domingo, 1 de mayo de 2016
Matan a sobrino de candidato de Morena en Tlaxcala que evitó asalto
El joven mató en defensa propia a dos presuntos delincuentes e hirió a otro.
México.- Durante un asalto al consultorio quiropráctico de su padre, un joven de 26 años de edad, sobrino del candidato de Morena a la Alcaldía de Zacatelco, David Báez López, hirió de bala a tres delincuentes y mató a dos de ellos.
Durante los hechos, ocurridos este sábado en el municipio referido, el joven identificado como Moisés Báez González también perdió la vida cuando los asaltantes contraatacaron y lo asesinaro en el establecimiento.
Testigos de los hechos contaron que tras escuchar los disparos vieron huyendo a dos sujetos a bordo de un automóvil, quienes más adelante fueron detenidos por la Policía Municipal y después trasladados al Hospital General de Tlaxcala, donde les atendieron heridas de bala.
Aunque socorristas de la Cruz Roja se trasladaron al consultorio para auxiliar al joven Moisés Báez y a un hombre no identificado; ambos ya habían fallecido.
Más tarde arribó personal del Servicio Médico Forense (Semefo) que procedió al levantamiento de los cuerpos, mientras policías de Investigación adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) iniciaron las indagatorias correspondientes.
De acuerdo con testimonios de vecinos y sobrevivientes, los delincuentes llegaron solicitando una consulta , pero cuando Báez González los atendió le dijeron que setrataba de un asalto y le mostraron sus armas.
Ante ello, el joven sacó del cajón de un escritorio un arma de fuego y disparó contra ellos. Los delincuentes resultaron heridos, pero antes le dispararon, a Báez González, provocándole la muerte.
Con información de Reforma.
Tomás Zerón, el hombre del trabajo sucio
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| Tomás Zerón sembrando evidencias |
La aparición de un video que, entre otras cosas, sugiere manipulación de la escena en el caso Ayotzinapa implica directamente a Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Pero ésta no es la única irregularidad cometida por este personaje. Desde el inicio de las indagatorias por la desaparición de los 43 normalistas, actuó de manera al menos equívoca: sabía desde el inicio lo que estaba ocurriendo en Iguala y calló, y es señalado como torturador o promotor de la tortura de los detenidos clave.
La posible manipulación del caso Ayotzinapa por parte de Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, no comenzó en el río San Juan con la presunta siembra de pruebas, sino desde el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Esa noche la Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación previa y envió a policías federales ministeriales –a las órdenes de Zerón– a investigar el ataque contra los normalistas, que dejó un saldo de seis muertos y 43 desaparecidos.
Según documentos que tiene Proceso, la PGR abrió la averiguación previa AC/PGR/GRO/IGU/I/256/2014 por “violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos”, a raíz de las llamadas al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de Iguala por los ataques que estaban ocurriendo. Inmediatamente fue informado de la situación Miguel Amelio Gómez, delegado de la PGR en Guerrero.
“La presente indagatoria se inició por haberse recibido en esta agencia investigadora una llamada telefónica por parte del C4, en la cual manifestaban que al parecer, aún sin confirmar, alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa se enfrentaron a balazos con elementos de la Policía Municipal de esta ciudad, originando un fuerte operativo en las calles céntricas de esta urbe, haciendo del conocimiento que dichos estudiantes tienen en su poder autobuses, los cuales se encuentran en las calles Galeana y Mina de esta ciudad”, señala el documento redactado por el agente del Ministerio Público César Iván Pilares, quien ordenó hacer una “minuciosa y exhaustiva investigación”.
Durante 19 meses el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dicho que no pudo intervenir ni investigar de inmediato los hechos porque no eran de su competencia. De acuerdo con el documento referido, sí lo hizo, pero no fue sino hasta el 4 de octubre de 2014 –ocho días después de los ataques– cuando la PGR tomó públicamente la investigación.
El 26 de septiembre de 2014 los agentes de la Policía Federal Ministerial Romeo Ortiz Valenciana, José Manuel Dirzo Correa y Enrique Ramírez Hernández, este último encargado de la subsede Iguala, también salieron a las calles, como el Ejército y la Policía Federal (PF).
