Irrumpe Higa con fuerza pública a Xochicuautla; derriba viviendas pese a amparos

LERMA, Edomex. (apro).- Alrededor de 700 elementos de la policía estatal sitiaron desde esta mañana la comunidad de San Francisco Xochicuautla y comenzaron el derrumbe de las casas que se encuentran en el trazo de la autopista Toluca-Naucalpan.

La obra es edificada por Autovan-Teya, filial de Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los principales contratistas del gobierno federal y cuyas operaciones financieras en paraísos fiscales fueron descubiertas por tras la investigación de los Papeles de Panamá.

José Luis Fernández, vocero de la comunidad, indicó que desde las 9:00 horas de este lunes comenzaron a arribar a la zona camiones con policías estatales, cerca de 700; los uniformados enseguida se desplegaron en torno al poblado.

“Entraron por varios parajes y la comunidad está sitiada completamente; en las entradas a las calles y todos los lugares hay muchos policías”, acusó.

El integrante de la comunidad indígena otomí explicó que con la irrupción se violenta la suspensión definitiva de la obra ordenada por los amparos 1117/2015 y 1123/2015, por lo que “no pueden estar trabajando”.

Los elementos policiacos acompañan a personal de la empresa y a quienes se presentan como empleados del gobierno del Estado de México.

La primera casa derrumbada con apoyo de las máquinas de construcción fue la del doctor Armando García, delegado de la comunidad, ubicada sobre el trazo del proyecto carretero.

“La están derribando ahorita, pero para derribarla antes desalojaron y golpearon al menos a 25 compañeros, entre ellos a Isabel Bernaldez, de entre 78 y 80 años, integrante del Consejo Supremo, a quien los policías arrastraron”, indicó el vocero.

García Salazar precisó que previo a la demolición de su casa no fue notificado; esta mañana, expuso, “llegó a mi domicilio quien dijo llamarse Luis Enrique García, empleado de gobierno del Estado de México, apenas amparado por una copia del decreto expropiatorio y acompañado por la fuerza pública”.

Previo al desalojo, al afectado no se permitió extraer sus pertenencias y documentos; los policías, explicó, sólo recuperaron algunos muebles, pero la mayoría quedó dentro.

Los habitantes advierten la posibilidad de que Higa continúe con el derrumbe de inmuebles, vía la imposición, para concretar el proyecto carretero.

Nueva formación docente, traje a la medida de Mexicanos Primero

Claudio X. González, directo beneficiario de la Reforma Educativa.

Previamente al anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para aumentar el presupuesto destinado a la “capacitación” de los docentes, se abandonaron y desmantelaron en todo el país las instituciones públicas responsables de llevar a cabo esta tarea. Las que se crearon recientemente, a consecuencia de la reforma educativa de 2013, tal es el caso de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), nunca se consolidaron, se perdieron en su propias incapacidades, sin propuestas siquiera visibles, mucho menos de algún impacto real.

Los Centros de Maestros que surgieron en 1994 para atender la actualización del magisterio, primordialmente la que demandaba el extinto programa de Carrera Magisterial, habían mal funcionado en los últimos años con graves carencias de personal y de infraestructura mínima; pero ahora son un cascarón sin proyecto, sin recursos económicos que en lugares de excepción, todavía se sostienen por la inercia de algunos comisionados que permanecen en la incertidumbre.

En la misma lógica se echó a andar desde 2015 el pilotaje del más reciente plan estatal para el desmantelamiento de las escuelas normales y las universidades pedagógicas (UPN). En él, se propone desaparecer todas las licenciaturas y crear únicamente dos: docencia e inclusión, que no representan ningún perfil específico o especialidad para que los egresados se desempeñen en alguno de los niveles de educación básica: primaria, preescolar, educación especial, secundaria o telesecundaria.

La consecuencia de esta medida es la aberración que ya fue dada a conocer por Aurelio Nuño: abrir la carrera docente a todas las universidades y a cualquier profesión, incluso, sin importar que no tengan relación alguna con el ámbito educativo; el único requisito para adentrarse al servicio será participar en el examen nacional de ingreso y salir seleccionado acorde con los parámetros de “idoneidad” que estableció la reforma educativa.

De este modo, la tendencia a la desaparición de las escuelas normales, así como de la Universidad Pedagógica Nacional, allana su camino. Ahora, la formación inicial de los docentes no tendrá la menor importancia; cuando los no docentes se incorporen al sistema educativo nacional, habrá que prepararlos de forma emergente para lo que no fueron formados en las universidades, es decir y aunque parezca extraño, hay que enmendar el error que ya se sabe que se va a cometer, con medidas anticipadas por la SEP a través de programas de entrenamiento, o bien, para utilizar su propio lenguaje, de “capacitación” para que sí puedan desempeñarse en la docencia.

De suerte que el aumento al presupuesto para la capacitación docente que pasó de 200 a mil 809 millones de pesos y que representa un incremento de 800 por ciento, no sólo hará estragos en la pertinencia de las escuelas normales y las UPN, tampoco servirá para fortalecer los Centros de Maestros que son públicos y que ya cuentan con una cierta estructura organizativa para la formación continua dentro del sistema educativo nacional; de hecho, rescatar estos espacios es la recomendación que hace el propio INEE en “Modelos de formación continua de maestros en servicio de educación primaria: criterios e indicadores para su evaluación”, documento emitido en 2016.

Aurelio Nuño prefirió ser congruente a sus intereses de clase e hizo efectivo el llamado a que los empresarios emitieran propuestas en materia educativa, así que decidió atender de manera prioritaria las orientaciones hechas por Mexicanos Primero en “Prof. Recomendaciones sobre formación inicial y continua de los maestros en México” (sic), documento publicado en febrero del presente año, un mes antes de que se presentara la propuesta oficial de la SEP.

En “Prof.” el grupo de empresarios autoproclamados como altruistas y sus mercenarios de pluma fuente, dicen textualmente lo que después replicarán los altos funcionarios de la SEP: “Proponemos que se favorezca a la brevedad un Consorcio de universidades para que trabajen de inmediato en una propuesta de plataforma común en estrecha colaboración con el INEE y la DGPDF”.

Y más adelante fortalecen la idea para asegurar que sus intereses no sean desviados a cualquier improvisado en la economía del conocimiento: “Así, el Estado mexicano puede atraer lo mejor del talento universitario en apoyo de los maestros de educación básica, cubrir la dispersión en el país con tutores serios y enfocados, transparentar el manejo de recursos para este fin, y acotar los riesgos de contratar oportunistas, depredadores y sin compromiso”.

Entonces, el “monopolio” estatal de las normales como semillero de maestros, por demás lógico para dar cobertura a la escuela pública, no sólo será sustituido por otro, el cual está encabezado por los grandes corporativos, dueños de cadenas y alianzas entre universidades de capital privado, sino que además el “incremento histórico” de los recursos destinados para capacitación docente, les será entregado en forma directa, en una primera etapa por invitación de la SEP, o mejor dicho, por favoritismo, compadrazgo y hasta pago de facturas políticas.

