Luis Hernández Navarro
Las comunidades indígenas oaxaqueñas están en alerta. Respaldan a Nochixtlán. Viven como propia la masacre del 19 de junio. Se saben agredidas por el Estado. Sus topiles están sobre aviso. La matanza fue un agravio para todas, pero especialmente para el pueblo mixteco.
Lejos de las grandes ciudades, triquis, zapotecos, mixes, mazatecos y chatinos han marchado por caminos serranos para expresar su dolor y solidaridad con sus hermanos de Nochixtlán. También, para exigir como demanda propia la abrogación de la reforma educativa. Los cerros pelones son testigos mudos de su rabia. No se trata de ser vistos por nadie salvo por sí mismos.
La protesta india ha dibujado un nuevo mapa de la insumisión. Las periferias oaxaqueñas cercan ahora al centro. El 23 de junio se movilizaron de Tamazulapam a Ayutla Mixe, en San Francisco Cajonos, y de Guelatao a Ixtlán. En otras fechas lo hicieron en Teojomulco, Juxtlahuaca, Tlaxiaco, Huajuapan, Huautla y varias regiones más.
En todo el territorio oaxaqueño autoridades municipales, comunitarias y agrarias celebran asambleas informativas. El ultimátum de la Secretaría de Gobernación disparó esta fiebre asociativa. En multitud de ellas condenan la agresión y apoyan a sus maestros. Disponen cerrar las pocas escuelas que siguen abiertas y reconvenir a los profesores que no se han sumado al movimiento. Estampan sus firmas y sus sellos en las actas para dejar constancia de sus acuerdos.
Las muchas inconformidades de la sociedad oaxaqueña han encontrado en el paro magisterial un punto de confluencia y encuentro. Oaxaca es un hervidero de problemas sin solución. También de resistencias. El gobierno de la alternancia de Gabino Cué resultó un fiasco. Las comunidades no se dejan de los embates de proyectos mineros depredadores y negocios energéticos en los que los beneficios no son para ellos.
La curva de deterioro de la calidad de vida se ha acentuado dramáticamente en los últimos años. Mucho antes de los bloqueos escaseaba el circulante. Unas 480 mujeres han sido asesinadas con lujo de violencia. En tres años murieron 4 mil 500 enfermos que padecían insuficiencia renal por carencia de equipos de diálisis.
La profunda imbricación entre maestros y comunidades no está mediada por el archipiélago de organizaciones sociales asentadas en el territorio oaxaqueño. Esas asociaciones, frentes, coaliciones, uniones y grupos no son la correa de transmisión entre la sociedad y los maestros. Desempeñan un papel importante en la construcción de un bloque magisterial-popular, pero la bisagra central que la articula es otra: la relación directa de los maestros con los padres de familia y con las autoridades comunitarias.
Por eso, ceremoniosos, los más de 40 alcaldes y autoridades agrarias mixtecas reunidos en Nochixtlán el pasado 2 de julio advirtieron: este movimiento ya no es magisterial, es popular. Y es que, como sucede en Chiapas, es el torrente comunitario y popular el que, cada vez con más frecuencia, arrastra a los maestros. No en balde esas autoridades firmaron la demanda de destitución de Aurelio Nuño como secretario de Educación sobre un cartel con la imagen de una mano izquierda empuñando un lápiz y la leyenda: Por la defensa de la educación.
Sí, esas comunidades defienden la educación pública. La demanda no es una imposición de los profesores. A lo mejor es difícil entenderlo desde una oficina inteligente de la metrópoli, pero esa es una de las muy pocas vías de ascenso social que les quedan. Y la saben amenazada por una reforma educativa que persigue y castiga a sus profesores.
Las comunidades aprecian a sus maestros cuando les hablan en su lengua, les enseñan a sus hijos a rendir honores a la bandera, les ayudan con la redacción de engorrosos oficios, organizan las ligas de basquetbol y siembran en sus niños la semilla de que hay un futuro mejor para quienes se instruyen. Quieren a sus profesores cuando cooperan con las fiestas del pueblo.
No todo el movimiento magisterial a escala nacional ha tomado la forma que ha adoptado en Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Michoacán. En otras entidades ha adquirido formas de ser distintas. Sin embargo, todas coinciden en la exigencia de abrogar la reforma educativa. Los sectores más consolidados rechazan la parte sustantiva de ésta: la evaluación punitiva, con consecuencias, como gustan decir los empresarios, que elimina la estabilidad en el empleo y sume a los maestros en la precariedad laboral y la desprofesionalización.
Otros rechazan aspectos particulares de la reforma, que no son su núcleo duro, pero que los afectan, como el fin de la carrera magisterial, la condena a muerte del normalismo, o la cancelación de mecanismos mixtos (autoridad y sindicato) para asignar los cambios de escuela.
La nueva norma enterró el programa de carrera magisterial, el más importante mecanismo de promoción laboral para los maestros de educación básica durante los últimos 20 años. Por esa vía podían incrementar su salario muy por arriba de su ingreso base. Sin embargo, esto se acabó. Con la nueva legislación, el monto que corresponde a carrera magisterial se desagregó del salario base de los profesores, afectando muy probablemente su jubilación, prima vacacional y aguinaldo. Peor aún, en casos como el de los maestros estatales de Nuevo León, el reciente aumento salarial de 3.5 por ciento se le otorgó solamente al salario tabular.
Irónicamente, el descontento con la reforma educativa llega incluso a los profesores que se evaluaron y obtuvieron buenos resultados. Muchos se sienten timados por las autoridades educativas, porque les condicionaron la entrega de nombramientos de las horas adicionales a la que se hicieron merecedores en la evaluación, a la renuncia a sus plazas anteriores y a derechos previos.
Pero, más allá de la genuina defensa de sus intereses laborales, los maestros mexicanos se están movilizando también para protestar por la masacre de Nochixtlán. Para ellos, la agresión policiaca contra esa comunidad oaxaqueña es hoy el símbolo de una reforma que se quiere imponer a sangre y fuego. Y que han decidido no dejar pasar.
