domingo, 27 de enero de 2013

Confirman que Cárdenas Batel será embajador de México en Cuba




El ex gobernador de Michoacán sustituirá al panista Gabriel Jiménez Remus, según fuentes oficiales.

Ciro Pérez Silva
Publicado: 27/01/2013 17:30

México, DF. Fuentes oficiales confirmaron este domingo que el ex gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, ocuparía la embajada de México en Cuba en sustitución del panista Gabriel Jiménez Remus. De igual manera se informó que Julián Ventura, ex subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ocuparía la embajada de México en Canadá, en sustitución del también panista Francisco Barrio.

En las últimas semanas el nombre de Lázaro Cárdenas Batel ha sido mencionado insistentemente en los pasillos de la Cancillería como relevo en una de las representaciones diplomáticas más sensibles históricamente para las administraciones priístas.

Por años, las buenas relaciones diplomáticas con la isla fueron para los gobiernos del tricolor un sello distintivo. Sin embargo durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón llegaron a sus peores niveles. En el último tramo de su administración, Felipe Calderón visitó Cuba en un intento de recomponer los lazos de cooperación y amistad que han marcado el trato entre ambas naciones que, de acuerdo con la ex subsecretaria para América Latina y el Caribe, Norma Pensado, recuperaron en buena medida los niveles tradicionales.

La posible llegada de Lázaro Cárdenas Batel a la legación de México en Cuba, señalaron las fuentes consultadas, debe entenderse como un gesto de amistad con ese país y con la corriente política a la que pertenece el ex gobernador de Michoacán, misma que se ha estrechado con los priistas a partir de la firma del Pacto por México.

De otra parte, el relevo del ex gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio, es uno de los cambios esperados. No sólo porque se trata de un político vinculado largamente al PAN, sino porque en la nueva estrategia del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, se busca fortalecer las relaciones diplomáticas con Canadá, como socio del Tratado de Libre Comercio y por la cercanía comercial que tiene con otras economías en el Pacífico con las que México pretende interactuar de manera más activa.

Adelantaron que a estos cambios se sucederán otros, particularmente en aquellas embajadas que ocupan políticos panistas designados por las pasadas dos administraciones. Recordaron además que con el arribo a la subsecretaría de la SRE de Carlos de Icaza, la representación diplomática de México en Francia se encuentra acéfala, por lo que no se descarta que en los próximos días se conozca al nuevo embajador mexicano en París.

Otras de las representaciones diplomáticas que habrán de cambiar pronto son las de El Vaticano que ocupa el también panista Federico Ling Altamirano. También la embajada de México en España sufrirá cambios, actualmente la ocupa el panista Francisco Ramírez Acuña.La representación de Mexico en Colombia la ocupa actualmente Florencio Salazar Adame y el embajador de México en China es Jorge Guajardo González, panistas ambos que también se prevé serán removidos.

México cuenta actualmente con 75 embajadas, 69 consulados, siete misiones ante organismos multilaterales y tres oficinas de enlace, lo que da un total de 154 representaciones diplomáticas en el exterior.

El brazo político de la oligarquía


Pus cómo no iban a votar por él ...


Quino y la "educación" neoliberal


Experto en siglas-Hernández


La Dra. Campa desmiente las mentiras Prianistas


Millones no tendrán dinero suficiente en su Afore para un retiro digno, dice diputado


El régimen de pensiones atiende únicamente a 15 millones de los 48.5 millones de cuentas del SAR
Con la nueva ley, sólo 6% de trabajadores podrán cubrir 1,200 semanas de cotización para jubilarse
Foto
Mitin de jubilados y pensionados afuera de Televisa para exigir espacios de expresión en los medios, el pasado 4 de junioFoto María Meléndrez Parada
Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Domingo 27 de enero de 2013, p. 7
El régimen de pensiones que opera en México atiende únicamente 15 millones de los 48.5 millones de cuentas registradas en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
Hasta diciembre pasado, las cuentas inactivas registradas en las 13 Afores alcanzaron 33.5 millones, cuyos montos son reducidos con el tiempo por las comisiones que las empresas financieras cobran por el manejo de cada una de ellas.
En la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados se elabora un estudio sobre los riesgos del actual sistema de pensiones instaurado en México hace 15 años, cuyo costo sólo en el año vigente será de 409 mil 865 millones de pesos, distribuidos entre los institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de las Fuerzas Armadas Mexicanas así como de Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro.
Al abundar sobe el tema, Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro y especialista en el tema de las pensiones, también advierte que las cuentas de ahorro para el retiro de millones de mexicanos serán insuficientes para proveer a cada uno de ellos recursos que les ayuden a solventar un retiro digno:
“El actual sistema de pensiones a los únicos que beneficia es a los propietarios de las Afores y a sus funcionarios, que cobran 30 mil dólares al mes de sueldo, el cual obtienen de las comisiones que arrebatan sin control ni límite alguno a las cuentas individuales. Y aún más grave es que del total de los 48.5 millones de cuentas, en 25 años sólo 6 por ciento podrá cubrir las mil 200 semanas de cotización por cuenta propia. El 60 por ciento no tendrá la manera de cumplir los requisitos y sólo tendrá derecho a retirar sus menguados recursos, debido al escandaloso cobro de comisiones que las Afores realizan en cada una de las cuentas.
El 34 por ciento restante podrá alcanzar a cubrir el requisito para obtener una pensión, si cada uno de los trabajadores de ese grupo cotiza durante 50 años, y además van a requerir de un subsidio u apoyo fiscal para completar la pensión reglamentaria de uno o dos salarios mínimos.
Como se recordará, desde julio de 1997, la nueva Ley del Seguro Social ordenó que los asegurados al régimen obligatorio tendrían que cotizar –en lugar de las 500 semanas dispuestas como requisito en la ley de 1973– mil 250 semanas (poco más de 25 años) para acceder a una pensión de cesantía en edad avanzada o de vejez. Y se mantuvo el requisito de tener mínimo 60 o 65 años para disfrutar de dicho beneficio, para mujeres y hombres, respectivamente
Entonces, se suponía que reducir las cuotas obrero-patronales significaría un fuerte incentivo a la generación de empleos, según la exposición de motivos que acompañó la iniciativa presentada por el entonces presidente Ernesto Zedillo, en 1995.
Tal resultado no ocurrió nunca. Al desgravar la nómina, los patrones no ampliaron el aseguramiento y con los años la prevalencia de los empleos informales, inestables, eventuales y precarios, así como la alta rotación depersonal, volvieron inviable el requisito de cotizaciones al término de la vida laboral.
El indicador que mejor describe esta situación es la densidad de cotización, la cual resulta de dividir las aportaciones realizadas sobre las posibles. Esto es, si en un año calendario un trabajador sólo cotiza ocho meses, tendrá una densidad de aportación de 75 por ciento del año. Es decir, si luego de 24 años de ingresar a laborar sólo ha cotizado al SAR 18 años, a ese ritmo tendría que seguir aportando ocho años más para alcanzar el requisito mínimo.
Así, de julio de 1997 a agosto de 2012 transcurrieron 787 semanas. En este periodo, 83.9 por ciento de los titulares de una cuenta individual cotizaron menos de 500 semanas. Esto es, tuvieron una densidad de aportación de 63.5 por ciento, y si los dueños de estas cuentas mantienen ese ritmo, necesitarían trabajar casi 38 años para acceder a una pensión.
Quienes en agosto de 2012 tuvieron una densidad de cotización igual o menor a 50.8 por ciento (400 semanas como mínimo), prácticamente no alcanzarán a gozar de una pensión, pues manteniendo tal nivel necesitarían laborar 47.3 años o más.
De continuar las condiciones observadas en los últimos 15 años, sólo 16.1 por ciento de los afiliados a una Afore tendrán posibilidad de acceder a una pensión laborando menos de 38 años; el resto no podrá cubrir los requisitos para alcanzarla.
Dado el comportamiento de la densidad de cotización entre los asegurados, el SAR sólo tiene viabilidad para cuando mucho, uno de cada seis, y la situación puede agravarse en la medida que el mercado laboral se flexibilice aun más con la entrada en vigor de la reforma constitucional que legaliza la subcontratación, que permite el pago por hora, permite nuevas formas de contratación (a prueba, eventuales, por temporada) y flexibiliza el despido, con nuevas causales, y con la limitación del pago de los salarios vencidos.

