Desvíos de 6 mil 879 mdp entre 2012 y 2016, vía contratos entre dependencias gubernamentales: ASF

La subcontratación de empresas privadas por parte de una dependencia pública que debe prestar un servicio a otra, se ha consolidado como un mecanismo para el desvío.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que entre los años 2012 y 2016 se ha detectado un presunto desvío de recursos públicos por 6 mil 879 millones de pesos mediante la figura que permite la contratación entre dos dependenciasgubernamentales, con el propósito de evadir la Ley de Adquisiciones del Sector Público y así facilitar la entrega de recursos públicos a una tercera empresa privada que no es supervisada.

Durante la entrega del Tercer Informe de Resultados para Analizar la Cuenta Pública del 2016, el encargado de despacho de la ASF, Juan Javier Pérez Saavedra, explicó que el trabajo de ese organismo autónomo permitió al Estado mexicano recuperar un total de 7 mil 896 millones de pesos, producto de las observaciones que se hicieron durante los dos primeros reportes de la Cuenta Pública del año 2016.

El informe omite de manera deliberada dar una cifra global de los eventuales daños al patrimonio público que se podrían desprender de los 2 mil 557 pliegos de observacionesque se hicieron a las dependencias públicas durante el ejercicio fiscal del 2016, con el argumento de que una cifra global no es definitiva, puesto que todavía se pueden solventar las irregularidades detectadas durante la fiscalización.

El auditor en funciones explicó que ese organismo emitió un total de 10 mil 346 observaciones sobre el gasto público auditado en 2015, de las cuales 2 mil 557 son pliegos de observaciones por presuntos daños al erario y otras 2 mil 504 corresponden al inicio de procedimientos para tratar de fincar responsabilidades administrativas a funcionarios públicos que hayan incurrido en irregularidades.

Pérez Saavedra añadió que en 184 casos más se generaron avisos de la Auditoría Superior para el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Cŕedito Público (SHCP), derivado de que algunos proveedores de obra y beneficiarios de contratos públicos incumplen con sus obligaciones fiscales.

El titular de la ASF dijo que a partir del año 2001 se han reintegrado a las arcas de la Federación más de 123 mil millones de pesos a través de las observaciones que se hacen al gasto a todas las dependencias públicas, organismos autónomos, estados y municipios; así como a los Poderes Legislativo y Judicial, puesto que los pliegos de observaciones tratan de ser solventados por los servidores públicos.

Burlan Ley de Adquisiciones con triangulación y subcontratación de obra y servicios

Pese a que el auditor en funciones no dio un monto global de daños al erario que se desprenden de las observaciones, el documento que fue entregado a la Comisión de Vigilancia si destaca que la subcontratación de empresas privadas y asociaciones civiles por parte de una dependencia pública que debe prestar un servicio a otra dependencia, se ha consolidado como un mecanismo para el desvío de recursos públicos.

Este mecanismo ha permitido a Secretarías de Estado, universidades públicas y gobiernos de los estados y municipios el desvío de 6 mil 879 millones de pesos mediante contratos que amparan supuestas consultorías, asesorías y otros servicios relacionados, pero que no se comprueban o no se llevan cabo.

El esquema que ha sido investigado por periodistas y que una investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en conjunto con Animal Político denominó “La Estafa Maestra” también ampara falsos servicios de supervisión en obra pública y la realización de estudios técnicos que incumplen con sus objetivos o que son inservibles.

De acuerdo con la ASF, los programas presupuestales que más se han prestado a este esquema de presunta corrupción son los destinados al desarrollo social, agrario o territorial, es decir, que los desvíos se dan en programas de combate a la pobreza, de apoyo al campo y de atención a núcleos poblacionales en zonas rurales y urbanas.

Hasta el año 2015, la Auditoría había detectado la participación de universidades públicas estatales e institutos tecnológicos en este tipo de esquema, pero en la Cuenta Pública del 2016 la fiscalización evidenció que las televisoras públicas de los estados como el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación y la Televisora de Hermosillo, se han sumado a este mecanismo utilizado por funcionarios federales y estatales para el desvío de recursos públicos.

