Mariana Gómez del Campo aprovechó el poder de su tia.

Los parientes de la dirigente del PAN en el DF se benefician con jugosos contratos del organismo

El Imjuve, coto familiar de Mariana Gómez del Campo

La primera imagen muestra el documento de adjudicación directa por 473 mil 684 pesos en favor de Teresa Gómez del Campo Gurza, por concepto de análisis temático y compilación de documentos de la agenda legislativa federal. El segundo cuadro muestra el pago parcial por 28 mil 125 pesos hecho por el Imjuve a la hermana de la lideresa panista en la capital del país

Karina Avilés

Periódico La Jornada
Lunes 25 de enero de 2010, p. 5

Como ocurría durante los gobiernos priístas, el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) se mantiene como instrumento al servicio del partido en el poder. Ahora está copado por la presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en el Distrito Federal, Mariana Gómez del Campo, cuyos familiares se han beneficiado con jugosos contratos otorgados por el organismo, donde además colaboradores cercanos de la también prima de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, ocupan los puestos claves.

El contrato IMJ-CONT-AD-023/2007, firmado el 2 de mayo de 2007, estipula una adjudicación directa por 473 mil 684 pesos en favor de Teresa Gómez del Campo Gurza, hermana de la lideresa del blanquiazul en el Distrito Federal, por concepto de un análisis temático y compilación de documentos de la agenda legislativa federal, de acuerdo con documentos internos del Imjuve, cuya copia posee este diario.

Tan sólo en la segunda quincena de junio de ese año la hermana de Mariana Gómez del Campo cobró la cantidad de 28 mil 125 pesos, como parte del pago total amparado por ese contrato. Así lo avala el cheque número 5527, expedido el 2 de julio de 2007.

Pero ese convenio ha sido uno de tantos. Con el número de contrato IMJ-CONT-ADM-020/2007, del 16 de marzo de 2007, se realizó otra adjudicación directa para Daniela Verderi Muñuzuri por la suma de 149 mil 958 pesos. Ella no sólo es la cuñada de la presidenta del PAN capitalino, sino actualmente es la subdirectora de Salud y Medio Ambiente del propio instituto. Se le entregaron recursos por dar asesoría a la Dirección de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes del Imjuve, de la que precisamente depende.

Moraima Castillo Dorantes, ex subdirectora de lo Normativo y Consultivo, quien trabajó en el Instituto Mexicano de la Juventud desde que este último arrancó actividades en 1999 hasta el año antepasado, asegura que en la pasada jornada electoral obligaron a todos los trabajadores de confianza y funcionarios a irse a capacitar al PAN para que fueran a las casillas el día de las elecciones en representación de ese partido. Esto se hacía por órdenes de la directora general, Priscila Vera.

Pero las actividades ajenas a la labor de los empleados del instituto no terminan ahí. Castillo afirma: Nos obligaban a ir a marchas los sábados y domingos, de acarreados. Yo fui a una marcha contra la homofobia en la que estaba el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos. También nos llevaron a plantar árboles un sábado ¡y ay de ti que no fueras! Había la amenaza del despido o te empezaban a molestar.

Indica que ella fue despedida del organismo por negarse a mandar al archivo todos los expedientes que teníamos en el departamento jurídico, entre los cuales está el de Teresa Gómez del Campo Gurza, a quien también se le adjudicó una plaza mediante la cual cobraba como directora. También se opuso a que se hiciera una “credencialización fast track para la tarjeta Poder Joven, en julio de 2008, porque lo que querían era dinero para alguien y tener una base de datos para manejar en las elecciones”.

Las funciones partidistas del Imjuve han formado parte de su larga historia. De una oficina dependiente de la Secretaría de Educación Pública en los años 40 se transformó en un instituto que, con diferentes denominaciones, perduró hasta los 70, para luego transformarse en el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud –mejor conocido como el Crea–, hasta que el ex presidente Carlos Salinas decretó su desaparición (según trascendió entonces, porque el organismo apoyó la candidatura presidencial de Alfredo del Mazo, por lo que se le redujo a una dirección), para que después naciera de nueva cuenta como instituto la víspera de 2000.

