De poco le ha servido al gobierno de Enrique Peña Nieto reiterar que durante su gestión las cifras de los homicidios han ido a la baja. Su discurso en ese sentido no se sustenta en la realidad, según documenta el semanario Zeta, de Tijuana, en la edición que comenzó a circular de manera simultánea a este número de Proceso. A partir de cifras recabadas en varias instituciones públicas del país, el equipo de periodistas tijuanenses comprobó que durante los primeros 32 meses de gestión peñanietista ha habido 57 mil 410 homicidios dolosos. Así llega el mexiquense a su tercer informe de gobierno. Estos son los resultados de la investigación de Zeta.
El discurso del “México en paz” y la ausencia de una estrategia pública e integral de combate al narcotráfico y al crimen organizado en la administración de Enrique Peña Nieto han redundado en un incremento de los asesinatos, producto de la violencia y la inseguridad en el país.
En los primeros 32 meses del regreso del Partido Revolucionario Institucional a Los Pinos suman 57 mil 410 los homicidios dolosos.
Si comparamos estas cifras con el periodo correspondiente a los primeros 32 meses del sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa o con sus tres últimos años de gobierno, la cifra de Peña Nieto supera el pasado inseguro.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 33 mil 347 averiguaciones previas por homicidio doloso entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de julio de 2009; es decir, en los primeros 32 meses del calderonato. La misma institución registró 47 mil 988 averiguaciones previas y víctimas por homicidio doloso del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2015, los primeros 32 meses del actual sexenio.
Al llegar ambos mandatarios a su tercer informe de gobierno, oficialmente Peña Nieto supera a Calderón con 14 mil 641 asesinatos intencionales.
Asimismo, mientras que Zeta documentó en el sexenio de Calderón 83 mil 191 ejecuciones, en el de Peña Nieto fueron 57 mil 410 sólo en 32 meses; es decir, de mantenerse el promedio de mil 794 asesinatos mensuales, el mandato peñista registraría alrededor de 130 mil asesinatos intencionales.
Pero si equiparamos los primeros tres años de la administración de Peña con los últimos tres de Calderón, considerando que la inseguridad arreció al final del sexenio pasado, la administración priista tampoco sale bien parada.
De 2010 a octubre de 2012, el último trienio de Calderón, se contabilizaron 61 mil 775 asesinatos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. Durante los 32 meses de Peña, de diciembre de 2012 a julio de 2015, los muertos han caído por cientos hasta llegar a 57 mil 410; si se considera el promedio de mil 800 homicidios dolosos por mes, para octubre de 2015 sumarían 62 mil 810 los ejecutados, y para diciembre se situaría en 66 mil, sobrepasando la cifra acumulada en el último trienio de su antecesor.
La diferencia en la política de combate a la inseguridad entre ambos gobiernos es sustancial. La seguridad fue el eje del sexenio de Calderón; las reformas lo han sido en el de Peña. Ni una ni otra han funcionado.
Peña supera a Calderón
Al comparar las estadísticas oficiales del SESNSP, durante los primeros 32 meses de los gobiernos de Calderón y de Peña, en vísperas del tercer informe de gobierno, el priista superó al panista.
Los ejecutados en lo que va del presente gobierno se resumen así:
–2012: 2 mil 325 (únicamente el mes de diciembre, dado que Peña tomó posesión el día 1 de ese mes)
–2013: 23 mil 928
–2014: 20 mil 276
–2015: 10 mil 881 (hasta julio de 2015)
Total: 57 mil 410.
Si se considera el promedio de ejecuciones por mes en la República (mil 800), al finalizar 2015 la cantidad de homicidios dolosos sería similar a la de 2014.
En los números se refleja que la aprehensión de las cabezas criminales –parte de la estrategia del gobierno federal para combatir a las organizaciones criminales– no disminuye la inseguridad ni la violencia en el país.
Joaquín El Chapo Guzmán Loera, recapturado en febrero de 2014, año en que las ejecuciones, aun por debajo de las de 2013, registraron una cifra alta: 20 mil 276. Con la fuga de Guzmán, el 11 de julio pasado, el año concluirá con números similares en materia de ejecuciones.
