sábado, 13 de marzo de 2010
Otro engaño de Calderón
Epigmenio Ibarra
12 marzo 2010
eibarra@milenio.com
Obligado, otra vez por las lamentables circunstancias que vivimos, pospongo de nuevo la segunda entrega de “A mí Twitter no me da miedo”. A la exposición, en el programa de radio de Carmen Aristegui de los execrables crímenes de Marcial Maciel, que me hizo imposible cumplir el compromiso con los lectores se suma ahora la indignación que en mí provoca el ofensivo y renovado espectáculo de la simulación y la mentira protagonizado por la clase política y al tratamiento trivial que, a mi juicio, le ha sido dado por los medios en general.
No me refiero, sin embargo, al sainete protagonizado por los diputados en el Congreso —mero y miserable folclor— ni siquiera a los entretelones de una conspiración que fue rápidamente descubierta por uno de los propios cómplices y que ha ocupado mucho espacio en los medios, sino a algo mucho más grave y que, en mi opinión, no ha sido suficientemente señalado, el hecho de que Felipe Calderón, el señor del “haiga sido” vuelve por sus fueros, escurre el bulto y miente de nuevo a la nación y de que, además, los responsables directos de este engaño sigan impunes y en sus cargos.
Que Gómez Mont o César Nava estén dispuestos a ser exhibidos ante el país por el PRI (“el burro hablando de orejas” dice el refrán), uno como mentiroso y el otro como simple comparsa, que ambos den al traste con la poca credibilidad y prestigio que aún les quedaba es, a estas alturas, un asunto irrelevante. Un chisme pues. No es de su prestigio y menos de su solvencia moral de la que debemos preocuparnos, sino de nuestra capacidad de tolerancia ante el engaño y de nuestra incapacidad de exigir que se nos rindan cuentas claras.
La disciplina partidista, la sumisión absoluta ante los mandatos de su jefe pone al dirigente partidista y al secretario de Estado en la tesitura de la autoflagelación y la humillación públicas. Muy bajo precio el que han de pagar para seguir en la nómina que, con nuestros impuestos, cobran cada mes.
Mintió Gómez Mont al encubrir su renuncia al PAN como un asunto de dignidad; mintió César Nava a su “aliados” amnésicos y hoy doblemente burlados del PRD. De poco o nada vale ya su palabra y menos su capacidad de liderazgo, en el caso de Nava y de diálogo y concertación —función esencial de un secretario de Gobernación— en el caso de Gómez Mont.
Que la única salida digna para ambos personajes sería la presentación inmediata de su renuncia es algo que, a pesar de la evidencia, se dice poco y se exige menos todavía en los medios. Tal parece que la simulación y el engaño de tan cotidianos se han vuelto aceptables para las buenas conciencias y los líderes de opinión que súbitamente, ante el poder, relativizan, por decir lo menos, sus niveles de tolerancia.
Y si eso pasa frente a los subordinados, si los pactos que a espaldas del Congreso y el país entero hicieron para a cambio de proteger al candidato de la restauración impulsar la reforma fiscal, no es razón suficiente para que se alcen voces airadas en todos lo medios menos hemos de esperar, como de hecho no ha sucedido, que alguien exija cuentas a Felipe Calderón Hinojosa.
Nadie, sin mentirse, puede creer, en su sano juicio, que un enjuague de esta naturaleza puede ser efectuado por dos funcionarios a espaldas del Presidente de la República. Menos todavía estando Calderón, un hombre de perfil autoritario tan claramente definido sentado en la silla y tratándose de un asunto que tiene que ver con “sus reformas” y con la sucesión presidencial.
Así, como nos quieren hacer creer que sucedió, sin que Calderón supiera hasta el más nimio pormenor del asunto, tanto del pacto como de la idea de traicionarlo de inmediato, no suceden las cosas jamás en este país. Nos quieren hacer de nuevo —esa es su especialidad— y a punta de propaganda, comulgar con ruedas de molino. Están a punto de lograrlo.
Si bien es sumamente grave que un secretario de Gobernación se vea envuelto en un escándalo de esta magnitud —lo que en cualquier otro país medianamente democrático hubiera significado su defenestración—, es más grave todavía que quien ocupa la Presidencia de la República sea engañado así por dos de sus más cercanos colaboradores o, peor aún, que, habiendo ordenado la operación, mienta tan cínicamente a la nación.
Me indigna y espanta que Calderón atraviese otro pantano sin manchar su plumaje. La tarea de demolición de las instituciones del Estado que, finalmente con la alternancia podían haberse alzado con cierta dignidad y que Vicente Fox llevó a cabo con tanta consistencia, hoy es continuada y profundizada por el hombre al que, ilegalmente, permitió sentarse en la silla.
Por esto no podía permitirme escribir de otro tema. No he de ceder a la tentación de aceptar que un asunto así se trivialice y se olvide. Exijo la renuncia inmediata de Gómez Mont y emplazo a Felipe Calderón Hinojosa a que dé la cara. Si no sabía, que lo explique; si lo ordenó, que enfrente las consecuencias.
Jesús Ortega y César Nava se reúnen con el senador priísta López Valdez
Malova se promueve para ser candidato a gobernador de Sinaloa
Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 13 de marzo de 2010, p. 3
Los presidentes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), Jesús Ortega Martínez y César Nava Vázquez, respectivamente, se reunieron ayer por segunda ocasión en esta semana para “afinar los detalles” de las alianzas electorales en las entidades que renovarán gobernador este año, entre ellas Oaxaca y Puebla.