De acuerdo con las tarjetas informativas que elaboraron, de las cuales se tiene copia, los agentes admitieron que hicieron recorridos por la carretera federal Iguala-Chilpancingo y vieron el autobús Estrella de Oro 1531 con los vidrios rotos y las llantas ponchadas. “Por obvias razones se corroboró que efectivamente el día 26 de septiembre del presente año se realizó desmanes por supuestos estudiantes (sic)”, dice uno de los reportes.
Luego se trasladaron a la calle Juan N. Álvarez, donde vieron tres autobuses con las llantas ponchadas, “así como varios jóvenes que al parecer eran estudiantes (…) por lo que procedimos a retirarnos del lugar con la finalidad de no tener algún altercado con individuos que iban en el autobús”. También informaron que la Fiscalía General de Guerrero ya había abierto una indagatoria por lesiones de arma de fuego.
Por la narración de los documentos la averiguación previa de la PGR debió abrirse alrededor de las 21:30 horas, y el recorrido de los agentes probablemente se realizó antes de que la peor parte del ataque ocurriera y la desaparición se consumara.
En esos días, el titular de la Policía Federal Ministerial era Vidal Díaz Leal Ochoa, subalterno y compañero de trabajo de Zerón desde que los dos fueron abruptamente despedidos en 2007 de la PF, tras una masacre ocurrida en Cananea, Sonora.
Oficialmente fue el 4 de octubre de 2014 cuando Zerón tomó en sus manos la indagatoria del caso Ayotzinapa. Según la información con la que se cuenta, supuestamente operó para ocultar la participación de la Policía Federal en el ataque y la desaparición de los normalistas.
El jefe de la Agencia de Investigación Criminal es acusado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de haber sembrado pruebas el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan.
Proceso publica el testimonio de Agustín García Reyes, donde afirma que desde que fue detenido hasta que fue llevado a Cocula y grabado en video, fue amenazado y aleccionado acerca de lo que tenía que hacer y decir. Nunca hubo una confesión espontánea de su parte.
El montaje
“Con estos pendejos vamos a tapar el caso”, supuestamente dijo uno de los efectivos de la Secretaría de Marina mientras trasladaban en helicóptero a Patricio Reyes Landa y Jonathan Osorio, de Apetlaca, Guerrero –en donde fueron detenidos el 27 de octubre de 2014–, a la Ciudad de México, acusados supuestamente de ser miembros de Guerreros Unidos.
Horas antes había sido detenido Agustín García, otro muchacho de Cocula también acusado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y meses después fue arrestado Felipe Rodríguez Salgado.
Desde septiembre de 2015, este semanario (Proceso 2028) publicó una investigación periodística que reveló que con las declaraciones de esos cuatro varones la PGR construyó la versión de que los 43 estudiantes habían sido asesinados y calcinados en el basurero de Cocula. Sin embargo, los detenidos son albañiles torturados y obligados a firmar esas confesiones.
Sus casos fueron parte de los 13 por los que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas inició varios procedimientos especiales ante los graves señalamientos de tortura hechos por personas procesadas en el caso Ayotzinapa (Proceso 2059).
El testimonio de Agustín García entregado a las Naciones Unidas indica que hubo un montaje en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, orquestado por Zerón y otros funcionarios de la PGR.
García afirmó haber sido detenido sin orden de aprehensión entre el 26 y 27 de octubre de 2014 dentro de su domicilio, en Cocula, e introducido en una camioneta negra, “donde había sido asfixiado y golpeado por personal de la Secretaría de Marina perdiendo el conocimiento varias veces”, se lee en el documento de las Naciones Unidas.
“Posteriormente habría sido introducido a un cubículo en una ubicación no identificada, golpeado, recibiendo golpes de puño y de pie, y amenazado con represalias contra su familia por elementos de la Marina. Estos mismos efectivos le habrían obligado a memorizar ciertos datos y nombres para después incluirlos en su confesión ante el Ministerio Público. Luego habría sido trasladado a la Ciudad de México.
