La Resistencia al Poder

Conocidos miembros del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, dirigido por Andrés Manuel López Obrador, han decidido buscar cargos de representación a través de alguno de los diferentes partidos adherentes del Movimiento.

En la Delegación Benito Juárez de la Ciudad de México que ha sido gobernada por el PAN en los últimos nueve años, varios grupos de ciudadanos concientes nos hemos organizado a raiz del fraude electoral del 2006 y hemos salido a las calles, con nuestros vecinos, para denunciar los abusos del PAN.

Hemos descubierto que el panismo no tiene base social tampoco en esta zona; pero hay un abandono de los demás partidos que han permitido al PAN manejar un espacio de poder, quizá para tener oposición en la Ciudad de México, jugando con la premisa de Don Jésús Reyes Heroles : "El que se opone, apoya".

La necesidad de combatir a las fuerzas políticas que sólo ha traido retrocesos al País, como son el PAN y el PRI, impulsa a compañeros como María del Carmen Ojesto Martínez a contender por curules para luchar por un México justo y contra una derecha que está a punto de terminar de destruir a México.

María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo es abogada por la UNAM, con maestría en la Universidad de Austin Texas y actualmente postulante a Doctora en derecho por la UNAM. Ha cursado diplomados en el ITAM y otras Instituciones de Educación Superior. Se ha desempeñado como abogado general de Universidades privadas y ha desempeñado diversos cargos públicos, así como ocupado puestos ejecutivos en empresas privadas.

Carmen Ojesto es Adelita, perteneciente a la brigada 12 del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y participa activamente en las actividades del movimiento en nuestra delegación.

María del Carmen Ojesto –precandidata a diputada federal por Convergencia-, junto con el Dr. Bernardo Bátiz –Candidato a Jefe Delegacional-, el Dr. Jaime Cárdenas –precandidato a diputado federal por el PT-; el Lic. Froylán Yescas Cedillo –precandidato a diputado local por tres partidos-; conforman una pléyade muy importante de opciones ciudadanas para luchar en contra del PAN y de sus aliados amarillos –ya postularon precandidatos para esta delegación a dos desconocidos panistas- y lograr imponer un proyecto de nación que nos conduzca a un México Justo, de convivencia fraterna.

Los militantes, adherentes y simpatizantes de la Resistencia Civil Pacíficaen la Benito Juárez trabajaremos por ganar las elecciones con aquellos que resulten los candidatos que más se identifiquen con nuestro movimiento y que además, acepten comprometerse por escrito con nuestra causas.

Y a los golpeadores de tecla y porros panistas que solo saben acusarnos de “ignorantes, macuarros”, pues ahí les dejamos el currículum de nuestros candidatos, porque de sus discursos mejor ni hablamos. Difícilmente les entienden.

Indolencia y estado de derecho. Lorenzo Córdoba Vianello

Para que el estado de derecho subsista y no sea una mera entelequia, se requiere un convencimiento social en el mismo. Creer en el valor de las normas para la convivencia social es la condición primera para que aquéllas efectivamente subsistan.

El primer paso para socavar el estado de derecho es la tolerancia de las conductas ilícitas, aceptar que una conducta ilícita —aunque deplorable— puede dejarse pasar. La indolencia ciudadana frente a la violación de las leyes significa que el Estado de derecho empieza a ser inviable.

La oleada de violencia que desde hace unos años se ha instalado en el país y la ineficacia de la lucha en su contra por parte del estado, ha empezado a provocar que el incumplimiento de la ley empiece a verse como algo normal, como algo que bien puede sobrellevarse en el contexto de emergencia que estamos atravesando.

Ese hecho se traduce, por una parte, en ver la violencia como algo que forma parte de nuestra cotidianidad, como algo que forma parte del paisaje diario y, por ello, con lo que tenemos que convivir con resignación. Así, a la par de que las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez o las sanguinarias ejecuciones parecen volverse parte de la anécdota diaria, la capacidad de asombro e indignación tienden a diluirse.

