sábado, 11 de diciembre de 2010
Marcha en Apatzingán exige la salida de las fuerzas federales
Denuncian abusos de la PF y el Ejército Mexicano
Aspecto de la manifestación de miembros de la sociedad, este viernes, para denunciar abusos de las fuerzas federales en ApatzingánFoto Quadratín
Eduardo Ferrer y Ernesto Martínez
Corresponsales
Periódico La Jornada
Sábado 11 de diciembre de 2010, p. 5
Morelia, Mich., 10 de diciembre. Un centenar de ciudadanos de Apatzingán aprovecharon que los enfrentamientos de fuerzas policiacas y castrenses contra sicarios de La Familia Michoacana se concentraron en la Sierra Madre del Sur, para marchar esta tarde por calles de la cabecera municipal y exigir la salida del Ejército y la Policía Federal.
Los manifestantes, encabezados por los padres de Santiago Trinidad Magaña Flores, el bebé de ocho meses alcanzado por una bala durante los tiroteos ocurridos el miércoles en la ciudad, denunciaron violaciones de los derechos humanos cometidas por las corporaciones federales de seguridad. “¿Quién me devolverá a mi hijo, señor Presidente?”, inquiría la leyenda escrita en cartulina que portaba la madre del pequeño.
Durante las exequias de su hija Emma Ayari Jaimes Mendoza, de 17 años, el perredista Guadalupe Jaimes Valladares –quien asumió la alcaldía tras la detención de su correligionario Genaro Guízar Valencia en el michoacanazo del 26 de mayo de 2009– recibía condolencias envuelto en lágrimas y denunciaba la “brutalidad” de la PF como causa principal de la tragedia.
La ciudadana María Ángeles Rodríguez envió una carta a la redacción de La Jornada Michoacán, donde refiere que la presencia de la PF propagó el pánico y tras las refriegas hay un clima desolador agudizado por la llegada de más infantes de Marina y elementos del Ejército. “Los comercios están cerrados, se suspendieron los servicios bancarios y no trabajó ninguna oficina municipal”, relató.
Su escrito fue corroborado por todos los testigos, y entre ellos Pedro López Avilés añadió que jueves y viernes todas las farmacias, tiendas de autoservicio y pequeñas tiendas de abarrotes también cerraron.
En otras cartas la gente deplora en lo que se convirtieron las ciudades, lugares de estudio, trabajo y convivencia. “Nuestras casas ahora son refugios frágiles donde nos guarecemos de las balaceras, las esquirlas y el fuego amigo. Uno ya no entiende nada de nada”, manifiestan. Además, entre los gobiernos federal y estatal hay una confrontación política que se traduce en desvinculación y un incremento de la violencia contra los ciudadanos, que sólo están presentes en la expresión del “daño colateral”, escribió Rogelio Guillén. En otra misiva, Mario Cortés exige parar el discurso de “buenos contra malos” y poner un alto a la “violencia estúpida” que llegó junto a la impunidad y el terror.
El Colectivo de Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos del estado emitió un pronunciamiento donde informa de diversas manifestaciones recabadas en que los michoacanos afirman ser presa del miedo y la zozobra por los ataques contra civiles y el robo de vehículos y negocios.
Salinas sólo quiere dar el beso del diablo: PRD
México.- Diputados del PRD que lideran las corrientes de Nueva Izquierda e IDN rechazaron los elogios de Carlos Salinas de Gortari al jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, al asegurar que el ex mandatario sólo busca “dar el beso del diablo”.
Entrevistados por separado, los perredistas de corrientes contrarias, Jesús Zambrano, identificado con NI, y Agustín Guerrero de IDN, coincidieron en que Salinas sólo busca “acrecentar” la división en el PRD.
Zambrano dijo que “con sus elogios anda queriendo ver a quién le da el beso del diablo, para provocar una división interna mayor en el PRD”; mientras que Guerrero expresó que “es un político perverso, que busca dar el beso del diablo con su mala fama”.
Ambos perredistas confiaron en que Ebrard “tiene bien puestos los pies en la tierra” y no responderá a los elogios que “son dardos envenenados” de Salinas, a quien identificaron como el hombre que mantiene el liderazgo en el PRI.
La reaparición pública de Salinas no es un hecho fortuito, señalaron tras referir la cercanía de las elecciones a la Presidencia.
Zambrano y Guerrero refirieron que las declaraciones de Salinas tienen la intención de que no sólo el PRD, sino la izquierda, siga enfrascada en confrontaciones entre Andrés Manuel López Obrador y Ebrard, a quienes, dijeron, la ciudadanía identifica con los aspirantes a la presidencia en 2012.