Claro está, para salvaguardar alguna sobriedad que haga parecer a esta medida como una política de beneficio social, se mencionan a las universidades públicas; pero, en el caso de las normales, la SEP no tuvo ningún rubor en ponerles candados y hacerlas a un lado: “de manera complementaria, participarán algunas de las mejores escuelas normales”, por lo que ya podemos sospechar, a saber del estigma que se les ha impuesto, que serán excluidas.

En cualquier lenguaje o sentido común, esta medida puede ser claramente vista como privatización, se trata de recursos públicos que serán utilizados para capitalizar empresas privadas que hacen de la educación un negocio; finalmente, la preocupación central no es la profesionalización de los maestros ni los aprendizajes de los alumnos, sino la mercantilización de la formación docente.

En “Prof.” como buenos empresarios que son, Mexicanos Primero hace sus estimaciones del negocio que pueden realizar ofertando cursos de poca inversión que ya están en el portal de la SEP: “debe considerarse como una modalidad con alto impacto potencial los programas de desarrollo profesional en línea; se hace vital, por su flexibilidad y bajo costo, generar una regulación adecuada para juzgar su calidad y observar su desarrollo”. El “altruismo” del empresariado nacional estima que por cada docente regularizado se pueden destinar unos 10 mil pesos, para cursos modulares y tutorías.

De la “Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Básica y Media Superior” que se presentó de manera oficial hace unas semanas, podemos concluir que efectivamente es un traje hecho a la medida, pero de los grandes empresarios. La calidad educativa, los aprendizajes de los alumnos, la profesionalización docente y la escuela al centro, tan sólo son panfletos que se muestran ante la sociedad civil, pero que ocultan quiénes toman realmente las decisiones en este país para favorecer un reducido círculo de oligarcas en detrimento de los intereses de la nación.

Lev Moujahid Velázquez Barriga*

*Doctor en pedagogía crítica y educación popular, miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán

Encubre Meade impunidad de Rosario en Sedesol

Miguel Badillo en Contralinea

Un observador que presenció aquella mañana de finales del año pasado la salida de Rosario Robles de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) nos comenta el fuerte enojo de la funcionaria experredista porque el presidente Enrique Peña Nieto la cambió a la Secretaría de Desarrollo Agrario. Enfurecida por la decisión presidencial, Robles ordenó vaciar la oficina que ocupó hasta ese 28 de agosto y cuando llegó su sustituto, José Antonio Meade, no había una silla donde sentarse ni tampoco un escritorio que le permitiera despachar en su primer día como titular de la Sedesol.

La situación causó gracia al nuevo secretario de Desarrollo Social, quien sonrió por el hecho chusco de llegar a una oficina vacía (Meade también ha sido secretario de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores), pero ni eso fue motivo para que sus empleados no lo vieran feliz en su despacho, porque el nuevo nombramiento lo convierte en un fuerte aspirante a la Presidencia.

La verdadera respuesta del secretario al berrinche de Rosario Robles se decidió ese mismo día. Meade ordenó investigar con lupa todos los contratos autorizados por la funcionaria “en beneficio de los millones de pobres de este país”. La sorpresa fue inmediata, a las pocas semanas el equipo de sabuesosdel nuevo titular de la Sedesol descubrió escandalosos desvíos de recursos públicos que el Congreso había ordenado se destinaran para la atención de más de 50 millones de mexicanos en pobreza.

Según el informante, en la auditoría a los primeros 3 años de gestión que Robles estuvo al frente de la Sedesol (como lo comente en esta columna el 4 de diciembre pasado), el reporte que recibió Meade señalaba irregularidades “delicadas” en varios contratos por cientos de millones de pesos asignados injustificadamente a empresas y universidades para la realización de estudios sobre la pobreza, mismos que habrían sido pagados anticipadamente para beneficiar a varias empresas y universidades, pero la sorpresa mayor es que dichos trabajos y análisis nunca se realizaron y tampoco fueron entregados, ante lo cual los nuevos responsables de la Sedesol nunca los encontraron a pesar de buscarlos por todos lados. Probablemente el equipo cercano a Rosario Robles también se llevó dichos estudios, como ocurrió con el mobiliario de la oficina de la Secretaría, o simplemente nunca se hicieron aunque sí fueron cobrados, con lo que habrían incurrido en varios delitos como desvío de recursos públicos, fraude y abuso de poder.

Aunque en las semanas posteriores al descubrimiento de dicho daño patrimonial se esperaba una reacción legal inmediata de parte del equipo del secretario Meade, como por ejemplo presentar la denuncia penal respectiva ante la Procuraduría General de la República y una petición a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para investigar y abrir un expediente por el desvío de recursos y el mal manejo presupuestal de parte del grupo cercano a Rosario Robles, nada pasó, o al menos eso se revela cuando tuvo que ser la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la que apenas informara el miércoles 17 de febrero de las irregularidades encontradas en esa Secretaría de Estado sólo para el ejercicio correspondiente a 2014.

Estamos, una vez más, ante un caso de impunidad, abuso, despilfarro, fraude y desvío de recursos públicos, que debería llevar a prisión a varios servidores públicos que simularon, falsearon y triangularon dinero público a empresas que no tenían la capacidad de realizar los trabajos solicitados a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Uaemor), la cual las subcontrató sin razón alguna. Así que a nadie en el gabinete de Enrique Peña Nieto le importa que ocurran estas irregularidades, mismas que seguramente serán encubiertas o borradas, como si sólo fuera un caso más de corrupción millonaria en toda esa estructura impune creada en el aparato de gobierno y aceptada y justificada por todos los órganos federales encargados de vigilar el buen uso del presupuesto, como sería concretamente la SFP.

En el dictamen de 22 páginas de la ASF, se confirma aquella denuncia que el informante hizo de cómo fue utilizada dicha universidad del estado que gobierna el indeseable Graco Ramírez, para saquear recursos públicos que la Sedesol debió destinar al combate a la pobreza y en cambio los desvió hacia empresas privadas sin capacidad para realizar los servicios solicitados, como fueron los de “orientación, promoción, apoyo, organización y evaluación de actividades encaminadas a fortalecer la operación del FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social)”.

Dicho dictamen se emitió apenas el 28 de enero de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó con base en la información proporcionada por la Sedesol, de cuya veracidad ésta es responsable. El objetivo fue fiscalizar la gestión para verificar que los recursos asignados a los contratos y convenios se ejercieron de acuerdo con la normativa y legislación vigente, por lo que de la muestra revisada se concluye que en los cinco contratos celebrados con la Uaemor, por 430 millones 109 mil 500 pesos, hay inconsistencias en cuatro de ellos por 426.4 millones, es decir el 99 por ciento del presupuesto, y entre las irregularidades destaca el servicio integral contratado para la “orientación, promoción, apoyo, organización y evaluación de actividades encaminadas a fortalecer la operación del FAIS”, por 324.6 millones de pesos.

Otra grave irregularidad encontrada por los auditores es que cuatro de los proveedores contratados por la Universidad, a los cuales les pagó 399 millones 608 mil 300 pesos, transfirieron a la cuenta de la empresa Esger, Servicios y Construcciones, SA de CV, un total de 350 millones 254 mil 100 pesos, que representa el 82.3 por ciento de los recursos totales que la Sedesol pagó a dicha Universidad por estos contratos.

