La subcontratación de empresas privadas por parte de una dependencia pública que debe prestar un servicio a otra, se ha consolidado como un mecanismo para el desvío.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que entre los años 2012 y 2016 se ha detectado un presunto desvío de recursos públicos por 6 mil 879 millones de pesos mediante la figura que permite la contratación entre dos dependenciasgubernamentales, con el propósito de evadir la Ley de Adquisiciones del Sector Público y así facilitar la entrega de recursos públicos a una tercera empresa privada que no es supervisada.
Durante la entrega del Tercer Informe de Resultados para Analizar la Cuenta Pública del 2016, el encargado de despacho de la ASF, Juan Javier Pérez Saavedra, explicó que el trabajo de ese organismo autónomo permitió al Estado mexicano recuperar un total de 7 mil 896 millones de pesos, producto de las observaciones que se hicieron durante los dos primeros reportes de la Cuenta Pública del año 2016.
El informe omite de manera deliberada dar una cifra global de los eventuales daños al patrimonio público que se podrían desprender de los 2 mil 557 pliegos de observacionesque se hicieron a las dependencias públicas durante el ejercicio fiscal del 2016, con el argumento de que una cifra global no es definitiva, puesto que todavía se pueden solventar las irregularidades detectadas durante la fiscalización.
El auditor en funciones explicó que ese organismo emitió un total de 10 mil 346 observaciones sobre el gasto público auditado en 2015, de las cuales 2 mil 557 son pliegos de observaciones por presuntos daños al erario y otras 2 mil 504 corresponden al inicio de procedimientos para tratar de fincar responsabilidades administrativas a funcionarios públicos que hayan incurrido en irregularidades.
Pérez Saavedra añadió que en 184 casos más se generaron avisos de la Auditoría Superior para el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Cŕedito Público (SHCP), derivado de que algunos proveedores de obra y beneficiarios de contratos públicos incumplen con sus obligaciones fiscales.
El titular de la ASF dijo que a partir del año 2001 se han reintegrado a las arcas de la Federación más de 123 mil millones de pesos a través de las observaciones que se hacen al gasto a todas las dependencias públicas, organismos autónomos, estados y municipios; así como a los Poderes Legislativo y Judicial, puesto que los pliegos de observaciones tratan de ser solventados por los servidores públicos.
Burlan Ley de Adquisiciones con triangulación y subcontratación de obra y servicios
Pese a que el auditor en funciones no dio un monto global de daños al erario que se desprenden de las observaciones, el documento que fue entregado a la Comisión de Vigilancia si destaca que la subcontratación de empresas privadas y asociaciones civiles por parte de una dependencia pública que debe prestar un servicio a otra dependencia, se ha consolidado como un mecanismo para el desvío de recursos públicos.
Este mecanismo ha permitido a Secretarías de Estado, universidades públicas y gobiernos de los estados y municipios el desvío de 6 mil 879 millones de pesos mediante contratos que amparan supuestas consultorías, asesorías y otros servicios relacionados, pero que no se comprueban o no se llevan cabo.
El esquema que ha sido investigado por periodistas y que una investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en conjunto con Animal Político denominó “La Estafa Maestra” también ampara falsos servicios de supervisión en obra pública y la realización de estudios técnicos que incumplen con sus objetivos o que son inservibles.
De acuerdo con la ASF, los programas presupuestales que más se han prestado a este esquema de presunta corrupción son los destinados al desarrollo social, agrario o territorial, es decir, que los desvíos se dan en programas de combate a la pobreza, de apoyo al campo y de atención a núcleos poblacionales en zonas rurales y urbanas.
Hasta el año 2015, la Auditoría había detectado la participación de universidades públicas estatales e institutos tecnológicos en este tipo de esquema, pero en la Cuenta Pública del 2016 la fiscalización evidenció que las televisoras públicas de los estados como el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación y la Televisora de Hermosillo, se han sumado a este mecanismo utilizado por funcionarios federales y estatales para el desvío de recursos públicos.
La ASF indica que entre las dependencias que han realizado más contrataciones de este tipo se encuentran la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Destaca el caso de Sedatu que asignó contratos de servicios y obra pública a universidades e instituciones públicas que no tenían capacidad para cumplir sus compromisos, por lo que al final las dependencias contratadas por adjudicación directa como la Universidad Mexiquense del Bicentenario, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, la Universidad Politécnica de Quintana Roo y la Televisora de Hermosillo, presuntamente subcontrataron a particulares que no cumplieron con sus servicios.
Ante ello, el organismo advirtió que hay un patrón en en este tipo de adquisiciones que implican la participación de varias empresas en una misma transacción, lo que origina que el esquema de subcontratación se utilice para dispersar recursos entre entes públicos y privados, así como para el desvío de recursos públicos puesto que hay una ausencia de los bienes y servicios que supuestamente se deben entregar a la dependencia contratante.
Por lo anterior, la ASF propone reglamentar el artículo 1º de la Ley de Adqisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LASSP) para evitar desvíos cuando se contraten bienes o servicios entre entidades y dependencias públicas, así como para obligar a los titulares de cada entidad del sector público a suscribir de manera directa los contratos correspondientes, de forma que se conviertan en responsables por el manejo de esos fondos.
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