Guerrero, cercano a López Obrador, dijo que Salinas es el personaje de la política “más desacreditado y ahora busca generar más encono entre los perredistas; no hay duda de que de que la intención es que la izquierda se divida más de lo que de por si ya estamos”.
Por su parte, Ebrard guardó silencio unos segundos cuando se le cuestionó sobre las declaraciones de Salinas, quien lo consideró un “servidor público profesional”, mientras que de López Obrador dijo que es “un Juanito”.
Después señaló: “Yo creo que (las declaraciones) se explican por si mismas”.
— ¿Tiene alguna relación cercana con el expresidente?
—No.
Y aunque se le insistió en el tema, el mandatario local prefirió retirarse para saludar a los vecinos que atestiguaron la colocación de la ultima trabe del tramo elevado de la Linea 12 del Metro.
Wikileaks Hernández: días de transparencia. Jaime Avilés
Desfiladero
Una vez más, la sabiduría popular vuelve a imponerse: cuando más oscuro está el cielo, dice el refrán, es justo cuando va a amanecer. Y en efecto, hasta hace unos días, cuando más abrumados nos sentíamos por el horror sin pies ni cabeza de la guerra de Felipe Calderón contra el pueblo, so pretexto del narcotráfico, y por los elogios del gobierno estadunidense a su valentía” para “enfrentar” a los cárteles, las revelaciones de Wikileaks pintaron, como escribió en alguna de sus novelas Alejo Carpentier, “las primeras luces del alba en los cristales”.
Estamos empezando a vivir el amanecer de la transparencia. Ahora, gracias a Julian Assange y su grupo de ciberperiodistas, sabemos lo que Washington realmente piensa del hombrecito que vive en Los Pinos: no coordina las operaciones de la Marina, el Ejército y la Policía Federal, pues cada cual actúa por su parte. Estas instituciones no intercambian información entre sí porque sospechan unas de otras. Las tropas, sin adiestramiento para efectuar labores de investigación policiaca, tienen “aversión al riesgo”, y el hombre de mayor confianza de Calderón, Genaro García Luna, es visto con suma desconfianza por el Pentágono.
Los héroes de Wikileaks han desnudado al imperio más destructivo de todos los tiempos y con su hazaña han descubierto nidos de ratas por doquier. Estamos ante un hecho sin precedentes en la historia, que tendrá repercusiones en cada país. En el nuestro, por lo pronto, otras revelaciones ya están disponibles para que todos nos sirvamos de ellas y sólo esperan a que ustedes las conozcan y las empiecen a transmitir de boca de boca.
Algunas de ellas se encuentran en las 588 páginas del nuevo libro de Anabel Hernández, Los señores del narco (Grijalbo, 2010). En ese valiente y riguroso trabajo, la autora sostiene que, al menos desde el sexenio de Díaz Ordaz hasta el actual, todos los gobernantes mexicanos han mantenido estrechas relaciones con los grupos que importan, exportan y venden drogas ilícitas.
Con base en papeles desclasificados de la DEA, la CIA y otras agencias del norte; en investigaciones académicas de la Universidad de California, en expedientes judiciales y en testimonios de personas bien conocidas, pero también de informantes protegidos por la máscara del anonimato, la reportera demuestra –sin formularlo así– que antes del neoliberalismo la industria de la droga en México no representaba un problema de salud pública, ni mucho menos de inseguridad social, como ocurre en nuestros días.
Durante el sexenio de Luis Echeverría, cuenta y documenta con largueza, en los estados de Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Veracruz y Oaxaca se sembraba mariguana y amapola bajo supervisión oficial, y todas las cosechas eran enviadas íntegras a Estados Unidos, en el marco de un acuerdo entre ambos gobiernos. Eran los años de la guerra de Vietnam y el Pentágono necesitaba surtir de estimulantes a sus soldados en el frente de batalla. Pero en México los narcos obedecían la orden precisa de que ni un kilo de mercancía podía quedarse en el país, y si alguien intentaba desacatarla iba a la cárcel.
La cooperación prosiguió tras la derrota estadunidense en Vietnam, pero se amplió después del triunfo de los sandinistas en Nicaragua. Acotado por el Congreso de Estados Unidos que le negó fondos para desestabilizar al nuevo régimen de Managua, el gobierno de Ronald Reagan montó la operación Irán-Contras. En ésta, la CIA ayudaba a los cárteles colombianos de Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Rodríguez Orejuela a llevar grandes cargamentos de cocaína al inmenso mercado imperial, con la participación de los cárteles mexicanos y, por supuesto, con la anuencia de Miguel de la Madrid.
