Los grupos insurgentes de Guerrero salieron de un prolongado letargo sacudidos por el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa, agresión de la cual responsabilizan tanto a fuerzas federales como al narcotráfico. En una maniobra sin precedentes en los últimos años, emitieron durante el mes de octubre una larga serie de comunicados en los que analizan los acontecimientos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre y anuncian, entre otras acciones, la creación de “brigadas de ajusticiamiento”. Un documento de inteligencia del gobierno, a su vez, hace el recuento de esas agrupaciones y de algunos de sus supuestos líderes y alerta sobre sus intenciones de unificarse.
La reactivación de la guerrilla en Guerrero luego del ataque a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa preocupa al gobierno federal, que teme la radicalización de cinco organizaciones armadas con presencia en la entidad y a las cuales ubica detrás de la Asamblea Nacional Popular (ANP), cabeza de las protestas y manifestaciones en demanda de la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.
En medio de la condena nacional e internacional contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, la guerrilla mexicana también alzó la voz –como no lo había hecho en las últimas dos décadas– para acusar conjuntamente al Ejército, policías, paramilitares y narcotraficantes de haber secuestrado y desaparecido a los estudiantes de Ayotzinapa y de la muerte de seis personas el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
En el curso del mes pasado, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Milicias Populares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo emitieron 13 comunicados. Desde Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional difundió otros tres. En todos se exige la aparición con vida de los 43 normalistas y se hace responsable de los hechos al gobierno de Peña Nieto.
Un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno federal ve con nerviosismo el posicionamiento de los grupos guerrilleros que expresan apoyo a los familiares de los desaparecidos, anuncian la creación de “brigadas de ajusticiamiento” y llaman a sus bases a un “estado de alerta”.
Erubiel Tirado, especialista en temas de seguridad nacional, dice a Proceso que esta reactivación de los grupos guerrilleros debería tener “más que alarmadas” a las estructuras de seguridad del gobierno de Peña Nieto, pues lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa crea las condiciones para su rearticulación y aumenta la simpatía social hacia la vía armada. “Hasta hace poco era una variable de acción social que estaba dormida y ahora ha despertado”.
A su vez el abogado Felipe Edgardo Canseco Ruiz, quien hace años perteneció al Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres (PROCUP-PDLP), indica al reportero que es preocupante que sólo ahora el gobierno repare en la existencia de estos grupos: “El crimen de Ayotzinapa los vuelve a colocar en la situación de actuar ante las deliberadas acciones del gobierno de cancelar las vías pacíficas y políticas para transformar el país. La inacción del Estado fortalece la postura de quienes afirman que la única vía para transformar el país es la lucha armada”.
Complicidad militar
Para los grupos guerrilleros lo sucedido el 26 de septiembre en Iguala es un “crimen de Estado planificado por el mando único policiaco-militar”.
Un día antes de la reunión de Peña Nieto con familiares de los estudiantes de Ayotzinapa –ocurrida el 29 de octubre–, la dirigencia del EPR acusó al Ejército de la desaparición de los normalistas y de ser responsable de las fosas clandestinas encontradas en las cercanías del cuartel del 27 Batallón de Infantería, en el municipio de Iguala.
En un comunicado fechado el 28 de octubre, el EPR señaló: “La cercanía geográfica del 27 Batallón de Infantería con las tumbas clandestinas comprueba una vez más el origen de la mano criminal, reafirma que los autores materiales de estas ejecuciones extrajudiciales es el mismo ejército federal en coordinación con los demás cuerpos policíaco-militares-paramilitares”.
Y apunta que “los misteriosos civiles” a los cuales supuestamente les fueron entregados los normalistas, en realidad “son militares en misión contrainsurgente de paramilitarismo”, quienes para fabricar el crimen perfecto han pretendido endosar el ataque a los delincuentes. Sin embargo, esta intención se ha desdibujado, pues, sostienen, se trata de “un crimen de Estado con motivaciones políticas” contra la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, formada en 1935 y a la cual se acusa de tener ligas con grupos rebeldes armados.
