Francisco Rodríguez. Índice Político. 7 de Marzo del 2014
En la Secretaría de Educación Pública que encabeza el bien llamado “Príncipe de la Soberbia” Emilio Chuayffet no atinan a enterrar ni a revivir la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Educativos. Deciden retirarla del aparador. Los presionan. Vuelven a ponerla en vigor. ¿A ver si entre tantas indecisiones sobrevive al 2018?
Tras todas estas vacilaciones, sin duda, está uno de los hombres más poderosos de México: Miguel Limón Rojas, que ahora cobra a los contribuyentes por fungir como jefe de asesores de Chuayffet.
¿Y dígame usted si no es verdaderamente poderoso? Después de haber ocupado la titularidad de la SEP en el sexenio de Ernesto Zedillo, Limón tiene 13 años como exitoso empresario al frente de la firma consultora Valora, haciendo todo tipo de trabajo con los panistas, desde la oscuridad más que bien remunerada de las “asesorías”.
“Valora –dice la página web de la empresa– es una firma especializada en los campos de la educación, la cultura y la capacitación para el trabajo. Fundada en febrero de 2001 –apenas dos meses después de que Limón concluyera su desempeño como secretario de Educación– , Valora reúne la experiencia y los conocimientos de consultores, asociados, investigadores y expertos para brindar una asesoría de calidad que responda, desde la perspectiva global (but of course), a las necesidades de sus clientes. Nuestra labor se aboca a mejorar, impulsar y potenciar la capacidad, la preparación y el desarrollo de las personas y sus organizaciones.” ¡Uf!
La realidad, empero, es otra. Se sabe que desde ahí se “descubrieron” y sacaron a la luz varios de los trapitos priistas mejor resguardados del ámbito político y educativo.
¿El premio? No uno, varios de ellos. A saber, una hija tránsfuga del panismo, ex esposa de Ugalde el del IFE, hoy subsecretaria incómoda de Gobernación; tres empleados del despacho VALORA, Alba Martínez, subsecretaria de la SEP, el gris zacatecano panista Hugo Talancón, manejando la dirección general de Enseñanza y Métodos Modernos de aprendizaje –lo que quiera que eso sea y el dinero que se gaste–, Guillermo Kelly, ungido otra vez –como con Zedillo y Limón al frente de uno de los presupuestos más atractivos del mundo, en la Dirección General de Comunicación Educativa (what?). Sí, el famoso y derrochador ILCE, productor de toda la chatarra que ninguna televisora quiere exhibir, salvo el Canal 11que lo hace obligado.
Y, por si faltara poco, Carlos Mancera, el de la familia financiera que estuvo a un pelito de quitarle su puesto al actual Secretario de Educación, se mantiene como socio director de la empresa de Limón Rojas, mientras éste “asesora” a Chuayffet.
Como “enlace” con el PAN, Limón Rojas tiene un gran negocio “educativo”, ¿no cree usted?
Rayas y rayas que en el fondo, nada dicen de la gente
Fabrizio Mejía Madrid
D
ecir think tank lo remite a uno a un tanque de guerra y a un estanque de acuario. Ahí dentro se aíslan del mundo unas cuantas ideas. Separadas del resto, es mucho más lo que ignoran que lo que pueden explicar. En los inicios del neoliberalismo, el estanque fue la organización de Friedrich Hayek, von Mises y Milton Friedman llamada Sociedad Mont Pelerin, que se reunió por primera vez en 1947. En esos días era tan sólo la cristalización de la utopía del libre mercado y la competencia, dos cosas que se regulaban misteriosamente y que requerían de la ignorancia de sus partes para actuar. Este primer grupo de economistas, periodistas y directores de universidades fue financiado, hoy sabemos, por corporativos como General Electric, Du Pont, General Motors y la cervecera Coors.