Los aviones que partían de Cali y de Medellín atiborrados de coca paraban en México para surtirse de combustible, continuaban rumbo a su destino más allá del río Bravo y, con las utilidades obtenidas en el negocio, regresaban repletos de armas para los mercenarios acantonados en Honduras, que a lo largo de la década de los 80 desarrollaron una persistente guerra de baja intensidad. Cuando la Contra logró su objetivo y los sandinistas aceptaron ir a elecciones –que perderían en 1990–, la CIA sacó del agua sus redes y las quemó.
Invadió Panamá, arrestó al general Manuel Antonio Noriega, y se lanzó contra los grandes capos colombianos, encarcelando a unos, asesinando a otros, entre ellos al célebre Pablo Escobar Gaviria, a quien uno de los declarantes de Anabel Hernández le niega cualquier clase de mérito: decía que era el mejor contrabandista de droga de todos los tiempos, pero la verdad es que movió miles de toneladas de coca con ayuda de Estados Unidos. Así qué chiste.
Conocer antes de destruir
Obra que merece ser leída con reposo –y con sombrero, porque a menudo les pondrá los pelos de punta–, Los señores del narco sugiere, al cabo de sus primeras 200 páginas, una moraleja inicial: antes del neoliberalismo, cuando en el país había crecimiento de 8 por ciento anual, estabilidad cambiaria, sindicatos fuertes, subsidios agrícolas, precios de garantía, etcétera, la industria de la droga era marginal y estaba orientada exclusivamente a la exportación, para satisfacer los intereses de Estados Unidos y, por supuesto, enriquecer a los políticos, militares y policías que la cuidaban.
Todo comenzó a cambiar durante el sexenio de De la Madrid, cuando la sumisión del país al FMI, la privatización de las empresas públicas, la concentración de la riqueza en pocas manos y el desahucio económico al que fueron condenadas las grandes mayorías, convirtió al narcotráfico en tabla de salvación de miles y miles de pobres.
La tendencia se agudizó, naturalmente, durante el gobierno espurio de Salinas de Gortari, que surgió del fraude de 1988, y se complicó aun más con la entrada de la cocaína colombiana al mercado interno. Y la descomposición siguió acentuándose durante los mandatos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, dentro de ciertas reglas, que Calderón destruyó de un manotazo, rompiendo el tablero de juego y hundiendo en el caos al país. ¿Podremos salir de allí, o mejor dicho, de aquí, de lo más profundo de este hoyo al que hemos sido arrojados?
No, decía el capo brasileño Marcos Camacho, alias Marcola, en una entrevista concedida a O Globo que citó el Desfiladero de la semana pasada, no hay solución, pero “atrapen a los barones de la droga. Hay diputados, senadores, empresarios y hasta ex presidentes en el negocio de la cocaína”.
Pues bien, la investigación de Anabel Hernández proporciona nombres, apellidos y actividades económicas de un buen número de personas situadas en los pináculos del poder, que actualmente sostienen ligas con la industria de la droga en México. Y a diferencia de lo que piensa Marcola, ella aseguró hace unos días, durante una charla con Rubén Luengas para una televisora estadunidense: “Como madre, como hija, como mujer y como periodista estoy convencida de que las cosas sí tienen solución [...] pero antes tenemos que conocer nuestra realidad. No podemos destruir lo que no conocemos”.
jamastu@gmail.com
Una vez más, la sabiduría popular vuelve a imponerse: cuando más oscuro está el cielo, dice el refrán, es justo cuando va a amanecer. Y en efecto, hasta hace unos días, cuando más abrumados nos sentíamos por el horror sin pies ni cabeza de la guerra de Felipe Calderón contra el pueblo, so pretexto del narcotráfico, y por los elogios del gobierno estadunidense a su valentía” para “enfrentar” a los cárteles, las revelaciones de Wikileaks pintaron, como escribió en alguna de sus novelas Alejo Carpentier, “las primeras luces del alba en los cristales”.
Estamos empezando a vivir el amanecer de la transparencia. Ahora, gracias a Julian Assange y su grupo de ciberperiodistas, sabemos lo que Washington realmente piensa del hombrecito que vive en Los Pinos: no coordina las operaciones de la Marina, el Ejército y la Policía Federal, pues cada cual actúa por su parte. Estas instituciones no intercambian información entre sí porque sospechan unas de otras. Las tropas, sin adiestramiento para efectuar labores de investigación policiaca, tienen “aversión al riesgo”, y el hombre de mayor confianza de Calderón, Genaro García Luna, es visto con suma desconfianza por el Pentágono.
