Suspenden a magistrado por presunta corrupción; revisó amparos de #NoMásDerroches

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó que un magistrado de Primer Circuito fue suspendido por presuntamente pertenecer a una red de corrupción.

Zaldívar se negó a dar el nombre del magistrado removido, pero fuentes de Poder Judicial de la Federación (PJF) aseguraron que se trata de Jorge Camero Ocampo, del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, quien revisaba, entre otros casos, los amparos del colectivo #NoMásDerroches contra el aeropuerto de Santa Lucía.

En conferencia de prensa, Zaldívar destacó que la decisión “es de la mayor importancia porque este magistrado venía siendo una pieza muy relevante por sus conexiones dentro y fuera del Poder Judicial para una red de conductas indebidas que no serán toleradas”.

Tras destacar que la remoción derivó de la política de “cero tolerancia” a la corrupción que ha encabezado, recalcó que al señalado se le encontraron “inconsistencias graves en su situación financiera”.

Además, anunció que junto con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se aprobó un “acuerdo histórico” para erradicar el nepotismo y la corrupción en el PJF.

“Un poder judicial más honesto es un poder judicial más independiente. Un poder judicial con jueces y juezas de calidad es un poder Judicial más independiente”, afirmó.

De igual manera, mencionó que el acuerdo “va a regir las políticas públicas de esta administración y estoy seguro que vamos a entregar muy buenas cuentas al pueblo de México”.

También dio a conocer el cambio de adscripciones que, subrayó, antes de su llegada a la presidencia de la SCJN no estaban reguladas y servían como tapadera del nepotismo y eran “focos de corrupción”.

Finalmente, reiteró que el PJF canceló el “paso automático”, por lo que jueces y magistrados ya pueden ser removidos. “Hasta hace poco bastaba no tener una falta grave y estar vivo para ser ratificado”, expresó.

Arturo Zaldívar se negó a hablar de la renuncia de Eduardo Medina Mora, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera investiga por lavado de dinero.

Tomás Zerón tiene 24 escoltas, 4 carros blindados y 4 más para su familia. Y no los quiere soltar

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).– Tomas Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se niega a regresar a la ahora Fiscalía General de la República (FGR) un aparato de seguridad personal que incluye a 24 escoltas, cuatro carros blindados y cuatro más que lo mismo lo cuidan a él que a su familia.

Zerón de Lucio, quien el pasado 29 de julio fue denunciado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la FGR por diversas irregularidades en la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, se amparó hace días para no devolver el aparato de protección a costa del erario público y argumentó que, según un acuerdo del 29 de septiembre de 2016, la PGR ordenó que le mantendrían escoltas y vehículos blindados hasta septiembre de 2021.

Sin embargo, este lunes, la Fiscalía General de la República impugnó esa suspensión definitiva concedida por un Juez de la Ciudad de México, por lo que será un Tribunal Colegiado el que decida si procede o no quitarle la protección al ex funcionario del Gobierno de Peña Nieto.

En una imagen del 27 de enero de 2015, Tomás Zerón y el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, explicaron alos medios que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron privados de la libertad, calcinados y sus restos fueron arrojados al Río San Juan, en Cocula, Guerrero. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro

Tomás Zerón es indagado actualmente por la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa. La investigación forma parte de la recomendación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa.

Durante años, los padres de los 43 y el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) pidieron investigar a Tomás Zerón, pero fue protegido desde la Presidencia de la República. Se volvió asesor de Peña mientras en las calles se pedía su cabeza por haber realizado un montaje que dio con la famosa “verdad histórica”.

En las manos de Zerón quedó la investigación de la desaparición de los 43 normalistas, la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014, el evento que hizo caer la aprobación de la gestión del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Poco antes de dejar México y cumplir el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el funcionario fue señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como la persona que supuestamente manipuló evidencias en el Río San Juan de Cocula, Guerrero, y las convirtió en datos cerrados.

Los expertos en peritaje de ese grupo hicieron notar que en el expediente no había sido incluida una visita que el funcionario hizo al Río San Juan el 28 de octubre de 2014, antes de que la PGR brindara un informe en el que sostuvo que los desaparecidos habrían sido quemados en un gigantesco incendio. Las laderas de ese río son un escenario fundamental.

Ahí se encontró parte de la osamenta del único normalista identificado hasta ahora, Alexander Mora Venancio. Fue ese hallazgo uno de los argumentos de la PGR para exponer que los estudiantes habrían sido incinerados en un gigantesco basurero en el municipio de Cocula, Guerrero, y luego, lanzados al río. El GIEI presentó un video del paso de Zerón por Cocula y cuestionó qué hacía ahí antes del informe. Zerón presentó uno propio.

LAS RESERVAS DE ZERÓN

La PGR fue el órgano con más expedientes clasificados con Peña y según el Sistema de Índices del POT: tiene un millón 711 mil 677, el 13.7 por ciento del total del Gobierno federal que es de 12 millones 420 mil 887.

