Mes y medio después de que Felipe Calderón dejara Los Pinos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la “liberación inmediata” de Florence Cassez, con lo que echó por tierra el caso emblemático del calderonismo montado por el superpolicía Genaro García Luna y sus colaboradores con el apoyo del duopolio televisivo. Queda pendiente el castigo a los responsables de las irregularidades, pero del caso se desprende una importante consecuencia natural: con su fallo, la Corte pone en jaque al sistema persecutorio mexicano, basado en los abusos policiacos y en la violación sistemática de los derechos humanos de presuntos o verdaderos culpables.
Retardada, ya sin presiones desde el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció contra el abuso de poder del gobierno de Felipe Calderón. Después de casi dos años los ministros de la Primera Sala echaron abajo uno de los casos emblemáticos de la actuación del expresidente panista y del que fuera su secretario de estado favorito: Genaro García Luna.
El miércoles 23, desde el máximo tribunal del país salió la orden de liberación inmediata de la ciudadana francesa Florence Marie Louise Cassez Crepin, de 38 años, presa durante siete y acusada de delincuencia organizada y secuestro en un proceso viciado desde su origen.
Ya con Calderón fuera del poder y García Luna en el extranjero, la posición que prevaleció en la Corte la expresó el ministro Arturo Zaldívar, cuya propuesta de resolución fue por la que se inclinó la Primera Sala: En el caso de la ciudadana francesa, la policía, el Ministerio Público y los jueces actuaron de manera equivocada.
La Suprema Corte quiere hacer de ese criterio una tendencia para que los tribunales federales vigilen que se respete el debido proceso. “Si las cosas no se hacen bien en la policía y el Ministerio Público, la
gente va a salir libre”, dijeron a Proceso funcionarios del máximo tribunal.
Por tres votos a dos, la Primera Sala ordenó la libertad inmediata de Cassez por las violaciones constitucionales y procesales cometidas por García Luna en su decisión de encarcelarla por su participación en el supuesto secuestro de tres personas. Reiteró lo dicho en marzo del año pasado, cuando abordó por primera vez el caso: En su detención se violaron el principio de presunción de inocencia, el derecho consular y el debido proceso a causa del “efecto corruptor” del montaje televisivo preparado por García Luna y sus hombres más cercanos.
La Corte no se manifestó sobre la responsabilidad o inocencia de Cassez, aunque al invalidar el proceso y la sentencia en la práctica la dejó como no culpable.
Aun cuando el “superpolicía” de Calderón esté fuera del país, tras la decisión de la Corte aparece como uno de los primeros exfuncionarios del sexenio calderonista a los que se les pueden fincar responsabilidades por esas violaciones, junto a sus principales colaboradores, entre ellos Luis Cárdenas Palomino, ahora empleado del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego.
Las responsabilidades pueden ser administrativas, civiles y hasta penales. Pero en su debate los ministros no fueron explícitos. Tampoco se espera que la Corte dé vista al Ministerio Público.
La decisión está en la Procuraduría General de la República (PGR), que podría iniciar de oficio una investigación contra los responsables del montaje televisivo sobre la detención de Cassez, el
personal del Ministerio Público que le dio fe a esas actuaciones y hasta de los propios jueces y magistrados que tampoco vieron esas irregularidades y la condenaron a 60 años de prisión.
El gobierno de Enrique Peña Nieto aún no ha decidido qué hacer, aunque el procurador Jesús Murillo Karam dijo el viernes 25 que las violaciones señaladas públicamente por los ministros “podrían constituir un delito”, mientras que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió un día después del fallo de la Corte a que “en cuanto haya un señalamiento público oficial, nosotros también lo haremos con la investigación correspondiente”.
Lo que nadie vio
A diferencia de marzo de 2012, cuando el caso de Cassez se trató por primera vez en la Primera Sala y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se pronunció por castigar a los responsables de las violaciones, el miércoles 23 los ministros no se refirieron a quienes deberían responder.
Todos los caminos llevan a García Luna de forma directa y por extensión a quien fue su jefe, Felipe Calderón. Su abogado, Alonso Aguilar Zinser, evitó hacer comentarios sobre los escenarios en que puede quedar el exsecretario de Seguridad Pública, quien ya está marcado por su fracaso ante Cassez.
De acuerdo con el constitucionalista y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Elisur Arteaga, a partir de la resolución de la Corte, funcionarios del poder Ejecutivo y Judicial están involucrados en las graves violaciones cometidas durante el proceso judicial contra Cassez.
En el caso de García Luna considera que puede ser demandado por la vía penal, de acuerdo con la fracción segunda del artículo 109 de la Constitución. Según esa disposición, los delitos cometidos por cualquier servidor público serán perseguidos y sancionados en los términos de la legislación penal.