Pero lo más grave es que la incapacidad del Estado para perseguir esos delitos, para investigar y llevar a juicio a los culpables, también se ha instalado en el imaginario colectivo como algo ordinario, como parte de ese escenario —triste y lamentable— en el que nos tocó vivir.

Perder la sensibilidad y la capacidad de escandalizarnos frente a la rampante impunidad, a la ineficiencia de las autoridades y a la violación de la ley, es sumamente grave. Ver el estado de derecho como una utopía que poco o nada tiene que ver con la realidad, como lo enseña reiteradamente la historia, es la antesala de peligrosas reacciones autoritarias. Frente a ello, es indispensable crear una conciencia crítica y asumir, todos, nuestra responsabilidad. Nos va el futuro de nuestra democracia y de nuestro estado constitucional en ello.

* Investigador y profesor de la UNAM

Germán Martínez culpa a gobiernos del PRI, pero en el PAN también creció el narco

El presidente del PAN, Germán Martínez, culpó ayer a los gobiernos estatales del PRI por el fracaso en la guerra contra el narco. Y ya encarrilado, hasta se lanzó contra un amigo público del presidente Felipe Calderón: Ernesto Zedillo. “Ahora no falta quienes, desde el fracaso de los gobiernos del PRI, sugieren la rendición en esta lucha […] Otros desde el extranjero recomiendan legalizar la droga”, dijo. Los datos no soportan su declaración. En las últimas dos décadas, el PAN cogobernó con el PRI (congresos locales, gubernaturas y/o alcaldías) las entidades identificadas por la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, como los “tres estados fallidos”: Chihuahua, Baja California y Sinaloa. Con Ernesto Ruffo Appel (PAN) se fortaleció el cártel de Tijuana; y Francisco Barrio Terrazas (PAN) estuvo al frente de Chihuahua cuando Amado Carrillo fundó, basado en el cártel de Juárez, el mayor grupo criminal en la historia de México: La Federación.





Después de una cascada de declaraciones poco afortunadas de secretarios de Estado, el coordinador priísta en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, propuso que el gabinete presidencial sea ratificado por la Cámara alta. ¿Por qué no? Otras democracias más maduras lo hacen, como las europeas o la norteamericana. La propuesta, que cabe dentro de una reforma de Estado, debería incluir controles también para los gobernadores, que ahora son reyezuelos a los que nadie fiscaliza. De ésos no habla Manlio Fabio. Ésos son, en su mayoría, del PRI.





Jesús Ortega se iluminó al ver el tumulto. Eran las 11 de la mañana, en el Centro de Convenciones Tlatelolco; cientos de familias se agolpaban entusiasmadas. Pero antes de que alguno de los asistentes a este evento del PRD se atribuyera la exitosa convocatoria, empezaron a notar que algo no cuadraba. Los niños, y hasta las señoras, iban con el rostro pintado de payasitos. No tardaron en darse cuenta de que el evento del PRD era el menor en este complejo para convenciones. El tumulto era porque Lagrimita y Costel darían un concierto. Para cuando Jesús Ortega empezó su discurso, las paredes del lugar retumbaban… pero por las canciones del dueto infantil.





Por cierto, ya se supo que el PRD de Jesús Ortega pagará con cinco candidaturas a José Narro, ahora cabeza de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, por sacar a sus seguidores del PT. En los próximos 10 días se darán a conocer los nombres de los afortunados; entre ellos, obviamente, está el propio señor Narro.

La arquidiócesis califica de mercenarios a quienes protestan por la presencia militar

Por unos cuantos pesos se lanzan a las calles; esto refleja el nivel de descomposición social, dice

José Antonio Román

La Arquidiócesis de México llamó mercenarios a quienes por unos cuantos pesos se han lanzado a las calles en protesta por la presencia del Ejército Mexicano en la lucha contra el narcotráfico. Este hecho, dijo, refleja el nivel de descomposición social alcanzado por la sociedad mexicana. Debemos sentir vergüenza, señaló.