En un comunicado previo, el EPR ya había delineado su denuncia acerca de la presunta participación del Ejército en la desaparición de los normalistas. “Que a nadie le quede la menor duda que es el Estado a través de sus cuerpos policiacos, militares y paramilitares quienes perpetraron este crimen de lesa humanidad en Guerrero. Iguala es un municipio con presencia de las fuerzas castrenses y de la policía federal, quienes en operativo conjunto con los municipales y grupos paramilitares cometieron la masacre y desaparición forzada”.
Por su parte el ERPI, en comunicado fechado el 6 de octubre, advirtió que “obligado a romper el silencio” por la desaparición de los 43 normalistas y la muerte de otros seis civiles en Iguala, llama a la formación de la Brigada de Ajusticiamiento 26 de septiembre “para enfrentar aspectos políticos-militares (en) esta nueva afrenta del narcoestado mexicano y, particularmente, al cártel de sicarios del Estado, mal llamado Guerreros Unidos”.
Emulando a las brigadas de ajusticiamiento de Lucio Cabañas, el ERPI pide a la sociedad recabar toda la información sobre los integrantes de Guerreros Unidos, así como sus propiedades e intereses, para ponerlos a su disposición por cualquier vía. Acusan de cómplice a la corriente Nueva Izquierda del PRD, la cual apoyó al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y al exgobernador guerrerense Ángel Aguirre.
Los zapatistas, en un comunicado conjunto con el Congreso Nacional Indígena emitido el pasado 22 de octubre, señalan a su vez que el gobierno ha pretendido minimizar “la criminal represión” hacia los normalistas como si fueran unas víctimas más de la delincuencia, pero que en realidad se trata de una acción del “narcoestado”.
Las Milicias Populares, de reciente creación, insisten en que el Ejército participó en la matanza y desaparición de los normalistas en Iguala, pues resguardaron a los policías y sicarios.
“Estamos ante un Estado mafioso que creó, desarrolló y protege a su propia delincuencia organizada y la usa o desecha según las propias necesidades económicas y políticas del sistema explotador”, señala este grupo en su segundo comunicado, fechado en Guerrero el pasado 16 de octubre.
El ERP, por su parte, lanzó en su comunicado del 1 de octubre la idea de formar la Unificación Revolucionaria y lograr un acuerdo entre todas las agrupaciones guerrilleras para hacer frente al “terrorismo de Estado”.
La reactivación
Desde el 26 de septiembre, cuando desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa, los cinco grupos insurgentes con presencia en Guerrero han emitido 13 comunicados exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes.
Estas organizaciones –calificadas de “subversivas” por el gobierno federal– no se habían movilizado desde hacía dos décadas, cuando apareció el EZLN en Chiapas en 1994 y se delineó la formación de una Alianza Nacional Guerrillera junto con el Ejército Popular Revolucionario, integrado desde mayo de ese año por 14 agrupaciones, entre ellas el PROCUP-PDLP, nacido precisamente en las montañas de Guerrero y Oaxaca.
“Con el conflicto de Ayotzinapa e incluso desde antes, se están dando las condiciones para la reactivación de estos grupos que estaban sin manifestarse con acciones concretas o armadas como los casos del EPR y ERPI, y que ahora están planteando una alianza nacional de guerrillas como no se había planteado desde hace dos décadas”, señala Erubiel Tirado.
“Las estructuras de seguridad del gobierno deberían estar más que alarmadas, porque este tipo de posicionamientos generan un contexto de simpatía social que para ciertos grupos radicales pudieran ser una alternativa de acción. De estar en una posición de la momia, sin posibilidades de reaccionar, ahora están motivados con esta crisis de seguridad con un nuevo protagonismo, en un contexto que les puede favorecer en términos de reclutamiento o cuando menos de simpatía social.”
Un documento interno del gobierno federal fechado el 15 de octubre expresa nerviosismo por los llamados de los movimientos insurgentes a movilizarse y reagruparse: “Resulta preocupante la presencia y reactivación de organizaciones subversivas en este movimiento, ya que en caso de que no sean satisfechas sus demandas podrían radicalizar sus acciones, incluso con atentados en contra de instalaciones vitales”, señala el informe de seguimiento del caso de los normalistas desaparecidos.
