Tomás Zerón tiene 24 escoltas, 4 carros blindados y 4 más para su familia. Y no los quiere soltar

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).– Tomas Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se niega a regresar a la ahora Fiscalía General de la República (FGR) un aparato de seguridad personal que incluye a 24 escoltas, cuatro carros blindados y cuatro más que lo mismo lo cuidan a él que a su familia.

Zerón de Lucio, quien el pasado 29 de julio fue denunciado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la FGR por diversas irregularidades en la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, se amparó hace días para no devolver el aparato de protección a costa del erario público y argumentó que, según un acuerdo del 29 de septiembre de 2016, la PGR ordenó que le mantendrían escoltas y vehículos blindados hasta septiembre de 2021.

Sin embargo, este lunes, la Fiscalía General de la República impugnó esa suspensión definitiva concedida por un Juez de la Ciudad de México, por lo que será un Tribunal Colegiado el que decida si procede o no quitarle la protección al ex funcionario del Gobierno de Peña Nieto.

En una imagen del 27 de enero de 2015, Tomás Zerón y el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, explicaron alos medios que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron privados de la libertad, calcinados y sus restos fueron arrojados al Río San Juan, en Cocula, Guerrero. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro

Tomás Zerón es indagado actualmente por la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa. La investigación forma parte de la recomendación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa.

Durante años, los padres de los 43 y el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) pidieron investigar a Tomás Zerón, pero fue protegido desde la Presidencia de la República. Se volvió asesor de Peña mientras en las calles se pedía su cabeza por haber realizado un montaje que dio con la famosa “verdad histórica”.

En las manos de Zerón quedó la investigación de la desaparición de los 43 normalistas, la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014, el evento que hizo caer la aprobación de la gestión del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Poco antes de dejar México y cumplir el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el funcionario fue señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como la persona que supuestamente manipuló evidencias en el Río San Juan de Cocula, Guerrero, y las convirtió en datos cerrados.

Los expertos en peritaje de ese grupo hicieron notar que en el expediente no había sido incluida una visita que el funcionario hizo al Río San Juan el 28 de octubre de 2014, antes de que la PGR brindara un informe en el que sostuvo que los desaparecidos habrían sido quemados en un gigantesco incendio. Las laderas de ese río son un escenario fundamental.

Ahí se encontró parte de la osamenta del único normalista identificado hasta ahora, Alexander Mora Venancio. Fue ese hallazgo uno de los argumentos de la PGR para exponer que los estudiantes habrían sido incinerados en un gigantesco basurero en el municipio de Cocula, Guerrero, y luego, lanzados al río. El GIEI presentó un video del paso de Zerón por Cocula y cuestionó qué hacía ahí antes del informe. Zerón presentó uno propio.

LAS RESERVAS DE ZERÓN

La PGR fue el órgano con más expedientes clasificados con Peña y según el Sistema de Índices del POT: tiene un millón 711 mil 677, el 13.7 por ciento del total del Gobierno federal que es de 12 millones 420 mil 887.

Tomás Zerón de Lucio contribuyó a engrosar ese índice. El video completo de su diligencia en Cocula quedó bajo la clasificación de la reserva por la PGR que se atuvo al criterio de la protección de los datos personales.

El 27 de abril, Zerón de Lucio presentó su propio video del recorrido que hizo en la zona. En una larga conferencia de prensa, dijo ante medios nacionales e internacionales que ese día, él fue a Cocula para verificar las declaraciones de Agustín García Reyes, un testigo que sostiene que los normalistas habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río.

Para los padres de los normalistas quienes desde el día primero de la desaparición no han cesado en su búsqueda por todo el país, Zerón de Lucio fue a Cocula con otro objetivo. “¿Qué estaba haciendo un día antes (del informe de la PGR) en Cocula? Sembrando las pruebas. ¿Qué estaba haciendo ese día? Por eso queremos que se cese a Tomás Zerón. Estaban sembrando las pruebas”, acusó César González Contreras, uno de los progenitores, también en conferencia de prensa.

Zerón de Lucio pertenece al grupo de funcionarios que se mantuvieron en el Gabinete de Peña Nieto, pese a la controversia. Otro con la mismas características fue Alfredo Castillo Cervantes, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien ocupó cuatro cargos en esa administración.

De hecho, Zerón de Lucio y Castillo Cervantes coincidieron en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y a ambos les tocó entregar el informe final del caso de la muerte de la niña Paulette Gebara. El primero fungió como coordinador de Investigación y Análisis y el segundo, como Procurador. Peña Nieto era el Gobernador de la entidad.

Zerón de Lucio traía una carga en su expediente. En mayo de 2007, fue destituido de su cargo como coordinador de Control Policial por Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). La estructura de mando de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP) fue separada por completo del Gobierno debido a fallas operativas ante el ataque de 50 sicarios del grupo criminal Los Zetas a la policía municipal de Cananea, Sonora.

A finales de 2013, Tomás Zerón se convirtió en el brazo derecho del ex Procurador Jesús Murillo Karam, al frente de la recién creada AIC.

Cuando tras su renuncia, el Presidente Peña lo nombró secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, el comunicado al respecto expuso: ” (El nombramiento se da) en reconocimiento a sus acciones y responde a la experiencia y capacidad que ha demostrado en sus encargos anteriores”.

Inquietante liga del nuevo titular de la AIC con el caso Ayotzinapa

Hoy, Omar Hamid García Harfuch es uno de los jefes policiacos más importantes del país: es el sucesor de Tomás Zerón –acusado de adulterar pruebas en el caso Ayotzinapa– al frente de la Agencia de Investigación Criminal. Pero una libreta de Sidronio Casarrubias –presentado por la PGR como un líder de Guerreros Unidos– revela que desde hace años este presunto capo tenía anotado al funcionario como contacto. El caso se enturbia porque la libreta, que aporta datos sobre el ataque a los normalistas en Iguala, no fue incluida en las indagatorias del caso.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Nombrado sucesor de Tomás Zerón de Lucio al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Omar Hamid García Harfuch tiene una historia vinculada a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o por lo menos a quienes las autoridades han identificado como los presuntos responsables de la tragedia del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Una resolución judicial a favor de Sidronio Casarrubias Salgado –a quien la PGR ha presentado como uno de los principales líderes de Guerreros Unidos, grupo criminal al que la oficialista “verdad histórica” achaca la desaparición de los jóvenes– advierte sobre el contacto que presuntamente tuvo el indiciado con el ahora director de la AIC, quien en 2014 fungía como coordinador estatal de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) en Guerrero.

Sin que hasta el momento se conozca la resolución de la investigación abierta contra Zerón de Lucio por realizar diligencias que no fueron consignadas en el expediente de Ayotzinapa, García Harfuch, abogado egresado de la Universidad Continental, asumió su nuevo cargo tras una acelerada carrera en la Policía Federal.

García Harfuch es hijo de Javier García Paniagua, extitular de la Dirección General de Seguridad y dirigente nacional del PRI, y de María Harfuch Hidalgo, cuyo nombre artístico es María Sorté.

