Julen Rementería, otro panista ladrón.

Miriam Andrade

Xalapa, Ver.- Durante la administración de Yunes, al hoy senador de la República, Julen Rementería del Puerto, le bastó sólo un año al frente de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) para convertirla en fuente de negocios inmorales mediante la asignación de contratos multimillonarios a “consentidos” del gobernador y en especial con Pepe Mancha, dirigente estatal del PAN, favoreciendo a sus constructoras fraudulentas.

El paso de Julen Rementería por una de las principales dependencias estatales, dejó muchas situaciones anómalas que sus cómplices se trataron de ocultar perfectamente, aunque todavía existen algunas madejas sueltas que poco a poco irán revelando lo que ahí pasó con el presupuesto y la asignación de contratos a constructoras foráneas.

Al perder la gubernatura Acción Nacional, algunos constructores perdieron el miedo y empezaron a denunciar las corruptelas en la SIOP en tiempos de Julen, como fueron los moches por montos elevados a cambio de los contratos de obra, además, de que el 60% de las obras se entregaron mediante adjudicación directa y a los incondicionales del gobierno azul.

El ORFIS reveló que en la Cuenta Pública de 2018, la SIOP entregó 82 contratos de obra por 244 millones de pesos a sólo 22 empresas, la entrega de 54 millones de pesos bajo esta modalidad cuando bien pudo realizar licitaciones públicas simplificadas en aras de la transparencia y honestidad, pero no fue así.

Julen Rementería retorció la Ley para asignar contratos “inmorales” como aquellos otorgados al dirigente estatal del PAN, José de Jesús Mancha, quien constituyó de la noche a la mañana, la empresa IZA Inmobiliaria S.A. de C.V.

Al panista se le olvida que su carrera política sigue teniendo una “mancha”, que lo descalifica en su afán protagonista de criticar al Gobierno de México y al de Veracruz, que sí están haciendo las cosas de manera transparente, de cara a la sociedad y con el único afán de revertir el daño a las instituciones causado por gobiernos pasados, en especial al sector salud que fue desmantelado

Ex directora de Isssteson pide amparo a días de perder fuero

Por:   Redacción/LA VERDAD

Hermosillo, Son.-

A 9 días de dejar el cargo de diputada federal plurinominal la ex directora del Isssteson, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, solicitó un amparo a la justicia federal para evitar ser detenida.

Bajo el expediente número 1125/2018, la todavía legisladora federal pidió al Juzgado Primero de Distrito protección en contra de actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal de Hermosillo, Heliodoro Reyes Medina.

La solicitud la hizo el pasado 21 de agosto bajo el argumento de que ella no fue llamada a juicio y está ahora siendo juzgada.

“Omisión de ser llamada a juicio”, se lee en la solicitud de amparo cuya copia tiene LA VERDAD.

La ex funcionaria deberá presentarse a una Audiencia Incidental el próximo 28 de agosto a las 9:10 horas en el tribunal federal.

Ella debe dejar su cargo de legisladora federal el 30 de agosto.

Las acusaciones

Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa es investigada por la Procuraduría estatal de Sonora, luego de que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) de la entidad le comprobara un desfalco superior a 2 mil 200 millones de pesos cuando fue directora del Issste en la entidad.

Luego de que el ISAF practicara 15 auditorías a la gestión de Lizárraga, y de que se determinara su responsabilidad, un grupo de diputados locales, integrantes de la Comisión de Vigilancia del ISAF, interpusieron una denuncia penal ante la Procuraduría del Estado por peculado, uso indebido de atribuciones y lo que resulte.

Algunos de los delitos

De acuerdo con la denuncia presentada por los legisladores locales, entre otras irregularidades detectadas en la Cuenta Pública de la institución de salud están los siguientes:

Con cargo a la partida “Deudores por gastos a comprobar”, en diciembre de 2012, Lizárraga ordenó la compra de cámaras de video, de fotografía digital, aparatos de refrigeración, asientos de masaje, tabletas, computadoras, perfumería, cosméticos, ropa, electrodomésticos, renta de mobiliario para fiestas, combustible, teléfonos celulares, juguetes y videojuegos.

En el rubro de “Ingresos por recuperar” aparecen en la auditoría dos saldos, uno por mil 944 millones 724 mil 841 pesos y otro por mil 401 millones 521 mil 938 pesos que no se pueden cobrar, pues Lizárraga no implementó una cartera de estas cuentas, en las que se especifiquen los conceptos que se tendrían que recibir.

Con cargo a las partidas “Servicios de capacitación” y “Servicios de limpieza”, la exdirectora de Issstesp pagó 2 millones 701 mil 404 millones de pesos, sin embargo, no lo pudo acreditar con facturas.

La panista subió su salario y de sus colaboradores, de esta forma, su sueldo subió de 52 mil 800 pesos al mes, a 71 mil 600.

Por los delitos, el ISAF le ordenó resarcir los daños, es decir, reponer el daño patrimonial.

Implica ‘Reforma’ a candidato a diputado federal del PAN en BJ en uso político de recursos para damnificados

STAFF/LIBRE EN EL SUR

Luis Mendoza Acevedo, un incondicional del cacique del PAN en la capital, Jorge Romero Herrera, y vicecoordinador de la fracción parlamentaria de dicho partido en la Asamblea Legislativa, aprovecha la reconstrucción para promoverse como candidato a diputado federal por Benito Juárez, reveló este jueves el periódico Reforma.