La ASF indica que entre las dependencias que han realizado más contrataciones de este tipo se encuentran la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Destaca el caso de Sedatu que asignó contratos de servicios y obra pública a universidades e instituciones públicas que no tenían capacidad para cumplir sus compromisos, por lo que al final las dependencias contratadas por adjudicación directa como la Universidad Mexiquense del Bicentenario, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, la Universidad Politécnica de Quintana Roo y la Televisora de Hermosillo, presuntamente subcontrataron a particulares que no cumplieron con sus servicios.

Ante ello, el organismo advirtió que hay un patrón en en este tipo de adquisiciones que implican la participación de varias empresas en una misma transacción, lo que origina que el esquema de subcontratación se utilice para dispersar recursos entre entes públicos y privados, así como para el desvío de recursos públicos puesto que hay una ausencia de los bienes y servicios que supuestamente se deben entregar a la dependencia contratante.

Por lo anterior, la ASF propone reglamentar el artículo 1º de la Ley de Adqisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LASSP) para evitar desvíos cuando se contraten bienes o servicios entre entidades y dependencias públicas, así como para obligar a los titulares de cada entidad del sector público a suscribir de manera directa los contratos correspondientes, de forma que se conviertan en responsables por el manejo de esos fondos.

PRD y PAN roban el dinero de los damnificados

Hay miles sin casa, 8 mil millones para ellos, y una gran duda: ¿qué hicieron Luna, Toledo y Herrera?

El mismo viernes en que hubo otro temblor de 7.2 grados en ocho estados, renunciaron a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México su Comisionado Ricardo Becerra y el académico Mauricio Merino. El sábado, la activista y periodista Katia D’Artigues hizo lo mismo y Fernando Tudela entregó su renuncia al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Afirmaron que las asignaciones de la ALDF y la Secretaría de Finanzas de los más de 8 mil millones de pesos de recursos para la reconstrucción estaban desvinculadas con las necesidades diagnosticadas por ellos a través de más de 150 visitas a lugares críticos.

Ahora, a cinco meses del sismo del 19S, la organización Nosotrxs, Morena y víctimas que siguen sin recibir apoyo económico aseguraron que la iniciativa enviada por el Gobierno capitalino para dar certidumbre no servirá y exigieron transparencia para evitar un uso electoral por parte de los diputados Leonel Luna Estrada y Mauricio Toledo Gutiérrez, comisionados de Gobierno y Presupuesto que este fin de semana fueron electos por el PRD para ser diputados federales plurinominales, así como del Diputado panista Jorge Romero. Los tres asambleístas han rechazado los señalamientos.

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).– A cinco meses del sismo de 7.1 grados, los 8 mil 792 millones de pesos para la reconstrucción en la Ciudad de México, que tomará entre cinco y seis años, no son utilizados en las necesidades detectadas por la Comisión para la Reconstrucción porque fueron controlados con fines político-electorales por tres diputados de la Asamblea Legislativa, aseguraron la organización civil Nosotrxs, la oposición y damnificados, quienes no han tenido acceso a ese dinero ni al de las donaciones internacionales y privadas.

“Los riesgos siguen latentes, seguimos en las mismas que hace cinco meses, sin regresar a nuestros hogares. Muchos de nosotros sin dictámenes estructurales, en el limbo jurídico, sin diálogo real con autoridades ni mucho menos tenemos idea de a qué podemos acceder si es que alguna vez llegarán los recursos a nosotros”, aseguró en entrevista Vania Salgado, de Damnificados Unidos de la Benito Juárez, quien después de que su departamento en la colonia Narvarte se averió tuvo que regresar a vivir con sus padres en la Delegación Xochimilco. Ahora hace más de dos horas a su trabajo.

