domingo, 30 de agosto de 2015

AMLO, el “enemigo” a vencer .- Jesusa Cervantes

El presidente del Consejo Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Foto: AMLO

MÉXICO, D.F., (apro).- Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno, sus operadores políticos y hasta sus aliados.
El 25 de julio, arropado por su partido en las instalaciones de insurgentes norte, Enrique Peña Nieto alertó sobre el “populismo” que pretende destruir en días lo que ha costado décadas construir. No dijo nombres, pero fue claro que el mensaje era para avisparse ante cualquier avance del líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Casi un mes después, el 20 de agosto, Manlio Fabio Beltrones Rivera centró sus ataques en el tabasqueño llamándolo “político amargado”, “obsesionado con el poder” y de un “pragmatismo locuaz”.
En la carrera presidencial para 2018 ya está apuntado López Obrador, pero también Beltrones Rivera desde el momento en que Peña Nieto lo apapachó en el CEN del PRI, aquel 25 de julio, y lo convirtió en presidente nacional de esa fuerza política el 21 de agosto.
Pero en el Revolucionario Institucional hay otros aspirantes, entre ellos el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, consternado desde que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán se fugó del penal del Altiplano, el pasado 11 de julio, y con él sus puntos rumbo a la presidencia.
Uno más es, por supuesto, el impávido Luis Videgaray, quien desde que se reveló la compra de su casa de Malinalco al contratista favorito del gobierno federal, Juan José Hinojosa, ha entrado en un tobogán, como si fuera el peso mexicano deslizándose por la desgracia.
Y el propio Peña Nieto puso a uno más en la carrera priista: Aurelio Nuño, su hombre de confianza y recién nombrado secretario de Educación Pública.
Cada uno de estos priistas son enemigos políticos entre sí, pero cuando de supervivencia se trata no pierden el tiempo y se alían. Ello sucedió esta semana cuando Osorio Chong y Aurelio Nuño se confabularon para prevenirse y aniquilar cualquier escaparate político que pudiera utilizar López Obrador en 2018.
Así como Peña y Beltrones se ocuparon del exjefe de Gobierno del Distrito Federal, la dupla Osorio-Nuño decidió entrar al quite y frenar el ascenso de López Obrador y Morena en la Cámara de Diputados.
Para lograr su cometido, la dupla recurrió al perredista y líder de la vapuleada corriente de los “chuchos”, Jesús Zambrano. Esta semana, Nuño y Osorio fraguaron su estrategia: subir al PRD a la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro.
Estar en dicha posición tiene grandes ventajas, entre ellas la de recibir miles de pesos mensuales, con un gran porcentaje que no debe justificarse. Es dinero fresco.
Si se toma en cuenta que la fracción de 61 diputados del PRD está partida en tres –30% la tienen los chuchos; otro 30% la tiene Alternativa Democrática Nacional (ADN), de donde surgió el coordinador de los legisladores, Francisco Martínez Nery, y el resto la conforman Foro Nuevo Sol y Vanguardia Progresista–, entonces es claro que los “chuchos” requerirán de posiciones claves para mantener a sus integrantes dentro del partido.
El temor de la dupla Osorio-Nuño es que algunos desilusionados por la falta de juego político den la espalda al PRD y volteen hacia Morena, que con sus 35 diputados podría subir a una tercera fuerza y desplazar al sol azteca. Amén de que el PT podría sumarse a los morenitos en caso de perder su registro como partido político.
Si Morena se convierte en tercera fuerza dentro de la Cámara de Diputados, entonces tendría derecho a presidir durante un año, el tercero, justamente cuando inicia el proceso electoral rumbo a la presidencia de 2018.
Esta sola posibilidad llevó a Osorio y Nuño a ocuparse de Morena en San Lázaro ofreciendo a Jesús Zambrano, es decir, al PRD, el primer año de la Mesa Directiva. Así, en caso de ser desplazados por Morena, “la tercera fuerza” no tendría con qué reclamar su año en Mesa.
La versión que corre es que la dupla priista pidió a Zambrano no pelearse, no competir por la coordinación de la fracción y dejar al aliado natural de los “chuchos”, ADN, la posición, pues para él y su menguada corriente, Nueva Izquierda, tiene otros planes: darle un aire y poder que pueda frenar a los morenitos y, por consiguiente, a López Obrador.
Temor electoral, le llaman algunos. Previsión, dirán otros.

Cientos de líderes cristianos en la lista de “infieles” de Ashley Madison: experto

El blog especializado Christianitytoday.com afirma que al menos 400 religiosos de EU y Canadá se registraron en el sitio de citas y vinculado a la pornografía.

Cientos líderes religiosos en la lista de "infieles" de Ashley Madison: experto


Al menos 400 líderes cristianos y religiosos en Estados Unidos y Canadá, como pastores, diáconos y miembros de equipos eclesiales, estarían registrados en el sitio que promueve la infidelidad, Ashley Madison, de acuerdo con lo publicado con Ed Stetzer en el blog Christianitytoday.com.
El autor afirmó que este lunes podrían renunciar algunos de ellos, según le mencionaron líderes religiosos de ambos países. “Este es un momento muy vergonzoso para la iglesia“, publicó Stetzer en un texto titulado: ‘Mi pastor está en la lista de Ashley Madison’.
Ashley Madison es un sitio web que promueve la infidelidad, y el 15 de julio pasado sobrevino un escándalo cuando se extrajo información de los miembros del sitio, con datos de tarjetas de crédito, nombres completos y direcciones de los 30 millones de clientes de la compañía.
Los piratas informáticos amenazaron entonces con difundir todos los datos extraídos si la compañía no cerraba completamente sus operaciones. Durante agosto la información fue revelada, con más de 10 gigabytes.
Este viernes se informó que el CEO de Ashley Madison, Noel Biderman, renunció después del escándalo por el hackeo de los datos privados de los usuarios de esa red social. “Este cambio es lo mejor para la compañía y nos permite seguir proporcionando apoyo a nuestros miembros”, dijo la empresa en un comunicado.
(Con información de Aciprensa.comEl Clarín y Christianitytoday.com)

Conciencia social ... ¡ de sobra !