Según la ley promulgada tras el sismo del 19 de septiembre, la gestión de la reconstrucción es atribución de la Comisión para la Reconstrucción, que encabeza Édgar Tungüi.

Pero de acuerdo con la información que se publica como principal en la sección Ciudad de Reforma, bajo el encabezado “Cuelgan reconstrucción a candidatos del Frente”, el miércoles 23 Daniel Chimal, de la campaña de Luis Mendoza, acudió a un domicilio en la calle Prolongación Uxmal, donde la Comisión de Reconstrucción tenía programado un recorrido.

“Ahí informó a los damnificados que los edificios que recibirán recursos serán aquellos que escojan su jefe Leonel Luna, asambleísta del PRD y quien también busca una curul federal (por Álvaro Obregón)”, escribió el reportero Israel Ortega.

Los panistas Jorge Romero, Luis Mendoza y José Manuel Delgadillo en la Asamblea Legislativa, el 2 de cotubre del 2015.  Foto: Adolfo Vladimir/Cuartoscuro

Daniel Chimal explicó claramente a los vecinos la intromisión del candidato panista en el manejo de los recursos: “Está muy bien que les están dando seguimiento”, dijo a los damnificados referidos en la nota. “Pero cuando nosotros ya cuando tengamos el paquete de los inmuebles ya muy organizado se lo vamos a pasar (a la Comisión) a través del diputado Leonel (Luna) y Luis Mendoza”.

Reforma publicó el 30 de abril que, de 898 millones de pesos que deberían asignarse “preferentemente” a reconstruir, el diputado panista Jorge Romero y los perredistas Leonel Luna y Mauricio Toledo solo destinaron 270 millones.

En cambio, etiquetaron dos mil 400 millones para dádivas, documentó el periódico, destinados preferentemente a “sus” delegaciones: Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán.

Por estos hechos, candidatos de Morena en BJ denunciaron a los tres diputados ante la Fepade y la Procuraduría capitalina, por presuntos delitos electorales y desvío de recursos.

Ya investigan a Anaya en Europa por lavado de dinero

El periódico digital es el mismo que en su momento dio a conocer, como primicia, la investigación y el arresto de Humberto Moreira, ex presidente nacional del PRI y ex Gobernador del estado mexicano de Coahuila, por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Ahora dice que “los fondos previa circulación de los mismos principalmente por Canadá y Gibraltar, los habría recibido el señor Anaya mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada en el estado de Querétaro a la empresa mexicana Manhattan Master Plan, por valor de 54 millones de pesos mexicanos”.

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).– Autoridades judiciales de Europa investigan el presunto delito de blanqueo de capitales –previsto en el artículo 301 del Código Penal–, en el que estarían involucrados Ricardo Anaya Cortes, candidato a la Presidencia de México por la coalición “Por México al Frente”; el empresario mexicano Manuel Barreiro Castañeda y el también empresario mexicano-español Juan Pablo Olea Villanueva, informó este miércoles el diario El Español.

Se trata del mismo periódico digital que en su momento dio a conocer, como primicia, la investigación y el arresto de Humberto Moreira, ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex Gobernador del estado mexicano de Coahuila, por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

El diario hispano revela que, “según nuestras fuentes”, las autoridades europeas investigan la creación de una estructura financiera generada en terceros países y paraísos fiscales “a fin de obtener fondos para el candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya”.

“Dichos fondos, previa circulación de los mismos principalmente por Canadá y Gibraltar, los habría recibido el señor Anaya mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada en el estado de Querétaro a la empresa mexicana Manhattan Master Plan, por valor de 54 millones de pesos mexicanos”, establece el periódico de la península ibérica.

 También aclara que la investigación se relaciona con la que emprendió en México la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a actividades que, presuntamente, involucran actividades de blanqueo de capitales.

En la investigación de la Procuraduría General, que data del 1 de marzo de 2018, se habrían acordado medidas cautelares consistentes en el bloqueo y embargo de las cuentas bancarias de Barreiro y Olea.

De acuerdo con el diario español, las nuevas pesquisas de las autoridades europeas se centran en una investigación previa e independiente acerca de la estructura empresarial en España de Juan Pablo Olea Villanueva “que demuestra que, del análisis de la información pública y contable de sus sociedades, se pueden establecer patrones que son compatibles con una estructura destinada a la ocultación de capitales”.

La investigación arroja hasta ahora, plantea El Español, que Olea Villanueva participa en la administración y propiedad de, al menos, 14 compañías en España. La actividad de estas compañías data desde 1996, y tienen muy diversas ramas de actividad que van desde la hotelería, hasta el comercio de flores, pasando por la actividad inmobiliaria.

“El análisis individual de los estados financieros de las compañías españolas permite identificar graves irregularidades que, analizadas conjuntamente, dejan entrever patrones de actuaciones compatibles con actividades de blanqueo de capitales”, plantea el diario.

El blanqueo de dinero, también conocido como lavado de dinero, lavado de activos o lavado de capitales, es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisión de un acto delictivo de tipo grave, y la obtención de unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos.

Hace dos días, José Antonio Meade Kuribreña, candidato a la Presidencia por la coalición Todos por México, afirmó que Anaya Cortés “lavó dinero”.

“Hoy queda, abundantemente claro, que lavó dinero [Ricardo Anaya] en una operación inmobiliaria”, manifestó el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Lo que hizo Ricardo Anaya jurídicamente hablando es idéntico a lo que hizo Roberto Borge, no hay absolutamente ningún matiz ni ninguna diferencia, declaró el también ex Secretario de Hacienda del Gobierno de Enrique Peña Nieto, en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Durante el primer debate presidencial de la campaña electoral 2018, Anaya se defendió de esas acusaciones, que datan de marzo pasado.