Durante su existencia, este organismo ha sido utilizado por priístas –y ahora por panistas– para sus fines eminentemente políticos.

De acuerdo con ex funcionarios y ex trabajadores, que por temor de su integridad física pidieron anonimato, hoy día el Instituto Mexicano de la Juventud está bajo el poder real de Mariana Gómez del Campo. La lideresa del panismo en la capital del país es quien dirige informalmente el instituto, y Priscila Vera lo hace de manera formal.

Los principales cargos sólo confirman que las familias política y real de Gómez del Campo tienen copado al Imjuve. El subdirector general de coordinación y evaluación, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, fue el suplente de la presidenta del PAN-DF cuando ésta compitió como candidata a diputada federal en 2006.

La subdirectora de salud y medio ambiente, Daniela Verderi Muñuzuri, está casada con el hermano de Mariana Gómez del Campo. El director de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes en el instituto, Orlando Anaya González, se desempeña a su vez como consejero regional en el PAN capitalino.

El jefe de departamento de género, Alejandro Méndez González, también es consejero regional de ese partido en la capital del país, mientras Sergio Ruiz Andrade, director de comunicación social hasta el año pasado, es el actual director de comunicación del PAN en el Distrito Federal.

La sucesora en el cargo de Ruiz Andrade, Cecilia Mendoza Bautista, fue directora de prensa del Partido Acción Nacional en la capital. Otra red familiar es la de la secretaria técnica, María Elena Chávez Aguilar, y la directora de asuntos jurídicos, María de Lourdes Chávez Aguilar, quienes son hermanas. Es el mismo caso de la subdirectora de prensa y relaciones públicas, Patricia Ferreira Granados, y la subdirectora de empleo y capacitación, Ana María Guadalupe Ferreira Granados.

Otro de los ex trabajadores del Imjuve señala que en el pasado proceso electoral se mandó a personal del instituto a colaborar en campañas de Acción Nacional, en particular la de la ahora asambleísta Lía Limón García y la de la candidata a jefa delegacional en Iztapalapa, Olivia Garza. Se les obligaba a ir a mítines de estas dos personas en sábados y domingos, a cambio de reponerles un día laborable. Asimismo, la directora general de bienestar y servicios juveniles del instituto, Ana Lía de Fátima García García, es prima de Lía Limón García.

El caso de los becarios es de lo más escandaloso en el instituto. Ex funcionarios explican que existen becas de servicio social para los jóvenes, las cuales fueron creadas para que ellos realizaran actividades que formaban parte de los programas del organismo. Pero desde la gestión de Priscila Vera, los apoyos se utilizan para dar empleo a los chavos panistas. Tienes que ir a afiliarte al partido. Si traen su credencial, les siguen dando la beca, si no, no; cosa que ni con los priístas se hizo.

Una de las becarias del organismo hasta hace unos meses asegura que tuvo que salir del Imjuve por el acoso que sentía de los directivos. Acoso de afiliarte al partido si no lo estás; te hostigan para que vayas a eventos, so pena de correrte. Eso me fastidió, tener que utilizar los fines de semana para ir a sus marchas.

Recuerda que en una ocasión acudió “a plantar árboles, con todo y sándwich de por medio. Supuestamente iba a estar (Felipe) Calderón. Y eso lo decían para animarnos… Ese día estuvo muy feo, porque nos decían que teníamos que llenar cuatro lugares del camión: ‘traigan a su mamá, a su abuelita y si no los traen, les vamos a descontar mil pesos por persona que no traigan’. De modo que si llegabas tú solo al evento era lo mismo a que si no ibas…Como uno es inexperto y miedoso, después me di cuenta de que ni siquiera se podía hacer eso, porque los recibos de beca –por 3 mil pesos mensuales– ya venían como tal”.

