6 DE NOVIEMBRE DE 2014
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| DF. Miles marchan en repudio al gobierno por caso Ayotzinapa. Foto: Hugo Cruz |
MÉXICO, D.F. (apro).- Los ejecución extrajudicial de presuntos delincuentes por parte de miembros del Ejército en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y la muerte de otras seis personas en Iguala, Guerrero, pusieron el nombre del presidente Enrique Peña Nieto y de su gobierno “por los suelos” en el ámbito internacional, aseguró José Miguel Vivanco, directivo de Human Righst Watch (HRW).
De visita en México para documentar los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, Vivanco criticó al gobierno peñista por anteponer los temas económicos antes que abordar la “crítica situación de derechos humanos que arrastra México” desde el sexenio de Felipe Calderón, con la guerra contra el narcotráfico.
En conferencia de prensa, el representante de HRW consideró como una ironía que, en los esfuerzos del ejecutivo federal por mostrar al mundo “un México que es ficticio”, se alejó de temas de derechos humanos y de seguridad, considerándolos “tóxicos” para su imagen internacional.
“Hoy día lo que ha salido a la luz es el otro México, el de los abusos, el de los sectores más vulnerables, de la desesperación de los padres, campesinos que con gran ilusión lograron que sus hijos estudiaran y aspiraran a un mejor futuro y que se ven involucrados en esta pesadilla. Es un caso que indigna a cualquier persona decente en México y a nivel internacional y por eso esas marchas en México y todo el mundo”, apuntó Vivanco al referirse al caso de los normalistas de Ayotzinapa.
José Miguel Vivanco cuestionó la “improvisación permanente” con que el gobierno de Peña Nieto ha respondido a la crisis desatada por los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, centrando el actuar del gobierno federal dependiendo del impacto nacional o internacional en su imagen.
Sólo así se explica, dijo, que cuatro días después de los hechos de Ayotzinapa, el presidente Peña Nieto haya salido a declarar “mal” que la resolución del caso era competencia del gobierno de Guerrero, “como si se tratara de Guatemala”; y en el de Tlatlaya, que la Procuraduría General de la República (PGR) haya iniciado investigaciones por “la presión internacional” tras la publicación del testimonio de una sobreviviente de la masacre en la revista Esquire y el portal del semanario Proceso.
Duro contra el gobierno peñanietista, el director de HRW para América, sostuvo que en México lo que prevalece es “un Estado de Derecho de papel”, en el que “la regla es la impunidad” y en el que se invoca al respeto a la soberanía de los estados “para justificar la tardanza, la pasividad y la negligencia de las autoridades federales”.
El representante internacional aclaró que una prueba más de que para Peña Nieto el tema de las desapariciones es “tóxico” a su imagen, es que en la iniciativa de egresos del gobierno federal se redujeron 60% los fondos destinados para la Unidad de Búsqueda Especializada de Personas Desaparecidas, que depende de la PGR.
En el caso de Tlatlaya, el defensor resaltó que no se habla de sanciones para quienes mantuvieron durante tres meses la versión oficial de que los 22 fallecidos cayeron en un enfrentamiento con el Ejército y no que se trataba de una ejecución extrajudicial.
Al apuntar que sólo se juzga a tres soldados de tropa como responsables de ocho muertes, no de 12 o probablemente 15, como mencionó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Recomendación 51/2014, Vivanco puso en duda que “un teniente (acusado de encubrimiento) haya engañado a México, a la Sedena, al gobernador del Estado de México (Eruviel Ávila) y al procurador de ese estado”.
También criticó que no haya sanciones para los funcionarios del gobierno mexiquense que torturaron a las sobrevivientes de la masacre, como lo documentó la CNDH en su recomendación.
Sobre los acontecimientos de Iguala, del 26 y 27 de septiembre pasados, Vivanco puso de manifiesto su indignación por la gravedad del caso, “sólo comparable” con la matanza de Tlatelolco en 1968, bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
En cuanto a las investigaciones para la localización de los 43 normalistas, el defensor señaló que no corresponden al “slogan que el gobierno de Peña Nieto nos ha repetido, de que su prioridad central en materia de derechos humanos y en materia de desapariciones es buscar y encontrar con vida a las personas desaparecidas, como si eso fuera la política pública del gobierno”.
A propósito de la detención del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, el representante de HRW aseguró que fue tardía, pues desde mayo de 2013 había acusaciones que lo involucraban con el asesinato del dirigente de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona.
Vivanco evitó pronunciarse por el trabajo de identificación de restos de la PGR y dejó en manos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que avale o repruebe los procedimientos y el resultado final.
El directivo de HRW informó que durante la semana de visita en México, él y su equipo se reunieron con el procurador Jesús Murillo Karam, con los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Lía Limón y Juan Manuel Gómez Robledo. Y agregó que se vio frustrada la intención de entrevistarse con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Asimismo, apuntó, HRW documentó los casos con organizaciones civiles, padres de familia de los jóvenes desaparecidos, con estudiantes sobrevivientes del ataque en Iguala, así como con embajadores de la Unión Europea y de Estados Unidos, Anthony Wayne, y la representación de la ONU en México.
Para tratar el caso Tlatlaya, Vivanco y sus colegas se reunieron con la testigo entrevistada por la revista Esquire, para quien HRW solicitó medidas de protección al gobierno federal y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