Al encuentro privado también asistió el senador priísta Mario López Valdez, Malova, quien luego de que el pasado 24 de febrero renunciara a la posibilidad de contender por la candidatura del tricolor al gobierno de Sinaloa, ha señalado su interés por ser abanderado de la alianza opositora conformada por el PAN y los partidos de izquierda (PRD, Partido del Trabajo y Convergencia).
Ortega informó que en la reunión también estuvo presente Manuel Camacho Solís, coordinador de Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia).
Respecto al caso de Sinaloa, el perredista señaló que en su partido se tomó la decisión en favor de la alianza electoral, pero en el PAN todavía existen detalles pendientes de afinar.
El lunes pasado el consejo estatal del sol azteca decidió proponer a un candidato externo a la gubernatura, con lo que se perfiló el apoyo a López Valdez.
Ayer por la tarde Ortega explicó que Malova conversó primero con él y Camacho Solís, y luego se quedó un rato más con Nava. El legislador avanza así en su intención declarada en semanas recientes de presentarse como una oferta política en los próximos comicios.
Sin embargo, como hasta ahora la posibilidad de alianza PAN-Dia no ha avanzado, Malova los exhortó a que la formalicen con el fin, dijo, de construir un gobierno en beneficio de aquella entidad. El legislador también ha aseverado que no es necesario que renuncie al PRI, pues en cuanto sea postulado por otra fuerza política, será dado de baja del tricolor en forma automática.
El dirigente nacional del PRD anunció que la próxima semana volverá a reunirse con Nava, como parte del trabajo común que llevan a cabo con miras a los procesos electorales en varios estados de la República.
Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 13 de marzo de 2010, p. 3
Los presidentes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), Jesús Ortega Martínez y César Nava Vázquez, respectivamente, se reunieron ayer por segunda ocasión en esta semana para “afinar los detalles” de las alianzas electorales en las entidades que renovarán gobernador este año, entre ellas Oaxaca y Puebla.
Al encuentro privado también asistió el senador priísta Mario López Valdez, Malova, quien luego de que el pasado 24 de febrero renunciara a la posibilidad de contender por la candidatura del tricolor al gobierno de Sinaloa, ha señalado su interés por ser abanderado de la alianza opositora conformada por el PAN y los partidos de izquierda (PRD, Partido del Trabajo y Convergencia).
Ortega informó que en la reunión también estuvo presente Manuel Camacho Solís, coordinador de Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia).
Respecto al caso de Sinaloa, el perredista señaló que en su partido se tomó la decisión en favor de la alianza electoral, pero en el PAN todavía existen detalles pendientes de afinar.
El lunes pasado el consejo estatal del sol azteca decidió proponer a un candidato externo a la gubernatura, con lo que se perfiló el apoyo a López Valdez.
Ayer por la tarde Ortega explicó que Malova conversó primero con él y Camacho Solís, y luego se quedó un rato más con Nava. El legislador avanza así en su intención declarada en semanas recientes de presentarse como una oferta política en los próximos comicios.
Sin embargo, como hasta ahora la posibilidad de alianza PAN-Dia no ha avanzado, Malova los exhortó a que la formalicen con el fin, dijo, de construir un gobierno en beneficio de aquella entidad. El legislador también ha aseverado que no es necesario que renuncie al PRI, pues en cuanto sea postulado por otra fuerza política, será dado de baja del tricolor en forma automática.
El dirigente nacional del PRD anunció que la próxima semana volverá a reunirse con Nava, como parte del trabajo común que llevan a cabo con miras a los procesos electorales en varios estados de la República.
Violación de los derechos laborales en el DF
Arturo Alcalde Justiniani
Con este título fue convocado por la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un foro de evaluación de la política laboral en nuestra ciudad. Se trata, sin duda, de un análisis necesario por la importancia del tema en el conjunto de las políticas públicas. Suele soslayarse la relevancia que tienen los derechos laborales en estos tiempos de creciente precarización.
Asistieron al foro legisladores, dirigentes sindicales, funcionarios, especialistas y trabajadores de base de diversos gremios; fue un diálogo fuerte, pero necesario. Destacó la presencia del recién nombrado presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, el abogado Ramón Montaño Cuadra. La reflexión colectiva se sustentó en varias premisas, entre otras que un gobierno como el de la ciudad de México, que pretende implementar una política progresista, debe promover prácticas laborales sustentadas en un auténtico desarrollo productivo con justicia social y respeto a la legalidad, contrastante con las seguidas por los gobiernos federal y de otras entidades; la diferencia debe notarse en hechos concretos y no sólo en pronunciamientos. Se reconoció que la concentración de centros productivos y de servicios en el Distrito Federal, así como el crecimiento del trabajo informal, obligan a una política laboral vigorosa y activa; ello depende de varios factores, entre otros, de la política presupuestal dictada por la propia Asamblea Legislativa.
En este acto fueron planteadas tres dimensiones de la política laboral: la primera, relacionada con el Gobierno del Distrito Federal como patrón y de la propia Asamblea Legislativa en el espacio de sus atribuciones; la segunda, en el ámbito de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje como órgano de justicia, y la tercera, vinculada con la política laboral en general, incluyendo la llamada “justicia administrativa laboral” dependiente de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal. La intención fue subrayar las limitaciones existentes, con una finalidad propositiva.