Con el dinero a la vista, muy pronto las sociedades tipo Mont Pelerin se multiplicaron dentro de las universidades de Inglaterra y Estados Unidos; los acuarios se convirtieron en blindados de combate: se constituyeron en consultoras que se vendían entre los gobiernos que buscaban dar un aire de cientificidad a sus políticas públicas, como por ejemplo, los criterios inamovibles de una economía sana o de un índice de competitividad.
Así, una parte de la academia fue consumida por su propia idea de competir y ganar. Al final, se fosilizaron en dogmas y crearon una red que enlazó a la élite corporativa global con los funcionarios de gobierno y obtuvieron a cambio dinero e influencia política.
Desde la ilusoria neutralidad de la ciencia económica o estadística, forjaron los criterios invariables y eternos que justificaron lo ya existente, y lo vendieron como política pública. Nadie los eligió para tal posición y mucho menos se transparentaron sus financiamientos. Todas las ideas que quedaron fuera del tanque fueron tachadas de pre-modernas, nacionalistas, totalitarias, no-científicas. Curiosamente, tachadas de ignorantes, cuando lo que permitía el dogma neoliberal era excluir lo que no fuera la justificación, ya no del mercado, sino del éxito medido en dinero, obtenido como fuera.
La idea del neoliberalismo como ciencia engendró varios monstruos. Uno de los más perniciosos fue el de que la realidad sólo era lo medible. Las cantidades adquirieron una relevancia cultural sin precedentes como única fuente de verdad y, en su versión más obtusa, de neutralidad. Qué miden y cómo nos representan los modelos y sus mediciones, se esconde en la supuesta dureza de las cifras. La econometría y la estadística hicieron de los números una especie de poder soberano incuestionable, mientras, al mismo tiempo, los neoliberales recurrían a razones no-matemáticas para justificar su éxito: la sicología del emprendedor o la visión empresarial, el liderazgo.
Lo que hicieron las teorías neoliberales y las metodologías estadísticas fue crear un mundo compartido sólo para académicos, empresarios, políticos y analistas de la prensa, la radio y la televisión. En ese estanque se entendían y, mientras censuraban el resto de las ideas, aumentaban su ignorancia calculada contra todo lo que no justificara lo ya existente. Un ejemplo de esa ignorancia estratégica fue la utilidad marginal que justifica que uno por ciento de la élite acumule 99 por ciento de la riqueza, de la misma manera en que los diamantes son más caros que el agua. El especulador financiero contribuye más al valor de la economía que un agricultor. La desigualdad se confirma en el modelo matemático.
Otro monstruo fue el de una idea formalista de la democracia. En muchos países, como México, la idea que se implantó con tanques, cursos universitarios y hasta en los institutos encargados de las elecciones, fue que la democracia no podía ser más que un conjunto de reglas, sin contenido político. Era la visión estrecha de la filosofía del derecho enunciada como mandamiento divino desde la Universidad de Turín.
Aterrorizada por las mayorías y la participación ciudadana, la democracia de leyes y reglamentos justificó a su manera lo ya existente: partidos, elecciones periódicas, tipos de representación, resultados. Metió la cabeza en lo jurídico para no ver las desigualdades sociales, las emociones políticas y los fraudes a la voluntad ciudadana.
La democracia de reglamentos es una tecnocracia. La política como indignación moral o esperanza no viene en el manual de procedimientos, por lo que califica de populismo la mera enunciación de los conflictos en una sociedad. Decir que hay desigualdad genera polarización, según esta visión burda, de la misma forma en que decir que existe el racismo es racista. De ahí a la idea de que sólo los que saben deberían poder votar y ser votados, hay sólo un inciso.
Es tecnocrático el pensar que sólo la élite con credenciales universitarias debería gobernar o que las emociones detrás de todo sufragio están mal porque se debe votar de acuerdo al modelo racional que nos dice cuáles son nuestros verdaderos intereses y deseos. Con un modelo de democracia basado casi exclusivamente en ignorar lo político, es decir, el conflicto manifiesto, los tanques se dedican a medir la eficacia de las políticas públicas con criterios que ellos mismos diseñaron.