Arteaga asegura que la demanda puede alcanzar a la exprocuradora Marisela Morales Ibáñez, pues ni en su caso ni en el del exsecretario de Seguridad Pública han prescrito los delitos. Su inmunidad se terminó el 1 de diciembre de 2012 y según los delitos que se les llegaran a configurar empezaría a correr el plazo de prescripción, argumenta.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, coincide en que las responsabilidades alcanzan al propio Poder Judicial. En una entrevista con el periódico El Universal dijo que ese organismo ya inició una investigación para establecer las responsabilidades.
En la entrevista publicada el viernes 25 se refirió a los servidores o exservidores públicos que pueden ser sancionados: “Desde los que ejecutaron directamente, lo toleraron y autorizaron y, por supuesto, no solamente policías, también ministerios públicos, pues ayer quedó muy claro por parte de la Corte que no supieron trabajar”.
Los ministros “también dieron una resolución completamente distinta de lo que un juez de Distrito y de lo que magistrados de tribunales unitarios y colegiados habían resuelto, y eso necesariamente implica que se investigue lo que nadie vio en siete años”.
Pero el propio presidente de la CNDH ya sabía desde el mismo día del montaje, el 9 de diciembre de 2005, quiénes estaban detrás. Así se lo hicieron saber los padres de Israel Vallarta Cisneros, la expareja de Cassez, a quien la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) acusó de ser jefe de la hasta ese momento desconocida banda Los Zodiaco.
La queja fue dirigida al entonces presidente del organismo, José Luis Soberanes. Con el número 2005/5146/I/Q fue asignada a Plascencia Villanueva, quien era primer visitador y hoy preside la CNDH.
Vallarta fue torturado para inculparse e involucrar a la ciudadana francesa, hermana de un exsocio de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, un proveedor de servicios de seguridad para García Luna en la SSP. Margolis es además cercano a Isabel Miranda de Wallace, una de las principales opositoras a la liberación de Cassez y quien cabildeaba en las oficinas de los ministros acompañada de los allegados a los secuestrados por la banda de la que formaba parte la francesa.
La tortura con toques eléctricos que le dejaron a Vallarta quemaduras y los golpes en diferentes partes del cuerpo fueron acreditados por la CNDH en diciembre de 2005, pero en los siete años que lleva el caso, el organismo se ha negado a gestionar que se le practique el Protocolo de Estambul para acreditar la tortura como prueba judicial firme.
En diciembre de 2011 la dirección general de Asuntos Jurídicos de la CNDH respondió por oficio a la petición que le hizo Vallarta a través de un juzgado de distrito. Le dijo que el organismo tenía mucho trabajo “y por ese motivo no puede atender la petición realizada”.
No fue la única negativa. En octubre de 2010 la titular del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Olga Sánchez Contreras, le negó “la prueba de Estambul” solicitada en esos términos por Vallarta. En su negativa Sánchez Contreras señaló: “Asimismo, para una mejor ilustración del procesado, dígasele que existe el Manual en la investigación y documentación eficaces de la tortura y otro tratamiento y castigo cruel, inhumano o que degrada, conocido comúnmente como ‘Protocolo de Estambul’”.
Desde sus primeras declaraciones, Vallarta y Cassez identificaron como el jefe del operativo para su aprehensión a Luis Cárdenas Palomino. Vallarta también ha señalado a Francisco Javier Palacios.
Cassez incluso declaró ministerialmente que fue Cárdenas Palomino quien la torturó y presionó desde el 8 de diciembre de 2005, un día antes de que fuera presentada “en vivo” como secuestradora ante las cámaras de Televisa y TV Azteca.
Escenario preparado
En su edición 1845, del 11 marzo de 2012, Proceso dio a conocer una investigación interna de la AFI, realizada en 2006, luego de que a García Luna no le quedara más que reconocer ante la televisión que, “a petición de los reporteros de las televisoras” recreó la detención de la francesa y Vallarta.
De acuerdo con esa investigación realizada por la Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la AFI, Cárdenas Palomino y Garza Palacios estuvieron implicados directamente en el montaje que se transmitió en los noticieros matutinos de ambas televisoras y que fue la causa principal de que se derrumbara en la Corte la acusación contra Cassez.
En la AFI, Cárdenas Palomino era director de Investigación Policial; Garza Palacios estaba al frente de la Dirección de Operaciones. Cuando Calderón le dio la SSP a García Luna, éste mantuvo cerca a Cárdenas Palomino quien terminó el sexenio como jefe de la División Regional de la Policía Federal. A Garza lo hizo jefe de Seguridad Regional de la desaparecida Policía Federal Preventiva y en medio de acusaciones por supuestos vínculos con el narcotráfico lo envío a Colombia como representante de la corporación.
En la investigación interna de la AFI también fueron identificados los policías que irrumpieron en el rancho Las Chinitas: José Aburto Pazos, José Luis Escalona Aldama, Germán Ovidio Zavaleta Abad y Carlos Alberto Servín Castorena, quienes señalaron como jefe del operativo a Israel Zaragoza Rico, en ese entonces director de Secuestros de la agencia.