En relación con el primer punto, se cuestionó la política salarial del Gobierno del Distrito Federal y se enfatizó la necesidad de ser congruentes con un discurso que plantea la recuperación del poder adquisitivo y la exigencia de que los incrementos superen la inflación oficial, tal como se ha aplicado en el pasado, cuando se fijaban los salarios sobre la base de inflación más dos puntos. Se sugirió la necesidad de recuperar el servicio civil de carrera no sólo limitado a los llamados empleados de confianza, sino también a los trabajadores de base, para rescatarlos de su letargo que combina bajo salario con precario desempeño y rigidez en algunas condiciones de trabajo. Se hizo énfasis en la urgencia de revisar la política de contratación bajo la modalidad de honorarios, que priva a los empleados de los derechos más elementales, incluyendo la seguridad social. El gobierno debe dar un ejemplo de respeto a la ley laboral y a los principios de estabilidad y protección al trabajo que la misma señala. En este capítulo, se hizo notar que la Asamblea Legislativa ha descuidado en su prioridad presupuestal los recursos para superar la condición de estos auténticos trabajadores indocumentados.
Por lo que se refiere al desempeño de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se confirmaron sus limitaciones. El número de juicios que atiende ha crecido en grandes proporciones, no así la capacidad para resolverlos, provocando que la justicia sea cada vez más lenta e ineficiente. En materia colectiva, se reproducen muchos de los vicios que se critican en el ámbito federal, relacionados con registros sindicales, tomas de nota y titularidades en un escenario caracterizado por los contratos de protección patronal. Fueron denunciadas de manera dramática las dificultades para desahogar los juicios de titularidad contractual y se subrayó la presencia de grupos violentos en las propias instalaciones del tribunal, actuando a la vista de todos. Se hizo énfasis en la necesidad de tomar medidas de seguridad e implementar estrategias de inteligencia para inhibir estas crecientes conductas delictivas que ponen en riesgo no sólo a los trabajadores, sino también a litigantes, pequeños y medianos empresarios y al personal de la junta. Nuevamente salieron a relucir, como eje transversal del foro, las limitaciones presupuestales.
Respecto al tercer punto, se confirmó que la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal cumple parcialmente sus funciones, ya que se dedica sobre todo al tema cooperativo y al seguimiento de programas de apoyo al empleo. Esta limitación inhibe su gigantesco potencial para convertirse en un promotor de planes y proyectos sustanciales, tales como la concertación entre empresarios y trabajadores en ramas de industria urgidas de protección, entre ellas la construcción, el mantenimiento y limpieza, el comercio y los servicios, en general, en donde se carece de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en perjuicio de los empleados. Funciones que deberían ser centrales como la inspección laboral son casi inexistentes y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo se limita al litigio menor de asuntos individuales con un claro enfoque indemnizatorio, ausente de una defensa integral ante prácticas viciosas en la ciudad, como son las renuncias en blanco, la subcontratación fraudulenta y el incumplimiento de normas laborales fundamentales.
Una propuesta que destacó en el foro fue la necesidad de dar continuidad a una evaluación periódica del tema y a la creación de un observatorio permanente, integrado por diputados, especialistas, trabajadores y empresarios que den seguimiento a estas áreas de la política laboral, apoyado en convenios interinstitucionales y en la más amplia participación ciudadana. Urge que las propuestas del foro se vuelvan una realidad.
Con este título fue convocado por la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un foro de evaluación de la política laboral en nuestra ciudad. Se trata, sin duda, de un análisis necesario por la importancia del tema en el conjunto de las políticas públicas. Suele soslayarse la relevancia que tienen los derechos laborales en estos tiempos de creciente precarización.
Asistieron al foro legisladores, dirigentes sindicales, funcionarios, especialistas y trabajadores de base de diversos gremios; fue un diálogo fuerte, pero necesario. Destacó la presencia del recién nombrado presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, el abogado Ramón Montaño Cuadra. La reflexión colectiva se sustentó en varias premisas, entre otras que un gobierno como el de la ciudad de México, que pretende implementar una política progresista, debe promover prácticas laborales sustentadas en un auténtico desarrollo productivo con justicia social y respeto a la legalidad, contrastante con las seguidas por los gobiernos federal y de otras entidades; la diferencia debe notarse en hechos concretos y no sólo en pronunciamientos. Se reconoció que la concentración de centros productivos y de servicios en el Distrito Federal, así como el crecimiento del trabajo informal, obligan a una política laboral vigorosa y activa; ello depende de varios factores, entre otros, de la política presupuestal dictada por la propia Asamblea Legislativa.
En este acto fueron planteadas tres dimensiones de la política laboral: la primera, relacionada con el Gobierno del Distrito Federal como patrón y de la propia Asamblea Legislativa en el espacio de sus atribuciones; la segunda, en el ámbito de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje como órgano de justicia, y la tercera, vinculada con la política laboral en general, incluyendo la llamada “justicia administrativa laboral” dependiente de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal. La intención fue subrayar las limitaciones existentes, con una finalidad propositiva.
En relación con el primer punto, se cuestionó la política salarial del Gobierno del Distrito Federal y se enfatizó la necesidad de ser congruentes con un discurso que plantea la recuperación del poder adquisitivo y la exigencia de que los incrementos superen la inflación oficial, tal como se ha aplicado en el pasado, cuando se fijaban los salarios sobre la base de inflación más dos puntos. Se sugirió la necesidad de recuperar el servicio civil de carrera no sólo limitado a los llamados empleados de confianza, sino también a los trabajadores de base, para rescatarlos de su letargo que combina bajo salario con precario desempeño y rigidez en algunas condiciones de trabajo. Se hizo énfasis en la urgencia de revisar la política de contratación bajo la modalidad de honorarios, que priva a los empleados de los derechos más elementales, incluyendo la seguridad social. El gobierno debe dar un ejemplo de respeto a la ley laboral y a los principios de estabilidad y protección al trabajo que la misma señala. En este capítulo, se hizo notar que la Asamblea Legislativa ha descuidado en su prioridad presupuestal los recursos para superar la condición de estos auténticos trabajadores indocumentados.