Y advierte: “Durante los últimos días varios dirigentes sociales y sindicales vinculados con grupos subversivos se han ido apropiando de la dirección de este movimiento, razón por la cual se da como un hecho la radicalización de las acciones en toda la entidad”.
Según la documentación gubernamental a la que este semanario tuvo acceso (Proceso 1981), son ocho los activistas presuntamente ligados con los “grupos subversivos”: Gustavo Adolfo López Ortega, del Frente de Izquierda Revolucionara (FIR), a quien se identifica como “uno de los mandos principales del EPR en Oaxaca”; Filiberto Meza Prieto, de la Sección 22 del SNTE (adscrita a la CNTE), “uno de los ideólogos de la célula del EPR en Oaxaca”; Augusto Fernando Reyes Medina y Nicodemus Hermilio Baltazar Vázquez, también de la Sección 22, “a quienes se les vincula con el EPR”.
También se cita a Víctor Flores Flores, del Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero, “quien tiene nexos con grupos subversivos en esa entidad”; a Eliseo Villar Castillo, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, a quien ligan con el ERPI; a Manuel Salvador Rosas Zúñiga, de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), “a quien relacionan con el EPR”, y finalmente a Manuel Olivares Hernández, dirigente de la Red Guerrerense de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, “vinculado durante mucho tiempo con el ERPI”.
El informe de inteligencia gubernamental enlista también a las organizaciones que forman la ANP, formada por 73 agrupaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y de pueblos campesinos e indígenas que se constituyó a raíz del caso de la normal de Ayotzinapa; señala que varios de ellos están integrados a movimientos “subversivos”.
De estas agrupaciones dice que el Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca, el Frente Único de Lucha para la Reconstrucción de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el FIR presuntamente tienen ligas con el EPR.
En conferencia de prensa el pasado 28 de octubre en Chilpancingo, el secretario general de la CETEG, Ramos Reyes Guerrero, negó que esa organización esté ligada a grupos armados: “Atrás de nosotros no está el ERPI, el EPR. Lo desmentimos totalmente. Nuestras armas son el diálogo, la protesta. Aquí está la muestra (en referencia a la toma de Galerías Chilpancingo) y seguiremos adelante. Nosotros apenas podemos trasladarnos de un lugar a otro; menos podemos agarrar cosas que no son, que no tenemos y nunca vamos a tener”.
Reiteró que la lucha de la ANP –a la cual pertenece la CETEG– tiene únicamente el objetivo de conseguir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, el esclarecimiento de los hechos y castigo a los autores materiales e intelectuales de esas desapariciones y de los asesinatos.
En la misma conferencia Marco Vinicio Dávila Juárez, miembro de la Comisión Política del FIR, apuntó: “Desmentimos públicamente lo que nosotros llamamos matrices de opinión que está generando el gobierno federal a través de diferentes medios. No es la primera vez que pasa: lo han hecho cada que nos movilizamos, cada que salimos a la calle a protestar”.
Según información del corresponsal de Proceso en Guerrero, Ezequiel Flores, el integrante del FIR acusó a las autoridades de predisponer a la ciudadanía contra las organizaciones sociales. “No es nuestra forma de lucha. No la descalificamos pero no son nuestras formas. Es lo que queremos denunciar, sobre todo porque la protesta va a seguir no solamente en Guerrero, sino a nivel nacional”, agregó.
El pasado 24 de octubre la ANP –en una reunión a la cual asistieron 73 organizaciones en Ayotzinapa– aprobó las medidas que tanto temía el gobierno federal: Ocupación de los 81 municipios de Guerrero y avanzar a otros estados; bloqueo a trasnacionales; toma de medios, aeropuertos, puertos y del Instituto Nacional Electoral para impedir las elecciones del próximo año.
Además convocará a un paro nacional, a la realización de tomas de carreteras en Guerrero, del Banco de México y de embajadas en el Distrito Federal, y hará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. l