Todo esto ocurre mientras, de acuerdo con David Urzúa, consultor de la Organización Iberoamericana de Juventud, los jóvenes mexicanos son víctimas de negligencia porque a sus gobernantes simplemente no les interesan, no los consideran relevantes.

La falta de una política de Estado hacia este sector poblacional obedece a que, por un lado, hay falta de entendimiento de que ellos (los jóvenes) son una condición y una oportunidad de desarrollo para las naciones, y por otro, la política social del país no está concentrada en el desarrollo de las personas, sino en la ampliación de la parcela de poder de la clase política. En esa óptica, los jóvenes siempre han sido un botín político.

Por su parte, la directora de la organización Afluentes, Gabriela Rodríguez, apunta que las acciones del Estado hacia la juventud están sesgadas ideológica y partidistamente. Por ejemplo, frente a iniciativas como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción, la posición del Imjuve es inexistente, ni siquiera opina. Con temas como el aborto, Priscila Vera se asusta. Su visión es católica, lo cual es respetable, pero como políticos no asumen que México es un Estado laico.

Este año el Instituto Mexicano de la Juventud tendrá una prueba de fuego en dos aspectos: la organización de la Conferencia Mundial de Juventud, en agosto próximo, de la que ya nos pregun- tamos si sólo van a invitar a los sectores conservadores o si la van a usar con fines partidistas, y la Encuesta Nacional de Juventud, en cuyo diseño es fundamental la participación de las organizaciones y los expertos de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, añade Gabriela Rodríguez.

Entre tanto, el Imjuve está convertido hoy en una bolsa de trabajo para los funcionarios del PANy en un centro de operación en la capital del país del partido en el poder, lamentan las fuentes consultadas.

La contradicción de ser panista cuando se habla de la protesta social, caso 1DMx #Video

(25 de junio, 2014).- Las protestas contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera el pasado 12 de junio, puso en evidencia las contradicciones de varios legisladores en torno al tema de la “criminalización de la protesta social”, evadió las demandas de los manifestantes y se olvidó que detrás del lenguaje intimidatorio del GDF, existe un informe de daños psicosociales que no se ha cumplido a las víctimas del primero de diciembre del 2012.

Las contradicciones de la “criminalización de la protesta social”.

“No es permisible ni tolerable que en estos tiempos donde la democracia y sus valores deberían prevalecer, haya quienes se empeñen en reprimir la protesta social, en criminalizar a la oposición, en atentar contra la juventud, en negar el derecho a la información y a la libre manifestación de las ideas. Sí queremos privilegiar el diálogo, pero es muy difícil privilegiar el diálogo si hay represión”.

Esas líneas fueron leídas ante la tribuna del Senado de la República no por un defensor de derechos humanos, sino por la senadora panista Mariana Gómez del Campo.

(Mariana Gómez del Campo, en los festejos sobre Av. Reforma)

Sin embargo, ésta no se refiere a una autocrítica de la bancada panista por tratar de endurecer las legislaciones ante la protesta social en México, se trata de una condena enérgica hacia las protestas suscitadas en Venezuela, críticas que traspasando las fronteras, los blanquiazules las consideran válidas, pero tratándose de protestas nacionales, el discurso se transforma en “vándalos” que deben ser sancionados con penas de cárcel.

Si bien la senadora panista declaró en marzo pasado estar consciente de que las protestas nacen a raíz de la inconformidad de amplios sectores de la sociedad (en Venezuela), y que aseguró que “vivimos tiempos diferentes en donde los medios y el internet nos permiten conocer en segundos lo que pasa en otras partes del mundo”, su discurso pierde validez tres meses después cuando a quien se increpa es a Miguel Ángel Mancera y no al gobierno venezolano.

En México, los jóvenes que protestaron son unos “vándalos” que “expresan su intolerancia y su violencia”, señaló  el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el diputado panista Santiago Taboada.

