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domingo, 25 de octubre de 2015

Hablan los Abarca: “Llamamos al Ejército y nada…”

El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda. Foto: Especial

La PGR los acusa de tener vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos y de haber ordenado el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. Son el exalcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, ambos presos desde noviembre de 2014. Y los dos, en sendas entrevistas con Proceso, se dicen inocentes, denuncian lo que consideran irregularidades en sus detenciones y sostienen que no se dedicaban a ninguna actividad ilícita.
La noche del 26 de septiembre de 2014 la Policía Municipal pidió el apoyo del Ejército y de la Policía Federal ante la situación de violencia que se estaba manifestando en Iguala, pero ni uno ni otra acudieron, asegura José Luis Abarca, exalcalde de esa localidad y quien lleva casi un año en la cárcel, acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos y de haber ordenado en esa fecha la agresión contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Aprehendido el 4 de noviembre de 2014, Abarca habla por primera vez ante un medio informativo en torno a los hechos de aquel 26 septiembre desde el penal federal El Altiplano, en Almoloya, Estado de México.
La entrevista con Proceso se realizó vía telefónica durante una de las llamadas que, por ley, puede hacer desde un teléfono en la prisión.
El exalcalde afirma que por miedo no salió esa noche a ver qué ocurría en la ciudad: “Si no salieron los que tenían las armas… pues yo me mantuve al margen. De verdad hay mucha seguridad policiaca en Iguala y ese trabajo era de ellos, no del presidente municipal”, señala refiriéndose al 27 Batallón de Infantería, a las policías Federal y Estatal y al Grupo de Operaciones Especiales de la PGR, todos los cuales tienen bases en el municipio igualteco.
Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, están acusados por la PGR de ser los principales responsables del ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y de la desaparición de 43 de ellos la noche del 26 de septiembre de 2014.
A más de un año de ese ataque, la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa de la Cámara de Diputados busca reunirse con Abarca para conocer su versión.
Desinformado
Esto es lo que pasó, en sus propias palabras.
Asegura que el viernes 26 de septiembre de 2014, por los medios de comunicación y por la información recibida del entonces secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores Velázquez, se enteró de que había “algunos disturbios”.
Desde las 21:30 o las 22:00 horas comenzó a tener comunicación con el entonces secretario general de Gobierno de Guerrero, Jesús Martínez Garnelo, quien le informó que había “balaceras”, pero no le dijo que los estudiantes estaban siendo atacados. Siguieron en contacto hasta las 03:30 horas del 27 de septiembre.
“Él (Martínez Garnelo) fue quien me estuvo informando durante toda la noche; él era el que estaba sabiendo primero lo que estaba pasando en la ciudad, ya que no sé quién le estaría informando. Él me decía: ‘Hay disturbios en esto, hay disparos en esta zona, hay muertos y heridos en esta zona’, y así”, afirma Abarca.
En un principio, señala, Martínez Garnelo no le dijo que las personas agredidas eran normalistas. “Ya después me di cuenta, por el secretario de Seguridad Pública municipal, que eran estudiantes los que estaban secuestrando autobuses. Sin embargo, no me dijo que estaban siendo asesinados”.
El exalcalde afirma que, ante los hechos, ordenó a Flores Velázquez pedir ayuda a la Policía Federal y el Ejército, pero sin resultados.
“Le dije: ‘Comunícate con todas las policías y los militares’. Y me dijo: ‘Ya lo hice, señor, y me informan que no tienen elementos para salir’. Le dije: ‘¿Cómo? Pues qué, ¿no están escuchando las balaceras?’ Dice: ‘Pues eso me informaron’.”
El propio Abarca intentó llamar a la Policía Federal, pero, asegura, nunca le contestaron.
“En mi desesperación, lo único que hacía era seguirme comunicando con el secretario de Seguridad Pública para ver lo que estaba haciendo y él me dijo que ya se estaba viendo y se estaban tomando acciones para dar seguridad al municipio, mantener la calma y también, a los heridos, transportarlos a las diferentes áreas médicas que teníamos.”