Honores a la bandera en Catedral

Además, en la misa dominical del cardenal Norberto Rivera Carrera, celebrada en la Catedral Metropolitana, se pidió por el Ejército para que, recordando su origen genuinamente popular, reafirme su vocación de paz y auxilio a la sociedad. De manera especial se pidió por los militares caídos en el cumplimiento de su deber, para que Dios premie sus esfuerzos y a sus familias les dé serenidad y paz.

Ayer, al término de la celebración eucarística, y con motivo de que el próximo 24 de febrero se conmemora el Día de la Bandera, se rindieron honores el lábaro patrio y se entonó el Himno Nacional. Como se ha acostumbrado ya desde hace varios años, una escolta, en esta ocasión integrada por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), marchó hasta el altar mayor de Catedral, desde donde se rindieron los honores a la bandera, ante la presencia del cardenal Rivera Carrera, autoridades religiosas y decenas de feligreses que asistieron a la misa.

En el editorial de su semanario Desde la Fe, la Iglesia católica local se refiere a las narcoprotestas que se han presentado en algunos lugares del país, donde civiles han bloqueado calles en contra de la presencia de las fuerzas militares. Guardando las debidas distancias y diferencias, podemos colocarlos junto a los mercenarios a sueldo del crimen organizado. Debemos sentir también vergüenza como pueblo, porque en estas manifestaciones no hay un verdadero interés por la tranquilidad de la sociedad, sino una burda y descarada estrategia para encubrir las actividades ilícitas de sus familiares o amigos.

Además, deploró la descomposición social a la que ha llegado el país, de tal forma que por unos cuantos pesos niños, jóvenes y mujeres están dispuestos a enarbolar cualquier bandera, incluyendo los turbios intereses de algunos políticos y partidos, que saben manejar muy bien estas inconsistencias sociales promoviendo marchas, plantones y bloqueos sin motivaciones claras.

La publicación señala una diferencia clara entre la exigencia y observancia a los derechos humanos en todas las acciones que emprenden las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y otra muy distinta el pedir que los militares se retiren y que dejen el campo libre a la delincuencia., concluye.

La columna de Julio Hernández

Astillero
Narcoelecciones

El uso político de la guerra

Querétaro: entre cuñados

Julio Hernández López

La administración calderónica tiene más de tres años en campaña bélico-electoral. La bandera para intentar la conquista de una mayoría panista en la Cámara de Diputados pasa por la siembra del miedo, la sustracción de entidades federativas enteras (en las que no habrá condiciones para la emisión libre del sufragio), el abstencionismo inducido y la presencia militar que servirá tanto para cuidar el curso del proceso electoral como para enfrentar protestas e inconformidades. Hoy no hay el mismo perfil ciudadano que tres años atrás: como en Estados Unidos, un gobierno tachado de ilegitimidad ha reducido en grandes proporciones las libertades cívicas, las garantías constitucionales y el ánimo de lucha política. Con el gran telón de fondo de la guerra contra el narcotráfico, los actos seleccionados, que vayan contra los lineamientos establecidos desde el poder, corren el riesgo de ser combatidos con las armas, sobre todo ahora que el Pentágono ha anunciado su disposición para compartir con el Ejército mexicano las técnicas de combates urbanos que han aplicado en Iraq y Afganistán.

La guerra contra las drogas está sabidamente perdida y es absolutamente inviable si sólo se atacan las operaciones logísticas y los rápidamente reemplazables mandos bajos y medios de los cárteles, sin tocar las vertientes financieras y de poder político. Pero ese despliegue militar le ha dado a Calderón materia para un discurso recurrente y con él se pretende instalar a los pequeñines de Los Pinos como héroes que han sabido enfrentar el cochinero dejado por los antecesores, del PRI para atrás, pues a pesar de que el propio michoacano y algunos de sus subordinados han asegurado que recibieron instituciones desmanteladas y que había un abandono del cumplimiento de responsabilidades en la materia cuando abordaron el poder, se han negado a actuar jurídicamente contra el foxismo propiciador de las desgracias actuales, e incluso varios de sus gerentes estelares del gran circo estupefaciente forman parte de la plantilla personal del comandante Felipe.