Rara vez la ignorancia de la mayoría es tan perjudicial como la de la élite. Ésta posee miles de canales de distribución cultural, desde los tanques hasta los expertos, y es un arma de poder. Lo que no se dice, desdibuja su modelo.
Para volver al primer tanque, Hayek se negó a discutir públicamente el Plan Marshall que Estados Unidos otorgaba a la Europa devastada por la guerra. Vetó ese debate dentro de su propio estanque. Hubiera significado asumir que la intervención del Estado era económicamente urgente y políticamente necesaria; que a sus teorías les hacía falta la experiencia de lo real, de lo falible. Y optó por la ceguera.
En 2012 Miguel Ángel Pateyro Hernández llevo a cabo acciones de desestabilización en contra del gobierno de Cuba.
Regeneración, 16 de mayo del 2021.El Partido Acción Nacional (PAN) de Puebla decidió incluir a su lista de candidatos a diputados plurinominales aMiguel Ángel Pateyro Hernández.
Pateyro se le acusó en 2012 de participar en un intento de desestabilización contra el gobierno de Cuba; esto durante la visita del papa Benedicto XVI a la isla.
De acuerdo con versiones de la televisión cubana, el 31 de julio del 2012 se informó que habían sido detenidos cuatro mexicanos en Cuba; ellos mismos confesaron ser parte de un plan para desestabilizar al gobierno durante la visita del papa.
Ellos mismo indicaron haber sido reclutados en México por Pateyro Hernández, quien era miembro de la Unión Nacional Sinarquista (UNS); quien a su vez respondía órdenes del panista René Bolio Halloran.
En la misión participaban ocho jóvenes, la mitad de los cuales lograron salir de Cuba antes de que se lograra su detención. La misión era de contactar a contrarrevolucionarios y de repartir propaganda subversiva.
El dinero para llevar a cabo las acciones subversivas en la isla, así como los pasaportes y el equipo para llevar a cabo esas actividades fue por Pateyro.
Lo que estas personas buscaban era motivar a concentraciones en templos católicos antes de la llegada del sumo pontífice; con lo cual buscaban atraer la atención mediática de medios internacionales contra el gobierno cubano.
De acuerdo con la inteligencia cubana el grupo estaba conformado por contrarrevolucionarios quienes radicaban en Miami, Florida.
Así mismo, se informó que Pateyro viajó en diversas ocasiones a Cuba para llevar a cabo acciones contra el régimen del país.
MONTERREY, NL.-Adrián de la Garza Santos , candidato a la gubernatura, por la coalición Va Fuerte por Nuevo León PRI-PRD, fue vinculado en el 2016 con los Zetas, según reportó el medioEl País.
En ese momento Garza Santos era alcalde de la ciudad de Monterrey, y un informe de la policía española señala que mantuvo una relación con el presunto operador de Los Zetas en Europa cuando fue procurador de Justicia de Nuevo León entre 2011 y 2015.
De la Garza negó cualquier conexión con el narcotraficante conocido como "El Mono" y afirmó que exigirá al Gobierno de España que aclare la situación. "He sido víctima de una calumnia", dijo en una rueda de prensa en la que también amenazó con demandar, "si es necesario", a El País por revelar la información.
En el 2019, Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono Muñoz”, señalado por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales para el Cártel de Los Zetas en Europa, fue extraditado de España a Estados Unidos, donde le imputan delitos de lavado de dinero y liderar una organización criminal.
De acuerdo con información de Reforma, autoridades estadounidenses recogieron a Muñoz Luévano en una de las pistas del Aeropuerto de Barajas, en Madrid, y lo condujeron hasta un avión rumbo a Texas.
Según el diario, el fiscal de Texas que pidió su extradición se entrevistó en secreto en una prisión española con Muñoz Luévano en compañía del abogado estadounidense del capo mexicano.
El testimonio de “El Mono Muñoz” podría poner en “aprietos” a una larga lista de políticos y funcionarios del Estado de Coahuila con las que el presunto narco mantenía relación.