Confrontan pastores evangélicos duartistas a Solalinde

Pastores de la Iglesia Apostólica “En el nombre de Jesús, Alfa y Omega” confrontaron al padre Alejandro Solalinde.
Veracruz, Ver.- Pastores de la Iglesia Apostólica “En el nombre de Jesús, Alfa y Omega” confrontaron al padre Alejandro Solalinde por las declaraciones que dio a representantes de los medios de comunicación de la zona conurbada sobre la situación de inseguridad y la falta de libertad de expresión que existen en el territorio veracruzano.
El sacerdote católico acudió a un conocido café de la zona del malecón para degustar un desayuno cuando un grupo de pastores lo invitó a su mesa.
Alejandro Solalinde creyendo que la invitación era de buena fe aceptó trasladarse a la mesa donde estaban los pastores.
Sin embargo, el pastor Víctor Villalvazo Hernández comenzó a reclamarle porque supuestamente vino a dar un mal ejemplo a Veracruz con sus declaraciones sobre desaparecidos y periodistas asesinados.
El representante de la Iglesia Apostólica “En el nombre de Jesús, Alfa y Omega” invitó a Alejandro Solalinde a “hablar bien de Veracruz”.
Víctor Villalvazo aseguró que Veracruz cuenta con una seguridad perfecta gracias a los operativos que realizan elementos de las fuerzas federales en el territorio estatal.
“El mal ejemplo que vino a dar a Veracruz es malo, yo lo considero malo, gracias por esa conferencia que nos vino a acabar completamente, pero la iglesia religiosa que somos nosotros, somos cultos, somos ordenados, gente capaces de sacar adelante a Veracruz”, expresó.
Se dijo enojado por las declaraciones de Solalinde y le pidió que primero contribuya a mejorar la situación de su estado antes de referirse a la problemática veracruzana.
El religioso católico no se quedó callado e indicó a los pastores que no dudaba que fueran enviados por el gobernador Javier Duarte de Ochoa.
“Qué bueno que el gobernador sea su ídolo, qué bueno que lo admiren”, expresó.
Sin embargo, el presbítero justificó que sus declaraciones fueron en pro de la justicia que merecen familiares de personas cuyo paradero se desconoce desde hace años.
“Hay que orar peor también que trabajar, Jesús nos mandó con una prioridad ‘busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás es añadidura, yo vengo a hablar de Veracruz porque es México, yo soy mexicano, Jesús me mandó para hablar con la verdad, no para andar complaciendo al gobierno, y yo le voy a decir algo, nadie está hablando de los periodistas que son asesinados, de la gente que está desaparecida, ¿no le duele?”, insistió.
Durante su intervención, los pastores evangélicos pretendieron interrumpir a Solalinde en varias ocasiones, pero éste les indicó que los escuchó el tiempo que desearon sin cortes, por lo que tenían derecho a oír su respuesta.
Y remató para levantarse de la mesa y retirarse: “Cuando quieran hablar de fe, lo hacemos, cuando quieran, pero que no los mande el gobierno”.

" ¡ Reza ! " ... y recé...