Monosapiens : Fonda "La Chayito"


En Chile, también se burlan de Peña....

Clientes de restaurante propinan golpiza a asaltantes en el DF



MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Tres hombres fueron golpeados por los clientes de un restaurante-bar durante un intento de asalto en la delegación Tláhuac de esta ciudad, informó la Policía capitalina.
En un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal dio a conocer que fueron detenidos David Jiménez Reyes, de 28 años; y Francisco y Ulises Villarreal Ordaz, de 23 y 21 años, respectivamente.
Los sujetos amagaron a unos 20 clientes del restaurante-bar “La flor de Oaxaca” y les quitaron sus pertenencias, indicó la dependencia.
Sin embargo, los afectados reaccionaron y comenzaron a golpear a los tres hombres.
Elementos policiacos intervinieron y llamaron a clientes y trabajadores del lugar a detener la agresión.
Las autoridades capitalinas agregaron que los tres presuntos asaltantes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la coordinación territorial Iztacalco 3 por intento de robo.
Los detenidos no portaban armas; viajaban en una motoneta color azul de la marca Yamaha en la que planeaban huir tras cometer el asalto

Al menos 220 personas murieron por un incendio en una discoteca en Brasil



Adilomar Silva, coordinador regional de defensa civil, informa que se espera que aumente la cifra de muertos
Por Nicky Robertson
Domingo, 27 de enero de 2013 a las 07:21






Los cuerpos de rescate trabajan en el centro nocturno de la Ciudad de Santa María (AFP).
Los cuerpos de rescate trabajan en el centro nocturno de la Ciudad de Santa María (AFP).

(CNN) — 
Un incendio se produjo en una discoteca en el sur de Brasil, matando al menos a 220 personas en la madrugada del domingo, dijeron las autoridades.
El fuego empezó alrededor de las 02:00 (tiempo local) en la discoteca Kiss en la ciudad de Santa María, estado de Río Grande do Sul.
Los bomberos aún sacan los cadáveres del lugar, y el coronel Adilomar Silva, coordinador regional de defensa civil, dijo que se espera que aumente la cifra de muertos.
Había un espectáculo de pirotecnia dentro del club al momento del incendio. Las autoridades no afirman que esa haya sido la causa, y dijeron que aún está bajo investigación.
La mayoría de personas habrían muerto por inhalación de humo, dijo Silva. Se estima que hay cientos de heridos, aunque no hay un conteo oficial por el momento.
La discoteca Kiss es popular entre los jóvenes en Santa María. Entre 2000 y 3000 personas asisten al lugar cada noche los fines de semana.
La ciudad es sede de la Universidad Federal de Santa María, así como de varias universidades privada
s

13 estados del país ya son patrullados por el Ejército



Las entidades que vigilan los 14 mil militares son consideradas 'focos rojos', por el alto índice de violencia e inseguridad en la que prevalecen o han despuntado, como el Estado de México
(Foto:Archivo/Cuartoscuro)


Durante el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el ejecutivo  ha mantenido al ejército patrullando trece entidades consideradas como ‘focos rojos’ con al menos 14 mil  elementos destinados al combate del crimen organizado, de acuerdo con datos de laSecretaría de Defensa Nacional (Sedena).
El Estado de México, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Aguascalientes y Zacatecas, son los estados en los que la Sedena mantiene actualmente operativos constantes para reforzar la seguridad.
En el reporte del organismo federal destaca la ausencia de patrullajes en  entidades como  Chihuahua y Michoacán, estados ‘pioneros’ en despliegue de operativos de lasfuerzas militares, en el recién extinto sexenio del panista, Felipe Calderón.
A penas este viernes, el  secretario de Educación del Edomex, Raymundo Martínez Carbajal, confirmó los patrullajes del Ejército alrededor de escuelas en algunos municipios de la entidad, debido a la despunte de violencia y asesinatos que se han registrado en las últimas semanas.
Esta sábado el periódico Milenio publicó un recuento de asesinatos en el Estado de México, donde señala solo este mes de enero, que se han registrado 83 ejecuciones, cifra que no se reconocía desde hace cinco años.
“La cifra supera a la de agosto de 2012, cuando hubo 79 ultimados, la mayor hasta entonces en esa entidad… A diferencia de meses anteriores Nezahualcóyotl y Valle de Chalco dejaron de ser los municipios con más ultimados, ya que fueron superados porToluca, la capital del estado, donde han sido cometidas 20 ejecuciones.”
(Con información de Reforma y Milenio)