El diario español El País aseguró en octubre de 2016 que Muñoz guardó en dos computadoras intervenidos en su domicilio, detalles de 59 millonarias entregas de dinero en bolsas de viaje, maletas, y hasta en cajas de cartón, a los jefes de la organización en distintos hoteles de la zona centro de la Ciudad de México.
En diciembre del 2016, el mismo rotativo difundió un informe de la Policía española, basado en intervenciones telefónicas hechas por varios meses, en el que se indicó que alías “El Mono” Muñoz, estaba supuestamente relacionado con políticos y funcionarios, entre ellos, los hermanos Moreira Valdés: Rubén y Humberto.
El diario español El País aseguró en octubre de 2016 que Muñoz guardó en dos computadoras intervenidos en su domicilio, detalles de 59 millonarias entregas de dinero en bolsas de viaje, maletas, y hasta en cajas de cartón, a los jefes de la organización en distintos hoteles de la zona centro de la Ciudad de México.
En diciembre del 2016, el mismo rotativo difundió un informe de la Policía española, basado en intervenciones telefónicas hechas por varios meses, en el que se indicó que alías “El Mono” Muñoz, estaba supuestamente relacionado con políticos y funcionarios, entre ellos, los hermanos Moreira Valdés: Rubén y Humberto.
Además de Jesús Torres Charles, ex fiscal de Coahuila y ex consejero jurídico en los gobiernos de los Moreira Valdés, quien dejó su cargo tras las acusaciones de que Los Zetas pagaban millonarios sobornos a funcionarios para recibir protección.
Sin embargo, todos los involucrados negaron los supuestos nexos con Muñoz Luévano.
Registros de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revelan que su principal donatario en 2019 y 2020 fue el gobierno de Estados Unidos, quien le donó 25.7 millones de pesos. El monto representa el 19.1 por ciento de los ingresos en ese periodo, cuando estaba presidida por Claudio X González Guajardo, líder de la oposición política en el país con su iniciativa Sí por México. Otros financiadores fueron la USAID, la NED y las fundaciones de Alejandro Martí, Valentín Diez Morodo y Antonio del Valle
El gobierno de Estados Unidos, por conducto de su Embajada en México, aparece en los registros de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) como su “principal donataria” en los últimos 2 años, al financiarla con 25 millones 700 mil pesos. El monto representa el 19.1 por ciento de los ingresos totales –134 millones de pesos– de esa asociación civil entre 2019 y 2020, cuando su presidente era Claudio X González Guajardo.
Clasificada como una asociación civil “sin fines de lucro”, Mexicanos Contra la Corrupción ha sido muy “generosa”, pero sólo con sus directivos, pues de los ingresos recibidos en 3 años (2018-2020), su presidente fundador Claudio X González se asignó un salario de 7 millones 520 mil pesos, mientras que su presidenta ejecutiva María Amparo Casar Pérez cobró un sueldo por 11 millones 100 mil pesos, en el mismo periodo.
De acuerdo con las leyes fiscales, las asociaciones civiles “sin fines de lucro”, autorizadas para recibir donaciones, no pueden gastar más del 10 por ciento de sus ingresos en salarios, pero esto nunca lo ha cumplido Mexicanos Contra la Corrupción: cada año gasta un porcentaje mucho mayor. Así, las autoridades tienen elementos legales para retirarle su autorización y con ello perdería su millonario patrimonio.
Ello porque a partir del 1 de enero de este año hubo modificaciones en materia fiscal para las asociaciones civiles que viven de las donaciones, las cuales están obligadas a tener un código fiscal digital por internet (CFDI) por cada uno de los gastos que realizan, lo que permite al Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizar una vigilancia más eficaz del gasto que hacen organizaciones como MCCI, la cual utiliza los donativos como si fueran un patrimonio propio y que, sin pagar impuestos, emplean el dinero donado en lo que quieren.
