Por: Redacción Revolución / 28 abril, 2015
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Ilustración: Pe Aguilar / @elesepe1
(28 de abril, 2015).- Han pasado siete meses desde la tragedia de Ayotzinapa y las víctimas continúan en su búsqueda de justicia. Hasta el momento los señalados como autores intelectuales del atroz crimen son el ex edil de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa.
La Procuraduría General de la República (PGR) los acusó de los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita ya que posiblemente tienen relación con el grupo criminal conocido como Guerreros Unidos.
Dicha resolución fue resuelta por el Tribunal Unitario el 24 de abril y notificada a Pineda al día siguiente en el sitio de su detención; el penal federal en Tepic, Nayarit.
Cabe indicar que esta era la acusación que la PGR tenía en contra de Pineda quien, junto a su esposo, es acusados como los autores del ataque que culminó con la desaparición de 43 normalistas el pasado 26 de septiembre.
Sin embargo esto no ha sido suficiente para que la PGR presente ante la autoridad judicial un caso solido en contra de Pineda ni por su muy posible participación en los hechos del 26 de septiembre ni con su posible relación con Guerreros Unidos.
Por su parte el Tribunal Unitario llegó a la determinación de que quien dictó el auto de formal prisión en su contra, el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Federales en el Estado de México, violó el proceso que se tendría que estar llevando en contra de Pineda, ya que no le permitió presentar pruebas en su defensa, y pidió que se reponga el procedimiento.
Cabe recalcar que María de los Ángeles es la hermana de los presuntos narcotraficantes Mario y Alberto Pineda Villa, quienes trabajaran en el Cártel de Sinaloa y después con los Beltrán Leyva.
María de los Ángeles fue detenida el 4 de noviembre pasado junto a su esposo. Como faltaron pruebas la PGR pidió un primer arraigo de 40 días, mismo que fue concedido por un juez el 5 de noviembre. Como terminó el tiempo y no hubo avance la PGR pidió una ampliación de 20 días más para continuar la investigación.
Sin embargo las pruebas no aparecieron y el juez negó la orden de aprehensión a pesar de que la PGR buscaba acusar a la detenida por delincuencia organizada.
En aquél momento se buscó apelar la resolución sin embargo un tribunal unitario de Tamaulipas ratificó lo que ya estaba decidido por el juzgado.
Cabe indicar que como el tiempo iba a culminar, y la PGR seguía en las mismas, el 28 de diciembre de 2014 la PGR pidió al Juzgado Tercero de Distrito de Proceso Penales Federales, ubicado en el Estado de México, la orden de aprehensión, misma que fue concedida sin permitir que la defensa presentara pruebas a su favor.
De esta forma el 5 de enero de 2015, día en que finalizó el arraigo, Pineda fue detenida y remitida al penal federal en Tepic, Nayarit.
Estando presa la PGR trató de obtener otro auto de formal prisión por delincuencia organizada pero el Juzgado Tercero de Procedimientos Penales Federales en Tamaulipas, donde fue abierta, también se negó a concederla por la falta de pruebas.
En función de estas decisiones se espera que, en la reposición del procedimiento, el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales tome la misma resolución y por ende se ordene su liberación.
De esta forma la incompetencia de la PGR, quien era comandada al inicio del proceso por Jesús Murillo Karam y ahora por Arely Gómez, podría convertirse en la liberación de alguien que sí pudo haber delinquido pero de quien tampoco hay pruebas para acusarle. Las inconsistencias han estado presentes desde el inicio del caso, quizá como en muchísimos más, pero no imaginaban que éste tendría tal repercusión y estaría bajo el escrutinio más que otros.
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