Televisa y TV Azteca pretenden lavar su complicidad



Televisa y TV Azteca, que exhibieron a Florence Cassez como secuestradora antes del juicio e hicieron pasar la “recreación” de su captura como una transmisión en directo de un golpe a la delincuencia organizada, ahora se dicen engañadas por la AFI. Sin embargo hay testimonios suficientes para reconstruir su corresponsabilidad en esa farsa que, para levantar la imagen de Genaro García Luna, canceló la posibilidad de hacer justicia a varios secuestrados.
Siete años después del arresto “en vivo y en directo” de integrantes de la “peligrosa banda” de secuestradores conocida como Los Zodiaco y tras la liberación de Florence Cassez, las dos grandes televisoras se lavan las manos frente a la gran irregularidad del proceso de detención de la francesa: El telemontaje.
“Yo no me di cuenta de este montaje, no me di cuenta de esta trampa”, se justificó Carlos Loret de Mola el lunes 21, dos días antes de que se conociera la decisión de amparar a Cassez, en su emisión de Primero Noticias en Canal 2. En ese noticiero se trasmitió la mañana del 9 de diciembre de 2005 la detención de Cassez como si estuviera ocurriendo en el momento en que llegaron las cámaras de televisión.
“El caso implicó una sacudida para todos los que trabajamos en Primero Noticias. Nos tocó transmitir la información de su captura y luego supimos que se trató de un montaje. A la ciudadana francesa la habían detenido un día antes y la autoridad fingió y simuló un operativo como si estuviera sucediendo en vivo”, se justificó Loret de Mola.
Sin hacer sus características bromas, el conductor también pidió disculpas y se comparó con un árbitro de futbol: “En retrospectiva, con un análisis más minucioso de todas las imágenes, creo que pude haber descubierto el engaño. Al calor de la noticia, como el árbitro de futbol que no tiene acceso a la repetición y debe decidir de botepronto (sic), no lo hice. Y lo lamento”.
Durante ocho minutos Loret de Mola reconstruyó su versión del caso y presumió que “Televisa fue el primer medio que dio a conocer el montaje”. Hacía referencia a la transmisión del 11 de febrero de 2006, en el programa Punto de Partida, conducido por Denise Maerker, cuando Cassez denunció vía telefónica que a ella la detuvieron el 8 de diciembre, un día antes de la transmisión y en un lugar distinto al de la “recreación”.
También TV Azteca estuvo presente en la transmisión del 9 de diciembre e igualmente se lavó las manos.
“Es importante destacar que los primeros engañados fuimos los medios de comunicación que respondimos a la invitación de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) de Genaro García Luna, quien con tal de publicitar sus capturas mintió a los medios y mintió a la sociedad. Pero al final, como siempre sucede, la verdad salió a flote”, leyó el conductor de Hechos del Canal 13, Javier Alatorre, la noche del miércoles 23.
Y en su portal de internet Azteca Noticias fijó así la posición de la televisora: “La detención de la banda de los secuestradores Los Zodiaco fue una farsa para los medios de comunicación, el 9 de diciembre de 2005”.
No lo dijeron así de claro durante los siete años de prisión de Cassez ni en la primera discusión del caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en marzo de 2012. Todavía García Luna era titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y mantenía una relación privilegiada con ambas televisoras, especialmente con Televisa, empresa a la que le financió con 118 millones de pesos la teleserie El equipo.
Otros indicios revelan que tanto las empresas de Emilio Azcárraga Jean como las de Ricardo Salinas Pliego participaron en ese y en otros montajes o “recreaciones” televisivas para publicitar los logros del entonces director de la AFI y después titular de la SSP durante el sexenio de Felipe Calderón.
Días antes de la espectacular “captura” de Cassez y de su novio Israel Vallarta, la AFI ofreció “en exclusiva” para TV Azteca la liberación del director técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano, provocando un airado reclamo de Televisa.
En respuesta a las presiones de la empresa de Emilio Azcárraga Jean, García Luna y su brazo derecho, Luis Cárdenas Palomino, le ofrecieron al vicepresidente de Noticias Nacionales de la televisora, Amador Narcia, una nota de alto impacto similar a la liberación de Romano. Y fue cuando se pactó el caso de la banda Los Zodiaco.
De acuerdo con testimonios recabados por Proceso, no estuvieron enterados de ese arreglo ni el vicepresidente de Noticias, Leopoldo Gómez, jefe inmediato de Amador Narcia, ni el vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), José Luis López Atienzo.
Por eso la PGR convocó a otros medios a estar presentes en la “recreación”.

“¿Será que se pueda regresar?”