Los héroes de Wikileaks han desnudado al imperio más destructivo de todos los tiempos y con su hazaña han descubierto nidos de ratas por doquier. Estamos ante un hecho sin precedentes en la historia, que tendrá repercusiones en cada país. En el nuestro, por lo pronto, otras revelaciones ya están disponibles para que todos nos sirvamos de ellas y sólo esperan a que ustedes las conozcan y las empiecen a transmitir de boca de boca.
Algunas de ellas se encuentran en las 588 páginas del nuevo libro de Anabel Hernández, Los señores del narco (Grijalbo, 2010). En ese valiente y riguroso trabajo, la autora sostiene que, al menos desde el sexenio de Díaz Ordaz hasta el actual, todos los gobernantes mexicanos han mantenido estrechas relaciones con los grupos que importan, exportan y venden drogas ilícitas.
Con base en papeles desclasificados de la DEA, la CIA y otras agencias del norte; en investigaciones académicas de la Universidad de California, en expedientes judiciales y en testimonios de personas bien conocidas, pero también de informantes protegidos por la máscara del anonimato, la reportera demuestra –sin formularlo así– que antes del neoliberalismo la industria de la droga en México no representaba un problema de salud pública, ni mucho menos de inseguridad social, como ocurre en nuestros días.
Durante el sexenio de Luis Echeverría, cuenta y documenta con largueza, en los estados de Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Veracruz y Oaxaca se sembraba mariguana y amapola bajo supervisión oficial, y todas las cosechas eran enviadas íntegras a Estados Unidos, en el marco de un acuerdo entre ambos gobiernos. Eran los años de la guerra de Vietnam y el Pentágono necesitaba surtir de estimulantes a sus soldados en el frente de batalla. Pero en México los narcos obedecían la orden precisa de que ni un kilo de mercancía podía quedarse en el país, y si alguien intentaba desacatarla iba a la cárcel.
La cooperación prosiguió tras la derrota estadunidense en Vietnam, pero se amplió después del triunfo de los sandinistas en Nicaragua. Acotado por el Congreso de Estados Unidos que le negó fondos para desestabilizar al nuevo régimen de Managua, el gobierno de Ronald Reagan montó la operación Irán-Contras. En ésta, la CIA ayudaba a los cárteles colombianos de Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Rodríguez Orejuela a llevar grandes cargamentos de cocaína al inmenso mercado imperial, con la participación de los cárteles mexicanos y, por supuesto, con la anuencia de Miguel de la Madrid.
Los aviones que partían de Cali y de Medellín atiborrados de coca paraban en México para surtirse de combustible, continuaban rumbo a su destino más allá del río Bravo y, con las utilidades obtenidas en el negocio, regresaban repletos de armas para los mercenarios acantonados en Honduras, que a lo largo de la década de los 80 desarrollaron una persistente guerra de baja intensidad. Cuando la Contra logró su objetivo y los sandinistas aceptaron ir a elecciones –que perderían en 1990–, la CIA sacó del agua sus redes y las quemó.
Invadió Panamá, arrestó al general Manuel Antonio Noriega, y se lanzó contra los grandes capos colombianos, encarcelando a unos, asesinando a otros, entre ellos al célebre Pablo Escobar Gaviria, a quien uno de los declarantes de Anabel Hernández le niega cualquier clase de mérito: decía que era el mejor contrabandista de droga de todos los tiempos, pero la verdad es que movió miles de toneladas de coca con ayuda de Estados Unidos. Así qué chiste.
Conocer antes de destruir
Obra que merece ser leída con reposo –y con sombrero, porque a menudo les pondrá los pelos de punta–, Los señores del narco sugiere, al cabo de sus primeras 200 páginas, una moraleja inicial: antes del neoliberalismo, cuando en el país había crecimiento de 8 por ciento anual, estabilidad cambiaria, sindicatos fuertes, subsidios agrícolas, precios de garantía, etcétera, la industria de la droga era marginal y estaba orientada exclusivamente a la exportación, para satisfacer los intereses de Estados Unidos y, por supuesto, enriquecer a los políticos, militares y policías que la cuidaban.
Todo comenzó a cambiar durante el sexenio de De la Madrid, cuando la sumisión del país al FMI, la privatización de las empresas públicas, la concentración de la riqueza en pocas manos y el desahucio económico al que fueron condenadas las grandes mayorías, convirtió al narcotráfico en tabla de salvación de miles y miles de pobres.
La tendencia se agudizó, naturalmente, durante el gobierno espurio de Salinas de Gortari, que surgió del fraude de 1988, y se complicó aun más con la entrada de la cocaína colombiana al mercado interno. Y la descomposición siguió acentuándose durante los mandatos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, dentro de ciertas reglas, que Calderón destruyó de un manotazo, rompiendo el tablero de juego y hundiendo en el caos al país. ¿Podremos salir de allí, o mejor dicho, de aquí, de lo más profundo de este hoyo al que hemos sido arrojados?