Por lo que se refiere al desempeño de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se confirmaron sus limitaciones. El número de juicios que atiende ha crecido en grandes proporciones, no así la capacidad para resolverlos, provocando que la justicia sea cada vez más lenta e ineficiente. En materia colectiva, se reproducen muchos de los vicios que se critican en el ámbito federal, relacionados con registros sindicales, tomas de nota y titularidades en un escenario caracterizado por los contratos de protección patronal. Fueron denunciadas de manera dramática las dificultades para desahogar los juicios de titularidad contractual y se subrayó la presencia de grupos violentos en las propias instalaciones del tribunal, actuando a la vista de todos. Se hizo énfasis en la necesidad de tomar medidas de seguridad e implementar estrategias de inteligencia para inhibir estas crecientes conductas delictivas que ponen en riesgo no sólo a los trabajadores, sino también a litigantes, pequeños y medianos empresarios y al personal de la junta. Nuevamente salieron a relucir, como eje transversal del foro, las limitaciones presupuestales.
Respecto al tercer punto, se confirmó que la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal cumple parcialmente sus funciones, ya que se dedica sobre todo al tema cooperativo y al seguimiento de programas de apoyo al empleo. Esta limitación inhibe su gigantesco potencial para convertirse en un promotor de planes y proyectos sustanciales, tales como la concertación entre empresarios y trabajadores en ramas de industria urgidas de protección, entre ellas la construcción, el mantenimiento y limpieza, el comercio y los servicios, en general, en donde se carece de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en perjuicio de los empleados. Funciones que deberían ser centrales como la inspección laboral son casi inexistentes y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo se limita al litigio menor de asuntos individuales con un claro enfoque indemnizatorio, ausente de una defensa integral ante prácticas viciosas en la ciudad, como son las renuncias en blanco, la subcontratación fraudulenta y el incumplimiento de normas laborales fundamentales.
Una propuesta que destacó en el foro fue la necesidad de dar continuidad a una evaluación periódica del tema y a la creación de un observatorio permanente, integrado por diputados, especialistas, trabajadores y empresarios que den seguimiento a estas áreas de la política laboral, apoyado en convenios interinstitucionales y en la más amplia participación ciudadana. Urge que las propuestas del foro se vuelvan una realidad.
Desfiladero
El pueblo se organiza mientras los políticos vomitan
Jaime Avilés
Santos Loredo, presidente del municipio Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, donde opera ilegalmente la canadiense Minera San Xavier, y Mario Martínez Ramos, miembro del Frente Amplio Opositor, organización ciudadana que lleva una década luchando por la clausura definitiva de esa empresa, dieron a conocer que, antenoche, un representante de la 12 Zona Militar les avisó que, a lo largo del día de hoy, tropas del Ejército resguardarán las instalaciones de la mina durante el festival político y artístico que el FAO celebrará allí, como todos los años, para conmemorar su tenaz resistencia, y que en esta ocasión rendirá homenaje póstumo al poeta Carlos Montemayor.
Ximena Peredo, vocera del movimiento que acaba de nacer en Monterrey, en rechazo a la pretensión de la distribuidora de bebidas FEMSA, de construir un estadio de futbol en la reserva ecológica de La Pastora, convoca a los lectores de esta columna en aquella ciudad a reunirse hoy, en punto de las 11 de la mañana, frente a la estación del Metro General Anaya, sobre la avenida Alfonso Reyes (de la capital de Nuevo León), para marchar hacia las oficinas del consorcio, a fin de exigirle que edifique en otro lado su campo deportivo.
José Antonio Almazán, ex diputado federal, integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas, reitera su llamado a todos los inconformes del país para que el próximo martes, 16 de marzo, se sumen a la “huelga política” que la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular llevará a cabo “para detener a quienes usurpan el gobierno de la República y violentan los derechos del pueblo”.
La ANRP, que aglutina a mineros, maestros, electricistas, telefonistas, así como al Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética y a muchas organizaciones más, invita a obreros, campesinos, estudiantes y desempleados “a paralizar la producción y la distribución de mercancías, ocupar las tierras que han sido arrebatadas, bloquear los caminos y protestar en las plazas públicas”. El objetivo de las movilizaciones que se llevarán a cabo al menos en 25 estados y en el Distrito Federal, es obvio.
Así lo explica Almazán: “Mientras el mal gobierno y la oligarquía sigan dirigiendo el país, no tenemos ninguna oportunidad de salir de la crisis social, pues ésta se profundizará junto con el terrorismo de Estado, que en nombre del supuesto combate a la delincuencia organizada, militariza la nación y avanza hacia la implantación de una dictadura cívico-militar al servicio de Estados Unidos”. Y concluye: todos sabemos que todo empeorará “si no ponemos un hasta aquí a quienes desgobiernan”.