Nieto de Marcelino García Barragán, García Harfuch llegó a Guerrero en diciembre de 2012, con 30 años y a cinco de haber entrado a la PF, institución en la que fue contratado con puesto de mando, como jefe del Departamento de Coordinación de Inteligencia, pese a que su empleo anterior fue en la iniciativa privada como gerente en la Red Inmobiliaria del Ángel, S.A. de C.V., con funciones de “supervisión de obra”, de junio de 2003 a junio de 2008.

Al anunciar el nombramiento de García como titular de la AIC, la PGR omitió mencionar un cable divulgado por Wikileaks, que asienta que en 2009 el gobierno de Estados Unidos solicitó investigar a García Harfuch, entonces suboficial de la Policía Federal en Morelos, junto con otros 11 agentes federales, por presuntas labores delincuenciales o al menos irregulares, y que en 2010 fue indagado antes de participar en un curso antipandillas en El Salvador.

La PGR también “olvidó” decir que, como inspector general en Guerrero, en septiembre de 2013 García utilizó una aeronave de la PF para rescatar a su madre luego de que el paso del huracán Manuel aislara Acapulco, donde se encontraba la actriz, según reportaron medios locales.

En relación con el caso Ayotzinapa, García Harfuch ha sido mencionado –por nombre o cargo– por personajes como el defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero y el exfiscal de Guerrero Iñaki Blanco como uno de los representantes federales que formaban parte del Grupo de Coordinación Guerrero y que supieron de la operación de los cárteles y de su presunta colusión con autoridades municipales.

Zeron sí incurrió en irregularidades en caso Ayotzinapa, indica expediente de la PGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Visitaduría Interna de la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que el extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, sí incurrió en conductas irregulares por realizar diligencias sin acompañamiento del Ministerio Público en el caso Ayotzinapa, por lo que recomendó dar vista a la Secretaría de la Función Pública para que se inicie un procedimiento administrativo en su contra.

“Se determina emitir vista a la Secretaría de la Función Pública por cuanto hace a las conductas asumidas por el Director en Jefe de la AIC (Tomás Zerón), a fin de que sea llamado a procedimiento administrativo en los términos que marca la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”, indica un documento de la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la PGR, fechado el pasado 18 de agosto.

De acuerdo con información de Aristegui Noticias, también se considera que Gualberto Ramírez Gutiérrez, fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, cometió irregularidades.

Ramírez Gutiérrez es probable responsable de entregar un imputado a Tomás Zerón, sin que existiera orden o mandamiento judicial que justificara dicha acción, por lo que también se solicitó proceder en su contra.

Ambas conclusiones se encuentran dentro del expediente DGAI/510/CDMX/2016, en poder de Aristegui Noticias, el cual fue ordenado por el entonces visitador General de la PGR, César Alejandro Chávez, a petición del Subprocurador de Derechos Humanos, Eber Omar Betanzos.

Sin embargo, se desconoce cuál será el destino de las probables sanciones en contra de Zerón y Ramírez Gutiérrez.

El pasado 12 de septiembre, tres semanas después de que se solicitó proceder contra Zerón de Lucio y Ramírez Gutiérrez, la PGR sustituyó al visitador General que elaboró el expediente en su contra, señala el portal de noticias.

Dos días después, el 14 de septiembre, Zerón dejó la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y fue nombrado Secretario Técnico en el Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno federal, cargo que reporta directamente al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

La indagatoria sobre las posibles conductas irregulares cometidas por Zerón se deriva del video presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que coadyuvó con las autoridades mexicanas en la investigación del caso Ayotzinapa.

En el video se mostró que Zerón, entonces titular de la AIC, realizó un recorrido en la ribera del Río San Juan de Cocula el 28 de octubre del 2014, en compañía del presunto sicario de “Guerreros Unidos”, Agustín García Reyes, “El Chereje”.

Esta diligencia nunca fue incluida por la PGR en el expediente del caso.

La importancia de esa diligencia radica en que fue la base para fundamentar la llamada “verdad histórica” del gobierno mexicano sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con esa versión, los cuerpos de los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula durante la noche y madrugada de los días 26 y 27 de septiembre del 2014.

A partir del recorrido de Zerón con García Reyes, se construyó la hipótesis de que los estudiantes fueron asesinados y calcinados, por lo que posteriormente sus restos y cenizas fueron arrojadas al Río San Juan para desaparecerlas.

Sin embargo, la investigación de la Visitaduría General de la PGR, elaborada entre el 28 de abril y 9 de agosto del presente año, señala que las retenciones de “El Chereje” y otros seis presuntos sicarios del grupo “Guerreros Unidos” se realizaron de manera arbitraria e ilegal, violando los derechos de los imputados a un proceso judicial justo.

La misma indagatoria del exvisitador General concluye que la Ministerio Público a cargo del caso alteró fechas y horas en el certificado médico de Agustín García Reyes.

Los abogados del detenido han argumentado que sus declaraciones sobre la incineración de los estudiantes se hicieron bajo tortura.

Los señalamientos más fuertes son en contra el propio Tomás Zerón, por realizar actos de investigación en las inmediaciones del Río San Juan de Cocula sin contar con el acompañamiento y aval de un Ministerio Público, puesto que no se emitió ninguna orden o mandamiento judicial que le permitiera hacer un recorrido con “El Chereje” en ese lugar.

Además, se advierte que Zerón vulneró el derecho a la defensa de Agustín García Reyes en la diligencia realizada la tarde del 28 de octubre del 2014, debido a que no estaba acompañado por su abogado defensor.

Una irregularidad adicional, indica Aristegui Noticias, es que las actuaciones ministeriales y periciales realizadas en esa fecha nunca se formalizaron ni se incluyeron dentro del expediente.

El expediente indica que esa actuación violó el Código Federal de Procedimientos Penales y afectó el derecho a la verdad al que tienen las víctimas del caso, es decir, los padres, madres y hermanos o hermanas de los 43 estudiantes desaparecidos y de las 6 personas que perdieron la vida el día de los hechos.

Los esqueletos de Peña .- Jesusa Cervantes

Tomás Zerón

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- ¿Cuántos esqueletos caben en el armario de un presidente de la República? ¿Cuántos se pueden encubrir desde la Agencia de Investigación Criminal de la PGR? O ¿Cuántos en los estantes toluqueños desde la Dirección de Inteligencia y de Investigación de la Procuraduría del Estado de México?

La certeza no la tenemos pero podemos mencionar algunos cadáveres como el de la pequeña Paulette Gebara que conmocionó al país con su desaparición  en 2010 y sorprendió aún más cuando, haciendo uso de toda su inteligencia, el encargado de Investigación y Análisis de la Procuraduría estatal, Tomás Zerón dio con la pequeña “debajo de su camita”.

¿Cuántos cadáveres se podrán esconder cuando se tiene a su cargo la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y la oficina de la Interpol en México? Direcciones poderosas que controlaba Tomás Zerón desde la AIC de PGR. Son sólo preguntas.

Del número de cadáveres nunca tendremos certeza pero podemos suponer que  Zerón sabe mucho más de lo que apareció en un video del 28 de octubre de 2014 tomado en el río San Juan y a partir del cual nos enteramos (casi dos años después), que ese día se descubrieron “entre cuatro y ocho bolsas” negras con restos óseos y cenizas, presuntamente, de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos.