“Durante su trayecto habría sido coaccionado por elementos de la Marina para que declarara su participación en los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre.”
Fue llevado a la PGR hasta las 23:00 horas del 27 de septiembre y, en su parte informativo, los marinos falsearon la información y dijeron que lo habían detenido a las 18:00 horas cuando salía de su domicilio. Hasta el 14 de enero de 2015 García pudo declarar ante el juez cómo y cuándo fue realmente su captura.
“Una vez en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada habría sido fuertemente amenazado para ofrecer una confesión y firmar una declaración ministerial con fecha del 28 de octubre, en la cual habría confesado su participación como autor material en la supuesta ejecución de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el basurero del municipio de Cocula.”
Posteriormente, en cambio, acusó que no fue debidamente asistido por el defensor de oficio que firma en su declaración. En el documento de Naciones Unidas se asienta que las lesiones que sufrió constan en peritajes hechos por la Marina y la PGR, donde se detalla la evolución de las mismas.
“En días posteriores, personal de la Procuraduría General de la República lo habría llevado al basurero de Cocula para que escenificara cómo habrían sido los hechos y varias personas lo habrían coaccionado, y en parte indicado, qué tenía que decir. El señor García Reyes no habría sido informado que estaba siendo grabado en video ni en esta ocasión ni anteriormente en la SEIDO, y sus imágenes habrían sido reproducidas por la PGR durante los días 7 de noviembre de 2014 y 27 de enero de 2015 y emitidas en cadenas de televisión nacional e internacional.”
Ése fue el verdadero contexto del video mostrado por Zerón el miércoles 27 respecto del grabado en el río San Juan; afirmó que todo fue legal y conforme a derecho, e incluso hizo creer que Agustín García los estaba guiando voluntariamente hacia el río donde después presuntamente fueron sembrados los restos de Alexander Mora.
Sidronio Casarrubias, también detenido por el caso de los 43 normalistas, acusó directamente a Zerón de haber auspiciado la tortura en su contra e incluso de haber estado presente. Mientras que, por separado, Felipe Rodríguez Salgado acusó al jefe policiaco de haberle ofrecido dinero para que ratificara la confesión que le habían obligado a firmar, también bajo tortura.
Historia de opacidad
La carrera policiaca de Zerón es muy corta y está marcada por irregularidades. Hasta 2007 no tenía ninguna experiencia en el servicio público ni en la policía. Es egresado del Instituto Politécnico Nacional en la carrera de administración industrial. En 1993 fue tesorero en la compañía Industrial de Parras; en 2002, director financiero de Grupo Control de Riesgo, y en 2006 trabajó dos meses en Construsistem como director financiero.
Quienes lo conocen señalan que cuando el equipo de Genaro García Luna se apoderó de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en 2001, Zerón acostumbraba visitar a Luis Garza Palacios, director de Operaciones Especiales de esa institución, y también se relacionó con Luis Cárdenas Palomino. Esos dos eran los hombres más cercanos a García Luna.
Cuando García Luna y su equipo se fueron a la Secretaría de Seguridad Pública, Garza Palacios invitó a trabajar a Zerón y, pese a que no tenía ninguna experiencia, le dio el cargo de coordinador de Control Policial.
En el poco tiempo que estuvo ahí, personal de la PF consultado acusa que Zerón vendía plazas a comandantes de la AFI para transferirlos a la PF con cargos de comisario. El costo de la presunta venta era de 50 mil dólares.
El 18 de mayo de 2007 Zerón fue despedido abruptamente junto con Garza Palacios y otros cuatro mandos de la PF presuntamente por haber permitido que un convoy de 50 sicarios transitara libremente en más de 300 kilómetros de autopista federal para llegar a Cananea, Sonora, y asesinar a cinco policías y una decena de civiles. Y, cuando ocurrió el ataque, la PF no prestó auxilio.