La estrategia pinolera de usar la multimencionada guerra para apuntalar ambiciones electorales va quedando de manifiesto conforme las posiciones de los partidos se van definiendo. Ya en un primer escarceo la administración del caldero pretendió imponer reglas de supervisión de candidatos a puestos de representación popular para impedir que el narcotráfico pudiese filtrarse a esos ámbitos, que en la actualidad están más que infiltrados. Ahora se pretende confrontar la posición belicista interna del panismo con la reticencia de gobiernos estatales priístas (muchos de ellos, metidos hasta la coronilla en el negocio) a sumarse a la escalada sangrienta.

El sintomático Germán Martínez dio ayer un paso más a esa politización de la guerra contra el narcotráfico al enderezar un discurso contra las culpas ciertas del partido de los tres colores, pero sin atreverse a hacer una referencia mínima a lo hecho durante el foxiato. De la misma manera en que fue cómplice por omisión de las pillerías de los refugiados de San Cristóbal cuando fue fallido secretario de la Función Pública, el muñeco blanquiazul de ventrílocuo calderónico se olvida de las andanzas de Chente y Marta, de la liberación del operador del sexenio al que le fue abierta la Puerta Grande y del entramado de gabinete que permitió el crecimiento y el desbordamiento del poder de los capos, que hoy tampoco sufren más que mermas y derrotas selectivas.

Astillas

Más del México bárbaro: Treinta años atrás, con sus manos, sus recursos y en un terreno que un vecino donó expresamente para ello, los pobladores de La Piedad, en el municipio de El Marqués, Querétaro, construyeron un pozo de agua. Hace 12 años y medio eligieron en asamblea como administrador a Roberto Hernández Barrón, quien de inmediato comenzó a vender el líquido, mediante pipas particulares, y a traficar con la instalación de tomas domiciliarias. Cuando terminó el trienio para el que habían elegido a Hernández Barrón, éste y tres familiares constituyeron una sociedad civil que se declaró dueña del pozo. Ese tiempo llevan luchando las casi 700 familias para recuperar el control de lo que es suyo. Las protestas llegaron el año pasado a una maniobra igualmente familiar, pues Hernández Barrón es hermano de la esposa del todopoderoso secretario general del gobierno estatal, Alfredo Botello Montes, miembro distinguido de El Yunque. Así, el gobierno del cuñado (Botello) decidió que el problema del cuñado (Hernández Barrón) fuera absorbido por la Comisión Estatal del Agua, para evitar auditorías y problemas al nombrado en segundo término. Como la comunidad no aceptó esa transa, se ordenó hace ocho meses el corte del suministro de agua (acusando a los pobladores de morosidad, por no pagar al Cuñado por el servicio que les robó). La protesta popular que ello originó llevó el pasado 29 de septiembre al encarcelamiento de 19 personas, cinco de ellos niños, según narran a esta columna los afectados. Ya liberaron a nueve, pero dejaron en prisión a seis por el delito de despojo agravado, según narran algunos de sus familiares. Los afectados señalan que Antorcha Campesina los ha defendido porque es lo único que queda en el Estado. A todos los encarcelan, los compran o los sacan del estado. Aquí se firmó la Constitución pero es donde no vale... Juan Carlos Raya platica: “Leo a Primo Levi (La última navidad en guerra), quien narra que, casi al final de la confrontación bélica, la Gestapo intensificó la persecución de los ‘catastrofistas’ que querian dejar de creer en Alemania”... En días pasados, La Jornada cabeceó así una nota: Cobardía, usar a la población contra el Ejército: Calderón, lo que hace decir al ingeniero Raúl Cárdenas, profesor retirado del Tecnológico de Monterrey, campus Querétaro: Cobardía y prevaricación al usar el Ejército contra la población, lo que FCH hace... Y, mientras le dan al Osito Téllez el Óscar por la (involuntaria) revelación telefónica del año, ¡hasta mañana, en esta columna sin alfombra... roja!

