Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de México frena de manera indefinida cualquier investigación o acción legal que pretenda ejercer el Gobierno del estado de Chihuahua contra el presidente y su gabinete.
RT
Un miembro de la Suprema Corte de Justicia de México ha frenado de forma indefinida cualquier investigación o acción legal que pretenda ejercer el Gobierno del estado de Chihuahua, al norte del país, contra el presidente Enrique Peña Nieto durante su encargo o al término de él, así como de su gabinete, informa el diario Milenio.
El pasado 11 de octubre, la Consejería Jurídica de la Presidencia de México presentó ante la Suprema Corte una controversia constitucional para reclamar posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales contra funcionarios federales, incluido Peña Nieto.
Se trató de la primera vez que el Ejecutivo federal presentó una demanda de este tipo.
La controversia fue presentada por la Presidencia de México ante las advertencias de Javier Corral, gobernador de Chihuahua, de que llevará Peña Nieto a la cárcel una vez que termine su mandato.
El pasado 18 de octubre Corral calificó la controversia presentada por la Presidencia de México de recurso cuestionable en términos de su juridicidad. "También hay un hecho político indiscutible: el presidente de la República está preocupado por las investigaciones de Chihuahua y esa preocupación puede, ahí sí, ser contextualizada en un dicho muy antiguo, pero con una aplicación novedosa: si algo teme, es porque algo debe", manifestó.
Entonces Corral subrayó que el estado de Chihuahua tiene investigaciones en curso, como la de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del PRI, partido que llevó a Peña Nieto a la presidencia de México, acusado de desvíos millonarios que, presumiblemente, fueron usados para financiar campañas electorales del partido.
"Es una investigación que sí, evidentemente, toca la responsabilidad del Gobierno federal porque se trata de un desvío que es parte de una operación multimillonaria de desvío de recursos públicos, en donde actuó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en varias entidades federativas del país", apuntó Corral, que aún no se ha manifestado ante la decisión del ministro.
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