También supimos que fue hasta el día siguiente, el 29 de octubre de 2014 que “un buzo de la Marina” descubrió “una bolsa” con restos óseos y que posteriormente, se diría, pertenecían a Alexander Mora, uno de los estudiantes desaparecidos.

De ésos restos debe saber mucho más Zerón. ¿Cuántos kilos de ceniza humana se podrán esconder o diseminar en armarios gubernamentales? Nada de esto sabemos pero algo sí intuimos, el valor del escondrijo es mucho. Quizá por eso, en lugar de despedir a Tomás Zerón de la PGR, como demandaban los padres de los 43 desaparecidos, le dieron un cargo de mayor poder, el de secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad.

Los esqueletos de un sexenio bien valen una protección a ultranza. Enrique Peña Nieto pareció dar a los leones locales e internacionales la cabeza de Tomás Zerón. A dos años del irresuelto e indignante caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, algo se tenía que hacer para calmar los ánimos.

Pero no sólo Tomás Zerón sale del reflector y la crítica nacional e internacional, el propio Ejército sigue intocado. Son pocos los que consideran que esté exento, si no de culpas, por lo menos de ocultamiento de información.

El 5 de octubre de 2015, el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, recibió en su búnker a los diputados miembros de la segunda comisión especial para el caso Ayotzinapa. En ese momento la presión internacional y la tambaleante “verdad histórica” sobre la quema de los 43 estudiantes había sido puesta en duda el 6 de septiembre cuando el especialista José Torero dijo que era imposible una quema de tal magnitud, al aire libre y sin determinado número de aceleradores de fuego.

Ya un año antes, en noviembre de 2014, el propio general Cienfuegos había soltado la duda en la reunión que tuvo con la primera comisión de investigación de la Cámara de Diputados y donde les reveló que esa noche y madrugada, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, hubo una lluvia pertinaz que hacía casi imposible mantener un fuego vivo.

El 5 de octubre de 2015, Cienfuegos ofreció a la segunda comisión despejar dudas y para ello se comprometió a abrir las puertas del 27 Batallón de Infanteria con sede en Iguala, para que los diputados se convencieran de que ahí, no se escondían esqueletos.

La imprudencia del general Cienfuegos enfureció al titular de la Secretaría de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien a partir de febrero de 2016 empezó a hurgar un plan para echar abajo la apertura de los cuarteles. Y lo logró. Utilizó en la Cámara de Diputados a sus aliados del PVEM, porque el PRI, a través de su diputado Víctor Manueol Silva Tejeda, no consiguió articular estrategia eficaz.

Por ejemplo, el 15 de enero de 2016, mediante oficio, el diputado priista y su asesor insistían en que se daría la reunión en el 27 Batallón pero exigían “secrecía”, “ausencia de miembros del GIEI” y “sin asesores”. Además aclaró que toda la logística tendría que ser aún validada  por el propio Ejército. Esto último dejaba entrever sus deseos de cancelar la reunión en el Batallón de Infantería, pero todo era velado.

La tibieza del PRI hartó a Gobernación, que envió el 3 de febrero al PVEM a “reventar” la reunión y pedir la cancelación del encuentro. Lo logró. El PRI, Panal y PES se sumaron a su demanda y con el voto ponderado en la comisión especial de Ayotzinapa mayoritearon a la oposición.

Así es que, a dos años de que se cumpla la atroz e indignante desaparición forzada de los 43 estudiantes, Peña Nieto sigue encubriendo a Tomás Zerón, quien llevó las indagaciones y fue clave en el armado de “la verdad histórica”, pero también a todos los miembros del Ejército que estuvieron el día de los hechos en contacto con los jóvenes, que supieron lo que estaba ocurriendo e incluso encubre al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al titular del Cisen, Eugenio Imaz, quienes reconocieron que al momento del ataque contra los jóvenes y aún antes de que los desaparecieran, cenaban plácidamente esperando más reportes “de un enfrentamiento entre estudiantes y policías de Iguala”.

La omisión también te hace cómplice de los esqueletos que se puedan guardar en los armarios de un sexenio.

Si las frivolidades de los medios de comunicación continúan y desoyen a las víctimas también ellos serán cómplices de “los cadáveres” que caben en un sexenio, pero también de los esqueletos que se esconden en las fosas.

¿Qué tienen en común Cananea, Paulette y Ayotzinapa?

Redacción de SinEmbargo

¿Qué tienen en común Cananea, Paulette y Ayotzinapa?

En El Universal, el periodista Ricardo Raphael, escribe que: “Tomás Zerón de Lucio está bajo investigación por las irregularidades de su desempeño en el caso Ayotzinapa. Sin embargo, no es la primera vez que podría ser removido de su cargo por una actuación irresponsable. En 2007, el actual director de la Agencia de Investigación Criminal ostentaba un buen puesto en la Policía Federal Preventiva (PFP). […] La madrugada del martes 15 de mayo de 2007, doce camionetas último modelo recorrieron 200 kilómetros en dirección a Cananea. […] Dentro de ellas viajaban alrededor de 50 sicarios disfrazados de militares y agentes de la AFI. […] Uno de los delincuentes se valió de la frecuencia oficial de radio para advertir a las fuerzas federales: ‘No se metan, la bronca no es con ustedes, pero si se meten, tenemos que responderles’. […] Una vez en Cananea, los criminales combatieron a sangre fría a la policía municipal. […] El Secretario García Luna exigió la renuncia a cinco mandos de la PFP por su actuación sospechosa. Entre ellos, Tomás Zerón de Lucio […]. Sin embargo, no tardó en encontrar acomodo dentro del gobierno del Estado de México. Ahí fue nombrado como coordinador de Investigación y Análisis de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. […] Como responsable de esa área, le tocó atender el caso de la desaparición de Paulette Gebara. […] Las áreas de investigación y análisis de la procuraduría del Edomex, con Tomás Zerón a la cabeza, utilizaron toda la inteligencia disponible para dar con su paradero. […] Nueve días después, la autoridad por fin encontró a la niña Paulette Gebara. Estaba debajo de su cama. […] Nadie creyó aquella narrativa, […] Tomás Zerón fue nombrado en septiembre de 2013 director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) […]. Un año después […] el director de la AIC fue acusado por celebrar diligencias de manera desaseada y en contra de la legalidad. […] Sus antecedentes curriculares no lo defienden […].

