Hija de Lora mata a peatón

domingo 09 de mayo 2010

Celia Eloisa Lora García, hija del rockero Alex Lora, permanece en la agencia Coordinación AOB-3 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), luego de que a las 4:45 de la madrugada del viernes atropellara a Pedro Ávalos Corona.

La víctima pereció la tarde del mismo viernes en el Hospital Xoco, lugar a donde fue trasladado luego de que paramédicos lograran liberar el cuerpo prensado entre el automóvil Volvo con matrícula 748SKR, propiedad de Lora García, y la pared de un local comercial.

Según familiares y testigos, Ávalos Corona limpiaba una caseta telefónica sobre Periférico, a la altura de Televisa San Ángel, cuando fue arrollado por la hija del roquero, que manejaba a exceso de velocidad y perdió el control de la unidad; aunque la versión de la PGJDF dice que el hombre realizaba una llamada en dicha caseta.

 IBA ALCOHOLIZADA

Celia Lora García, hija del cantante Alex Lora, sí iba bajo los influjos del alcohol al momento del accidente vial sobre Periférico, que dejó como saldo una persona muerta, revelaron informes de la Procuraduría del DF.

Fuentes de la dependencia indicaron que los estudios químicos para conocer si la mujer de 26 años de edad manejaba con alcohol en la sangre, resultaron positivos, aunque no precisaron el nivel.

"Sí hay cierto nivel de alcohol en la señorita al momento del accidente, es lo que nos indicaban los resultados periciales", expresó una fuente de la Fiscalía en Álvaro Obregón, en donde se encuentra detenida la joven bajo el cargo de homicidio imprudencial.

"Aún no se ha determinado nada sobre su situación jurídica, hasta que no estén listos los estudios periciales sobre cómo ocurrieron los hechos y conocer si ella fue la responsable o hay alguna imprudencia de la víctima.

"En todo caso, si resulta la detenida con alguna responsabilidad es un homicidio culposo por hechos de tránsito y alcanzaría fianza", reveló el informante.

Personas de la PGJDF informaron que hasta la agencia se presentaron familiares de Pedro Corona Ávalos, quien resultó muerto horas después del accidente en el Hospital Xoco, para exigir que no se dejara en libertad a la conductora. "La familia se presentó, estaba muy molesta, pensaban que la joven ya había sido puesta en libertad y exigieron verla", dijo una fuente.

Detenida. La hija de los rockeros manejaba alcoholizada.

Magistrados con cuentas millonarias están bajo sospecha

Ciudad de México. A pesar de que entre 2012 y 2017 el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) detectó casos de irregularidades financieras en cuanto a los ingresos reportados por jueces y magistrados federales y que algunas investigaciones internas llegan a establecer que los impartidores de justicia han ingresado cantidades millonarias a sus cuentas, las sanciones que ese órgano del Poder Judicial ha impuesto concluyen en la gran mayoría con inhabilitaciones temporales.

Un recuento de los jueces y magistrados sancionados por irregularidades que van desde inconsistencias en su evolución patrimonial, probables conductas delictivas –como ocurrió en el caso deLos Porkys donde un juez concedió irregularmente protección de la justicia federal a un inculpado de cometer actos de pederastia–, así como situaciones de falta de profesionalismo, únicamente un caso es recordado en esos niveles como una situación que se llevó al ámbito penal, el del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, quien otorgó la libertad a Iván Archivaldo Guzmán Loera, hijo de El Chapo Guzmán, y se le imputó haber realizado transacciones financieras por más de tres millones de pesos que no correspondían con sus ingresos.

De acuerdo con el Listado de Servidores Públicos con Sanciones Administrativas Definitivas del CJF, en el periodo de 2012 a 2017 un total de mil 204 casos fueron sancionados con amonestaciones, inhabilitaciones o destituciones de los cargos; de estos, el número de jueces y magistrados que recibieron algún castigo se reporta en 122 casos.

Fuentes del CJF señalaron que dentro de este organismo, aunque esté encabezado por el presidente del Poder Judicial de la Federación, que es también el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante las deliberaciones de pleno no se toman decisiones de manera unilateral.

En todo momento se sancionó a quien se tenía elementos para hacerlo. No sé buscó ocultar ninguna conducta indebida sólo cambiando a alguien de juzgado o tribunal, y en todo ese lapso la decisión de sancionar o no fue una decisión colegiada y por tanto no hay forma de que sean discrecionales; es decir, las sanciones son acordadas por el presidente del CJF y los consejeros.

En ese contexto, explicaron los entrevistados, “los movimientos de jueces y magistrados se realizan por necesidades del servicio y son aprobados por el pleno.

Cuando se tiene dudas de la actuación de alguien, pero no se tiene ningún elemento probatorio, efectivamente se acuerda en el pleno cambiarlo en lo que se le investiga con sigilo, y esto se realiza así por precaución y prudencia, a fin de que no se vulnere la presunción de inocencia.

Sin embargo, tan sólo en 2012 los registros de la Judicatura refieren que un total de 179 servidores públicos relacionados con acciones de impartición de justicia, como lo es desde los secretarios y actuarios que tienen relación con notificaciones o integración de los expedientes, así como jueces y magistrados que dictan las resoluciones, tuvieron irregularidades en sus reportes de ingresos, sin que se llevara sus casos a instancias de tipo penal para conocer el origen de los recursos que presuntamente obtuvieron y que son excesivos a sus salarios e ingresos reportados oficialmente.

Suprema Corte de México ordena suspender acción penal o indagatorias contra Peña Nieto

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de México frena de manera indefinida cualquier investigación o acción legal que pretenda ejercer el Gobierno del estado de Chihuahua contra el presidente y su gabinete.

RT

Un miembro de la Suprema Corte de Justicia de México ha frenado de forma indefinida cualquier investigación o acción legal que pretenda ejercer el Gobierno del estado de Chihuahua, al norte del país, contra el presidente Enrique Peña Nieto durante su encargo o al término de él, así como de su gabinete, informa el diario Milenio.