Esta asociación civil supuestamente dedicada a defender el estado de derecho es utilizada por sus directivos como un instrumento político y mediático en contra del gobierno federal, y en su página de internet afirma ser subsidiada por más de 1 mil 50 donantes, de los cuales destacan organismos extranjeros, como son el Departamento de Estado a través de la United States Agency International Development (USAID) y el Congreso estadunidense por conducto de la National Endowment for Democracy (NED); así como las asociaciones privadas MacArthur Foundation y Ford Foundation, además de la suiza Schweizerische Eidgenossenschaft.
Documentos internos de MCCI revelan que para el presidente fundador de esta organización ha sido un buen negocio la creación de asociaciones civiles para obtener dividendos de los “donativos” que aportan empresarios, organismos nacionales y extranjeros, gobiernos estatales y hasta el propio gobierno federal en administraciones priístas y panistas.
Por ejemplo, en 2018, el hijo de Claudio X González Laporte –presidente de Kimberly Clark México– recibió de Mexicanos Contra la Corrupción 4.6 millones de pesos; es decir que ese año cobró mensualmente 383 mil 333 pesos por presidir esa asociación civil que él mismo fundó; en 2019 el ingreso se redujo a 1 millón 900 mil pesos, equivalentes a 158 mil 333 pesos cada mes, y para 2020 obtuvo 1 millón 20 mil pesos, equivalentes a 170 mil pesos por mes, pues el salario correspondió sólo al primer semestre de ese año porque dejó la presidencia de esa asociación civil en julio y fue sustituido por María Amparo Casar, quien fuera coordinadora de asesores del secretario de Gobernación panista Santiago Creel Miranda durante la presidencia de Vicente Fox.
Desde antes de asumir la presidencia de MCCI, que dice operar “sin fines de lucro”, María Amparo Casar Pérez cobró en 2018 un salario de esa asociación civil por 3.5 millones de pesos, que corresponden a 291 mil 666 pesos al mes; en 2019 su ingreso fue de 4 millones 100 mil pesos, por lo que mensualmente se elevó a 341 mil 666 pesos, y en 2020 su sueldo regresó a los 3.5 millones, lo que hace un total en esos 3 años de 11 millones 100 mil pesos.
Valentín Diez Morodo
En 3 años, MCCI recibió ingresos por 208.4 millones de pesos.
En los últimos 3 años (2018-2020), MCCI recibió ingresos por 208 millones 400 mil pesos, un promedio de 70 millones de pesos anuales, y además de su principal donante que fue la Embajada de Estados Unidos en México con 27.7 millones; también destacan el Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, AC (SOS), que fundó su presidente Alejandro Joaquín Martí García, quien aportó 22 millones 900 mil pesos; la Fundación Maelva, cuyo presidente es el empresario Valentín Diez Morodo, con 15 millones de pesos; Fundación Kaluz, de Antonio del Valle Perochena, con 10 millones, y Claudio Xavier González Laporte, presidente de Kimberly Clark y padre de Claudio X, con 6 millones de pesos.
Ante las auditorías e investigaciones de los órganos de inteligencia que el entonces presidente Enrique Peña Nieto autorizó en 2016 en contra de la organización Mexicanos Contra la Corrupción, su presidente fundador Claudio X González Guajardo planeó en ese año que se diera de baja el Registro Federal de Contribuyentes de esa asociación civil y ordenó dar de alta otro RFC con el propósito de borrar cualquier huella de delito de evasión fiscal o lavado de dinero que el SAT pudiera imputarles, por lo que desaparecieron todos los registros de movimientos financieros, transferencias internacionales, el pago de onerosos salarios y el origen de los donativos que recibió MCCI antes de 2017.
La respuesta de Claudio X fue presionar mediáticamente. Sólo para medir fuerzas contra su antiguo aliado, el presidente Peña Nieto, empezó a atacarlo en la prensa con reportajes a modo que tenían como única línea acusaciones de corrupción a todos los miembros del gabinete.
