lunes, 22 de abril de 2019

Minatitlán como síntoma de nuestros tiempos

La masacre de Minatitlán es síntoma de nuestros tiempos violentos, y una señal de que la realidad no se transforma con un simple cambio de partido en el gobierno, mucho menos con sermones.
Por Ernesto Núñez Albarrán/ @chamanesco
Tenía tan sólo un año y, si estaba ahí, era por una mera casualidad. Sus padres habían sido invitados a la fiesta de una tía que celebraba sus 52 años en la palapa La Potra, en Minatitlán, Veracruz. Era Viernes Santo y, mientras sonaba La vida es un carnaval de Celia Cruz, su corazón era atravesado por las balas.
Vestía playera amarilla, short de mezclilla y tenis negros, y según el relato de una de las sobrevivientes, “la mamá lo traía cargando” y, cuando el papá lo quiso cubrir, “le dieron en la cara”.
“Al bebé lo siguieron rematando, le dieron en el corazoncito”, relató una de las sobrevivientes, según la nota del reportero Benito Jiménez (Reforma, 20 de abril de 2019).
Otra testigo afirmó que los asesinos torturaron psicológicamente a los asistentes a la fiesta, obligándolos a mirar mientras disparaban a sus víctimas.
Los sicarios se ensañaron con los asistentes, que comían cochinita pibil, celebraban y bailaban al ritmo de Celia Cruz al filo de las 21:00 horas, cuando el comando irrumpió en busca de La Beky, un travesti que se cuenta entre las 13 víctimas del ataque.
La masacre de Minatitlán duró 10 minutos, y dejó una estela de horror e incertidumbre, en un estado acostumbrado al terror y la barbarie, con más de 100 homicidios dolosos por mes, decenas de secuestros y, últimamente, más de 10 feminicidios mensualmente.
No, en Veracruz la vida no es un carnaval; en Veracruz, la vida es cruel; en Veracruz, hay muchos momentos malos; en Veracruz, nada cambia.
Mientras Veracruz revive el terror de la época de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, sus políticos mantienen una añeja disputa política.
Cuitláhuac García, gobernador emanado de Morena, con 130 días en el poder, no ha sido capaz de coordinarse con el fiscal del estado Jorge Winckler, funcionario heredado de la anterior administración, nombrado por un Congreso de mayoría panista en diciembre de 2016.
Las diferencias entre el inexperto gobernador y el polémico fiscal han derivado en una demanda de juicio político en contra de Winckler, para tratar de sustituirlo por un nuevo fiscal, aprobado por un Congreso estatal de mayoría morenista.
Mientras eso ocurre, Veracruz sigue sumergiéndose en una espiral de violencia, con 121 homicidios dolosos en enero de 2019 y 133 en febrero, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La masacre de Minatitlán, por la crueldad de quienes mataron a siete hombres, cinco mujeres y un niño, es un síntoma de nuestros tiempos violentos; una señal de que la realidad no se transforma con un simple cambio de partido en el gobierno.
Minatitlán es gobernado desde hace casi seis meses por el alcalde morenista Nicolás Reyes Álvarez. Y el morenista Cuitláhuac García tomó protesta como gobernador de Veracruz el mismo día que el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En Minatitlán, como en casi todo Veracruz, todo se pintó del color vino Morena. Regidores, alcaldes, diputados locales y federales, senadores, gobernador… todos militan en el movimiento del presidente. Pero, al parecer, nadie le avisó a los sicarios que buscaban a La Beky en plena Semana Santa, que ha iniciado “la regeneración de la vida pública de México”.
Para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian…
Para ellos, como para todos aquellos que siguen bajo el mando del crimen organizado, no hay alternancia o “Constitución Moral” que valga; no hay parábola de Jesús que los conmueva, sermón presidencial que los arredre; ni “Cuarta Transformación” que les impida seguir en su negocio de crueldad y muerte.
Ayer mismo, se reportó que el primer trimestre de 2019 batió un nuevo récord de violencia en el país. Siete mil 242 carpetas de investigación por homicidio doloso entre enero y marzo implican un aumento del 10 por ciento respecto al año pasado.
No, los números no mienten. La terca realidad no cambia, por más conferencias mañaneras, tuitazos o discursos que se lancen. La violencia no se ha contenido; mucho menos disminuido. Ahí está Minatitlán, como cruel recordatorio de que en México la vida no es un carnaval.