32 meses de Peña, 57,410 asesinatos

PROCESO 2026

De poco le ha servido al gobierno de Enrique Peña Nieto reiterar que durante su gestión las cifras de los homicidios han ido a la baja. Su discurso en ese sentido no se sustenta en la realidad, según documenta el semanario Zeta, de Tijuana, en la edición que comenzó a circular de manera simultánea a este número de Proceso. A partir de cifras recabadas en varias instituciones públicas del país, el equipo de periodistas tijuanenses comprobó que durante los primeros 32 meses de gestión peñanietista ha habido 57 mil 410 homicidios dolosos. Así llega el mexiquense a su tercer informe de gobierno. Estos son los resultados de la investigación de Zeta.
El discurso del “México en paz” y la ausencia de una estrategia pública e integral de combate al narcotráfico y al crimen organizado en la administración de Enrique Peña Nieto han redundado en un incremento de los asesinatos, producto de la violencia y la inseguridad en el país.
En los primeros 32 meses del regreso del Partido Revolucionario Institucional a Los Pinos suman 57 mil 410 los homicidios dolosos.
Si comparamos estas cifras con el periodo correspondiente a los primeros 32 meses del sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa o con sus tres últimos años de gobierno, la cifra de Peña Nieto supera el pasado inseguro.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 33 mil 347 averiguaciones previas por homicidio doloso entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de julio de 2009; es decir, en los primeros 32 meses del calderonato. La misma institución registró 47 mil 988 averiguaciones previas y víctimas por homicidio doloso del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2015, los primeros 32 meses del actual sexenio.
Al llegar ambos mandatarios a su tercer informe de gobierno, oficialmente Peña Nieto supera a Calderón con 14 mil 641 asesinatos intencionales.
Asimismo, mientras que Zeta documentó en el sexenio de Calderón 83 mil 191 ejecuciones, en el de Peña Nieto fueron 57 mil 410 sólo en 32 meses; es decir, de mantenerse el promedio de mil 794 asesinatos mensuales, el mandato peñista registraría alrededor de 130 mil asesinatos intencionales.
Pero si equiparamos los primeros tres años de la administración de Peña con los últimos tres de Calderón, considerando que la inseguridad arreció al final del sexenio pasado, la administración priista tampoco sale bien parada.
De 2010 a octubre de 2012, el último trienio de Calderón, se contabilizaron 61 mil 775 asesinatos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. Durante los 32 meses de Peña, de diciembre de 2012 a julio de 2015, los muertos han caído por cientos hasta llegar a 57 mil 410; si se considera el promedio de mil 800 homicidios dolosos por mes, para octubre de 2015 sumarían 62 mil 810 los ejecutados, y para diciembre se situaría en 66 mil, sobrepasando la cifra acumulada en el último trienio de su antecesor.
La diferencia en la política de combate a la inseguridad entre ambos gobiernos es sustancial. La seguridad fue el eje del sexenio de Calderón; las reformas lo han sido en el de Peña. Ni una ni otra han funcionado.
Peña supera a Calderón
Al comparar las estadísticas oficiales del SESNSP, durante los primeros 32 meses de los gobiernos de Calderón y de Peña, en vísperas del tercer informe de gobierno, el priista superó al panista.
Los ejecutados en lo que va del presente gobierno se resumen así:
–2012: 2 mil 325 (únicamente el mes de diciembre, dado que Peña tomó posesión el día 1 de ese mes)
–2013: 23 mil 928
–2014: 20 mil 276
–2015: 10 mil 881 (hasta julio de 2015)
Total: 57 mil 410.
Si se considera el promedio de ejecuciones por mes en la República (mil 800), al finalizar 2015 la cantidad de homicidios dolosos sería similar a la de 2014.
En los números se refleja que la aprehensión de las cabezas criminales –parte de la estrategia del gobierno federal para combatir a las organizaciones criminales– no disminuye la inseguridad ni la violencia en el país.
Joaquín El Chapo Guzmán Loera, recapturado en febrero de 2014, año en que las ejecuciones, aun por debajo de las de 2013, registraron una cifra alta: 20 mil 276. Con la fuga de Guzmán, el 11 de julio pasado, el año concluirá con números similares en materia de ejecuciones.
La retirada de las Fuerzas Armadas de retenes, puntos de revisión y patrullaje en carreteras federales y ciudades del país tampoco incidió en una disminución en el número de asesinatos. Lo que sí ha variado en el sexenio peñista es la movilidad de la violencia.
En la pasada administración, la sangrienta guerra de cárteles y delincuentes organizados estaba en el norte del país; en la actual, la inseguridad se mudó al centro y al sureste. Sinaloa y Baja California salieron de los primeros cinco sitios de estados con mayor violencia, y entraron Jalisco y Michoacán.
Los 57 mil 410 ejecutados en los primeros 32 meses del gobierno de Peña Nieto es producto de una investigación realizada por Zeta a partir de los registros del SESNSP, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las procuradurías estatales, institutos forenses, asociaciones civiles y estadísticas municipales de medios de comunicación y otras autoridades.
Se consideran como homicidios dolosos las ejecuciones, los asesinatos en enfrentamientos armados, los homicidios-agresiones, los asesinatos intencionales en reyertas por narcomenudeo, los cuerpos amorfos o irreconocibles localizados en narcofosas, así como los que fueron incinerados, desmembrados, desollados o colgados.
Ocultamiento de cifras
La cuna del peñismo, el Estado de México, es donde más asesinatos se registraron en los primeros 32 meses de gobierno de Peña Nieto. La entidad ocupa el lugar número uno de la lista en la investigación de Zeta, con 7 mil 771 homicidios dolosos. De continuar al promedio, superará los 16 mil ejecutados que durante el sexenio pasado ubicaron a Chihuahua en ese deshonroso lugar.
La impunidad en México, principal factor que permite a los sicarios de los cárteles de la droga y de las organizaciones criminales continuar con las matanzas, ubica a los siguientes estados como los más violentos:
En segunda posición, Guerrero, con 5 mil 242 homicidios dolosos; Chihuahua en la tercera, con 4 mil 742; Jalisco en la cuarta, con 3 mil 492, y Michoacán con 3 mil 304.
En contraparte, los que registran menos asesinatos intencionales son: Aguascalientes, 123 en el periodo mencionado; Yucatán, 133, Campeche, 195; Tlaxcala, 223, y Baja California Sur, 247.
Hasta ahora, el gobierno de Peña Nieto no ha podido bajar la incidencia delictiva relacionada con los homicidios dolosos, aunque lo pregonó durante su campaña y en los primeros meses de su administración.
Al inicio gozó del beneficio de la duda de los más escépticos ante la promesa de que “en un año” su gobierno empezaría a ofrecer resultados de su “estrategia” contra la inseguridad, sobre todo en la disminución de los delitos de alto impacto, como los homicidios dolosos.
Lamentablemente, la “estrategia” del sexenio priista durante estos primeros 32 meses se ha centrado en repetir que la “incidencia delictiva” va a la baja o que se ha “reducido a su mínima expresión”.
En 2013, por ejemplo, Peña Nieto declaró en el Foro de Davos, Suiza:
“Ha habido una disminución real en el número de homicidios que se cometen en nuestro país, una disminución de prácticamente 30% de homicidios vinculados al crimen organizado, lo cual nos resulta alentador.”
Al año siguiente, el 29 de julio, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, declaró: “La violencia se ha reducido a su mínima expresión”.
Y en 2015 continúa la misma perorata: “Sin duda, los niveles de violencia que se están registrando están disminuyendo, sobre todo los homicidios y secuestros”, declaró Peña Nieto el 11 de junio en una entrevista con la agencia EFE en Bruselas, sin respaldar su dicho con estadísticas.
Pero la campaña de imagen en las entrevistas a medios extranjeros no ha funcionado del todo; los datos duros reflejan lo contrario de la versión oficial. La realidad es que, en términos globales, las ejecuciones van en aumento.
Peña Nieto llega a su tercer informe de gobierno ignorando el verdadero problema de la violencia que se evidencia todos los días.
La comparación de las estadísticas del SESNSP con la información que le proporcionaron a Zeta los institutos forenses del país, así como las procuradurías y fiscalías, unidades de servicios periciales, registros periodísticos de los estados y asociaciones civiles de familiares de las víctimas, este semanario documentó 57 mil 410 homicidios dolosos en 32 meses del gobierno de Peña Nieto.
La cifra incluye “ejecuciones”, “enfrentamientos”, “homicidios-agresiones”, los homicidios dolosos producto del narcomenudeo y hasta aquellos cuerpos amorfos e irreconocibles de los que “no hay denuncia”, según argumentan funcionarios de las procuradurías y fiscalías al referirse a los desenterrados de narcofosas, incinerados y desmembrados, porque “nadie reclama los cuerpos”, como declaró un funcionario de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
Una de las conclusiones de la investigación de Zeta es que el gobierno de Peña Nieto sigue ocultando el número real de asesinatos intencionales: El secretariado ejecutivo informa sólo de 47 mil 988 homicidios dolosos, entre víctimas y averiguaciones previas, cometidos entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2015.
Zeta documentó 57 mil 410 homicidios intencionales; lo que significa que el gobierno federal oculta por lo menos 9 mil 422 ejecuciones.
A pesar que desde 2014 el SESNSP, dependiente de la Secretaría de Gobernación, empezó a registrar víctimas de homicidio doloso –en años anteriores sólo reportaba averiguaciones previas que contenían uno o más asesinatos intencionales–, las cifras del gobierno de la República son inferiores a las del Inegi.
El instituto registró 19 mil 669 homicidios dolosos ese año, mientras el secretariado ejecutivo mencionó 17 mil 324 víctimas; es decir, el gobierno federal no reconoció por lo menos 2 mil 345 asesinatos intencionales.
En julio último, el Inegi informó que obtuvo sus estadísticas a partir de las defunciones que registran las 4 mil 799 oficialías del Registro Civil y las mil 185 agencias del Ministerio Público cada mes; en tanto, el secretariado ejecutivo sólo vació la información enviada por las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades sin verificar si eran correctas.
Estado de México, el terror
Durante el sexenio de Felipe Calderón, Chihuahua fue el estado más violento: 16 mil 467 ejecuciones, según documentó Zeta. En el de Peña Nieto, el Estado de México, gobernado por el priista Eruviel Ávila, es ya la entidad federativa más sangrienta, con 7 mil 771 homicidios intencionales en apenas 32 meses.
En el sexenio calderonista, el Estado de México, que ocupó el cuarto lugar en ejecuciones –4 mil 532–, desplazó a Chihuahua, Sinaloa y Guerrero en los primeros 32 meses de gestión peñista.
La otras entidades federativas más sanguinarias son: Guerrero, con 5 mil 242 homicidios dolosos; Chihuahua, con 4 mil 742; Jalisco, con 3 mil 492, y Michoacán, con 3 mil 304.
Uno de los casos más emblemáticos por su inseguridad es el de Veracruz, gobernado por Javier Duarte de Ochoa, correligionario de Peña Nieto. Al término del sexenio de Felipe Calderón, Veracruz ocupó el lugar número 16, con mil 714 ejecuciones entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2012.
En los primeros 32 meses de la administración peñista Veracruz se ubica en el décimo lugar de los estados más violentos, con 2 mil 189 homicidios dolosos, sólo superado por el Estado de México (7 mil 771), Guerrero (5 mil 242), Chihuahua (4 mil 742), Jalisco (3 mil 492), Michoacán (3 mil 304), Sinaloa (3 mil 119), Distrito Federal (2 mil 831), Tamaulipas (2 mil 465) y Baja California (2 mil 244).
Hoy, Veracruz es claro ejemplo de opacidad en materia de estadísticas sobre los homicidios dolosos. Duarte sólo informó al secretariado ejecutivo acerca de mil 786 averiguaciones previas y homicidios dolosos entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2015.
Zeta documentó 2 mil 189 en el mismo periodo; es decir, la administración de Duarte no reportó en ese lapso por lo menos 403 asesinatos intencionales.