En Milenio, el periodista Carlos Puig, escribe que: “las puestas en escena de este gobierno, fiel a su origen priista, están cargadas de símbolos misteriosos que solo entre ellos entienden. Frente al último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) intento descifrar, sin éxito, algunas de estas actuaciones […] el documento Ayotzinapa II es una durísima condena a la investigación oficial, hasta el Presidente Peña salió a dar las gracias, vamos a leer su informe, muchas gracias, pero ya váyanse. Horas después, el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Betanzos, dijo que sobre las acusaciones de tortura contra algunos de los presuntos implicados ya había investigaciones abiertas y que todas las líneas planteadas en el informe se estaban siguiendo […]. La primera respuesta de importancia de la institución fue la conferencia del miércoles de Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, señalado por el GIEI por haber realizado una diligencia con uno de los acusados que no existe en el expediente […]. Lo que él hizo fue legal, insiste. ¿A dónde se fue Betanzos? El jueves, la Procuraduría General de la República (PGR) anuncia que investigará a Zerón y su equipo. Zerón responde que él pidió la investigación, aunque eso no lo dijo el miércoles. El viernes, la Procuradora por fin aparece, muy sonriente en una foto, junto a los integrantes del GIEI, recibiendo el informe que dice que la investigación de la PGR que ahora ella encabeza fue un desastre. Después de la foto hay una reunión con la unidad de investigación que encabeza Betanzos, no está Zerón, responsable de la investigación de la ‘verdad histórica’. En esos días, tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desmienten las insinuaciones de Zerón de haber sido testigos de aquella diligencia en el río San Juan. La PGR ya no dice nada. No se si todo esto, como suele suceder en este gobierno, es solo una falla de estrategia de comunicación o son mensajes claros que una parte de la institución no está de acuerdo con otra. Lo sabremos si quien investiga a Zerón es un nuevo Virgilio”.

En La Jornada, el periodista Julio Hernández López, escribe que: “más que en el basurero de Cocula y su ya de por sí improbable combustión de 43 cuerpos, el sostén presuntamente confirmativo de la gubernamental verdad histórica había estado en el río San Juan, específicamente en el hallazgo de una bolsa de plástico con restos óseos […]. En ese solitario hueso ha descansado la construcción gubernamental de un mal intento de verdad jurídica que postularía Murillo Karam dos meses después de los sucesos del río San Juan […]. Como en el Jenga […], el retiro del pequeño bloque de credibilidad que se había fabricado la administración federal ha hecho que se despeñe la construcción entera. El jugador que hizo el mal movimiento fue Tomás Zerón de Lucio […]. Si el hallazgo de la bolsa y del hueso del estudiante está bajo muy fundada sospecha de haber sido mediante una siembra realizada por el director de la AIC, de la Procuraduría General de la República, entonces se cae toda la verdad histórica postulada por el régimen y se añaden fuertes preguntas al catálogo de inconsistencias y manipulaciones de los expedientes del caso […]. Las fuertes implicaciones del anómalo paseo campestre que realizó Zerón-Murillo (Z-M) con un inculpado, Agustín García Reyes, El Cheje o El Chereje, un día antes de que fueran encontradas dos bolsas de plástico y en una de ellas el hueso del joven Venancio, podrían y deberían tumbar varias torres. […] Tal movimiento en el Jenga San Juan no fue reconocido por Z-M hasta que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes lo reveló en su último informe de actividades. […] La torre argumentativa ya cayó. […] Astillas. Desde el Zócalo capitalino, manifestantes por el Día del Trabajo, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como integrante destacado, convocaron a un paro nacional, a realizarse el próximo 15. […] ¡Hasta mañana!”.

En Milenio, el político Diego Fernández de Cevallos, escribe que: “la culpa de los enredos del GIEI es del gobierno. El caso Ayotzinapa ha generado acciones sin precedentes por parte de autoridades, población, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y expertos extranjeros. Nunca el asesinato o desaparición de una o más personas ha implicado esfuerzo humano y gasto económico como los provocados por el crimen contra los normalistas: miles de ciudadanos, agentes y funcionarios de todos los niveles involucrados por tiempo indefinido, y empeñados en hallar a los estudiantes. No hay otro expediente penal que acumule ese número y diversidad de acciones, diligencias, objetos, cateos, testimonios, declaraciones, confesiones, grabaciones telefónicas, peritajes, búsquedas en pueblos, montañas y valles, aprehensiones y procesos judiciales […]. Y a pesar de que ello es del dominio público y debiera bastar para reconocer los avances hasta hoy alcanzados, resulta que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, actuando como activistas y abanderados del pensar, sentir y querer de los padres de los desaparecidos […] dicen que la PGR todo lo ha hecho mal, y que ello les impidió hallar a los normalistas. Al terminar su encomienda fueron aclamados por sus representados y sus cuerpos tapizados con flores. Al padre Solalinde, conocido activista antigubernamental, ya lo habían expulsado de ahí […] por decir que tiene pruebas de que los normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula. Se entiende, pues, que el grupo negara la quema de al menos 17 cuerpos en ese lugar, como lo sostiene el tercer peritaje, no obstante que fue emitido por expertos elegidos por el mismo GIEI y la PGR. En resumen, para lo que a la verdad interesa, son insuficientes los buenos sentimientos y trayectorias humanitarias de los integrantes del GIEI, pues se dejaron ‘TOCAR’ —como afirmaron— por el dolor de las víctimas sobrevivientes, impidiendo que hablaran únicamente la ciencia y la técnica que dicen poseer. Así las cosas, si la PGR —en tiempo de Murillo Karam— dejó la investigación inicial en manos de la fiscalía de Guerrero, siendo evidente el control del crimen organizado en la zona y su infiltración en las policías municipales, su irresponsabilidad es imperdonable. Y si además el gobierno fue ingenuo al contratar activistas, cuyo pasado los llevaría indefectiblemente a tripular la causa social, su culpa es axiomática. Mientras se acredite si hubo o no torturas, el GIEI dirá: ‘Si ya sabían cómo somos, ¿para qué nos contrataron?'”.

En El Universal, el periodista Ciro Gómez Leyva, escribe que: “se entiende que los padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa pidan que deje el cargo. O que tuiteros activistas encumbren el hashtag #TomasZeronRenuncia. Pero la vulgaridad declarativa de algunos políticos no tiene límite. Tomo el ejemplo de Marko Cortés. Dijo el jueves el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), […] ‘Hacemos un llamado a la Procuraduría General de la República para que quite de su cargo a Tomás Zerón, ya que dicho por el grupo de expertos, fue Tomás Zerón el que obstaculizó el proceso’. […] Marko Cortés: cero información: el lugar común y la urgencia de salir a los medios a decir tonterías (uso un calificativo suave). El viernes pude entrevistar a Zerón. Me explicó que él mismo pidió ser investigado y que en ningún momento se violó el debido proceso. […] Me quedo con dos puntos expresados por Zerón el viernes: la manera en que repitió que el del 28 no fue un acto oculto ni mucho menos, y la frase: ‘El GIEI juzga con hipótesis y con hipótesis condena’. […] ‘No pienso dejar el cargo, hoy tengo más compromiso que nunca con la PGR y con mi país’, me dijo Zerón al final de su semana horribilis. ¿Alguien en el gobierno tiene evidencia de que falló en las formalidades del debido proceso, de que obstaculizó la investigación? Creo que no. Pero las culpas del peñanietismo son tan grandes que cualquier cosa puede suceder con tal de tratar de quedar bien con quienes los seguirán despreciando. La verdad Murillo Karam-Zerón prevalece, con o sin GIEI: a los jóvenes los sometieron, secuestraron y mataron. A dónde fueron a tirar los restos es aún dudoso, y es secundario, en la gran historia de este crimen, esta desgracia. MENOS DE 140. Si no regresan a clases, el Secretario Aurelio Nuño no se reunirá con ellos. Es el mensaje de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a los politécnicos en paro”.