Luego de la renuncia de los comisionados Ricardo Becerra, Mauricio Merino y Katia D’artigues por la asignación de recursos al margen de la Comisión para la Reconstrucción, este fin de semana el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, envió a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, coordinada por el perredista Leonel Luna Estrada, una iniciativa para modificar el artículo 13 y 14 del decreto de Presupuesto de Egresos de 2018 para “dar certidumbre” al uso de recursos para la reconstrucción. Luna se comprometió a trabajarlo en conjunto.

Sin embargo, la organización Nosotrxs y Morena consideraron la iniciativa “tardía” e “insuficiente”.

Los diputados señalados de controlar los recursos públicos son Leonel Luna Estrada, de la Comisión de Gobierno (PRD), Mauricio Toledo Gutiérrez, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (PRD), y Jorge Romero Herrera (PAN), lo han negado desde finales de enero. “Todo lo relativo al uso de los recursos públicos está en la cancha de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México”, instancia a quien la ALDF le entregó el jueves los proyectos aprobados que solicitaron las distintas dependencias y delegaciones para la reconstrucción, aseguró el Diputado Leonel Luna.

En este marco de señalamientos, este fin de semana los asambleístas Leonel Luna y Mauricio Toledo fueron electos por el PRD como diputados federales plurinominales. Mauricio Toledo, ex Delegado de Coyoacán, fue señalado el 3 de enero por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de haber reventado con violencia un mitin en esa demarcación de la candidata a la gubernatura capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, en el cual periodistas resultaron heridos. Además, la ciudadana Martha Patricia Reyes asistió al evento y dos días después murió en un hospital.

“El tema de la reconstrucción no les interesa, sino sus carreras políticas. Ya están nominados para otros puestos también legislativos en el orden federal”, acusó Vania, damnificada de Benito Juárez.

Los damnificados Pacífico 223 de Coyoacán afirmaron que “el tiempo de vida de las estructuras dañadas no responde a los tiempos electorales y cinco meses después del sismo del 19 de septiembre, un gran número de familias no tenemos claridad sobre el futuro de nuestros inmuebles”.

De acuerdo con el Secretario de Finanzas, Edgar Amador Zamora, se han ejercido los recursos públicos para la reconstrucción en un 35 por ciento por la Agencia de Gestión Urbana y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Luis F. Fernández, director ejecutivo de Nosotrxs, dijo en entrevista que la organización civil vigilará que los recursos por 7 mil 753 millones 999 mil pesos ya asignados lleguen a su destino y que estén fundamentados en el informe presentado por la Comisión para la Reconstrucción, porque “hay una desvinculación” entre lo asignado por las Comisiones de la Asamblea coordinadas por estos diputados perredistas y el diagnóstico realizado por los comisionados luego de más de 150 visitas a lugares críticos y la conversación con miles de damnificados capitalinos.

El académico Mauricio Merino, coordinador de Nosotrxs y quien se encargaba de vigilar la transparencia en la Comisión para la Reconstrucción, especificó este lunes en una columna periodística que el Comisionado de Gobierno, Leonel Luna, autorizó estos más de 7 mil millones de pesos a diez dependencias del Gobierno de la ciudad al margen de la Comisión y sin especificar ni sustentar en qué proyectos se emplearán.

“El oficio que tuve en mis manos autoriza el gasto de 43 partidas, de las que solamente cuatro parecen tener algún desglose. El resto incluye cantidades que generan la impresión de haber sido calculadas sin sustento en proyectos ejecutivos. Se trata, literalmente, de un reparto de recursos públicos que no corresponde con un esfuerzo previo de planeación sobre las tareas a seguir”, escribió. Hay una sola partida de 960 millones de pesos para la Secretaría de Obras Públicas, 500 millones para la Secretaría de Desarrollo Social, 700 millones para la Agencia de Gestión Urbana y 120 millones para la Secretaría del Medio Ambiente, documentó.