El pasado 11 de octubre, la Consejería Jurídica de la Presidencia de México presentó ante la Suprema Corte una controversia constitucional para reclamar posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales contra funcionarios federales, incluido Peña Nieto.

Se trató de la primera vez que el Ejecutivo federal presentó una demanda de este tipo.

La controversia fue presentada por la Presidencia de México ante las advertencias de Javier Corral, gobernador de Chihuahua, de que llevará Peña Nieto a la cárcel una vez que termine su mandato.

El pasado 18 de octubre Corral calificó la controversia presentada por la Presidencia de México de recurso cuestionable en términos de su juridicidad. "También hay un hecho político indiscutible: el presidente de la República está preocupado por las investigaciones de Chihuahua y esa preocupación puede, ahí sí, ser contextualizada en un dicho muy antiguo, pero con una aplicación novedosa: si algo teme, es porque algo debe", manifestó.

Entonces Corral subrayó que el estado de Chihuahua tiene investigaciones en curso, como la de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del PRI, partido que llevó a Peña Nieto a la presidencia de México, acusado de desvíos millonarios que, presumiblemente, fueron usados para financiar campañas electorales del partido.

"Es una investigación que sí, evidentemente, toca la responsabilidad del Gobierno federal porque se trata de un desvío que es parte de una operación multimillonaria de desvío de recursos públicos, en donde actuó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en varias entidades federativas del país", apuntó Corral, que aún no se ha manifestado ante la decisión del ministro.

Odebrecht, Calderón, Peña, Lozoya y demás

 PABLO GÓMEZ

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La empresa Odebrecht, de origen brasileño, ha sido señalada como creadora de un sistema de sobornos de alcance internacional. Numerosos gobiernos fueron “seducidos” mediante grandes sumas de dinero ofrecidas como recompensas a cambio de contratos para la realización de obras públicas a cargo de la trasnacional brasileña.

El primer procurador que se lanzó contra esa empresa ha sido el estadunidense, luego de lo cual otros países siguieron ese mismo rumbo, precisamente contra altos funcionarios, incluso expresidentes. En Brasil, el caso es de amplios vuelos.

En México, todo parecía apacible no obstante que nuestro flamante procurador había viajado a Brasil para recabar los datos necesarios para poner en claro los contratos de Pemex con Odebrecht.

Sin embargo, la PGR ocultó todo lo que pudo saber al respecto y declaró que seguía investigando el asunto. Por su lado, Odebrecht se dio el lujo de responder a López Obrador, quien se había atrevido a señalar a esa empresa como repartidora de mordidas, mediante el argumento de que es imposible que en México esa compañía pudiera organizar un sistema de sobornos.

Ahora, después de los testimonios rendidos en Brasil, los mismos directivos de Odebrecht en el país declaran que están listos a colaborar. ¿Para esclarecer lo imposible?

Marcelo Odebrecht, socio mayor y presidente de la empresa que lleva su propio apellido, logró una entrevista con Enrique Peña Nieto en octubre de 2013, cuyo contenido, naturalmente, está en la más completa oscuridad, pero que hubo de tener algún propósito concreto.

La trasnacional brasileña ha firmado en México contratos por mil 400 millones de dólares. Los directivos de Odebrecht que han declarado ante la justicia en Brasil dicen que entregaron a Emilio Lozoya, en total, 10 millones de dólares, con lo cual se estarían refiriendo a un miserable 1% de soborno, cuando en México la tasa de referencia de las mordidas es de 10%, el llamado diezmo.

Esta situación abre un enorme campo a las hipótesis: podrían los 10 millones entregados presuntamente a Lozoya estar relacionados sólo con algunos contratos o sólo serían para el director de Pemex, mientras otras cantidades mayores hubieran sido entregadas a diversos miembros del gobierno, antes y después de diciembre de 2012, es decir, algo le hubiera tocado a Felipe Calderón.

También podría ser que los declarantes brasileños no hubieran sabido de la suma total de sobornos en México, sino sólo de una parte menor, aquella que les consta directamente.

Marcelo Odebrecht fue sometido a juicio en Estados Unidos en 2015, luego de lo cual, todas las operaciones de su empresa en el continente tuvieron que ser analizadas como posibles partes integrantes de una forma de actuar basada en el soborno. Eso ocurrió en muchos países, excepto, como siempre, en México.

Ayer, en la llamada cumbre de fiscales de América Latina (11 países), Raúl Cervantes Andrade, procurador General de la República, dijo cualquier cantidad de frases enredadas o sin sentido para agradecer las informaciones provenientes del exterior, especialmente de Brasil, sobre el comportamiento de Odebrecht, pero se pudo observar que carece de un caso conformado.

En ese momento, Emilio Lozoya estaba rindiendo su declaración ante el Ministerio Público, pero, como dijo su abogado, el muy conocido Javier Coello Trejo, él nomás iba a eludir todo lo relacionado con las cuestiones que pudieran inculparlo.

Pues claro, Lozoya no va a confesar, como no lo hacen quienes reciben mordidas. El problema es que la PGR no tiene nada porque sencillamente no ha investigado nada.

Como los sobornos pudieron haber empezado, según los inculpados en Brasil, antes del 1 de diciembre de 2012, el asunto pudiera tener alguna conexión con los gastos de la campaña priista, lo cual sería conveniente investigar con la ayuda del entonces, como ahora, operador de Peña Nieto, el actual secretario de Relaciones Exteriores, el señor Luis Videgaray, organizador, en ese mismo lado, de las ilegales tarjetas de pago en la campaña electoral de 2012.

Si así fuera, las mordidas de Odebrecht hubieran tenido que ser lavadas y qué mejor que pagando con tarjetas.

Emilio Lozoya salió de la PGR tan campante como entró. Él ya lo sabía. En su calidad de inculpado, no tiene obligación de responder las preguntas del Ministerio Público. Así que, si quieren acusarlo, que le demuestren algo, pero como no se trata de eso, la PGR está en situación de completo extravío mental, como casi siempre en asuntos relacionados con la corrupción y algunos otros más.

En Estados Unidos, Brasil, Perú y otros países ya están abiertos los procesos penales sobre sobornos de Odebrecht, excepto en México.