En los archivos del Grupo Televisa está el video original que se grabó la mañana del 9 de diciembre de 2005. En su libro Fábrica de culpables, los periodistas franceses Anne Vigna y Alain Devalpo reproducen este diálogo entre el reportero Pablo Reinah, quien cubría la nota, y el conductor Carlos Loret de Mola:
“–Todavía no. No vamos a entrar contigo, Pablo. Déjame ir a la nota de deportes. ¿Ya están listos?
“–Sí, ya estoy listo.
“Pablo Reinah se dirige entonces a los policías:
“–No se muevan. Vamos a meter una nota de deportes y luego seguimos nosotros.
“Acto seguido, el reportero da el quiu, la señal de entrada a escena. Las conclusiones a las que lleva el video son claras: se trata, efectivamente, de un montaje.”
La reportera Yuli García, colaboradora del programa Punto de Partida, es quien le relata a Vigna y Devalpo el hallazgo de este material que derivó en un escándalo mayúsculo en febrero de 2006, tres meses después de la transmisión original.
García Luna contraatacó en rueda de prensa aquel febrero de 2006. Aceptó que en el momento de la detención de Cassez y de Vallarta no había prensa y que la captura ocurrió 15 horas antes de la “recreación”. Pero responsabilizó a los medios del montaje: “A petición de ustedes les mostramos cómo había sido la detención”.
Incluso el entonces vocero de la presidencia, Rubén Aguilar, admitió: “Se cometió un error, sí. Lo grave hubiera sido que no se hubiera detenido a la banda y no se hubiera salvado con vida a los secuestrados. Pediría que se ubiquen en su justa dimensión las cosas. Pero asumo el error, ya lo dije”.
Otro testimonio que acredita la complicidad en el telemontaje fue el de Juan Manuel Magaña, entonces jefe de información de Primero Noticias. El 22 de marzo de 2012, en vísperas de la primera discusión sobre el caso en la SCJN, Magaña declaró con la periodista Carmen Aristegui, en Noticias MVS, que Loret pidió repetir la entrada de los agentes de la AFI al rancho.
“Mientras el enlace se grababa, se ve que se abre el portón; los policías empiezan a entrar (…) En ese momento se escucha decir al conductor:
“–Eso está bueno, está chingón, ¿Será que se pueda regresar?”

La queja de Reinah

Cuando Televisa y la AFI admitieron públicamente el montaje, la empresa de Emilio Azcárraga Jean optó por responsabilizar y despedir al reportero Pablo Reinah y a Ernesto Zavaleta, entonces coordinador de redacción de noticias nacionales. Amador Narcia, jefe de ambos, siguió al frente, y Carlos Loret de Mola continuó en Primero Noticias.
Reinah se inconformó. El 15 de febrero de 2006 interpuso una queja ante el Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para restablecer su buen nombre. En la parte medular de su querella el reportero afirma:
“Como es de conocimiento público, yo, en mi calidad de reportero, estuve presente en este operativo mismo que transmití para el noticiero Primero Noticias de la empresa Televisa, por lo que rechazo categóricamente haber tenido conocimiento o haber sido avisado de que ese operativo era una recreación”.
Reinah hizo un escueto relato de los hechos. El 9 de diciembre fue avisado a las 4:30 de la mañana, vía celular, por el director de operaciones de la AFI, Luis Cárdenas, sobre un caso relacionado con la liberación de personas secuestradas.
“Después de consultarlo con el titular del noticiero Primero Noticias (Carlos Loret de Mola), se tomó la decisión de que me trasladara al lugar para realizar la cobertura.
“Mientras esperábamos el momento de entrar al aire, los representantes de la AFI nos informaron, a un servidor y al equipo de Televisión Azteca, que se trataba de la detención de dos secuestradores –uno de ellos una mujer de origen francés– y de la liberación de tres secuestrados.
“A partir de entonces nos permitieron realizar todas las entrevistas que consideráramos necesarias y nos facilitaron recorrer gran parte del lugar. Así lo hicimos hasta las 9 de la mañana que terminó el noticiero.
“Rechazo categóricamente haber tenido conocimiento o haber sido avisado de que ese operativo era una recreación.
“Por ello, por mi familia, por la justicia y mi buen nombre reitero que nunca, en ningún momento, a nombre propio ni de Televisa, solicité, pacté o participé en un montaje.
“En ningún momento solapé, coordiné o gestioné ninguna acción que tuviera que ver con el desempeño de los elementos de la AFI.
“No acepto ni acepté ni aceptaré haberme prestado a un montaje.
“Yo, al igual que la ciudadanía y los medios, fui sorprendido por las autoridades de la AFI que ahora pretenden hacernos creer que un reportero puede ordenarles cómo y cuándo hacen su trabajo; que un reportero tiene la capacidad de movilizar a sus elementos; en lo que desde mi punto de vista es un caso que protege intereses lejanos todavía a mi entendimiento.”
Reinah le solicitó a la CNDH que investigara el caso “por considerar que fui engañado por las autoridades responsables de la impartición de justicia de nuestro país y por considerar que se vulneró el derecho a la información”.
El alegato de Reinah simplemente fue ignorado por Televisa. Ya lo habían despedido. Hubo un acuerdo mutuo para “bajarle al ruido mediático” del caso. Zavaleta, el otro despedido, no interpuso queja alguna.
El 30 de marzo de 2007, un año después de que Reinah interpusiera su demanda, el quinto visitador general de la CNDH, Mauricio Farah Gebara le respondió vía oficio que “del análisis de la información proveída, así como de los documentos recabados durante la tramitación del expediente, se advirtieron conductas realizadas por servidores públicos” que afectaron la realización del trabajo del reportero.
Farah Gebara informó que tanto la PGR como la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos de la AFI admitieron que al reportero “no se le precisó que la detención de las personas ocurrió antes de su llegada”.
Así lo admitió en el oficio 000189/07 el entonces director general adjunto de Asuntos Jurídicos, José Luis Chávez Díaz, quien ordenó que “se emita una carta al reportero Pablo Reinah en la que se haga constar, tomando en consideración lo expuesto en el presente documento, que en la información que se le proporcionó sobre el operativo desarrollado por elementos de la Agencia Federal de Investigación no se precisó que la detención de las personas ocurrió antes de su llegada y, por lo tanto, no se le proporcionó información completa, objetiva y veraz”.
El actual presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, admitió el jueves 24, un día después de la liberación de Cassez, que este organismo iniciará una “investigación de oficio” a “todos los funcionarios involucrados en las graves irregularidades cometidas en el caso”.
A pregunta expresa de Proceso el ómbudsman aclaró que no investigará a los funcionarios de las televisoras, ya que no está en el ámbito de la acción de este organismo, pero sí a todos los responsables entonces de la AFI, de la PGR y de otras instancias corresponsables en las violaciones al “debido proceso”.
–¿Debe haber sanción para los responsables de este montaje? –se le cuestionó a Plascencia Villanueva en un programa radial.
–Sin duda. Debe haber alguna investigación porque las consecuencias ya las vimos, ¿no? A propósito de llevar ante la justicia pruebas ilícitas.
Plascencia urgió a “tomar medidas para prevenir y evitar que se siga repitiendo este tipo de procederes, porque si no, será una cuestión de nunca acabar, denunciándose delitos, deteniendo a personas y tan pronto como se les detiene, saliendo ellas en libertad por fallas de estas características”.