La ciudadana Vania Salgado, de Damnificados Unidos Benito Juárez, agregó vía telefónica que “de las 43 partidas, no hay nada para Iztapalapa, siendo que ha sido una de las delegaciones más afectadas. He estado en la colonia la Planta y es terrible en la situación que persisten. ¿Con qué justificación se dan esas asignaciones? Sin duda se presta a que sea una asignación clientelar a las circunscripciones de estos tres diputados que se decidieron autofacultar con funciones ejecutivas”.

Luis F. Fernádnez, de Nosotrxs, explicó que aunque la intención del Jefe capitalino de enviar una iniciativa fue buena, los recursos ya fueron asignados desde el jueves 15 de febrero, cuando el Comisionado de Gobierno, Leonel Luna, firmó el oficio.

“Por más que se diera esta reforma, el mal ya está hecho. Tendría que echarse para atrás el oficio y reasignarse de forma distinta conforme lo estableció la Comisión para la Reconstrucción y no conforme los tres legisladores decidieron. [Con los damnificados] ya se habían definido cuáles eran las necesidades en términos presupuestales”, afirmó Fernández.

Los diputados perredistas Mauricio Toledo y Leonel Luna. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

Para echar atrás el oficio, el director ejecutivo de Nosotrxs dijo que se está averiguando la naturaleza del documento porque el Jefe de Gobierno no podría hacerlo, ya que es una Ley que viene por instrucción de la ALDF. “La única forma sería a través de los propios firmantes de los oficios”, dijo.

César Cravioto, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena de la ALDF, quien ha señalado a los tres diputados desde diciembre, también dijo en entrevista que la iniciativa enviada por el Jefe capitalino, Miguel Ángel Mancera, fue “bastante tardía” y es “insuficiente” porque además de los 8 mil millones de recursos de la reconstrucción también debió abordar los alrededor de 7 mil millones de recursos de los excedentes de las 16 delegaciones para determinar su asignación.

Ya que habrá un periodo extraordinario para este tema, Cravioto pidió que, además de los cambios al artículo 13 y 14 del Presupuesto 2018, también se modifique la Ley de Reconstrucción para obligar a que una Comisión de Damnificados pueda darle seguimiento porque en este reglamento “también se les facilita a estos diputados hacer lo que quieran”.

El ex comisionado Ricardo Becerra también acusó en su carta de renuncia del viernes que el gasto de 8 mil millones de pesos “no tiene relación alguna con el diagnóstico de las necesidades de las personas afectadas por el sismo”. Tras más de 150 visitas y diálogo en lugares críticos de la capital del país, la Comisión detectó la urgencia de certeza jurídica para los damnificados, anular el riesgo para ellos; y estudios de suelo y reforzamiento.

Vania, de Damnificados Unidos Benito Juárez, lamentó la salida del ex Comisionado Ricardo Becerra ya que lo considera honesto y trabajador.

“Lo que estábamos trabajando con él y su equipo era que la Ley se cumpliera, que se pagaran los dictámenes estructurales y que se llevara a cabo un proceso limpio de reconstrucción de los edificios. Todo eso se quedó pausado. Es una lástima que sea una crisis política y no técnica”, aseguró.

Se cuestionó si el nuevo Comisionado tendrá las facultades para poder decidir conforme a un diagnóstico real de las necesidades a dónde deben dirigirse los recursos o si se continuará con las asignaciones aprobadas desde diciembre. De acuerdo con Luis F. Fernández, de Nosotrxs, tanto Becerra como Merino reiteraron hoy que no regresarán a la Comisión. Los damnificados de Pacífico 223 de Coyoacán concordaron en que la pérdida de Becerra y Merino “afecta directamente a la comunidad de de damnificados de la CDMX”.

USO ELECTORAL DE RECURSOS PARA RECONSTRUCCIÓN

En este contexto de elecciones en julio, la organización Nosotrxs, la oposición en la Asamblea Legislativa y damnificados aseguraron que la asignación sin desglosar de recursos públicos para la reconstrucción se presta para uso clientelar.

