Un oportuno recordatorio...

Las manos sucias del PAN :

Traidor a la patria contará con estatua en Nuevo León

ARTURO RODRíGUEZ GARCíA
MONTERREY, N.L., 10 de abril (apro).- Familiares del generalísimo decimonónico, Santiago Vidaurri, exgobernador de Nuevo León durante la Reforma, lograron por fin cumplir con un viejo deseo: construirle un monumento al hombre que terminó afiliándose al gobierno de Maximiliano y murió como traidor a la patria.


La estatua de dos metros de altura, que inicialmente pretendían erigir en una plaza pública, pero el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se opuso, estará en el museo municipal de Lampazos de Naranjo, dado que es administrado con fondos privados.



Sin embargo, la decisión de construir un monumento al exmandatario estatal ya volvió a dividir opiniones.



En nombre de los habitantes de ese municipio, Alfredo Rodríguez Galindo, ya hizo llegar una queja a las autoridades de las secretarías de Gobernación y Defensa Nacional, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que impidan esa "barbaridad", pero hasta ahora no ha recibido respuesta.

Dice:

"Existe una disposición del gobierno mexicano, para que a traidores como Vidaurri no se les rindan honores ni se les tenga en sitios públicos, ni siquiera enterrados en panteones públicos, por eso se le tiene en la Mesa de Catujanos (rancho de Vidaurri), porque es un traidor".



Rodríguez Galindo sostiene que es un "atentado a la patria" poner en en el museo de Lampazos a Vidaurri, personaje que, como funcionario, dice, sirvió a Fernando Maximiliano de Habsburgo y atentó contra la vida del presidente Benito Juárez.



Ante la inminente inauguración de la estatua, el periodista Raúl Rubio, uno de los más fervientes opositores, dice:



"Me parece que esa pretensión es de la ultraderecha que intenta reivindicar a sus héroes. Ahí está el caso de Natividad González Parás, que además de haber promovido los honores a Vidaurri, no pierde oportunidad en elogiar a Bernardo Reyes y homenajearlo a pesar de su participación en el derrocamiento de Francisco I. Madero.



"Mi consuelo es que el lugar que se escogió para poner la estatua es un patio, detrás de una escalera y, creo, involuntariamente, de espaldas a los fusiles bayonetados utilizados en el fusilamiento de Maximiliano. Irónicamente así murió Vidaurri, de espaldas a las armas de la República como traidor a la patria".



Desde hace tres años, los "honores" brindados a Vidaurri han sido objeto de un encendido debate entre historiadores juaristas y vidaurristas. Mientras unos niegan los merecimientos del personaje para ser considerado prócer, otros los exaltan.



Como pocas ocasiones en el norte del país, la polémica ha encendido los ánimos a lo largo de tres años e incluso ha ocupado las primeras planas de diarios locales en Monterrey.



Santiago Vidaurri ha provocado debates, foros y hasta movilizaciones ciudadanas, a favor y en contra, entre los habitantes de Lampazos de Naranjo, un municipio rural ubicado al norte del estado.



El 17 de agosto de 2007, bajo el título "Polémica por el legado histórico de Santiago Vidaurri", Apro publicó un reportaje en el que se describen los escarceos entre historiadores, educadores y periodistas que discrepan sobre el significado histórico de la trayectoria del gobernador nuevoleonés en la época de la Reforma.



Incluso Paco Ignacio Taibo II se montó en la polémica, cuando el periodista Raúl Rubio Cano, uno de los más destacados opositores a la estatua de Vidaurri, abordó al escritor en Monterrey, a finales de 2007, y le mostró la primera plana de El Regio.



Días después, en una entrega para el diario La Jornada, el 24 de noviembre de 2007, Paco Ignacio escribió:



"He visto la estatua en una fotografía de la primera plana de un diario de Monterrey. La transportan en un camión de redilas rumbo a un depósito, mientras se enfría el asunto. Santiago Vidaurri está sentado muy contento en su bronce de dos metros de altura, obra de un tal Cuauhtémoc Zertuche. Nunca me gustó el cacique liberal, cacique separatista, cacique imperial de Nuevo León en el siglo XIX. Su rostro y su historia tienen un no sé qué vampiresco, soez, carroñero...