Una sonrisa para Calderón


La gran derrota

Mes y medio después de que Felipe Calderón dejara Los Pinos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la “liberación inmediata” de Florence Cassez, con lo que echó por tierra el caso emblemático del calderonismo montado por el superpolicía Genaro García Luna y sus colaboradores con el apoyo del duopolio televisivo. Queda pendiente el castigo a los responsables de las irregularidades, pero del caso se desprende  una importante  consecuencia  natural: con su fallo, la Corte pone en jaque al sistema persecutorio mexicano, basado en los abusos policiacos y en la violación sistemática de los derechos humanos de presuntos o verdaderos culpables.
Retardada, ya sin presiones desde el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció contra el abuso de poder del gobierno de Felipe Calderón. Después de casi dos años los ministros de la Primera Sala echaron abajo uno de los casos emblemáticos de la actuación del expresidente panista y del que fuera su secretario de estado favorito: Genaro García Luna.
El miércoles 23, desde el máximo tribunal del país salió la orden de liberación inmediata de la ciudadana francesa Florence Marie Louise Cassez Crepin, de 38 años, presa durante siete y acusada de delincuencia organizada y secuestro en un proceso viciado desde su origen.
Ya con Calderón fuera del poder y García Luna en el extranjero, la posición que prevaleció en la Corte la expresó el ministro Arturo Zaldívar, cuya propuesta de resolución fue por la que se inclinó la Primera Sala: En el caso de la ciudadana francesa, la policía, el Ministerio Público y los jueces actuaron de manera equivocada.
La Suprema Corte quiere hacer de ese criterio una tendencia para que los tribunales federales vigilen que se respete el debido proceso. “Si las cosas no se hacen bien en la policía y el Ministerio Público, la gente va a salir libre”, dijeron a Proceso funcionarios del máximo tribunal.
Por tres votos a dos, la Primera Sala ordenó la libertad inmediata de Cassez por las violaciones constitucionales y procesales cometidas por García Luna en su decisión de encarcelarla por su participación en el supuesto secuestro de tres personas. Reiteró lo dicho en marzo del año pasado, cuando abordó por primera vez el caso: En su detención se violaron el principio de presunción de inocencia, el derecho consular y el debido proceso a causa del “efecto corruptor” del montaje televisivo preparado por García Luna y sus hombres más cercanos.
La Corte no se manifestó sobre la responsabilidad o inocencia de Cassez, aunque al invalidar el proceso y la sentencia en la práctica la dejó como no culpable.
Aun cuando el “superpolicía” de Calderón esté fuera del país, tras la decisión de la Corte aparece como uno de los primeros exfuncionarios del sexenio calderonista a los que se les pueden fincar responsabilidades por esas violaciones, junto a sus principales colaboradores, entre ellos Luis Cárdenas Palomino, ahora empleado del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego.
Las responsabilidades pueden ser administrativas, civiles y hasta penales. Pero en su debate los ministros no fueron explícitos. Tampoco se espera que la Corte dé vista al Ministerio Público.
La decisión está en la Procuraduría General de la República (PGR), que podría iniciar de oficio una investigación contra los responsables del montaje televisivo sobre la detención de Cassez, el personal del Ministerio Público que le dio fe a esas actuaciones y hasta de los propios jueces y magistrados que tampoco vieron esas irregularidades y la condenaron a 60 años de prisión.
El gobierno de Enrique Peña Nieto aún no ha decidido qué hacer, aunque el procurador Jesús Murillo Karam dijo el viernes 25 que las violaciones señaladas públicamente por los ministros “podrían constituir un delito”, mientras que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió un día después del fallo de la Corte a que “en cuanto haya un señalamiento público oficial, nosotros también lo haremos con la investigación correspondiente”.