No, decía el capo brasileño Marcos Camacho, alias Marcola, en una entrevista concedida a O Globo que citó el Desfiladero de la semana pasada, no hay solución, pero “atrapen a los barones de la droga. Hay diputados, senadores, empresarios y hasta ex presidentes en el negocio de la cocaína”.
Pues bien, la investigación de Anabel Hernández proporciona nombres, apellidos y actividades económicas de un buen número de personas situadas en los pináculos del poder, que actualmente sostienen ligas con la industria de la droga en México. Y a diferencia de lo que piensa Marcola, ella aseguró hace unos días, durante una charla con Rubén Luengas para una televisora estadunidense: “Como madre, como hija, como mujer y como periodista estoy convencida de que las cosas sí tienen solución [...] pero antes tenemos que conocer nuestra realidad. No podemos destruir lo que no conocemos”.
jamastu@gmail.com
Michoacán: ¿principio del fin? Salvador García Soto
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| Violencia en Morelia |
El golpe a “La Familia”, con toda la violencia que está generando, podría ser esa pequeñísima luz al final del túnel que muchos mexicanos esperan
La coincidencia de fechas sorprende: la mañana del 11 de diciembre del 2006, el país vio cómo tanques militares y batallones del Ejército abandonaban los cuarteles y avanzaban rumbo al estado de Michoacán, entidad controlada por el grupo criminal de La Familia Michoacana. Era el inicio de los operativos antidrogas del presidente Felipe Calderón que, apenas unos días después de su accidentada toma de protesta, decidía lanzarse a una precipitada, pero “urgente y necesaria”, ofensiva de fuerza contra el crimen organizado.
La búsqueda apremiante de legitimación también estaba presente en aquella decisión de fuerza que se proponía recuperar el control del Estado en áreas de Michoacán, y a la postre de otras zonas del país, donde los criminales habían impuesto su ley bajo el descontrol que privó en el sexenio de Vicente Fox.
Mañana se cumplen exactamente cuatro años de aquel momento en el que inició la cruzada anticrimen del presidente Calderón y Michoacán está, cuatro años después, convulsionado por la violencia y los enfrentamientos entre las fuerzas federales y los criminales de La Familia Michoacana. ¿Cambió algo en los cuatro años transcurridos entre estos dos 11 de diciembre?
Si nos atenemos al discurso oficial, en estos cuatro años el grupo de La Familia, considerado por las autoridades mexicanas “el cártel más peligroso y penetrante que existe en el narcotráfico por sus métodos de adoctrinamiento y infiltración de la sociedad”, ha sufrido bajas importantes. Varios de sus capos y operadores importantes en las distintas plazas de Michoacán han sido detenidos y se le han asestado golpes importantes a la capacidad operativa de ese grupo.
Ese discurso oficial, que habla de una “merma” importante a la organización delictiva que ha sido —junto con Los Zetas y el Golfo— de los cárteles más golpeados en la ofensiva del gobierno calderonista, cobró sentido cuando, hace unas semanas, el 10 de noviembre, aparecieron en diversos puntos de Michoacán, sobre todo en su capital Morelia, mantas y panfletos, además de correos electrónicos, en los que presuntos integrantes de La Familia Michoacana proponían un “pacto”, casi una rendición al gobierno federal.
La Familia ofrecía “replegarse” si la Federación garantizaba “la seguridad a los ciudadanos” en el estado; hablaba incluso de desintegrar su organización y de que sus miembros regresarían “a sus actividades productivas” si el “pacto” era aceptado por el gobierno. La propuesta fue rechazada de inmediato por el gobierno. “No negociamos con criminales”, respondieron la PGR y Los Pinos. Vino hace unos días, una segunda propuesta de tregua, ahora por la temporada navideña que también fue rechazada.
Esas dos propuestas de tregua, que sonaban a capitulación y rendición, fueron el motivo por el que el gobierno federal decidió lanzar la ofensiva que comenzó el miércoles pasado con operativos en Apatzingán, principal punto de operación del grupo. La reacción virulenta de La Familia hizo que 11 municipios, incluida Morelia vivieran auténticas escenas de guerra, con tiroteos, coches-bomba y las muertes de tres civiles —una bebé de ocho meses y un niño de dos años víctimas de balas perdidas— además de bajas de tres delincuentes y cinco policías federales, para un total de 11 muertos.