La solicitud de legisladores para que se den a conocer las auditorías en Pemex no está mal, pero las mordidas no se anotan en los libros de contabilidad. Es dinero que se cuela. La declaración del defensor de Lozoya (antes agresivo persecutor por consigna), en el sentido de que no hay depósitos bancarios sobre ese dinero, claro que debe tener sus bases porque las cosas se hacen con cuidado.

Los corruptos son eso, no son estúpidos. No hay dinero a la vista, lo cual no demuestra que no lo haya en absoluto. Para investigar existe el Ministerio Público, pero en México ése no fue creado para tal efecto. Triste realidad.

Exige justicia por asesinato de su hija y le matan a otros 2 vástagos

Un crimen lo quieren hacer pasar como suicidio y los otros como ajustes de cuentas, afirma

Padres de víctimas de feminicidios en el valle de México definen estrategias de protección

María Magdalena Velarde (con la pancarta) exigió ayer esclarecer los asesinatos de su hija y dos de sus hijos en Cuatitlán Izcalli, durante un foro organizado por la asamblea #NosQueremosVivasNeza, en instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico 1 de NezahualcóyotlFoto René Ramón Alvarado

René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada
Domingo 9 de julio de 2017, p. 23

Nezahualcóyotl, Méx.

A María Magdalena Velarde le costó caro exigir justicia por la muerte de su hija Fernanda. Aún no hay quien aclare ese feminicidio y ya le asesinaron a otros dos hijos. El crimen de su hija perpetrado en 2014 lo quieren hacer pasar como suicidio; y el doble homicidio cometido en mayo pasado –refiere–, se trató de una venganza y lo hacen pasar como un ajuste de cuentas del crimen organizado.

Este sábado se trasladó de Cuautitlán Izcalli a esta localidad parar asistir al foro contra el feminicidio organizado por la asamblea #NosQueremosVivas Neza, en el que participaron Irinea Lima Buendía y José Luis Rubio, entre otros padres de mujeres víctimas de la violencia de género en el valle de México.

Estudiantes, padres, profesores y representantes de organizaciones sociales; escucharon las historias de quienes no se les ha hecho justicia y fueron testigos del llamado a dejar de lado la indolencia e impedir que los ataques contra las mujeres se hagan costumbre.

María Magdalena se sentó entre los asistentes, escuchó las historias y sacó una cartulina con la foto de su hija y la consigna: No fue suicidio, fue feminicidio, justicia para Fernanda Sánchez Velarde, quien tenía 18 años cuando murió.

Ahora ultimaron a otros dos de sus hijos, de 24 y 26 años, quienes fueron levantados al salir de una fiesta, y tras ser torturados sus cuerpos fueron arrojados en las inmediaciones donde ella tenía su antiguo domicilio.

Fue una venganza o que las autoridades me aclaren; lo quieren manejar como ajuste de cuentas. Fue venganza, mis hijos eran personas trabajadoras y honestas, lamentó entre llanto María Magdalena.

Irinea Buendía rememoró el caso de su hija Mariana Lima Buendía, una estudiante de derecho, quien al hacer su servicio social en el Ministerio Público de Chimalhuacán, se enamoró de un policía judicial, con quien se casó y la asesinó en 2010.

Las autoridades determinaron que se trató de un suicidio, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico que permitió la detención del agresor el 23 de junio de 2016. Ahora está bajo proceso penal por homicidio con perspectiva de género.

Con la sentencia de la SCJN, ahora las procuradurías del país deben investigar cualquier muerte violenta no sólo como homicidio, sino como feminicidio. Esto es un parteaguas en América Latina, por la defensa de las mujeres, para que investiguen los asesinatos con perspectiva de género, dijo.

Manuel Amador, quien preside la Red de Denuncia Feminicidios, dijo que los más de cien feminicidios en la entidad son reflejo de un Estado omiso, donde no hay procuración e impartición de justicia, a lo que se suma la cultura machista y son las causas del por qué aumentaron los feminicidios.

Consideró que una alternativa de solución es que los profesores lleven el problema a las aulas para explicarle a los jóvenes qué factores detonan los feminicidios y por qué continúan.

La asamblea #NosqueremosVivasNeza surgió hace unas semanas luego del feminicidio de la niña Valeria, quien fue hallada sin vida dentro una camioneta de la ruta 40, con signos de violencia física y sexual. Por tal motivo, realizaron el foro en el Centro de Bachillerato Tecnológico 1 de Nezahualcóyotl.

Lupita Alvarado sentenció: Estamos aquí para reconocernos y construirnos entre todas y todos, hay mucho hartazgo por tanta injusticia, corrupción, manipulación, asesinatos, desapariciones, mentiras, maltrato, indiferencia y cosificación de las mujeres.

En territorio mexiquense somos vulnerables de ser atacadas y violentadas por delincuentes locales, el crimen organizado y los hampones de cuello blanco, esas personas que ocupan cargos públicos, acusó.

Informó que según el Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio durante 2016 se cometieron 263 feminicidios en el estado de México, y en los primeros meses del año van 112.

La asamblea definió estrategias para promover la protección de las mujeres. Leticia Ramos Ortiz maestra en ciencias de la educación y profesora del plantel sede del foro, consideró que más escuelas deberían sumarse a la lucha.

La ASF exhibe ineptitud de la PGR: en 2016 sólo sentenció 3 de cada 100 casos por delito financiero

La Auditoría Superior de la Federación exhibe de nueva cuenta que la persecución de los delitos financieros en el país es casi nula. En su revisión de la Cuenta Pública 2016, plantea que la PGR logró que se sentenciara tres de cada 100 averiguaciones por este ilícito, y además devolvió 57 de cada 100 casos a los jueces.

El órgano fiscalizador federal recuerda que la estimación oficial es que en México se lavan alrededor de 10 mil millones de dólares al año, lo que representa el 3.6 por ciento del PIB del país.