"Pero algunos en Nuevo León lo quieren mucho. Tanto, que quieren poner su estatua en el lugar donde nació, el pequeño pueblo de Lampazos…".


El traidor


Santiago Vidaurri ha sido calificado de genocida por haber encabezado a los "cazadores" de indígenas nómadas en el norte del país, a mediados del siglo XIX. Además, se le señala de ser el creador de un proyecto separatista en 1855, que pretendía independizar Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para crear la República de Sierra Madre. Y, aunque juarista en la primera etapa, es recordado por su traición a Juárez, en febrero de 1864.



La correspondencia entre el entonces ministro de Hacienda, José María Iglesias, y Santiago Vidaurri, redactada entre finales de enero y principios de febrero de 1864, compilada por Jorge L. Tamayo, da cuenta de las razones del diferendo.



Mermadas las arcas federales, Iglesias pidió a Vidaurri que entregara los recursos de las rentas federales ingresadas por la aduana de Piedras Negras, territorio correspondiente al estado de Coahuila, que el generalísimo había anexado al estado de Nuevo León por su cuenta.



Juárez, mientras tanto, se encontraba en la atropellada travesía de su República itinerante y se había instalado en Saltillo, a unos 100 kilómetros de Monterrey.


Vidaurri se negó a entregar los recursos, lo que motivó a Juárez a ir a su encuentro, el 12 de febrero.


Según la misma compilación de Tamayo, Guillermo Prieto describió el desenlace de la reunión:



"La entrevista fue fría y llena de majestad por parte de Juárez. Un hijo de Vidaurri (Indalecio), sacando su pistola, rompió toda contestación y declaró el motín. Lerdo había previsto el desenlace y tenía listo el coche: con suma precipitación subieron a él, el mismo Lerdo, Juárez, Iglesias, Suárez y Navarro (...) Entonces se desencadenó el populacho y siguió al coche, haciendo disparos. El coronel Guiccione, con unos cuantos hombres y haciendo prodigios de valor, detuvo a la multitud enfurecida."



Horas después, Vidaurri celebró con el pueblo y ordenó un repique de campanas y salvas de artillería. Desde entonces estuvo proscrito, fue vencido por las tropas juaristas y se escondió en Texas, hasta que a su regreso a Monterrey, una vez ganada la plaza por las tropas imperiales, reconoció a Maximiliano, que lo mantuvo como gobernador hasta el triunfo de la República.



El 8 de julio de 1867 se le encontró vestido de mujer, procurándose su huida en la Ciudad de México. Luego, Porfirio Díaz lo mandó fusilar en la Plaza de Santo Domingo, sin juicio previo y de espaldas.



En lo que respecta a la relación entre Vidaurri y Maximiliano, poco se ha dicho, inclusive el historiador coahuilense Arturo Berrueto González dijo a Apro, en 2007, que los historiadores de Nuevo León se han negado históricamente a hacer pública la correspondencia entre dichos personajes.


La estatua


Cada año, el 25 de julio, aviones privados aterrizan en la Mesa de Cartujanos, una zona serrana limítrofe al norte entre Coahuila y Nuevo León, donde se encuentra la cripta fúnebre de Santiago Vidaurri.



Sus descendientes, señaladamente la familia Milmo, miembros de la elite adinerada de Monterrey, se dan cita para recordar a su prócer.



De acuerdo con Raúl Rubio Cano, de esas reuniones, organizadas para celebrar el natalicio de Vidaurri, surgió la idea de erigirle una estatua y develarla en 2008, en ocasión del bicentenario de su nacimiento.



Sin embargo, en esa ocasión no fue posible, pero todo indica que los familiares lograron por fin su viejo anhelo de tener una estatua, así sea en un lugar cerrado, como el museo municipal de Lampazos.