“Nos preocupa porque dejan a los damnificados en la última prioridad para el uso para fines político-electorales de los recursos; una cantidad enorme de recursos distribuidos de manera discrecional. La ineficacia en el uso de esos recursos es lo que más daño puede hacer a los damnificados”, afirmó Luis F. Fernández, director ejecutivo de Nosotrxs.

El Coordinador de Morena en la ALDF, César Cravioto, coincidió en que “es un uso indiscriminado de recursos y un manejo absolutamente clientelar de los mismos”, afirmó. “Nosotros hemos venido diciendo todos los errores que [estos diputados] han cometido y no nos han hecho caso. Han dicho que no tiene razón Morena”.

Vania Salgado afirmó que “lo único que hicieron [estos tres diputados] fue ser juez y parte para poder asignar de manera clientelar los recursos del fondo de la reconstrucción mientras que nosotros los damnificados no hemos recibido ninguna ayuda, solo los 9 mil pesos del apoyo para la renta anterior a la Ley de Egresos”.

 

El tema de las donaciones de otros países y del sector privado, agregó, “es otro tema opaco del que nadie tiene información al respecto”.

A nombre de Damnificados Unidos de Benito Juárez, denunció en entrevista “opacidad” en la asignación de los recursos por parte de la ALDF y de la Secretaría de Finanzas, dado que desconocen la actual situación del Fondo de Reconstrucción compuesto por 5 mil millones de pesos, parte de los más de 8 mil millones aprobados en diciembre en el Presupuesto 2018. El resto sería para distintas dependencias, pero “no hay transparencia, no sabemos en qué dependencias se dan y en qué montos, ni tampoco la justificación”.

Asimismo, los damnificados de la delegación Benito Juárez requirieron ser parte de mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas respecto a la asignación de sus recursos, “donde podamos acceder en tiempo real para saber en qué se está gastando el Fondo para la Reconstrucción”, dijo Salgado.

La ciudadana Vania aseguró que desde la discusión de la Ley de Reconstrucción exigieron un diálogo con los asambleístas, pues “no era normal” que el órgano legislativo supervisara la asignación de los recursos en lugar de una auditoría autónoma. Sin embargo, no fueron escuchados. Luego pidieron una reunión con los tres asambleístas junto con el Secretario de Finanzas para conocer las asignaciones, pero sigue estando en el aire.

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Por Lilia Arellano Estado de los ESTADOS * Preparan el horno para el fraude del 1 de julio * Constitución moral contra la corrupción: AMLO * R. Robles, una vida de escándalos y de fraudes * Sistema quintanarroense, centro de escándalos * Acusan a Ricardo Anaya de “lavado de dinero” La confianza dura hasta que se acaba. Filósofo de Güémez Aumenta la desconfianza ciudadana sobre el manejo de los votos, aunque habrá de anotarse que nunca ha existido ni siquiera la percepción de un manejo limpio de las autoridades electorales, por más llamados hechos para generarla. Son ciudadanos quienes están en las casillas y con ello consideraron que era suficiente; sin embargo, se ha visto el sucio manejo de los reportes en las actas, las alteraciones en ellas con falsificaci.. [+] Ver mas

Sin concretar reunión Trump-Peña

Tras una conversación telefónica WASHINGTON (apro).- El presidente Donald Trump y el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto se comunicaron por teléfono este martes para ofrecerse condolencias por el accidente aéreo en Oaxaca y por la masacre en Florida, respectivamente, pero algo ocurrió en la conversación, porque la reunión pactada para la próxima semana en esta ciudad se canceló. En un escueto comunicado, la Casa Blanca puntualizó: “El presidente Trump habló hoy con el presidente Enrique Peña Nieto de México, para ofrecerle condolencias a las familias de las víctimas del accidente aéreo (del helicóptero militar) en Oaxaca”. La mañana de este martes, minutos antes de la conversación telefónica entre ambos mandatarios, fuentes estadounidenses adelantaron a Apro.. [+] Ver mas