La falta del ataque al dinero criminal ha sido criticada en reiteradas ocasiones por expertos que sostienen que golpear las finanzas de estos grupos los debilita. En marzo pasado, el mismo Departamento de Estado de EU criticó la falta de castigo en este tipo de delitos: “La relativa falta de condenas en casos de lavado de dinero es constante con el problema general de impunidad en México”, sostiene el Reporte de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos.

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).– Mientras que la violencia atribuida al crimen organizado va en aumento, la investigación de los delitos financieros que cometen estas agrupaciones criminales, como el lavado de dinero, va en descenso.

Así lo establece el más reciente análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Procuraduría General de la República (PGR), cuyas áreas especializadas en delitos financieros inician y consignan cada vez menos casos por este tipo de ilícitos y, también, reciben menos sentencias.

“En 2016, la Procuraduría General de la República no avanzó en el fortalecimiento de la persecución de los delitos de carácter financiero, ya que mientras en 2013, de cada 100 averiguaciones previas consignadas ante los órganos jurisdiccionales se sentenciaban 22, para 2016 esta cifra fue de tres casos”, dice la auditoría 106-GB, difundida en días pasados.

“Aunado a ello, las devueltas por el juez se incrementaron de 17 en 2013 a 57 en 2016 por cada 100 casos, por lo que, de mantenerse este comportamiento, no se estaría en posibilidades de que la acción realizada por el Ministerio Público de la Federación contribuya en reducir la impunidad de los delitos financieros y, con ello, en mejorar las condiciones de seguridad pública, evitando que sea vulnerado el sistema financiero mexicano, en favor de la población en general”, agrega la revisión.

La ASF recuerda que la estimación oficial es que en México se lavan alrededor de 10 mil millones de dólares al año, lo que representa el 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto del país.

También, que la economía mexicana es vulnerable a este ilícitos producto del tráfico y producción de narcóticos y dada la vecindad con Estados Unidos, que es el mayor mercado de drogas del mundo.

“La sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades, así como por un ambiente de inseguridad y violencia. El Estado y la sociedad enfrentan una situación crítica por el embate del crimen organizado, que es un fenómeno complejo, compuesto por un entramado de intereses y complicidades que trasciende fronteras”, menciona el documento.

Raúl Cervantes Andrade es Procurador General de la República desde octubre de 2016. Foto: Cuartoscuro

Ante esta situación, agrega, el Gobierno federal definió mecanismos de investigación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la PGR, así como del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), al cual se asignó la función de generar información de inteligencia para sistematizar datos relaciones con el crimen organizado.

El trabajo del Cenapi, sin embargo, es cada vez de menor relevancia para la investigación de este tipo de ilícitos, debido a que, como encontró la ASF, sus productos no se vinculan con resultados concretos.

En ese sentido, la estadística documenta que, de los 519 productos de información generados por el Cenapi, sólo un 21 por ciento sirvió para la definición de estrategias destinadas a desarticular bandas del crimen organizado, mientras que la mayor parte, o un 78.8 por ciento (409) de estos productos, carecieron de utilidad probada.

“Se observó que mientras que. en 2016, de los 519 productos elaborados, 21.2 por ciento (110) contuvo ese tipo de información, durante 2013, de los 325 análisis generados el 98.2 por ciento (319) incluyó conclusiones que proporcionaban información estratégica para la toma de decisiones, lo que representó una reducción en la información de inteligencia que proporciona insumos que favorecen la definición de estrategias de contención y desarticulación de organizaciones y blancos vinculados a la delincuencia organizada”, advierte la ASF.

La PGR durante el 2016 sufrió un cambió de titular. En agosto de ese año, Arely Gomez González dejó la dependencia que ocupó desde marzo de 2015 y fue sustituida por Raúl Cervantes Andrade, quien actualmente sigue en el puesto.

Otros datos presentados en la revisión muestran que, en total, la PGR inició en 2016 dos mil 26 averiguaciones previas o carpetas de investigación por delitos en materia financiera, de los cuales sólo 98, o un 4.8 por ciento, fueron consignadas ante el Poder Judicial.

“Por lo que respecta a las sentencias otorgadas por los órganos jurisdiccionales, como resultado de los juicios seguidos por delitos en materia financiera, de las 98 averiguaciones previas consignadas, el 3.1 por ciento (tres) fue sentenciado, el 36.7 por ciento (36) se registró como pendiente de sentencia; el 2.0 por ciento (2) se encontró en proceso de impugnación; y el 58.2 por ciento (57) fue devuelto por el juez, sin que se acreditara que no se debió a problemas en su integración”, dice la ASF.

“En opinión de la ASF, la investigación y persecución de los delitos en materia financiera fueron insuficientes para reducir la impunidad de esos delitos (…) aspecto que denota que la PGR debe analizar las causas por las que el índice de averiguaciones devueltas por el Juez superó la mitad de las consignadas, ya que de incrementarse el número o confirmar que se debe a deficiencias en su integración, la PGR no contribuirá a resolver el problema de la impunidad de éstos delitos y, por tanto, la vulnerabilidad del sistema financiero”, agrega.

La violencia en México alcanzó el mes de mayo pasado un récord en el número de homicidios dolosos: 2 mil 186 carpetas de investigación se abrieron por este delito, una cifra superior a los momentos más cruentos de la “guerra contra el narcotráfico” en la época de Felipe Calderón Hinojosa y que no había visto en los 20 años que la Secretaría de Gobernación tiene registro.

Lo mismo sucedió con el cúmulo de los primeros cinco meses del año. Entre enero y mayo se han reportado 9 mil 916 averiguaciones por asesinato intencional, cifra que superó la tasa más alta hasta el momento de este periodo, registrada en el 2011, con 9 mil 466 averiguaciones.