Lo que nadie vio

A diferencia de marzo de 2012, cuando el caso de Cassez se trató por primera vez en la Primera Sala y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se pronunció por castigar a los responsables de las violaciones, el miércoles 23 los ministros no se refirieron a quienes deberían responder.
Todos los caminos llevan a García Luna de forma directa y por extensión a quien fue su jefe, Felipe Calderón. Su abogado, Alonso Aguilar Zinser,  evitó hacer comentarios sobre los escenarios en que puede quedar el exsecretario de Seguridad Pública, quien ya está marcado por su fracaso ante Cassez.
De acuerdo con el constitucionalista y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Elisur Arteaga, a partir de la resolución de la Corte, funcionarios del poder Ejecutivo y Judicial están involucrados en las graves violaciones cometidas durante el proceso judicial contra Cassez.
En el caso de García Luna considera que puede ser demandado por la vía penal, de acuerdo con la fracción segunda del artículo 109 de la Constitución. Según esa disposición, los delitos cometidos por cualquier servidor público serán perseguidos y sancionados en los términos de la legislación penal.
Arteaga asegura que la demanda puede alcanzar a la exprocuradora Marisela Morales Ibáñez, pues ni en su caso ni en el del exsecretario de Seguridad Pública han prescrito los delitos. Su inmunidad se terminó el 1 de diciembre de 2012 y según los delitos que se les llegaran a configurar empezaría a correr el plazo de prescripción, argumenta.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, coincide en que las responsabilidades alcanzan al propio Poder Judicial. En una entrevista con el periódico El Universal dijo que ese organismo ya inició una investigación para establecer las responsabilidades.
En la entrevista publicada el viernes 25 se refirió a los servidores o exservidores públicos que pueden ser sancionados: “Desde los que ejecutaron directamente, lo toleraron y autorizaron y, por supuesto, no solamente policías, también ministerios públicos, pues ayer quedó muy claro por parte de la Corte que no supieron trabajar”.
Los ministros “también dieron una resolución completamente distinta de lo que un juez de Distrito y de lo que magistrados de tribunales unitarios y colegiados habían resuelto, y eso necesariamente implica que se investigue lo que nadie vio en siete años”.
Pero el propio presidente de la CNDH ya sabía desde el mismo día del montaje, el 9 de diciembre de 2005, quiénes estaban detrás. Así se lo hicieron saber los padres de Israel Vallarta Cisneros, la expareja de Cassez, a quien la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) acusó de ser jefe de la hasta ese momento desconocida banda Los Zodiaco.
La queja fue dirigida al entonces presidente del organismo, José Luis Soberanes. Con el número 2005/5146/I/Q fue asignada a Plascencia Villanueva, quien era primer visitador y hoy preside la CNDH.
Vallarta fue torturado para inculparse e involucrar a la ciudadana francesa, hermana de un exsocio de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, un proveedor de servicios de seguridad para García Luna en la SSP. Margolis es además cercano a Isabel Miranda de Wallace, una de las principales opositoras a la liberación de Cassez y quien cabildeaba en las oficinas de los ministros acompañada de los allegados a los secuestrados por la banda de la que formaba parte la francesa.
La tortura con toques eléctricos que le dejaron a Vallarta quemaduras y los golpes en diferentes partes del cuerpo fueron acreditados por la CNDH en diciembre de 2005, pero en los siete años que lleva el caso, el organismo se ha negado a gestionar que se le practique el Protocolo de Estambul para acreditar la tortura como prueba judicial firme.
En diciembre de 2011 la dirección general de Asuntos Jurídicos de la CNDH respondió por oficio a la petición que le hizo Vallarta a través de un juzgado de distrito. Le dijo que el organismo tenía mucho trabajo “y por ese motivo no puede atender la petición realizada”.
No fue la única negativa. En octubre de 2010 la titular del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Olga Sánchez Contreras, le negó “la prueba de Estambul” solicitada en esos términos por Vallarta. En su negativa Sánchez Contreras señaló: “Asimismo, para una mejor ilustración del procesado, dígasele que existe el Manual en la investigación y documentación eficaces de la tortura y otro tratamiento y castigo cruel, inhumano o que degrada, conocido comúnmente como ‘Protocolo de Estambul’”.
Desde sus primeras declaraciones, Vallarta y Cassez identificaron como el jefe del operativo para su aprehensión a Luis Cárdenas Palomino. Vallarta también ha señalado a Francisco Javier Palacios.
Cassez incluso declaró ministerialmente que fue Cárdenas Palomino quien la torturó y presionó desde el 8 de diciembre de 2005, un día antes de que fuera presentada “en vivo” como secuestradora ante las cámaras de Televisa y TV Azteca.

Escenario preparado

En su edición 1845, del 11 marzo de 2012, Proceso dio a conocer una investigación interna de la AFI, realizada en 2006, luego de que a García Luna no le quedara más que reconocer ante la televisión que, “a petición de los reporteros de las televisoras” recreó la detención de la francesa y Vallarta.
De acuerdo con esa investigación realizada por la Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la AFI, Cárdenas Palomino y Garza Palacios estuvieron implicados directamente en el montaje que se transmitió en los noticieros matutinos de ambas televisoras y que fue la causa principal de que se derrumbara en la Corte la acusación contra Cassez.
En la AFI, Cárdenas Palomino era director de Investigación Policial; Garza Palacios estaba al frente de la Dirección de Operaciones. Cuando Calderón le dio la SSP a García Luna, éste mantuvo cerca a Cárdenas Palomino quien terminó el sexenio como jefe de la División Regional de la Policía Federal. A Garza lo hizo jefe de Seguridad Regional de la desaparecida Policía Federal Preventiva y en medio de acusaciones por supuestos vínculos con el narcotráfico lo envío a Colombia como representante de la corporación.
En la investigación interna de la AFI también fueron identificados los policías que irrumpieron en el rancho Las Chinitas: José Aburto Pazos, José Luis Escalona Aldama, Germán Ovidio Zavaleta Abad y Carlos Alberto Servín Castorena, quienes señalaron como jefe del operativo a Israel Zaragoza Rico, en ese entonces director de Secuestros de la agencia.
Los cuatro policías coincidieron en que se preparó un escenario para detener a Cassez y Vallarta dentro del rancho. Se sembraron armas, diversos objetos y hasta se puso una venda en la cabeza a uno de los supuestos secuestrados. Todo preparado para que saliera en la televisión.
De acuerdo con abogados que participaron en la defensa de Florence, fue el propio Cárdenas Palomino el que editó el video que se presentó como prueba de la detención.
Ahora el expolicía trabaja en Televisión Azteca, de donde salió la reportera Lizeth Parra para hacerse cargo del área de prensa para García Luna y terminó el sexenio de Calderón como subsecretaria de Planeación y Protección Institucional de la SSP, en sustitución del general Javier del Real Magallanes.
En previsión del revés en la Corte, Cárdenas Palomino buscó apoyo legal de la Iglesia católica a través del sacerdote Hugo Valdemar, director de Comunicación Social de la arquidiócesis de México. No lo obtuvo, pero tiene ahora el respaldo de Salinas Pliego. Valdemar ha mantenido una relación estrecha desde hace años con Cárdenas Palomino.
Incluso coincidieron con el actual consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, quien además de haber sido abogado del sacerdote fue cuñado de Cárdenas Palomino.