Los cuatro policías coincidieron en que se preparó un escenario para detener a Cassez y Vallarta dentro del rancho. Se sembraron armas, diversos objetos y hasta se puso una venda en la cabeza a uno de los supuestos secuestrados. Todo preparado para que saliera en la televisión.
De acuerdo con abogados que participaron en la defensa de Florence, fue el propio Cárdenas Palomino el que editó el video que se presentó como prueba de la detención.
Ahora el expolicía trabaja en Televisión Azteca, de donde salió la reportera Lizeth Parra para hacerse cargo del área de prensa para García Luna y terminó el sexenio de Calderón como subsecretaria de Planeación y Protección Institucional de la SSP, en sustitución del general Javier del Real Magallanes.
En previsión del revés en la Corte, Cárdenas Palomino buscó apoyo legal de la Iglesia católica a través del sacerdote Hugo Valdemar, director de Comunicación Social de la arquidiócesis de México. No lo obtuvo, pero tiene ahora el respaldo de Salinas Pliego. Valdemar ha mantenido una relación estrecha desde hace años con Cárdenas Palomino.
Incluso coincidieron con el actual consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, quien además de haber sido abogado del sacerdote fue cuñado de Cárdenas Palomino.
La liberación
De acuerdo con los abogados que apoyaron a Cassez, la francesa tiene la posibilidad de presentar un juicio civil por indemnización de los siete años que estuvo presa, pues no fue declarada culpable de los delitos que le fincó la PGR con la acusación de la AFI y la SSP, ambas bajo el mando de García Luna, y con el apoyo de Calderón, activo promotor para mantener a Cassez en la cárcel.
Invocan la Convención Americana de Derechos Humanos de la que el Estado mexicano forma parte. Según el artículo 10 de ese instrumento, toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.
Cassez fue sentenciada por primera vez en abril de 2007 a 96 años de prisión por un juez de distrito; luego, en 2009, un tribunal unitario redujo la sentencia a 60 años y en 2011 un tribunal colegiado le negó un amparo contra esa sentencia y la dejó firme.
Fue cuando Cassez acudió a la Suprema Corte para que el máximo tribunal revisara el amparo y lo que propició las presiones del gobierno de Calderón hacia los ministros para que lo negaran (Proceso 1790 y 1890).
En los días previos a la resolución de la Primera Sala, los opositores a la liberación de Cassez promovieron la idea de que los ministros iban a conceder un amparo para efectos y que el Tribunal Unitario que revisaría la condena sentenciaría a Cassez por el alegado secuestro de Ezequiel Yadir Elizalde, lo que le permitiría cumplir la condena en Francia.
No esperaban que la Primera Sala retomaría el proyecto que presentó el ministro Arturo Zaldívar el 21 de marzo del año pasado para conceder un amparo “liso y llano”; es decir, la libertad inmediata.
La votación del miércoles 23 la decantó el nuevo ministro, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien llegó a la Corte en diciembre pasado con el apoyo de Peña Nieto, por lo que su voto fue interpretado como el interés del nuevo gobierno para cerrar el caso, luego de que Calderón lo hiciera parte central de su estrategia de seguridad.
Economista, Gutiérrez Ortiz Mena nunca había sido juez y definió el asunto penal más polémico de los años recientes en México cuando respaldó a Zaldívar, quien se había mantenido en su posición original. La ministra Olga Sánchez Cordero renunció a su proyecto de regresar al Tribunal Unitario un expediente sin pruebas contra Cassez e hizo el tercer voto para la liberación inmediata y la misma noche del miércoles 23 Florence Cassez salió de México en un vuelo comercial que la llevó de regreso a su país después del episodio que se inició la mañana del 8 de diciembre de 2005.
Ese día el ascendente policía García Luna, a la sazón director de la AFI, ordenó un operativo para ir por ella y por Vallarta. Los capturó, los retuvo de manera ilegal, armó una escenificación con la complicidad de la televisión, los presentó como integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco y se erigió ante la opinión pública como un policía eficiente. Fue un éxito personal, más que para el gobierno de Vicente Fox, a quien convenció de que la AFI nada tenía que ver con los métodos de la vieja y corrupta Policía Judicial Federal de la PGR.
Siete años después la Suprema Corte echó abajo la trama. De nada valieron las pruebas que ya como secretario de Seguridad Pública de Calderón fue fabricando para mantener en la cárcel a la francesa. La Corte las invalidó por ilegales, contradictorias y viciadas.
Mientras, García Luna está a la espera de lo que se pueda derivar de las graves violaciones a la Constitución y a los derechos humanos que cometió y que el máximo tribunal del país estableció como verdad histórica y jurídica.
