miércoles, 25 de abril de 2018
Ya investigan a Anaya en Europa por lavado de dinero
El periódico digital es el mismo que en su momento dio a conocer, como primicia, la investigación y el arresto de Humberto Moreira, ex presidente nacional del PRI y ex Gobernador del estado mexicano de Coahuila, por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Ahora dice que “los fondos previa circulación de los mismos principalmente por Canadá y Gibraltar, los habría recibido el señor Anaya mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada en el estado de Querétaro a la empresa mexicana Manhattan Master Plan, por valor de 54 millones de pesos mexicanos”.
Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).– Autoridades judiciales de Europa investigan el presunto delito de blanqueo de capitales –previsto en el artículo 301 del Código Penal–, en el que estarían involucrados Ricardo Anaya Cortes, candidato a la Presidencia de México por la coalición “Por México al Frente”; el empresario mexicano Manuel Barreiro Castañeda y el también empresario mexicano-español Juan Pablo Olea Villanueva, informó este miércoles el diario El Español.
Se trata del mismo periódico digital que en su momento dio a conocer, como primicia, la investigación y el arresto de Humberto Moreira, ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex Gobernador del estado mexicano de Coahuila, por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
El diario hispano revela que, “según nuestras fuentes”, las autoridades europeas investigan la creación de una estructura financiera generada en terceros países y paraísos fiscales “a fin de obtener fondos para el candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya”.
“Dichos fondos, previa circulación de los mismos principalmente por Canadá y Gibraltar, los habría recibido el señor Anaya mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada en el estado de Querétaro a la empresa mexicana Manhattan Master Plan, por valor de 54 millones de pesos mexicanos”, establece el periódico de la península ibérica.
También aclara que la investigación se relaciona con la que emprendió en México la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a actividades que, presuntamente, involucran actividades de blanqueo de capitales.
En la investigación de la Procuraduría General, que data del 1 de marzo de 2018, se habrían acordado medidas cautelares consistentes en el bloqueo y embargo de las cuentas bancarias de Barreiro y Olea.
De acuerdo con el diario español, las nuevas pesquisas de las autoridades europeas se centran en una investigación previa e independiente acerca de la estructura empresarial en España de Juan Pablo Olea Villanueva “que demuestra que, del análisis de la información pública y contable de sus sociedades, se pueden establecer patrones que son compatibles con una estructura destinada a la ocultación de capitales”.
La investigación arroja hasta ahora, plantea El Español, que Olea Villanueva participa en la administración y propiedad de, al menos, 14 compañías en España. La actividad de estas compañías data desde 1996, y tienen muy diversas ramas de actividad que van desde la hotelería, hasta el comercio de flores, pasando por la actividad inmobiliaria.
“El análisis individual de los estados financieros de las compañías españolas permite identificar graves irregularidades que, analizadas conjuntamente, dejan entrever patrones de actuaciones compatibles con actividades de blanqueo de capitales”, plantea el diario.
El blanqueo de dinero, también conocido como lavado de dinero, lavado de activos o lavado de capitales, es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisión de un acto delictivo de tipo grave, y la obtención de unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos.
Hace dos días, José Antonio Meade Kuribreña, candidato a la Presidencia por la coalición Todos por México, afirmó que Anaya Cortés “lavó dinero”.
“Hoy queda, abundantemente claro, que lavó dinero [Ricardo Anaya] en una operación inmobiliaria”, manifestó el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Lo que hizo Ricardo Anaya jurídicamente hablando es idéntico a lo que hizo Roberto Borge, no hay absolutamente ningún matiz ni ninguna diferencia, declaró el también ex Secretario de Hacienda del Gobierno de Enrique Peña Nieto, en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.
Durante el primer debate presidencial de la campaña electoral 2018, Anaya se defendió de esas acusaciones, que datan de marzo pasado.
“No existe ninguna acusación en mi contra y todo ha sido completamente mediático”, expresó el candidato panista, y añadió: “Siempre me he conducido con la legalidad, así como puedo mirar a los ojos a los ciudadanos”.
BAJO SOSPECHAS
Ricardo Anaya Cortés de estar involucrado en una triangulación millonaria de recursos de dudosa procedencia.
No es la primera vez que Anaya es ligado a presuntos casos de corrupción y enriquecimiento deshonesto. Sin embargo, al menos en lo legal, ha librado todos los señalamientos que pesan sobre él.
Desde el año pasado, una noticia persigue al panista queretano: entre 2014 y 2016, compró y vendió un terreno en su estado natal. Lo adquirió por poco más de 10 millones de pesos y a los dos años de la compra, construyó siete mil metros cuadrados de una nave industrial que vendió en 54 millones de pesos.
