Entre noviembre de 2006 y abril de 2009 la empresa Bizjet sobornó a personal de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, la Policía Federal y el gobierno de Sinaloa para obtener contratos de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves. Dos exejecutivos de esa firma aseguran que miembros del Estado Mayor Presidencial recibieron más de 2 millones 200 mil pesos. Uno de ellos, el general de brigada Crisanto García, no sólo sigue en funciones, sino que incluso fue ascendido cuando Peña Nieto llegó a Los Pinos.
El escándalo sigue girando en torno al presidente Enrique Peña Nieto. Ahora detona en el Estado Mayor Presidencial (EMP). Uno de los involucrados en el caso de corrupción con la empresa estadunidense Bizjet durante el sexenio pasado, el general de brigada Crisanto García, permanece en el selecto grupo de militares encargado de la seguridad presidencial.
Al amparo del jefe del EMP, el general de brigada Roberto Francisco Miranda Moreno, Crisanto García es ahora subjefe de Logística, el tercer mando más importante en esa elitista unidad militar, responsable de la operación y el mantenimiento de las aeronaves a su cargo.
El general García es además responsable de la organización y protocolo de los actos de la esposa del presidente de la República, de la sección de Transmisiones y de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales (CGTAP) del EMP.
Involucrado desde el gobierno de Vicente Fox en el transporte aéreo presidencial, el militar es señalado también como parte de una red de jefes y oficiales del EMP que durante el sexenio de Felipe Calderón hicieron negocios con autopartes de aviones y helicópteros y fraudes en los contratos de mantenimiento.
Varios de ellos salieron con la llegada del nuevo gobierno, pero el general Crisanto García no sólo permaneció, sino que mantiene aún el control del hangar presidencial, con el respaldo del jefe del EMP designado por Peña Nieto, de acuerdo con testimonios de la propia instancia castrense.
Licenciado en administración por la Escuela Superior de Guerra y maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), el general García fue incluido en la investigación que hizo la justicia de Estados Unidos por corrupción y soborno de la empresa Bizjet International Sales and Support para ganar contratos en México y Panamá entre 2004 y 2010.
Desde diciembre de 2000, cuando Fox llegó a Los Pinos, el general ha sido responsable de la administración de bienes materiales y manejo de recursos humanos y financieros en la CGTAP, la encargada de transportar al presidente y a altos funcionarios federales, así como del mantenimiento y operación de las aeronaves. Una de ellas fue el helicóptero que se desplomó y causó la muerte del entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, en Amecameca, Estado de México, en noviembre de 2011.
Durante el sexenio foxista fue director general de la CGTAP y en diciembre de 2006, a la llegada de Calderón, ascendió a coordinador general, cargo en el cual se mantuvo hasta marzo de 2010, cuando fue designado subjefe de Logística del EMP por decisión del entonces jefe de ese órgano técnico militar, el general Jesús Castillo Cabrera.
De acuerdo con el Reglamento Interior del EMP, el jefe de esa unidad administrativa es quien le propone al presidente de la República la designación o remoción, entre otros, del subjefe de Logística. Apenas llegó Enrique Peña Nieto a Los Pinos, el general Roberto Miranda, su jefe de seguridad, ratificó al general García.
Según la acusación penal en Estados Unidos, que se sigue en la Corte federal del Distrito Norte de Oklahoma, tanto la CGTAP como la Policía Federal y el gobierno de Sinaloa fueron sobornados por ejecutivos de Bizjet –compañía con sede en Tulsa, Oklahoma– para obtener contratos de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves.
Por lo menos dos exejecutivos de la empresa que se han declarado culpables –Neal Uhl y Peter Dubois– reconocen haber entregado por lo menos 172 mil dólares, equivalentes a más de 2 millones 200 mil pesos, a funcionarios de la CGTAP entre noviembre de 2006 y abril de 2009, según la acusación del Departamento de Justicia.
Pero hay más exejecutivos de Bizjet involucrados, por lo que la cifra que el gobierno estadunidense notificó al de México fue de 2 millones de dólares entregados a funcionarios del EMP, la Policía Federal y el gobierno de Sinaloa.
En marzo de 2012 la empresa admitió ante la justicia estadunidense que pagó esa cantidad en sobornos en México para obtener contratos de mantenimiento de aeronaves. La Procuraduría General de la República (PGR) inició la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-11/003/2012. Pero al final de ese año Crisanto García fue ascendido por Calderón de general brigadier a general de brigada.