Tomás Zerón de Lucio contribuyó a engrosar ese índice. El video completo de su diligencia en Cocula quedó bajo la clasificación de la reserva por la PGR que se atuvo al criterio de la protección de los datos personales.

El 27 de abril, Zerón de Lucio presentó su propio video del recorrido que hizo en la zona. En una larga conferencia de prensa, dijo ante medios nacionales e internacionales que ese día, él fue a Cocula para verificar las declaraciones de Agustín García Reyes, un testigo que sostiene que los normalistas habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río.

Para los padres de los normalistas quienes desde el día primero de la desaparición no han cesado en su búsqueda por todo el país, Zerón de Lucio fue a Cocula con otro objetivo. “¿Qué estaba haciendo un día antes (del informe de la PGR) en Cocula? Sembrando las pruebas. ¿Qué estaba haciendo ese día? Por eso queremos que se cese a Tomás Zerón. Estaban sembrando las pruebas”, acusó César González Contreras, uno de los progenitores, también en conferencia de prensa.

Zerón de Lucio pertenece al grupo de funcionarios que se mantuvieron en el Gabinete de Peña Nieto, pese a la controversia. Otro con la mismas características fue Alfredo Castillo Cervantes, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien ocupó cuatro cargos en esa administración.

De hecho, Zerón de Lucio y Castillo Cervantes coincidieron en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y a ambos les tocó entregar el informe final del caso de la muerte de la niña Paulette Gebara. El primero fungió como coordinador de Investigación y Análisis y el segundo, como Procurador. Peña Nieto era el Gobernador de la entidad.

Zerón de Lucio traía una carga en su expediente. En mayo de 2007, fue destituido de su cargo como coordinador de Control Policial por Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). La estructura de mando de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP) fue separada por completo del Gobierno debido a fallas operativas ante el ataque de 50 sicarios del grupo criminal Los Zetas a la policía municipal de Cananea, Sonora.

A finales de 2013, Tomás Zerón se convirtió en el brazo derecho del ex Procurador Jesús Murillo Karam, al frente de la recién creada AIC.

Cuando tras su renuncia, el Presidente Peña lo nombró secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, el comunicado al respecto expuso: ” (El nombramiento se da) en reconocimiento a sus acciones y responde a la experiencia y capacidad que ha demostrado en sus encargos anteriores”.

Denuncian red de corrupción de jueces y magistrados para quitar 40 mil casas

La Fiscalía General del Estado revela que entre 2013 y 2018 se llevaron a cabo juicios “espejo”, con la complicidad de magistrados y jueces de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas, así como de un notario y un despacho de abogados, para la irregular ejecución hipotecaria de cerca de 60 mil casas propiedad de derechohabientes del INFONAVIT en los estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco

• El Gobierno de Antonio Echevarría refrenda su compromiso con la legalidad y solicitó hoy al Congreso de Nayarit el inicio del proceso de declaratoria de procedencia en contra de 4 jueces de primera instancia y 2 magistrados en funciones para que se les retire el fuero constitucional y en su momento puedan ser sujetos a la acción penal.

• Los delitos por los que se les podría acusar son: falsificación de documentos, fraude específico por simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, contra la administración de justicia y los cometidos en la custodia de documentos.

Tepic, Nayarit; 13 de abril de 2018.- La Fiscalía General del Estado informa a la ciudadanía que, como resultado de más de un año de trabajos de investigación, se han obtenido indicios de que en Nayarit, entre los años 2013 y 2018 se realizó una asociación, arreglos y convenios entre apoderados legales y funcionarios de INFONAVIT, un despacho externo de abogados, funcionarios del Poder Judicial del Estado, encabezados por el entonces magistrado presidente, un magistrado más, 4 jueces de primera instancia, diversos funcionarios judiciales y un notario público, para llevar a cabo de manera ilegal la ejecución hipotecaria de cerca de 60 mil viviendas ubicadas en los estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco en perjuicio de miles de familias derechohabientes de ese instituto de vivienda.

Este entramado de presunta corrpución se confeccionó a través de una simulación de juicios en 4 cuatro juzgados de primera instancia en los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas, que concluyeron en la adjudicación y escrituración de manera irregular de aproximadamente 40 mil casas

Hay indicios que la operación fue en dos etapas. La primera inició en los años 2013, 2014 y 2015 en los juzgados de Xalisco y Compostela, se conoce que oficialmente en los juzgados se tenían procedimientos con uno o dos demandados, pero que en el despacho particular de los abogados externos se tramitaban juicios “espejo” con miles de demandados, falsificándose constancias, sin notificaciones ni emplazamientos de los demandados, sin la intervención de Ministerio Público alguno, concluyendo en sentencias de condena hipotecaria a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y en contra de los trabajadores, viviendas que se adjudicaron por un 75 por ciento del valor del avalúo de los inmuebles. Las escrituras fueron realizadas por un mismo notario.