Empresas que estaban en la “lista negra” del SAT también recibieron contratos en el Gobierno de EPN

En México hay 7 mil 823 empresas que simularon operaciones fiscales, según datos del SAT. Entre 2014 y 2018, más de 100 integrantes de esta lista negra obtuvieron contratos por parte del Gobierno federal y de gobiernos de los estados, ya fuera antes o después de ser señaladas por presuntos actos de defraudación fiscal.

Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).- Al menos 106 compañías con operaciones “presuntamente inexistentes”recibieron contratos gubernamentales años antes de que el Gobierno federal detectara sus irregularidades. Inclusive, una firmó contrato dos meses después de haber entrado a la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Entre 2014 y 2018, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, estas empresas firmaron 328 contratos con dependencias de los gobiernos federal y estatales; y en promedio, 2.7 años posteriores a la firma y ejecución de los contratos, el SAT determinó y publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el estado irregular “definitivo” de las contratistas.
En cuatro casos, empero, el fallo de adjudicación de contrato se dio meses antes o meses después de que el SAT ingresara a las compañías en su lista negra definitiva.
La Distribuidora Universal Tobosa, por ejemplo, entró a la lista publicada en el DOF el día 14 de marzo de 2017. El 16 de mayo, 63 días después, la Secretaría de Finanzas de Coahuila emitió un fallo aprobatorio de licitación para que Tobosa proveyera artículos de oficina para “diversas dependencias” del Gobierno estatal, por un monto de 2 millones 048 mil 157.87 pesos (sin IVA).
Tres meses y 20 días más tarde, el 5 de septiembre de 2017, el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa otorgó a Tobosa un “fallo favorable” por 181 mil 034.48 pesos (sin IVA) para la transportación e instalación de bienes muebles.En los casos de las empresas Baumaschinen y AsociadosGap Asesores de Negocio y Grupo Constructor Cobaya hubo contratos firmados 5.3 meses antes, en promedio, de que el SAT las incluyera entre sus presuntos simuladores de operaciones fiscales.
De acuerdo con el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, la presunción de operaciones inexistentes implica que un determinado contribuyente no pueda ser localizado, o que haya emitido comprobantes fiscales sin comprobar su capacidad para proveer los bienes y servicios aparados bajo “tales comprobantes”.
En estricto sentido, entrar a la lista negra del SAT significa estar bajo la lupa por supuesta simulación de operaciones y así, por la comisión de un delito fiscal; y según lo establecido en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sería causa suficiente para impedir que los gobiernos contraten al contribuyente imputado.
A pesar de los marcos normativos, figurar en la lista no implica estar inscrito en el directorio de contratistas sancionados e impedidos para proponer o celebrar contratos con los diferentes niveles de gobierno (como en el caso de Tobosa).
Ni el Código Fiscal, ni la Ley de Adquisiciones especifican las operaciones presuntamente inexistentes como impedimento para las licitaciones.
Este “entorno normativo laxo” agrava las posibilidades de daño económico y desfavorece la lucha anticorrupción a nivel nacional, se lee en la iniciativa de Ley suscrita el 25 de octubre de 2018 por el Senador Ricardo Monreal Ávila, cuya propuesta destaca la necesidad de prohibir que las entidades identificadas por el SAT como “irregulares” celebren contratos que involucren dinero público, así como la necesidad de ampliar el catálogo de sujetos obligados impedidos para celebrar contratos.
Al corte del 19 de abril de este año, el SAT tenía 7 mil 823 empresas –incluidas las 106 mencionadas– registradas en su lista negra definitiva. Es decir, aquellas con simulación de operaciones “verificadas plenamente”.
Según a iniciativa LXIV/1PPO-35/85034, hasta el 18 de octubre del año pasado, este tipo de empresas facturó “2.04 billones de pesos a través de comprobantes apócrifos”.
