Jenaro Villamil
El domingo 13 de febrero de 2011, el presidente de MVS, Joaquín Vargas se reunió con Javier Lozano, Secretario de Trabajo calderonista, y lo amenazó: “hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5 Ghz, tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista (Carmen Aristegui), a tu proyecto se lo lleva la chingada y te olvidas de este gobierno hasta su último día”.
Como esta revelación, muchas otras expuso el empresario, quien encabeza el cuarto grupo de telecomunicaciones en el país, para argumentar que la reciente decisión el gobierno de Felipe Calderón para “rescatar” las concesiones que posee MVS en la banda 2.5 Ghz, ideales para el servicio de banda ancha, constituyeron un “engaño” y resultado de las presiones de Televisa y de la animadversión presidencial hacia la línea editorial de los informativos de este grupo.
“El rescate de las frecuencias de MVS combina dos hechos abominables”, advirtió Vargas en una extensa conferencia de prensa. “Por un lado, la actuación sesgada de funcionarios públicos –da igual si fueron movidos por la ambición, el miedo o la complacencia negligente-, que han favorecido ilegítimamente los intereses de Televisa, ya sea para aumentar sus activos o para combatir a sus competidores; y, por el otro, la revancha ejecutada desde el gobierno, por quienes matando dos pájaros de un tiro, obsequiaron la petición de Televisa para que MVS saliera del mercado que la televisora pretende avasallar y al mismo tiempo sancionar a quien decidió no doblegarse ante la arbitrariedad de quienes intentaron acallar una voz tan crítica como incómoda”, reflexionó Joaquín Vargas.
El empresario comenzó relatando que apenas unos días antes de que se tomara la decisión de anunciar el “rescate” de la banda 2.5 Ghz (donde MVS posee 190 Mhz, una buena parte de ellos en litigio por la ausencia de refrendos), tanto el subsecretario de Comunicaciones Olavarría, como el titular de la dependencia, Dionisio Pérez Jácome habían avanzado en una negociación donde aceptaban la propuesta de cederle al gobierno 70 Mhz si se refrendaban los 120 Mhz restantes por 15 años, con una contraprestación económica.
Incluso, hubo otra negociación encabezada por la coordinadora de Comunicación Social de los Pinos, Alejandra Sota. Vargas relató que el domingo 3 de junio, la funcionaria “nos hizo saber a través de nuestros abogados que la resolución favorable de la concentración de Televisa en Iusacell, ofrecía a MVS una ventana de oportunidad para destrabar nuestro proyecto de la 2.5, siempre y cuando MVS accediera a no impugnar ni jurídica ni mediáticamente la resolución del gobierno”.
En otras palabras, los principales funcionarios de la SCT y de Los Pinos cabildearon a favor de los intereses de Televisa para que MVS no impugnara la fusión con Iusacell, autorizada por la Comisión Federal de Competencia, tres semanas antes de las elecciones presidenciales del 1 de julio.
A pregunta expresa, Vargas reiteró que proseguirán con los juicios interpuestos y con un nuevo recurso jurídico para combatir la decisión adoptada el pasado 8 de agosto, así como para impugnar la fusión de Televisa-Iusacell. Al mismo tiempo, advirtió que “no descartamos” la posibilidad de demandar a los funcionarios del gobierno de Felipe Calderón que los presionaron
“A MVS le bloquearon su autopista (de red de banda ancha) y a Televisa le construyeron segundos pisos”, remató Vargas después de enumerar todos los beneficios de la empresa de Emilio Azcárraga Jean durante la administración calderonista.
A pregunta expresa, Vargas afirmó que desde 2008, cuando MVS decidió competir en el mercado de televisión restringida vía satelital a través de Grupo Dish, las presiones de Televisa arreciaron en contra del grupo y también el gobierno federal actuó para favorecer al consorcio mediático.
La Extorsión por el caso Aristegui
El episodio de la censura y la eventual salida de Carmen Aristegui, conductora estelar del noticiero matutino de MVS Radio, ocupó una buena parte de la explicación de Joaquín Vargas al hacer un recuento de los desencuentros con los funcionarios del gobierno calderonista.
El viernes 4 de febrero de 2011, Aristegui lanzó al aire una pregunta relacionada con “un supuesto problema de alcoholismo del presidente Felipe Calderón”. Minutos después, recordó Vargas, recibió una llamada de Alejandra Sota quien le exigió una disculpa pública por parte de la periodista.
