CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ofende, aunque no sorprende, que el PRI –mediante el líder de su bancada en el Senado– haya cumplido fielmente la orden presidencial de postergar la discusión sobre la legislación reglamentaria del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que por mandato constitucional debe ser aprobada a más tardar el 26 de mayo. Esto es prácticamente imposible debido a que el periodo ordinario del Congreso concluyó el 30 de abril y no se convocaría a sesiones extraordinarias sino hasta después de las elecciones de junio. En consecuencia, el gobierno y su partido no sólo contravienen la Constitución sino desdeñan la principal causa de lo que Peña Nieto ha llamado “mal humor social”: la corrupción impune.
Una vez más las promesas del autocomplaciente mandatario han quedado en el vacío del discurso demagógico. Hace un año, al promulgar la reforma constitucional que creó el SNA aseguró estar “firmemente comprometido con el combate frontal a la corrupción” y que con dicha reforma se daría “un paso histórico en favor de una nueva cultura de la legalidad”, para lograr “un auténtico cambio de paradigma” que condujera a “una reforma contra la impunidad”. Nada de eso ha ocurrido.
Por el contrario, se ha puesto en marcha una estrategia operada por el senador Gamboa Patrón, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la consejería jurídica de Presidencia, para evitar que en las siete leyes reglamentarias del SNA se incluyan las condiciones fundamentales para que la institución funcione con independencia y eficacia reales (
Proceso 2061).
Se pretenden cancelar o manipular tres normas fundamentales: 1. La Ley Orgánica de la Fiscalía General Anticorrupción que dote a dicha institución de autonomía real, con un fiscal verdaderamente independiente, capaz de juzgar y sancionar a miembros de la élite política y empresarial por delitos de corrupción, como ocurre en Brasil. 2. Las reformas al Código Penal Federal a fin de que los delitos de corrupción puedan ser tipificados y sancionados penalmente con cárcel, en lugar de sólo considerarlos faltas administrativas castigadas con inhabilitaciones y multas. 3. La obligación de los servidores públicos de presentar y hacer públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflictos de interés, establecida en la llamada Ley 3de3 (Ley General de Responsabilidades Administrativas).
Caradura estrella del tricolor y experto en cooptar a legisladores de la oposición, el senador Gamboa logró evitar que se discutieran, durante el período ordinario del Congreso que acaba de concluir, la reforma al Código Penal y la existencia de un verdadero “zar anticorrupción”. Asimismo, ante la presión del PRI y sus aliados en el Senado, los promotores de la Ley 3de3 aceptaron que las declaraciones patrimonial y fiscal fueran voluntarias, no obligatorias. Es lamentable, porque ello suprime la esencia que da nombre a dicha iniciativa ciudadana.
Por lo pronto, el gobierno y su partido pospusieron la aprobación de las siete leyes secundarias del SNA hasta después de las elecciones de junio. Asimismo, lograron cooptar a un grupo de senadores del PAN vinculados a Felipe Calderón, al igual que doblegaron a los impulsores de la Ley 3de3. Se espera que la Comisión Permanente del Congreso convoque a un periodo de sesiones extraordinarias para continuar el debate sobre el tema, como lo han solicitado el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex y diversas organizaciones no gubernamentales comprometidas en la lucha contra la corrupción endémica que nos agobia. No obstante, todo indica que ello no se traducirá en un Sistema Nacional Anticorrupción a la altura de las expectativas despertadas en una sociedad harta de la podredumbre creciente dentro del sector público y de sus socios privados.
Los motivos para bloquear la creación de la Fiscalía General de la República, las adaptaciones al Código Penal y la Ley 3de3 son claros. Los corruptos suelen ser irredentos, no buscan regenerarse; por el contrario, su codicia va siempre en aumento, su deseo de riqueza es irrefrenable. Por tanto, la única manera de combatir su apetito de lujo y dinero es mediante la coerción de la ley: sancionar a quien delinca. Aun así, intentarán eludir o violar la norma. El éxito de su empeño será mayor en la medida en que las leyes sean ambiguas y el sistema de justicia, vulnerable. Además, claro, del poder del corrupto, como lo vio Acton. A mayor poder, mayor impunidad. Por eso nuestros truhanes han permanecido inmunes ante la ley y no quieren perder ese privilegio. En su inmoralidad megalómana se creen merecedores de ello. Conciben el poder como un medio natural de enriquecimiento. Son y se sienten dueños del país, no servidores de la nación y sus gobernados. El cinismo ciega.
La herencia patrimonialista está profundamente arraigada en la idiosincrasia de nuestros gobernantes. Ello explica en parte que, a pesar de los avances jurídicos en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, todos los estudios nacionales e internacionales sobre el tema señalen que la percepción de la corrupción en México durante las últimas dos décadas no ha mejorado sino se ha estancado. La razón de ese anquilosamiento de la moral pública es la impunidad casi total de que disfrutan quienes se enriquecen a costa del erario, lo cual ha creado una cultura política contraria al respeto de la ley (the unrule of law, la llama Stephen Morris), ligada a la falta de Estado de derecho y a una desconfianza creciente (alarmante) en las instituciones: 72% desconfía del gobierno de Peña Nieto (Reforma, 4/VII/15) y sólo 30 % de los ciudadanos aprueba su gestión (Reforma, 13/IV/16).
El SNA era una extraordinaria oportunidad para reformar el poder y recuperar la confianza en las instituciones. ¿Lo es todavía? Ni al presidente ni a sus colaboradores, asesores y legisladores afines parece inquietarles el tema, aunque estén en juego su propia supervivencia política y la estabilidad del país. La corrupción triunfante produce frutos podridos.