Al margen de todos los partidos y de todos los políticos, que se arrojan cataratas de vómito y puñados de excremento, mientras se alían para repartirse el botín de las próximas elecciones, la gente del pueblo se siente y se sabe más sola que nunca, pero comprende que o se organiza y defiende con las armas de la razón, la imaginación y la solidaridad, o renuncia a la esperanza, la dignidad y la vida misma. He allí el terrible caso de Reynosa, Tamaulipas.
A cualquier hora del día o de la noche, aparecen caravanas de camionetas negras, con hombres armados hasta los dientes, que llevan en las puertas de sus vehículos las siglas de los cárteles a los que pertenecen. Para que nadie se confunda. Y las balaceras se producen en cualquier momento. Los pobres habitantes de la localidad viven aterrorizados. Sin embargo, desde su pedestal electrónico, un petulante levantacejas decide que eso no es cierto, que son exageraciones de los resentidos. Y manda a dos reporteros a comprobar lo que él dice. En cuanto llegan a Reynosa, los enviados son recibidos por “la maña” (así les dicen a los narcos en el noreste del país) y sufren una tremenda golpiza. Tienen suerte: los devuelven vivos, pues al tiempo que a ellos los liberan, seis periodistas más desaparecen (y no se sabe de ellos hasta hoy).
Ante la desbordante pesadilla en que se ha transformado su existencia, los jóvenes de allá comienzan a reunirse en escuelas y centros cívicos para infundirse ánimos y seguir adelante con la vida cotidiana, como una manera de aprender a resistir. En Ciudad Juárez está ocurriendo otro tanto. Ante la sordera calderónica, que se niega a sacar al Ejército de esa martirizada población, el clamor popular contra las tropas incuba nuevas formas de lucha pacífica.
Durango, Coahuila, Sonora, Baja California, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos, el estado de México, Veracruz, Tabasco, también padecen la doble violencia del narco y del “gobierno”. Por lo visto, la descomposición política y social es la única estrategia que le funciona a la oligarquía para llevarnos, en efecto, a una dictadura mil veces peor que ésta. La fórmula es muy simple: por una parte, le quitan dinero a la educación y se lo dan a la “seguridad”, así producen más delincuentes y a la vez los reprimen. Por otra, no tocan ni de chiste los fondos bancarios de los cárteles, pero llenan las ciudades de soldados y marinos, que en todos estos años no han logrado reducir el consumo de estupefacientes.
A juzgar por lo que sucedió esta semana –aparecieron cadáveres y mantas con mensajes cruzados entre directores rivales de organizaciones distribuidoras de sustancias ilícitas–, la supuesta guerra “contra” el narco (que en realidad lo ayuda a ganar siempre más y más dinero y justifica la militarización y la supresión de garantías individuales), está llegando al Distrito Federal. Los medios oficialistas ya nos explican cuáles son las bandas que ahora “se disputan” la capital. ¿Cuál será el siguiente episodio? ¿Un combate con granadas y bazucas en Perisur, para que después coloquen tanquetas en Insurgentes? Edgardo Buscaglia asegura que para allá vamos.
Por increíble que parezca, Marcelo Ebrard está haciendo la parte que le corresponde en este proceso de degradación. ¿Cómo es posible que sus diputados en la Asamblea Legislativa le hayan quitado la tercera parte del presupuesto a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, exponiéndola al riesgo de verse obligada a cerrar, para privilegiar la construcción de un tranvía? ¿Y qué hizo con el magnífico proyecto de las orquestas juveniles en Iztapalapa, que propuso Clara Brugada y que debería ser un modelo a seguir en todas las delegaciones depauperadas, en donde el consumo de drogas, la deserción escolar y la delincuencia van a la alza?
Por supuesto que la obra pública genera empleos temporales, pero, ¿de qué se trata? ¿Acaso el único horizonte que Ebrard puede ofrecer a los jóvenes pobres es el de albañiles? ¿O la idea es echar abajo los éxitos de su antecesor, que fundó la UACM y terminó en Iztapalapa con el cacicazgo de los Chuchos? Quizá las dudas que suscitan estas preguntas ayuden a explicar por qué Manuel Camacho, mentor de Ebrard, recorre el país del brazo de Jesús Ortega, fraguando alianzas con César Nava, gerente del partido que se robó la Presidencia de la República y pactó con el PRI –en secreto ahora vergonzosamente descubierto– el maldito e innecesario aumento a los impuestos.
Por fortuna, mientras los políticos vomitan, el pueblo se organiza. En Cerro de San Pedro, en Monterrey, en Reynosa, en Juárez, en el Ombligo Verde de Cancún, en Tlalpan (donde sigue la batalla de los vecinos contra la gasolinera de un déspota), las pequeñas luchas ciudadanas se fortalecen y multiplican. Cuando logren vincularse con ejercicios de resistencia más amplios como la “huelga política nacional” del martes venidero, observaremos con mayor optimismo el plebiscito del 22 de mayo que nos preguntará si, para vivir mejor, debe renunciar Calderón, a quien los priístas en el Congreso llamaron a gritos “es-pu-rio, es-pu-rio, es-pu-rio”.
jamastu@gmail.com
Pactos vergonzantes
Jesusa Cervantes
MÉXICO, DF, 12 de marzo (apro).- La verdad es un arma tan poderosa que asusta a los políticos y les cancela el poder de la manipulación, la posibilidad de hacer acuerdos en lo oscuro y, sobre todo, actuar para su beneficio y no para quienes dicen servir: los ciudadanos.
Y como prueba de lo anterior, sólo basta echar un vistazo al intercambio de acusaciones, señalamientos, pero sobre todo de revelaciones y confesiones evidenciadas durante las sesiones de los pasados 9 y 10 de marzo en la Cámara de Diputados.