A pregunta expresa de si ordenó el ataque, afirma que no, que ni siquiera tenía un radio para comunicarse. “En ningún momento tuve yo una comunicación con ellos (con los policías municipales). Siempre la tuve única y exclusivamente con el secretario de Seguridad Pública”.
–¿Usted ordenó la muerte de los estudiantes? –se le pregunta.
–De ninguna manera. Eso sería algo espantoso –responde sereno.
Respecto a la acusación de que forma parte de la banda criminal Guerreros Unidos, asegura: “Nosotros (se refiere a él y a su esposa) somos personas de trabajo, nunca hemos tenido relación con ningún grupo delictivo. Siempre nos hemos dedicado al trabajo”.
Señala que personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero se reunió con Flores Velázquez desde las 01:30 horas del 27 de septiembre y fue cuando se acuarteló a todos los policías municipales.
Enfatiza que a él nunca se le convocó a esas reuniones ni se le dio un reporte oficial de lo ocurrido.
La versión de Martínez Garnelo –días después del ataque, en su declaración ante la PGR– fue que no pudo localizar a José Luis Abarca sino hasta la madrugada del 27 de septiembre y que éste le dijo que no sabía nada, que estaba dormido.
El abogado del exalcalde, Luis Argüelles, dice en entrevista con este semanario, que José Luis Abarca sí habló desde el día 26 con el secretario Martínez Garnelo y que la PGR tiene algunas grabaciones de esas llamadas.
El exprocurador de Guerrero, Iñaky Blanco, declaró ante la PGR –y el exgobernador Ángel Aguirre lo hizo ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados– que la noche del 26 de septiembre y la mañana del 27 se pidió apoyo al Ejército, pero esta institución se los negó.
A su vez, el miércoles 21, en su reunión con la Comisión Especial, el secretario federal de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, aseguraron que el gobierno guerrerense nunca pidió ayuda.
Abarca afirma que no sabe quién pudo haber tramado lo ocurrido. “Lo que sí se me hace injusto es que me tengan a mí aquí por algo (en lo) que ni siquiera tuve nada que ver…”.
Amenazas de la PGR
En entrevista telefónica con Proceso, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde Abarca y presa en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, en Tepic, Nayarit, reconoce que es hermana de Mario y Alberto Pineda Villa, quienes pertenecían al Cártel de los Beltrán Leyva y fueron asesinados en 2009.
“Ellos son parte de mi familia, pero yo soy inocente de cualquier cosa que se me acuse. Yo jamás he cometido ningún delito”, afirma.
Durante la entrevista con Proceso, su voz se escucha por momentos deprimida y desesperada.
–Además del lazo familiar, ¿tenía alguna relación con sus hermanos? –se le inquiere.
–Claro que no. A mí nunca me van a poder comprobar alguna situación de ellos –responde enfática.
Y niega que sus bienes así como negocios de ella o de su esposo estén vinculado con el dinero de sus hermanos o con alguna actividad criminal: “Cada peso que mi esposo y yo hemos obtenido ha sido con el esfuerzo de nuestro trabajo y ha sido muy transparente y lo hemos comprobado siempre”.
Asegura que en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada la amenazaron con detener a sus hijos si ella no aceptaba su culpabilidad.
“Fui privada de mi libertad ilegalmente, con muchos agravios, sin ninguna orden de aprehensión. A mí me imputaron delitos que yo desconozco. No tuve una orden de aprehensión ni orden de presentación y fui presentada ahí bajo tortura física y psicológica… violaron mis derechos humanos, violaron mis garantías, me amenazaron con detener a mis hijos también si yo no me hacía responsable de lo que me estaban imputando y eso me preocupa mucho”, dice llorando.
“Yo me defendí. Les dije que soy inocente, siempre lo he dicho y lo voy a decir: soy inocente de todo lo que me acusan. A mí nunca me van a comprobar nada porque yo jamás he cometido un delito. Mi esposo tampoco. Nosotros somos personas responsables”.
A pregunta expresa afirma que no está implicada con el grupo criminal Guerreros Unidos, uno de los cargos que pesan en su contra. Dice que como madre entiende el dolor de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y que ella también necesita estar con sus hijos.
“Yo quiero que me comprendan, que alguien me escuche… es necesario que me escuchen. ¡Le suplico por favor a la autoridad neutral que me escuche y que ya nos permitan estar en nuestro hogar, por favor!” l