La liberación

De acuerdo con los abogados que apoyaron a Cassez, la francesa tiene la posibilidad de presentar un juicio civil por indemnización de los siete años que estuvo presa, pues no fue declarada culpable de los delitos que le fincó la PGR con la acusación de la AFI y la SSP, ambas bajo el mando de García Luna, y con el apoyo de Calderón, activo promotor para mantener a Cassez en la cárcel.
Invocan la Convención Americana de Derechos Humanos de la que el Estado mexicano forma parte. Según el artículo 10 de ese instrumento, toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.
Cassez fue sentenciada por primera vez en abril de 2007 a 96 años de prisión por un juez de distrito; luego, en 2009, un tribunal unitario redujo la sentencia a 60 años y en 2011 un tribunal colegiado le negó un amparo contra esa sentencia y la dejó firme.
Fue cuando Cassez acudió a la Suprema Corte para que el máximo tribunal revisara el amparo y lo que propició las presiones del gobierno de Calderón hacia los ministros para que lo negaran (Proceso 1790 y 1890).
En los días previos a la resolución de la Primera Sala, los opositores a la liberación de Cassez promovieron la idea de que los ministros iban a conceder un amparo para efectos y que el Tribunal Unitario que revisaría la condena sentenciaría a Cassez por el alegado secuestro de Ezequiel Yadir Elizalde, lo que le permitiría cumplir la condena en Francia.
No esperaban que la Primera Sala retomaría el proyecto que presentó el ministro Arturo Zaldívar el 21 de marzo del año pasado para conceder un amparo “liso y llano”; es decir, la libertad inmediata.
La votación del miércoles 23 la decantó el nuevo ministro, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien llegó a la Corte en diciembre pasado con el apoyo de Peña Nieto, por lo que su voto fue interpretado como el interés del nuevo gobierno para cerrar el caso, luego de que Calderón lo hiciera parte central de su estrategia de seguridad.
Economista, Gutiérrez Ortiz Mena nunca había sido juez y definió el asunto penal más polémico de los años recientes en México cuando respaldó a Zaldívar, quien se había mantenido en su posición original. La ministra Olga Sánchez Cordero renunció a su proyecto de regresar al Tribunal Unitario un expediente sin pruebas contra Cassez e hizo el tercer voto para la liberación inmediata y la misma noche del miércoles 23 Florence Cassez salió de México en un vuelo comercial que la llevó de regreso a su país después del episodio  que se inició la mañana del 8 de diciembre de 2005.
Ese día el ascendente policía García Luna, a la sazón director de la AFI, ordenó un operativo para ir por ella y por Vallarta. Los capturó, los retuvo de manera ilegal, armó una escenificación con la complicidad de la televisión, los presentó como integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco y se erigió ante la opinión pública como un policía eficiente. Fue un éxito personal, más que para el gobierno de Vicente Fox, a quien convenció de que la AFI nada tenía que ver con los métodos de la vieja y corrupta Policía Judicial Federal de la PGR.
Siete años después la Suprema Corte echó abajo la trama. De nada valieron las pruebas que ya como secretario de Seguridad Pública de Calderón fue fabricando para mantener en la cárcel a la francesa. La Corte las invalidó por ilegales, contradictorias y viciadas.
Mientras, García Luna está a la espera de lo que se pueda derivar de las graves violaciones a la Constitución y a los derechos humanos que cometió y que el máximo tribunal del país estableció como verdad histórica y jurídica.