Fax: 5605-2099 â

Politización de la narcoguerra

Con el telón de fondo de las decenas de ejecuciones diarias y la violencia delictiva fuera de control, el presidente del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, embistió ayer contra los priístas, a los que acusó de sugerir la rendición ante el narcotráfico y de poner en riesgo la salud y la seguridad de las familias mexicanas, en referencia a las recientes declaraciones de Ernesto Zedillo en favor de la legalización de la mariguana, que tienen como antecedentes inmediatos otros posicionamientos que han contaminado el debate político con el tema de las drogas: el formulado en días pasados por el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, quien aludió al riesgo de que alguien asociado al narcotráfico llegara a la Presidencia de la República, palabras que fueron calificadas de catastrofismo puro por el priísta Manlio Fabio Beltrones, o el reconocimiento, por parte del calderonismo, que el anterior gobierno claudicó en sus responsabilidades legales ante la delincuencia organizada.

No es necesario formular profecías a futuro: basta con examinar la información periodística de dominio público del pasado reciente para concluir que, a más de dos años de implantada, la estrategia en curso en materia de combate al delito ha tenido resultados desastrosos que se traducen en inseguridad, violencia, impunidad y deterioro institucional crecientes. Además de los más de 5 mil muertos registrados desde el inicio de la administracion calderonista, ante la ofensiva gubernamental, los cárteles de la droga han respondido con la cooptación de altos mandos de seguridad y un porcentaje altísimo de efectivos; por añadidura, se multiplican los indicios que permiten sospechar una diversificación sin precedente de la criminalidad y de la conformación de grupos paramilitares formados para combatir a conjuntos específicos de narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, lo que redunda en una afectación aún mayor del estado de derecho y del descontrol imperante.

Como si no fuera suficiente con estas consecuencias, ahora los problemas de la violencia delictiva, la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y el crecimiento de las adicciones son usadas como munición por formaciones políticas rivales para atacarse en vísperas de las elecciones legislativas de este año. Ello es un síntoma inequívoco del rompimiento de acuerdos en la materia dentro del grupo en el poder, pero también de la falta de consenso que exhibe la estrategia contra el crimen seguida por el gobierno federal en los 27 meses recientes, estrategia que, paradójicamente, pareció orientada por el propósito de allegar legitimidad y respaldo social a la presente administración.

El debate actual es claramente electorero, por cuanto en ningún momento las acusaciones cruzadas han llevado a los declarantes a fincar responsabilidades legales, y la coalición de facto que detenta el poder no ha dado muestras de querer cruzar esa delgada línea entre lo discursivo y lo legal.

Con todo, la creciente politización del tema del combate al narcotráfico y a la delincuencia en general, lejos de aportarle credibilidad a las acciones oficiales, erosionará mucha de la que le quede, habida cuenta que, a ojos de la sociedad, estos asuntos, que le conciernen de manera directa, dolorosa y exasperante, son vistos por la clase política como recursos de posicionamiento partidista. En este sentido, lo expresado ayer por Martínez Cázares no podría ser más contraproducente para la causa del partido que encabeza.

No puede omitirse, por último, la pregunta que hoy se formula un creciente sector de la ciudadanía sobre si esta politización del problema de la delincuencia organizada no será un reflejo inverso de un fenómeno mucho más alarmante y que ha sido sugerido por los mismos participantes en la polémica: la incursión de la criminalidad en la esfera política.

Revisa la Corte irregularidades en el cese de magistrado que en 2006 pidió recuento de votos

En un proceso administrativo lleno de irregularidades e inédito por el alcance de la decisión, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó en enero pasado al magistrado federal Francisco Salvador Pérez, luego de un procedimiento disciplinario que duró más de dos años y que inició días después de que el magistrado del primer tribunal unitario con sede en Oaxaca solicitó (de manera individual) al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPEJF) el recuento voto por voto y casilla por casilla de la elección presidencial de 2006.

De acuerdo con la revisión administrativa que interpuso el magistrado Pérez ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que es la última instancia para ratificar o no su destitución, la decisión de los consejeros carece de fundamento legal no sólo por las violaciones a la normatividad en la materia, sino también por la actuación de los ministros Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela, quienes solaparon la actuación ilícita de los consejeros Constancio Carrasco Daza –actual magistrado federal–, Luis María Aguilar y María Teresa Herrera Tello, miembros de la Comisión de Disciplina que aprobó el dictamen de su remoción.