Este modus operandi de triangular recursos públicos de la Sedesol-universidad-empresas privadas para pretender ocultarlos después de haber sido desviados podría derivar en otro delito que es el de lavado de dinero, por la simple razón de que los fondos públicos provienen de la comisión de un supuesto fraude y caerían en el concepto legal de tratar de ocultar o disfrazar dichos recursos, ya lo habían hecho los funcionarios de la Sedesol en 2013, cuando al revisar la ASF el ejercicio de ese mismo año (1 año antes a la actual en revisión de 2014), los mismos proveedores contratados por la Uaemor para otorgar los servicios convenidos transfirieron recursos por 416 millones 221 mil 900 pesos.

Por lo anterior, concluye la ASF, la Sedesol que dirigía Rosario Robles “no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, y se presumen conductas irregulares que propiciaron la presunta simulación de servicios y la contratación de terceros, sin el perfil ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos; algunos no fueron localizados y de otros se presume su vinculación con actos irregulares”.

Habrá que esperar varias semanas para conocer la respuesta de la Sedesol y sería muy grave que Meade intentara justificar la irresponsabilidad y el cinismo de su antecesora Rosario Robles, sólo porque ambos son secretarios de Estado y personas cercanas al presidente Peña, pues lo único que confirmaría es que este gobierno no tiene remedio en cuanto a injusticia, corrupción e impunidad se refiere, y la oferta que el titular de la Sedesol pudiera ofrecer para aspirar a la candidatura priísta a la Presidencia de la República, simplemente estaría muerta.

Puntos suspensivos… Y que esperábamos, que el gobierno federal abandonara en cárceles españolas a uno de sus mejores hombres del sistema, quien planeó el desfalco de las arcas públicas del estado que gobernó para financiar campañas presidenciales, quien es investigado por las agencias estadunidenses por sus supuestos vínculos con el crimen organizado y el blanqueo de capitales, quien representa el más vivo ejemplo de un político mexicano: corrupto, abusivo y cínico. Bienvenido a su país, en donde la corrupción, la impunidad y el abuso son la bandera política.

[SECCIÓN OPINIÓN[COLUMNA Oficio de papel

Miguel Badillo*

*Periodista

Dinero público de Pemex en paraísos fiscales

Desde hace varios sexenios el gobierno federal, a través de la empresa PMI (Petróleos Mexicanos Internacionales), filial de Pemex y que se maneja y administra como si se tratara de una empresa privada, se ha especializado en ocultar dinero público en paraísos fiscales producto de la comercialización internacional de crudo y otros productos derivados del petróleo (gasolinas), así como operaciones financieras diversas para la compra y contratación de bienes y servicios para la industria petrolera nacional, además de participar con acciones en empresas extranjeras como la refinería Deer Park en Estados Unidos o Repsol en España. Todo esto lo ha hecho con empresas de papel constituidas por servidores públicos en paraísos fiscales del Caribe y de Europa.

Ese manejo de recursos públicos en países en donde la legislación es laxa y lo que menos les importa es saber si el origen del dinero es lícito, ha impedido a los órganos de control del gobierno mexicano (Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, instrumento de vigilancia al servicio del Congreso de la Unión) conocer a detalle el flujo y el buen uso de miles de millones de dólares del Estado mexicano que se dejan de auditar y en consecuencia de vigilar por parte de servidores públicos.

Por ello las revelaciones periodísticas dadas a conocer hace unos días sobre las fortunas de dinero privado, público o sucio guardado en paraísos fiscales a través de empresas offshore o de papel, en esta investigación elaborada a partir de filtraciones y hackers conocida mundialmente como los Papeles de Panamá –debido a que el bufete de abogados Mossack Fonseca, de donde salió toda esa información financiera, tiene su matriz en ese país centroamericano–, obligan al gobierno mexicano a revisar las operaciones financieras que durante años ha realizado PMI en paraísos fiscales sin rendir cuentas a los mexicanos.

Cuando los reporteros del diario alemán recibieron hace poco más de 1 año de fuentes anónimas los millones de documentos vía internet en poder del despacho panameño y que fueron compartidos a periodistas de varios países (en el caso de México a la revista Proceso y a la periodista Carmen Aristegui), el gobierno mexicano se enteró a los pocos meses y lo que parecía imposible decidió que Pemex y su filial PMI deberían abandonar las empresas de papel creadas en paraísos fiscales para el manejo de miles de millones de dólares ante el escándalo que se avecinaba, por lo que empezó a cerrar las empresas y mover esos recursos públicos hacia países que aseguraran las mismas ventajas fiscales, como es el caso de España, entre otros, que han flexibilizado sus impuestos para captar capitales extranjeros.

A finales del año pasado, la Presidencia de la República decidió la suerte del entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a quien el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no había podido quitar de su puesto al frente de la principal empresa del Estado, pero como ahora el nombre de ese funcionario aparecía en la lista de los Papeles de Panamá fue razón suficiente para sustituirlo al frente de Pemex y evitar así un escándalo más del gobierno mexicano.

Aunque Lozoya ha negado a través de comunicados tener alguna relación con empresas offshoreconstituidas en paraísos fiscales, lo cierto es que el presidente Enrique Peña Nieto aceptó removerlo de la Dirección de Pemex para que el golpe en contra de su gobierno fuera menor en el momento en que la prensa diera a conocer la lista de los mexicanos involucrados en operaciones financieras fuera del país.

Ante la filtración de los Papeles de Panamá, Pemex decidió mover las empresas offshore pertenecientes al Grupo PMI que mantenía en paraísos fiscales”

Desde el año pasado, en una de las reuniones del Consejo de Administración de Pemex, se decidió transformar a PMI Comercio Internacional de paraestatal a filial de Pemex. Este cambio permitió la extinción del Órgano Interno de Control y con ello la imposibilidad legal de que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice al llamado brazo comercial de la petrolera mexicana y la volvió sujeto no obligado a la Ley de Transparencia, por lo cual tampoco desde hace 1 año no rinde cuentas por esa vía.

Una investigación de la reportera Nancy Flores –publicada hace 1 año en Contralínea– reveló cómo todas las ventas y compras de crudo y productos petrolíferos en el extranjero, que anualmente sumaron hasta 2015 más de 1.2 billones de pesos, fueron realizadas a través de 14 empresas privadas offshore constituidas en paraísos fiscales, sin importar que se tratara de dinero propiedad de Pemex.

En el último año y ante el escándalo que el gobierno ya veía venir, decidieron empezar a cerrar las empresas de papel constituidas por PMI en paraísos fiscales tales como Islas Caimán, Las Bahamas, Delaware, Irlanda, Suiza, Antillas Holandesas y Luxemburgo, a través de 14 empresas filiales no paraestatales del llamado Grupo PMI, que pese a ser ciento por ciento de su propiedad son consideradas privadas. El Grupo mantiene fuera del presupuesto público más de 150 mil millones de pesos en cuentas bancarias extranjeras, también “privadas”.