Costa Rica desarticula red de tráfico de cocaína hacia México

SAN JOSE, Costa Rica, 20 de febrero (AFP).- Autoridades costarricense detuvieron este martes a cinco hombres, incluidos a un colombiano y un mexicano, sospechosos de conformar una red dedicada al tráfico de drogas por tierra a México, informaron la fiscalía y el gobierno. Agentes de la policía y la fiscalía realizaron seis allanamientos en los alrededores de San José para detener a un mexicano de apellidos León Rojas, un colombiano (Martínez Ibarra), dos nicaragüenses (Ruiz Jácamo y Cheves Salgado) y un costarricense (Concepción Atencio). Un sexto integrante del grupo fue detenido el 15 de noviembre pasado por la Policía de Control de Drogas con 213 kilos de cocaína, indicó el Ministerio de Seguridad en un comunicado. “El día de hoy (martes) se va a solicitar prisión p.. [+] Ver mas

Barcos petroleros afectan pesca

La pesca ha caído desde que varias empresas contratadas por Pemex empezaron a realizar estudios en busca de reservas de gas en el Golfo de México / En las próximas horas se esperan manifestaciones de pescadores COATZACOALCOS, Ver., 20 de febrero (Sayda Chiñas Córdova, corresponsal de POR ESTO!).- Pescadores de la zona sur de Veracruz denunciaron afectaciones por labores de exploración de barcos petroleros, por lo que en las próximas horas realizarán manifestaciones para detener los trabajos que se hacen en altamar. Las diferentes uniones de pescadores de la zona de la costa del sur dieron a conocer que las pescaderías han bajado en los últimos meses, desde que varias empresas contratadas por Pemex empezaron a realizar estudios para encontrar reservas de gas en el golfo de M�.. [+] Ver mas

Medidas preventivas para erradicar inseguridad

En universidad Veracruzana COATZACOALCOS, Ver., 20 de febrero (Sayda Chiñas Córdova, corresponsal de POR ESTO!).- La Universidad Veracruzana incrementará medidas de vigilancia en sus instalaciones del sur de Veracruz para disminuir el número de asaltos y agresiones contra sus estudiantes; este martes elementos de la Policía Federal capacitaron a universitarios en técnicas de protección. Carlos Lamothe Zavaleta, vicerrector de la Universidad Veracruzana campus Coatzacoalcos, dio a conocer que se analizó la situación de inseguridad que se han presentado afuera del campus universitario y por eso se aplicarán medidas preventivas. Señaló que este año se reforzarán las medidas de vigilancia dentro y fuera de las diferentes sedes de la UV, con el objetivo de prevenir que los .. [+] Ver mas

Alerta para el sur de Veracruz por incremento de muerte materna

COATZACOALCOS, Ver., 20 de febrero (Sayda Chiñas Córdova, corresponsal de POR ESTO!).- La Secretaría de Salud Federal mantiene una alerta para el sur de Veracruz, debido al incremento de las muertes maternas; en el 2017 se presentaron nueve casos, la mayoría de ellos de mujeres menores de 18 años y habitantes de zonas rurales de extrema pobreza. De acuerdo a las cifras que maneja a la propia Secretaría federal, en los municipios que corresponden a la Jurisdicción Sanitaría Número 11, en la región sur de Veracruz, se incrementaron los casos de muerte materna. En el 2016, se presentaron seis casos, mientras que en el siguiente ejercicio cerró el año con nueve casos, y entrando el mes de febrero del 2018 se presentó el primer caso en el municipio de Jáltipan. Lourdes de la .. [+] Ver mas