Se cometieron 70 mil homicidios dolosos en el país en 3.5 años

En 2014 Tamaulipas encabezó lista con mayores homicidios

De 70 mil muertes dolosas en el país, sólo se investigan 415 casos

Gustavo Castillo

 

Periódico La Jornada
Domingo 2 de julio de 2017, p. 4

En el país se han registrado 70 mil 122 homicidios dolosos entre 2014 y los primeros cinco meses de este año; sin embargo, en ese periodo el Ministerio Público Federal únicamente ha tomado bajo su esfera de investigación 415, de acuerdo con reportes de la Procuraduría General de la República (PGR) y estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los registros nacionales de víctimas de homicidio doloso refieren que se cometieron 17 mil 324 en 2014, en 2015 fueron 18 mil 673 y 22 mil 967 el año pasado.
En los primeros cinco meses de 2017 el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación contabilizó, con base en los registros enviados por cada procuraduría o fiscalía de justicia, un total de 70 mil 122 homicidios dolosos.
En tanto, la PGR dio a conocer en respuesta a una solicitud de información pública que durante 2014 inició un total de 200 averiguaciones previas por homicidio, de las cuales el menor número se registró en Baja California, Chiapas, Durango e Hidalgo y la mayoría de casos se cometieron en Jalisco, con 12; Michoacán, 11; Tamaulipas, 79. Las áreas centrales de la PGR iniciaron 24 indagatorias.

En 2015 el Ministerio Público Federal reportó 112 averiguaciones previas; 29 se abrieron en el sector central de la PGR, 37 en Tamaulipas, 10 en Michoacán, y el resto en la Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, México, Veracruz, Nuevo León y Durango.
En 2016, la PGR solamente tomó la responsabilidad de 48 casos, de los cuales 11 se cometieron en Tamaulipas, cuatro en Guerrero, tres en la Ciudad de México, dos en Nuevo León, uno en Michoacán y 17 se iniciaron en el área central.
En 2017, la dependencia investiga seis casos.

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AMLO revela documento que exonera a Humberto Moreira en octubre de 2012

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El 22 de octubre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto ya había sido declarado presidente electo y Felipe Calderón estaba a unos meses de dejar la Presidencia, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Electorales autorizó “en definitiva” el no ejercicio de la acción penal contra el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira; su esposa, Irma Vanessa Guerrero Martínez, y su suegro, Jaime Guerrero González, señalados de “enriquecimiento ilícito cometido en agravio de la administración pública”, del estado.

Así se señala en el documento dirigido a Rubén Martínez Casanova, agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa II, Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia.

Se trata del oficio SEIDF/0231/2012 y con el número de averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCA/FECCSPF-II/267/2012 firmado por Beatriz Juárez Andrade y Ana Laura Trujillo González, denominados en el documento como “técnicos en asistencia”, donde se certifica que no habría acción penal contra los aludidos, “dictados durante la averiguación previa constantes de cincuenta y dos fojas útiles escritas en anverso y reverso”.

El documento, de tres fojas, señala que la decisión tuvo “el visto bueno de la Maestra María Luisa Zúñiga Rojas, fiscal especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Federal de Justicia.

La indagatoria se había enviado a la Fiscalía Revisora y Dictaminadora de la propia Unidad, “en consulta de No Ejercicio de la Acción Penal. Misma que fue enviada para su revisión y análisis a la licenciada Reyna Sánchez Reyes, agente del Ministerio Público de la Federación, Auxiliar de la Ciudadana Procuradora General de la República”, que en ese momento era Maricela Morales Ibáñez, “a través del oficio 427/SPCAJ/FD/2012 del once de octubre del dos mil doce, por parte del licenciado Miguel Ángel Godínez Muñiz, encargado de la Fiscalía Revisora y Dictaminadora de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por servidores Públicos y contra la Administración de Justicia”.

El 20 de abril, desde Ciudad Acuña, Coahuila, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, informó que publicaría el oficio mediante el que fue exonerado el exgobernador de esa entidad, Humberto Moreira, por orden del expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa. Esta mañana lo dio a conocer en conferencia de prensa en Coahuila.

Documento presentado por AMLO. Foto: Especial

Documento presentado por AMLO. Foto: Especial

Documento presentado por AMLO. Foto: Especial

Duarte, un “cordero de sacrificio” para el gobierno de Peña: Financial Times

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diario inglés Financial Times, hizo una dura analogía de la situación del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, con el espectáculo de los voladores de Papantla, al señalar que al igual que el público viendo a los voladores, “los mexicanos están esperando a ver si va a estrellarse”

Duarte de Ochoa, señala el rotativo, quien llegó a ser una de las figuras más prominentes del PRI, ahora debe enfrentar los señalamientos de corrupción en su contra y de varios de sus colaboradores, entre ellos su sustituto, el gobernador interino, Flavino Ríos.

Su “caída en desgracia (…) ha sido un asunto igualmente lento pero menos amable (…). Al igual que el público viendo los voladores, los mexicanos están esperando ver si va a estrellarse”.

El texto firmado por la periodista Jude Weber destaca que Duarte era considerado uno de los más prominentes políticos dentro del PRI y que incluso el presidente Enrique Peña Nieto decía que era parte de una “nueva generación”, de “una renovación” del PRI.

De esos elogios ya no queda nada y el PRI dejó al veracruzano sin derechos partidarios, después de que la Procuraduría General de la República (PGR) iniciara una investigación en contra de él y sus allegados. Además del agujero en las cuentas estatales de 2015, por medio billón de dólares, que encontró el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Financial Times destaca que para los analistas Duarte “podría ser un cordero de sacrificio jugoso para un gobierno que insiste en su lucha por eliminar la corrupción, y sobre todo para un presidente (Enrique Peña Nieto) cuya popularidad está en disputa”.

Sin embargo, hace énfasis en que la táctica de detener a figuras intocables ya ha sido utilizada por la administración de Peña Nieto.

Recuerda por ejemplo que en febrero de 2013, el entonces procurador José Murillo Karam anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había detectado una operación de dos mil millones de pesos en cuentas bancarias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), situación que llevó a Elba Esther Gordillo, quien tenía más de 23 años al frente de ese gremio, a la cárcel.

Financial Times puso en el mismo saco al PAN, que también lidia con su presunto corrupto: el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, a quien suspendió sus derechos partidarios.

Padrés es investigado por evasión fiscal y la Fiscalía Anticorrupción de Sonora inició una investigación para conocer la procedencia de aproximadamente 450 caballos pura sangre propiedad del exgobernador.