López-Dóriga, sin pies ni vergüenza | DESFILADERO

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López-Dóriga, sin pies ni vergüenza | DESFILADERO

14 de agosto de 2015. A Joaquín López-Dóriga le faltan los dedos de los pies y le sobra cinismo. Uno de los médicos más creativos que ha dado México, el doctor Gilberto Flores Izquierdo –hizo los primeros trasplantes de riñón y de aorta– lo operó de emergencia al principio del sexenio de Miguel de la Madrid, cuando una sobredosis de cocaína y de alcohol, aunada a los estragos del tabaco, le provocó una parálisis corporal que estuvo a un tris de matarlo.
Incapaz de decir una frase larga de corrido, porque su adicción dañó su dicción, no tuvo empacho, sin embargo, en comunicarle a todo el país que Rubén Espinosa y Nadia Vera fumaron mariguana la noche antes de que los asesinaran en la colonia Narvarte. No dijo, en cambio, que les arrancaron trozos de la piel con un pelapas –utensilio que de inmediato me recordó el rostro de Julio César Mondragón desollado en Iguala– o que los remataron con una pistola de 9 milímetros de uso exclusivo del Ejército.
Imagen principal en el Twitter de Joaquín López-Dóriga.
Imagen principal en el Twitter de Joaquín López-Dóriga.
Todos los diarios –con la honrosísima excepción de La Jornada Veracruz– han criminalizado a las víctimas de la matanza y minimizado la albondigosa figura de Javier Duarte de Ochoa. Los demás –pero sobre todo Reforma, La Razón, Milenio, El Universal y Excélsior– han puesto en duda la honorabilidad de cinco personas que sufrieron, en el corazón de la ciudad de México, un acto de violencia brutal que contiene un mensaje específico para un auditorio específico: “si no le bajas de huevos” (como le dijeron a Rubén la primera vez que lo amenazaron en Xalapa) te va a pasar lo mismo.
El Distrito Federal no sólo fue –hasta que llegó Mancera– un refugio para periodistas perseguidos en otras regiones del país, sino también un espacio donde se ejercía sin temor la libertad de manifestarse en las calles. Eso quedó atrás. Ahora salimos a protestar sabiendo que si nos encapsulan los granaderos del regente y los porros de la Secretaría de Gobernación podemos terminar con un hueso roto o en la cárcel.
Éste ha sido, de hecho, el mensaje que Mancera y Osorio Chong no han dejado de enviar a los jóvenes contestarios capitalinos desde el primer día de la gestión de Peña Nieto. Y como el presidentito se derrumba, las reservas internacionales bajan y bajan para sostener al peso, el petróleo no vale nada y la ingobernalibilidad se generaliza, desde la cúpula del Estado nos dicen, a través del horror de Narvarte, que si estamos pensando en intentar huelgas generales, que si estamos creyendo que nuestras luchas van a derribar al régimen, más nos vale saber que ya está operando, y no sólo en el DF una corporación invisible, sin nombre ni rostro, formada por comandos de élite, como la Brigada Blanca de José López Portillo.
El gran público, por otra parte, no se ha enterado. La inmensa mayoría de los habitantes del país jamás ha tenido oportunidad de saber que Peña Nieto confunde los nombres de las ciudades que visita o que el Verde regaló mochilas y compró votos ilegalmente.
Quienes ven a López Dóriga, quienes se “informan” con Reforma o La Razón o Milenio, quienes escuchan a Ciro Gómez o a Luis Cárdenas; quienes gracias a las reformas educativas de los últimos 30 años no pueden leer la “escritura blanca” –como llamaba André Bretón a los espacios vacíos entre los renglones de una página impresa–, se tragan completas las calumnias contra las mujeres y el fotógrafo de Narvarte y llegan a la misma conclusión prefabricada por los expertos del control psicológico: “seguro andaban en malos pasos”.
"Nota" del diario La Razón.
“Nota” del diario La Razón.
El INE justifica y disculpa todas las violaciones cometidas por el Verde, la PGR pide órdenes de aprehensión contra 22 trabajadoras de la guardería ABC, no contra sus propietarios que la tenían sin salidas de emergencia; ninguna autoridad sancionará el escándalo de la Casa Blanca de Peña, pero como escribió alguien en Tuiter, “no tardan en detener a los albañiles que la construyeron”.
Vicente Fox destrozó los yacimientos petrolíferos de Campeche, al sobrexplotarlos para sacar y vender hasta la última gota y quedarse con el dinero. ¿Y? Recibe una pensión millonaria y hace declaraciones en los medios como si fuera un ciudadano y no un monstruo. Felipe Calderón desató la violencia nigeriana que padecemos y sale en los diarios en compañía de sus hijos como si fuera un buen padre de familia y no un genocida, mientras Bloody Lady, su esposa, anda por la vida como si fuera una persona decente que aspira a ser candidata presidencial.
Edgardo Buscaglia asegura que el sistema de justicia en el país está “paralizado”. Que la corrupción tiene su correlato en la impunidad y que la violencia contra los periodistas se debe a episodios circunstanciales: si un reportero estorba los negocios turbios de un grupo que tiene intereses clandestinos, primero lo amenaza y, si esto no detiene, lo manda golpear o lo mata.
Es un diagnóstico brillante pero discutible. Sí, muchas veces los motivos de un homicidio –en sus diversas modalidades– son banales. Los crímenes políticos, sin embargo, son de otra estirpe: son mensajes que los poderosos intercambian como parte de un lenguaje secreto que sólo ellos conocen.
En 1993, el narco mató al cardenal de Guadalajara con la complicidad del embajador del Vaticano. Estados Unidos le exigió a Salinas que le marcara el alto al narcotráfico. En 1994 Salinas desmanteló los negocios de Carlos Cabal Peniche, operador financiero del Cartel del Golfo. Menos de un mes después, el narco mató a José Francisco Ruiz Massieu, que iba a ser el brazo derecho de Zedillo.
Hay mensajes horizontales –que se mandan los capos entre sí– y verticales como el de Narvarte, que viene desde arriba para sembrar el terror abajo. En este caso espeluznante se trata de un mensaje conciso, de tres palabras: fue el EstadoA Nadia, a Yesenia, a Mile, a Alejandra y a Rubén los mató la banda criminal de Los Pinos.
Miguel Ángel Mancera.
Miguel Ángel Mancera.
Faltan unas cuantas semanas para que tomen posesión de sus cargos los nuevos delgados capitalinos y los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa del DF. Pese a todas las trampas cometidas por la autoridad electoral, Morena obtuvo la mayoría en la ALDF y Mancera no duerme porque al fin tendrá un contrapeso.
Existe, por lo mismo, el riesgo de que con maniobras jurídicas inmorales Morena pierda dos diputados y con ellos la mayoría que le entregamos los votantes. Pero el peligro más grande, para la ciudad, es que con Morena en minoría, el PRD salvará al procurador local, quien desde el minuto en que inició sus “investigaciones” en Narvarte se convirtió encómplice de los asesinos. Igual que López Dóriga y Reforma y…