Las investigaciones permiten deducir que las actuaciones se realizaban por personal contratado por el despacho externo, trabajando en dos edificios ubicados en el centro de Tepic, y solamente se llevaban para firmas a los jueces, secretarios y notificadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes ya estaban de acuerdo e instruidos por los dos magistrados presuntamente implicados. Hay información también de entregas de dinero en efectivo, así como la promesa de algunas otras prestaciones.

La segunda etapa se ejecutó en los dos juzgados de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a finales de 2016. Sin tener registro alguno en libros de gobierno, se confeccionaron expedientes con números consecutivos ficticios con demandas iniciales; se sabe ahora que el despacho externo realizaba los supuestos acuerdos y notificaciones, y solamente por volumen se llevaron para firmas del juez y secretarios de acuerdos.

Los anteriores hechos pudieran ser constitutivos de los delitos de falsificación de documentos, fraude específico por simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, contra la administración de justicia y los cometidos en la custodia de documentos, todos del Código Penal del Estado de Nayarit.

Este jueves, el Fiscal General de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, presentó al Congreso del Estado la solicitud de declaratoria de procedencia en contra de los servidores públicos con fuero, siendo estos 4 jueces y 2 magistrados en funciones, para que previo el proceso correspondiente, se les retire dicha protección especial, y en su momento se pueda ejercer acción penal en su contra.

Además se ordenó la vista al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit para que se investiguen las posibles responsabilidades administrativas de los servidores judiciales, así como algunos otros secretarios de acuerdos, notificadores y personal administrativo. Además de la vista al Colegio de Notarios del Estado de Nayarit para que se investigue el actuar del fedatario público involucrado.

Se ordenó inmediato desglose de la carpeta de investigación a la Procuraduría General de la República sobre los posibles delitos de su competencia, y se tuvo comunicación con autoridades del INFONAVIT y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para que también intervengan en el asunto en atención a sus facultades y por tratarse del sensible tema del derecho a la vivienda.

El Gobierno de Nayarit y la Fiscalía General del Estado refrendan su compromiso en la lucha contra la corrupción, el respeto a la legalidad y la búsqueda de justicia.

Medina Mora, guarura de Fox, Fecal y peña

El soldado que salvó a Fox, FCH y Peña… y se salvó a sí mismo: jamás ha transparentado su fortuna

Por Linaloe R. Flores

SinEmbargo

Secretos propios y de otros funcionarios. Eso es lo que más se encuentra en el perfil público de Eduardo Medina Mora, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó a la Fiscalía de Chihuahua suspender “toda investigación o imputación penal” en contra del Presidente Enrique Peña Nieto por el desvío de 270 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el Gobierno del priista César Duarte Jáquez en ese estado.

Cuando fue Procurador General de la República (2006-2009), el recurso de la reserva fue el signo de su gestión al grado que el organismo fue apodado como “el negrito en el arroz de la transparencia”. Le puso candado a averiguaciones previas de delitos cometidos por servidores públicos durante la guerra en contra del crimen organizado y de paso, también a las investigaciones ministeriales sobre Amigos de Fox; los procesos penales ligados con Elba Esther Gordillo, y las denuncias en contra de Rosario Robles Berlanga y el empresario Carlos Ahumada Kurtz.

La compra de una flota de helicópteros en 2008, por 200 millones de dólares, en el rearme aéreo más costoso de la historia de la PGR también quedó bajo reserva.

Una constante se observa en los 19 años en la administración pública de Eduardo Medina Mora: la discreción respecto a su fortuna que jamás ha publicado en sus declaraciones patrimoniales; de modo que se ha reservado para sí mismo lo que ha hecho con el dinero que le ha pagado el Estado en las últimas dos décadas.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– El 6 de junio de 2008, el entonces Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, reunió a 900 funcionarios en el Palacio Nacional. De manera pública les pidió que acabaran con “el influyentismo y el amiguismo”, con el fin de “construir un gobierno caracterizado por rendir cuentas”. Transcurría el tercer año del Gobierno del hombre que con 12 días en el poder lanzó una guerra en contra del crimen organizado. Aquella vez, dio una orden: “Actuar con transparencia y ponerse en los zapatos de la gente o al otro lado del mostrador”. A la izquierda del Mandatario estaba el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, quien aplaudió con efusividad.

Ese mismo año, tanto el Presidente como el Procurador le dieron la espalda a la transparencia. Felipe Calderón envió al Congreso de la Unión una reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales que le otorgó a las averiguaciones previas “carácter estrictamente reservado” y Eduardo Medina Mora, apegado al nuevo marco jurídico, clasificó todas las investigaciones –aun cuando ya estaban concluidas– que concernían a la implicación de funcionarios públicos en delitos relacionados con la guerra, lo que ha impedido conocer hasta ahora un dato fundamental: la implicación del Estado en la muerte violenta de unas 200 mil personas, la desaparición de otras 300 mil y el desplazamiento de otros miles.

