E
n marzo pasado, el gobierno español que preside el socialista Pedro Sánchez puso fecha para exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos: el próximo 10 de junio. Lo hizo cuando se creía que Vox, partido de ultraderecha que se inspira en el ‘‘Caudillo por la gracia de Dios’’, tendría junto con sus aliados ideológicos el triunfo en las elecciones del domingo anterior.
Desde 2011 oficialmente se ha buscado, sin éxito, retirar los restos del dictador del mausoleo que se mandó construir y en el que reposan también los de miles de víctimas de la Guerra Civil y de la etapa negra que España vivió con Franco.
Éste decidió en 1940 erigir, con ‘‘la grandeza de los monumentos antiguos, el templo grandioso en que por los siglos, se ruegue por los que cayeron en el camino de Dios y de la Patria”.
Con mano de obra de prisioneros políticos se terminó en 1957 y quedó bajo el resguardo de la orden benedictina.
Con la reciente derrota electoral de la ultraderecha se espera que, 42 años después de recuperar la democracia y reafirmar su laicidad, España no honre más a ese siniestro personaje en el descomunal panteón cuya cruz se ve desde varios kilómetros de distancia.
Una vez exhumado el cuerpo del dictador, no falta quien proponga ser generosos y, por tanto, regalarle el Valle de los Caídos a la Iglesia, pues quiso como pocos al criminal. Pero muchos más piden que ese horrendo monumento, ya alejado de los visos religiosos, refleje la memoria de todas las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Y que los restos de quienes allí están enterrados contra la voluntad de sus familias, sean sacados para que reposen en sitio digno.
A la exhumación de los restos del dictador y de los demás que allí se encuentran, ya no se opone la Iglesia católica: únicamente Vox y el cura benedictino responsable del templo, cuyo mantenimiento, para colmo, está a cargo del gobierno.
En una democracia no cabe honrar a un dictador.