Como un hecho particularmente grave se denuncia que, desde finales de 2006, el magistrado Pérez fue suspendido de manera consecutiva durante cuatro ocasiones, por un lapso de seis meses cada una, sin fincarle una responsabilidad concreta –hasta enero pasado–, lo cual no sólo lo afectó en el plano profesional, sino también en el económico, ya que dejó de percibir su sueldo completo durante todo ese periodo.

En este contexto, el afectado solicita al pleno de la SCJN la restitución en el cargo y los ingresos económicos a que tiene derecho.

En el recurso de revisión, al cual tuvo acceso este diario, se acusa a los consejeros de destituir al juzgador con base en presuntas faltas que no son graves y que, por tanto, no ameritarían una sanción tan grave como su cese; que el dictamen no precisa cuáles son las faltas ni las sanciones exactas para cada una de éstas; que fue violada, en su perjuicio, la Constitución ya que los consejeros interpretaron jurídicamente las sentencias del magistrado, lo cual le está expresamente prohibido al CJF, porque es un órgano administrativo y no jurisdiccional, además de que el consejo solicitó de forma ilícita a jueces de distrito que opinaran sobre la labor jurisdiccional del magistrado.

También fue sancionado por no impartir justicia de manera pronta y expedita; sin embargo, su tribunal tenía un rezago de 12 por ciento –de enero de 2004 a agosto de 2006 resolvió mil 415 asuntos–, cifra promedio en el resto de los tribunales del país, y de ese gran total sólo 38 casos presentaban un retraso superior a los tres meses para dictar sentencia.

La queja destaca que es preocupante para la autonomía judicial, que la visitaduría del CJF haya llegado al extremode organizar reuniones en la sede del cuarto juzgado de distrito con sede en Oaxaca, encabezado en aquel entonces por María Dolores Duarte Ruvalcaba, en las que los jueces primero, segundo, quinto y octavo en esa entidad habrían externado su preocupación por revocaciones de autos de formal prisión y sentencias condenatorias, principalmente por delitos contra la salud, que habría ordenado el magistrado.

La queja censura la actuación de los ministros Mariano Azuela– quien era presidente de la Corte y del CJF cuando empezó el procedimiento en su contra– y del actual presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, por haberse negado siquiera a escucharlo y por no haberse declarado impedido de conocer su asunto a pesar de una petición expresa del quejoso.

Cuestiona particularmente al actual magistrado electoral Constancio Carrasco Daza, quien tiene, asegura, sus intereses políticos en Oaxaca, y además de ser pariente del actual gobernador Ulises Ruiz y del ex mandatario estatal Diódoro Carrasco, logró hacer una carrera judicial ultrarápida en el ámbito federal.

El asunto está en manos de los ministros de la Corte, quienes en revisiones administrativas anteriores han restituido a magistrados porque las faltas cometidas no eran graves o porque los consejeros revisaron los criterios jurídicos de jueces y magistrados violando su autonomía jurisdiccional.

Marcela Gómez Zalce . A puerta cerrada

Par de damas…
Lunes, 23 Febrero, 2009
• Ratificación del gabinete
• El peligroso incumplimiento del ife (parte III)

La longitud y la proximidad, mi estimado, engañan a la vista. Explosivo comienzo de semana con la catastrofista realidad en la cifra de ejecutados, que sigue in crescendo pese a fantásticos discursos del club de optimistas de este (des)gobierno (with a prescribed amount of booze); y las predecibles secuelas del divertido balconeo telefónico a Luis Téllez, que aún dista de tocar fondo, sobre todo cuando el par de damas en cuestión, Pando-Carpinteyro, tienen parque y… de sobra.

Y no sólo porque el culebrón telefónico termina (¿o comienza?) en Los Pinos, sino porque las aristas de las simpáticas conversaciones bordean los otrora de moda desacatos judiciales, la tan cacareada legalidad y complicidad por omisión en un delito y todo aderezado de un fantástico lío de faldas que pondrá a este (des)gobierno de vividores en la palestra mediática, en donde el affaire telefónico no ha mostrado ni la quinta parte de los atractivos intereses.