Trabajadores del IMSS se deslindan de la postulación panista de su líder sindical

Gabriel León Zaragoza

Al postular como candidato a diputado federal al dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Valdemar Gutiérrez, Acción Nacional pretende hacer creer a los electores, una vez más, que más de 400 mil agremiados del instituto votarán de forma corporativa por la derecha del país, lo cual es totalmente falso porque los trabajadores no lo harán en favor del partido que ha actuado contra sus derechos laborales y que impone políticas proempresariales, advirtió la Coalición Nacional Democrática de Trabajadores del Seguro Social.

En respuesta a estas políticas que atentan contra los derechos y conquistas de la clase trabajadora, dentro del sindicato se consensa poner en marcha una campaña nacional de voto contra el PAN y la postulación de Gutiérrez Fragoso, porque su candidatura pone en grave riesgo la situación del sindicato, que en sus más de 55 años de existencia nunca había estado en la derecha, informó el vocero de la coalición, Eduardo Pérez Saucedo.

En entrevista, puntualizó que el lunes se reunirán representantes de trabajadores del IMSS de diversos estados para decidir las acciones a seguir contra el PAN, el cual –dijo– desde que ocupa la administración federal ha propuesto aprobar reformas laborales lesivas; impuso la Ley del Issste en perjuicio de más de 32 millones de personas e implanta aumentos al salario mínimo por debajo de la inflación para agravar la pérdida del poder adquisitivo de la población.

Abundó que un elemento más para no votar en julio por el partido de Felipe Calderón es su fuerte oposición a la libertad de expresión en el país, como lo ha demostrado en sus iniciativas de reforma al sistema judicial y en las que ha pretendido criminalizar los movimientos sociales.
“Con la candidatura a un personaje tan cuestionado, Germán Martínez (dirigente nacional panista) exhibe su perfecto desconocimiento de la vida de los sindicatos del país. Pero son temas, como se ha visto, que al PAN no le preocupan, y eso va a tener una respuesta, porque los trabajadores perdemos cada día más derechos y los empresarios meten más el outsourcing y otorgan menos prestaciones a los trabajadores.

Hay que ponerles un hasta aquí y (las elecciones) son un momento importante para defender los derechos y conquistas laborales de los trabajadores, manifestó.

Sobre la negociación de Elba Esther Gordillo ante el PAN para que Valdemar Gutiérrez sea candidato plurinominal a una diputación federal, expuso que esto lo evidencia como una persona carente de principios. Hay muchas cosas que se negocian, pero los principios nunca. Los sindicatos son instrumentos de lucha en favor de los trabajadores y no impulsores de políticas proempresariales.

Manifestó que desde hace dos años la dirección sindical de Gutiérrez Fragoso enfrenta una demanda laboral de un sector del sindicato, la cual la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha negado a abordar. Llegó a la dirección sin cubrir todos los requisitos mínimos que establecen los estatutos, porque nunca fue representante, destacó.

Alerta, alerta, hay fraude en puerta

Desfiladero
Alerta, alerta, hay fraude en puerta

El PAN es la única alternativa al PAN

Zapata vive 90 años después

Jaime Avilés

Ayer, el tiempo cumplió 90 años desde que el general Emiliano Zapata, en medio de una feroz balacera, escapó a galope tendido de la hacienda de Chinameca, hacia la sierra de Puebla donde, afirman quienes lo vieron hace poco, no cambia, no envejece, es el mismo de siempre. Por eso no tienen sentido las ceremonias luctuosas que organiza el oficialismo para celebrar su muerte, es decir, la supuesta derrota de uno de los héroes más populares y trascendentes en la historia de nuestro país. Desde su refugio, Zapata observó cómo el motivo de su levantamiento en armas fue clave para el desarrollo del México del siglo XX. Hoy, mientras contempla la agonía del sistema que él mismo y de la manera más humilde ayudó a construir, espera la llegada de 2010 con renovadas esperanzas. Sabe que tras el fracaso de los comicios del 5 de julio, el Legislativo se sumará a la lista de los poderes ilegítimos, como hoy por hoy lo son el Ejecutivo y el Judicial. Sabe también que entonces el pueblo tendrá el inalienable derecho de invocar el artículo 39 de la Constitución, que lo autoriza, en todo momento, a cambiar la forma de su gobierno”, para iniciar ahora la nueva revolución pacífica que habrá de fundar la cuarta república.