Esa falta de transparencia en el manejo de dinero público, aunque ahora el gobierno de Peña aseguré que se trata de dinero privado manejado por servidores públicos, se extiende a todas las ventas de hidrocarburos y las compras de productos petrolíferos en los mercados internacionales, que hasta antes de la caída de los precios del petróleo implicaban más de 1 billón 200 mil millones de pesos anuales.

De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, los asuntos que hasta el 1 de enero de 2015 se encontraban en trámite en esa dependencia y eran relativos a PMI, fueron transferidos para su atención a la propia petrolera, en específico a su Unidad de Responsabilidades.

El modo de operación de Pemex como ente privado no se limita al caso PMI. A lo largo de 25 años, Pemex ha constituido una red empresarial paralela a su estructura oficial, que no rinde cuentas de su actuación porque –a pesar de involucrar recursos públicos– se considera privada no paraestatal. Se trata de, al menos, 40 sociedades anónimas creadas tanto en México como en el extranjero, incluso en conocidos paraísos fiscales como las Islas Caimán, Holanda, Irlanda, Delaware y Suiza. De las 40 empresas privadas de Pemex, 11 fueron constituidas en la administración que encabezó hasta hace unas semanas Emilio Lozoya Austin.

Nueve de esas empresas son ciento por ciento propiedad de Pemex y dos están asociadas al 50 por ciento con Mexichem y Sempra Energy, respectivamente, según los más recientes reportes entregados por la petrolera mexicana a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al tercer trimestre de 2014; a la estadunidense Securities and Exchange Commission, a diciembre de 2014; así como la página de PMI Comercio Internacional, y documentos del Registro Mercantil de Madrid, a los que Contralínea tuvo acceso.

La primera compañía offshore fue constituida en 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari asumió el poder y Pemex tuvo el aval de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la contraloría federal.

Miguel Badillo

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: OFICIO DE PAPEL]

Repudian mexicanos residentes en Alemania, Dinamarca y Holanda visita de Peña Nieto

A través de cartas dirigidas a la Reina Margarita II de Dinamarca y a otros mandatarios de Alemania y Holanda, organizaciones y ciudadanos mexicanos residentes en Europa expresaron su “consternación” por la visita del mandatario Enrique Peña Nieto y de su esposa Angélica Rivera a quienes señalan como “involucrados en conflictos de intereses y posibles prácticas de corrupción”.

Los colectivos mexicanos de Berlín, Dinamarca y Holanda cuestionaron duramente la visita de Peña Nieto que inicia este fin de semana y subrayaron que de los 34 países que integran la OCDE, México ocupa el primer lugar de corrupción.

Abundaron que el reciente escándalo de los #PanamaPapers descubrió el uso de empresas offshore por parte del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, compadre de Peña Nieto y uno de los contratistas preferidos, así como los casos de Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Televisa, y de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, “tres empresarios muy ligados a la presidencia y a Enrique Peña Nieto”.

En Berlín, el primer punto de su visita de dos días, se preparan protestas de activistas pertenecientes a Amnistía Internacional y el Colectivo 43. Reprocharon que durante el recién lanzado Año Dual México-Alemania no se haga referencia a los problemas que afectan a México.

“En ningún momento se menciona la profunda crisis del estado de derecho y de derechos humanos en la que actualmente se encuentra el país. Desapariciones violentas, tortura y asesinatos con motivaciones políticas están a la orden del día”, advierten.

Repudio en Dinamarca

En una carta dirigida a la reina de Dinamarca, el grupo Conciencia México-Dinamarca señalan que “durante el gobierno del señor Enrique Peña Nieto ha reinado la impunidad, la violación a los derechos humanos y se nota la complicidad del gobierno mexicano con el crimen organizado”.

También señalan que en México existen “gravísimos casos de impunidad, de falta de transparencia y legalidad”, entre los que mencionan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace 17 meses, el caso de la “adquisición ilícita” de la Casa Blanca, la masacre de Tlatlaya, “en donde el ejército ejecutó extrajudicialmente a 22 personas”, así como “las más de 40 personas asesinadas en el pasado mes de mayo (2015) durante un operativo policiaco en Tanhuato, Michoacán”.

El colectivo Conciencia México-Dinamarca recordó también en su misiva, cuya copia tiene Homozapping, a “los más de 80 periodistas asesinados y 17 desaparecidos durante la última década”, además de las 24,812 contabilizadas como desaparecidas oficialmente hasta finales de 2014.

“Nos preocupa profundamente que Dinamarca, siendo un país democrático, que procura el respeto a los derechos humanos y que no tolera la corrupción, establezca una relación diplomática comercial con el gobierno de México, pues éste ha incumplido con su trabajo y responsabilidad e incluso ha sido señalado en los medios internacionales en los últimos meses por su falta de gobernabilidad”, subraya la misiva.

Los mexicanos residentes en Dinamarca recuerdan que los tratos comerciales con el gobierno de Peña Nieto pueden conducir al incumplimiento del acuerdo The Nordic Chamber of Mexico, establecido en 2010, con el propósito de generar más oportunidades de negocios y promover los valores empresariales.

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LE GRITAN PARÁSITO A FELIPE CALDERÓN EN CANCÚN

Por sus puras garantías

De peces a peces

Sin privilegios

Demandas-Hernández

Desatender a migrantes Julio Hernández López

Astillero

 Alerta (sísmica) en CdMx

 Escala .22 en Oaxaca

 EPN, transatlántico

 Desatender a migrantes

Julio Hernández López

PUEBLOS ORIGINARIOS ESTABLECEN ASAMBLEA CONSTITUYENTE. El comisionado para la reforma política del Distrito Federal, Porfirio Muñoz Ledo, participó ayer en el establecimiento de la Asamblea Constituyente de los Pueblos Indígenas de la ciudad, efectuada ayer por comunidades y la Convención de Pueblos y Barrios OriginariosFoto Víctor Camacho

F

ue una madrugada dominical muy movida. En la Ciudad de México sonó la alerta sísmica y, a pesar de que los estremecimientos físicos fueron imperceptibles en la mayor parte de la metrópoli, la alteración de ánimo sumó inquietud e ironía a las jornadas previas de contingencia ambiental, con restricciones agravadas a la circulación de automotores y la sensación de que el gobierno capitalino carece de un proyecto sensato y de capacidad ejecutiva para resolver los crecientes problemas conurbados.

En San Pedro Pochutla, Oaxaca, se localizó el epicentro del movimiento telúrico que se registró a las primeras dos horas del domingo, con 11 minutos. Pero todavía era sábado, por allí de las 23:30 horas, cuando otra embestida estremecía a la sección 22 del sindicato magisterial y al estado de Oaxaca en general. En términos políticos fue un albazo o madruguete, aunque sucedió no al empezar, sino al terminar un día. Con sigilo, 28 de 42 diputados locales se reunieron para despachar en 15 minutos los trámites necesarios para armonizar las normas educativas estatales con las federales, específicamente al son de lo contenido en la reforma educativapeñista.