sábado, 17 de octubre de 2015

Los cómplices del matrimonio Abarca

El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda. Foto: Especial

MÉXICO, D.F. (apro).- Desde el 2009, la Procuraduría General de la República (PGR) del panista Felipe Calderón Hinojosa, hasta la que encabezó Jesús Murillo Karam, durante los primeros dos años del priista Enrique Peña Nieto, se sabía de los vínculos del matrimonio Abarca con el crimen organizado.
Todavía más, había desde entonces averiguaciones previas abiertas y nadie, ni del PAN, PRI o posteriormente del PRD, junto a algunos allegados de Andrés Manuel López Obrador, hicieron nada por frenar a José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Al contrario, al primero lo encumbraron como presidente municipal en un país donde ser jefe local equivale a ser el cacique del pueblo, el que ordena y permite actos de corrupción y violencia.
Sólo la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos, hizo reaccionar al gobierno. El primero, hay que reconocerlo, fue el entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, quien abrió a la pareja un proceso por homicidio y homicidio en grado de desaparición.
El argumento que presentó Iñaki Blanco fue valerse de la figura de “garante”, esto es, de que como acalde de Iguala Abarca Velázquez no tomó las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los normalistas y de la población en general.
Prueba de que sí estuvo enterado es la declaración ministerial de su hija Yamileth, quien dijo ante la PGR que su padre siempre se mantuvo en comunicación con los policías y estuvo enterado paso a paso de lo que sucedía a los normalistas.
Quien diga que Abarca no tiene procesos abiertos falla. Sí los hay y empezaron en Guerrero, lástima que fue luego de los acontecimientos de la infame noche entre el 26 y 27 de septiembre de hace ya un año.
Hoy se sabe que desde hace 15 años autoridades federales, estatales y locales conocían que los Pineda Villa estaban ligados desde los noventa a los Beltrán Leyva y al llamado Cártel del Pacífico, que aún encabeza Joaquín “El Chapo” Guzmán. Pero no se les hizo nada.
Más tarde, las diferencias entre Arturo y Héctor Beltrán Leyva dieron paso a que su cártel se fraccionara en Guerrero, dando paso a Guerreros Unidos, Los Rojos, La Barrredora y El Cartel Independiente de Acapulco (CIDA), entre otros.
Las autoridades federales –Marina, Sedena, Cisen, Gobernación, Presidencia, PGR y Policía Federal–, todos los altos mandos de este país sabían desde hace años que el matrimonio Abarca era peligroso y aun así dejaron que se encumbrara en lo político, económico y criminal.
Por lo tanto, hoy todo el Estado mexicano tiene responsabilidad directa en la atroz desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en la muerte de otros tantos normalistas, de civiles y del dolor de 43 familias, el dolor de 43 grupos de amigos y de toda una nación que está herida, que llora pero que también exige que esto pare y se haga justicia.
Si no lo demandamos, si lo “superamos” como Peña Nieto quisiera, y nos cansamos de exigir justicia, entonces será porque el Estado ya logró su objetivo: masacrar nuestras personalidades y acciones sin que nos demos cuenta.
Twitter: @jesusaproceso

miércoles, 6 de mayo de 2015

Pablo Gómez, representante del PRD ante el INE "La PGR no tiene pruebas contra Abarca"

Pablo Gómez, representante del PRD ante el INE presentará un informe sobre el caso Ayotzinapa del cual adelanta no hay pruebas que demuestren que José Luis Abarca haya ordenado el ataque. 

Pablo Gómez presentará esta semana al PRD su informe sobre el caso de los 43 desaparecidos. (Archivo/Cuartoscuro)
Pablo Gómez presentará esta semana al PRD su informe sobre el caso de los 43 desaparecidos. (Archivo/Cuartoscuro)
CIUDAD DE MÉXICO.- Pablo Gómez, representante del PRD ante elINE y coordinador de un grupo de perredistas al que se le encomendó realizar un informe sobre el caso Ayotzinapa, afirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) no cuenta con una sola prueba para demostrar que José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, Guerrero, hoy en la cárcel, haya ordenado el ataque a los normalistas la noche del 26 de septiembre pasado.

En entrevista con El Financiero, Gómez Álvarez aseguró que el informe que presentará a la dirigencia de su partido ya está listo y que esta misma semana será entregado.

___¿Qué le dijo Abarca?___Eso está en el informe. Además no es muy difícil suponer qué es lo que dijo, se está defendiendo, pero no puedo adelantar nada.

Entonces tenemos todo, peroAbarca no declaró en el MP de Guerrero, no lo llamaron a declarar
___Pero, además de la defensa, ¿qué dice? ¿Lo presionaron?

___No dice nada sobre eso. Ya verás el informe, porque además no es algo sensacionalista, es simplemente algo normal. El problema es cómo lo vemos nosotros, cómo vemos lo que otros dicen, y ahí es donde está el chiste del informe. Ahora, date cuenta de que nosotros no tenemos los informes que hicieron todos los que están presos ante las autoridades federales, nada más tenemos las declaraciones que hicieron en el fuero común de Guerrero el 27 de septiembre, esas sí las tenemos. También tenemos las declaraciones de los muchachos sobrevivientes y las de los deportistas que iban en el camión, Los Avispones. 
___¿Entonces cómo se armó la averiguación previa, sin su declaración?