El fraude que viene

En efecto, una vez más, el partido de la ultraderecha católica, mejor conocido como PAN, se alista para robarse las elecciones de julio, que renovarán los 500 asientos de la Cámara de Diputados, varias gubernaturas y numerosas presidencias municipales. Esta columna, sábados atrás, habló de la alianza que existe, y que nadie ha desmentido, entre Elba Esther Gordillo, líder vitalicia del mayor sindicato de América Latina (más de un millón de afiliados) y el “gobierno” (o lo que sea) de Felipe Calderón, para darle al PAN la mayoría legislativa que requieren los que aún pretenden consumar la privatización de Petróleos Mexicanos.

El acuerdo consiste, se dijo aquí, en que Gordillo obtendrá de los gobernadores priístas que le deben favores todos los votos que necesita Calderón; éste, a cambio, le permitirá designar a los nuevos jueces del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con lo que ella terminará controlando, con ese filtro, todos los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado a lo ancho y largo del país. Claro está que para hacer posible esta tragedia, el público tiene que presenciar una comedia, y ésta ha comenzado a actuarla Germán Martínez, el bulldog que funge como líder del PAN.

Su estrategia es más que obvia: ha lanzado incesantes acusaciones en contra de figuras del PRI –sobre todo Manlio Fabio Beltrones–, con un doble propósito: negar la existencia del movimiento y de los partidos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador, y permitir que entren a la pista los conocidos payasos del circo, o sea, los expertos en encuestas.

“...desde finales de 2008 y durante enero y febrero de 2009, la gran mayoría de las encuestas de opinión daban puntero al PRI en rangos que estaban entre 40 y 44 por ciento de la intención de voto; asimismo, el PAN se ubicaba en una segunda posición con números entre 25 y 33 por ciento, mientras que el PRD estaba entre 15 y 16 por ciento”, escribe Alberto Aziz Nassif en El Universal del martes 7 de abril. Y añade:

“En marzo, dos mediciones han modificado el escenario (...) GEA-ISA reportó una diferencia (de) 39 al PAN y 41 al PRI. Después, Berumen reportó una caída del PRI de casi 10 puntos, por lo cual pasó de 39.9 que tenía en febrero a sólo 30.3 hacia finales de marzo. En esta encuesta el PAN sólo logró avanzar dos puntos, de 25.1 a 27.4, en tanto que el PRD perdió tres puntos y pasó de 15.4 a 12.2. Si el PRI y el PRD perdieron votantes y el PAN sólo avanzó en forma marginal, ¿al PRI le pasa hoy lo que sucedió con López Obrador en marzo de 2006?”, se pregunta el analista.
Esta columna recuerda que, en efecto, después de ir muy arriba en todas las mediciones, López Obrador cayó y Calderón empezó a subir, en marzo de 2006, no porque ello ocurriera en la realidad sino porque así lo dijo la agencia GEA-ISA, que pronosticó desde ese momento la “victoria” del panista. Aquel desplante fue un banderazo de salida, o una orden a la que se plegaron el resto de los encuestadores, avalados, claro está, por la televisión. Pero nada de eso era cierto y mucho menos gratuito.

En su edición de ayer, La Jornada reveló que en 2006, el gobierno de Vicente Fox, a través de la Secretaría de Gobernación que dirigía Carlos Abascal Carranza, contrató los servicios de GEA-ISA para que favoreciera a Calderón en las encuestas para la Presidencia. Mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), escribe la reportera Elizabeth Velasco, “se localizó el contrato 6800000268, celebrado en febrero de 2006”. En los próximos días, el IFAI tendrá que hacerlo público. Lo que salga a flote explicará por qué el entonces director de GEA-ISA, Guillermo Valdés, hoy es titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, la KGB mexicana), o por qué uno de los principales accionistas de GEA-ISA, Jesús Reyes Heroles, es hoy director general de Pemex.