A la sesión exprés del congreso oaxaqueño sólo fueron invitados quienes votarían a favor del acompasamiento discretamente programado. Priístas, panistas y algunos perredistas. Los profesores de la 22 estaban en asamblea estatal cuando se enteraron de la maniobra en curso. Cuando llegaron al congreso, los diputados habían despachado la sesión extraordinaria al vapor y ya se habían retirado. De madrugada, el gobernador Gabino Cué y el secretario federal de Educación, Aurelio Nuño, felicitaron a esa facción del congreso oaxaqueño por las medidas adoptadas. La 22 reaccionó airadamente a la nueva declaración de guerra política en la entidad que más resistió a la mencionada armonizaciónlegislativa.

También de madrugada, pero con placidez, Enrique Peña Nieto estrenaba en viaje transatlántico el nuevo avión presidencial. Ya no más escalas para reabastecer combustible en un desolado paraje canadiense de fin de continente. Directito, sin escalas, esta vez hasta Berlín, donde le aguardaban para una visita de Estado pero, también, donde se toparía con las protestas en general por la situación en que mantiene a México y, en particular, con las preguntas periodísticas relacionadas con el empresario consentido, Juan Armando Hinojosa Cantú, y su aparición en losPapeles de Panamá que fueron entregados originalmente a un diario de Alemania, país éste de donde EPN pasará a Dinamarca, en la nave aérea que ni Obama tiene.  

Cuando más recia es la embestida de segmentos estadunidenses acaudillados por Donald Trump contra los migrantes mexicanos, el gobierno de Enrique Peña Nieto se propone disminuir partidas presupuestales para su atención. Por lo pronto, se ha notificado a los consulados mexicanos en el vecino país que deben reducir a la mitad, cuando mucho, las erogaciones para repatriación de restos mortales de paisanos sin solvencia económica. Incluso, en la representación consular podrá promoverse con tacto la posibilidad de utilizar los servicios de cremación, siempre dejando claro que la decisión final es exclusivamente de la familia.

Las instrucciones fueron enviadas mediante la circular con clave PME102357.16, bajo el título deCriterios sobre prácticas administrativas en torno a uso de recursos para apoyos a traslado de restos, enviada el pasado 7. En ella se explica que esos apoyos para repatriaciones absorben 40 por ciento del presupuesto ejercido cada año por la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Extranjero, equivalente a entre 5 y 6 millones de dólares y representa un reducido beneficio en términos relativos para el universo de la población mexicana en Estados Unidos, unos 3 mil 500 casos al año. Por ello, ahora se buscará trasladar cuanto sea posible de esos gastos a los deudos directos y a familiares económicamente activos o con capacidad para conseguir créditos. A los mexicanos en esa circunstancia trágica se les pedirá que llenen un cuestionario que permitirá controlar expectativas de los familiares y de las empresas de servicios funerarios.

La SRE tratará, ahora, de conseguir que haya mayor participación de los empleadores, ONG, Iglesias, bancos y otras instituciones que puedan colaborar en cubrir parte del costo de esos traslados de restos mortales. También se buscarán “esquemas de responsabilidad compartida con las Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (Ofam) para que sus labores de ‘apoyo’ (comillas en el original) a migrantes trasciendan la mera referencia de casos, solicitudes de información y/o ‘recomendaciones’ para atención expedita, y avancen hacia esquemas realmente cooperativos con la cancillería en beneficio de la población migrante”. Por ejemplo: Ubicar a familiares en territorio nacional y determinar con mayor precisión la situación socioeconómica, cuando se presuma que el monto de 2 mil dólares pudiera resultar insuficiente y a través de apoyo económico complementario en casos excepcionales (el texto completo de la circular).

Gulp. El priísta Héctor Yunes Landeros ha encargado que le preparen estudios para resolver los problemas de seguridad pública y procuración de justicia en Veracruz, en caso de que gane la minigubernatura posterior a Javier Duarte. Los comisionados son el actual notario público en la Ciudad de México, Ignacio Morales Lechuga, quien fue el poder real, como secretario general de gobierno, con Agustín Acosta Lagunes, y luego fue procurador de justicia del Distrito Federal y procurador general de la República (estos cargos, durante el sexenio salinista), y el almirante Wilfrido Robledo, ex director del Cisen y jefe operativo de la represión en San Salvador Atenco. ¡Hasta mañana!

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Morena consulta temas a incluir en la constitución

Se recogen ideas casa por casa: Batres

Raúl Llanos Samaniego

 

Periódico La Jornada
Lunes 11 de abril de 2016, p. 34

Morena comenzó ayer una consulta entre los capitalinos para que propongan los temas que deberían ser incluidos en la constitución de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, el líder local de ese instituto político, Martí Batres Guadarrama, aseguró que para cumplir con esa tarea –que se prolongará hasta el sábado 15 de abril– se irá casa por casa para recoger los planteamientos de los habitantes.

Comentó que para ello se les presentará un formato con 17 temas específicos de los cuales cada persona decidirá cuáles tendrían que ser parte del nuevo marco legal de esta ciudad; además, se dejará un espacio en blanco para que la gente también opine de manera abierta y libre qué otros puntos, conceptos, ideas, principios, derechos u obligaciones quiere que se plasmen en la próxima constitución local.

Comentó que el sábado 16 de abril establecerán 300 mesas receptoras de propuestas en distintos puntos de la ciudad, en las cuales también los pobladores podrán exponer sus planteamientos, los cuales se procesarán para incorporarlos al proyecto de constitución alternativa que presentará Morena a la Asamblea Constituyente.

Batres resaltó que con esta acción la propuesta que lleve Morena a la Asamblea Constituyente estará fortalecida con el punto de vista de la ciudadanía. Dijo que también harán una página web.

Fustiga AMLO a los que ahora desconocen a Elba Esther Gordillo

Ella apoyó a Moreno Valle y Calderón

Injusto, castigo a Morena por el INE en 2 estados

Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, presidió una asamblea informativa durante su visita al municipio de Chiautla, PueblaFoto La Jornada

Paula Carrizosa

La Jornada Oriente

Periódico La Jornada
Lunes 11 de abril de 2016, p. 11

Ayoxuxtla, Pue.

Este domingo, en el municipio de Chietla, Puebla, Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador Rafael Moreno Valle que no sea ingrato, que vaya cuando menos a visitar a la cárcel a la ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, a quien le dio la espalda, la traicionó por completo y se olvidó de ella pese a que propició que ganara la gubernatura.

En entrevista, añadió que el ex presidente panista Felipe Calderón tampoco habla con Gordillo, porque como cayó en desgracia ya no quiere saber de ella, no obstante que le ayudó a orquestar un fraude electoral en 2006. Sostuvo que Elba Esther Gordillo pidió a Calderón, en pago por el apoyo en ese año, que le entregara el gobierno de Puebla a Moreno Valle.

Afirmó que entonces sometieron por corrupto al gobernador poblano priísta que salía, Mario Marín, y Calderón ayudó para que se le facilitara la gubernatura a Moreno Valle, mientras Gordillo recibió para su gente la Subsecretaría de Educación Básica y la dirección del Issste.

Además, López Obrador calificó de gran injusticia que los consejeros del Instituto Nacional Electoral sólo castiguen al partido Morena y le anulen sus candidaturas a los gobiernos de Zacatecas y Durango, por consigna de la mafia del poder.