También se mantiene bajo reserva el nombre de la empresa que en 2008 le vendió a la PGR una flota de helicópteros Blackhawk y Little Birds por 200 millones de dólares en el rearme aéreo más costoso de la historia del organismo, ordenado por el ahora Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se usó para sellar la frontera con Centroamérica con la justificación de que se requería inhibir vuelos clandestinos cargados de droga desde América del Sur. El candado se lo puso a la totalidad de la flota aérea de la Procuraduría (los modelos, el valor de mercado, la capacidad, la antigüedad, las horas de vuelo y el proceso de adquisición).

Por su parte, tiene una reserva indefinida el expediente que guarda el registro de los bienes muebles, inmuebles, numerario, centenarios, joyas, cuentas bancarias y los montos asegurados a la banda de Daniel Arizmendi.

Y hasta 2020, bajo su mando, también quedó reservado el número de chalecos antibalas adquiridos en 2008 para la extinta Agencia Federal de Investigación.

Lo anterior resulta de una búsqueda en los asuntos negados ante los ciudadanos por ser reservados o confidenciales de la PGR, entre 2006 y 2009, los años en que la PGR estuvo a cargo de Eduardo Medina Mora, en los archivos del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI, en ese tiempo, IFAI). De hecho, la PGR en ese tiempo fue llamada por el entonces comisionado Alonso Lujambio (Q.E.P.D) “el negrito en el arroz de la transparencia” porque el organismo recurría al Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa para negar asuntos cruciales.

 FUNCIONARIOS PROTEGIDOS POR LA RESERVA

Entre esos velos, un nombre quedó protegido: Genaro García Luna, quien ocupó la Secretaría de Seguridad Pública de 2006 a 2012, llevó la estrategia frontal contra el crimen y en cuanto concluyó el sexenio, se fue de México. Reapareció en abril de 2018 cuando presentó su libro “Seguridad y Bienestar”. En las averiguaciones bajo reserva se encuentra la su presunta implicación en el montaje del caso de Florence Cassez, una de las historias más escandalosas en la historia reciente de México. Como en reality show, elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación, la detuvieron como presunta secuestradora al lado de su pareja sentimental, Israel Vallarta, y liberaron a las víctimas frente a las cámaras.

No fue lo único que se quedó entre los archivos guardados por la PGR, bajo la gestión de Medina Mora. Con el apego al mismo marco legal, se negó a responder a las solicitudes de información sobre las investigaciones ministeriales sobre Amigos de Fox, los procesos penales ligados con Elba Esther Gordillo Morales, entonces dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE, así como las denuncias en contra de Rosario Robles Berlanga (hoy Secretaria de Desarrollo Social) y el empresario Carlos Ahumada Kurtz (quien purgó cinco años de prisión por un fraude multimillonario en contra de la Delegación Gustavo A. Madero y fue conocido por aparecer en un video en el que le entrega un maletín con billetes a René Bejarano Martínez).

En el apego al artículo 16 de Eduardo Medina Mora no fue tan rígido en otro casos. Si bien la PGR se negó a brindar información en determinados asuntos; sí lo hizo en el caso de Laura Elena Zúñiga Huízar, ganadora del certamen “Nuestra Belleza Sinaloa”, quien fue detenida en Zapopan, Jalisco, en diciembre de 2008, por el Ejército Mexicano. Estaba en compañía de siete hombres que portaban armas de alto calibre y miles de dólares en efectivo.

Laura Elena Zúñiga y los detenidos fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y luego, trasladados a la SIEDO [hoy SEIDO]. Permanecieron bajo arraigo durante 40 días. Ella quedó en libertad porque el Ministerio Público no reunió suficientes pruebas en su contra. Su caso fue conocido porque la PGR envió boletines en los que brindaba detalles de la averiguación previa.

Coronada en julio de 2008 como “Nuestra Belleza Sinaloa”, Laura Elena Zúñiga había declarado que deseaba realizar una carrera como modelo; pero después de los acontecimientos de Zapopan prefirió retirarse de la escena pública.

LA OPACIDAD LO PROTEGIÓ A ÉL MISMO

Su carrera en la administración pública federal es larga; pero marcada por los secretos. De 2000 a 2015, completó 19 declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública. En ninguna quiso hacer público su patrimonio o sus posibles conflictos de interés, elementos clave para la medición de la transparencia para la organización Transparencia Internacional. En México, conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, revelar el patrimonio ante los ciudadanos queda a voluntad de los funcionarios y son pocos los servidores con dos décadas en el servicio público que jamás han dado a conocer un bien ante los ciudadanos.

En la imagen, Medina Mora y Peña Nieto. El actual Ministro de la SCJN suspendió “toda investigación imputación penal” en contra del Presidente por el desvío de 270 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el Gobierno de César Duarte Jáquez en Chihuahua. Foto: Cuartoscuro

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en 2000, cuando Vicente Fox Quesada se convirtió en el primer Presidente de la República postulado por el Partido Acción Nacional, pasó de abogado corporativo en Grupo Desc a Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cargo en el que estuvo hasta 2005. Después fue Secretario de Seguridad Pública Federal hasta 2006. Ese año, las elecciones presidenciales las ganó Felipe Calderón Hinojosa –también del PAN– y entonces fue nombrado Procurador General de la República, cargo en el que estuvo hasta 2009. De este año hasta 2013, fue Embajador de México en Reino Unido. Y de 2013 a 2015, fue Embajador del Gobierno de Enrique Peña Nieto en Estados Unidos.