___Porque la averiguación previa la hizo la Procuraduría General de la República, pero tampoco declaró ahí. Ahora, no se necesita el testimonio de un inculpado para hacer una averiguación previa.

___Pero, ¿cómo está esa averiguación? 
___Por lo que dice la PGR, por lo que ha dicho públicamente, está patética. (El exprocurador Jesús) Murillo Karam se fue de ahí y nos dejó la víbora chillando, no resolvió nada y dejó todo muy endeble.

___¿Eso puede explicar el amparo a María de los Ángeles Pineda?

___Claro. Son jueces de consigna, que de todas maneras te tienen en la cárcel, pero no hay elementos contra Abarca, nada… bueno, contra Abarca por omisiones, es muy fácil, él era el jefe de la policía, aunque no fuera el jefe operativo, la Constitución dice que él es el jefe, pero fuera de eso, no hay nada. No averiguó Murillo, no averiguó lo que no quería averiguar, que es el fenómeno de la infiltración del llamado crimen organizado dentro del estado. Eso es lo que no quieren averiguar, no quieren entrar en detalles. Antes de lo de Ayotzinapa, allá en Iguala habían matado al síndico que se encargaba de las cuestiones administrativas del ayuntamiento, que estaba conformado por una mayoría perredista, todo ellos eran militantes del partido desde hace muchos años, excepto Abarca. Abarca es un güey que llegó de la nada a la presidencia municipal.

___¿La compró?

___No. Yo investigué muy bien la compradera, eso fue lo primero que investigué. Eso lo inventó la prensa.

___Una pieza clave que jamás se investigó es el jefe de la policía de Iguala, ¿lo mataron?

___No sé, pregúntale a Murillo. Él lo debió haber detenido. Él sí declaró en el Ministerio Público de Guerrero y después lo dejaron salir. Lo debieron haber detenido ahí. Declaró dos veces, yo tengo las declaraciones.

martes, 28 de abril de 2015

Por incompetencia de PGR revocan formal prisión a esposa de José Luis Abarca por caso Ayotzinapa

Por:  / 28 abril, 2015
MARIADELOSANGELESPINEDA
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Ilustración: Pe Aguilar / @elesepe1
(28 de abril, 2015).- Han pasado siete meses desde la tragedia de Ayotzinapa y las víctimas continúan en su búsqueda de justicia. Hasta el momento los señalados como autores intelectuales del atroz crimen son el ex edil de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa.
La Procuraduría General de la República (PGR) los acusó de los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita ya que posiblemente tienen relación con el grupo criminal conocido como Guerreros Unidos.
Dicha resolución fue resuelta por el Tribunal Unitario el 24 de abril y notificada a Pineda al día siguiente en el sitio de su detención; el penal federal en Tepic, Nayarit.
PINEDA
Cabe indicar que esta era la acusación que la PGR tenía en contra de Pineda quien, junto a su esposo, es acusados como los autores del ataque que culminó con la desaparición de 43 normalistas el pasado 26 de septiembre.
Sin embargo esto no ha sido suficiente para que la PGR presente ante la autoridad judicial un caso solido en contra de Pineda ni por su muy posible participación en los hechos del 26 de septiembre ni con su posible relación con Guerreros Unidos.
Por su parte el Tribunal Unitario llegó a la determinación de que quien dictó el auto de formal prisión en su contra, el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Federales en el Estado de México, violó el proceso que se tendría que estar llevando en contra de Pineda, ya que no le permitió presentar pruebas en su defensa, y pidió que se reponga el procedimiento.
Cabe recalcar que María de los Ángeles es la hermana de los presuntos narcotraficantes Mario y Alberto Pineda Villa, quienes trabajaran en el Cártel de Sinaloa y después con los Beltrán Leyva.
PINEDA3
María de los Ángeles fue detenida el 4 de noviembre pasado junto a su esposo. Como faltaron pruebas la PGR pidió un primer arraigo de 40 días, mismo que fue concedido por un juez el 5 de noviembre. Como terminó el tiempo y no hubo avance la PGR pidió una ampliación de 20 días más para continuar la investigación.
Sin embargo las pruebas no aparecieron y el juez negó la orden de aprehensión a pesar de que la PGR buscaba acusar a la detenida por delincuencia organizada.
En aquél momento se buscó apelar la resolución sin embargo un tribunal unitario de Tamaulipas ratificó lo que ya estaba decidido por el juzgado.
Cabe indicar que como el tiempo iba a culminar, y la PGR seguía en las mismas, el 28 de diciembre de 2014 la PGR pidió al Juzgado Tercero de Distrito de Proceso Penales Federales, ubicado en el Estado de México, la orden de aprehensión, misma que fue concedida sin permitir que la defensa presentara pruebas a su favor.
De esta forma el 5 de enero de 2015, día en que finalizó el arraigo, Pineda fue detenida y remitida al penal federal en Tepic, Nayarit.
PINEDA2
Estando presa la PGR trató de obtener otro auto de formal prisión por delincuencia organizada pero el Juzgado Tercero de Procedimientos Penales Federales en Tamaulipas, donde fue abierta, también se negó a concederla por la falta de pruebas.
En función de estas decisiones se espera que, en la reposición del procedimiento, el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales tome la misma resolución y por ende se ordene su liberación.
De esta forma la incompetencia de la PGR, quien era comandada al inicio del proceso por Jesús Murillo Karam y ahora por Arely Gómez, podría convertirse en la liberación de alguien que sí pudo haber delinquido pero de quien tampoco hay pruebas para acusarle. Las inconsistencias han estado presentes desde el inicio del caso, quizá como en muchísimos más, pero no imaginaban que éste tendría tal repercusión y estaría bajo el escrutinio más que otros.