Consideró que Morena está arriba en las encuestas con miras a los comicios de junio próximo, cuando renovarán, entre otros, los gobiernos en esas entidades, y sus postulaciones se anularon a la mala, pues quieren eliminarnos en la mesa, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados.

El presidente nacional de Morena anunció que su partido encabezará el cuarto movimiento revolucionario del país, no con el uso de las armas, sino por la vía electoral y pacífica. López Obrador visitó Puebla para acompañar en sus actividades proselitistas a su candidato a gobernador, Abraham Quiroz Palacios, con quien recorrió Atencingo, Chiautla de Tapia, Jolalpan y Ayoxuxtla, en la región mixteca.

Por la tarde estuvo en Ayoxuxtla, municipio de Huehuetlán El Chico, donde se firmó el Plan de Ayala, y visitó Chiautla y Jolalpan.

Mediante “offshores”, jugaron con la salud de los mexicanos. #PanamaPapers

MATHIEU TOURLIERE
2016-04-09 19:22:46 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
THE PANAMA PAPERS

En 2014 cayó Casa Saba, el gigante de la distribución de productos farmacéuticos en el país. Al arrancar el año, su participación en el mercado –valuada en 15 mil 600 millones de dólares– se derrumbó de 32% a 2%. Sus rivales –Nacional de Drogas (Nadro) y Grupo Comercial e Industrial Marzam– bailaron sobre su cadáver: con Saba fuera de la jugada, esos consorcios controlaron 32% y 17% del sector, respectivamente.

Las oportunidades de negocio se dispararon. A través de su despacho Doporto & Abogados, el abogado Luis Doporto Alejandre diseñó una complicada estructura financiera en el mundo offshore a través de la cual obtuvo un préstamo de 83 millones de dólares –en distintas operaciones– para adquirir una participación mayoritaria en Grupo Marzam.

El esquema, llamado Proyecto Interstellar –en el que se articulaban 12 compañías anónimas, una fundación, un fideicomiso y tres bancos esparcidos entre Holanda, Suiza y Nueva Zelanda– hizo imposible rastrear el origen del dinero. En realidad, los 83 millones de dólares provenían de Marina Matarazzo, heredera de una de las familias más adineradas de Brasil y esposa de Pablo Escandón Cusi, el presidente de Nadro.

El último eslabón de la cadena se llamaba Moench Coöperatief, un fondo holandés constituido como empresa cooperativa y administrado por Doporto y dos financieros suizos: Patrick Wyss Roissier y Karl Frei. En septiembre pasado, Moench Coöperatief adquirió 50% más una acciones de Grupo Marzam por mil 350 millones de pesos. La parte vendedora era la empresa Genomma­ Lab, que había comprado 100% de las acciones menos de un año antes, por un precio 45% inferior.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) autorizó la transacción, con la creencia de que tanto el fondo holandés como sus administradores eran nuevos entrantes en el sector farmacéutico. Cometió dos errores: no detectó que el dinero provenía de la esposa del dueño de Grupo Nadro y tampoco vio que Doporto, lejos de ser un desconocido en el sector farmacéutico, llevaba una relación de varios años con Genomma Lab.

El sábado 2 de abril, Doporto reconoció ante este semanario que Matarazzo realizó el préstamo, pero apuntó que esto no le daba ningún control sobre Grupo Marzam y que ella no tenía interés en participar en los negocios de su esposo.

Un documento de junio de 2015 desmiente al abogado. Ahí, Matarazzo aseveró que su préstamo se destinaría a “contribuir a una empresa holandesa a través de acuerdos de créditos. Esta empresa holandesa, a su vez, adquirirá una empresa en México en la industria farmacéutica”. Su intención era comprar Grupo Marzam.

Lo anterior se desprende de los 11.5 millones de documentos internos de Mossack Fonseca que una fuente anónima proporcionó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y otros 109 medios del mundo, entre ellos Proceso.

Luis Doporto Alejandre se mueve con discreción en el mundo de los millonarios y políticos mexicanos. Los documentos de Mossack Fonseca lo destacan como uno de los clientes mexicanos más activos del despacho panameño desde julio de 2012, fecha en la que las firmas iniciaron su relación de negocios. Para diseñar las estructuras offshore, Doporto y Mossack Fonseca se apoyaron en Infintax, un despacho holandés, el cual incorporó las fundaciones y empresas fantasma en Holanda.

En tres años y medio, armó estructuras offshore para decenas de personajes adinerados, ya sean empresarios de renombre (como el magnate del acero Guillermo Vogel Hinojosa), importantes financieros (entre ellos el banquero Ruben Goldberg Javkin), e incluso negoció para Omar Yunes Márquez, hijo del panista veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares, aunque en este caso el trato no se concretó.

Genomma Lab

Contrario a lo que hace pensar su nombre, la empresa Genomma Lab no es un laboratorio farmacéutico. Cuando la fundó Rodrigo Herrera Aspra, en 1996, se llamaba Producciones Infovisión y se dedicaba exclusivamente a la venta de infomerciales en las televisoras, especialmente Televisa.

Su entrada en el sector farmacéutico se realizó al amparo de la televisión: basó su modelo económico en la compra de marcas de productos farmacéuticos y de cuidado personal de libre venta –“productos milagro”– que promueve a través de campañas publicitarias televisivas masivas, cuyo carácter engañoso fue señalado y sancionado en repetidas ocasiones.

Según los documentos de Mossack Fonseca, a partir de septiembre de 2012 Doporto & Asociados utilizó el despacho panameño para elaborar estructuras offshore­ a través de las cuales vendió marcas de medicamentos a Genomma Lab.

A petición de Doporto & Asociados, el 12 de septiembre de 2012, el despacho panameño creó un fideicomiso en Nueva Zelanda para Alejandro Martínez Villarreal, director general del laboratorio Selder, que produce el antigripal XL-3 y sus derivados. Nueve días después, Genomma­ Lab anunció su intención de comprar los derechos comerciales del XL-3 en varios países de América Latina por 515 millones de pesos.

A lo largo de los tres años siguientes, Doporto & Abogados, Infintax y Mossack Fonseca llevaron a cabo varios “proyectos” –apodados Despegue, Luz de Luna, Velocidad de la Luz o Gatwick, entre otros– a través de los cuales vendió licencias de medicamentos a Genomma Lab para su distribución en México y América Latina.

En diciembre de 2012, por ejemplo, Doporto & Abogados facilitó un préstamo por 4 millones 600 mil dólares a The Dutch Latem Royalty Company B.V., una empresa incorporada en Holanda por Infintax.

El dinero del préstamo provenía de la empresa Leyco Industries Corp., domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas. Ésta recibió fondos de un fideicomiso de Nueva Zelanda y dos empresas domiciliadas en Singapur, detrás de los cuales se encontraban tres clientes de Doporto: Guillermo Francisco Vogel Hinojosa, Guillermo Waisburd Kretinger y Ángel Servando Sosa Hurtado, tres altos ejecutivos del Grupo Collado.­

Waisburd y Sosa tienen una estrecha vinculación con el sector farmacéutico: el primero participó en la entrada de laboratorios a México, como Johnson & Johnson, y el segunde dirige la empresa Octapharma.