Los militares implicados
El 14 de marzo de 2012 la PGR informó que, a cambio del pago de 2 millones de dólares en sobornos a esas dependencias, Bizjet International obtuvo contratos por 20 millones de dólares y 50 millones de pesos.
Aunque no dio oficialmente los nombres de los funcionarios involucrados, en distintos medios se publicó que los investigados eran Eduardo Laris McGregor, coordinador de Operaciones Aéreas de la Policía Federal; Mauricio Camarena Delgado, director de Servicios Aeroportuarios de Sinaloa; el entonces general brigadier Crisanto García, subjefe de Logística del EMP; el teniente coronel Flavio León Huerta, exdirector Técnico de Mantenimiento en la CGTAP, y el capitán José de la Luz Rojas Tlalolini, de la misma coordinación.
La PGR informó que esos funcionarios eran investigados como probables responsables de los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, sancionados por los artículos 222 y 224 del Código Penal Federal.
De acuerdo con las declaraciones de Uhl y Dubois, obtenidas por Proceso, los sobornos a la CGTAP se hicieron a través de una empresa de cobertura de Bizjet a cuentas bancarias de tres militares encargados de la seguridad en el transporte aéreo de la Presidencia de la República, entre los que mencionan a un capitán, un coronel y un funcionario del EMP, a quien no identifican por rango. De los tres, aseguran que se trata de funcionarios con alto poder de decisión e influencia para otorgar los contratos de mantenimiento.
Refieren los declarantes que, en noviembre de 2006, a distintos empleados y funcionarios del EMP se les hizo un primer pago por 2 mil dólares, luego otro por 30 mil en octubre de 2007, uno más por 50 mil 500 en noviembre de ese mismo año, otro por 50 mil en diciembre de 2008 y uno de 40 mil dólares en abril de 2009.
Explican que en el caso de los 30 mil dólares se hizo una transferencia electrónica de la compañía desde Nueva York a una cuenta bancaria de una empresa de fachada en California para asegurar un contrato de mantenimiento con el EMP. En el caso de los 50 mil 500 dólares mencionan el mismo procedimiento. Los pagos en México se hicieron con cheques o en efectivo.
La alegada participación del general Crisanto García en los sobornos de Bizjet era conocida por su entonces jefe inmediato en el sexenio de Calderón, el general Jesús Castillo Cabrera, pero también por el actual jefe del Estado Mayor Presidencial, el general Roberto Miranda Moreno, según testimonios de la propia unidad militar.
“Cuando en la prensa estaba el escándalo del bizjetazo, el general Crisanto dejó de volar en las giras presidenciales y al coronel Flavio León lo quitaron” como director técnico de la CGTAP, asegura un testigo de la época, quien pide el anonimato.
“En el EMP se escuchaban cosas de cómo el general Castillo le decía al general Miranda que cómo el pendejo de Crisanto se fue a meter en esos pedos, porque el general Castillo no era muy discreto cuando se enojaba.”
El teniente coronel Flavio León salió del EMP junto con Calderón. A pesar del escándalo, hasta el 1 de diciembre de 2012 se mantuvo como el director general adjunto de la CGTAP, de la que también fue director general y director técnico de mantenimiento, cargos en los que fue mano derecha del general Crisanto García.
El capitán José de la Luz Rojas Tlalolini salió del EMP el mismo día que el teniente coronel Flavio León. Egresado de la Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea Mexicana, con la especialidad en mantenimiento de aviación, también pertenecía a la CGTAP.
El coronel Roberto Navarro Gómez, quien fue director general de Mantenimiento en el hangar presidencial en la segunda parte del sexenio pasado, fue otro de los que salieron de la CGTAP y del Estado Mayor Presidencial con el ascenso del general Roberto Miranda.
Lo mismo pasó con el general brigadier y piloto aviador Pablo Bañuelos Márquez, quien hasta el 27 de noviembre de 2012 fue coordinador general en el hangar presidencial y cuyas funciones eran la supervisión técnica y el manejo de recursos humanos.
Mantenimiento simulado
El caso de Bizjet no se agotó con el pago de sobornos. Una práctica común fue la simulación en el mantenimiento. “En los aviones asignados a esa empresa los jefes obligaban a los mecánicos a que firmaran trabajos no hechos. Muchos se resistían, pero al final firmaban obligados”, dice el testigo que pidió el anonimato.