Las palabras asustaron a más de un político y en ellas se escudaron para optar después por el silencio, para demandar tregua y cancelar el debate.
De uno y otro lado, el PRI y el PAN --sumándose algunos perredistas-- aceptaron públicamente verdades (hasta esta semana) confesables sólo en privado; en otros casos se indignaron porque (algunos) de sus actos fueron puestos a la vista de todos los mexicanos.
Por ejemplo, los priistas aceptaron que para ellos Felipe Calderón Hinojosa no ganó las elecciones del 2006, pero que juntos llegaron a un acuerdo para darle legitimidad y facilitarle su entrada al Congreso de la Unión.
Un hecho expuesto desde la máxima tribuna de la nación, el mismo lugar desde donde se pretendió hacer realidad una ficción: que Felipe Calderón ganó probadamente las elecciones presidenciales.
Los mismos priistas remacharon así: “Lo que mal empieza, mal acaba”. A partir de ahí, la verdad confesa desde tribuna, de que para ellos, los priistas, las elecciones no fueron claras y por lo tanto nunca tuvieron la certeza de que Calderón hubiera ganado la Presidencia de la República, pero que gracias a un pacto en lo oscuro entre PRI y PAN pudo el michoacano entrar a San Lázaro cubierto por una simulación.
Otro dato más, revelado al calor del malestar por haber sido desnudados entre sí y ante la vista de toda la ciudadanía, fue el haber negociado el aumento de impuestos en contra de la población.
Todo para supuestamente “evitar una crisis o salvar al país”, cuando en realidad fue allanar el camino a un político que pretende ser el candidato presidencial del 2012: el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.
Esta verdad, revelada por quienes se sintieron traicionados (el PAN), mas no porque hayan sentido la urgente necesidad de redimirse ante la ciudadanía que afectaron y afectan y dar marcha atrás a los impuestos, generó indignación entre los diputados del PRI, los que iracundos respondieron provocando la incontinencia verbal de los panistas.
Y aquí, nuevamente una verdad (el indignante trueque) provocó que los panistas se hicieran eco de lo que algunos mexicanos ponen en tela de juicio sobre las reales razones de la súbita muerte de la esposa del gobernador del Estado de México, Mónica Pretelini, y acusaron, los panistas, desde la máxima tribuna de la nación, a Enrique Peña Nieto de haberla asesinado.
Cuando la diputada panista por el Estado de México, María Elena Pérez de Tejada, soltó el que se indagara a todos los que han cometido un delito, “incluso el gobernador, que no lo digo yo, lo dicen muchos medios, de que está acusado de haber matado a su mujer”, provocó que los priistas empezaron a retorcerse en sus curules.
Las palabras los hirieron en lo más hondo de su militancia priista, pues en ese momento se estaba acusando al PRI de pretender colocar en la silla presidencial a un presunto asesino, según la pública denuncia panista.
Las palabras fueron certeras y generaron temor en la bancada del PRI.
Mientras que en el PAN las revelaciones (de establecer acuerdos indignos como consumar no alianzas a cambio de impuestos o pactar con el PRI para que se legitimara a Felipe Calderón) sólo acrecentaron y reeditaron su temor por la forma en como pudiera reaccionar la ciudadanía.
Y si de un lado estuvieron PAN y PRI desnudándose mutuamente, del otro, uno de los invitados al debate, el PT, aprovechó e hizo también revelaciones. Dijo que César Nava, el diputado y aún presidente nacional del PAN, acudió a ellos como mensajero de Los Pinos para ofrecerles dinero, posiciones gubernamentales y respaldo en sus programas sociales, a cambio de que reconocieran a Felipe Calderón como el presidente de México.
Por primera ocasión, la verdad en materia política se exponía en la tribuna de la Cámara de Diputados, donde siempre debió estar. Por vez primera la ciudadanía se estaba enterando, en propia voz de los involucrados, de los pactos vergonzantes que de manera cotidiana establecen los políticos.
Priistas y panistas, incluyendo a Felipe Calderón Hinojosa, reaccionaron.
Por esa razón, de uno y otro lado hicieron llamados a la mesura, se dieron golpes de pecho por “el bajo nivel” del debate parlamentario y se comprometieron a regresar al diálogo, al ambiente cordial, en una frase: a la simulación.
Y es que la simulación les resulta a los políticos, que ostentan y comparten el poder con sus cómplices, más cómoda y manejable.
La mentira, la omisión, la ausencia de transparencia resultan para los políticos baluartes que no quieren perder; de lo contrario, hablar con la verdad, decir con todas su letras los acuerdos a los que llegan, les impediría seguir manejando a su antojo los destinos de más de cien millones de mexicanos.
La ignorancia es un haber en la política mexicana, necesaria para mantenerse en el poder. De ahí que Calderón, César Nava, Beatriz Paredes o Manlio Fabio Beltrones prefieran darle “vuelta a la página”, “dejar atrás el debate sobre los agravios y el reparto de culpas”.
Sin embargo, será difícil que lo puedan hacer, porque un rumor que se puede convertir en verdad, derivado de todo este ignominioso episodio, no deja dormir a algunos, como por ejemplo al diputado Luis Videgaray, legislador por el Estado de México, presidente de la Comisión de Presupuesto y uno de los delfines de Enrique Peña Nieto para sucederlo en la gubernatura.