La torpeza del dúo que forman Martínez y Calderón es palpable. Quieren hacernos creer que durante los dos primeros meses de 2009, mientras el dólar se iba a las nubes y se perdían 6 mil empleos cada 24 horas; el diesel subía de precio cada semana y la inflación batía sus propios récords, la gente, gracias a los ladridos del bulldog, comprendió que el PAN era la única fuerza política que podía salvarla del PAN, y por lo tanto decidió darle la espalda al PRI y mandar al sótano a López Obrador. Ajá. Suena ridículo, ¿no es cierto? Pues cuidado, porque la televisión no tardará en proclamar a toda hora la patraña del “milagroso” repunte del PAN, que arrasará el 5 de julio, aunque ese día nadie vaya a las urnas.

¿Para qué quiere Calderón votantes si ya tiene a la señora Gordillo? A principios de esta santa semana, la temible dirigente del magisterio recibió en una bandeja la cabeza de Josefina Vázquez Mota, ahora ex secretaria de Educación Pública, su enemiga más aborrecida. Esta, al entregar el cargo, en una ceremonia acompañada por Calderón, empezó a temblar como maraca y debieron llevarle una silla para que se sentara. ¿Era un ataque de pánico? ¿Tan indefensa se sintió, ya sin poder, a merced de doña Elba Estéril? Ay, nanita.

Vázquez Mota condenó al hambre a más de 80 trabajadoras de la Dirección Nacional de Educación Indígena, que llevan más de dos años sin cobrar un peso. ¿Temblaba quizá de arrepentimiento por su crueldad? Quién sabe. Lo cierto es que ahora que la tiene de patitas en la calle, el bulldog asegura que Josefina será número uno en las listas del PAN y líder del Congreso. El feroz cánido olvida que eso mismo le prometió a César Nada (o Nava), cuando el pálido abogado de Calderón salió de Los Pinos a “levantar” la campaña panista, sin que hasta la fecha haya producido una sola frase polémica, una idea defendible o algo más que su deprimente fotografía colgada en mantas de plástico por toda la ciudad.

Ojalá que Guillermo Zapata, el caudillo del son, componga una pieza titulada “alerta, alerta, hay fraude en puerta”, para que la bailemos en las marchas contra el fraude que viene.

jamastu@gmail.com

Con Fox, los peores resultados económicos en 18 años: ASF

Serios retrocesos en generación de empleo, competitividad, apoyo al agro y deuda pública

En el sector energético, mayor dependencia del exterior y cada vez más endeudamiento

Roberto Garduño

La Cámara de Diputados recibió el dictamen con las conclusiones de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2006, último año de gobierno de Vicente Fox –que será debatida en el pleno la semana próxima–, en el cual se establece que en dicho periodo los ingresos adicionales de que dispuso la administración panista ascendieron a 310 mil millones de pesos y el crecimiento del producto interno bruto (PIB) fue de sólo 2.3 por ciento al año.

Ese hecho significó que el foxismo arrojó en los principales sectores productivos del país los peores resultados en el ejercicio de recursos.

La economía mexicana creció entre 2000 y 2006 a un ritmo de 2.3 por ciento, mientras con Carlos Salinas a 3.9 en promedio al año y con Ernesto Zedillo a 3.5, a pesar de la crisis en 1994-1995.

De acuerdo con los datos aportados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la administración foxista tuvo los peores resultados en los últimos 18 años, porque en promedio sólo se generaron 224 mil empleos al año, mientras en el gobierno de Ernesto Zedillo ese número llegó a 600 mil. Además, sólo en 2006, en el ámbito de la competitividad mundial México pasó del lugar 42 al 64.

Prácticas irregulares

El dictamen, elaborado por la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, sostiene que en 2006 se liquidó el sistema Banrural con prácticas irregulares que la ASF tiene documentadas. Los organismos con que se sustituyó ese esquema de financiamiento fueron modelos inoperantes y de alto riesgo, amén de estar canalizando crédito a los grandes productores.