Ayer el gobierno confirmó la muerte de Nazario Moreno González, El Chayo, principal líder de La Familia Michoacana en los enfrentamientos y considerado el principal “ideólogo” del grupo junto con Servando Gómez La Tuta a quien versiones periodísticas ubican ya fuera del Estado y en territorio de Estados Unidos.
La pregunta es ¿ante qué estamos en Michoacán? ¿Es el primer cártel que podría ser desarticulado en sus principales cabezas? ¿No surgirán, como ha ocurrido en otros cárteles, nuevos líderes que tomen las posiciones de la estructura de mando que está siendo golpeada en esta ofensiva? ¿Con la muerte y la caída de los líderes se confirma la debilidad que atribuye el gobierno a La Familia Michoacana?
Según el análisis y el balance que ayer hacían en los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, la violenta reacción de La Familia —que aún con el debilitamiento que le atribuye el gobierno tuvo capacidad de fuego para mantener los tiroteos por todo un día y estrangular todos los accesos a Morelia— sólo muestra “un intento por sobrevivir”, y sostenían que sí está golpeada la estructura operativa, financiera y las redes de protección que soportan a este cártel.
El problema, reconocen en las áreas donde se coordinan los operativos federales en Michoacán, es que el caso de La Familia es único en el narcotráfico en México y aun cuando se lograra debilitar y desarticular las estructuras de mando del cártel, quedaría todavía la amplia base social que mantiene ese grupo por todo el territorio michoacano y que está “adoctrinada” y por tanto llevará tiempo desintegrar.
En un momento en el que no se ve salida a la guerra contra el narcotráfico y en el que todos los análisis de inteligencia del propio gobierno indican que en 2011 se puede recrudecer la violencia y la ofensiva de los cárteles en los territorios donde se les combate, el caso de Michoacán, con toda la violencia que está generando con estos operativos, podría significar esa pequeñísima luz al final del túnel que muchos mexicanos claman por ver en la espiral de violencia en la que nos ha metido esta guerra, con toda su estela de víctimas civiles e intranquilidad para amplias zonas del país. ¿Será eso o será una expresión de que poco se ha avanzado en cuatro años?
NOTAS INDISCRETAS…
“Eres un cobarde”, le escucharon gritar a Patricia Flores Elizondo en la sesión del Consejo panista del sábado pasado. El grito fue para Roberto Gil, luego de que éste decidiera declinar a favor de Gustavo Madero sin consultárselo a ella, su principal impulsora. Acto seguido, Patricia Flores desapareció y nadie volvió a saber de ella en el Consejo… Que Santiago Creel esperará otro momento y que no habrá en su comida de cumpleaños del domingo, en el lienzo charro de Constituyentes, ningún seguidor o militante que le pida buscar la candidatura presidencial. Es decir, no habrá “destape” ni directo ni indirecto; algo vio Creel que decidió alargar sus tiempos…El lunes en Pachuca, habrá dos “sacrificados” que se resignarán a su suerte. Del lado de Enrique Peña Nieto, el gobernador anfitrión Miguel Osorio, que se quedó “nomás milando”, y del lado de Manlio Fabio Beltrones, el líder cenopista Emilio Gamboa. Ambos tendrán que hacerse a un lado, sacrificados, para dar paso al hábil Humberto Moreira que se les metió como la humedad a los priístas y, todo indica, va solo por la dirigencia del PRI… Los dados cierran semana. Escalera doble
Salinas contra AMLO : por fin, abiertamente.
Pachuca, Hidalgo
10 de diciembre de 2010
Como un timbre de orgullo consideró Andrés Manuel López Obrador al hecho de que el jefe de la mafia del poder en México, Carlos Salinas, lo ataque verbalmente. “Eso quiere decir que vamos bien” en el movimiento por la transformación del país y sus instituciones, puntualizó.
Después de que el ex presidente utilizó los micrófonos de un programa radiofónico para lanzar una serie de críticas en su contra, subrayó: “es un timbre de orgullo el que el jefe de la mafia del poder en México nos ataque”.
En entrevista previa a una reunión de evaluación con integrantes de los 84 comités municipales de esta entidad, el presidente legítimo de México explicó que el activismo político de Salinas de Gortari responde a que está consciente de que el movimiento por el cambio verdadero va a triunfar en las urnas en la contienda presidencial del 2012, para iniciar una renovación de la vida pública del país.
El ex mandatario “está muy activo en todo el país, porque siente que les vamos a ganar, que el pueblo va a despertar y que vamos a lograr un verdadero cambio en el país”, aseguró.