Entre los despedidos estuvo Vidal Díaz Leal Ochoa, entonces director general de Seguimiento y quien era el titular de la Policía Federal Ministerial cuando ocurrió el ataque y desaparición de los normalistas en Iguala.
En 2009 Zerón consiguió un puesto en la Procuraduría de Justicia del Estado de México, donde trabajó durante el periodo de Enrique Peña Nieto como gobernador. Pese a su muy escasa experiencia, lo calificaron como “experto en tareas de inteligencia”.
Se afirma que llegó y permaneció en el puesto gracias a la ayuda de Alfredo Castillo, excomisionado en Michoacán, quien de 2008 a 2010 fue subprocurador en el Estado de México y, de 2010 a 2013, procurador. Castillo estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el mismo lapso que Zerón, un consejero “que hace el trabajo sucio, a quien no le tiembla la mano y es muy hábil para hablar y justificar al presidente”, según una de las fuentes consultadas.
Cuando Peña Nieto llegó a Los Pinos nombró a Jesús Murillo Karam procurador y a Castillo, subprocurador de Control Regional. A principios de 2013 Zerón fue designado titular de la Agencia de Investigación Criminal, donde sigue.
Fuentes de la PGR que pidieron el anonimato aseguran a esta reportera que fue directamente Zerón quien en septiembre de 2015 ordenó a los agentes de la Policía Federal Ministerial sembrar un arma al abogado Paulo Diez, quien había denunciado irregularidades de la empresa OHL, a la que Peña Nieto le ha dado contratos y concesiones millonarias desde que él era gobernador del Estado de México.
Una “verdad” demolida
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes –llegado a México como coadyuvante en la investigación del caso Ayotzinapa– se fue del país en plena confrontación con el gobierno federal. Pese a los obstáculos que enfrentaron sus cinco integrantes, lograron desenmascarar al gobierno y a sus operadores, de manera notable al exprocurador Jesús Murillo Karam y a Tomás Zerón de Lucio, su comparsa en la escandalosa e inverosímil “verdad histórica”, y dejaron abiertas innumerables preguntas.
El 28 de octubre de 2014, los periodistas gráficos freelance Daniel Villa y José Manuel Jiménez tuvieron una jornada singular: tomaron innumerables fotos y grabaron un video en las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, relacionado con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Dieciocho meses después sus imágenes cobraron relevancia, pues muestran las irregularidades con las que se construyó la “verdad histórica” pontificada por Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
Esa versión se apoyó en el trabajo del responsable de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, el funcionario al que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusaron de presuntamente “tergiversar” los hechos ocurridos en el río San Juan, donde, según la versión oficial, presuntamente quedaron los restos calcinados de los estudiantes.
Ese día, Villa y Jiménez tuvieron problemas para difundir su trabajo, según cuentan a Proceso por separado.
Villa no pudo colocar su serie fotográfica en los medios, en tanto que Jiménez –excolaborador de este semanario– vendió su video a la productora Vice. La empresa no atendió las recomendaciones de incluir en un documental la imágenes en las cuales aparece Zerón junto a Agustín García Reyes –uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas–, y varios hombres armados, uno de ellos fornido, con traje oscuro, relata Jiménez.
Y Villa comenta divertido: “Ahora resulta que la serie fotográfica del 28 de octubre de 2014 –el fracaso de mi vida– sirvió para que Ayotzinapa no quede en el olvido… Movió al sistema”.
En los primeros días de abril, Carlos Beristáin, uno de los cinco integrante del GIEI –los otros son Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Alejandro Valencia y Francisco Cox Vial–, buscó a Jiménez para hablar de las imágenes.
“Me pidió ver mi video, y confirmó que la metadata era correcta, que correspondía al 28 de octubre. Lo contacté con Daniel (Villa), porque trabajamos en equipo. Beristáin nos preguntó si podíamos entregarle el material; lo hicimos sin ningún problema, con el simple ánimo de colaborar en la investigación.
“Debo puntualizar que el GIEI no nos ofreció dinero –no lo hubiéramos aceptado–. Lo único que pedimos es que nuestros nombres aparecieran en el informe final sobre el caso Ayotzinapa”, sostiene Jiménez.