En el Reforma, el analista y periodista Sergio Sarmiento, escribe que: “la pregunta se ha vuelto inevitable: ¿realmente ‘Fue el Estado’? ¿Ordenó el Presidente una noche de viernes en Los Pinos a un alcalde perredista en Iguala que secuestrara a un grupo de normalistas y pidió apoyo a un obernador ex priista convertido en perredista así como al Ejército y a los jueces que han visto el caso? […] Para los líderes de Ayotzinapa […] el culpable es su enemigo: el Estado mexicano […]. El GIEI ha sido crítico y ha obligado a la propia PGR a revisar la ‘verdad histórica’. Y había muchos detalles que revisar. Nunca el resultado de una investigación debe ser una verdad histórica. Pero las posiciones del GIEI, como las de Ayotzinapa, son más políticas que técnicas. El rechazo al fuego en el basurero de Cocula, aun después de que dos peritajes señalaron que sí tuvo lugar […], huele más a dogma que a convicción por la verdad. Descartar todas las declaraciones de policías y narcos involucrados en los hechos […], sugiere también una posición dogmática. Lo mismo sucede con el rechazo a considerar los restos de cuando menos dos normalistas en bolsas plásticas con material del basurero de Cocula encontradas en el Río San Juan, gracias a que uno de los miembros de Guerreros Unidos llevó a las autoridades a ese punto. Mientras el GIEI y los líderes de Ayotzinapa rechazan estos elementos, insisten en que se investigue la hipótesis de un ‘quinto autobús’ robado por los normalistas que supuestamente habría llevado droga a Estados Unidos. ¿Cuál es la prueba? Que todo el mundo sabe que esos autobuses se utilizan para llevar droga al norte. Cuando el GPS y las declaraciones del chofer señalan que el autobús permaneció en la zona de Iguala y que no llevaba droga, la respuesta es que la PGR debe haber cambiado el vehículo.Las observaciones del GIEI tienen la virtud del escepticismo. Si hubiera suficiente tiempo y recursos, toda averiguación penal debería tener un GIEI para revisar pruebas, hipótesis y conclusiones. Pero las conclusiones no deben ser decididas por una agenda política. No hay verdades históricas. Entre la hipótesis de una decisión del Estado y la que sugiere que los normalistas fueron secuestrados por policías municipales y entregados a un grupo criminal que los ejecutó, esta última parece más verosímil”.

Primero de mayo: situación desoladora

La Jornada, asegura en su Editorial, que: “el Día Internacional del Trabajo, conmemorado ayer en nuestro país y en el mundo, encuentra a los asalariados en una situación adversa en la que buena parte de las conquistas laborales conseguidas a lo largo del siglo pasado han sido borradas por el vendaval de la globalización neoliberal. […] El poder de convocatoria de los sindicatos se ha visto severamente mermado por décadas de expansión de la práctica de subcontrataciones, por el achicamiento de las plantas laborales, por incesantes ofensivas mediáticas antisindicales y por la burocratización de dirigencias poco o nada comprometidas con los intereses de sus representados. La jornada de ocho horas, una de las máximas conquistas del movimiento laboral en el mundo, hoy resulta una mera simulación en muchas naciones en las que la caída del poder adquisitivo de los salarios obliga a millones de trabajadores a tener dos empleos. […] Un aspecto muy preocupante de la coyuntura laboral de México es que más de la mitad de los trabajadores se encuentran fuera de la economía formal. […] En tal circunstancia, indicadores oficiales como el de desempleo (sólo 3.6 por ciento) tienen muy poca significación social real, por cuanto la mayoría de los trabajadores padecen orfandad contractual y carecen de estabilidad y seguridad laborales, certeza jurídica y derechos efectivos. […] La creación meramente cuantitativa de empleos favorece las condiciones de explotación y desamparo de los trabajadores y, si bien puede permitir la estricta subsistencia de buena parte de la población, no se traduce por sí misma en condiciones dignas de vida. Para impulsarlas es preciso crear empleos de calidad –ubicados, necesariamente, en el sector formal–, emprender una política salarial orientada a contrarrestar décadas de retroceso del poder adquisitivo del salario y crear las condiciones propicias para una democratización sindical, la cual constituye una de las principales tareas pendientes en el panorama laboral e institucional del país”.

En El Universal, su Editorial, escribe que: “los empresarios dicen que el sistema de justicia laboral en México es tan protector del trabajador que se hace muy costoso promover el empleo fijo en el país. Investigadores aseguran lo contrario. […] En lo que todos coinciden es en lo tortuoso del proceso y en lo absurdo de la existencia de Juntas de Conciliación y Arbitraje que funcionan de forma diferente a cualquier otra instancia judicial. Por eso fue muy oportuno que ayer el Presidente Peña Nieto anunciara que su gobierno propondrá un cambio de paradigma en este tema. El objetivo, dijo, es que ahora los juicios sean encabezados “por órganos del Poder de Justicia Federal o por los órganos de justicia locales”. […] Hoy en día la cabeza de las juntas de conciliación la conforman tres partes: una representación del gobierno; una del empresariado y otra de los trabajadores (sindicato). […] Hace un año, el 27 de abril de 2015, se presentó el Informe y Propuestas sobre Justicia Cotidiana en México, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) como parte de la reforma en el sistema de justicia que el Gobierno federal había planteado. En ese evento el Presidente hizo un diagnóstico: los juicios civiles, laborales, mercantiles y administrativos representan más de 86 por ciento de las disputas legales en el país.  […] El Director del CIDE, Sergio López Ayllón, hizo propuestas específicas que deberían retomarse en el marco del banderazo de salida dado ayer por Peña Nieto: entre ellas, crear a un defensor de las pequeñas empresas. […] Si en esos espacios de conflictos comunes el sistema judicial se vuelve una alternativa viable de resolución, al alcance de todos los ciudadanos, disminuirá en la misma proporción la tentación de las personas a hacer justicia por propia mano o a simplemente ignorar a las instituciones. […] Sería abonar a la paz en tiempos en que se cuestiona la utilidad de la democracia”.

En El Universal, el periodista Carlos Loret de Mola, escribe que: “todo estaba listo para anunciarse ayer domingo 1 de mayo, pero las suspicacias electorales metieron el freno.[…] Hace varios días llegaron a un acuerdo el Gobierno federal, los organismos empresariales y las centrales de sindicatos más influyentes del país: La mesa estuvo convocada por el Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. Del lado de los patrones acudieron los representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y varios más. Del lado de los empleados, dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), y otras. […] Han alcanzado en la negociación un punto de equilibrio satisfactorio para todos. Y para este 1 de mayo, Día del Trabajo, agendaron hacer el anuncio: Un plan para aumentar de golpe el salario mínimo nacional en aproximadamente diez pesos, para llegar a los 83 pesos diarios […] El acuerdo global entre el Gobierno federal, los empresarios y los sindicatos implica que el salario mínimo tenga, a lo largo del presente sexenio, un crecimiento de alrededor del 20 por ciento en su poder de compra, que contrasta con la pérdida de 75 por ciento que ha experimentado en los últimos 40 años. […] El anuncio está congelado… por las elecciones. Se decidió posponerlo hasta después de los comicios del 5 de junio, para que no pudiera ser presumido como un logro del gobierno del Presidente Peña Nieto. […] Falta entonces poco más de un mes para que se dé a conocer oficialmente. El problema es que cuando se trata de política, un plazo así pone en riesgo la estabilidad de la negociación. […] SACIAMORBOS. La nueva iniciativa de ley de justicia expedita que anunció el jueves el Presidente Peña Nieto significa, entre muchas otras cosas, la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Entre quienes las corrompen como negocio y quienes las usan en legítima defensa, seguro habrá fuertes resistencias”.