No obstante, advierte el influyente rotativo inglés, “los gobernantes de México parecen lejos de estar listos para desprenderse de los viejos hábitos en un país donde incluso el presidente dice que la corrupción es cultural”.

Esa percepción se ha reforzado, dice el diario citando a analistas en el tema, debido a que a casi tres meses de que Virgilio Andrade Martínez renunció a la Secretaría de la Función Pública, la dependencia continúa acéfala, ni existe un candidato para fungir como nuevo fiscal anticorrupción.

“No parecen tener la misma sensación de urgencia que percibe la gente común”, dijo al diario Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano de Competitividad.

Los analistas subrayaron que pese a que la lucha contra la corrupción le costó a México en 2015 el equivalente al 9% del Producto Interno Bruto (PIB), un billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos, según cifras del Banco de México, el gobierno está más ocupado en perseguir acusaciones contra gobernadores de otras bancadas como Guillermo Padrés, que de sus propios males como Duarte.

Pastor evangélico viola a niña y “paga” delito con dos cartones de cerveza

OAXACA, Oax. (apro).- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dictó medidas cautelares para la niña de ocho años presuntamente violada por el pastor evangélico Cirilo Jerónimo Cruz, a quien la autoridad municipal de Santiago Quetzalapa, perteneciente a Sochiapan, le impuso como multa el pago de dos cartones de cerveza y lo dejó en libertad.

La Defensoría consideró que la autoridad municipal actuó de manera negligente y omisa, por lo que solicitó a la Fiscalía General del estado que implemente las medidas cautelares para salvaguardar la integridad y derechos de la víctima, y que informe si existe una averiguación previa por el caso, así como los avances de la indagatoria.

Asimismo, pidió al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia que brinde atención a la víctima por las secuelas físicas y psicológicas que sufre por el ataque, tras el cual tuvo que recibir atención médica en el hospital de Cuicatlán.

La menor narró que el pasado 12 de septiembre, cuando caminaba por un puente colgante rumbo a su casa, se encontró a Cirilo Jerónimo Cruz quien abusó de ella sexualmente.

El caso trascendió días después, cuando los padres notaron una conducta diferente en su hija y ella les confesó el hecho. De inmediato acudieron a las autoridades municipales, pero en lugar de ordenar la detención de Cirilo Jerónimo Cruz, el agente municipal le exigió que pagara dos cartones de cerveza al padre de la menor agraviada.

Santiago Quetzalapa se localiza en la región de la Cañada, a tres horas a pie desde el municipio de Sochiapan. Ahí las autoridades municipales imponen su ley, debido a que no hay Ministerio Público ni cuerpos de seguridad, razón por la cual en muchos casos nunca llega la justicia.

Lord Audi arrolló, agredió, robó y huyó, y salió libre bajo fianza

Josefina Quintero Morales

 

Periódico La Jornada
Viernes 5 de agosto de 2016, p. 31

Tras una semana prófugo, Rafael Márquez Gasperín, acusado de agredir a un ciclista, a un agente de la policía bancaria e industrial y de dañar una unidad Ecobici, se presentó de manera voluntaria ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Benito Juárez, y pese a los delitos que se le imputan, quedó en libertad bajo caución debido a que no son considerados graves y tampoco hubo flagrancia.

En su declaración ministerial aceptó las acusaciones que se le hacen y explicó que huyó por temor a su integridad física. Asimismo, expresó su voluntad de mediar el asunto para llegar a un acuerdo reparatorio, pero en caso de que alguno de los afectados no acepte, se ejercitará acción penal ante un juez de control.

Márquez Gasperín, también conocido como #LordAudi, es acusado de los delitos de daño en propiedad ajena doloso, robo simple y resistencia de particulares.

Desde hace una semana era buscado por la Procuraduría General de Justicia capitalina, luego de la denuncia que interpuso Ari Santillán, quien videograbó al conductor del automóvil Audi gris tras agredirlo. Policías de investigación acudieron a tres domicilios para hacer la entrega del citatorio, pero en ninguno fue localizado; no obstante, en uno, ubicado en la colonia Del Valle, se encontró la unidad de Ecobici que arrastró con su vehículo en su huida.

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Nochixtlán fue otra matanza (impune)

Por Pablo Gómez

Los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el19 de junio de este año, luego del rápido desbloqueo de una carretera por parte de la Policía Federal, conforman una matanza más. No tendría que haber decenas de muertos para nombrar de tal forma un acontecimiento sangriento, es suficiente la forma en que se comportó la autoridad, en especial la responsabilidad que recae sobre la misma.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha realizado uno de esos lances que le caracterizan: ordenar una investigación conociendo de sobra lo ocurrido, pues él es el jefe de la policía, quien presuntamente ordenó la operación de desalojo del bloqueo y tal vez también el ataque policial contra la posterior protesta popular.

No es creíble que el jefe de la policía se encuentre ignorante de los detalles de Nochixtlán.En realidad, hay que insistir, Osorio tenía el reporte de los acontecimientos de ese día en esa población, contaba con su cuarto de guerra y daba órdenes. Sin embargo, se busca aparentar que aun cuando el país entero pudo ver en video a un agente de policía federal disparando hacia la multitud, el único que no lo ha visto es el mismísimo jefe de los gendarmes.

El problema es aún más brusco desde el ángulo político, es decir, el de las decisiones que llevaron a la matanza en Nochixtlán. El primer paso se emprendió cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió cancelar negociaciones con la CNTE, luego de lo cual la PGR procedió a intensificar su programa de encarcelamientos de dirigentes magisteriales disidentes, detalladamente elaborado en la Secretaría de Educación Pública a cargo de Aurelio Nuño, quien al parecer sólo conversa con sus amigos y con escolares de primaria a quienes visita con harta frecuencia. Ambas acciones gubernamentales trajeron como consecuencia un incremento en los movimientos de los maestros, en especial el bloqueo de carreteras e, incluso, vías férreas. La respuesta oficial, largamente anunciada, consistió en ordenar la acción policial, tal como por el otro lado lo esperaban tanto manifestantes como la población de varios puntos críticos en Oaxaca y Chiapas.