Cuentos infernales .- Jorge Moch

Aramburuzabala a López Dóriga: “No hay negociación posible con un extorsionador”

La empresaria María Asunción Aramburuzabala. Foto: Benjamin Flores

María Asunción Aramburuzabala, una de las mujeres más acaudaladas de México, habla con Proceso acerca de la demanda que interpuso contra quienes presuntamente intentan extorsionarla, de manera especial contra Adriana Pérez Romo, esposa del conductor estelar de Televisa, Joaquín López Dóriga. La heredera del Grupo Modelo detalla las amenazas que, afirma, le hicieron en el sentido de usar el espacio televisivo controlado por el periodista para difamarla. “Nunca en 24 años (de su negocio inmobiliario) me había sucedido algo así”, sostiene, y remata: “No soy inútil y mucho menos corrupta. Mi dinero no es mal habido, como el de él”.
Una auténtica “historia de terror”, extorsiones, uso desmedido de la fuerza pública capitalina, una serie de cinco clausuras y de falsos defensores de intereses vecinales se hilvana en la disputa hecha pública entre el comunicador más importante del Grupo Televisa, Joaquín López Dóriga, y la empresaria María Asunción Aramburuzabala, una de las mujeres más acaudaladas del país, quien decidió romper el silencio e interponer una demanda penal, el viernes 14, por varios delitos contra quienes la amenazaron con frenar su desarrollo inmobiliario de la calle Rubén Darío 225, en Polanco, en una de las zonas de mayor plusvalía inmobiliaria en el Distrito Federal.
En esta trama, en primer lugar está involucrada Adriana Pérez Romo, esposa de López Dóriga, quien no es la primera vez que amenaza con utilizar la influencia mediática de su marido. En 2002, el delegado en Miguel Hidalgo, Arne Aus Den Ruthen, recordó en sus cuentas de redes sociales que el conductor de Televisa le pidió autorizar una obra ilegal en un predio de su esposa, en Polanco. “Aprende a no meterte con la esposa de un comunicador”, lo amenazó López Dóriga ante la negativa.
En un tono similar, López Dóriga intentó amedrentar a Aramburuzabala tras las amenazas de su esposa. Al rememorar la llamada telefónica del comunicador, la empresaria le repite a Proceso el mensaje que le envió a López Dóriga: “No te confundas. Yo estoy litigando en tribunales, no en medios. Lo que estoy haciendo es exponer tu modus operandi, tu porquería”.
Destapado el escándalo el viernes 21 a raíz de una nota en el periódico Reforma, López Dóriga sólo ha respondido a través de su cuenta de Twitter, sin negar la extorsión:
“Niego rotundamente la dolosa implicación de Reforma: No he ‘litigado’ el problema vecinal con el negocio de la señora Aramburuzabala en Polanco.
“Quien sí ha litigado en medios la defensa de su negocio ha sido la señora Aramburuzabala: 6 primeras planas en Reforma a favor de su desarrollo.”
Otro personaje implicado es el ­exdiputado federal panista Mario Alberto Becerra Pocoroba, cercano al expresidente Felipe Calderón, quien a nombre de los vecinos del edificio colindante, de Rubén Darío 223, y de Pérez Romo planteó una extorsión que asciende a casi 10 millones de dólares y fue grabado en un video difundido por los representantes de Aramburuzabala.
A su vez, el actual jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, ha dejado correr las clausuras y las estafas, a pesar de que él reconoció ante Aramburuzabala, en un encuentro privado, que “todo está correcto” en el proyecto de las torres de 122 departamentos.
De entrada, la heredera del emporio de Grupo Modelo y accionista de Grupo Televisa hasta enero de 2006,  separa a los directivos de la televisora de su disputa con López Dóriga. Recordó que ella tuvo un encuentro con Emilio Azcárraga Jean y éste se comprometió a no tomar parte en el conflicto.
Grupo Televisa emitió un escueto comunicado para afirmar que el conflicto vecinal en Polanco “ha carecido de interés periodístico” y que “se trata de un tema entre particulares que se encuentra pendiente de resolución en tribunales del Distrito Federal. Este tema no ha sido tratado en nuestros espacios informativos ni en el que conduce Joaquín López Dóriga ni en ningún otro”.
Noticieros Televisa expresó que confía “plenamente” en López Dóriga y reiteró “su respaldo frente a una más de las dolosas notas de Reforma en contra de Televisa y sus colaboradores”.
“Esto comenzó con la defensa de un desarrollo inmobiliario, pero se ha convertido en un tema más grande”, reflexiona Aramburuzabala ante Proceso.
“Es un caso de cómo la corrupción puede inhibir la inversión en la Ciudad de México. Yo tengo más de mil millones de dólares de inversión en 14 desarrollos y me tratan como si fuera narcotraficante. Hay un enorme abuso del poder que le da a un locutor el tener acceso a un medio. Ese poder es utilizado para enriquecerse, para extorsionar”, afirma Aramburuzabala.
Y se pregunta: “¿Qué nos dice de nuestros líderes mediáticos que utilizan su poder para comprar, para extorsionar? ¿Qué nos dice este caso de nuestros gobernantes que se doblan ante la presión y que el estado de derecho es igual a nada?”