LOS CONTRATOS
De los 328 contratos analizados por la Unidad de Datos de SinEmbargo, sólo en 157 casos fue posible corroborar los montos de la transacción con el acta de fallo correspondiente.
Esta muestra arrojó que, entre 2014 y 2018, las empresas con presuntas operaciones inexistentes licitaron al menos 579.5 millones de pesos en bienes y servicios.
De todas (328) las compañías analizadas, Grupo Vitece (17), Comercializadora Gomermex (15), Abastecedora Lavin (14), Comercializadora Osemun (13) y Ceceme (12) fueron las que más contratos firmaron.
En cambio, las empresas con mayores ganancias –según el número de contratos (157) cotejados con su acta de fallo– fueron la compañía constructora Civesa(187.6 mdp), la Comercializadora 2003 (109.4 mdp), la Constructora Trabesa(50 mdp), el Grupo Constructor-Arrendador y de Servicios Profesionales Alex (34 mdp), así como la proveedora Servicios Profesionales Raco (28.4 mdp).
El 60.4 por ciento de dichos contratos fue otorgado por adjudicación directa y equivalió a transacciones por un monto conjunto de 6.7 millones de pesos. Del resto, 22.3 por ciento (123.9 mdp) fue por invitación a cuando menos tres personas y 17.4 por ciento (448.9 mdp) por licitación pública.
Las dependencias que otorgaron más contratos a estas 106 compañías “simuladoras” fueron el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (31), la Universidad Autónoma de Zacatecas (25), las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (19) y de Comunicaciones y Transportes (17), así como la Comisión Nacional del Agua (16), el Instituto Mexicano del Seguro Social(15), la Alcaldía de Tehuacán en Puebla (14) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (12).
Por monto, según los 157 contratos corroborados, la Comisión del Agua de Veracruz (173.8 mdp), la SCT (77.6 mdp), las comisiones de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria de Guerrero(63.2 mdp), del Agua de Morelos (46.3 mdp), de Caminos e Infraestructura Hidráulica de Chiapas (34 mdp), la Conagua (24.5 mdp) y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (22.7 mdp) fueron las que más dinero le dieron a estas compañías.
En cuanto al bien o servicio contratado, la mayor parte del gasto (507.7 mdp) fue destinado a obras de rehabilitación y construcción de infraestructura hídrica, vial o aeroportuaria, seguido de bienes y servicios para oficinas gubernamentales (54.4 mdp), vestuario y uniformes (4.5 mdp); artículos como instrumentos musicales, juguetes, señalizaciones, trofeos, entre otros (4.4 mdp); “adquisiciones” y “arrendamientos” no etiquetados (3.4 mdp); equipo médico (2.7 mdp); elaboración de documentos de análisis, asesorías, estudios, informes, planes, entre otros (2.3 mdp); y servicios no etiquetados especializados, integrales y profesionales, además de subcontratación de personal (150 mil 680 pesos).
EL MURO DE LEY
A partir del el 9 de diciembre de 2013 –o del ejercicio fiscal de 2014– entró en vigor la reforma al Código Fiscal de la Federación que incluyó la figura de operaciones presuntamente inexistentes en el Artículo 69-B.
De acuerdo con un análisis (2018) del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), este proceso de fiscalización afecta tanto a quien es el emisor del comprobante como a quien lo utiliza como una deducción autorizada, “dado que el emisor estará frente a un delito fiscal y el receptor tendrá que acreditar y […] corregir su situación fiscal de uno o varios años”.
El proceso de inscripción a la lista negra –según la Ley vigente– implica una notificación a los contribuyentes a través de su buzón tributario y de los portales del SAT y del DOF, así como periodos de entre 15 y 50 días para la defensa, comprobación y determinación de casos.
Sin embargo, la tasa de contribuyentes que logran desvirtuar las imputaciones es muy baja. Los datos del SAT indican que sólo el 2.3 por ciento de los contribuyentes señalados (232 de 9 mil 985 totales, incluidos los presuntos, definitivos y con sentencia favorable) son capaces de comprobar sus operaciones. Esto se debe a tres principales factores, según el CCPM.