En paralelo, ese mismo día Vargas tenía una reunión con el titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome para revisar los asuntos relacionados con la banda 2.5 Ghz. El encuentro se suspendió, pero antes Pérez Jácome le advirtió:
“Tengo instrucciones del señor presidente, de no gestionar asunto alguno de MVS y en especial de la banda 2.5 hasta en tanto la señora Aristegui no ofrezca una disculpa pública por el comentario que hizo con relación al supuesto alcoholismo del presidente. Por ese motivo, la junta programada para hoy no se llevará a cabo. Te ofrezco que tan pronto la señora Aristegui se disculpe, agendaremos de inmediato la reunión, inclusive si lo hace el próximo lunes 7, a pesar de ser día ‘feriado’ yo con mucho gusto lo recibo en esta secretaría”.
Aristegui no aceptó disculparse en términos pedidos por los funcionarios del gobierno federal. De hecho, la conductora de MVS Noticias no hizo un comentario sino lanzó una pregunta al aire: “¿Tiene o no problemas de alcoholismo el presidente Felipe Calderón?”, poco después de informar sobre el despliegue de una manta en la Cámara de Diputados donde el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, aludió al presunto problema etílico del primer mandatario.
El 9 de febrero de 2011, Aristegui señaló en conferencia de prensa en Casa Lamm que el Grupo MVS había sido presionado por el gobierno federal. El gobierno federal, a través de un comunicado, negó estas presiones indicando que “la política y la práctica diaria de comunicación social de este gobierno no se mezclan ni se confunden con la política pública en materia de telecomunicaciones”.
A pesar de ese desmentido, el domingo 13 de febrero, el propio Javier Lozano, a nombre de Felipe Calderón y de “su señora esposa” chantajeó a Joaquín Vargas diciéndole que si recontrataba a Aristegui “a tu proyecto se lo lleva la chingada”.
“El domingo 13 de febrero de 2011 a las 19:30 horas me amenazaron y el pasado jueves 8 de agosto a las 12 horas, cumplieron su amenaza”, resumió Joaquín Vargas.
“Es público y notorio que la administración de MVS no tiene injerencia en la línea editorial de la periodista Carmen Aristegui. Los límites de su libertad se encuentran en la ley, en el Código de Etica de MVS, y en los dictados del sentido común cuando los alcances de la norma jurídica no logren proteger la supervivencia del medio de comunicación en el que ella, accionistas y trabajadores de la empresa nos desarrollamos”, indicó el empresario.
Decisión Política, no técnica ni financiera
En su extensa y detallada reconstrucción del caso de la banda 2.5 Ghz, tanto Joaquín Vargas como su hermano Ernesto Vargas insistieron que ni técnica ni financieramente esta banda estaba “subutilizada”, que había posibilidades de formar un consorcio privado que actuara como carrier de carriers y que estaban dispuestos a un pago de contraprestación similar al de otras licitaciones en banda ancha, a nivel internacional.
Sin embargo, el gobierno federal decidió retrasar la decisión, “jugar al engaño” de una negociación y finalmente adoptar una decisión que es comparable a la expropiación del sector petrolero que realizó recientemente la presidenta argentina Cristina Fernández, decisión criticada por la propia administración calderonista.
“Si el gobierno federal no desiste de su decisión de rescatar la banda de 2.5Ghz, y ratifica el atropello, atará de manos al gobierno que tomará posesión el próximo 1 de diciembre, al restringirle su libertad para definir la política pública de telecomunicaciones aplicable a la banda de frecuencias citada. Esta resolución heredará al nuevo gobierno, un problema jurídico que no se justifica bajo ningún aspecto”, reflexionó Vargas.
Ernesto Vargas indicó que el conflicto puede prolongarse durante 5 años, periodo en el que ni el próximo gobierno ni otros grupos de telecomunicaciones podrán utilizar esta banda.
“Lo único que van a heredar a la próxima administración son litigios y a los usuarios les van a dar un servicio lento, caro de banda ancha, como el de ahora”, indicó el empresario.
Para el próximo sexenio, “vamos a promover de manera muy intensa la reforma a los medios de comunicación, para que no tengan hincado y con la espada de Damocles a ningún otro grupo”, advirtió Joaquín Vargas.
Señalaron que no participarán en la licitación de la tercera cadena de televisión, anunciada por la CFC como una condición para aceptar la fusión de Televisa y Iusacell.
En clara referencia a la demanda del movimiento #YoSoy132 que ha exigido la democratización de los medios de comunicación, Vargas ironizó: “justo cuando exigen democratizar la televisión, el gobierno de Calderón reforzó la concentración”.
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