MÉXICO, D.F. (apro).- Entre acusaciones a la izquierda y defensa hacia el Verde Ecologista, el PAN sumó sus votos a los de PRI, PVEM y Panal para avalar, con 333 sufragios, la autonomía de gestión de los órganos regulares del sector energético, así como la creación de una nueva instancia ambiental.
El bloque PRD, PT y MC alcanzó los 129 en contra, y como ha sido una constante desde el lunes pasado, retó al bando pro gobiernista a verse las caras en la consulta popular en contra de la reforma, en el 2015.
Sin embargo, la oposición también escuchó cómo el PAN, a través de Fernando Rodríguez Doval, advirtió que la consulta no es válida para dar marcha atrás a reformas constitucionales.
En tanto, el PRI se dedicó desde temprana hora a hacer lo que no han podido en el pleno: defender con argumentos y no con lisonjas la reforma confeccionada por el presidente Enrique Peña Nieto. La orden llegó desde la Secretaría de Hacienda, cuyos funcionarios “acordaron” con diversos medios de información la realización de entrevistas a las cuales acudirían los diputados priistas.
Quizá también por ello durante las mociones suspensivas y posicionamientos en favor y en contra del dictamen que prevé la renovación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, así como la creación del nuevo organismo “protector” del medio ambiente, el salón de plenos lució prácticamente vacío.
Además, muchos otros diputados prefirieron la reunión con el subsecretario de Egresos, Miguel Messmacher, realizada en el edificio de Cristales de San Lázaro, para luego trasladarse a las oficinas de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que debatir en tribuna un dictamen que de antemano se sabe ganado por el boque pro gobierno.
El tema con Messmacher Linartas parece que fue más importante para algunas bancadas, entre ellas la del PRD. Esta última buscó los efectos menos nocivos para sus gobiernos estatales en el reparto de participaciones por concepto de venta de petróleo, así como que la adhesión del pasivo laboral a la deuda pública sea menos gravosa para los mexicanos.
Estos fueron los temas con el subsecretario de Egresos de la SHCP en diversos espacios de San Lázaro, mientras que en el salón de sesiones los coordinadores de los principales partidos, PRI, PAN y PRD, llevaban a cabo pequeños cónclaves y aguardaban la votación en lo general.
La naturaleza del dictamen que otorga autonomía jurídica y de gestión a las ya existentes comisiones Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Reguladora de Energía hizo más terso el intercambio de ideas entre legisladores, pero no por ello dejaron de lado las defensas y recriminaciones.
El PAN, por ejemplo, en voz de Rubén Camarillo rebatió la posición de Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano (MC), quien sostuvo que la CNH será el “verdugo” que entregará toda la información de Pemex a las transnacionales “sin que les cueste un centavo”.
El panista reviró que “no hay tal verdad en que la CNH será el testaferro. ¡Qué equivocados están, no han leído la propuesta! Estos órganos se deben a los intereses de los consumidores”.
Más adelante, Camarillo Ortega acotó: “Hemos visto cómo en estos últimos días los radicales han hecho un concurso de bajezas para ver quién muestra sus miserias intelectuales”. Y adelantó que “no más chantajes”, pero no aclaró a cuáles se refería.
Mejía Berdeja, de MC, sostuvo que como se plantea en la propuesta, todos los miembros de la CNH serán nombrados por el Ejecutivo, por lo que sus intereses estarán supeditados a las transnacionales.
Y luego aclaró, “a los pocos legisladores del PAN que están aquí”, que el tercer organismo –la Agencia para la Seguridad Industrial y la Protección del Medio Ambiente–, “que tiene un nombre tan rimbombante como inútiles son sus funciones”, es un parapeto que justificará el fracking y un pago de favores para el PVEM por votar a favor de la reforma.
“Esta agencia que seguramente será el pago al Partido Verde, así como le dieron la Secretaría de Medio Ambiente con Juan José Guerra Abud, que fue coordinador parlamentario en la anterior legislatura, seguramente ahora la agencia será el nuevo pago de favores por su voto a favor de esta reforma”.
Y entonces la defensa para los del PVEM llegó… pero no por el lado de ellos, sino por el propio PAN, en voz de Rubén Camarillo, quien desde tribuna aseguró que “en el caso de la Agencia no es ningún pago de favores a ningún partido político, y no sólo es una propuesta del PVEM, sino también del PAN”.