 A que los contribuyentes no están al pendiente de la publicación de los listados (lo que origina que los plazos para desvirtuar o acreditar las operaciones pasen desapercibidos); porque a pesar de estar pendientes de las publicaciones no cuentan con información suficiente para defenderse; y debido a que no son localizados o sus pruebas no son suficientes según los criterios de la autoridad competente.
En dado caso, contratistas y proveedores pagan los platos rotos; y ante dicho escenario, refiere el CCPM, “los contribuyentes tendrán la obligación de fiscalizar a sus proveedores cada vez que sea publicado un listado en el DOF o en el portal del SAT, ya sea como presunto o como definitivo” simulador de operaciones.
Lo mismo aplicaría para funcionarios públicos, cuya responsabilidad es efectuar y procurar el uso de recursos con “eficiencia, eficacia y honradez”, toda vez que la Ley de Adquisiciones (Artículo 50, fracción XIV, párrafo tercero) establece la obligación de los oficiales mayores –o sus equivalentes– de “llevar el registro, control y difusión de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar, el cual será difundido a través de CompraNet”.
Las operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados que sean probados conllevan, en todo caso, una condena de tres meses a seis años de prisión, de acuerdo con el Artículo 113 del Código Fiscal de la Federación.

Veracruz: se va el gobernador o se va el fiscal

AMLO insiste en que serenará al país 
 Temporada de impuestos: expira el plazo
Foto
▲ En la misa de resurrección, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, pidió por los hermanos cristianos de Sri Lanka que hoy han sufrido la persecución y el martirio.También se oró por el papa Francisco, los obispos, sacerdotes y el pueblo fiel.Foto Jesús Villaseca
V
eracruz ha dado mucho de qué hablar (mal) en años recientes. El ex gobernador Fidel Herrera, priísta, fue acusado de proteger a Los Z. Su heredero político, también priísta, Javier Duarte, está en la cárcel. Su esposa, Karime Macías, lleva al parecer una vida cómoda y extravagante en Londres. Durante su sexenio fue interceptada en Toluca una avioneta del gobierno veracruzano que transportaba 25 millones de pesos, supuestamente para la campaña de Peña Nieto. Para una parte de la opinión pública, el ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes debería hacer compañía a Duarte. Sin embargo, maniobró Yunes para dejar como fiscal a Jorge Winckler, a fin de que le cubriera las espaldas, una vez que ganó la gubernatura Cuitláhuac García, de Morena. Esos son algunos antecedentes, no todos, de sucesos como el ocurrido el viernes pasado. Un grupo armado irrumpió en una fiesta privada en Minatitlán, Veracruz, asesinando a 13 personas, entre ellas un bebé. Los sujetos irrumpieron presuntamente para llevarse a uno de los asistentes. Las demás personas lo quisieron impedir y los sicarios accionaron sus fusiles contra ellas. Cuitláhuac condenó en Twitter los hechos y de paso le dio un apachurrón al fiscal Winckler, con quien sostiene una disputa desde su llegada al poder (...) En el grupo de Seguridad se activó operativo para dar con los responsables. No habrá impunidad a pesar de las eternas investigaciones de la FGE. Seguiremos con más detenciones. En tanto, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, también lamentó los sucesos y criticó la actuación del fiscal. No vamos a parar hasta encontrar a los responsables, a pesar de que la fiscalía ni investiga ni resuelve. No habrá impunidad. La gestión del fiscal se ha caracterizado por una intensa confrontación en redes sociales con familiares de personas desaparecidas y con periodistas. El desencuentro llegó hasta el Congreso estatal, pues se inició un proceso de juicio político con el objetivo de removerlo. Sin embargo, los votos no fueron suficientes, por lo cual sigue en el cargo. No parece que tiene salida el conflicto: o se va el heredero de Yunes o el nuevo gobernador. El presidente López Obrador encabezó el día de ayer la ceremonia por el 105 Aniversario de la Defensa Patriótica del Puerto de Veracruz. Ahí lamentó los hechos ocurridos en Minatitlán el pasado viernes y aseguró que los ciudadanos serán protegidos y prometió que serenará a México.
Declaración anual
El próximo 30 de abril vence el plazo para que las personas físicas presenten su declaración anual correspondiente a 2018. Es obligatorio que se haga la declaración anual si se han obtenido ingresos, entre otros, por los siguientes conceptos: por prestar servicios profesionales (honorarios), por rentar bienes inmuebles, por realizar actividades empresariales (comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, silvícolas, de pesca, y de autotransporte), excepto los que tributen en el régimen de incorporación fiscal, por enajenar bienes, por adquirir bienes, por percibir salarios, por intereses y otros ingresos.
Ombudsman social
Asunto: esa burocracia
Recientemente compré a un anticuario en Nueva York una figura de cerámica pequeña. La fecha del envío fue el 5 de abril de 2019. Llegó la semana antepasada a la Ciudad de México, pero aduana no la ha liberado. Se comunicó DHL (que es el responsables de entregarme el paquete) conmigo porque aduana exige que se llenen formatos de Cofepris. Le dije que jamás han solicitado trámite ante Cofepris. El objeto no representa ningún tipo de riesgo sanitario, es irrisorio. Aun así ya llené lo poco que pude completar de los formatos, ya que no se adaptan a el objeto en cuestión, aplican más a hospitales, vacunas y biológicos.
René Vergara Takahashi (vía Gmail).
R: Sólo que sea una figura milagrosa que cure el mal de amores. El burocratismo resistiendo al cambio de la 4T.
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Enséñale a tus hijos qué son los impuestos. Cómete 30% de su helado.
Rosario Sandín @CharySandin
Twitter: @galvanochoa
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JUDAS QUE NO TRUENAN-Rocha

AMLO: la masacre, resultado del cochinero que nos dejaron

Va a haber justicia, ¡me canso ganso!

