Por: Nora Hinojo
Después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos y del asesinato de 6 civiles – entre ellos tres normalistas – en la carretera Iguala- Guerrero, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto tomó distancia. A partir de una estrategia centrada en culpar a las organizaciones del narcotráfico, se intentó “dar carpetazo” a los acontecimientos y deslindar al Estado de su responsabilidad en materia de seguridad y protección a los derechos humanos.
Sin embargo, Ayotzinapa fue la tragedia que probablemente derramó el vaso. El narcotráfico y, posteriormente, la aparición de fosas clandestinas, dejaron de ser estrategias funcionales para deslindar al Estado. No lograron enterrar la esperanza ni la movilización ante el despeñadero –la crítica nacional e internacional que acabó con la imagen de progreso y desarrollo del gobierno de Enrique Peña Nieto – .
Cuando un Estado queda rebasado por la tragedia, debemos estar vigilantes de sus posibles “patadas de ahogado”. A partir de un montaje mediático que, me atrevería a calificar como tendencioso, se empezó a contar la historia de Ayotzinapa desde trincheras ajenas a las tragedias nacionales. La finalidad era clara, encapsular el problema en Iguala, enaltecer la función casi heroica del gobierno federal y desviar a la opinión pública.
Al Estado mexicano le dejó de funcionar el narcotráfico y, ahora, dentro de una estrategia que pretende hacer un montaje de la tragedia, se inscribe la figura del “chivo expiatorio”. La detención del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa, María de los Ángeles Pineda – vinculada con el grupo criminal “Guerreros Unidos” – un día previo a las acciones de movilización global, no es casualidad.
Después de más de un mes de supuesta búsqueda, ahora resulta que Abarca y su esposa se encontraban escondidos en una casa de la delegación Iztapalapa – cuna de gobiernos perredistas -. No bastó toda la “fuerza del estado” para encontrarlos antes; primero era necesario que la burbuja creciera, para después reventarla en beneficio del ejecutivo.
Ahora parece que este hallazgo nos tendría que asegurar la respuesta certera sobre la ubicación de los 43 normalistas; pero no es así. La detención de Abarca, más que un acto de justicia o una señal de voluntad política por encontrar a los estudiantes, debe ser vista como una estrategia para limpiar el despeñadero de los últimos días. La respuesta del gobierno federal tendrá ese fin; y para lograrlo, se intentará desarticular la movilización social con cualquier noticia, falsa o verdadera, sobre la ubicación de los jóvenes.
La ley tope donde tope, decía Enrique Peña Nieto en cadena nacional cuando habló sobre los “compromisos” – o más bien, de sus responsabilidades - acordados en la reunión con los familiares de los normalistas. Sin embargo, para el gobierno federal ese tope está en lo local, y es ahí donde centrará su estrategia mediática. No hay más.
La detención de Abarca es parte de ese discurso, un chivo muy cómodo para deslindar al gobierno federal de su participación – por acción u omisión – y de su responsabilidad en la desaparición forzada de los normalistas. Sin embargo, este uso estratégico no exime al ex alcalde de su vinculación con el caso.
No quitemos el dedo del renglón. Ayotzinapa no es un caso aislado ni local, es responsabilidad de los tres niveles de gobierno; es responsabilidad del Estado.