"¡Demasiada ideología!" Arnaldo Córdova




U
na vez que han recobrado la Presidencia de la República, los priístas nos anuncian, un día sí y otro también, que van por todo en materia de reformasestructurales, en particular, por la energética. Han olvidado el carácter emblemático de sus documentos básicos, que los ligaban a ciertos principios sostenidos a través del tiempo, para ver en los mismos nada más que anclas del pasado que ahora son, para ellos, verdaderas cadenas que hay que romper. Los principios han dejado de ser importantes, ahora de lo que se trata es de superarlos, para empezar de nuevoya sin esos amarres del pasado. Es como decir que los priístas dejan de ser tales para ser ahora otra cosa.
En una entrevista con este diario, el nuevo presidente del tricolor, César Camacho Quiroz, estimó que la sociedad ha cambiado radicalmente y, como los partidos son un reflejo de la misma, no tienen más remedio que cambiar. El PRI se quedó atrasado y ahora hay que ponerlo a tono con esa realidad. El partido, agregó, “debe transformarse, actualizar sus posiciones frente a los asuntos del país. En cualquier parte del mundo los partidos postulan una ideología, pero demasiada ideología, ideología convertida en dogma, se convierte en una especie de veneno” (La Jornada, 14/12/12, subrayado nuestro).
Un día antes, Camacho lamentaba que sanos principios partidistas se hubiesen convertido en dogmas, camisas de fuerza y diques. “No podemos vivir –dijo– con una actitud nostálgica y queremos que este país salga adelante y recuperar terreno perdido. Son muchas las cosas que el PRI debe revisar.” El partido, en su opinión, debe replantearsecon mayor precisión su línea ideológica, huir de la indefinición, y advirtió que demasiada ideología ata y envenena. Ahora el PRI, según Camacho Quiroz, deberá darse nuevas definiciones (La Jornada, 13/12/12).
En realidad, ya el PRI había venido corrigiendo esa ruta equivocada que le obligaba a transitar con principios obsoletos y atrasados. Todavía en su Declaración de Principios de 2004, en su punto 36, se afirmaba: El petróleo y la energía eléctrica deben seguir siendo propiedad de la nación. Sostenemos la plena potestad de ésta sobre nuestros recursos naturales, sobre el agua y el espacio aéreo y sobre nuestros mares territoriales (el punto 35 reafirmaba el dominio directo de la nación sobre los recursos naturales y el subsuelo del país). En la Declaración de Principios de 2008 esos artículos y otros más que había venido sosteniendo el antiguo nacionalismo priísta, como por ensalmo, desaparecieron.
Hay que recordar que ése fue el año de los debates en el Senado sobre la reforma petrolera antinacionalista y retardataria de Felipe Calderón. El PRI no quiso ya saber nada de antiguos compromisos con la nación. Luego, Enrique Peña Nieto, antes incluso de que fuera candidato, se dedicó a hacer continuos llamamientos a superar atavismos ideológicos y a pregonar la necesidad de que se abriera el sector energético, en particular, el petróleo, a la iniciativa privada. Ahora estamos ya ante la ocasión que se nos había anunciado.
Luis Videgaray, nuevo secretario de Hacienda, en un foro de empresarios e inversionistas realizado en Cancún el 17 de enero pasado, reveló que, en efecto, el momento ha llegado. Una vez que se ha aprobado la reforma constitucional educativa, dijo, siguen los sectores de telecomunicaciones, de energía y bancario. En relación con la energía, el dulce que Videgaray pasó de boca en boca fue que está reforma será para beneficio de la mayoría de las familias mexicanas y de la economía mexicana, ¿cómo?, explotando mejor los recursos y poniéndolos a disposición de todos, de los que tienen (las empresas) y de los que no tienen.
El secretario de Hacienda quiso ser claro: los cambios que buscará el gobierno no son privatizar Pemex ni mucho menos privatizar las reservas de petróleo, sino tener un sistema regulatorio [de modo] que puedan las empresas unir fuerzas con Pemex en un marco orientado al mercado, atrayendo capital para explotar “los inmensos recursos naturales… de los cuales la mayoría no han sido explotados”. Con un marco regulatorio tan rígido, estimó, no es posible aprovechar semejante riqueza (La Jornada, 18/1/13). Videgaray ni siquiera creyó necesario explicarnos a qué se debe la presencia tan evidente de la iniciativa privada en la explotación petrolera tal como ahora se da.
Que la Constitución esté equivocada al reservar (artículo 27) la explotación del petróleo y la electricidad a la nación, por conducto del Estado, es una opinión que, como todas las opiniones, puede ser cambiada. Hay que preguntarse, empero, por qué el constituyente pensaba que los privados no deberían participar en la explotación directa de los hidrocarburos. Las razones fueron muchas y se dijeron con toda claridad. Una era esencial: el carácter depredador de los inversionistas privados que habrían buscado de una u otra forma, como lo han hecho siempre, la posibilidad de apoderarse del recurso que era de todos. Que la iniciativa privada pudiera hacer contratos por obra o servicio determinados no era el problema ni era lo que los empresarios andaban buscando.
Ese tipo de contratos podrían hacerse en cualquier momento sin que ello entrañara violación ninguna de los principios constitucionales. Lo que los empresarios han buscado toda la vida es ese tipo de contratos que en la época de Alemán se llamaron de riesgo y que desde las propuestas calderonistas se ha dado en llamar preferentes. Hacer obra o prestar servicios para Pemex no es lo que buscan ellos. Se trata de medrar con toda la industria petrolera, más o menos como se viene haciendo con la electricidad, de la que casi la mitad está siendo generada por empresas privadas. Meterle mano al petróleo y embolsarse la riqueza que se produzca es su verdadera meta.
Antonio Gershenson ha alertado sobre el propósito inmediato de Peña Nieto de ceder a los privados las refinerías y concesionarles las que se piense construir en el futuro. Se piensa en círculos priístas entregarles, también en concesión, los ductos, amén de otros negocios con los que los empresarios han soñado. No son invenciones. ¿Qué es lo que entienden Videgaray y su jefe porasociar a los privados con Pemex? En eso como en otras cosas, la cantaleta es siempre la misma: no se entregará Pemex a los privados ni se privatizarán las reservas petroleras. La intención, empero, declarada por ellos mismos, es abrirles la industria y permitirles que se enriquezcan a manos llenas.
Los priístas piensan que ha llegado la hora también de cambiar la Constitución. Toda la ideología que están repudiando se resume en el contenido del artículo 27 constitucional. La reforma estructuralenergética comenzará por la reforma del 27. Se presume que ya no harán como Calderón, que no se atrevió a tocar ese artículo y se limitó a plantear meras reformas legales. Se nos hace saber que ahora sí van por todo. Pues vamos a ver, como dice el dicho, de qué cuero salen más correas.

México: hambre y sed de decencia


El despertar José Agustín Ortiz Pinchetti
E
l título de esta nota es una frase de Gabriel Zaid. Creo en la reserva formidable de rectitud de la gente común. Lo aprendí trabajando con ellos durante las elecciones, pero también percibí y percibo una dura corteza de escepticismo. El asunto es algo pragmático. Si México quiere modernizarse tendrá que rectificar su cultura ética. El peligro es nada menos que la desintegración. Si continúa la descomposición de las instituciones y de las elites no tendremos salida. Por favor repasen los hechos graves denunciados en este diario en las últimas dos semanas. Verán ustedes el desfile atroz de irregularidades, sobornos, desvíos de gobernadores y alcaldes. Violación constante de los derechos humanos, adulteración de la información pública, resistencia a la transparencia del gobierno y de los sindicatos, actos monumentales de populismo y montajes, donde se corrompe a la justicia en golpes de propaganda.
Es fácil demostrar que la corrupción no sólo provoca mala administración, sino desigualdad que destruye el mercado libre y las políticas ecológicas, que enferma a la sociedad. Los síntomas del desarrollo son la justicia social y la disminución de la corrupción. México está entre los 10 países más corruptos de la tierra, de los más desiguales y los de menor crecimiento en la última década. Todo ello está asociado.
El nuevo gobierno dice que quiere atajarla, pero así como no se puede intentar reformar la sociedad con un gobierno reaccionario, tampoco puede pensarse en nueva moral si en el equipo predominan antecedentes de latrocinio y abuso.
Un nuevo partido político de oposición tiene que tomar como tarea fundamental un cambio en la conciencia popular. Una transformación del espíritu de las gentes que sirva como motor de los cambios sociales y económicos que la agrupación propone en su programa a la sociedad. Esto puede resultar extravagante en un país donde los políticos se dan el lujo de robar, mentir y traicionar sin ni siquiera perder prestigio.
Morena tendrá que trabajar la transformación ética y espiritual en dos vertientes: inculcando en sus militantes una actitud que los convierta en eficaces organizadores y a la vez en referentes ejemplares de una nueva forma de hacer política. Además, tendrá que difundir estos valores en la sociedad utilizando todos los medios a su alcance, sobre todo la formidable red de intercomunicación que se extiende cada día. El pueblo no sólo deberá adquirir conciencia de su propio poder, sino avivar esa hambre y sed de decencia que puede impulsar la transformación de la patria.