Él y Villa llegaron a Iguala el 27 de octubre, cuando supieron que había operativos de búsqueda en el basurero de Cocula. Se dirigieron a esa localidad y permanecieron en la región hasta el día 29.
Admiten que no fueron los únicos reporteros gráficos esos días en el basurero de Cocula y en el río San Juan. Recuerdan incluso que el 28 de octubre de 2014 algunos portales de medios electrónicos, incluido Proceso, subieron información del operativo de la PGR, de la Secretaría de Marina, la Policía Federal y el Ejército, entre otras corporaciones.
“Cuando (Murillo Karam) habló de la ‘verdad histórica’ y dijo que la localización de restos óseos, entre ellos el de Alexander Mora Venancio, ocurrió el 29 de octubre y vi las imágenes en televisión, me di cuenta de que eran muy parecidas a las que tomamos el día 28… El 29 lo que hubo fue un operativo muy singular; Cocula estaba llena de elementos de gendarmería que tocaban casa por casa preguntando por los chavos”, narra Jiménez.
La discordancia en la fecha en que ocurrió el hallazgo y lo asentado en el expediente fue una de las últimas revelaciones del GIEI durante la presentación de su último informe el pasado 24 de abril. Eso acentuó las diferencias con la PGR, luego de que Zerón trató de desmentir a los expertos tres días después con un video editado.
La conferencia del GIEI
El 28 de abril, en conferencia de prensa, los expertos independientes dieron cuenta del “comportamiento impropio” del funcionario, al llevar al río San Juan a uno de los inculpados –Agustín García Reyes– sin que exista registro en el expediente. Él presentaba “30 lesiones que no tenía al momento de ser revisado por el médico naval tras su detención”, según las constancias médicas.
Según Paz y Paz y Cox Vial –dos de los expertos del GIEI–, la exhibición de las imágenes en las que se observa a Zerón y a varios integrantes de servicios periciales y fuerzas de seguridad en acción son falaces, pues sus actuaciones no están reflejadas en el expediente.
Paz y Paz, exfiscal de Guatemala, comenta: “Nos llama mucho la atención que el día 29 de octubre (de 2014) haya una serie de pasos registrados en el expediente para realizar la diligencia en el río San Juan ese día.
“Se acuerda realizar la diligencia, se acuerda el traslado de los presuntos miembros de Guerreros Unidos; se le pide a las carceleras que les den libertad para que puedan ser trasladados a la orilla del rio San Juan y al basurero de Cocula para la reconstrucción de hechos; se mandan oficios a servicios periciales para pedir que haya peritos en el río San Juan…
“Según lo que consta el día 29, es una serie de pasos para poder realizar la diligencia, que no existe en relación con el 28 de octubre. La pregunta es: ¿por qué no está esa información en el expediente?”
Las contradicciones
Proceso consultó varias de las actuaciones asentadas de la Unidad Especializada en Investigación en Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS) de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), así como de Servicios Periciales, que cimentaron “la verdad histórica”, a partir de una llamada anónima tomada la noche del 26 de octubre y registrada por la agente del ministerio público Diana Elizabeth Guerrero Ruiz (Proceso 2060).
Cabe destacar que entre el 27 y el 29 de octubre se formalizaron algunas de las detenciones relacionadas con el basurero de Cocula y el río San Juan, entre ellas las de Salvador Reza Jacobo, Benito Vázquez Martínez, Agustín García Reyes, Jonathan Osorio Cortés y Patricio Reyes Landa.
Entre esas fechas, hay oficios suscritos por un comisionado de la UEIDMS en Iguala, Cuauhtémoc Mauriño Cubas, en los que se advierte que a partir del 27 de octubre hubo presencia de peritos en criminalística de campo, odontología forense, medicina forense, antropología, fotografía y video, tanto de la PGR como del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para analizar el basurero de Cocula.