martes, 3 de marzo de 2015

Exigen regreso de “policía de Abarca” para frenar ola de asesinatos


MARCELA TURATI
La protesta en Iguala, Guerrero. Foto: Marcela Turati
La protesta en Iguala, Guerrero.
Foto: Marcela Turati
IGUALA, Gro. (apro).- Con gritos de “fuera Ayotzinapa” y “queremos a la policía municipal de Abarca”, unas 40 personas ligadas a la corporación suspendida por su responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de siete marcharon esta tarde para pedir la reinstalación de los municipales para frenar los múltiples asesinatos y reclamar la inocencia de los policías detenidos.
Por el centro de la ciudad exigían que se vaya de Iguala la Gendarmería, porque aunque está encargada de la seguridad municipal, la violencia se ha disparado: en 72 horas 14 personas –entre ellos un policía municipal– han sido asesinadas (al lado de los cuerpos han aparecido mantas firmadas por un grupo llamado Sierra Unida Revolucionaria, pistoleros del grupo criminal Los Rojos).
Los asesinatos, según igualtecos consultados, podrían responder a una purga emprendida por un nuevo grupo que disputa “la plaza” a los Guerreros Unidos. La violencia se disparó a niveles sin precedentes a pesar de la presencia de la Gendarmería, la existencia de dos cuarteles del Ejército y de una base de policía estatal, así como de la instalación del Operativo Tierra Caliente de seguridad, que tuvo su arranque el año pasado en esta ciudad.
La manifestación, que recorrió el centro de la ciudad y tuvo como punto de inicio y de final el monumento a la Patria Trigarante, era encabezada por niños que portaban cartulinas en las que se leían mensajes como: “Mi papá es policía, no delincuente”. Un adolescente cargaba la foto de un policía muerto, enseguida una niña una cartulina en la que se leía “Descansa en paz, papá”: eran hijos del policía Juan Varela Candelario, uno de los 14 igualtecos asesinados entre el martes y viernes de la semana pasada.
La mayoría de los inconformes eran mujeres emparentadas con policías que no volvieron a ser reinstalados tras haberse descubierto la participación de la corporación municipal, en colusión con el cártel Guerreros Unidos y la mirada pasiva del Ejército, en las desapariciones forzadas y los asesinatos de los normalistas y de muchas otras personas que –como destapó el caso Ayotzinapa– eran detenidas en retenes y aparecían enterradas en fosas o siguen desaparecidas. También marcharon las esposas y las madres de policías detenidos por PGR y encarcelados en el penal de Tepic, Nayarit, quienes reclamaban su presunta inocencia. Algunos otros, los menos, eran policías inconformes porque aunque los gendarmes los tienen haciendo guardia en las calles, no los dejan usar armas, uniformes, equipo o patrullas.
Pocos quisieron dar entrevistas por el temor que tienen de estar en la mira de la PGR o de un cártel, explicó un manifestante.
“No más detenciones”, “que salga PGR”, “policías, unidos, jamás serán vencidos”, “no más muertos”, “Iguala quiere paz”, fueron los gritos más coreados. Los inconformes se quejaron de que el 066 ya no responde a las llamadas de auxilio, que los gendarmes son “unos catrines” que no atienden emergencias y sólo patrullan en las avenidas principales, que la policía municipal sí tenía al crimen bajo control.
