Roberto Garduño y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Viernes 6 de junio de 2014, p. 14
Viernes 6 de junio de 2014, p. 14
El PAN en la Cámara de Diputados denunció ayer que la iniciativa de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, del presidente Enrique Peña Nieto, pretende eximir del pago de utilidades a las empresas que obtengan contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, lo que violaría el artículo 123 de la Constitución.
En la comparecencia del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Messmacher, ante comisiones de la cámara, el diputado Juan Bueno Torio cuestionó que ello crearía un régimen especial para las petroleras, en contraste con el resto de los patrones que sí están obligados al reparto de utilidades a sus empleados.
Tenemos una preocupación evidente, que manda el presidente de la República en su iniciativa, que corresponde a la participación de los trabajadores en la utilidades (PTU). Hay un apartado en el que se pretende eximir a las empresas que participen en la explotación de la energía en nuestro país del pago de la PTU, que es un derecho constitucional de los trabajadores en México, dijo.
Asimismo, ante las críticas de diputados del PRI y de la oposición, respecto de que la citada iniciativa no define un monto específico que las empresas deberán pagar al Estado por la exploración y extracción de hidrocarburos, Messmacher reconoció que no hay forma de garantizarlo.
La lógica es que sea a través de procesos de licitación. El porcentaje preciso dependerá de cada tipo de campo. Se garantizará que la renta no se la lleven las petroleras, sostuvo.
En la comparecencia ante comisiones de Hacienda y Energía, la preguntas más críticas no surgieron sólo de la oposición, también de los partidos que avalaron la reforma constitucional para la apertura energética.
La diputada Sanjuana Cerda (Panal) recalcó que en la iniciativa del presidente Peña Nieto no queda claro cómo se recuperará la renta petrolera en favor de la nación, cuando las empresas privadas sean beneficiarias de la extracción del petróleo.
El funcionario intentó convencer a los legisladores:
No es lo mismo la renta que se puede esperar en un proyecto de lutitas que en aguas someras o profundas. No es posible hablar de un monto exacto y preciso. La lógica es que con los contratos se dé la vuelta a la declinación en la plataforma y observemos incrementos en los ingresos, en un periodo de transición de 10 años.
Incluso, respecto de las atribuciones que la legislación pretende darle a la secretaría para la asignación de contratos, bases de licitación, fijar regalías sobre hidrocarburos, admitió que
realmente en Hacienda no tenemos la experiencia técnica del sector.
El priísta Williams Ochoa reprochó que el contenido de la iniciativa
parece reflejar que al gobierno federal sólo le interesa el beneficio de las empresas extranjeras y no la economía doméstica, porque se excluye a los proveedores nacionales.
También el diputado Ricardo Astudillo (PVEM) expuso que en ningún artículo de la iniciativa a debate se explica cómo ocurrirá la reducción del precio de la energía eléctrica doméstica.
Ricardo Cantú Garza (PT) explicó que el proyecto presidencial no define un piso mínimo al pago de las regalías y alertó que países como Brasil, Bolivia y Venezuela emprendieron un rescate de su renta petrolera, cuando las compañías se negaron a incrementar el pago de regalías.
Ricardo Mejía, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, expuso que si Hacienda
no ha sido eficiente para atender su obligación constitucional de mejorar la economía, ahora quieren convertirse en una súper secretaría del sector energético.