“No existe ninguna acusación en mi contra y todo ha sido completamente mediático”, expresó el candidato panista, y añadió: “Siempre me he conducido con la legalidad, así como puedo mirar a los ojos a los ciudadanos”.

 BAJO SOSPECHAS

Ricardo Anaya Cortés de estar involucrado en una triangulación millonaria de recursos de dudosa procedencia.

No es la primera vez que Anaya es ligado a presuntos casos de corrupción y enriquecimiento deshonesto. Sin embargo, al menos en lo legal, ha librado todos los señalamientos que pesan sobre él.

Desde el año pasado, una noticia persigue al panista queretano: entre 2014 y 2016, compró y vendió un terreno en su estado natal. Lo adquirió por poco más de 10 millones de pesos y a los dos años de la compra, construyó siete mil metros cuadrados de una nave industrial que vendió en 54 millones de pesos.

Hoy, le es cuestionada la cantidad de dinero que genera y que no esclarece -a cabalidad- de dónde sale; también su presunta liga y “amistad” con Manuel Barreiro Castañeda, empresario investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por lavar dinero a través de empresas fantasma, quien junto con Anaya habría hecho tejes y manejes para enriquecerse a partir de “inflar avalúos”, señala el testimonio de personas ligadas al caso.

Un ejemplo de su falta de transparencia fue dado a conocer por la revista Proceso en 2015, cuando refirió que Ricardo Anaya Cortés “mintió” en su última declaración de bienes ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), ocurrida en 2011.

Proceso documentó que, en dicha declaración, el panista no mencionó ser accionista de la empresa Cintla de S. de R.L. de C.V. En cambio, en su declaración 3de3 de 2015, el político queretano dijo ser accionista de dos empresas del sector inmobiliario [Cintla y JuniSerra S. de R.L. de C.V.] desde “hace cuatro años”. Es decir, desde 2011.

“Esa omisión podría ser violatoria de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y, quizá, pudo incurrir también en falsedad de declaración ante autoridad distinta a la judicial”, dijo la revista.

– Con información de Efrén Flores

Mariana Gómez del Campo aprovechó el poder de su tia.

Los parientes de la dirigente del PAN en el DF se benefician con jugosos contratos del organismo

El Imjuve, coto familiar de Mariana Gómez del Campo

La primera imagen muestra el documento de adjudicación directa por 473 mil 684 pesos en favor de Teresa Gómez del Campo Gurza, por concepto de análisis temático y compilación de documentos de la agenda legislativa federal. El segundo cuadro muestra el pago parcial por 28 mil 125 pesos hecho por el Imjuve a la hermana de la lideresa panista en la capital del país

Karina Avilés

Periódico La Jornada
Lunes 25 de enero de 2010, p. 5

Como ocurría durante los gobiernos priístas, el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) se mantiene como instrumento al servicio del partido en el poder. Ahora está copado por la presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en el Distrito Federal, Mariana Gómez del Campo, cuyos familiares se han beneficiado con jugosos contratos otorgados por el organismo, donde además colaboradores cercanos de la también prima de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, ocupan los puestos claves.

El contrato IMJ-CONT-AD-023/2007, firmado el 2 de mayo de 2007, estipula una adjudicación directa por 473 mil 684 pesos en favor de Teresa Gómez del Campo Gurza, hermana de la lideresa del blanquiazul en el Distrito Federal, por concepto de un análisis temático y compilación de documentos de la agenda legislativa federal, de acuerdo con documentos internos del Imjuve, cuya copia posee este diario.

Tan sólo en la segunda quincena de junio de ese año la hermana de Mariana Gómez del Campo cobró la cantidad de 28 mil 125 pesos, como parte del pago total amparado por ese contrato. Así lo avala el cheque número 5527, expedido el 2 de julio de 2007.

Pero ese convenio ha sido uno de tantos. Con el número de contrato IMJ-CONT-ADM-020/2007, del 16 de marzo de 2007, se realizó otra adjudicación directa para Daniela Verderi Muñuzuri por la suma de 149 mil 958 pesos. Ella no sólo es la cuñada de la presidenta del PAN capitalino, sino actualmente es la subdirectora de Salud y Medio Ambiente del propio instituto. Se le entregaron recursos por dar asesoría a la Dirección de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes del Imjuve, de la que precisamente depende.

Moraima Castillo Dorantes, ex subdirectora de lo Normativo y Consultivo, quien trabajó en el Instituto Mexicano de la Juventud desde que este último arrancó actividades en 1999 hasta el año antepasado, asegura que en la pasada jornada electoral obligaron a todos los trabajadores de confianza y funcionarios a irse a capacitar al PAN para que fueran a las casillas el día de las elecciones en representación de ese partido. Esto se hacía por órdenes de la directora general, Priscila Vera.

Pero las actividades ajenas a la labor de los empleados del instituto no terminan ahí. Castillo afirma: Nos obligaban a ir a marchas los sábados y domingos, de acarreados. Yo fui a una marcha contra la homofobia en la que estaba el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos. También nos llevaron a plantar árboles un sábado ¡y ay de ti que no fueras! Había la amenaza del despido o te empezaban a molestar.