“Nosotros cuidábamos a la ciudadanía de la delincuencia, no permitíamos extorsiones, secuestros, crimen. Ya sin la policía municipal quieren entrar como hicieron en Teloloapan, Acapulco, Chilpancingo. Chequen en el sistema las detenciones que hacíamos por robo, extorsión, delitos para que vean cómo controlábamos la ciudad y éramos los únicos que deteníamos la entrada del crimen organizado”, dijo en entrevista un policía que dijo llamarse Noé, y que lleva casi una década en la corporación.
Según su análisis, la entrada de los normalistas a Iguala la noche del 26 de septiembre fue “una trampa organizada” por la delincuencia organizada” para hacer reaccionar a la policía municipal del alcalde (hoy detenido) José Luis Abarca, y mancharla. “Tenemos dos cuarteles del Batallón (del Ejército), uno de la policía del estado, otro de la Policía Federal. Qué casualidad que ninguno se metió esa noche y nosotros sí, porque nosotros todo el tiempo estamos trabajando”, reveló. En una de las cartulinas se leía: “Gobierno federal: investiga a militares y federales”.
Cuando se le preguntó por su responsabilidad en las sistemáticas desapariciones de personas (el censo de PGR va en 235 casos recién denunciados, la mayoría ocurridos durante el gobierno de Abarca y varios de ellos por policías), el entrevistado dijo que ellos se limitaban a detenerlos, verificar si tenían orden de aprehensión y entregarlos a la PGR. No aceptó la responsabilidad de sus compañeros en la tragedia de los normalistas.
Los manifestantes estuvieron escoltados por combis de transporte público y un puñado de motociclistas. Desde que la Gendarmería –adscrita a la Secretaría de Gobernación– tomó el control de la seguridad de Iguala, es frecuente escuchar por la radio o leer en los diarios las quejas de los ciudadanos por la pasividad de las fuerzas federales y por el incremento de la inseguridad.
Esta situación se da después de que casi medio centenar de policías municipales de Iguala han sido detenidos por su presunta responsabilidad en los asesinatos y desapariciones del 26 y 27 de septiembre; tras la confesión de algunos de ellos, se encontraron las primeras fosas con 30 restos. Los policías que no habían sido encarcelados fueron obligados a tomar un curso militarizado de certificación en Tlaxcala. A su regreso, en diciembre del año pasado, y cuando se anunció su próxima reinstalación, unos 200 ciudadanos, defensores de derechos humanos, policías comunitarios y familias de personas desaparecidas se manifestaron en las calles para exigir que no volvieran a operar nunca en Iguala.
A inicios de diciembre, durante el arranque del Operativo Tierra Caliente, el propio gobernador Rogelio Ortega prometió a las familias de víctimas que la policía de Iguala no sería reinstalada. “Es una policía que agravió a Iguala y que no debemos de permitir que esta gente, aun con el entrenamiento que hayan tenido, regrese; nada más de pensar que saben que regresan, nos revive el dolor y todos los agravios que cometieron. Yo voy a intervenir”.
Esa semana el secretario de Gobierno y el secretario de Seguridad Pública estatales, los dirigentes de la Gendarmería, el alcalde de la ciudad y representantes de la Fiscalía General se reunieron con familias de víctimas de desaparición que exigían que los policías fueran cesados, a lo que se les respondió que ellos también tienen “derechos laborales”; luego se planteó la idea de que se les rotaría a otras ciudades de Guerrero y se les dijo que era mejor tenerlos bajo control “que sueltos”.
Los manifestantes denunciaron que toda la corporación estaba corrompida y pidieron que se previniera otra tragedia como la de Ayotzinapa.
El futuro de los policías y de la seguridad pública del municipio sigue en suspenso.