Con este préstamo, The Dutch Latem Royalty Company compró las licencias de distribución de las medicinas Xyloproct y Xyloderm al laboratorio sueco Astra Zeneca AB. En septiembre de 2013, Genomma Lab compró un paquete de licencias de medicinas, entre ellas el Xyloproct y el Xyloderm, por 252 millones de pesos.

El vínculo entre el abogado y Genomma Lab no se detiene ahí. Los documentos de Mossack Fonseca muestran que Doporto & Asociados tuvo como cliente a Óscar Villalobos Torres, quien fungió como vicepresidente ejecutivo y director de administración y finanzas de Genomma Lab hasta su salida de la empresa, en diciembre pasado.

Junto con Mossack Fonseca, el despacho manejó los asuntos administrativos de Boom International Investments Inc., una empresa de Villalobos incorporada en junio de 2013 en Bahamas y titular de una cuenta en el banco Edmond de Rotschild, la cual tenía 4 millones de dólares de activos a finales de diciembre de 2014.

Interstellar

En el papel, Luis Doporto Alejandre, Karl Frei y Patrick Wyss compraron el Grupo Marzam a Genomma Lab.

Los financieros Karl Frei y Patrick Wyss tienen mucho en común. Ambos nacieron en Suiza, viven ahora en México, trabajaron durante más de cuatro décadas en el banco UBS y cofundaron en 1987 el Grupo Basilisk, un fondo multimillonario de inversión financiera e inmobiliaria. Entre 2003 y 2013, Karl Frei presidió la Asociación de Instituciones Financieras Extranjeras en México y la Asociación Empresarial Mexicano-Suiza.

En septiembre de 2015, semanas después que la Cofece aceptó la compra de Marzam por Moench, el despacho Infintax abrió una empresa holandesa para Marina Matarazzo. Ella invirtió 1 millón de dólares en esta empresa de su cuenta en Rotschild. Fue la primera aportación a los 83 millones que realizó.

La empresa pidió dos préstamos del Orange Bank, en Suiza, por 78 millones 800 mil dólares y 3 millones 500 mil dólares; y transfirió el dinero hacia otra empresa holandesa, con una cuenta bancaria en Rotschild. A su vez, ésta la transfirió a Abbey Road, incorporada en Holanda a nombre de Doporto.

Los fondos de la brasileña terminaron en una cuenta de Italbank, el último banco de la cadena. Se trata de una institución bancaria en línea establecida en Puerto Rico que pertenece a Carlos Rafael Dorado Fernández, un amigo de Doporto. Dorado es venezolano y lleva negocios en Caracas y Miami, según su currículo.

Es así que Doporto invirtió 10 millones 500 mil dólares en el fondo Moench; Patrick Wyss y Karl Frei otros 350 mil cada uno. Y la empresa holandesa que manejó el dinero de Matarazzo puso otros 78 millones 800 mil dólares; con lo que se adueñó de 87.56% de las participaciones de Moench.

Proceso se reunió una primera vez con Luis Doporto Alejandre el pasado sábado 2 y convino con él que volvería a pedir su versión sobre los hechos antes de la publicación del reportaje. Al cierre de esta edición, el semanario no recibió las respuestas. l

Vía sus cercanos, Peña Nieto queda tocado. #PanamaPapers

JORGE CARRASCO ARAIZAGA Y MATHIEU TOURLIERE
2016-04-09 19:22:06 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
THE PANAMA PAPERS

Aunque no aparece en los #PanamaPapers, el presidente Enrique Peña Nieto está ligado a numerosas personas cuyos nombres sí figuran en los documentos del despacho Mossack Fonseca. Se trata de colaboradores, contratistas o familias mexiquenses cercanas a la del mandatario. Están ahí Emilio Lozoya Austin, los Alcántara, Carlos Hank Rhon y, en primer lugar, Juan Armando Hinojosa Cantú, el artífice de la Casa Blanca.

El presidente Enrique Peña Nieto resultó tocado por los #PanamaPapers. Sin estar directamente mencionado, los nombres de allegados suyos que surgieron de entre los archivos del despacho Mossack Fonseca lo colocaron en la lista de dirigentes políticos referidos en la revelación más grande hasta ahora de quienes esconden su dinero en paraísos fiscales.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que coordinó la investigación periodística internacional en la que participó la revista Proceso, realizó un interactivo sobre los líderes mundiales que directa o indirectamente están relacionados con la creación de empresas offshore por parte de la firma panameña.

Después de 12 presidentes, primeros ministros en funciones o retirados, y reyes de los países árabes que compraron empresas offshore a Mossack Fonseca, el presidente de México aparece en una lista de 18 mandatarios cuyos familiares o cercanos pidieron el apoyo de ese despacho para crear complejos esquemas financieros con el propósito de esconder su identidad y la ruta del dinero.

El presidente mexicano está en esa lista con el ruso, Vladimir Putin; la exmandataria argentina Cristina Fernández; y el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo. En esos casos identificados en la investigación global se trata de personas cercanas a los mandatarios o exmandatarios que no forman parte de su familia y que compraron empresas offshore.

Peña Nieto fue enlistado gracias al contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, el hombre que se ha convertido en símbolo sexenal del enriquecimiento a partir de la obra pública y su relación política. Las estimaciones que refiere el ICIJ a partir de investigaciones periodísticas son de 750 millones de dólares obtenidos en contratos con el gobierno.

Las operaciones de Hinojosa Cantú fueron conocidas el pasado domingo 3, cuando los más de 100 medios participantes en la investigación dieron a conocer de forma simultánea los primeros resultados luego de casi un año de trabajo. Proceso lo difundió en su portal al igual que Aristegui Noticias, el otro medio mexicano que tuvo acceso a los archivos de Mossack Fonseca.

El constructor de la llamada Casa Blanca para Peña Nieto en Las Lomas de Chapultepec –inmueble cuyo valor se estima en 7 millones de dólares de acuerdo con la investigación de Aristegui Noticias– buscó movilizar en julio del año pasado 100 millones de dólares, producto de sus “ahorros” y apenas una parte de su riqueza, según las referencias de los despachos que gestionaron la creación de sociedades, empresas y fundaciones para esconder el dinero.

Con ese manejo de dinero, Mossack Fonseca incluyó a Hinojosa Cantú en la categoría de Individuo de Fortuna Neta Elevada (UHNWI, por sus siglas en inglés) por tener activos que rebasan los 30 millones de dólares.

Esa misma información, producto de la filtración de documentos de la firma panameña al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, deja en claro las relaciones con Peña Nieto y sus gobiernos en el Estado de México y la Presidencia de la República.

Un documento presentado por sus asesores financieros para la creación  de las empresas offshore señala como fuente de ingresos de Hinojosa Cantú los contratos que ha tenido con las administraciones de Peña Nieto.

Fechado el 30 de junio de 2015, el documento enlista 11 de “los proyectos más significativos” del Grupo Higa, propiedad de Juan Armado Hinojosa en los últimos años. Casi todos están relacionados con los gobiernos de Peña Nieto. Sin mencionar un monto total, destacan el proyecto carretero Aeropuerto Toluca-Naucalpan y el contrato por 945.5 millones de pesos para remodelar el hangar presidencial.