No hay exageración al calificar esta forma de operar como algo kafkiano en referencia al libro El Proceso en el cual los enjuiciados ignoran de qué se les acusa, el procedimiento y el momento en que se les va a decretar la sentencia; aquí los responsables políticos se investigan a sí mismos y jamás se dictará nada en su contra, ni siquiera pronunciarán ellos alguna leve autocrítica. El gobierno de México supera a Kafka. Así lo vimos cuando Luis Echeverría mandó a investigar la matanza del 10 de junio de 1971 ordenada por él mismo. Claro está que nunca se inició siquiera la tal averiguación sino hasta 40 años después, luego de lo cual el Poder Judicial mexicano nos agravió de nuevo al declarar la prescripción. Cualquiera diría que nada ha cambiado aunque haya cambiado todo.

El hecho de que el diálogo se hubiera restaurado inmediatamente después de la matanza de Nochixtlán sólo indica que el gobierno no puede ocultar su responsabilidad por más investigaciones que simule realizar.Sin embargo, las negociaciones abiertas después de Nochixtlán parecen tener los mimos obstáculos que antes.

La tesis peñista de que las leyes no se negocian es de origen diazordacista. La legislación es por excelencia el terreno de la negociación política. Lo que hay que cancelar es justamente el estereotipo de la evaluación. Nunca la enseñanza ha dependido de exámenes aplicados a profesores y a estudiantes.

Por más que se hagan pruebas, la educación seguirá siendo buena, mala o regularcita. La nuestra es mala porque la escuela es autoritaria y, por tanto, los docentes y educandos no participan a plenitud en el proceso de enseñanza-aprendizaje o, bien, éste se encuentra escindido. Aurelio Nuño es el funcionario público que menos está dispuesto a tratar de entender esa realidad.

Burda complicidad del fiscal de Veracruz con Los Porkys: Ana Laura Magaloni

Bravo Contreras está ahí sobre todo porque brinda certeza a la élite de Veracruz de que para ninguno de sus miembros, salvo que el gobernador lo quiera, habrá responsabilidades penales, dice la investigadora del CIDE en el diario Reforma.

Para Ana Laura Magaloni Kerpel, “en México, el papel de cualquier procurador es principalmente político y no está asociado con la defensa de las víctimas ni con la seguridad pública de los ciudadanos. Su cargo es sobre todo ser un buen garante de la impunidad de los poderosos”.

En su artículo sabatino del diario Reforma, la profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE alude al caso de la joven Daphne, violada en Veracruz por cuatro jóvenes conocidos como Los Porkys, y señala que el fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, “congeló” la averiguación previa, pues los padres de Los Porkys son miembros de la élite política y económica del estado.

Ante ello, la semana pasada, Javier Fernández, padre de la víctima, decidió hacer pública la burda complicidad entre el fiscal y las cuatro familias de los acusados

Estos son algunos fragmentos del artículo de Magaloni, titulado “Procuración de privilegios“:

En los medios se le conoce como el caso de “los junior violadores de Veracruz”. Se trata de Jorge Cotaita, Diego Cruz Alonso, Gerardo Rodríguez y Enrique Capitaine, también conocidos como la banda de Los Porkys. La evidencia en su contra por la violación de una joven de 17 años es contundente: la declaración de ella, los testimonios de las amigas que la acompañaban cuando, saliendo de un antro, los cuatro agresores la subieron por la fuerza a un Mercedes Benz; los estudios psicológicos y ginecológicos de la víctima y los cuatro videos de cada uno de ellos admitiendo su culpabilidad y pidiendo una disculpa a la joven.

Según cuenta el padre de la víctima, Javier Fernández, él solicitó dichos videos a los padres de los agresores para que su hija pudiese constatar que éstos estaban arrepentidos. En ese momento, Fernández no estaba pensando en presentar una denuncia penal, sino en la recuperación emocional y psicológica de la menor. Sin embargo, los padres de los agresores, incómodos con el asunto, iniciaron una campaña de difamación contra Fernández y su hija. Ello motivó que, el 16 de mayo de 2015, Fernández presentara una denuncia penal en contra de los cuatro agresores. El fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, “congeló” la averiguación previa…

Duarte, como la mayoría de los gobernadores, eligió a Bravo Contreras como fiscal no por sus habilidades en la investigación de los delitos ni por su sagacidad en el litigio penal. Bravo Contreras está ahí sobre todo porque brinda certeza a la élite de Veracruz de que para ninguno de sus miembros, salvo que el gobernador lo quiera, habrá responsabilidades penales como consecuencia de sus actos, sin importar la gravedad de los mismos. Los escándalos de corrupción de la entidad están blindados por el fiscal. No habrá consecuencias penales para nadie. En México, el papel de cualquier procurador es principalmente político y no está asociado con la defensa de las víctimas ni con la seguridad pública de los ciudadanos. Su cargo es sobre todo ser un buen garante de la impunidad de los poderosos. Consignar la averiguación previa de los cuatro Porkys, por lo tanto, si bien le podría generar algún tipo de reconocimiento social, en realidad para Bravo Contreras significa no cumplir con su “verdadero” trabajo. Su futuro profesional y su patrimonio dependen centralmente de los “favores” que su cargo le permite llevar a cabo a ese club selecto de los privilegiados de Veracruz.

“Moreira: el escándalo sin fin”, artículo de Pulido

Miguel Pulido / Alegatos

Humberto Moreira ha logrado equilibrar con extraordinaria precisión en su trayectoria política el escándalo y la impunidad.

Como gobernador aprovechó los precarios contrapesos que existen en Coahuila paraendeudar criminalmente las finanzas de aquel estado. Tuvo un fugaz periodo como presidente del PRI y aunque la oposición le lanzó amenazas e improperios, las instituciones no lograron hacerle ni un rasguño legal.

El verano de 2014 tuvo más sobresaltos para Moreira. Una serie de acusaciones en Texas pusieron a temblar al exgobernador y a parte de su familia política. Hasta ahora, han visto afectadas propiedades pero han librado la cárcel. No han tenido la misma suerte el que fue su secretario de finanzas y el gobernador que lo sustituyó. Ambos, por cierto, lo incriminan.