En medio del escándalo apagado por la volátil crisis del Gymboree presidencial dentro de las crisis económica y de seguridad, la estupenda propuesta de Manlio Fabio Beltrones sobre la ratificación del gabinete presidencial en el marco de la Reforma del Estado, vuelve al epicentro gracias a las recientes pendejadas, traspiés, descoordinación y total falta de oficio político por parte de los amigos de Calderón… que ya comienzan a sentir la presión mediática, empresarial y política de que… como no pueden, renuncien.

Y para aderezar el llamativo catastrofismo semanal, my friend, las declaraciones de Leonardo Valdés son un estupendo botón de la simulación, la volatilidad y el riesgo de los próximos comicios de julio próximo. ¿Listo para los datos duros? Ahí le va.

El pasado de Leonardo declaró que la honestidad debe reinar en los próximos funcionarios que contarán los votos en las 144 mil casillas instaladas en todo el país lo que, as usual, desencadena la pícara pregunta del respetable sobre el status del mentado monitoreo que fue otorgado de manera sospechosista al Grupo de Tecnología Cibernética SA de CV para la descomunal espotiza electoral, que hoy sigue en el limbo, la opacidad, el incumplimiento y por ende… la ilegalidad.

O sea, déjeme y le documento el catastrofismo.

No olvide que la fase I (que comprende el Distrito Federal, Jalisco y Monterrey) del listado de señales de radio y televisión a monitorearse y que debió concluir el 15 de enero pasado con la instalación del equipo, aún hoy… está inacabada. Ni hablar de la fase II, que incluye… 51 plazas y que debe concluirse el 28 de este mes; la fase III que son la friolera de 44 plazas que debe estar lista el 31 de marzo, y la fase IV que debe estar el 30 de abril con 47 plazas… todas, mi estimado, están, literalmente, en un probable incumplimiento y en riesgo.

Y de acuerdo a la controvertida licitación el equipo para este culebrón profesional de monitoreo debió ser entregado al ife (con minúsculas) la segunda quincena de diciembre pasado. El mismo, le recuerdo, debe estar listo 15 días antes de entrar en operación para la capacitación oportuna del personal, lo que al día de hoy, repito, no ha ocurrido. Lo que significa que la espotiza electoral (fuera de control y aprovechada para incurrir en las ventanillas legaloides de las travesuras) no está dentro de los parámetros de la cacareada honestidad del buen Leonardo, yes?

Ahora (for absolut fun) saque nuevamente su listita y ahí le van los porcentajes de la semana del 11 al 17 de febrero de los tiempos del Estado asignados al ife y que siguen... en el cajón del incumplimiento:

Villahermosa 10.08%

Veracruz 6.94%

Torreón 10.87%

Toluca 10.48%

Tijuana 14.17%

Saltillo 3.71%

Puebla 1.70%

Morelia 7.72%

Mérida 7.49%

Hermosillo 5.52%

Guadalajara 10.02%

Durango 7.23%

Culiacán 0.45%

Cuernavaca 9.43%

Ciudad Juárez 12.01%

Ciudad de México 10.49%

Chihuahua 7.05%

Cancún 12.65%

Acapulco 8.88%

Lo que suma un total de 9.00%... en donde el ife sigue debiendo una explicación de esta conducta típica sobre estos tiempos que son pesos y centavos y que, al comenzar en mayo las campañas formales de los partidos políticos, serán el caldo de cultivo para sembrar la duda y de ahí las impugnaciones sobre la equidad y transparencia de los diversos procesos electorales… fundamentados en el monitoreo gracias al mentado Cofipe —al que ya le quieren dar la vuelta por el bodrio de reforma electoral—, que es uno de los pilares más importantes para dar la necesaria certidumbre… dentro de la evidente incertidumbre de ese frágil y vulnerado árbitro llamado ife.

¡¿Así o más claro?!

gomezalce@aol.com