Una bomba de tiempo en el PRD

En El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, asegura que: “las deudas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se han convertido en una verdadera bomba de tiempo, nos comentan. Los proveedores de servicios básicos han solicitado varias veces a la dirigencia, que encabeza Agustín Basave, que les liquiden los adeudos, sin éxito. Aseguran que la presidencia del PRD les ha pedido que sigan dando los servicios hasta diciembre, cuando consideran que estarán en condiciones de pagarles. Sin embargo, nos explican que los adeudos son de importancia por lo que los proveedores amagan con apersonarse en las instalaciones del partido para exigir que les paguen. El caso es de tal gravedad, nos dicen, que la realización del Consejo Nacional del partido, programado para los próximos días, se tuvo que cancelar por falta de recursos. Así que a la presión electoral de este año, hay que sumar que el PRD debe resolver este problema de deuda que amenaza con salirse de control.”

El colmo de la complicidad

En el Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que: “los diputados priistas de Nuevo León -con la complacencia de los panistas- se disponen a cubrir con el resplandeciente manto de la impunidad a Rodrigo Medina. Según lo que se comenta en aquellas tierras, todo está planchado en el Congreso local para que le sean aprobados, sin una sola enmienda, las cuentas al ex gobernador priista, con todo y que han sido exhibidos y documentados los despilfarros de su administración. Tan va por ahí la cosa que el Presidente de la Comisión de Hacienda no tuvo el menor empacho en afirmar que el análisis de las cuentas de Medina sólo ha arrojado faltas de tipo… ¡administrativo! No, pos’ sí. Que nadie se extrañe si, de un plumazo, los legisladores nuevoleoneses palomean a toda prisa 18 cuentas públicas, del 2006 al 2010, correspondientes al Gobierno estatal, a fideicomisos y a organismos descentralizados… para tranquilidad de Medina”.

Daños a su patrimonio artístico

En Milenio, su columna de trascendidos Trascendió, asegura que: “Claudia Sheinbaum, Jefa delegacional en Tlalpan, le llamó por teléfono al cardenal Norberto Rivera para disculparse porque personal de esa jurisdicción destruyó una capilla el viernes reciente. La funcionaria se comprometió reconstruir el recinto, del que se informarán los daños a su patrimonio artístico”.

Tomás Zerón, uno de los funcionarios más cercanos a los hombres de confianza de EPN

Su poder se ha reflejado en cada una de las áreas de la procuraduría general

En mayo de 2007 fue cesado de la PFP por un narcoataque en el que murieron 22 personas

Gustavo Castillo García

 

Periódico La Jornada
Lunes 2 de mayo de 2016, p. 6

El poder de Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se refleja hasta en la posición que ocupa su oficina, en la parte más alta de la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), al mismo nivel que el despacho de Arely Gómez González.

Es considerado uno de los funcionarios más cercanos a los hombres de confianza del presidente Enrique Peña Nieto, entre ellos Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico del titular del Ejecutivo, señalaron mandos de la institución federal.

Las fuentes consultadas aseguran que su poder se ha hecho presente en cada área de la procuraduría; muestra de ello, señalaron, es que hace más de un año en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) se creó un área de inteligencia para no depender sólo de los informes y acciones que la AIC realizaba a petición de las áreas ministeriales, y que se cumplían únicamente con el aval de Zerón de Lucio. Esas instancias, que entre otras cosas atendían diligencias para el caso Iguala, fueron canceladas.

Graduado en 1995 de licenciado en administración industrial en el Instituto Politécnico Nacional, ingresó a la Policía Federal Preventiva, en la que alcanzó el grado de jefe de sección y, posteriormente, en su paso por la Secretaría de Seguridad Pública –2006/2007– fue designado coordinador de control policial.

Zerón de Lucio estuvo apenas unos meses en esa posición cuando Genaro García Luna dirigía la SSP federal, ya que fue cesado en mayo de 2007 junto con cinco mandos, debido a la falta de coordinación logística que permitió que un convoy de 15 vehículos recorriera más de 400 kilómetros y alrededor de 50 sicarios de grupos delictivos atacara a policías municipales de Cananea. Las balaceras se prolongaron varias horas y el saldo fue de 22 personas fallecidas.

Además de Zerón de Lucio fue despedido Javier Garza Palacios, otro de los hombres de confianza de García Luna.

Por esos hechos también fue cesado Vidal Díaz Leal Ochoa, director general de seguimiento operativo de la Policía Federal en ese entonces, y actual jefe de inteligencia de la Policía Federal Ministerial y uno de los hombres más cercanos a Zerón de Lucio.

Tras su despido de la SSP federal, el actual director en jefe de la AIC fue designado coordinador de investigación y análisis de la Procuraduría General de Justicia del estado de México; allí quedó bajo el mando de Alfredo Castillo Cervantes, entonces procurador general de justicia de esa entidad y primo de Humberto Castillejos Cervantes. También conoció al entonces gobernador Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Tomás Zerón conoció a ambos en la PGR, cuando García Luna fue titular de la Agencia Federal de Investigación (la extinta AFI), Castillejos y Castillo fungieron como asesores del entonces procurador Rafael Macedo de la Concha; Alfredo Castillo también se desempeñó como director de planeación estratégica de la AFI.

En esta administración, Castillejos se convirtió en el consejero jurídico del titular del Ejecutivo y Castillos Cervantes fue señalado en algunos momentos como aspirante a dirigir la PGR.

El procurador Jesús Murillo Karam creó la AIC; en ella juntó los servicios periciales y la Policía Federal Ministerial, y designó a Tomás Zerón como su titular, quien ha sido considerado un hombre clave en las investigaciones y en el caso Iguala.

Los funcionarios consultados señalaron que Zerón de Lucio posee su propia videoteca y audioteca de interrogatorios y diligencias, y copia de todos los resultados de los peritajes realizados.

Tomás Zerón, el hombre del trabajo sucio

Tomás Zerón sembrando evidencias

ANABEL HERNÁNDEZ
2016-04-30 18:53:51 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
EDICION MEXICO

La aparición de un video que, entre otras cosas, sugiere manipulación de la escena en el caso Ayotzinapa implica directamente a Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Pero ésta no es la única irregularidad cometida por este personaje. Desde el inicio de las indagatorias por la desaparición de los 43 normalistas, actuó de manera al menos equívoca: sabía desde el inicio lo que estaba ocurriendo en Iguala y calló, y es señalado como torturador o promotor de la tortura de los detenidos clave.

La posible manipulación del caso Ayotzinapa por parte de Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, no comenzó en el río San Juan con la presunta siembra de pruebas, sino desde el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Esa noche la Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación previa y envió a policías federales ministeriales –a las órdenes de Zerón– a investigar el ataque contra los normalistas, que dejó un saldo de seis muertos y 43 desaparecidos.