martes, 20 de enero de 2015

Asesor de los Abarca, entre los promotores de la marcha contra Ayotzinapa

Presentaciones artísticas

(19 de enero, 2015).- A través de su página de Facebook, la empresa P.M. Representaciones Artísticasinvitó a los habitantes de Iguala a manifestarse en contra de los normalistas de Ayotzinapa. “Lleva tu pancarta donde digas por qué estás cansado de sus marchas ‘pacíficas’.”
P.M. Representaciones Artísticas se fundó en 2013 y ha organizado eventos musicales en diferentes estados del país. Su director general, Pablo Morrugares, fue asesor del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y apoyó a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, durante su candidatura al consejo estatal del PRD.
El 22 de septiembre, cuatro días antes de la desaparición de los estudiantes, la compañía a cargo de Morrugares dedicó una de sus publicaciones a promocionar el Segundo el Informe de Labores de Pineda Villa como presidenta del DIF municipal.
Al día siguiente del ataque a los normalistas,  Morrugares, quien es reportero de El Diario de la Tarde, aseguró: “fue muy triste anoche haber cubierto toda la información periodística, el haber visto muertos tirados en la carretera como si fueran animales”. Sin embargo, cuatro meses después el empresario asegura que eso les pasó por “putos revoltosos”.
Ante las críticas recibidas por un usuario de la red social, quien lo cuestionó por sus opiniones, Morrugares respondió: “Qué idiota eres. A sus hijos les pasó eso por andar como tú de putos revoltosos y luego andan de maricas llorando. No sean jotos si se meten aguántense como machitos jaja (sic)”.
En un segundo comentario, Pablo Morrugares difundió una imagen de Omar García, estudiante de Ayotzinapa herido por militares del 27 Batallón de Infantería, con la leyenda: “Así te van a dejar por jotito jaja”.
El baile del prófugo
En octubre del año pasado, cuando José Luis Abarca ya era considerado prófugo de la justicia por su participación en la muerte y desaparición de los normalistas, Pablo Morrugares organizó un baile en la plaza de toros donde Gerardo Ortiz y Régulo Caro cantaron sus corridos.
Debido a la cercanía existente entre Morrugares y los Abarca, el concierto fue muy criticado, al igual que una presentación planeada para meses antes, donde P.M. Representaciones Artísticas contrató a El Komander para dar un concierto en Iguala.
En abril de 2014 la agencia Quadratín reportó que existían inconformidades por la presentación del músico integrante del Movimiento Alterado. En respuesta, las empresas encargas del evento publicaron un comunicado de prensa donde negaban la cancelación del evento, pues se contaba con todos los requisitos necesarios. Asimismo, se aclaraba que “los cantantes sólo detallan en sus canciones los hechos reales que acontecen en la vida cotidiana, por lo cual no tienen ningún significado especial”.
Finalmente, en un comentario personal Morrugares afirmó: “Nadie parará esta mega presentación -sólo Dios- ”.
Días después, la página Denuncia Ciudadana Iguala Guerrero publicó una carta dirigida al alcalde José Luis Abarca Velázquez donde solicitaban la cancelación del evento, ya que “la ciudad de Iguala y todos los municipios de la región Norte de Guerrero enfrentan una situación crítica en materia de seguridad (…) permitir la presentación de una artista que enaltece a quienes se involucran en asuntos como el narcotráfico (…) sería abonar a la descomposición social que actualmente enfrentamos”.
En contraste con esa declaración sobre la inseguridad, los manifestantes que ayer se reunieron en Iguala para protestar por el “oportunismo” de los normalistas afirmaron que en Iguala los delincuentes nunca se metían con ellos.
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jueves, 8 de enero de 2015

La PGR, sin pruebas de que Abarca o su esposa ordenaran ejecutar a normalistas

En una grabación el ex alcalde pide a policías detener como sea a los jóvenes

Foto
El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa fueron detenidos por fuerzas federales la madrugada del martes 4 de noviembre en una vivienda marcada con el número 50, de la calle Cedro, en la colonia Tenorios, de la delegación IztapalapaFoto PGR
Gustavo Castillo García
 