A las 14:00 horas del día 29, por ejemplo, se asienta el acceso al vertedero de los agentes ministeriales federales Gualberto Ramírez Gutiérrez y Jorge García Valentín, de la UEIDMS, acompañados de peritos y “elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes custodian a Jonathan Osorio Cortés y Agustín García Reyes, sujetos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, estado de Guerrero, quienes hacen de conocimiento de esta representación social que en dicho paraje desahogarán una diligencia, por lo que (…) se les permite el acceso al predio”. No se menciona al defensor de oficio.
En la averiguación 871/2014 hay un oficio fechado el 28 de octubre a las 16:00 horas por la agente del Ministerio Público Alicia Bernal Castilla, quien instruye la realización de diligencias para el día 29 en el basurero de Cocula y en el río San Juan, donde “pudiesen encontrarse indicios que nos lleven al paradero de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa”.
Entre las indicaciones, se ordena citar al defensor de oficio Víctor Hugo Rodríguez Montiel en las instalaciones de la SEIDO a las 10:00 horas “para trasladarse al lugar señalado; se gira oficio a la directora general de la coordinación de servicios periciales, Sara Mónica Medina Alegría, para que proporcione peritos que acompañen la “diligencia de reconstrucción de hechos, así como en la búsqueda en los lugares de referencia respecto de indicios que puedan proporcionar el paradero y/o destino de los 43 desaparecidos, quienes por dicho de los probables responsables pudieran haber sido privados de la vida en dichos lugares” .
Además se ordena enviar un oficio al coordinador de Infantería de Marina, Marco Antonio Ortega Siu, para que designe elementos que “proporcionen seguridad perimetral durante el desarrollo de las diligencias que habrán que practicarse, así como para que designe buzos de trabajos submarinos para que realicen labores de búsqueda de posibles restos humanos en el cauce del río San Juan”.
Cabe destacar que en la averiguación previa no constan copias de los oficios girados a la Marina ni a los peritos.
Más falacias
La agente Bernal Castilla firma un acta circunstanciada en la que fija el inicio del operativo en el río a las 08:00 del 29 de octubre de 2014. Pero 54 minutos más tarde sostiene que “personal de la Marina Armada de México encontró y sacó del interior del río junto a la rivera (…) una bolsa de material sintético, color negra, el cual es señalado como indicio y/o bolsa UNO, la cual se encuentra abierta en una de sus caras, la cual en su interior contiene un bolo húmedo y con material de tipo tierra color café”.
Los documentos mencionan también la llegada de los forenses argentinos, aunque no se precisa la hora, y que a las 14:00 horas del 29 presuntamente arribaron los inculpados con su abogado defensor.
Bernal firmó otro documento ese mismo día en la Ciudad de México a las 09:00 horas; es decir, seis minutos después de que los buzos de la Marina presuntamente encontraron la bolsa negra con restos óseos en el río. En él solicita peritos en fotografía forense, video, criminalística, antropología, medicina y odontología para realizar diligencias “los días 29 al 30 de octubre de 2014 en el estado de Guerrero”.
En el expediente no está debidamente asentada la cadena de custodia, lo que ha derivado en que el EAAF no convalide cómo llegó al río de Cocula un resto óseo de Alexander Mora Venancio.
Paz y Paz advierte que desde el primer informe del GIEI, dado a conocer el 6 de septiembre del año pasado, recomendaron abrir averiguaciones previas a “todo aquel que pudo haber obstruido la investigación, pero del avance de esas indagatorias no nos han dado resultados”.
Ya desde entonces, recuerda la exfiscal guatemalteca, tocaron el tema de los indicios de tortura sufridos por los inculpados; en el último informe los expertos tomaron una muestra de 17 implicados directamente en la “verdad histórica” que muestran severos signos de malos tratos.
En su último informe, los expertos retomaron un asunto que abordaron en el primero, en el cual advertían de la intención de la PGR de circunscribir la desaparición de los 43 normalistas al ámbito municipal.