Indica que ella fue despedida del organismo por negarse a mandar al archivo todos los expedientes que teníamos en el departamento jurídico, entre los cuales está el de Teresa Gómez del Campo Gurza, a quien también se le adjudicó una plaza mediante la cual cobraba como directora. También se opuso a que se hiciera una “credencialización fast track para la tarjeta Poder Joven, en julio de 2008, porque lo que querían era dinero para alguien y tener una base de datos para manejar en las elecciones”.

Las funciones partidistas del Imjuve han formado parte de su larga historia. De una oficina dependiente de la Secretaría de Educación Pública en los años 40 se transformó en un instituto que, con diferentes denominaciones, perduró hasta los 70, para luego transformarse en el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud –mejor conocido como el Crea–, hasta que el ex presidente Carlos Salinas decretó su desaparición (según trascendió entonces, porque el organismo apoyó la candidatura presidencial de Alfredo del Mazo, por lo que se le redujo a una dirección), para que después naciera de nueva cuenta como instituto la víspera de 2000.

Durante su existencia, este organismo ha sido utilizado por priístas –y ahora por panistas– para sus fines eminentemente políticos.

De acuerdo con ex funcionarios y ex trabajadores, que por temor de su integridad física pidieron anonimato, hoy día el Instituto Mexicano de la Juventud está bajo el poder real de Mariana Gómez del Campo. La lideresa del panismo en la capital del país es quien dirige informalmente el instituto, y Priscila Vera lo hace de manera formal.

Los principales cargos sólo confirman que las familias política y real de Gómez del Campo tienen copado al Imjuve. El subdirector general de coordinación y evaluación, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, fue el suplente de la presidenta del PAN-DF cuando ésta compitió como candidata a diputada federal en 2006.

La subdirectora de salud y medio ambiente, Daniela Verderi Muñuzuri, está casada con el hermano de Mariana Gómez del Campo. El director de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes en el instituto, Orlando Anaya González, se desempeña a su vez como consejero regional en el PAN capitalino.

El jefe de departamento de género, Alejandro Méndez González, también es consejero regional de ese partido en la capital del país, mientras Sergio Ruiz Andrade, director de comunicación social hasta el año pasado, es el actual director de comunicación del PAN en el Distrito Federal.

La sucesora en el cargo de Ruiz Andrade, Cecilia Mendoza Bautista, fue directora de prensa del Partido Acción Nacional en la capital. Otra red familiar es la de la secretaria técnica, María Elena Chávez Aguilar, y la directora de asuntos jurídicos, María de Lourdes Chávez Aguilar, quienes son hermanas. Es el mismo caso de la subdirectora de prensa y relaciones públicas, Patricia Ferreira Granados, y la subdirectora de empleo y capacitación, Ana María Guadalupe Ferreira Granados.

Otro de los ex trabajadores del Imjuve señala que en el pasado proceso electoral se mandó a personal del instituto a colaborar en campañas de Acción Nacional, en particular la de la ahora asambleísta Lía Limón García y la de la candidata a jefa delegacional en Iztapalapa, Olivia Garza. Se les obligaba a ir a mítines de estas dos personas en sábados y domingos, a cambio de reponerles un día laborable. Asimismo, la directora general de bienestar y servicios juveniles del instituto, Ana Lía de Fátima García García, es prima de Lía Limón García.

El caso de los becarios es de lo más escandaloso en el instituto. Ex funcionarios explican que existen becas de servicio social para los jóvenes, las cuales fueron creadas para que ellos realizaran actividades que formaban parte de los programas del organismo. Pero desde la gestión de Priscila Vera, los apoyos se utilizan para dar empleo a los chavos panistas. Tienes que ir a afiliarte al partido. Si traen su credencial, les siguen dando la beca, si no, no; cosa que ni con los priístas se hizo.

Una de las becarias del organismo hasta hace unos meses asegura que tuvo que salir del Imjuve por el acoso que sentía de los directivos. Acoso de afiliarte al partido si no lo estás; te hostigan para que vayas a eventos, so pena de correrte. Eso me fastidió, tener que utilizar los fines de semana para ir a sus marchas.

Recuerda que en una ocasión acudió “a plantar árboles, con todo y sándwich de por medio. Supuestamente iba a estar (Felipe) Calderón. Y eso lo decían para animarnos… Ese día estuvo muy feo, porque nos decían que teníamos que llenar cuatro lugares del camión: ‘traigan a su mamá, a su abuelita y si no los traen, les vamos a descontar mil pesos por persona que no traigan’. De modo que si llegabas tú solo al evento era lo mismo a que si no ibas…Como uno es inexperto y miedoso, después me di cuenta de que ni siquiera se podía hacer eso, porque los recibos de beca –por 3 mil pesos mensuales– ya venían como tal”.

Todo esto ocurre mientras, de acuerdo con David Urzúa, consultor de la Organización Iberoamericana de Juventud, los jóvenes mexicanos son víctimas de negligencia porque a sus gobernantes simplemente no les interesan, no los consideran relevantes.

La falta de una política de Estado hacia este sector poblacional obedece a que, por un lado, hay falta de entendimiento de que ellos (los jóvenes) son una condición y una oportunidad de desarrollo para las naciones, y por otro, la política social del país no está concentrada en el desarrollo de las personas, sino en la ampliación de la parcela de poder de la clase política. En esa óptica, los jóvenes siempre han sido un botín político.

Por su parte, la directora de la organización Afluentes, Gabriela Rodríguez, apunta que las acciones del Estado hacia la juventud están sesgadas ideológica y partidistamente. Por ejemplo, frente a iniciativas como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción, la posición del Imjuve es inexistente, ni siquiera opina. Con temas como el aborto, Priscila Vera se asusta. Su visión es católica, lo cual es respetable, pero como políticos no asumen que México es un Estado laico.