–¿Nunca le había sucedido un intento de extorsión?
–Nunca en 24 años de Abilia nos había sucedido algo así. Es normal que tengas litigios donde pierdas y ganes en tribunales, pero siempre jugando derecho.
–López Dóriga ha afirmado en sus columnas que usted es una “niña rica” que “desde su multimillonaria soledad envidia la felicidad ajena”. ¿Qué opina de esta respuesta?
–No me da vergüenza que me diga niña rica porque soy heredera de un gran imperio fundado por mi abuelo. A mí no me dan vergüenza mis orígenes. Soy rica, pero no soy inútil y mucho menos corrupta. Mi dinero no es mal habido, como el de él.
Extorsión por casi 10 mdd
La demanda presentada el viernes 14, cuya copia tiene Proceso, incluye un video de 45 minutos donde el abogado Becerra Pocoroba solicitó el 16 de junio dinero a nombre de Pérez Romo y los demás vecinos, pero también 600 mil dólares para él, por concepto de honorarios, y la exigencia de obras públicas en Polanco.
En las páginas 30 y 31 de la demanda se relata que Becerra Pocoroba y su asistente Érika Mendoza Bergmans “insisten en las solicitudes desproporcionadas que se vinieron haciendo una y otra vez por parte de los vecinos y que fueron solicitadas en ­reuniones anteriores por las señoras Paloma Carrera Baños y Teresa Adriana Pérez Romo, hasta llegaron de manera directa, cínica y precisa a señalar que con dinero se podría arreglar todo el asunto, que con el pago de 5 millones de dólares, más 600 mil dólares para su abogado, más la reconstrucción de aproximadamente la mitad de las banquetas de la colonia Polanco y sus luminarias, así como las glorietas de Campos Elíseos, monto adicional que podría ser similar al solicitado por la señora Teresa Adriana Pérez Romo de López Dóriga, a través de su abogado, se podrían terminar los problemas de mi mandante (Aramburuzabala).
“A mayor abundamiento, el propio Mario Alberto Becerra Pocoroba señaló desde el inicio de la reunión que iba en representación de Teresa Adriana Pérez Romo y los vecinos de Rubén Darío 223 y que, incluso, si no existía por parte de mi mandante una pronta respuesta a sus pretensiones económicas, el Gobierno del Distrito Federal iniciaría una acción directa en contra de mi mandante, mediante el juicio de lesividad con el objeto de revocar los permisos ya otorgados con anterioridad por esas mismas autoridades y suspender la elaboración del proyecto en definitiva.”
La presunta extorsión también se formalizó a través de un correo electrónico, enviado el 29 de junio de 2015 a Carlos Padilla Fabre, colaborador de Aramburuzabala, en el que se formalizan las peticiones planteadas de manera verbal en los documentos denominados Convenio Rubén Darío 223.docx y Carta honorarios Abilia.docx, cuyas copias tiene Proceso.
Carlos Padilla y Guillermo Martín Buitano, quienes estuvieron en la primera ­reunión con Becerra Pocoroba, calculan que la presunta extorsión asciende a casi 10 millones de dólares, ya que son 5 millones de dólares supuestamente para los condóminos de Reforma 223, que se pueden dar “en efectivo o en especie”, más los 600 mil dólares para el abogado y las obras de remodelación en la colonia Polanco.
Dos vecinos del predio Rubén Darío 223, a condición de mantener el anonimato, declaran a Proceso que ellos nunca fueron informados de esta presunta extorsión. La esposa de López Dóriga, quien era la administradora, forzó a los vecinos a firmar la petición de parar la obra de Aramburuzabala, con el argumento de que la torre de 122 departamentos que se construiría al lado iba a afectarlos y a “darles en la torre” al quitarles luz solar y vista al Bosque de Chapultepec.
En la misma demanda contra Paloma Carrera Baños, Adriana Pérez Romo, Gabriela Torres Ramírez (quien se ostenta como “coordinadora vecinal” del corredor Bosque de Chapultepec) y el abogado Becerra Pocoroba se especifica que los 5 millones de dólares se pidieron de la siguiente manera:
“Siempre haciendo alusión a la fuerza periodística del señor Joaquín López Dóriga y haciendo mención a la estrecha relación que se tenía con diversos funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, dando a notar la misma, bajo la forma en cómo desde enero del presente año han venido actuando para no permitir que se realice la obra del proyecto denominado ‘Rubén Darío 225’”.
Las clausuras y los granaderos
El desarrollo inmobiliario Abilia, en la calle de Rubén Darío 225, comenzó en 2005, cuando se obtuvo el permiso de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del Distrito Federal para fusionar cinco terrenos y dar un uso de suelo de 30 niveles.
El proyecto original tuvo que ser modificado, ya que entre 2010 y 2012 varios vecinos de las calles colindantes de Lord Byron y Tres Picos interpusieron siete distintas acciones legales en su contra. La única que procedió fue la de Giulliano Lopresti y otros vecinos, con quienes se firmó un convenio para reducir la densidad en 20% y en 50 viviendas menos, hasta completar el proyecto actual, de 122 departamentos de 10 millones de dólares cada uno.