Cae presunto jefe criminal

La Policía Turística de Playa del Carmen detiene a Abraham Masugaro O. S., supuesto cabecilla de un grupo delictivo / Le aseguran una pistola tipo escuadra con cuatro cartuchos útiles y un cartucho percutido, casi 100 dosis de diversas drogas y una lujosa camioneta BMW / La movilización policiaca se registró tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la céntrica Avenida 15 PLAYA DEL CARMEN, Solidaridad, Quintana Roo, 20 de febrero (De la Redacción).- Elementos de la Policía Turística Municipal (PTM) asestaron un fuerte golpe al crimen organizado, al lograr la detención del presunto cabecilla de una organización delictiva, a quien le aseguraron una pistola tipo escuadra con cartuchos útiles, y un casquillo de una detonación que presuntamente hizo para tratar de i.. [+] Ver mas

Señalan a Anaya de triangular recursos con empresas fachada

Es guerra sucia del PRI para levantar la campaña de Meade, revira el panista

Simuló la compra de una nave industrial para beneficiar a su compañía, afirma abogado

Emir Olivares y Néstor Jiménez

 

Periódico La Jornada
Miércoles 21 de febrero de 2018, p. 3

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), Ricardo Anaya Cortés, fue acusado de orquestar una red de empresas fachada que triangularon una suma millonaria en varios países y paraísos fiscales para simular la compra-venta de una nave industrial, con valor de 54 millones pesos, y con ello beneficiar a una compañía propiedad del panista.

En conferencia de prensa, el abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor, en representación de dos personas que aseguran haber sido contratadas por un empresario del sector inmobiliario de Querétaro –tierra de origen de Anaya– para concretar dicho entramado, afirmó que sus clientes son objeto de amenazas en las que podría estar implicado el candidato u otros actores, por lo cual hace unos días presentaron denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Explicó que en 2016, Alberto Ny Daniel N, de quienes reservó su identidad, fueron contratados por el empresario Manuel Barreiro Castañeda para realizar una venta irregular de un terreno en el municipio de El Marqués, Querétaro.

Acompañó sus señalamientos con copias de las transferencias realizadas a cada una de las personas morales que intervinieron en el esquema para la adquisición del inmueble, los contratos de compraventa, los documentos que acreditan la existencia de algunas de las empresas nacionales y extranjeras que intervinieron, los contratos de créditos simulados, diagramas en los que se explica la operación y correos electrónicos entre sus clientes y Barreiro.

El fin, ocultar origen de fondos

Uno de los dos contratistas sostuvo en la denuncia: “El propósito de la operación era ocultar el origen de los recursos, así como su destinatario final, simulando una compraventa para pagarle el precio a la citada empresa, Juniserra –propiedad de Anaya y su suegro Donino Ángel Martínez Diez–, utilizando para ello un valor que no correspondía al verdadero precio del inmueble. Por tanto, de esa forma lograr el objetivo de hacerle llegar los recursos a Ricardo Anaya por conducto de la mencionada empresa; esto, seguramente, por la gran relación de amistad que guardan Manuel Barreiro y Anaya desde hace muchos años”.

Como primer paso, la empresa Juniserra, propiedad de Anaya, compró a Barreiro un lote del terreno marcado con el número 82, ubicado en la carretera estatal 431 km 2+200, Hacienda La Machorra, en el municipio de El Marqués, con superficie de 13 mil 589 metros cuadrados y valor de 10 millones de pesos.

Posteriormente, en abril de 2016, Barreiro buscó a Daniel N y Alberto N para armar una red de empresas fachada o fantasmas, constituidas algunas de ellas por prestanombres o testaferros de toda la confianza del empresario queretano.

Entre dichas empresas se trianguló el dinero para perder el rastro de su origen, ya que el propio Barreiro pretendía recomprar el terreno, ahora catalogado como nave industrial, a la empresa de Anaya por cinco veces su valor original. En ningún momento sus clientes tuvieron contacto con el candidato presidencial del PAN.

“Para esto mis clientes constituyeron personas jurídicas colectivas y triangularon el dinero en los sistemas financieros de México, Canadá, Suiza, Gibraltar –territorio británico y paraíso fiscal– e islas Turcas y Caicos, en el Caribe.”