En los 18 años como servidor público, Eduardo Medina Mora ha estado en el centro de episodios oscurísimos del país. De ello dan cuenta las recomendaciones archivadas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que aunque rechazadas, revelan su comportamiento frente a la tragedia. Ahí está la 38/2006 por San Salvador Atenco cuando un operativo policiaco militar causó la muerte de dos jóvenes y la detención de 207 habitantes y la agresión sexual en contra de 26 mujeres. Seguiría la 37/2006 sobre el movimiento de los trabajadores siderúrgicos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el que murieron dos obreros. La 64/2008 fue por la investigación de funcionarios públicos sobre la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila.

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Desde marzo de 2015, Eduardo Medina Mora es Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de la votación del Senado de la República pese a miles de firmas de ciudadanos en la plataforma Change.org que criticaron la crisis de derechos humanos tras su gestión en la PGR. Tres años después, ha vuelto a tomar relevancia: ha admitido la impugnación presentada por el Consejo Jurídico del Ejecutivo federal, lo que implica suspender “toda investigación imputación penal” en contra del Presidente Enrique Peña Nieto por el desvío de 270 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el Gobierno de César Duarte Jáquez en Chihuahua.

La suspensión se derivó de una controversia constitucional presentada el 11 de octubre por el consejero jurídico de la Presidencia, Misha Granados, contra órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación de la Fiscalía estatal contra funcionarios federales y que fue ampliada el 16 de octubre. El argumento: la inconstitucionalidad del artículo 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el 7 del Código Penal estatal. Bajo esa letra, los Gobiernos estatales sólo pueden denunciar delitos del fuero común y no federal.

Suprema Corte de México ordena suspender acción penal o indagatorias contra Peña Nieto

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de México frena de manera indefinida cualquier investigación o acción legal que pretenda ejercer el Gobierno del estado de Chihuahua contra el presidente y su gabinete.

RT

Un miembro de la Suprema Corte de Justicia de México ha frenado de forma indefinida cualquier investigación o acción legal que pretenda ejercer el Gobierno del estado de Chihuahua, al norte del país, contra el presidente Enrique Peña Nieto durante su encargo o al término de él, así como de su gabinete, informa el diario Milenio.

El pasado 11 de octubre, la Consejería Jurídica de la Presidencia de México presentó ante la Suprema Corte una controversia constitucional para reclamar posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales contra funcionarios federales, incluido Peña Nieto.

Se trató de la primera vez que el Ejecutivo federal presentó una demanda de este tipo.

La controversia fue presentada por la Presidencia de México ante las advertencias de Javier Corral, gobernador de Chihuahua, de que llevará Peña Nieto a la cárcel una vez que termine su mandato.

El pasado 18 de octubre Corral calificó la controversia presentada por la Presidencia de México de recurso cuestionable en términos de su juridicidad. "También hay un hecho político indiscutible: el presidente de la República está preocupado por las investigaciones de Chihuahua y esa preocupación puede, ahí sí, ser contextualizada en un dicho muy antiguo, pero con una aplicación novedosa: si algo teme, es porque algo debe", manifestó.

Entonces Corral subrayó que el estado de Chihuahua tiene investigaciones en curso, como la de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del PRI, partido que llevó a Peña Nieto a la presidencia de México, acusado de desvíos millonarios que, presumiblemente, fueron usados para financiar campañas electorales del partido.

"Es una investigación que sí, evidentemente, toca la responsabilidad del Gobierno federal porque se trata de un desvío que es parte de una operación multimillonaria de desvío de recursos públicos, en donde actuó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en varias entidades federativas del país", apuntó Corral, que aún no se ha manifestado ante la decisión del ministro.

Exigen la renuncia del ministro Luis María Aguilar por nepotismo y corrupción.

Luego de que fuera revelado que una hija del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, de profesión dentista, y una hija del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien percibe 135 mil pesos mensuales, laboran en el máximo tribunal, la Asociación Civil México Justo, encabezada por el expresidente de la SCJN y ministro en retiro, Genaro Góngora Pimentel, exigió a Aguilar Morales su renuncia.

Ana Elena Aguilar Arrangóiz, hija del Presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales; y Daniela Pardo Soto Reyes, hija del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, cobran en la nómina del máximo tribunal constitucional del país https://t.co/MoIjmne0Mrpic.twitter.com/WyJzXWfRGC

— Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) October 12, 2018

Dicha asociación señala que él y su familia son parte del nepotismo y la corrupción que se vive en el Poder Judicial Mexicano, a pesar de que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, ordenó una investigación con el fin de prevenir nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación, aun cuando su hija está integrada en la nómina.