La tentación. Alejandro Encinas Rodríguez
07 de diciembre de 2010
La ofensiva de Televisa contra Proceso entraña un deplorable acto de complicidades entre este poderoso grupo televisivo y la administración de Calderón que, a cambio de canonjías, otra vez usa una concesión pública para denostar y sentenciar, a la usanza de tribunal inquisitorio, a quien disiente y no se somete a los intereses del “poder”, lo que pone en entredicho la libertad de expresión y amaga con convertirse en una práctica regular.
No es la primera vez que acontece. Más allá de los hechos más sonados ante la opinión pública —como los videoescándalos—, a diario se desarrolla una estrategia que socava nuestra precaria vida institucional. Sin pretender desconocer el descrédito y deterioro bien ganado de las instituciones públicas ni de los políticos y servidores públicos que las conformamos, de forma sistemática se mina la “cosa pública” pretendiendo erigir a los poderes fácticos y sus empresas en la sana conciencia de la sociedad, alentando al alimón el temor y la desconfianza en la población.
El lastimoso escenario nacional —violencia e inseguridad, desempleo, frustración y exclusión social, y falta de rumbo en la conducción del país— ha creado un caldo de cultivo que, lejos de motivar cambios profundos en la vida nacional, alienta tentaciones autoritarias en el ánimo de conservar el poder. Para ello se hace uso de todos los medios y recursos, inclusive conculcando libertades y garantías constitucionales. Un buen ejemplo es el caso que nos ocupa contra Proceso, y la “denuncia” basada en el dicho de un delincuente habilitado como testigo protegido.
La figura de testigo protegido fue creada en un paquete de reformas legislativas que se plantearon como parte de la estrategia para combatir al crimen organizado, que ha modificado sustancialmente nuestro sistema de justicia. Así se estableció la figura de arraigo, la intervención telefónica, la denuncia anónima y el allanamiento domiciliario en flagrancia. Asimismo, se endurecieron las penas tanto para delitos federales como del fuero común y se aumentaron, como nunca, los recursos públicos en materia de seguridad pública.
Con ello se pretendía disuadir la actividad criminal y dar eficacia a las corporaciones policiacas. Pero, con el tiempo, se eliminó el principio de presunción de inocencia que regía nuestro sistema judicial y, lejos de cumplirse el objetivo, la delincuencia y la violencia siguen en aumento, las policías han sido sustituidas por las fuerzas armadas y en diversas regiones del país se vive una situación de excepción.
La filtración de información de los servicios de inteligencia de EU corrobora que hay falta de coordinación e incompetencia, confrontaciones entre mandos de la Procuraduría, de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas, y dan cuenta de la entrega al gobierno de EU y de intentos para suspender garantías.
Lejos de revertir esta situación, Calderón alienta el encono, pretende deslindar su responsabilidad en el pasado priísta y en el inmediato del foxismo —los que sin duda jugaron su papel—, culpa al Legislativo de no aprobar sus “reformas estructurales”, cuando el grueso de las reformas y los recursos que requiere le han sido aprobadas, e insiste en la receta del endurecimiento, con iniciativas que buscan justificar la intervención de las fuerzas armadas en tareas que competen a la autoridad civil, como son las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que pretende excluir al Congreso de la declaración de excepción y suspensión de garantías; la propuesta de mando único, que busca concentrar el mando de las policías en el titular de seguridad pública federal, o las reformas al Código de Justicia Militar, que si bien acota el fuero militar, excluye el delito de ejecución extrajudicial.
El país no está para bollos. La inminencia de la sucesión presidencial y las elecciones locales que se avecinan tensarán más la política del país. La crisis de inseguridad debe remontarse con un replanteamiento de la estrategia seguida, la cual no puede continuar fundándose en medidas que parten del principio de seguridad del Estado, cuando se requiere garantizar la seguridad de la sociedad. El aparato de seguridad en México se creó bajo ese concepto y las policías se constituyeron para garantizar el control político y la seguridad de los gobernantes.
Hoy es necesaria una óptica distinta, la de la seguridad ciudadana, lo que implica, lejos de las tentaciones totalitarias que conculcan derechos y libertades, el reconocimiento de que es posible combatir al crimen, sin limitar las garantías de los ciudadanos, enfrentando la enorme desigualdad social y la concentración del ingreso en unas cuantas manos, como las que hoy pretenden desacreditar el trabajo periodístico de Proceso.
Godoy Toscano, el desafuero anunciado
MÉXICO, DF, 10 diciembre (apro).- ¿Por qué la urgencia de desaforar lo antes posible al diputado federal, el experredista Julio César Godoy Toscano? La respuesta real la tiene César Augusto Santiago, presidente de la Sección Instructora y el verdugo que José Narro le presentó el 24 de septiembre al legislador el día que ingresó a la Cámara de Diputados, burlando de manera inexplicable el cerco de la Policía Federal.
