisos se convierte en una comandancia con un torreón.”

Durante la entrevista, ambos expertos del GIEI hacen un análisis de algunas de las fallas detectada en la investigación e identificadas en su informe final sobre el caso Ayotzinapa.

Destacan la fragmentación de la investigación y la ausencia de profundización de investigaciones de las corporaciones implicadas: Ejército, policías de Iguala, Cocula, Huitzuco, estatales y federales, así como agentes ministeriales estatales y federales.

Entre los debates que no pudieron resolverse con la procuradora Arely Gómez, recuerdan los expertos del GIEI, fue la integración de todas las averiguaciones previas que la SEIDO tenía en sus manos y estaban relacionadas con el caso Ayotzinapa.

Dice Paz y Paz: “Imagínate el absurdo de una investigación criminal donde se parte del hecho de la infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad en las policías, de Cocula e Iguala al menos, y se investiga a la organización criminal en una unidad y los hechos en otra. Esa es una receta para el fracaso. Por eso solicitamos que se integrara en una misma investigación, y esa es una de las respuestas que no obtuvimos”.

Según ella, la investigación ideal en el caso Ayotzinapa debía integrar a las indagatorias “más de 150 cuerpos exhumados y alrededor de 500 denuncias de personas desaparecidas durante el periodo de (José Luis) Abarca, porque son los mismos actores; son temas que no deberían separarse”.

Cox reconoce que con la incorporación en el informe final del GIEI de la formación de círculos de seguridad el 26 y el 27 de septiembre por civiles armados y Policía Federal hasta Mezcala, municipio de Eduardo Neri, la indagatoria es más compleja.

“El área de influencia es muy grande. ¿Es razonable que toda esa extensión fuese manejada por un solo presidente municipal? Parece raro, no parece lógico. Hemos dicho que hay que investigar e interrogar a quien tiene la facultad o el poder para coordinar tantas policías municipales que intervienen en los hechos. Eso no se investigó; esperamos que ahora sí se investigue.”

Los pendientes

En entrevista por separado, Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, reflexiona sobre el futuro de la investigación del caso que ha cimbrado al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Patrón hace suyas las consideraciones más relevantes del último informe del GIEI, sobre todo los aportes a las líneas de investigación sobre macrocriminalidad, porque “Ayotzinapa sólo es posible en una plataforma de corrupción”.

El abogado reconoce que la relación entre familiares y la PGR que los miembros del GIEI recompusieron después de haber estado rotas antes de su llegada en marzo de 2015, están ahora debilitadas ante los tropiezos y los evidentes obstáculos que la dependencia puso a los expertos. Para reconstruir la relación, insiste Patrón Sánchez, “se deben establecer condiciones mínimas”.

Entre los condicionantes, Patrón enlista la investigación independiente que debe abrirse a Zerón de Lucio, así como a Sara Mónica Medina, de Servicios Periciales, quienes “participaron en la construcción de la teoría del caso que presentó Murillo Karam cuando era procurador”.

Está pendiente también “una explicación de ese cuarto peritaje (parcial, presentado como final, del basurero de Cocula) dado a conocer más por una intención política que probatoria y científica.

“Tan grave es el asunto que el 14 de abril el subprocurador (Eber Betanzos) se disculpó; nosotros pedimos una reunión con el panel. Asimismo, las autoridades deben dar explicaciones sobre la tortura.”

Las recientes revelaciones del GIEI y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la participación de la policía de Huitzuco obligan a las autoridades a dar una explicación sobre “cómo es que un resto óseo de Alexander Mora Venancio llegó a una bolsa presuntamente encontrada en el río San Juan”.

Resulta inverosímil, sobre todo cuando los científicos de Innsbruck corroboraron que las ropas encontradas en el camión del Palacio de Justicia eran de Mora Venancio, uno de los jóvenes que fue bajado de ese autobús y subido a patrullas que se lo llevaron a Huitzuco.

En espera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) defina los términos del mecanismo de seguimiento de los informes de los expertos, Mario Patrón reconoce que los padres y madres de los desaparecidos temen que la unidad especializada para el caso Ayotzinapa desaparezca, toda vez que “los miembros del GIEI fueron expulsados”.

Dice que el Centro Pro se enteró de que este mes concluye el contrato del personal asignado a esa oficina creada para el esclarecimiento del caso y con base en los acuerdos firmados en Washington en octubre de 2015 como parte de las medidas cautelares de la CIDH.

“Hay un compromiso de la procuradora Arely Gómez de que la oficina seguirá. Vamos a ver. Tienen que dar las explicaciones a los padres para continuar. Si cierran la oficina, el mensaje político que daría el gobierno de Peña Nieto es que el caso no es prioritario ni tiene voluntad política para llegar a fondo”, sentencia Patrón. l