En el terreno de la deuda pública, la administración foxista “acumuló 400 mil millones en Pidiregas, mientras el IPAB no se fondeó pero fue cubierto con recursos fiscales. No se redujo nada de la deuda pública en los seis años de Vicente Fox”.

La ASF detectó que no hubo metas ni indicadores en el programa de fomento agrícola. En el caso del sector pecuario, el proyecto sólo apoyó a productores con subsidios equivalentes a 17 por ciento respecto de los canalizados en gobiernos anteriores, en contraste con el alza de hasta 305 por ciento que ha tenido en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
“En el caso de los 23 fideicomisos creados en 2006, 12 presentaban una pérdida acumulada de 547 millones de pesos. De los 11 restantes, nueve fueron devueltos a sus propietarios originales y las acciones de recuperación, por 579 millones de pesos, otorgadas como apoyo, no se realizaron.”

El uso indiscriminado de los Pidiregas, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, resultó en dependencia de empresas particulares para la producción de energía, que se extenderá hasta 2031.

En cuanto a Luz y Fuerza del Centro, la administración foxista “no hizo nada para paliar el peso de las pensiones en el presupuesto de la empresa, que al año 2006 significó 27.3 por ciento del gasto programable y 98.2 del pago en servicios personales. Eso ya es insostenible para la empresa”.

Por lo que hace a Petróleos Mexicanos (Pemex), de 2000 a 2006 la inversión “siempre fue menor a la programada, a pesar de los ingresos extraordinarios por el precio del petróleo. La inversión en investigación y desarrollo fue a la baja, dejando a entidades como el Instituto Mexicano del Petróleo en estrangulamiento presupuestal. Los pasivos laborales en Pemex crecieron 13.4 por ciento en promedio al año. El uso indiscriminado del modelo Pidiregas en la paraestatal ha dejado compromisos para el servicio de esta deuda, entre 2007 y 2012, por 769 mil millones de pesos”.

El dictamen, elaborado con datos de la ASF, establece que en el ámbito de la educación básica el programa Enciclomedia, amén “del gasto irregular en su implementación, muestra resultados negativos (en 23.8 por ciento menos) en la aplicación de la tecnología”.

Se erogaron 4 mil 857 millones de pesos y se equiparon 87.8 por ciento de las aulas programadas, lo cual significó 65.2 por ciento de los espacios educativos en quinto y sexto grados.

Además, “con una visión básicamente asistencialista, los programas de Fox en el ámbito del combate a la pobreza no consideraron bases metodológicas para la selección de beneficiarios y de operación. Los cambios en términos de indicadores permitieron al gobierno jugar con las estadísticas y llamar la pobreza de distintas formas”.

Ofensas a la sociedad

Arturo Alcalde Justiniani
La Ley Federal del Trabajo en su artículo cuarto señala diversas conductas patronales, como ofensas a los derechos de la sociedad, cuando se impide el ejercicio de derechos laborales fundamentales, en particular el de huelga. Esta dura sentencia parte de la premisa de que la comunidad en su conjunto, no sólo trabajadores y sindicatos, son los lesionados. Dos empresas han incurrido recientemente en este agravio: Mexicana de Cananea, SA de CV, del Grupo Minera México, y la trasnacional alemana Continental Llantera Potosina, SA de CV.

El conflicto iniciado por el Grupo Minera México contra el sindicato minero metalúrgico es un ejemplo dramático de esta realidad. Difícil olvidar la decisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del 17 de febrero de 2006, la cual, apoyándose en firmas falsificadas, en agitada resolución de horas destituyó a toda la directiva sindical para imponer una al gusto del patrón. Desde entonces, el gobierno y la empresa han utilizado todos los recursos para destruir a este sindicato con un gigantesco costo social que incluye pérdida de vidas, heridos, centros de trabajo artificialmente extinguidos para sustituir a los trabajadores, persecución penal a sus directivos e intervención de cuentas bancarias.

En el ámbito internacional, el gobierno mexicano ha sido reprobado por múltiples organismos debido a la saña que ha desatado contra los mineros; destaca el reciente pronunciamiento de Leo W. Gerard, presidente internacional del Sindicato Metalúrgico de América, en carta pública dirigida a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, con motivo de su visita a México, preparatoria a la del presidente Barack Obama.