Según documentos que tiene Proceso, la PGR abrió la averiguación previa AC/PGR/GRO/IGU/I/256/2014 por “violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos”, a raíz de las llamadas al Centro de Control, Comando, Comunicación y ­Cómputo (C4) de Iguala por los ataques que estaban ocurriendo. Inmediatamente fue informado de la situación Miguel Amelio Gómez, delegado de la PGR en Guerrero.

“La presente indagatoria se inició por haberse recibido en esta agencia investigadora una llamada telefónica por parte del C4, en la cual manifestaban que al parecer, aún sin confirmar, alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa se enfrentaron a balazos con elementos de la Policía Municipal de esta ciudad, originando un fuerte operativo en las calles céntricas de esta urbe, haciendo del conocimiento que dichos estudiantes tienen en su poder autobuses, los cuales se encuentran en las calles Galeana y Mina de esta ciudad”, señala el documento redactado por el agente del Ministerio Público César Iván Pilares, quien ordenó hacer una “minuciosa y exhaustiva investigación”.

Durante 19 meses el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dicho que no pudo intervenir ni investigar de inmediato los hechos porque no eran de su competencia. De acuerdo con el documento referido, sí lo hizo, pero no fue sino hasta el 4 de octubre de 2014 –ocho días después de los ataques– cuando la PGR tomó públicamente la investigación.

El 26 de septiembre de 2014 los agentes de la Policía Federal Ministerial Romeo Ortiz Valenciana, José Manuel Dirzo Correa y Enrique Ramírez Hernández, este último encargado de la subsede Iguala, también salieron a las calles, como el Ejército y la Policía Federal (PF).

De acuerdo con las tarjetas informativas que elaboraron, de las cuales se tiene copia, los agentes admitieron que hicieron recorridos por la carretera federal Iguala-Chilpancingo y vieron el autobús Estrella de Oro 1531 con los vidrios rotos y las llantas ponchadas. “Por obvias razones se corroboró que efectivamente el día 26 de septiembre del presente año se realizó desmanes por supuestos estudiantes (sic)”, dice uno de los reportes.

Luego se trasladaron a la calle Juan N. Álvarez, donde vieron tres autobuses con las llantas ponchadas, “así como varios jóvenes que al parecer eran estudiantes (…) por lo que procedimos a retirarnos del lugar con la finalidad de no tener algún altercado con individuos que iban en el autobús”. También informaron que la Fiscalía General de Guerrero ya había abierto una indagatoria por lesiones de arma de fuego.

Por la narración de los documentos la averiguación previa de la PGR debió abrirse alrededor de las 21:30 horas, y el recorrido de los agentes probablemente se realizó antes de que la peor parte del ataque ocurriera y la desaparición se consumara.

En esos días, el titular de la Policía Federal Ministerial era Vidal Díaz Leal Ochoa, subalterno y compañero de trabajo de Zerón desde que los dos fueron abruptamente despedidos en 2007 de la PF, tras una masacre ocurrida en Cananea, Sonora.

Oficialmente fue el 4 de octubre de 2014 cuando Zerón tomó en sus manos la indagatoria del caso Ayotzinapa. Según la información con la que se cuenta, supuestamente operó para ocultar la participación de la Policía Federal en el ataque y la desaparición de los normalistas.

El jefe de la Agencia de Investigación Criminal es acusado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de haber sembrado pruebas el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan.

Proceso publica el testimonio de Agustín García Reyes, donde afirma que desde que fue detenido hasta que fue llevado a Cocula y grabado en video, fue amenazado y aleccionado acerca de lo que tenía que hacer y decir. Nunca hubo una confesión espontánea de su parte.

El montaje

“Con estos pendejos vamos a tapar el caso”, supuestamente dijo uno de los efectivos de la Secretaría de Marina mientras trasladaban en helicóptero a Patricio Reyes Landa y Jonathan Osorio, de Apetlaca, Guerrero –en donde fueron detenidos el 27 de octubre de 2014–, a la Ciudad de México, acusados supuestamente de ser miembros de Guerreros Unidos.

Horas antes había sido detenido Agustín García, otro muchacho de Cocula también acusado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y meses después fue arrestado Felipe Rodríguez Salgado.

Desde septiembre de 2015, este semanario (Proceso 2028) publicó una investigación periodística que reveló que con las declaraciones de esos cuatro varones la PGR construyó la versión de que los 43 estudiantes habían sido asesinados y calcinados en el basurero de Cocula. Sin embargo, los detenidos son albañiles torturados y obligados a firmar esas confesiones.

Sus casos fueron parte de los 13 por los que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas inició varios procedimientos especiales ante los graves señalamientos de tortura hechos por personas procesadas en el caso Ayotzinapa (Proceso 2059).

El testimonio de Agustín García entregado a las Naciones Unidas indica que hubo un montaje en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, orquestado por Zerón y otros funcionarios de la PGR.

García afirmó haber sido detenido sin orden de aprehensión entre el 26 y 27 de octubre de 2014 dentro de su domicilio, en Cocula, e introducido en una camioneta negra, “donde había sido asfixiado y golpeado por personal de la Secretaría de Marina perdiendo el conocimiento varias veces”, se lee en el documento de las Naciones Unidas.

“Posteriormente habría sido introducido a un cubículo en una ubicación no identificada, golpeado, recibiendo golpes de puño y de pie, y amenazado con represalias contra su familia por elementos de la Marina. Estos mismos efectivos le habrían obligado a memorizar ciertos datos y nombres para después incluirlos en su confesión ante el Ministerio Público. Luego habría sido trasladado a la Ciudad de México.

“Durante su trayecto habría sido coaccionado por elementos de la Marina para que declarara su participación en los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de ­septiembre.”

Fue llevado a la PGR hasta las 23:00 horas del 27 de septiembre y, en su parte informativo, los marinos falsearon la información y dijeron que lo habían detenido a las 18:00 horas cuando salía de su domicilio. Hasta el 14 de enero de 2015 García pudo declarar ante el juez cómo y cuándo fue realmente su captura.

“Una vez en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada habría sido fuertemente amenazado para ofrecer una confesión y firmar una declaración ministerial con fecha del 28 de octubre, en la cual habría confesado su participación como autor material en la supuesta ejecución de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el basurero del municipio de Cocula.”

Posteriormente, en cambio, acusó que no fue debidamente asistido por el defensor de oficio que firma en su declaración. En el documento de Naciones Unidas se asienta que las lesiones que sufrió constan en peritajes hechos por la Marina y la PGR, donde se detalla la evolución de las mismas.

“En días posteriores, personal de la Procuraduría General de la República lo habría llevado al basurero de Cocula para que escenificara cómo habrían sido los hechos y varias personas lo habrían coaccionado, y en parte indicado, qué tenía que decir. El señor García Reyes no habría sido informado que estaba siendo grabado en video ni en esta ocasión ni anteriormente en la SEIDO, y sus imágenes habrían sido reproducidas por la PGR durante los días 7 de noviembre de 2014 y 27 de enero de 2015 y emitidas en cadenas de televisión nacional e internacional.”