Los panistas soltaron ya el rumor de que César Nava cuenta con grabaciones donde una de las voces que se escucha es la del diputado mexiquense. La versión que han soltado es que ahí puede estar la prueba plena de la negociación que tanto niegan los priistas.
Otra verdad aún no revelada y motivo por el que es preferible para algunos priistas cerrar el debate, es quién obligó a Beatriz Paredes a firmar ese convenio, quién está detrás de toda esta maquinación y cuál fue su objetivo.
Por lo pronto, lo que parecer ser cierto es que en todo este episodio hay alguien que, ante la amenaza de hacer público el convenio, obligó al principal afectado --Enrique Peña Nieto--, a decir la verdad y al PAN a ahogarse en su propio lodo.
Ese alguien se llama Manlio Fabio Beltrones, y la verdad que todavía queda pendiente por revelar es quién estuvo y está detrás del senador sonorense, el mismo que, al parecer, pretende ahora deshacerse del candidato televiso.
Comentarios: mjcervanets@proceso.com.mx
Implican al Papa en escándalo de cura pederasta en Múnich
El Vaticano dio su aprobación a las medidas que presentó la iglesia alemana para resolver los casos presentados, entre las que destaca la asistencia psicológica y pastoral para las víctimas.
Ciudad del Vaticano.- El caso de un sacerdote pederasta alemán que cometió abusos en Múnich a inicios de la década de los 80 salpicó hoy al papa Benedicto XVI, quien guió esa arquidiócesis entre 1977 y 1982.
El diario teutón Suddeutsche Zeitung reveló ayer que el entonces arzobispo Joseph Ratzinger aceptó en el año 1980 recibir en su demarcación eclesiástica a un presbítero acusado de molestias sexuales a menores.
Ese religioso, señalado con el pseudónimo de “abad H”, poco tiempo después fue reasignado a una parroquia donde cometió nuevos crímenes de pederastia hasta que en 1986 un tribunal de la Alta Baviera lo condenó a 18 meses de cárcel y a una multa económica.
Tanto el Vaticano como la arquidiócesis de Múnich reaccionaron a las revelaciones declarando que el Papa permaneció “extraño” al problema del cual se ocupó su entonces vicario general Gerhard Gruber, quien asumió toda la responsabilidad.
En una declaración publicada en el sitio de internet del arzobispado de Múnich y retomada por la sala de prensa de la Sede Apostólica, el mismo Gruber afirmó que “el repetido empeño de H en la pastoral parroquial fue un grave error. Asumo toda la responsabilidad”.
“Me apena profundamente que mediante esta decisión se haya podido llegar a actos ilícitos en contra de jóvenes y me excuso con todos aquellos a quienes fue causado un daño”, agregó el vicario.
Por otra parte, en un comunicado se reconoció que en 1980 el entonces arzobispo Ratzinger ofreció hospitalidad a “H” en una casa parroquial para que siguiera una terapia y que fue Gruber quien decidió cambiar su destino y asignarlo a una parroquia.
Las revelaciones han coincidido con una audiencia que sostuvieron este día en Roma el Papa y el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Fobert Zollitsch, durante la cual Benedicto XVI expresó “gran pena y profunda conmoción” por los casos de pederastia clerical en su país de origen.
Durante 45 minutos el líder de los obispos teutones ilustró al pontífice las severas medidas puestas en práctica para prevenir los abusos sexuales, mismas que fueron “recibidas con beneplácito, aprobadas y animadas” por Joseph Ratzinger.
Entre las acciones que la iglesia de ese país adoptó está la de colaborar siempre con la justicia ordinaria, “a excepción de los casos en que la víctima pida no involucrarla”, aclaró.
Una suerte de “catálogo” con las medidas internas a seguir está siendo elaborado e incluye, entre otras, la oferta de “asistencia humana, psicológica y pastoral adecuada”.
“El Papa estaba muy afligido y siguió con atención y profunda conmoción los hechos descritos”, indicó ayer el presidente de la conferencia episcopal alemana, monseñor Robert Zollitsch.
El pontífice recibió en el Vaticano al obispo alemán, con el que conversó por 45 minutos para examinar el delicado caso, que involucra inclusive al prestigioso coro dirigido por 30 años por el hermano del pontífice. “De ese caso no hablamos”, adelantó el religioso.
La Iglesia católica alemana es objeto desde enero de una serie de acusaciones de abusos sexuales y violencia contra niños en escuelas e internados en los años 70 y 80 y en 19 de las 27 diócesis han sido denunciados casos.
“Estamos consternados por lo que ocurrió, por los actos de violencia a menores y pedimos disculpas a las víctimas de crímenes de pederastia”, declaró Zollitsch.
El prelado aseguró que la Iglesia de su país tiene “lista una serie de medidas” para abordar el fenómeno que, recordó, afecta no sólo a la Iglesia, sino a toda la sociedad.
La Iglesia alemana escogió justamente al arzobispo Zollitsch como “referente” para tratar los casos de pedofilia en su país.
“Queremos sacar a la luz la verdad, sin falsos respetos hacia nadie, inclusive aquellos casos ocurridos hace mucho tiempo, porque las víctimas tienen derecho”, dijo.
“Vamos a continuar por ese camino para curar las heridas del pasado y evitar que se repitan en el futuro”, agregó Zollitsch.
Ciudad del Vaticano.- El caso de un sacerdote pederasta alemán que cometió abusos en Múnich a inicios de la década de los 80 salpicó hoy al papa Benedicto XVI, quien guió esa arquidiócesis entre 1977 y 1982.