Este enero, Moreira volvió a las primeras planas por las acusaciones en su contra en España. Estuvo preso una semana y aunque en México la percepción es que todo terminó, lo cierto es que su caso es más complejo de lo que parece.

Visité Barcelona y Madrid y conversé con abogados, con vecinos de Sant Cugat –el lujoso barrio en donde Moreira vivía- y con expertos en política local. Gracias a conversaciones informales y abiertas, noté que ponen el énfasis en aspectos que la prensa mexicana y los analistas de nuestro país no han destacado.

Es otro enfoque y aquí lo comparto:

1.- ¿Quién acusa a Moreira?

Con poco más de 20 años de historia, la Fiscalía Anticorrupción surgió en una crisis de credibilidad de la clase política española. Desde el inicio atendió casos complejos: el origen de los fondos de la Liga de Fútbol o el citatorio a Silvio Berlusconi.

Con el tiempo, la gravedad de los asuntos no ha cedido. “Estos fiscales no son como los vuestros” me dijo un profesor de derecho penal con el que conversé. “Son incluso muy superiores técnicamente a los del resto de España y de los mejores de Europa”.

No es la panacea, pero fue un buen legado de una crisis. No busque equivalentes en México, es un hecho que la fiscalía española da más resultados que la PGR, la FEPADE, la ASF y la SFP juntas.

Moreira está acostumbrado a lidiar con remedos de instituciones, pero ahora se enfrenta a una que ha ganado su prestigio a pulso, en enfrentamientos contra todo tipo de poder.

2.- El calibre de los Fiscales

Quienes acusan a Moreira tienen un récord extraordinario. José Grinda y Juan José Rosa, han participado en los casos contra el crimen organizado de origen ruso (casos Troika y Java), chino (caso Emperador) e italiano (la Camorra). Más recientemente investigan el blanqueo de capitales en Banco Madrid.

Para ubicar el calibre, son ellos los que en la llamada “operación Troika” iniciada en 2008, lograron una veintena de detenciones de los máximos responsables de la mafia rusa. El caso se resolvió en 2015 logrando desarticular a células criminales señaladas por la prensa española con conexiones con el círculo de poder de Vladimir Putin.

En otro caso, Grinda y Rosa llevan un juicio por blanqueo de capitales contra 21 personas de los clanes Nuvoletta y Polverino, satélites de la camorra napolitana. Pero en México nos entretuvimos más con un tuit de la policía española que en entender a las personas detrás de la acusación (y detención temporal) de Moreira.

Un periodista español me dijo: “Grinda y Rosa han desafiado a mafias millonarias, violentas, transnacionales y que involucran a políticos. Sus nombres pesan y gozan de alto reconocimiento… Créeme, Moreira se les fue, pero no lo van a dejar ir.”

3.- Una marea de casos contra el poder político

Las acusaciones contra Humberto Moreira se inscriben en un contexto muy particular. Veinte años después de la crisis política por corrupción de los 90, España nuevamente estalla en escándalos.

Contra Moreira no sólo opera la capacidad técnica de los fiscales y la tradición de la institución que lo acusa. También un ambiente social que sube la presión. Le pregunté a un analista político si con tantos casos locales, con personajes de la relevancia de Rodrigo Rato (un exvicepresidente) o Francisco Granados (expresidente de la Comunidad de Madrid) no era lo más lógico que el de Moreira de plano perdiera todo interés.

“Qué va, el emplazamiento en España es de intolerancia radical contra la corrupción de nuestros políticos… mucho menos vamos convertirnos en un paraíso de descanso de los corruptos de otro país”

4.- Una preocupación que crece y crece

Hay otro elemento de contexto: el incremento de acusaciones contra mexicanos en España por el delito criminalidad organizada. La preocupación de las autoridades españolas por la operación del crimen organizado mexicano ha incrementado en la última década.

España es el país que más mexicanos ha encarcelado por tráfico de drogas o delitos contra la salud en los últimos diez años: casi 70 al año en promedio. Entre 2005 y 2011, el número de mexicanos presos en España pasó de cinco a 300. Actualmente se reconocen entre 65 y 70 mexicanos en prisión (sin contar a Moreira).

La Policía Nacional Española ha reconocido el intercambio de información con el FBI y múltiples operaciones conjuntas que han frustrado la acción de cárteles mexicanos, incluidos lavadores de dinero.

De hecho, el debate ha llegado hasta al Poder Legislativo. En una comparecencia ante la Audiencia Nacional José Ramón Noreña, fiscal Especial Antidrogas, reconoció que el panorama general es preocupante, pero que las fuerzas de seguridad están trabajando para evitar que la invasión de los carteles mexicanos suceda.

5.- Cooperación España-Estados Unidos ¿exclusión de México?

Algunos escapan de la prisión por huecos en las regaderas y largos túneles. Humberto Moreira salió por una rendija técnica.

En principio parece no haber duda de que Moreira está involucrado en conductas ilícitas o criminales. Pedraz, el juez que lo liberó, escuchó directamente a testigos de un caso en Estados Unidos (viajó a San Antonio, Texas) y sabe que los fiscales usaron información generada por las autoridades de Estados Unidos.

Pero su planteamiento es que en España no pueden determinar lo que es delito en México. ¿Y si México no es capaz de castigar delitos? El New York Times señaló en su nota sobre el arresto de Moreira: “España acusa de corrupción a un exgobernador de México con evidencias que su país no halló”

Pero el asunto luce más grave. ¿Qué lectura podemos dar al hecho de que el caso Moreira surja de la cooperación entre autoridades de Estados Unidos y España, pero no las mexicanas? Como me dijo el director de una ONG anticorrupción que entrevisté: con tanta incompetencia, infiltración y complicidad dentro del gobierno mexicano me parece que lo comprensible es no querer colaborar con él.

Es por eso que hay fragmentos de México que terminan por suceder en el extranjero y que la historia de Moreira es un escándalo, que parece no tener fin.