07 de diciembre de 2010
La ofensiva de Televisa contra Proceso entraña un deplorable acto de complicidades entre este poderoso grupo televisivo y la administración de Calderón que, a cambio de canonjías, otra vez usa una concesión pública para denostar y sentenciar, a la usanza de tribunal inquisitorio, a quien disiente y no se somete a los intereses del “poder”, lo que pone en entredicho la libertad de expresión y amaga con convertirse en una práctica regular.
No es la primera vez que acontece. Más allá de los hechos más sonados ante la opinión pública —como los videoescándalos—, a diario se desarrolla una estrategia que socava nuestra precaria vida institucional. Sin pretender desconocer el descrédito y deterioro bien ganado de las instituciones públicas ni de los políticos y servidores públicos que las conformamos, de forma sistemática se mina la “cosa pública” pretendiendo erigir a los poderes fácticos y sus empresas en la sana conciencia de la sociedad, alentando al alimón el temor y la desconfianza en la población.
El lastimoso escenario nacional —violencia e inseguridad, desempleo, frustración y exclusión social, y falta de rumbo en la conducción del país— ha creado un caldo de cultivo que, lejos de motivar cambios profundos en la vida nacional, alienta tentaciones autoritarias en el ánimo de conservar el poder. Para ello se hace uso de todos los medios y recursos, inclusive conculcando libertades y garantías constitucionales. Un buen ejemplo es el caso que nos ocupa contra Proceso, y la “denuncia” basada en el dicho de un delincuente habilitado como testigo protegido.
La figura de testigo protegido fue creada en un paquete de reformas legislativas que se plantearon como parte de la estrategia para combatir al crimen organizado, que ha modificado sustancialmente nuestro sistema de justicia. Así se estableció la figura de arraigo, la intervención telefónica, la denuncia anónima y el allanamiento domiciliario en flagrancia. Asimismo, se endurecieron las penas tanto para delitos federales como del fuero común y se aumentaron, como nunca, los recursos públicos en materia de seguridad pública.
Con ello se pretendía disuadir la actividad criminal y dar eficacia a las corporaciones policiacas. Pero, con el tiempo, se eliminó el principio de presunción de inocencia que regía nuestro sistema judicial y, lejos de cumplirse el objetivo, la delincuencia y la violencia siguen en aumento, las policías han sido sustituidas por las fuerzas armadas y en diversas regiones del país se vive una situación de excepción.
La filtración de información de los servicios de inteligencia de EU corrobora que hay falta de coordinación e incompetencia, confrontaciones entre mandos de la Procuraduría, de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas, y dan cuenta de la entrega al gobierno de EU y de intentos para suspender garantías.
Lejos de revertir esta situación, Calderón alienta el encono, pretende deslindar su responsabilidad en el pasado priísta y en el inmediato del foxismo —los que sin duda jugaron su papel—, culpa al Legislativo de no aprobar sus “reformas estructurales”, cuando el grueso de las reformas y los recursos que requiere le han sido aprobadas, e insiste en la receta del endurecimiento, con iniciativas que buscan justificar la intervención de las fuerzas armadas en tareas que competen a la autoridad civil, como son las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que pretende excluir al Congreso de la declaración de excepción y suspensión de garantías; la propuesta de mando único, que busca concentrar el mando de las policías en el titular de seguridad pública federal, o las reformas al Código de Justicia Militar, que si bien acota el fuero militar, excluye el delito de ejecución extrajudicial.
El país no está para bollos. La inminencia de la sucesión presidencial y las elecciones locales que se avecinan tensarán más la política del país. La crisis de inseguridad debe remontarse con un replanteamiento de la estrategia seguida, la cual no puede continuar fundándose en medidas que parten del principio de seguridad del Estado, cuando se requiere garantizar la seguridad de la sociedad. El aparato de seguridad en México se creó bajo ese concepto y las policías se constituyeron para garantizar el control político y la seguridad de los gobernantes.
Hoy es necesaria una óptica distinta, la de la seguridad ciudadana, lo que implica, lejos de las tentaciones totalitarias que conculcan derechos y libertades, el reconocimiento de que es posible combatir al crimen, sin limitar las garantías de los ciudadanos, enfrentando la enorme desigualdad social y la concentración del ingreso en unas cuantas manos, como las que hoy pretenden desacreditar el trabajo periodístico de Proceso.
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