A esas primeras reuniones con Lopresti y los habitantes de la calle Lord Byron asistió la esposa de Joaquín López Dóriga a nombre de los vecinos de Rubén Darío 223. Con estos vecinos se tuvieron reuniones entre septiembre y diciembre de 2014 para aclarar distintas dudas respecto al desarrollo inmobiliario.
El 29 de septiembre de ese año, López Dóriga publicó en su cuenta de Twitter que hubo tala de árboles que se realizó “impunemente” por la inmobiliaria de Aramburuzabala. El 2 de diciembre del mismo año denunció que Abilia había falsificado permisos para derribar árboles.
Antes de estos mensajes, Adriana Pérez Romo, la esposa de López Dóriga, les advirtió a directivos de Abilia que ella estaba contra el proyecto, al que calificó como producto de la corrupción, y los amenazó con “hacer todo para parar la obra”.
Aramburuzabala recordó que tuvo dos encuentros con la esposa de López Dóriga para tratar de resolver las diferencias. Refiere que inicialmente ésta última afirmó que quería adquirir tres departamentos, de 10 millones de dólares cada uno.
Después de las amenazas y de los mensajes de López Dóriga en Twitter, el 19 de enero de 2015 se llevó a cabo un operativo en el que tomaron parte siete camiones con 120 granaderos y 10 patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública para clausurar la obra, promovido por la Dirección de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal.
“Fue una prepotencia increíble. Arrestaron a 112 trabajadores y a tres ingenieros que llevaron al Reclusorio Norte acusados del delito de quebrantamiento de sellos de clausura en modalidad de pandilla”, recuerda Aramburuzabala.
Los obreros fueron puestos en libertad horas después con pago de multas y los tres ingenieros pasaron un mes en el Reclusorio Norte, donde uno de ellos fue torturado y amenazado con picahielos.
La denuncia penal interpuesta por Aramburuzabala advierte que en este operativo de clausura se puso en riesgo “la integridad de los habitantes de los predios aledaños y demás daños que se pudieron haber causado, por el impedimento a la adopción e implementación de medidas mitigatorias urgentes y necesarias”.
El 23 de enero, días después del operativo policiaco de clausura, Aramburuzabala solicitó una audiencia con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para reclamarle esta actitud. Mancera se dijo sorprendido y le afirmó que, según la revisión de los documentos, todo estaba “correcto” en la edificación del desarrollo inmobiliario.
Aramburuzabala le advirtió que era un asunto promovido por la esposa de López Dóriga. “Sé que él tiene el micrófono más importante del país, pero hay otros métodos”, le reclamó la empresaria.
“Tengo muchísima presión”, admitió Mancera, después de disculparse.
La esposa de López Dóriga y dos vecinos más promovieron dos acciones públicas para solicitar la suspensión de la obra. El Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal autorizó dos clausuras consecutivas, con el argumento de que se había incurrido en violaciones al uso del suelo, en marzo y mayo de 2015.
En medio de estas presiones de la autoridad capitalina, la esposa de López Dóriga solicitó en mayo una reunión con los vecinos del edificio de Rubén Darío 223 para promover cambios de fachadas con sombra, salida adicional de proyecto y otras obras en la zona, a cuenta de la inmobiliaria de Aramburuzabala.
El 2 de junio de 2015 se recibió otra notificación de un juez que ordena la suspensión de la obra de Abilia, ahora promovida por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF, dependencia que consideró que el certificado de zonificación no estaba vigente.
Dos semanas después entró a escena el abogado Becerra Pocoroba para pedir los casi 10 millones de dólares en efectivo en honorarios para él y en obras en la colonia para desistirse de acciones de vecinos y autoridades.
En el video les advirtió a los representantes de Abilia:
“Hoy se está presentando en la Conserjería Jurídica un juicio por lesividad” y se podría volver a suspender la obra. Efectivamente, el 1 de julio llevó el juicio de lesividad de la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal, tal como lo anunció.
“Hay otras rayitas que les podemos poner”, advirtió Becerra Pocoroba en esa misma reunión videograbada.
En respuesta a estos hechos, Aramburuzabala decidió contratar al abogado Javier Coello Trejo, el polémico fiscal de hierro de la era lopezportillista, e interponer una demanda penal.
“Para mí no hay negociación alguna con un extorsionador. A mí no me cuesta nada parar la obra, darles un departamento o ese dinero, pero ya basta de este abuso de poder. Lo primero es exponer, denunciar y perseguir legalmente estas prácticas, porque sólo cuando esto se haga se frenará la impunidad”, sentenció Aramburuzabala.