Hay que recordar que la hija del ministro presidente, Ana Elena Aguilar Arrangoiz, quien es cirujano dentista, integra la ponencia del ministro, Alberto Pérez Dayán, y cobra mensualmente un salario neto de 26 mil pesos 398 pesos. Además de contar con prestaciones superiores a las de la ley; asimismo, que Daniela Pardo Soto Reyes, hija del ministro, Jorge Mario Pardo Rebolledo, también se ubica en la secretaría jurídica de la presidencia, como secretaria de estudio y cuenta adjunta, donde percibe un sueldo mensual neto de 95 mil 73 pesos.

¿Adivinen en dónde trabajan las hijas del ministro presidente Luis María Aguilar y del ministro Jorge Mario Pardo?
Exacto.
Felipe Borrego, Julio Ríos, @MXvsCORRUPCION@juanomarfierro han revelado nepotismo en el Poder Judicial.
De mis #RazonesYPasiones. https://t.co/kzHVsbvLyopic.twitter.com/T7r9aDa8ah

— Elisa AlanísZurutuza (@elisaalanis) October 12, 2018

Con información de: El Sol de México

"Todopoderoso” e intocable director de comunicación de la Suprema Corte: acusado de tráfico de información y acoso sexual

Carlos Avilés Allende, periodista de profesión se convirtió en una pieza clave dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde ha obtenido feudos de poder desde tres ejes: la comunicación social, la transparencia y las redes sociales.

Quien pese a ser evidenciado por las víctimas que han padecido acoso sexual de su parte, la nula acción en su contra podría evidenciar que es intocable y un todopoderoso. Hoy es dentro de la SCJN el Director General de Comunicación Social, su más importante puesto, desde que inició su carrera en El Financiero.

Siendo precisamente ahí donde ha sido señalado y cuestionado por conductas “abusivas e ilegales”. A Avilés, se le ha identificado con un “acosador sexual”, de acuerdo a los testimonios de trabajadoras de la SCJN.

Quienes aseveran que incluso ha habido denuncias de por medio. Sin embargo no se ha conocido hasta la fecha algún tipo de investigación hacia el funcionario. Quien cabe señalar, al mantener el control de la transparencia de dicha institución, es quien decide qué dar a conocer, qué no e incluso que tipo de solicitud desechar.

Así es como se convierte en juez y parte, ya que ante una solicitud de información sobre su área o su desempeño o comportamiento como funcionario puede evadir responder, evitando también solicitudes de información que afecten a sus cercanos.

De acuerdo con datos obtenidos, en 2014 se emitió una Resolución del Comité de Acceso a la Información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde precisamente se solicitó, mediante comunicación presentada en el sistema de solicitudes de acceso a la información el catorce de octubre de 2014, tramitada en la Unidad de Enlace bajo el folio SSAI/00395514: Confirmación de la existencia de denuncias por acoso sexual en contra de el Director General de Comunicación y Vinculación Social, Carlos Avilés Allende.

Entre los cuestionamientos, se encontraron: ¿Cuántas denuncias por acoso laboral o sexual existen en contra este funcionario? Desglosar ¿Cuántas denuncias por acoso sexual y cuántas por acoso laboral existen en esa Dirección General? Y fechas en que se presentaron.

De existir denunciar por acoso sexual en contra de Carlos Avilés Allende, quiero saber si ¿Alguna de las afectadas o afectada, solicitó recientemente o en el último año una licencia por maternidad? De existir denuncias por acoso sexual en contra de Carlos Avilés Allende, quiero saber ¿En qué consistieron las acciones de acoso y en donde tuvieron lugar? ¿Quién resolverá, si existe responsabilidad por acoso sexual de Carlos Avilés Allende y cuándo se resolverá?

Quiero saber ¿Cuántas denuncias por acoso sexual o acoso laboral existen actualmente en la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social de la Suprema Corte? Y en que fechas se presentaron. Quiero saber si ¿Oficialmente la Contraloría de la Suprema Corte ha informado al Presidente de la Suprema Corte sobre las denuncias presentadas por acoso sexual y laboral en la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social?

Quiero saber ¿cuántas auditorías se han realizado a la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social por parte de la Contraloría de la Suprema Corte en los últimos cuatro años? y ¿qué observaciones se hicieron? y ¿Cómo se solventaron?, si es que están solventadas. ¿A cuánto ascienden los fondos destinados a alimentación y/o gastos de representación o fondo de alimentos de Carlos Avilés Allende, Director de Comunicación y Vinculación Social al mes? Y ¿desde que asumió este encargo, quiero conocer a cuánto ascienden sus gastos en este rubro?

A propósito de una de la preguntas anteriores, precisamente uno de los casos más pronunciados, es el de una víctima de acoso sexual, quien ha denunciado que ‘estando embarazada’ padeció ‘las actitudes acosadoras de Carlos Avilés’. Dicha persona se encontraba en el área de visitas guiadas de la SCJN.