Quienes están cerca de la Cámara pueden tener sólo algunas pistas del porqué la urgencia por entregar a la Procuraduría General de la República (PGR) al michoacano y medio hermano del aún gobernador de Michoacán, Leonel Godoy.
Desde la noche del miércoles, el estado de Michoacán ardió. Enfrentamientos entre policías federales y el cártel de La Familia se produjeron en Apatzingán hasta extenderse en la capital Morelia, pasando por Nueva Italia y caminos vecinales.
El próximo martes, día en que se tiene programado iniciar el proceso de desafuero, habrá un motivo más de preocupación para algunos michoacanos y hará feliz a otros, entre ellos Luisa María Calderón, la hermana de quien dice ser el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y por quien el país ha enterrado 30 mil muertos para atenuar su lucha contra el narcotráfico.
Quien promovió el desafuero tendrá un juego de tres banda: por un lado desacreditará al PRD para el proceso electoral del año entrante que se celebrará en el Estado de México y dividirá a ese partido y lo enfrentará con el PAN para que se cancele toda posibilidad de alianza.
El gran beneficiado en este caso será el priista Enrique Peña Nieto, actual gobernador mexiquense y quien requiere con urgencia el triunfo de su partido en esa entidad para agenciarse la candidatura presidencial.
Por otro lado, el PRD en Michoacán, que también renovará el gobierno estatal, llegará menguado a la contienda y con el hermano del actual gobernador acusado de pertenecer al narcotráfico.
Aquí la gran beneficiada será Luisa María Calderón, quien ya se ha destapado como la candidata del PAN para gobernar Michoacán, entidad que en el pasado le negó el voto a Felipe Calderón Hinojosa.
Sin duda, todo el peso del Estado federal apoyará a la hermana del presidente de la República y Luisa María Calderón, mejor conocida como la Cocoa, como la llaman de cariño, sabrá explotar los señalamientos contra el aún diputado Julio César Godoy Toscano.
Y, finalmente, habrá un ataque al gobierno de Gabino Cué en Oaxaca, quien derrotó al primitivo gobernador saliente, el priista Ulises Ruiz.
Cué llegó por una alianza entre PRD y PAN, así es que ahora el descrédito de Godoy Toscano, quien hasta el mes pasado aún militaba como perredista, sin duda le pegará al gobierno perredista-panista de Cué.
Aquí, el gran beneficiado será a quien ya mencionan en la Cámara de Diputados como el operador del desafuero: el propio Ulises Ruiz.
Como se recordará, Ruiz Ortiz fue una pieza de Roberto Madrazo Pintado, quien lo impulsó para que fuera el candidato al gobierno de Oaxaca. Y uno de sus operadores y hombres más cercanos en aquel entonces fue justamente César Augusto Santiago, hoy presidente de la Sección Instructora encargada de analizar el desafuero contra Godoy Toscano.
La versión de que detrás de toda la maniobra estuvo Ulises Ruiz cada día cobra mayor fuerza en la Cámara de Diputados, aunque no hay nadie que se atreva a declararlo.
Y es precisamente Ruiz Ortiz --quien enfrentará el juicio de los oaxaqueños en su contra por todo el daño que le hizo a la entidad, a su población, la persecución contra organizaciones sociales, los asesinatos y las detenciones que se presentaron en su sexenio, así como la persecución de lo que bien podría llamarse grupos de choque para eliminar a quien le estorbara-- el que pretende ganar impunidad. ¿Cómo?, arribando al Comité Ejecutivo Nacional del PRI que se nombrará el próximo año y bajo la égida de Peña Nieto.
Como se sabe, ya Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones pactaron para que el próximo presidente del partido sea Humberto Moreira, que pronto dejará la gubernatura de Coahuila y quien fue impulsado por la maestra Elba Esther Gordillo, por cierto una expriista que hoy está más cerca que nunca de Peña Nieto.
Ulises Ruiz pretende estar al lado de Moreira como secretario de Organización o como secretario de Elecciones, campo este último en el que su amigo César Augusto Santiago se sabe mover muy bien y tiene una amplia experiencia.
Con estos datos sólo queda pensar que el desafuero será totalmente político, presentado antes de tiempo y que en su camino afectará muchas líneas de acción y beneficiará a otros.
Aquí no se defiende a Godoy Toscano, lo he dicho desde un inicio, si es culpable que se le juzgue, pero lo que no se vale es utilizarlo para beneficiar y golpear políticamente a diversos grupos y partidos.
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