A raíz de las constantes violaciones al contrato colectivo de trabajo aplicable en Cananea, el 30 de julio de 2007 estalló la huelga, que se ha mantenido a pesar de las maniobras en su contra, incluida la privación de servicios médicos esenciales a los que tendría derecho cualquier trabajador huelguista. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ha hecho causa común con la patronal buscando afanosamente declarar inexistente la huelga, siendo permanentemente revocadas sus resoluciones por el Poder Judicial federal. En este contexto, cancelada la vía de la inexistencia, se promueve una maniobra descabellada: solicitar la autorización de la JFCA para despedir a todos los trabajadores huelguistas dándoles una indemnización ínfima y, por añadidura, dar por terminado el contrato colectivo de trabajo, todo por encima de la huelga legalmente existente. La intención evidente es sustituir a los huelguistas por trabajadores miembros de un sindicato patronal, siguiendo la ruta implementada en otros centros de trabajo.

Los argumentos de la empresa causarían risa si no fuera por sus dramáticas consecuencias; alega una “causa de fuerza mayor” que, según ella, le impide seguir operando, apoyada en reportes elaborados por su propio personal de confianza sobre las condiciones del equipo de trabajo y de cuyo estado es responsable la misma; además, se funda en una inspección llevada a cabo por la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía que le fue notificada el 20 de marzo de 2009. Aunque parezca increíble, ese mismo día, en cuestión de minutos la empresa decidió, elaboró y presentó la demanda de terminación del contrato colectivo, y también ese mismo día la JFCA recibió, dictó acuerdo admisorio, fijó fecha de audiencia para resolución y comisionó al actuario para la notificación... las palabras sobran. Una razón adicional esgrimida por la empresa en su demanda es que no puede prever la duración de la huelga y que sus causas le son ajenas. Por tratarse de hechos supuestamente notorios, sostiene que no está obligada a probar. Quiere todo, incluida una declaración de responsabilidad sobre la huelga, que en todo caso sería motivo de un juicio diverso al que plantea.
Nuestra legislación laboral –y por ello se requiere su reforma– señala que la JFCA debe actuar como árbitro en este conflicto; la misma autoridad que ha demostrado con creces su encono hacia el sindicato y los trabajadores huelguistas. Su imparcialidad es nula, pues se impone la voluntad del presidente instruido previamente por la STPS, quien es finalmente el verdadero juez; por cierto, es del dominio público la posición de esta dependencia frente al sindicato y los trabajadores huelguistas. ¿Qué clase de justicia es ésta, cuando no existe un mínimo de imparcialidad?

En tenor semejante actúa en San Luis Potosí la empresa llantera Continental, al solicitar ante la misma JFCA dar por muerto el contrato ley de la industria hulera en el país, vigente desde 1935; alega en su favor que la STPS omitió convocar a la revisión de este contrato el pasado mes de febrero, porque a la mayoría cetemista de la coalición obrera del hule “aparentemente” se le olvidó promoverla en tiempo.

La demanda de la empresa alemana fue sorpresiva, no sólo por arrogarse una representación de la que carece, puesto que actúa solita, sino también por lo absurdo de su argumentación, toda vez que la ley laboral en su artículo 421 únicamente considera dos causales para la terminación solicitada: el mutuo consentimiento, que no existe, o la falta de convenio al concluir el procedimiento de revisión contractual, la cual tampoco opera, porque se prorrogaron las condiciones de trabajo conforme al artículo 420 de dicha ley. La trasnacional alemana vuelve a las andadas con una estrategia legaloide similar a la utilizada hace cuatro años, cuando en su planta Euzkadi de El Salto, Jalisco, provocó una huelga de tres años que la hizo pagar indemnizaciones y entregar adicionalmente a sus trabajadores las propias instalaciones, en retribución por los salarios caídos. El caso de San Luis Potosí es lamentable si se considera que pocos meses antes, en un acto de responsabilidad, sus trabajadores accedieron a un ajuste en sus condiciones de trabajo para hacer más competitiva a dicha empresa. No cabe duda, los demonios andan sueltos.