Periódico La Jornada
Jueves 8 de enero de 2015, p. 12
La Procuraduría General de la República (PGR) no ha podido acreditar la responsabilidad de José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, en el delito de desaparición forzada, porque las pruebas que posee no confirman que ellos ordenaran a policías la detención y pidieran a los narcotraficantes la presunta ejecución y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, revelaron colaboradores del procurador Jesús Murillo Karam.
Los funcionarios entrevistados señalaron que aunque las indagatorias se han concentrado de manera directa en la oficina del titular de la PGR y que a pesar de que se han establecido mesas de trabajo con agentes del Ministerio Público Federal para analizar los avances y resultados de las investigaciones, por ejemplo, las indagatorias no han logrado precisar el número de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos que acudieron a la movilización del 26 de septiembre del año pasado al municipio de Iguala y que fueron atacados por policías municipales de ese ayuntamiento y de la comunidad de Cocula.
Las investigaciones han dado como resultado la detención de 80 personas, entre ellas el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, quien estaba al frente del DIF de ese ayuntamiento, y entre las pruebas recabadas por la PGR se encuentra una grabación obtenida de la frecuencia policial de Iguala la noche del 26 de septiembre, en la cual se escucha la voz del ex alcalde ordenando a los agentes a su mando que detuvieran como fuera a los normalistas.
Esa orden; sin embargo, indicaron las fuentes consultadas, no significa en términos legales que haya ordenado laejecución, por esa razón, explicaron, se trató de convencer a Pineda Villa que aportara más elementos respecto de lo ocurrido esa noche y al día siguiente con ella y su esposo.
Según las indagatorias, la PGR ha señalado que Pineda Villa y su esposo fueron los autores intelectuales de la desaparición de los normalistas, pero en su indagatoria aún falta que se acredite por qué no sólo fueron detenidos como lo ordenó el ex alcalde, sino agredidos a tiros y posteriormente entregados a los miembros de Guerreros Unidos.
Explicaron los funcionarios que la indagatoria por desaparición forzada aún carece de elementos, como quién y en qué momento ordenó que los policías dispararan contra los estudiantes, en qué momento el alcalde y su esposa acordaron con el jefe de la policía de Iguala y los líderes de Guerreros Unidos que se les asesinara. Los testimonios obtenidos solamente indican que El Gil (quien no ha sido detenido) pidió autorización al presunto líder máximo del grupo, Sidronio Casarrubias, haciéndole creer que los normalistas pertenecían a otro grupo criminal, a pesar de que algunos participantes han dicho que las víctimas les decían que eran estudiantes.
Asimismo, la indagatoria no ha precisado, indicaron las fuentes, si todos los normalistas desaparecidos todos fueron llevados a la zona del basurero de Cocula.

martes, 6 de enero de 2015

Esposa de Abarca se reserva derecho a declarar


México, DF. María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, se reservó su derecho a declarar sobre la acusación que formuló en su contra la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de delincuencia organizada en su modalidad de narcotráfico y lavado de dinero.
En una video conferencia con el juez tercero de distrito de procesos penales con sede en Toluca, Estado de México, Pineda Villeda solicitó la duplicidad del término constitucional (96 horas) para que se defina su situación jurídica, razón por la cual, el juez de la causa fijó como fecha límite para dictar o no auto de formal prisión, el próximo domingo 11 de enero a las 10 de la mañana.
Pineda Abarca fue trasladada el fin de semana al penal de Nayarit, luego de haber sido arraigada, junto con su esposo, acusada de estar vinculada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Sin embargo, los delitos formulados por la PGR no están relacionados con la causa de los jóvenes que fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre.

martes, 2 de diciembre de 2014

Sedena donó terreno a Abarca para construir centro comercial

Sedena donó terreno a Abarca para construir centro comercial

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) donó un predio para la edificación del centro comercial Galerías Tamarindos, en Iguala, Guerrero, propiedad de José Luis Abarca, ex edil señalado como autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa.


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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) donó un predio para la edificación del centro comercial Galerías Tamarindos, en Iguala, Guerrero, propiedad de José Luis Abarca, ex edil señalado como autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa.


De acuerdo con datos oficiales, la gestión para la donación del terreno fue iniciada por Lázaro Mazón Alonso —actual aspirante a gobernador de Guerrero, apoyado por Morena—cuando fungió como presidente municipal de Iguala (2002-2005).


Durante su periodo como alcalde surgió la idea de construir la primera plaza que aglutinara a empresas nacionales y transnacionales en Iguala. Los administradores del proyecto y principales inversores serían José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda.


En un predio de cuatro hectáreas, ubicado justamente frente al 27 Batallón de Infantería del Ejército y con apoyo del gobierno estatal del perredista Zerefino Torreblanca, el matrimonio Abarca —que años antes vendía sombreros de palma en un tianguis— anunció que invertiría 300 millones de pesos en la edificación de Galerías Tamarindos.


La llegada del primer centro comercial a Iguala no hubiera sido posible sin el apoyo de Jorge Peña Soberanis, secretario de Desarrollo Económico durante el gobierno de Torreblanca y quien fungió como gestor ante las empresas: Coppel, Cinépolis, Megacomercial Mexicana y McDonals para que se instalaran en la nueva plaza.


Y fue Lázaro Mazón, quien por cierto ha negado todo vínculo con José Luis Abarca, el principal impulsor de Galerías Tamarindos. Gracias a su gestión, primero como alcalde y luego como senador, la Sedena permitió que se edificara prácticamente junto a sus instalaciones e, incluso, donó un pedazo de terreno para facilitar la entrada al centro comercial.


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