El entonces secretario de Hacienda (7 de septiembre 2016 al 27 de noviembre 2018) y posterior candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade Kuribeña, se reunió con Ricardo Monreal, en ese momento jefe delegacional en Cuauhtémoc, para entregarle el expediente fiscal de Mexicanos Contra la Corrupción, lo que le sirvió al delegado para acusar en 2017 al empresario Claudio X González Guajardo de lavado de dinero, desvío de recursos públicos y peculado, por utilizar maliciosamente las asociaciones y fundaciones que presidía.
Preocupado, de inmediato intervino el presidente de Kimberly Clark, Claudio X González Laporte para mediar con el presidente Enrique Peña y prometerle que su junior lo dejaría de atacar, lo que momentáneamente cesó las acusaciones cruzadas y, preventivamente, abrieron un nuevo RFC para Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, con lo cual logró desaparecer todo registro del intrincado y comprometido expediente fiscal.
Cuentan quienes vivieron aquel episodio que la negociación en Los Pinos entre el presidente de Kimberly Clark y Peña Nieto enojó mucho a Ricardo Monreal, actual senador de la República, quien se sintió traicionado y utilizado por el secretario de Hacienda para sólo frenar los ataques en contra del entonces presidente de la República, por lo que ya no insistió más con su denuncia contra MCCI y su presidente Claudio X.
El expediente utilizado por Monreal se archivó en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, actualmente bajo la responsabilidad de Rosalinda López Hernández; sin embargo, en esa área fiscal aseguran que no aparece por ningún lado.
En las actividades económicas inscritas por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, están la investigación científica o tecnológica que esa asociación civil presta únicamente a los socios: Claudio X González Guajardo, María Amparo Casar Pérez, María Teresa Aguilar Álvarez Castro, Esteban Patricio González Guajardo, Max Kaiser Aranda –quien fuera subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas con Felipe Calderón, actual opositor del gobierno federal e integrante del proyecto La Lista News, que se nutre con información de The Guardian–, Antonio Mario Prida Peón Del Valle y Ana Macarena Velázquez López. El apoderado legal es Santiago Noriega Farres.
Antonio del Valle
Revisan fiscalmente a MCCI y a Kimberly Clark
Con el pasado fiscal borrado, las autoridades hacendarias han empezado a revisar la operación de Mexicanos Contra la Corrupción para determinar si opera de acuerdo con las normas que rigen a las asociaciones civiles en cuanto a donativos y su cumplimiento fiscal, en donde fuentes confiables aseguran que esa asociación civil ya entregó varias cajas al SAT con información correspondiente al ejercicio de 2017, por lo que estarían pendientes 2018, 2019 y 2020.
Esto ha causado preocupación entre socios de MCCI, pues la confrontación abierta que mantiene esa organización con el presidente Andrés Manuel López Obrador podría provocar auditorías fiscales a todos sus aliados para conocer el origen y destino de los donativos que le entregan y que en los últimos 3 años ascendieron a 208.4 millones de pesos.
El gasto en salarios a directivos de MCCI sólo se conoce parcialmente, porque se sabe que hay pagos importantes por servicios prestados, como son los casos de un despacho de abogados y otras consultorías y asesorías que reciben dinero por fuera de esa asociación civil, y de allí se reparte el dinero, todo eso tendrán que investigarlo los auditores y analistas del SAT. En este mecanismo estarían incluidos los periodistas que decidieron colaborar con esa organización.
Al quedarse sin padrinos políticos, el consorcio empresarial Kimberly Clark, del magnate Claudio X González Laporte también está en auditoría fiscal, igual que los otros grandes contribuyentes, a fin de que paguen impuestos que antes no les cobraban por su “buena relación” con gobiernos priístas y panistas. En el caso de Kimberly Clark, este grupo ha suministrado cualquier cantidad de papeles para complicar el trabajo de los auditores hacendarios.