Este año el Instituto Mexicano de la Juventud tendrá una prueba de fuego en dos aspectos: la organización de la Conferencia Mundial de Juventud, en agosto próximo, de la que ya nos pregun- tamos si sólo van a invitar a los sectores conservadores o si la van a usar con fines partidistas, y la Encuesta Nacional de Juventud, en cuyo diseño es fundamental la participación de las organizaciones y los expertos de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, añade Gabriela Rodríguez.

Entre tanto, el Imjuve está convertido hoy en una bolsa de trabajo para los funcionarios del PANy en un centro de operación en la capital del país del partido en el poder, lamentan las fuentes consultadas.

Fox: un parásito y un ladrón

Álvaro Delgado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¿Qué es Fox? ¿Quién es Fox? ¿Cuál es Fox? La respuesta, queridos amigos, es lamentablemente muy sencilla: Nada. Una nada llena de palabras”.

Así describió a Vicente Fox el artista José Chávez Morado cuando, en el año 2000, este personaje del PAN engatuzaba a millones de mexicanos que, en efecto, votaron por él para, tras su infecundo sexenio, dejar “el ácido sabor del engaño”, como lo definió Julio Scherer García.

Pero Chávez Morado se equivocó: La nada, que es el vacío sin principio ni final, no basta para describir a quien no sólo estafó y traicionó a sus votantes y no votantes, sino que saqueó y se enriqueció –él y su clan– a la sombra del poder.

Fox, este grandote sin grandeza que también esquilmó al país como propagandista de Enrique Peña Nieto, no sólo es un ladrón impune, sino que ahora ha tomado a diversión insultar a mexicanos.

“hey perrada twitera de lopitos. probemos si pueden responder sus tonterías mas rápido. Tienen 30 segunos, un, dos, tres arrancan… a ver quie dice mas groserias”, escribió Fox, con absoluta suciedad lingüística, en un retador mensaje de Twitter, el miércoles 14, que se convirtió en retahíla de nueve mensajes para descalificar a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, su fijación desde hace dos décadas.

“Mis tweets de ayer por la tarde no sólo fueron ´mentadas de madre´, fueron un experiemento social digital y compruebo lo siguiente”, escribió este jueves Fox en Twitter, con el mismo lenguaje que exhibe su desprecio por el saber y en el inicio de otra retahíla de inventivas contra López Obrador.

Este individuo, que fue presidente de México y jefe de las instituciones del Estado, no sólo es un parásito que nos cuesta, sólo él, 205 mil pesos mensuales, pero además con dinero público se le pagan 500 mil pesos mensuales a los 20 funcionarios que trabajan para él.

Varios de estos funcionarios atienden el Centro Fox, en Guanajuato, que además usa como salón de fiestas que estimula la evasión de impuestos si los clientes pagan en efectivo. Pero esto y los 14 millones 384 mil pesos que Peña le ha dado de subsidio en su gobierno palidecen ante otras evidencias de su enriquecimiento.

Desde el 2000 emergieron datos sobre el enriquecimiento de Fox y su parentela, incluida la de su mujer Marta Sahagún, como en el libro de Jesusa Cervantes, Los hijos de Marta, y Fin de fiesta en Los Pinos, de Anabel Hernández, y ahora en Fox, negocios a la sombra del poder, Raúl Olmos documenta también las maniobras que ha hecho este personaje para enriquecerse desde que llegó, quebrado, a la Presidencia de la República.

Unos ejemplos: Apenas llegó al cargo, su hijo Rodrigo se hizo accionista del Grupo Estrella Blanca, a la que su gobierno le otorgó contratos por 350 millones de pesos, y apenas dejó la presidencia, en 2007, recibieron regaladas las acciones de otra empresa transportista que convirtieron en un gran negocio con contratos de los gobiernos de Felipe Calderón y Peña.

No sólo eso: El Centro Fox desvirtuó sus fines no lucrativos y recibe fondos oscuros, como una transferencia de 200 mil dólares que le hizo una empresa fantasma británica, o donativos millonarios de compañías inexistentes, una de ellas ligada a Oceanografía, de la que fue promotor de contratos un hijo de Marta.

Las evidencias de corrupción de Fox se multiplican en este libro, pero él dice que vive de su pensión de 205 mil pesos al mes, que sólo le sirven para “comer frijolitos”, pero en 2011 compró un departamento en Santa Fe de casi 5 millones de pesos; en 2012, otro de 8 millones en León, y otro de seis millones en la colonia Roma de la Ciudad de México.

De ser un muerto de hambre, en el 2000, Fox es hoy un millonario que, además de vivir de los mexicanos, los insulta. Es, en efecto, una piltrafa moral…

Denuncian a Anaya ante la PGR por presunto enriquecimiento ilícito a través de su fundación

Anaya durante una rodada con motociclistas en Ciudad Nezahualcóyotl, el sábado pasado. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Movimiento Consenso Ciudadano por Querétaro, agrupación que integra a más de dos mil miembros, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) al aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, para que investigue las sospechosas triangulaciones realizadas en la entidad a través de la Fundación por más Humanismo, que él encabeza.

“No se trata de una guerra sucia, lo que deseamos es que las autoridades aclaren los bienes de Anaya Cortés, quien es un demagogo y se dedica a litigar en los medios”, aclaró Olvera Velázquez, integrante de la organización civil.