Foto
▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer la ceremonia por el 105 aniversario de la heroica defensa del puerto de Veracruz.Foto Pablo Ramos
Enviado
Periódico La Jornada
Lunes 22 de abril de 2019, p. 3
Alvarado, Ver., Ante la jerarquía castrense congregada para conmemorar el 105 aniversario de la gesta histórica de la defensa del puerto de Veracruz en 1914, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los 13 homicidios cometidos en Minatitlán, son una expresión del fruto podrido que se heredó de la aplicación de una política económica antipopular y entreguista.
En la solemne ceremonia celebrada en la sede de la Heroica Escuela Naval Militar, que sirvió también para la jura de bandera de 220 cadetes, López Obrador deploró este ataque que conmocionó a la entidad: duele mucho enterarse, tener noticias de estos asesinatos viles en Minatitlan.
El Presidente consideró que por hechos como ése se pensó en incorporar a las fuerzas armadas para resolver el problema grave de la inseguridad y de la violencia. Nos importa la defensa de la soberanía nacional, nos importa la seguridad interior, pero lo que más nos urge es garantizar la seguridad pública.
Recibido con salvas en la Heroica Escuela Naval Militar Antón Lizardo, el mandatario advirtió que todavía tenemos que enfrentar esta inercia, esa mala herencia, ese cochinero que nos dejaron. Cuestionamiento al que siguió su ofrecimiento de limpiar al país de la corrupción y la impunidad. Va a haber justicia ¡Me canso ganso!, afirmó sin desatar entre los militares y sus familias el furor que esta frase genera en las plazas públicas.
Entre las referencias históricas y las alusiones a la realidad actual ofreció que se va a serenar a Veracruz y al país en su conjunto, antes de darle un espaldarazo al gobernador, Cuitláhuac García –proveniente de su partido, Morena–, cuestionado en la entidad ante el recrudecimiento de la violencia.
Otra ventaja que tenemos enorme es que en Veracruz hay un gobernador honesto. Ya no es como antes, que el problema eran las autoridades, porque no había frontera, no se sabía dónde terminaba la delincuencia ni comenzaba la función de la autoridad.
Mucho elogio
Colmó al gobernador de elogios: Cuitláhuac García es inteligente, con convicciones y, sobre todo, honesto; un hombre bueno, no de malas entrañas, y eso importa para garantizar la paz y la tranquilidad.
A su llegada a la entidad, en breve entrevista anunció que este lunes encabezará una reunión en la que participarán el gobernador y los mandos militares para evaluar la situación de la seguridad, como en su momento ya lo hiciera en Nuevo León, Jalisco y Baja California.
A las alusiones a la honestidad le siguió la condena a la corrupción como fuente de todos los males del país, incluida la violencia. Eje medular en el discurso presidencial, también estuvo presente en esta ocasión: la corrupción política es la causa principal de la desigualdad económica y social, de la inseguridad, de la violencia, todos los males que nos aquejan.
Casi dos horas de un ritual militar para conmemorar la defensa del puerto, tomar la jura de bandera a esta nueva generación y condecorar al secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y al director general de Construcciones Navales, José Antonio Sierra Rodríguez, por sus 50 años de servicio. Ceremonia con remembranzas a la muerte digna de mejores causas. Se trataba de la reivindicación del comodoro Manuel Azueta y el cadete Virgilio Uribe, fallecidos en combate ante la invasión estadunidense de 1914.
López Obrador destinaría gran parte de su intervención a una explicación didáctica de las razones porque este puerto es cuatro veces heroico, incluida en la que participó el posteriormente defenestrado por la historia Antonio López de Santa Anna, hasta la frustrada intervención estadunidense en 1914, con pretensiones de proteger sus intereses económicos. Larga disertación histórica para concluir que en estos tiempos no se percibe ninguna agresión de algún país extranjero.
Pasó entonces a justificar la creación de la Guardia Nacional, a subrayar la importancia de que las reformas hayan salido de manera unánime y destacar que esto implicará incorporar a 220 mil elementos del Ejército y 60 mil de la Marina, sumados a los miembros de la Policía Federal.