El diario teutón Suddeutsche Zeitung reveló ayer que el entonces arzobispo Joseph Ratzinger aceptó en el año 1980 recibir en su demarcación eclesiástica a un presbítero acusado de molestias sexuales a menores.
Ese religioso, señalado con el pseudónimo de “abad H”, poco tiempo después fue reasignado a una parroquia donde cometió nuevos crímenes de pederastia hasta que en 1986 un tribunal de la Alta Baviera lo condenó a 18 meses de cárcel y a una multa económica.
Tanto el Vaticano como la arquidiócesis de Múnich reaccionaron a las revelaciones declarando que el Papa permaneció “extraño” al problema del cual se ocupó su entonces vicario general Gerhard Gruber, quien asumió toda la responsabilidad.
En una declaración publicada en el sitio de internet del arzobispado de Múnich y retomada por la sala de prensa de la Sede Apostólica, el mismo Gruber afirmó que “el repetido empeño de H en la pastoral parroquial fue un grave error. Asumo toda la responsabilidad”.
“Me apena profundamente que mediante esta decisión se haya podido llegar a actos ilícitos en contra de jóvenes y me excuso con todos aquellos a quienes fue causado un daño”, agregó el vicario.
Por otra parte, en un comunicado se reconoció que en 1980 el entonces arzobispo Ratzinger ofreció hospitalidad a “H” en una casa parroquial para que siguiera una terapia y que fue Gruber quien decidió cambiar su destino y asignarlo a una parroquia.
Las revelaciones han coincidido con una audiencia que sostuvieron este día en Roma el Papa y el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Fobert Zollitsch, durante la cual Benedicto XVI expresó “gran pena y profunda conmoción” por los casos de pederastia clerical en su país de origen.
Durante 45 minutos el líder de los obispos teutones ilustró al pontífice las severas medidas puestas en práctica para prevenir los abusos sexuales, mismas que fueron “recibidas con beneplácito, aprobadas y animadas” por Joseph Ratzinger.
Entre las acciones que la iglesia de ese país adoptó está la de colaborar siempre con la justicia ordinaria, “a excepción de los casos en que la víctima pida no involucrarla”, aclaró.
Una suerte de “catálogo” con las medidas internas a seguir está siendo elaborado e incluye, entre otras, la oferta de “asistencia humana, psicológica y pastoral adecuada”.
“El Papa estaba muy afligido y siguió con atención y profunda conmoción los hechos descritos”, indicó ayer el presidente de la conferencia episcopal alemana, monseñor Robert Zollitsch.
El pontífice recibió en el Vaticano al obispo alemán, con el que conversó por 45 minutos para examinar el delicado caso, que involucra inclusive al prestigioso coro dirigido por 30 años por el hermano del pontífice. “De ese caso no hablamos”, adelantó el religioso.
La Iglesia católica alemana es objeto desde enero de una serie de acusaciones de abusos sexuales y violencia contra niños en escuelas e internados en los años 70 y 80 y en 19 de las 27 diócesis han sido denunciados casos.
“Estamos consternados por lo que ocurrió, por los actos de violencia a menores y pedimos disculpas a las víctimas de crímenes de pederastia”, declaró Zollitsch.
El prelado aseguró que la Iglesia de su país tiene “lista una serie de medidas” para abordar el fenómeno que, recordó, afecta no sólo a la Iglesia, sino a toda la sociedad.
La Iglesia alemana escogió justamente al arzobispo Zollitsch como “referente” para tratar los casos de pedofilia en su país.
“Queremos sacar a la luz la verdad, sin falsos respetos hacia nadie, inclusive aquellos casos ocurridos hace mucho tiempo, porque las víctimas tienen derecho”, dijo.
“Vamos a continuar por ese camino para curar las heridas del pasado y evitar que se repitan en el futuro”, agregó Zollitsch.
Atacan a jóvenes durante velorio en Juárez: 6 muertos
Testigos dijeron que los hombres armados fueron directamente sobre las víctimas. “Ya habían sido ubicados”, expresó una persona. Incluso los sicarios se acercaron a un vehículo donde estaban un hombre y una mujer. A ella la bajaron y a él le dispararon
Mario Héctor Silva Corresponsal
El Universal
Sábado 13 de marzo de 2010
CIUDAD JUÁREZ, Chih.— Nueva masacre de jóvenes se registró la noche del jueves cuando un comando disparó rifles de alto poder en contra de los asistentes al velorio de otro adolescente asesinado el martes pasado. El saldo, seis muertos y cuatro personas heridas de bala. Las víctimas tenían entre 16 y 28 años.
Los hechos ocurrieron a 40 días de la tragedia donde 15 jóvenes fueron asesinados en Villas de Salvárcar.
Testigos dijeron que los hombres armados fueron directamente sobre las víctimas. “Ya habían sido ubicados”, expresó una persona. Incluso los sicarios se acercaron a un vehículo donde estaban un hombre y una mujer. A ella la bajaron y a él le dispararon.
En tanto, familiares y vecinos exigieron el retiro del Ejército de esta ciudad, porque su presencia desde hace casi dos años ha empeorado la situación de violencia en esta frontera.
“Por culpa de Felipe Calderón mataron a mi esposo; me dejaron viuda, él no debía nada”, recriminó la esposa de una de las víctimas.
Luego de lamentar el ataque, el presidente municipal José Reyes Ferriz dijo que planteará al Presidente “la posibilidad de extender la presencia del Ejército dados los hechos violentos registrados en los últimos días”.
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