La denuncia interpuesta por la ONG queretana es por la probable responsabilidad de Anaya Cortés en los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Olvera Velázquez señaló que la denuncia de hechos es producto de lo publicado por Proceso en su más reciente edición, en circulación, en el que se señala que lejos de cumplir su objetivo social de “fortalecer la conciencia democrática de los queretanos y su formación cívico-política”, la Fundación por más Humanismo fue usada por Anaya para hacer un millonario negocio inmobiliario con constructores amigos, mediante un complejo esquema de triangulación y encubrimiento de operaciones financieras.

Olvera Vázquez refirió que, si el panista aspira a ocupar el más importante cargo de elección popular, debe demostrar su transparencia, honestidad y probidad, por lo que es necesario que muestre las escrituras y el acta constitutiva que acredite la legitimidad de la fundación.

Añadió que “es inadmisible” que Ricardo Anaya no sea transparente, por lo que es necesario que aclare la procedencia de sus bienes y en particular los de la Fundación Por más Humanismo.

Insistió en que la finalidad de la denuncia es legal y no política, que se cumpla con el Estado constitucional y se demuestre si lo publicado en el semanario es cierto o no.

La denuncia de hechos también es contra los accionistas de la fundación: Abraham Jaik Villarreal, Lorena Jiménez Alcedo, Eduardo de la Guardia, Antonio Rangel Méndez y José Luis Báez Guerrero.

Líder del PAN desvió recursos de Sonora para financiar campaña en Hermosillo

Damian Zepeda Vidales (izquierda) y Ricardo Anaya (derecha)

En la trama habría estado implicado Ricardo Anaya y funcionarios del gobierno de Guillermo Padrés.

México.- Al dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Damian Zepeda, lo persigue un pasado de corrupción en Sonora, con estrategias que habrían contado con la venia de Ricardo Anaya y Gustavo Madero.

Información entregada a SDPnoticias acusa que el político de 38 años ejecutó desvíos de recursos para obra pública cuando contendió por la alcaldía de Hermosillo en 2015. Si bien fracasó en las urnas, el plan lo habría gestado desde que fungió como diputado federal para el periodo 2012-2015.

Con apoyo de Anaya Cortés, entonces dirigente del PAN, Zepeda Vidales consiguió que recursos del estado fueran canalizados a Hermosillo a través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP). Francisco Arnaldo Monge Araiza era entonces titular de ese consejo y actualmente se encuentra vinculado a proceso por delitos como uso indebido de atribuciones y facultades.

“La forma de operar seguía la ruta de lograr la asignación de recursos por parte de Damián Zepeda con el apoyo de Ricardo Anaya; ejecutar esos recursos a través de CECOP, cuyo coordinador, “Pancho Platas” se encargaba de licitar obras como parques y canchas deportivas; y una vez que las obras se entregaban, invitaban a Zepeda a la inauguración para su lucimiento personal

La parte final de esa ruta, era recaudar las ‘aportaciones’ de los proveedores de obra pública y destinar ese dinero a la campaña de Damián Zepeda en búsqueda de la alcaldía de Hermosillo, la cual, no pudo alcanzar”.

En esta estrategia habrían participado Eduardo Acuña Padilla, actual secretario general adjunto del Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora, quien pretende buscar la candidatura a la diputación por el Distrito 5 de Hermosillo.

Las operaciones realizadas a través de este esquema entre 2013 y 2015 habrían desviado 700 millones de pesos. Tan solo en el ejercicio 2014 la CECOP asignó 19 obras a 10 empresas relacionadas con Zepeda por un monto total de 339 millones de pesos, mismas que a continuación se detallan:

Rehabilitación de la Universidad Estatal de Sonora

Periodo de ejecución: Diciembre 2014-Agosto 2015 

Monto: 22 millones 342 mil 528.47 pesos.

Empresas contratadas: Haw Desarrollos S.A. DE C.V. y Construcciones y Edificaciones Galis S.A. DE C.V.

Casa de la Juventud del Instituto Sonorense de la Juventud 

Periodo de ejecución: Noviembre 2014- Agosto de 2015

Monto: 14 millones 851 mil 412.14 pesos

Empresa contratada: Desarrollos Constructivo Altica S.A. DE C.V.

Rehabilitación de cancha. Universidad Tecnológica de Hermosillo

Periodo de ejecución: Septiembre a diciembre de 2014

Monto: 4 millones 453 mil 100.01 pesos

Empresa: Haw Desarrollos S.A. DE C.V.

Construcción y rehabilitación del parque lineal "El Ecológico"

Periodo de ejecución: Diciembre 2014 - Mayo 2015

Monto: 17 millones 627 mil 666.36 pesos

Empresa: Haw Desarrollos S.A. DE C.V.

Construcción y rehabilitación de parque deportivo "Héctor Espino"

Periodo de ejecución: Diciembre 2014 - Mayo 2015

Monto: 17 millones 616 mil 958.63 pesos

Empresa: Grupo Minero ALBO de Magdalena S. DE R. L. DE C. V.

Rehabilitación de 15 parques en Hermosillo, Sonora

Periodo de ejecución: Abril a agosto de 2015

Monto: 20 millones 172 mil 364.36 pesos

Empresa: Ing. César Castillo Gutiérrez

Rehabilitación de 4 parques en Hermosillo, Sonora

Periodo de ejecución: Abril a agosto de 2015

Monto: 20 millones 957 mil 026.84 pesos

Empresa: Desarrollos y Servicios Olbap S.A. DE C.V.