También el Aeropuerto Internacional de Toluca y el libramiento Acambay, y numerosas obras carreteras en el Estado de México. Además dice que para junio pasado competía para ganar la construcción de una parte (17%) del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que dicen será el más grande del mundo.

El documento también menciona las diferentes empresas de Hinojosa: la compañía aeronáutica Eolo, Constructora Teya, Mezcla Asfáltica de Calidad, Impresión Publicitaria, Consorcio IGSA Medical del Perú y Bienes Raíces H&G S. A. de C. V.

Esta última fue la que le vendió su casa de descanso al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco, Estado de México, según reveló el diario The Wall Street Journal. Primer responsable de la recaudación de impuestos en el país, Videgaray se negó a hacer comentarios sobre la presencia de Hinojosa Cantú en #PanamaPapers.

Proceso buscó al departamento de Comunicación del Grupo Higa para la investigación, con el propósito de conocer sobre sus ingresos y lo que ha reportado al fisco, sin obtener respuesta. Una semana después de que se dieron a conocer los #PanamaPapers seguía sin responder.

La Presidencia de la República también se negó a comentar el tema. Consultada en los días previos a la publicación, aseguró que se trataba de “un asunto un poco añejo” y remitió a la investigación de la Secretaría de la Función Pública que en agosto pasado negó la existencia de conflicto de interés, justo cuando Hinojosa ya tenía un esquema financiero para mover esos 100 millones de dólares.

Los demás

La referencia al presidente de México en la investigación global se debió también a que Emilio Lozoya Austin fue otro de sus allegados que apareció en los #PanamaPapers. Lozoya, quien fue el primer director de Pemex en el gobierno de Peña Nieto, hasta febrero pasado, está en los archivos de Mossack Fonseca.

La información disponible hasta ahora no demuestra que en efecto haya creado una empresa offshore. Al día siguiente de que proceso.com.mx dio a conocer que en los datos filtrados estaba una copia de su pasaporte, el exdirector de Pemex usó su cuenta de Twitter­ para emitir un supuesto desmentido.

“Es posible que en alguna transacción, antes de ser funcionario público, cierta contraparte empresarial con la que haya tratado a nivel internacional, intentó crear esta estructura. Lo cual, de ser el caso, nunca se concretó”, escribió Lozoya en su cuenta de Twitter @EmilioLozoyaAus.

“Nunca he tenido trato, de ninguna índole, con el despacho Mossack Fonseca”, escribió el exfuncionario en la misma cuenta en la que Proceso lo había buscado para consultarlo, antes de la publicación de #PanamaPapers, sobre su relación con la firma panameña.

En lo que presentó como un desmentido, que en realidad era un deslinde del escándalo, señaló: “Niego categóricamente haber registrado o creado empresa alguna en Panamá, o que haya tenido o tenga cuentas bancarias en ese país”. Aseguró que siempre ha cumplido con el pago de impuestos “en todas las jurisdicciones en que he debido hacerlo”.

El entorno de Peña Nieto también fue alcanzado con la revelación de que Mossack Fonseca tiene como sus clientes a integrantes de una familia que durante décadas ha sido cercana al presidente de la República: los Alcántara Rojas.

De acuerdo con los documentos de Mossack­ Fonseca revisados por Proceso, Aurora Rojas Alcántara y su hija Melissa Flores Alcántara son beneficiarias de fideicomisos creados en Nueva Zelanda y Hong Kong para realizar inversiones y operaciones empresariales en distintas partes del mundo.

El creador de estas estructuras es el abogado Luis Doporto Alejandre, esposo de Melissa Flores Alcántara. En los archivos de Mossack Fonseca, Doporto es uno de los mexicanos con más presencia. Su nombre aparece en la creación de numerosas empresas, incluidas las suyas.

Su participación ha sido clave para la reestructuración del mercado de distribución de medicamentos en México a través de presuntas prácticas de connivencia entre competidores y que pone a prueba al gobierno de Peña Nieto para evitar las prácticas monopólicas en ese sensible mercado.

Los Alcántara Rojas son originarios de Acambay, un poblado de 56 mil habitantes en el Estado de México, vecino de Atlacomulco y de donde también proviene la familia de Peña Nieto, cuyo abuelo fue alcalde en cuatro ocasiones.

El jefe del clan es Roberto Alcántara Rojas. Nacido en Acambay, Estado de México, el 19 de abril de 1949, es hijo de Jesús Alcántara Miranda, quien fue presidente municipal de Acambay, dos veces diputado federal y senador (1988-1991), siempre por el PRI, en el que Roberto Alcántara ha participado como recaudador de fondos en campañas presidenciales.

Desde hace medio siglo los Alcántara se dedican al transporte. A la cabeza de los negocios está Roberto Alcántara, quien es dueño de VivaAerobús en México y director general del Grupo Toluca, que posee empresas de transporte terrestre.

Con la llegada de Peña Nieto a la Presidencia los Alcántara diversificaron sus negocios. Apenas había comenzado el sexenio, en 2013, Roberto obtuvo tres contratos por 4 mil millones de pesos para administrar la gestión del cobro electrónico de 49% de las casetas de México bajo el control de Caminos y Puentes Federales, a pesar de que se denunciaron irregularidades (Proceso 1974 y 1975).

Ese mismo año se convirtió en el mayor accionista minoritario de la española Prisa, editora del periódico El País, con una aportación de 100 millones de euros.

Su hermana Aurora Alcántara, quien aparece en los archivos de Mossack Fonseca, es esposa del exgobernador de Oaxaca, José Murat, quien a su vez es padre del actual candidato a gobernador de ese estado por el PRI, Alejando Murat, otro cercano a Peña Nieto.

Integrante del equipo de transición, Peña lo hizo director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, desde donde trabajó su candidatura al gobierno de Oaxaca, entidad que ya estuvo gobernada por su padre.

José Murat, además, fue el encargado por Peña Nieto para operar el Pacto por México. Con ese acuerdo, Peña Nieto logró generar un consenso entre los principales partidos políticos del país para adoptar las reformas hacendaria, laboral, educativa y energética.

Aunque no logró su propósito de crear empresas offshore con Mossack Fonseca, otro empresario cercano a Peña Nieto es mencionado en los #PanamaPapers.

Carlos Hank Rhon, accionista mayoritario del Grupo Financiero Interacciones, pretendió abrir una cuenta de 10.7 millones de dólares en un banco suizo a través del despacho panameño. La negativa de Mossack Fonseca a Hank se debió al desprestigio de su familia luego del escándalo internacional en el que estuvo involucrada cuando el gobierno de Estados Unidos emprendió a mediados de los noventa la llamada Operación Tigre Blanco.

Sin embargo, Interacciones Casa de Bolsa, propiedad de Hank Rhon, aparecía en los archivos de Mossack Fonseca como un “prospecto de cliente” en 1996, cuando ya estaba en marcha la investigación estadunidense contra la familia de Carlos Hank González, fundador del grupo político Atla­comulco, en el Estado de México, del que surgió el presidente Peña Nieto.  l