Se trata de la declaración hecha por el chofer del autobús 1531 de la línea Estrella de Oro, tomado por unos 15 a 20 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. En su primera declaración, en abril de 2015, dijo haber sido golpeado por policías y conducido a “una casa de dos pisos de color blanco, con portón negro, que se encontraba a 15 minutos”, del Puente del Chipote, frente al Palacio de Justicia, en el centro de Iguala.
En ese lugar, según consta en la declaración ministerial consultada por Proceso, no se indica a qué corporación pertenecían los uniformados que lo detuvieron. Se dice sólo que iban “encapuchados”, y que el chofer fue llevado ante un hombre de aproximadamente 40 años con camisa blanca y pantalón negro, el cual se veía con el cuerpo de una persona que hace ejercicio. Tenía una voz gruesa con acento de la zona, y presuntamente les dijo a los uniformados:
“‘¿Quién chingados es este cabrón?’. Y los policías dijeron: ‘Es el chofer del autobús’, y dijo el señor: ‘Pues llévenselo también, ya saben a dónde’, y se fue caminando hacia su camioneta, la cual no pude ver bien y, les gritó ‘¡Déjenlo, que se largue!’. Y me dijeron los policías: ‘Ya oíste, cabrón. Pélate!’, por lo que me eché a correr sin saber a dónde.”
La entrevista del GIEI
Cox y Paz y Paz habían solicitado entrevistar a ese chofer desde marzo de 2015. En septiembre, días antes de que el GIEI rindiera su primer informe, se les permitió hablar de manera informal con él frente a una agente ministerial. En ese encuentro el testigo refirió que a él lo detuvo la Policía Estatal.
Dice Cox: “Los que estaban haciendo las preguntas éramos nosotros. El chofer empezó a relatar, y cuando dijo que a él lo llevaron policías estatales a la casa, la agente ministerial intervino. ‘¿Por qué dice que eran policías estatales?’ –le dijo– Y el señor, con una naturalidad absoluta, respondió: ‘Yo lo leí, señorita, yo lo leí’”.
La exfiscal guatemalteca recuerda que el GIEI solicitó hacer una reconstrucción, pero primero se hizo sin él y después con el testigo, pero sin los expertos independientes.
Según Cox, “lo que consta en esa diligencia es que el testigo dice que no fue policía estatal, sino la de Iguala. Y que cuando lo llevaron a la casa, resulta que era la comandancia de la Policía Municipal de Iguala.
“No sabemos qué pasó con el civil; no sabemos por qué una casa de dos pisos se convierte en una comandancia con un torreón.”
Durante la entrevista, ambos expertos del GIEI hacen un análisis de algunas de las fallas detectada en la investigación e identificadas en su informe final sobre el caso Ayotzinapa.
Destacan la fragmentación de la investigación y la ausencia de profundización de investigaciones de las corporaciones implicadas: Ejército, policías de Iguala, Cocula, Huitzuco, estatales y federales, así como agentes ministeriales estatales y federales.
Entre los debates que no pudieron resolverse con la procuradora Arely Gómez, recuerdan los expertos del GIEI, fue la integración de todas las averiguaciones previas que la SEIDO tenía en sus manos y estaban relacionadas con el caso Ayotzinapa.
Dice Paz y Paz: “Imagínate el absurdo de una investigación criminal donde se parte del hecho de la infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad en las policías, de Cocula e Iguala al menos, y se investiga a la organización criminal en una unidad y los hechos en otra. Esa es una receta para el fracaso. Por eso solicitamos que se integrara en una misma investigación, y esa es una de las respuestas que no obtuvimos”.
Según ella, la investigación ideal en el caso Ayotzinapa debía integrar a las indagatorias “más de 150 cuerpos exhumados y alrededor de 500 denuncias de personas desaparecidas durante el periodo de (José Luis) Abarca, porque son los mismos actores; son temas que no deberían separarse”.
Cox reconoce que con la incorporación en el informe final del GIEI de la formación de círculos de seguridad el 26 y el 27 de septiembre por civiles armados y Policía Federal hasta Mezcala, municipio de Eduardo Neri, la indagatoria es más compleja.