Rehabilitación de 17 parques en Hermosillo, Sonora

Periodo de ejecución: Abril a agosto de 2015

Monto: 17 millones 511 mil 780.13.

Empresa: 5H INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

Rehabilitación de 26 parques en Hermosillo, Sonora 

Periodo de ejecución: Abril a agosto de 2015

Monto: 18 millones 673 mil 745.05 pesos

Empresa: Indico RT S.A. DE C.V.

Construcción de 25 obras en Hermosillo, Sonora 

Periodo de ejecución: Abril a agosto de 2015

Monto: 19 millones 266 mil 771.88 pesos

Empresa: Construcciones y Edificaciones Galis S.A. DE C.V.

Rehabilitación de 14 parques en Hermosillo, Sonora 

Periodo de ejecución: Abril a agosto de 2015

Monto: 17 millones 334 mil 566.74 pesos

Empresa: Haw Desarrollos S.A. DE C.V.

Rehabilitación de 18 parques en Hermosillo, Sonora 

Periodo de ejecución: Septiembre a diciembre de 2014

Monto: 30 millones 530 mil 150.03 pesos

Empresa: Haw Desarrollos S.A. DE C.V.

Rehabilitación de 11 parques en Hermosillo, Sonora  

Periodo de ejecución: Octubre a diciembre de 2014

Monto: 17 millones 620 mil 514.72 pesos

Empresa: Ing. César Castillo Gutiérrez y Desarrollos y Servicios Olbap S.A. DE C.V.

Rehabilitación de 21 parques en Hermosillo, Sonora   

Periodo de ejecución: Octubre a diciembre de 2014

Monto: 17 millones 309 mil 926.38 pesos

Empresa: Jorge Federico Soto Mortis y Gaxce S.A. DE C.V.

Rehabilitación de 16 parques en Hermosillo, Sonora    

Periodo de ejecución Noviembre 2014-Marzo 2015

Monto: 17 millones 109 mil 247.77 pesos

Empresa: Desarrollos y Servicios Olbap S.A. DE C.V.

Rehabilitación de 9 parques en Hermosillo, Sonora    

Periodo de ejecución: Noviembre 2014-Marzo 2015

Monto: 17 millones 160 mil 885.86.

Empresa: Desarrollos y Servicios Olbap S.A. DE C.V.

Rehabilitación de 6 parques en Hermosillo, Sonora     

Periodo de ejecución: Diciembre 2014-Mayo 2015

Monto: 15 millones 443 mil 428.87 pesos

Empresa: Gaxce S.A. DE C.V.

Rehabilitación de 6 parques en Hermosillo, Sonora      

Periodo de ejecución: Diciembre 2014-Mayo 2015

Monto: 15 millones 660 mil 340.30 pesos

Empresa: Construcciones y Edificaciones Galis S.A. DE C.V.

Rehabilitación de 10 parques en Hermosillo, Sonora      

Periodo de ejecución: Diciembre 2014-Mayo 2015

Monto: 17 millones 690 mil 227.06 pesos

Empresa: Santiago Cota Salinas

Cabe señalar que 9 de estas obras fueron realizadas por 2 empresas: Desarrollos y Servicios OLBAP SA de CV y HAW Desarrollos SA de CV.

La empresa  Desarrollos y Servicios OLBAPA SA de CV es representada por Manuel Abelais Hopkins quien es una persona muy cercana a Damian Zepeda y Guillermo Padrés Elías, hijo del ex gobernador de Sonora. Eran vecinos en Hermosillo y de ahí la relación de amistad y negocios.

Acusan a exdiputada Rosi Orozco de lucrar con tragedia de mujeres explotadas

Ciudad de México. La presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, Adriana Dávila Fernández, del PAN, denunció ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que desde el gobierno federal y algunos locales se apoya con recursos millonarios a la ex panista Rosi Orozco y su familia, quien ha hecho de la tragedia de muchas mujeres explotadas su millonario negocio particular.

Durante la comparecencia del funcionario ante el pleno del Senado, le entregó un expediente donde se detalla que la familia Orozco la Garza ha recibido en este sexenio contratos del gobierno federal por cerca de 14 millones de pesos para seis de sus empresas, además de 16 millones de pesos en donativos para tres de sus fundaciones, entre ellas Comisión Unidos contra la Trata y Camino a Casa.

Además, se le han financiado 119 viajes nacionales e internacionales, entre ellos a Dubai y al Vaticano, a Rosa María de la Garza, conocida como Rosy Orozco, a sus hijos y a otros integrantes de las fundaciones que utiliza para obtener recursos públicos, bajo el falso argumento de que ayuda a mujeres víctimas de trata.

Desde el pleno del Senado, la senadora Dávila dijo asimismo a Osorio Chong que Orozco tiene en su poder cinco inmuebles que obtuvo a través del Sistema de Administración de Bienes (SAE), tres de ellos con un valor de 11 millones 524 mil pesos, para atender a víctimas de trata de personas, pero que en realidad tienen un uso particular, según información oficial.

El propio SAE constató que en una de las casas habitan Emilio Orozco de la Garza y Mariana Ruenes, hijo y nuera de Rosy Orozco.

La senadora Dávila sostuvo que no es un asunto personal –es conocida su confrontación con Orozco, quién fue protegida por Vicente Fox y Felipe Calderón- sino de cifras y datos que están ahí y que hablan de las corruptelas que rodean a Rosy Orozco y su familia.