Hoy, le es cuestionada la cantidad de dinero que genera y que no esclarece -a cabalidad- de dónde sale; también su presunta liga y “amistad” con Manuel Barreiro Castañeda, empresario investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por lavar dinero a través de empresas fantasma, quien junto con Anaya habría hecho tejes y manejes para enriquecerse a partir de “inflar avalúos”, señala el testimonio de personas ligadas al caso.
Un ejemplo de su falta de transparencia fue dado a conocer por la revista Proceso en 2015, cuando refirió que Ricardo Anaya Cortés “mintió” en su última declaración de bienes ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), ocurrida en 2011.
Proceso documentó que, en dicha declaración, el panista no mencionó ser accionista de la empresa Cintla de S. de R.L. de C.V. En cambio, en su declaración 3de3 de 2015, el político queretano dijo ser accionista de dos empresas del sector inmobiliario [Cintla y JuniSerra S. de R.L. de C.V.] desde “hace cuatro años”. Es decir, desde 2011.
“Esa omisión podría ser violatoria de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y, quizá, pudo incurrir también en falsedad de declaración ante autoridad distinta a la judicial”, dijo la revista.
– Con información de Efrén Flores
Yuriria Sierra destila odio contra AMLO
AMLO; la farsa nunca sale del clóset
Yuriria Sierra
06/17/2015
Lo he dicho siempre y lo sostengo: Andrés Manuel López Obrador me parece un farsante. Le he reconocido también sus cualidades como líder popular, como gran comunicador de masas, como la figura más relevante de una “izquierda” (sic) mexicana que casi nunca se queda en su sitio. Pero justamente ahí es donde encuentro la farsa del que se dice líder de izquierda. No es algo nuevo, lo he repetido hasta el cansancio los últimos 18 años, los mismos que AMLO lleva en campaña, 16 de los cuales han sido en busca de una Presidencia que se le niega en las urnas, a pesar de su discurso.
López Obrador, cuando dejó de ser un incendiario priista tabasqueño (tras componer el himno del PRI), se convirtió en el peor de los demagogos populistas. Siendo jefe de Gobierno del DF le encantaba pasearse en su Tsuru para dar la imagen de austero (aunque, a la postre, viaje en las mismas camionetas que los demás). El Tsuru y el departamento de Copilco como anuncio temprano de la bandera rancia y plana de cualquiera que busque el reflector y el aplauso fácil, teniendo como única estrategia la consigna disfrazada de propuesta. Así fueron los años en que AMLO gobernó el DF.
También sus campañas presidenciales de 2006 y 2012. Así se fue del PRD para crear su partido. Insensato y arrogante, asimismo ha perdido y se ha perdido en dos comicios presidenciales. ¿O por qué ahora no reconoce como gran resultado los votos que Morena logró el 7 de junio y sólo se centra en su grito de fraude en las delegaciones que NO ganó?
Siempre ha sido arrogante, incapaz de reconocer sus errores (y en minimizar sus victorias, que le parecen pequeñas para sí mismo). Respaldado en el aplauso que recibe en las calles, ha construido una carrera a base del populismo ramplón. Ahora su partido anuncia que en las delegaciones y municipios donde van a gobernar reducirán los sueldos en 50% para destinarlos a un fondo que permita que estudiantes de nivel superior puedan estudiar. Qué bonito suena, una ayuda caída del cielo, dirán. Pero no han detallado a qué instituciones serán inscritos ni cómo pasarán de las aulas a una oferta laboral exitosa. Claro, eso no ha de importarles porque qué complicación, lo que importa es la propuesta fácil. Les importa el qué, nunca el cómo.
Los cómos no le reditúan electoralmente. Aún recuerdo cuando, en campaña presidencial, dijo tener la solución para que el crimen organizado dejara en paz las calles, pero esa estrategia sólo la daría a conocer siendo Presidente, dice. Mientras, que la sangre se siga derramando. Así su mezquindad o, más probablemente, su hueco de propuestas.
Y ya que mencionamos al cielo líneas arriba, y ahora que en redes sociales el querido Genaro Lozano inició el TT, #AMLOSalDelClóset, vale la pena preguntarnos, por enésima vez, qué tan de izquierda es su movimiento. Lo he dicho siempre: El Peje es un fascista disfrazado de socialista: animales, ambos, del mismo orden, alimentado de fanatismo e ignorancia.