Tras pasar por estos países, la millonaria suma llegó a la empresa Tesorem –propiedad de los dos denunciantes–, mediante la cual se habrían enviado los 54 millones de pesos a una compañía fantasmallamada Manhattan Master Plan Development, que pagó dicha suma a Juniserra.

Las acusaciones, refrito de las que recibí hace cinco meses, dice Ricardo AnayaFoto Yazmín Ortega Cortés

Como parte de los 54 millones que llegaron a Juniserra, la empresa de Anaya compraría otro lote en el mismo parque industrial a Barreiro. Probablemente con la idea de recircular el dinero y repetir la operación.

Anaya fue señalado desde 2016 de no reportar ingresos que justi-fiquen cómo cubre la residencia de su familia en Estados Unidos. En sus declaraciones patrimoniales informó de ganancias anuales por 1.1 millones de pesos. Además, se ha denunciado que empresas ligadas a él y su familia política crecieron de manera exponencial a la par de su carrera política.

Xamán Mcgregor sostuvo que sus clientes hicieron pública la denuncia porque comenzaron a ser acosados, seguidos y hasta amenazados, y temen por su integridad.

Por eso se presentó la denuncia ante la PGR y responsabilizó de cualquier daño contra sus defendidos –cuya situación jurídica es de carácter reservado– a Anaya, a Barreiro y a los gobiernos federal y de Querétaro (encabezado por el panista Francisco Domínguez Servién). Aunque, aclaró, no tienen pruebas contundentes de quién está detrás de esas amenazas.

Vendí a precio de mercado y todo fue reportado en mi delaración 3de3,argumenta

De la Redacción

Ricardo Anaya Cortés descalificó los señalamientos en su contra por presunta triangulación de recursos. Consideró que son refrito de las acusaciones que le formularon hace cinco meses.

Afirmó que se trata de una estrategia de guerra sucia del PRI en su contra, que intenta confundir a la opinión pública y levantar la campaña en ruinas de su candidato (José Antonio Meade). Y, nuevamente, no les va a funcionar.

Ayer, la oficina de comunicación del panista emitió un comunicado en respuesta a la denuncia hecha horas antes por el abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor, quien lo responsabilizó de triangulación de recursos por varios países y paraísos fiscales, y como probable responsable de acoso contra sus clientes.

Anaya indicó que su empresa vendió una nave industrial a precio de mercado, lo que está reportado en su declaración 3de3, y que su compañía siempre ha estado al corriente de sus obligaciones fiscales.

Los señalamientos, enfatizó, son una forma de distraer la atención de un gravísimo escándalo de corrupción detectado por la Auditoría Superior de la Federación, que implicaría el desvío de más de mil 300 millones de pesos de programas sociales por la entonces titular de Secretaría de Desarrollo Social y hoy de la de Desarrollo Urbano y Territorial, Rosario Robles Berlanga.

Calificó de absurdos y (de) risa loca los señalamientos de que amenazó a los dos clientes de Xamán McGregor –quienes habrían sido contratados para las triangulaciones señaladas por Manuel Barreiro Castañeda, empresario del sector inmobiliario y, de acuerdo con las acusaciones, cercano a Anaya–, a quienes aseguró no conocer y jamás haber tenido contacto con ellos.

Acerca de la triangulación de recursos, Anaya indicó que fue aclarado en su momento en un comunicado de prensa el 18 de septiembre de 2017, en el que se asentó que “la empresa Manhattan Master Plan Development cubrió el importe de la compraventa a entera satisfacción de nuestra empresa (…) No conozco de irregularidad alguna. En cualquier caso, a quien correspondería verificar que su empresa (Manhattan Master Plan Development) cumple con la normatividad vigente es a las autoridades competentes, y no a quienes vendimos un inmueble cuyo precio fue cubierto a nuestra entera satisfacción”.