La retirada de las Fuerzas Armadas de retenes, puntos de revisión y patrullaje en carreteras federales y ciudades del país tampoco incidió en una disminución en el número de asesinatos. Lo que sí ha variado en el sexenio peñista es la movilidad de la violencia.
En la pasada administración, la sangrienta guerra de cárteles y delincuentes organizados estaba en el norte del país; en la actual, la inseguridad se mudó al centro y al sureste. Sinaloa y Baja California salieron de los primeros cinco sitios de estados con mayor violencia, y entraron Jalisco y Michoacán.
Los 57 mil 410 ejecutados en los primeros 32 meses del gobierno de Peña Nieto es producto de una investigación realizada por Zeta a partir de los registros del SESNSP, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las procuradurías estatales, institutos forenses, asociaciones civiles y estadísticas municipales de medios de comunicación y otras autoridades.
Se consideran como homicidios dolosos las ejecuciones, los asesinatos en enfrentamientos armados, los homicidios-agresiones, los asesinatos intencionales en reyertas por narcomenudeo, los cuerpos amorfos o irreconocibles localizados en narcofosas, así como los que fueron incinerados, desmembrados, desollados o colgados.
Ocultamiento de cifras
La cuna del peñismo, el Estado de México, es donde más asesinatos se registraron en los primeros 32 meses de gobierno de Peña Nieto. La entidad ocupa el lugar número uno de la lista en la investigación de Zeta, con 7 mil 771 homicidios dolosos. De continuar al promedio, superará los 16 mil ejecutados que durante el sexenio pasado ubicaron a Chihuahua en ese deshonroso lugar.
La impunidad en México, principal factor que permite a los sicarios de los cárteles de la droga y de las organizaciones criminales continuar con las matanzas, ubica a los siguientes estados como los más violentos:
En segunda posición, Guerrero, con 5 mil 242 homicidios dolosos; Chihuahua en la tercera, con 4 mil 742; Jalisco en la cuarta, con 3 mil 492, y Michoacán con 3 mil 304.
En contraparte, los que registran menos asesinatos intencionales son: Aguascalientes, 123 en el periodo mencionado; Yucatán, 133, Campeche, 195; Tlaxcala, 223, y Baja California Sur, 247.
Hasta ahora, el gobierno de Peña Nieto no ha podido bajar la incidencia delictiva relacionada con los homicidios dolosos, aunque lo pregonó durante su campaña y en los primeros meses de su administración.
Al inicio gozó del beneficio de la duda de los más escépticos ante la promesa de que “en un año” su gobierno empezaría a ofrecer resultados de su “estrategia” contra la inseguridad, sobre todo en la disminución de los delitos de alto impacto, como los homicidios dolosos.
Lamentablemente, la “estrategia” del sexenio priista durante estos primeros 32 meses se ha centrado en repetir que la “incidencia delictiva” va a la baja o que se ha “reducido a su mínima expresión”.
En 2013, por ejemplo, Peña Nieto declaró en el Foro de Davos, Suiza:
“Ha habido una disminución real en el número de homicidios que se cometen en nuestro país, una disminución de prácticamente 30% de homicidios vinculados al crimen organizado, lo cual nos resulta alentador.”
Al año siguiente, el 29 de julio, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, declaró: “La violencia se ha reducido a su mínima expresión”.
Y en 2015 continúa la misma perorata: “Sin duda, los niveles de violencia que se están registrando están disminuyendo, sobre todo los homicidios y secuestros”, declaró Peña Nieto el 11 de junio en una entrevista con la agencia EFE en Bruselas, sin respaldar su dicho con estadísticas.
Pero la campaña de imagen en las entrevistas a medios extranjeros no ha funcionado del todo; los datos duros reflejan lo contrario de la versión oficial. La realidad es que, en términos globales, las ejecuciones van en aumento.
Peña Nieto llega a su tercer informe de gobierno ignorando el verdadero problema de la violencia que se evidencia todos los días.