“El área de influencia es muy grande. ¿Es razonable que toda esa extensión fuese manejada por un solo presidente municipal? Parece raro, no parece lógico. Hemos dicho que hay que investigar e interrogar a quien tiene la facultad o el poder para coordinar tantas policías municipales que intervienen en los hechos. Eso no se investigó; esperamos que ahora sí se investigue.”
Los pendientes
En entrevista por separado, Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, reflexiona sobre el futuro de la investigación del caso que ha cimbrado al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Patrón hace suyas las consideraciones más relevantes del último informe del GIEI, sobre todo los aportes a las líneas de investigación sobre macrocriminalidad, porque “Ayotzinapa sólo es posible en una plataforma de corrupción”.
El abogado reconoce que la relación entre familiares y la PGR que los miembros del GIEI recompusieron después de haber estado rotas antes de su llegada en marzo de 2015, están ahora debilitadas ante los tropiezos y los evidentes obstáculos que la dependencia puso a los expertos. Para reconstruir la relación, insiste Patrón Sánchez, “se deben establecer condiciones mínimas”.
Entre los condicionantes, Patrón enlista la investigación independiente que debe abrirse a Zerón de Lucio, así como a Sara Mónica Medina, de Servicios Periciales, quienes “participaron en la construcción de la teoría del caso que presentó Murillo Karam cuando era procurador”.
Está pendiente también “una explicación de ese cuarto peritaje (parcial, presentado como final, del basurero de Cocula) dado a conocer más por una intención política que probatoria y científica.
“Tan grave es el asunto que el 14 de abril el subprocurador (Eber Betanzos) se disculpó; nosotros pedimos una reunión con el panel. Asimismo, las autoridades deben dar explicaciones sobre la tortura.”
Las recientes revelaciones del GIEI y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la participación de la policía de Huitzuco obligan a las autoridades a dar una explicación sobre “cómo es que un resto óseo de Alexander Mora Venancio llegó a una bolsa presuntamente encontrada en el río San Juan”.
Resulta inverosímil, sobre todo cuando los científicos de Innsbruck corroboraron que las ropas encontradas en el camión del Palacio de Justicia eran de Mora Venancio, uno de los jóvenes que fue bajado de ese autobús y subido a patrullas que se lo llevaron a Huitzuco.
En espera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) defina los términos del mecanismo de seguimiento de los informes de los expertos, Mario Patrón reconoce que los padres y madres de los desaparecidos temen que la unidad especializada para el caso Ayotzinapa desaparezca, toda vez que “los miembros del GIEI fueron expulsados”.
Dice que el Centro Pro se enteró de que este mes concluye el contrato del personal asignado a esa oficina creada para el esclarecimiento del caso y con base en los acuerdos firmados en Washington en octubre de 2015 como parte de las medidas cautelares de la CIDH.
“Hay un compromiso de la procuradora Arely Gómez de que la oficina seguirá. Vamos a ver. Tienen que dar las explicaciones a los padres para continuar. Si cierran la oficina, el mensaje político que daría el gobierno de Peña Nieto es que el caso no es prioritario ni tiene voluntad política para llegar a fondo”, sentencia Patrón. l
Continúa el paro en las "vocas"; acuerda la AGP marchar a la SEP
La Asamblea General Politécnica, y representantes de las vocacionales del Instituto Politécnico Nacional en paro, marcharán el miércoles desde de la Vocacional 5, Ciudadela, a la Secretaría de Educación Pública. Exigirán al secretario Aurelio Nuño Mayer, que establezca una mesa de diálogo en la que aclare quién es el jefe de la Oficina del Secretario y qué facultades tendrá sobre el Politécnico. "Queremos saber si en verdad nos va a garantizar que no habrá cambios en el Instituto más que a través del Congreso Nacional Politécnico". Esta decisión fue tomada a la medianoche de este sábado, en la sesión de la AGP celebrada en la vocacional 13. Por lo tanto, el paro continúa. El lunes, la Asamblea se sentará a dialogar con Enrique Fernández Fassnacht, director general del Politécnico, para continuar avanzado en la organización del Congreso Nacional Politécnico.
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