Ése fue el verdadero contexto del video mostrado por Zerón el miércoles 27 respecto del grabado en el río San Juan; afirmó que todo fue legal y conforme a derecho, e incluso hizo creer que Agustín García los estaba guiando voluntariamente hacia el río donde después presuntamente fueron sembrados los restos de Alexander Mora.

Sidronio Casarrubias, también detenido por el caso de los 43 normalistas, acusó directamente a Zerón de haber auspiciado la tortura en su contra e incluso de haber estado presente. Mientras que, por separado, Felipe Rodríguez Salgado acusó al jefe policiaco de haberle ofrecido dinero para que ratificara la confesión que le habían obligado a firmar, también bajo tortura.

Historia de opacidad

La carrera policiaca de Zerón es muy corta y está marcada por irregularidades. Hasta 2007 no tenía ninguna experiencia en el servicio público ni en la policía. Es egresado del Instituto Politécnico Nacional en la carrera de administración industrial. En 1993 fue tesorero en la compañía Industrial de Parras; en 2002, director financiero de Grupo Control de Riesgo, y en 2006 trabajó dos meses en Construsistem como director financiero.

Quienes lo conocen señalan que cuando el equipo de Genaro García Luna se apoderó de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en 2001, Zerón acostumbraba visitar a Luis Garza Palacios, director de Operaciones Especiales de esa institución, y también se relacionó con Luis Cárdenas Palomino. Esos dos eran los hombres más cercanos a García Luna.

Cuando García Luna y su equipo se fueron a la Secretaría de Seguridad Pública, Garza Palacios invitó a trabajar a Zerón y, pese a que no tenía ninguna experiencia, le dio el cargo de coordinador de Control Policial.

En el poco tiempo que estuvo ahí, personal de la PF consultado acusa que Zerón vendía plazas a comandantes de la AFI para transferirlos a la PF con cargos de comisario. El costo de la presunta venta era de 50 mil dólares.

El 18 de mayo de 2007 Zerón fue despedido abruptamente junto con Garza Palacios y otros cuatro mandos de la PF presuntamente por haber permitido que un convoy de 50 sicarios transitara libremente en más de 300 kilómetros de autopista federal para llegar a Cananea, Sonora, y asesinar a cinco policías y una decena de civiles. Y, cuando ocurrió el ataque, la PF no prestó auxilio.

Entre los despedidos estuvo Vidal Díaz Leal Ochoa, entonces director general de Seguimiento y quien era el titular de la Policía Federal Ministerial cuando ocurrió el ataque y desaparición de los normalistas en Iguala.

En 2009 Zerón consiguió un puesto en la Procuraduría de Justicia del Estado de México, donde trabajó durante el periodo de Enrique Peña Nieto como gobernador. Pese a su muy escasa experiencia, lo calificaron como “experto en tareas de inteligencia”.

Se afirma que llegó y permaneció en el puesto gracias a la ayuda de Alfredo Castillo, excomisionado en Michoacán, quien de 2008 a 2010 fue subprocurador en el Estado de México y, de 2010 a 2013, procurador. Castillo estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el mismo lapso que Zerón, un consejero “que hace el trabajo sucio, a quien no le tiembla la mano y es muy hábil para hablar y justificar al presidente”, según una de las fuentes consultadas.

Cuando Peña Nieto llegó a Los Pinos nombró a Jesús Murillo Karam procurador y a Castillo, subprocurador de Control Regional. A principios de 2013 Zerón fue designado titular de la Agencia de Investigación Criminal, donde sigue.

Fuentes de la PGR que pidieron el anonimato aseguran a esta reportera que fue directamente Zerón quien en septiembre de 2015 ordenó a los agentes de la Policía Federal Ministerial sembrar un arma al abogado Paulo Diez, quien había denunciado irregularidades de la empresa OHL, a la que Peña Nieto le ha dado contratos y concesiones millonarias desde que él era gobernador del Estado de México.

La construcción de la mentira oficial .- JOSÉ GIL OLMOS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cada gobierno ha tenido un “constructor” de verdades oficiales que sirve para tapar hoyos o crear mentiras igualmente oficiales y creíbles. Uno de estos personajes importante para el gobierno de Enrique Peña Nieto, es su amigo Tomás Zerón Lucio quien en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aparece como un personaje importante en la construcción de la “verdad histórica” de la PGR de la supuesta quema de los estudiantes de Ayotzinapa en el basurero de Cocula.

La construcción de la famosa “verdad histórica” que expuso hasta que se cansó Jesús Murillo Karam cuando era procurador, se basó principalmente en el descubrimiento de dos bolsas negras con restos humanos que resultaron ser los del estudiante Alexander Mora.

Todo el proceso de la investigación gubernamental se fundamentó en esta revelación en la que tuvo que ver Zerón cuyo nombre no había aparecido en las notas periodísticas como un personaje importante en toda la zaga de la de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2013 en Iguala, Guerrero.

Obstaculizado por el gobierno para llegar al fondo del asunto, que usó a medios de comunicación como El Universal, La Razón y La Crónica para desacreditar a sus miembros y a los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, junto con sus abogados, el GIEI hace una aportación importante al mostrar a Zerón al frente de la planeación estratégica de la “verdad histórica” fundada en los restos encontrados en una bolsa de plástico del río de Cocula.

A través de un video del periodista José Manuel Giménez y de fotografías de Daniel Rodríguez, el GIEI muestra a Zerón y a uno de los inculpados de la desaparición de estudiantes, Agustín García Reyes, alias El Chereje, a las orillas del río San Juan, donde otro grupo de peritos recogen algunos objetos que al parecer serían los restos de Alexander Mora.

Las imágenes del video y las fotos son del 28 de octubre, un día antes de que la PGR informara que había encontrado restos óseos en una bolsa de plástico. De acuerdo con el expediente oficial, el 29 de octubre de 2014 dos inculpados –uno de ellos Agustín García y Johnatan Osorio Gómez– fueron llevados al orillas del río San Juan, en Cocula, para reconocer el lugar donde habían tirado los restos incinerados de los normalistas.

La diligencia secreta del 28 de octubre de Zerón y los peritos de la PGR no consta en el expediente. Este hecho pone en duda toda la investigación judicial pues la presencia no consignada de Zerón, quien es director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, en el mismo lugar donde supuestamente fueron descubiertos los restos de Alexander nos muestra cómo hay una mentira en el “hallazgo oficial” y cómo pudo construirse la “verdad histórica” con un escenario falso o artificial creado para justificar la quema de los cuerpos en el basurero de Cocula.

El vacío en el proceso de investigación de este dato, de la presencia de Zerón en el afluente del río Cocula un día antes de que la PGR manifestara el descubrimiento de la bolsa negra con restos humanos, es la que sostiene la afirmación del GIEI de que se “sembraron” estas pruebas para sostener la “verdad histórica” de la quema de los cuerpos de los estudiantes de Ayotzinapa en el basurero.

Toda la investigación de la PGR se tambalea con esta mentira. Zerón, el siniestro amigo del presidente, tiene ya un historial en la construcción de “verdades históricas” como bien apunta el reportero Álvaro Delgado en su artículo “El Fabricante”, donde nos recuerda que participó en la historia del hallazgo del cuerpo de la niña Paullette Gebara Farah, a la orilla de su cama diez días después de su desaparición en marzo del 2010, cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México.