Desde su curul, el coordinador del PVEM, Arturo Escobar, quien a lo largo de la discusión ha sido equiparado con Camarillo Ortega en el arte de la provocación, estalló en aplausos. Ya no hubo necesidad de salir a defenderse contra las acusaciones de la izquierda.
En defensa del dictamen también habló el priista Antonio Astiazarán, quien dijo que en su partido “nos negamos a aceptar de manera resignada nuestra realidad”. Más aún, resaltó que “renegamos de quienes se refugian en la fatalidad para no atreverse a revolucionar su entorno”.
Y con sorna, aseguró que en el PRI buscan el cambio “dialogando y entendiendo a quienes no piensan como nosotros, sin renunciar a los dictados de la voluntad popular, los cuales se reflejan en la integración de los Poderes de la Unión”.
Su compañero de partido, Manuel Añorve, fue más allá echando mano de un discurso hueco, falto de ideas pero pródigo de retórica al estilo del viejo priismo:
“Estamos a favor porque es una reforma que recoge el proceso económico, jurídico y social del país. Una reforma que reconoce la realidad actual y la imperante necesidad de superarla. Una reforma que pretende llevar a México y a los mexicanos a nuevos y mejores estadios de desarrollo”.
Además, “asumimos el alto significado que entraña la república y sus más altos valores, los cuales nos unen e identifican. De ahí que el modelo energético que hemos estado discutiendo reúna las mejores prácticas internacionales y las necesidades nacionales. En otras palabras, impulsamos un modelo energético mexicano, un modelo nacional que reconoce el país que somos y el país que queremos llegar a ser, un modelo que aspira a superar los contrastes”.
La propuesta energética de Peña Nieto “entiende que la justicia social no puede aplazarse más; de ahí que las reformas en materia energética estén diseñadas con un profundo espíritu nacionalista que antepone el interés general y salvaguarda la soberanía, al tiempo que fortalece la rectoría del Estado”.
Ante los pocos tribunos del PRI, luego de escuchar la retórica de Añorve, sus compañeros de partido, seguidos siempre por los del PVEM, estallaron en aplausos.
Por el PRD, Fernando Belaunzarán, se pronunció en contra de la reforma e insistió en verse la cara con sus detractores en la consulta sobre la reforma energética.
Un tranquilo panista, Fernando Rodríguez Doval, subió a tribuna para machacarle lo que los perredistas y la izquierda en general no han querido aclarar a la ciudadanía: que la ley de la consulta popular, avalada por los perredistas y negociada por las simpatizantes de Nueva Izquierda (NI), Amalia García y Angélica de la Peña, no es válida para reformas constitucionales.
El panista inició al sostener que, en 2008, cuando el PAN era gobierno, pretendió esta reforma energética “y el PRI se opuso porque hacía el cálculo electorero, y qué bueno que hoy sale a flote la enorme incongruencia”. Luego, se refirió al perredista Belaunzarán, a quien aclaró:
“La ley de consulta popular establece que ésta podrá llevarse a cabo para cualquier acto legislativo, del Legislativo federal o para cualquier acto administrativo del Ejecutivo”, puntualizó, y la energética es una reforma a la Constitución realizada por “el Constituyente”, es decir, fue avalada por los estados de la República y no sólo por la Cámara federal.
“Por lo tanto, desde mi interpretación personal, se lo quiero dejar claro: una reforma constitucional al pasar, al transitar por los Congresos locales e involucrarlos a éstos en el proceso, ya no sería objeto de una consulta popular”, concluyó el panista, al tiempo que el PRD ya no prosiguió con el debate.
Finalmente, los tres órganos reguladores fueron aprobados. Este viernes 1 de agosto continuará la discusión del resto de los dictámenes.
Las dos grandes reformas recientes del gobierno de Peña Nieto –telecomunicaciones y energéticas- cuentan con el apoyo de menos del 50 por ciento de los encuestados por el periódico Reforma, al tiempo que la aprobación del primer mandatario disminuyó: 50 por ciento lo respalda entre ciudadanos y 60 por ciento lo desaprueba, entre líderes de opinión.