Asimismo el presidente fundador de Mexicanos Contra la Corrupción, Claudio X González Guajardo, enfrenta un juicio que viene desde 2014 por presunta evasión fiscal de 19 millones de pesos como persona física, pero igual como hacen otros empresarios ha conseguido el amparo de la justicia federal en contra de las resoluciones del SAT [juicio de nulidad 15836/19-17-08-3 ante la Octava Sala Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa].
Al consultar el proceso en ese Tribunal, se supo que los jueces mandaron al SAT a reponer el acto, por lo que González Guajardo está en nuevo periodo de pruebas en busca de la nulidad lisa y llana del adeudo, pero fuentes judiciales consideran que el empresario tendrá que pagar y lo único que ha logrado hasta ahora es ganar bastante tiempo al retrasar la resolución final mediante amparos.
La lista de donadores de MCCI
En la lista de donadores de esa asociación civil, que durante 2018 recibió 77.4 millones de pesos, aparecen el Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, con 6.9 millones; Fundación Maelva, 5 millones, y Grupo México, 5 millones. En los estados contables de esa asociación civil están también los gastos que hizo en ese mismo año: CIBanco, 7.5 millones de pesos; Consorcio Metropolitano Inmobiliaria, 5.7 millones, y para María Amparo Casar Pérez, 3.5 millones.
En 2019, los ingresos de MCCI ascendieron a 73.8 millones de pesos, recibidos de la siguiente manera: Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, 12.3 millones de pesos; Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, 7.2 millones; Fundación Maelva, 5 millones. Los gastos en ese año: CIBanco, 7.6 millones de pesos, Estrategias de Acompañamiento y Servicios Educativos, 7.6 millones, y Consorcio Metropolitano Inmobiliario, 5.8 millones.
En 2020, el monto fue de 60.2 millones de pesos: Embajada de Estados Unidos de Norteamérica: 13.4 millones; Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, 8.8 millones; Fundación Maelva, 5 millones. Los gastos en 2020: María Amparo Casar Pérez, 3.5 millones; IMSS, 3.1 millones, y Estrategias de Acompañamiento y Servicios Educativos, 2.9 millones de pesos.
Entre las asociaciones relacionadas directamente con Claudio X González Guajardo, destacan cinco:
Mexicanos Primero, que en 2019 obtuvo ingresos de Servicios Estatales de Salud por 13.6 millones de pesos, del Instituto del Deporte de Guerrero 8 millones y de la Secretaría de Educación de Guerrero 5.6 millones de pesos, institución que para 2020 le entregó 445 mil pesos.
Mexicanos Primero Sinaloa recibió entre 2018 y 2020 ingresos de la empresa Coppel por 2.6 millones de pesos, de Banco Coppel 2.9 millones y de Adrián Coppel Calvo 200 mil pesos. En 2018, Juan Alfonso Mejía López, exdirector general de Mexicanos Primero Sinaloa, fue designado como secretario de Educación Pública y Cultura por el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.
Mexicanos Primero Jalisco había recibido ingresos de la empresa Pisa por 2.1 millones de pesos en el periodo 2018-2020, pero ante los problemas que enfrenta esa farmacéutica por la cancelación de contratos con el gobierno federal, canceló una de las donaciones por 600 mil pesos.
Mexicanos Primero Michoacán tiene como representante legal a Alejandro Ramírez Magaña, director general de Cinépolis y presidente del Consejo de Mexicanos de Negocios hasta 2019, quien es uno de losprincipales opositores al gobierno de López Obrador.
Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (Unete) consiguió entre 2019 y 2020 contratos sin licitar por 17.5 millones de pesos con el gobierno federal. Esta asociación civil también obtuvo ingresos en 2018 con el gobierno de Puebla por 60 millones y en 2019 con el gobierno de la Ciudad de México por 11.7 millones de pesos.
México, 8 may (Prensa Latina) Detalles de la organización golpista 'Mexicanos contra la corrupción', financiada por el gobierno de Estados Unidos, fueron revelados hoy por el diario La Jornada en un amplio artículo.