Sin embargo, hasta ahora se desconoce si dicha solicitud obtuvo las respuestas requeridas o simplemente se omitió y se dio por vista, recordando que es Avilés quien ahora mismo mantiene la dirección del área.

En cuanto al acoso, aunque es un hombre que parece trabajar en bajo perfil, no por eso se escapa a las exigencias, principalmente de mujeres, que no pierden oportunidad para denunciarlo como un acosador.

Tal es el caso de una publicación de Reforma, en la que se da a conocer que la SCJN confirmó en definitiva la destitución de un Magistrado federal por acoso sexual y laboral a sus empleadas, puesto que los escándalos por acoso sexual y laboral siempre han estado presentes en la institución, sin que los que se encuentren encabezando a la Corte hayan emitido medidas contundentes para terminar con deleznable acción.

Ahí, son dos los comentarios de lectores que cuestionan: “cuándo investigará el Presidente de la SCJN, al titular de comunicación, Carlos Avilés. Tiene muchas quejas por acoso y meter en su área a amigas que nada saben.

Adelante Ministro Aguilar, siga con la limpia”, comenta un usuario, quien da cuenta que no es un caso aislado y tampoco uno que vaya a pasar desapercibido. Ante dicho texto, una persona más se suma y asegura: “Si hay alguien que trata mal a la mujeres, es el jefe de prensa de la Corte, Carlos Avilés”, y sugiere: “pregunten en contraloría o a la secretaria particular del Ministro presidente”.

Como Director de Comunicación Social, ha sido también señalado y relacionado con la filtración de información de casos de alta importancia, ya que fuentes internas, han relacionado en distintas ocaciones, sin que aún se tenga una determinación de un expediente, él otorga la información a conveniencia.

Incluso, ‘información reservada exclusivamente para la Corte’, se añade. Lo anterior pese a que se sabe que son datos que se deben mantener bajo resguardo, actuando así de manera contraria a los preceptos. No es que nadie de los altos funcionarios en la SCJN no se hayan percatado de sus acciones, señalan quienes hacen la denuncia, sino que, a decir por ellos, ha sido protegido en lugar de ser investigado.

Su protección, se señala, también proviene del hecho que mantiene un alto poder adquisitivo (inexplicable), para poder, principalmente, agasajar a sus compañeros y elementos clave dentro de la SCJN, sin conocer si esto forma parte de un mecanismo de defensa, lo cierto es que incluso han cesado a jueces federal e investigado a Magistrados, pero Avilés permanece en la impunidad, afectando a la trabajadoras, pero también filtrando datos a distintos medios para distintos fines, han denunciado.

Por otro lado, las denuncias de diversos personajes, también señalan a un Carlos Avilés que de acuerdo con el momento, manda a golpear en medios informativos a Ministros y/o Consejeros de la Judicatura. En tanto, también se ha sabido que siendo un contrario al Ministro Arturo Zaldivar, ha iniciado ataques en su contra, así como en contra de Margarita Luna Ramos, Eduardo Medina Mora, Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la Ministra Norma Piña.

Preciso es mencionar que por órdenes expresas del ex presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, hasta hace ocho años los recortes de prensa deberían incluir todas las alusiones a los Ministros. Pero Juan Nepomuceno Silva Meza decidió ceñir la síntesis sólo a lo bueno y exclusivamente de medios considerados para él de primer nivel, un trabajo que le resulta bastante fácil a Avilés quien como se ha mencionado tiene el control de Comunicación Social.

Un eje más de poder para Avilés son las redes sociales, ya que siendo quien se encarga de este rubro, se ha visto un gran crecimiento de la páginas, pudiendo evidenciar, de acuerdo con lo que se menciona, una gran inversión monetaria en cuanto a pautas, cifras que hasta el momento son desconocidas, pero que no por ello se logran matizar.

Es así como desde la comunicación social, la transparencia y el manejo de redes sociales, Carlos Avilés ha obtenido cierto control dentro de la SCJN, lo que ha dejado en la impunidad quejas, denuncias y desacuerdos con respecto a su trabajo como funcionario. Tanto ha sabido posicionarse que al parecer o dentro de la Corte a nadie interesan los cuestionamientos que giren alrededor de su Directo de Comunicación Social.

Nuevos audios revelan apoyo de consejera jurídica de Eruviel a OHL

La consejera jurídica de Ávila, Luz María Zarza. Foto: Especial

MÉXICO, D.F., 26 de junio (apro).- El escándalo del gobierno de Eruviel Ávila con la constructora OHL México no terminan. Ahora se dieron a conocer nuevos audios que vinculan a directivos de la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL) con la consejera jurídica del mandatario, Luz María Zarza, quien habría intercedido por la empresa en el pleito legal que sostenía con Infraber.

En mayo del año pasado Infraiber, empresa dedicada al monitoreo de tráfico, presentó en los tribunales federales una demanda en contra del gobierno mexiquense y OHL México por haber sido sacada de una carretera de peaje “por razones infundadas”, aunque que el estado seguía cobrando las tarifas.