La comparación de las estadísticas del SESNSP con la información que le proporcionaron a Zeta los institutos forenses del país, así como las procuradurías y fiscalías, unidades de servicios periciales, registros periodísticos de los estados y asociaciones civiles de familiares de las víctimas, este semanario documentó 57 mil 410 homicidios dolosos en 32 meses del gobierno de Peña Nieto.
La cifra incluye “ejecuciones”, “enfrentamientos”, “homicidios-agresiones”, los homicidios dolosos producto del narcomenudeo y hasta aquellos cuerpos amorfos e irreconocibles de los que “no hay denuncia”, según argumentan funcionarios de las procuradurías y fiscalías al referirse a los desenterrados de narcofosas, incinerados y desmembrados, porque “nadie reclama los cuerpos”, como declaró un funcionario de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
Una de las conclusiones de la investigación de Zeta es que el gobierno de Peña Nieto sigue ocultando el número real de asesinatos intencionales: El secretariado ejecutivo informa sólo de 47 mil 988 homicidios dolosos, entre víctimas y averiguaciones previas, cometidos entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2015.
Zeta documentó 57 mil 410 homicidios intencionales; lo que significa que el gobierno federal oculta por lo menos 9 mil 422 ejecuciones.
A pesar que desde 2014 el SESNSP, dependiente de la Secretaría de Gobernación, empezó a registrar víctimas de homicidio doloso –en años anteriores sólo reportaba averiguaciones previas que contenían uno o más asesinatos intencionales–, las cifras del gobierno de la República son inferiores a las del Inegi.
El instituto registró 19 mil 669 homicidios dolosos ese año, mientras el secretariado ejecutivo mencionó 17 mil 324 víctimas; es decir, el gobierno federal no reconoció por lo menos 2 mil 345 asesinatos intencionales.
En julio último, el Inegi informó que obtuvo sus estadísticas a partir de las defunciones que registran las 4 mil 799 oficialías del Registro Civil y las mil 185 agencias del Ministerio Público cada mes; en tanto, el secretariado ejecutivo sólo vació la información enviada por las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades sin verificar si eran correctas.
Estado de México, el terror
Durante el sexenio de Felipe Calderón, Chihuahua fue el estado más violento: 16 mil 467 ejecuciones, según documentó Zeta. En el de Peña Nieto, el Estado de México, gobernado por el priista Eruviel Ávila, es ya la entidad federativa más sangrienta, con 7 mil 771 homicidios intencionales en apenas 32 meses.
En el sexenio calderonista, el Estado de México, que ocupó el cuarto lugar en ejecuciones –4 mil 532–, desplazó a Chihuahua, Sinaloa y Guerrero en los primeros 32 meses de gestión peñista.
La otras entidades federativas más sanguinarias son: Guerrero, con 5 mil 242 homicidios dolosos; Chihuahua, con 4 mil 742; Jalisco, con 3 mil 492, y Michoacán, con 3 mil 304.
Uno de los casos más emblemáticos por su inseguridad es el de Veracruz, gobernado por Javier Duarte de Ochoa, correligionario de Peña Nieto. Al término del sexenio de Felipe Calderón, Veracruz ocupó el lugar número 16, con mil 714 ejecuciones entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2012.
En los primeros 32 meses de la administración peñista Veracruz se ubica en el décimo lugar de los estados más violentos, con 2 mil 189 homicidios dolosos, sólo superado por el Estado de México (7 mil 771), Guerrero (5 mil 242), Chihuahua (4 mil 742), Jalisco (3 mil 492), Michoacán (3 mil 304), Sinaloa (3 mil 119), Distrito Federal (2 mil 831), Tamaulipas (2 mil 465) y Baja California (2 mil 244).
Hoy, Veracruz es claro ejemplo de opacidad en materia de estadísticas sobre los homicidios dolosos. Duarte sólo informó al secretariado ejecutivo acerca de mil 786 averiguaciones previas y homicidios dolosos entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2015.
Zeta documentó 2 mil 189 en el mismo periodo; es decir, la administración de Duarte no reportó en ese lapso por lo menos 403 asesinatos intencionales.