Asuntos tan básicos como los derechos de las minorías jamás han sido temas de su agenda. Ni el matrimonio igualitario ni el derecho a decidir. La semana pasada, en una entrevista que concedió al programa El Weso, de nuevo López Obrador se mostró como el profundo intolerante que está mucho más cerca en la más extrema derecha. Lo dije desde que “congeló”, siendo jefe de Gobierno, las iniciativas de derecho a decidir y sociedad de convivencia. Y apenas hoy parecen los colegas darse cuenta.
He dicho esto desde hace 18 años. Me dio mucho gusto ver que, en un par de días, mis apreciados Genaro Lozano y Denise Dresser, o el propio Julio Hernández —entre otros—, al fin lo reconocieran. Quince años después, pero como diría el propio Peje, “más vale tarde que nunca”. Siempre me había preguntado cómo mentes que considero inteligentes se veían seducidas por el discurso simplista del gran engañatodos. AMLO no es un líder de izquierda: es más un demagogo disfrazado de falso salvapatrias, adicto a una verborrea que sólo oculta un conservadurismo extremo y todas sus fobias. El neofascismo nunca, nunca, sale del clóset, porque ahí es donde crece...
La campaña de López Obrador explica la amnistía
Alfonso Durazo, la propuesta de Morena para secretario de Seguridad, presenta las líneas del combate a la delincuencia
El País. LUIS PABLO BEAUREGARD
La amnistía de Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), se ha convertido en uno de los temas centrales para combatir la violencia en la campaña. En el debate presidencial del domingo, el tres veces aspirante presidencial desaprovechó la oportunidad para detallar la propuesta. Esto hizo que sus adversarios utilizaran la idea para golpearlo. Este martes, Alfonso Durazo, el encargado de la política de seguridad de Morena, ha matizado la amnistía. “López Obrador ha propuesto un proceso de paz y de reconciliación nacional, no un pacto con el crimen organizado. Sin proceso de pacificación y reconciliación no habrá punto de inflexión en los niveles de violencia que definen la tragedia del país”, aseguró.
“¿Vamos a meter a los niños halcones a la cárcel o les vamos a dar oportunidades de desarrollo?”, preguntó Durazo a los asistentes de un seminario sobre seguridad y violencia organizado por El Colegio de México, un reputado centro de estudios que se ha convertido en una cantera de académicos simpatizantes con la campaña de López Obrador. Durazo se refería a los menores de edad que son utilizados como vigías por grupos de la delincuencia organizada. Esta pregunta resume en una idea la principal propuesta de Morena para reducir la violencia: combatir la corrupción y la pobreza. “La mejor política criminal es una excelente política social”.
Durazo, quien fue secretario particular del expresidente Vicente Fox (2000-2006) y hombre cercano a Luis Donaldo Colosio, busca un escaño en el Senado y es la propuesta de López Obrador para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública si triunfa el 1 de julio. Esta institución desapareció en el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Sus funciones fueron trasladadas a Gobernación, un ministerio encargado de la política interior y que no pudo frenar el alza nacional de los homicidios desde 2014 y que en 2017 alcanzó la peor cifra en los últimos 20 años.
El equipo de López Obrador asegura que la amnistía no será un decreto, sino producto de una “reflexión social”. “Lo haremos en un marco de legalidad y de respeto a los derechos humanos, en particular a los derechos de las víctimas. La última palabra la tendrá la sociedad. Después, el Congreso. Deberá ser una ley y corresponderá a un Congreso. No hay decisiones unilaterales ni habrá arbitrariedad del presidente”, aseguró. Detrás de esta explicación, Durazo reconoce un complejo sistema legislativo que debe reformar la Constitución con una iniciativa de ley que tenga el “consenso de los mexicanos”.
Durazo también dijo que los tratados internacionales que México ha signado con otros Estados y organismos acotan las posibilidades de la amnistía e indultos propuestos por López Obrador. “Entre ellas están violaciones graves de derechos humanos, extorsión, secuestro y actos de naturaleza violenta. No hay forma de que el Congreso pase una ley de amnistía en contradicción con ese tratados que México ha firmado en materia de derechos humanos”.
El Colegio de México también escuchó algunos compromisos del eventual Gobierno de López Obrador, entre ellos entregar un país en paz en 2024. Durazo dijo que cerrará “el ciclo de guerra” enfocándose en un la prevención como uno de los ejes centrales. Se fijó un plazo de 180 días para comenzar a reducir los índices delictivos y afianzar su estrategia en un plazo de tres años. También propuso mejores salarios, prestaciones y preparación para los policías. Esto les permitirá ordenar el paulatino retorno del Ejército a los cuarteles. Sin embargo, Durazo anunció que las líneas definitivas de la estrategia de seguridad y combate a la violencia serán anunciadas por el propio López Obrador a finales de mayo.
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