Preguntó cómo es posible que el SAE otorgue cinco inmuebles a una sola persona y diversas dependencias del gobierno federal le entreguen contratos, por adjudicación directa a tres empresas que tienen el mismo representante legal y que los donativos le lleguen a ella y no a las muchas organizaciones que realmente combaten la trata de personas.

“Eso se llama corrupción”, recalcó. Y dijo también a Osorio Chong que mientras Orozco viaja en una camioneta blindada, que le paga el gobierno federal o el del estado de México, defensoras de derechos humanos están desprotegidas y mueren asesinadas.

Expuso que Rosy Orozco consigue contratos, donativos y casas del gobierno federal por premiar a gobiernos y políticos que combaten, según ella, la trata de personas, “como lo hizo con Javier Duarte, Roberto Borge”, gobernadores priístas presos por corrupción.

Premió también a Eruviel Avila, aunque en el estado de México hay el mayor número de feminicidios. La legisladora pidió al titular de Gobernación investigar ese entramado corrupto y lo hizo responsable por su integridad física.

Cuando el PAN se robó en FONDEN

Cantón Zetina: Santiago Creel, principal beneficiario de corrupción en el Fonden

12/01/2005

Hubo manejo especulativo de fondos al invertirlos en instrumentos bursátiles: Noemí Guzmán

Sostiene que la sanción aplicada a Carmen Segura busca evitar a toda costa que pise la cárcel

ANDREA BECERRIL

Ampliar la imagenEn imagen de archivo, Santiago Creel Miranda FOTO Jos�arlo Gonz�zFoto: Jos�arlo Gonz�z

Para sancionar a Carmen Segura Rangel, la Secretaría de la Función Pública (SFP) tomó como base una mínima parte del "fraude estratosférico" contra el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), con la intención de que el expediente fuera "endeble" y la ex funcionaria federal pueda librar las acusaciones judiciales sin pisar la cárcel, advirtió la senadora priísta Noemí Guzmán Lagunes.

Sin embargo, recalcó que la fracción del PRI continúa con las investigaciones del caso y ha detectado nuevas irregularidades, entre ellas más inversiones de recursos del fondo de emergencias en casas de bolsa que la ex coordinadora de Protección Civil llevó a cabo, pese a que la ley lo prohíbe.

"Hubo un manejo especulativo de los recursos, ya que se invirtieron 80 millones de pesos en Ixe Casa de Bolsa, aun cuando los lineamientos de la Secretaría de Hacienda, publicados en el Diario Oficial en junio de 1992, impiden a las entidades públicas adquirir instrumentos de tipo bursátil", agregó la legisladora, quien encabeza el grupo de priístas que denunciaron y documentaron el fraude.

Guzmán Lagunes dijo que el desvío de recursos puede ser mayor a los mil 300 millones de pesos que se han documentado hasta el momento -en las denuncias presentadas en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la SFP-, porque los senadores priístas han recibido más información de irregularidades, tanto de las entidades a las que no llegaron a tiempo recursos del Fonden como de particulares afectados, pese a haber padecido los efectos de fenómenos naturales como lluvias, incendios y huracanes.

Por ello, externó su asombro por que la SFP no haya fincado responsabilidades por anomalías más graves, como beneficiar a muchas otras "empresas fachada", como las definió el propio Organo de Control Interno de la Secretaría de Gobernación.

Hay pruebas, agregó, de cómo Segura Rangel solicitaba y recibía recursos autorizados por Hacienda que tardaba meses en comprobar, ya que parte de ellos los invertía en Ixe o en instituciones bancarias.

Como ejemplo mencionó algunas operaciones realizadas por la ex titular del Fonden: el 15 de agosto de 2003 las autoridades hacendarias depositaron 50 millones de pesos para apoyar a la población de diversas entidades afectadas por incendios forestales y lluvias torrenciales, cifra que debía comprobar a más tardar el 15 de octubre de ese año.

Dos meses después, el 2 de octubre de 2003, Segura Rangel recibió otros 170 millones de pesos, también para auxiliar la población que sufrió los efectos de las lluvias en varios estados de la República.

El empleo de los mismos tenía que comprobarse el primero de diciembre de 2004. Pero se cumplió con ello siete meses después del plazo, luego de varios recordatorios.

Esto se debió quizás a que en lugar de canalizarlos al apoyo a los damnificados la ex funcionaria invirtió 80 millones de pesos en Ixe Casa de Bolsa y 79 millones 999 mil 982 pesos en Bancomer. Ambas suman 159 millones 999 mil 982 pesos, 94.12 por ciento del importe total, pese a que la Secretaría de Hacienda establece que no puede depositarse más de 50 por ciento de las disponibilidades e impide a las entidades públicas adquirir instrumentos de tipo bursátil.

La senadora Guzmán Lagunes recalcó: "Como estas situaciones, documentamos muchos otros casos de desvíos y malos manejos".

Agregó que si bien la SFP sólo sancionó a la ex Coordinadora de Protección Civil por una mínima parte del daño patrimonial al Fonden , espera que la Auditoría Superior de la Federación vaya a profundidad.

"No queremos que la impunidad siga reinando en este gobierno supuestamente del cambio", externó la senadora del tricolor.

Por separado, su compañero de bancada, el senador Oscar Cantón Zetina, dijo que el castigo que la SFP impuso a Segura Rangel busca "bajar la presión política que afecta al PAN" y evitar a toda costa que la ex funcionaria pise la cárcel.

A su juicio, desde el gobierno foxista se busca a toda costa proteger a Santiago Creel Miranda, ex secretario de Gobernación, quien fue "el principal beneficiario de la corrupción".