Explica que los aparatos eran enviados a Estados Unidos y que, allá, los técnicos de Bizjet eran quienes pedían que se avalaran las “revisiones”, porque ese era el acuerdo con los jefes de los mecánicos en México. Cuando éstos insistían en firmar sólo por los trabajos realizados, les llamaban desde la dirección de Mantenimiento de la CGTAP.
Refiere intervenciones de ese tipo del coronel Navarro, el general Bañuelos y el teniente coronel León. “Están haciendo bien su trabajo, pero hay que ser más flexibles”, era la orden. Y asegura que los jefes eran los que viajaban como supervisores de mantenimiento o reparaciones, pero los que firmaban eran los mecánicos, además de que pedían su parte en los viáticos de los técnicos.
En esas decisiones asegura que participaban la dirección de mantenimiento, dependiente de la CGTAP, la dirección de Operaciones y la dirección de Administración. Añade: Cuando los aparatos regresaban con fallas se tenían que arreglar en México, pero ya no como parte del contrato de mantenimiento, reparación y revisión, sino con los técnicos del hangar presidencial.
Lo peor, dice, era cuando se mandaban a “empresas patito” certificadas para trabajos pequeños y que sólo abren los aparatos, los limpian o pintan las piezas para presentarlas como nuevas. Pero como el aparato sigue sin operar bien, al final se manda al extranjero y se cobra una nueva factura.
Antes de que se conociera el caso de Bizjet, en el EMP ya era un comentario común que se estaba pagando mucho dinero sin que en Estados Unidos se les hiciera nada a los aparatos, asegura. Y cuando salió en prensa, la orden tanto en Los Pinos como en el hangar presidencial fue que nadie hablara de más.
Otras veces, comenta, los jefes de mantenimiento ordenaban a los mecánicos revisar “trabajos” ya pagados, cuando en realidad aún no se hacían. Además, les pedían rubricar facturas por trabajos no supervisados y que muchas veces superaban los miles de dólares. Y si había algún problema después de esas inspecciones, mandaban a los técnicos a que explicaran las fallas.
Asegura que lo mismo ocurría con aviones de la compañía Learjet o con los helicópteros de la empresa Eurocopter, “aunque en este caso dejó de ocurrir cuando la empresa abrió talleres de mantenimiento en México”, a donde llegan mecánicos del EMP a supervisar el mantenimiento.
Dice que el interés económico de los mandos del EMP ha estado en los aviones, más que en los helicópteros, aunque con éstos “hubo venta de componentes en el sexenio pasado. Incluso de partes y componentes de tres helicópteros Augusta nuevos”.
Refiere que con uno de ellos se hizo un vuelo de adiestramiento, pero se reportó como mantenimiento porque los primeros no se pueden hacer sin la certificación de la aeronave por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, pues muchas veces se vuela sin la certificación.
La orden que se dio en el EMP, en Los Pinos, fue que se presentara como vuelo de mantenimiento de balance de rotores para ocultar que estaban practicando, porque hubo un percance con un árbol, por estar volando demasiado bajo. Es lo que se conoce como pajarazo, cuando se le pega a un árbol y salen volando los pájaros, explica.
Otra práctica que menciona el testimonio es la venta de partes nuevas, se mandaban arreglar pero sin que se les hiciera nada. “Sólo era para facturar”. Otras veces se ordenaba tirarlas a la basura, considerándolas material de desecho o en desuso. Cuando alguien preguntaba por qué, los jefes decían que eran órdenes. Lo mismo pasaba con las refacciones, dice.
En una ocasión uno de los mecánicos se resistía a desmontar equipos nuevos de esos aparatos para que se usaran como refacción y se enviaran a Estados Unidos. Su temor era que lo acusaran de traficar con equipo de aviación. Tal fue su oposición que sólo uno de esos equipos se envió a Filadelfia, a la fábrica sede de los Augusta. Tal vez ese equipo se volvió a montar y se cobró por eso, considera.
“En el hangar presidencial se corría la voz de que el principal beneficiado de todo esto era el general Crisanto García, pues ya estaba como jefe logístico del EMP cuando fue el bizjetazo, pero lo sorprendente es que sigue a cargo del hangar y hasta tiene ahí un cuarto de alojamiento.”