En uno de los audios, del 27 de octubre del año pasado, se escucha al entonces secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena, que intenta comunicarse con Pablo Wallentin, entonces director de relaciones institucionales de OHL pero en su lugar contesta la consejera jurídica.

–Hola, habla Luz María Zarza—contesta la consejera jurídica.

–Qué pasó doctora. ¿Cómo está? Oye dije: ‘me equivoqué de número”—contesta Apolinar Mena.

De inmediato Aguilar Zarza repone: “No sí, es éste. Nada más para saludarte porque aquí tengo secuestrados a los abogados y a nuestro amigo (Pablo Wallentín) para ver cómo va nuestro amparo que se nos va complicando, pero ya estamos otra vez agarrándolo”.

El secretario ofrece ir personalmente a donde están reunidos los abogados, el empresario y la consejera jurídica pero ésta le dice que sólo se trata de una reunión de abogados en la que se están poniendo de acuerno en cómo van a ir a ver a la magistrada y al juez.

“Nos estamos poniendo de acuerdo nada más para caerle ahí, pero en cuestión de abogados, por eso no te comentó, pero aquí estamos trabajando”, dice la consejera jurídica.

Luego comunica al empresario Wallentin con el secretario de Comunicaciones quien le dice al primero que quiere verlo cuando salga de la reunión.

“Oye, ahorita que salgas te veo ahí. Te quiero hacer algunos…” se escucha decir a Mena.

Wallentin interrumpe sólo para decir: “Perfecto. ¿Aquí te veo afuera?”

–No, no, no. Nos vemos ahí en la Casa Criolla (restaurante en Toluca)–revira el secretario, y de inmediato se despiden.

El pasado 11 de mayo, OHL México informo de la renuncia voluntaria de Pablo Wallentin como directivo de la compañía en México y apenas seis días después Apolinar Mena Vargas dejó su cargo en la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México.

Ambas renuncias coincidieron con la filtración de un audio, en el que se dieron a conocer acuerdos y favores entre funcionarios de la empresa OHL México y Mena Vargas.

El audio de Luz María Zarza con el exsecretario de Comunicaciones y Wallentin no fue el único difundido este viernes, hay un segundo audio de una llamada entre José Andrés de Oteyza, presidente del Consejo de Administración de OHL, y Gerardo Fernández, su director jurídico.

En dicha llamada Oteyza reprocha al gobierno del Estado de México por no ayudarlo a ganar el pleito legal que mantiene con Infraiber-

–¡Es que no hacen nada Gerardo!—reclama José Andrés de Oteyza.

–No, no, pero es que tampoco nos ayudan con las propias instancias judiciales del propio gobierno del estado. Ya pudieron haber ido a hablar con los jueces y con los magistrados, para decir: “oigan”—le revira Gerardo Fernández.

Molesto, Oteyza responde: “¡Nada! este cabrón no hace nada, nada, nada¡ ¡Y sigue sin darme lo del fideicomiso y continúa igualito y sigue sin hacerlo! (…) Y cada día que pasa sigue complicándose Gerardo”.

Un tercer audio del 21 de enero pasado, es sobre una conversación entre Wallentin conversar y el directivo jurídico Gerardo Fernández. El primero asegura que las notas que perjudican a la empresa se están filtrando en el Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares (SAASCAEM) de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México.

Según el exdirectivo de OHL, el responsable de la filtración de la información es Mario Suragura, adjunto de OHL.

“Oye, esas notas las filtran en el SAASCAEM y estoy seguro que es Suraguara”, dice Wallentin a su intelocutor.

Fernández le contesta que no está muy seguro de que sea Suragura porque “es muy pendejo el abogado de Serrano. Yo no sé si sea por ahí Serrano el del SAASCAEM”.

Al parecer se refieren a Roberto Serrano Herrera, director general del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), nombrado en el cargo por Mena Vargas en octubre de 2013.

Luego Wallentin le dice a Fernández que no cree que Serrano sea el responsable de las filtraciones.

“No, Serrano no, Serrano no, ya me dijo él, no, no, él no, él es muy pendejo, él no”, afirma el exdirectivo de OHL.

Sin ponerse de acuerdo sobre quien es el responsable de las filtraciones Wallentin le dice a Fernández que le consultará a Oteyza que si quiere que le hagan “un operativo” a los celulares de Suraguara.

“Yo creo que es Suraguara”, insiste Wallentin.

Agotado el tema, Fernández le dice a su interlocutor que tienen que ir al SAASCAEM, con Zarza, la consejera jurídica,” para hablar de los temas de las demandas que nos acaban de llegar del título de ahora del viaducto. Porque esa es otra”.

–¿Ya se la enseñaste a Oteyza?—pregunta Wallentin.

–No porque estaba revisando los temas—responde Fernández.

–Haz tu agenda y llévaselo también a Oteyza—ordena el exdirectivo de OHL quien recibe de Fernández un “ok”.