Los moneros en el sábado de Gloria :

Opacidad en el foxismo

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependiente de la Cámara de Diputados, entregó la revisión de la Cuenta Pública de 2006, documento en el que se infiere que los ingresos adicionales de los que dispuso la administración panista en ese año –el último del sexenio de Vicente Fox– ascendieron a 310 mil millones de pesos.

El dato es de suyo motivo de escándalo e indignación, pues, no obstante todo ese dinero, la economía nacional creció durante el sexenio pasado a niveles magros (2.3 por ciento en promedio); entre 2000 y 2006 sólo se generaron en el país unos 224 mil empleos por año; se incrementó la deuda pública –en el sexenio se acumularon cerca de 400 mil millones de pesos por concepto de Pidiregas– y, por si fuera poco, buena parte de los miles de millones de pesos de los que dispuso el gobierno foxista sencillamente no aparecen hoy por ninguna parte. De tal forma, las cifras que se comentan son indicativas de la ineficiencia, la irresponsabilidad y la turbiedad con que el gobierno pasado manejó el dinero público, colocan al foxismo como la peor administración en los últimos 18 años y alimentan las sospechas de corrupción que pesan sobre el autodenominado “gobierno del cambio”.

Ante ello, las autoridades actuales tendrían la responsabilidad legal y moral de emprender las pesquisas correspondientes en contra del ex presidente panista, pero hasta ahora, y a pesar de la evidencia documental aportada por la propia ASF en torno a su manejo por lo menos deficiente de los recursos públicos, el calderonismo ha optado por declinar esas responsabilidades y ha provocado, con ello, acrecentar la sospecha, inexorablemente sembrada en amplias franjas de la sociedad, de que el actual ocupante de Los Pinos mantiene con su antecesor una suerte de pacto de impunidad por la injerencia de este último en el proceso electoral de 2006, y de las acciones que, tanto dentro como fuera de la legalidad, emprendió Vicente Fox para minar el camino a la Presidencia al principal candidato de oposición.

Con tal actitud, el presente gobierno no sólo parece empeñado en profundizar el déficit de legitimidad que arrastra de origen, sino que se muestra como un régimen encubridor del desaseo en el ejercicio del poder y deteriora aún más la imagen del conjunto de la clase política y de las instituciones ante la población, pues contribuye a que la Presidencia de la República sea percibida como un espacio de impunidad, ineficacia y corrupción.
Por otra parte, es claro que la opacidad con que se condujo la administración de Vicente Fox no sólo resulta reprochable desde un punto de vista ético o legal, sino también desde el ámbito económico, consideración particularmente relevante en un momento en que el país se enfrenta a una grave crisis económica y en el que los recursos públicos –necesarios para la aplicación de programas sociales y la reactivación de la economía– escasean: a pesar de las cuantiosas sumas que entraron a las arcas nacionales gracias, entre otras cosas, a los elevados precios internacionales de los hidrocarburos, el gobierno foxista aportó mucho menos que sus antecesores a la promoción del empleo, el mejoramiento de los servicios educativos y de salud, la construcción de infraestructura y el combate real a la pobreza y a la marginación. Ciertamente, al margen de que el foxismo haya tenido poco o mucho que ver en la configuración de los presentes descalabros financieros, bursátiles y económicos, es por demás reprochable su falta de previsión, de transparencia y, presumiblemente, de honestidad en el manejo de los recursos de la nación.

En suma, a casi una década de la alternancia de siglas y de colores en la Presidencia de la República, la sociedad parece asistir a la confirmación de las viejas prácticas de los sexenios priístas, cuando los mandatarios entrantes se encargaban de cuidar las espaldas de sus antecesores y extendían con ello una cadena de impunidad transexenal. Tal perspectiva resulta catastrófica para el país en términos de justicia y pone en entredicho el pretendido avance que supuso la alternancia en el poder, pues tal parece que las cosas cambiaron para seguir igual.