“Castigos más ejemplares para este tipo de personas” fue la recomendación que el legislador hizo a Miguel Ángel Mancera, luego de urgirle sancionar este tipo de actos “con prisión, ya no con fiancitas”.

“Miguel Ángel Mancera se tiene que llevar un mensaje claro, él fue muy tolerante con ellos al grado de vetar la ley y regresarnos a la Asamblea Legislativa las reformas que aprobamos para establecer como delito grave el ultraje a la autoridad, con un argumento en relación a derechos humanos”, declaró.

Para Taboada, si bien las demandas pueden o no ser legítimas, son los “vándalos” quienes han hecho actos donde lesionaron policías, periodistas, y dañaron propiedad tanto pública como privada. Declaraciones que no atienden a los señalamientos de infiltración gubernamental que grupos de activistas y manifestantes han hecho en varias ocasiones al gobierno federal y capitalino.

Mientras la panista Mariana Gómez del Campo se sorprendió ante la tribuna por la criminalización de la protesta social en Venezuela, Taboada, contradictoriamente de la misma bancada, pidió que de una vez por todas se pueda avanzar en castigos más “ejemplares” para “este tipo de personas”, en México.

“Nos queda solicitar en el próximo periodo ordinario que nuestra Iniciativa de Ley se dictamine en la ALDF y que entonces podamos regresar a un tipo penal que definitivamente hace falta en esta ciudad para que estos vándalos dejen de hacer de las suyas. Para que de una vez por todas en la ciudad podamos mantener el orden y regresemos a un respeto sí para manifestantes, pero también para quienes no se manifiestan”, aclaró.

(Mariana Gómez del Campo, en los festejos sobre Av. Reforma)

El lenguaje intimidatorio del GDF y las verdaderas demandas de las víctimas.

“Ahora para que el GDF no asuma sus responsabilidades hacia las víctimas del primero de diciembre del 2012, su responsabilidad que tiene con respecto a violación de derechos humanos, con respecto a la privación de libertad personal, a la tortura, a agresiones de tipo sexual, con deportaciones…  Ahora le es más fácil fabricar este discurso de ‘son vándalos, son los agresivos, y le faltaron al respeto al jefe de gobierno’ cuando ahí están los videos. Nunca hubo por parte de las víctimas del primero [de diciembre], ni de cualquier otra persona que haya estado ahí, que haya estado en la sala Digna Ochoa, no hay una sola agresión un solo golpe a Miguel Ángel Mancera” Alejandro Lugo

Apenas habían transcurrido unas horas de que la protesta se había llevado a cabo, cuando el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano reclamaba a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) el haber permitido el acceso a sus instalaciones a los jóvenes que protestaron.

“No sé si [la CDHDF] se prestó, si sé, porque ha quedado claro que se les permitió el acceso sabiendo quiénes son”, insistió Serrano para horas más tarde, deslindar a Perla Gómez Gallardo, titular del organismo, de las protestas.

“El mismo Héctor Serrano dijo que Perla Gómez nos había invitado, para minutos después desmentir que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos nos había invitado”, señaló por su parte Alejandro Lugo Morán, ex preso del primero de diciembre del 2012 en entrevista conREVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO.

Serrano no lo ocultó, él sabía de quiénes se trataban aquellos jóvenes que se manifestaban. Los detenidos el primero de diciembre del 2012 que luego de una serie de procesos legales, fueron absueltos de toda responsabilidad, eran inocentes.

Sin embargo, el secretario de Gobierno aseguró que “ninguna institución, la que sea, ninguna, puede prestarse para que se generen este tipo de acciones. No es únicamente el jefe de Gobierno, en ese lugar estuvimos por lo menos 50 funcionarios”.

A pesar de demostrar su inocencia, los jóvenes a consideración de Serrano, pueden ser peligrosos, pues el funcionario declaró que éstos pudieron vulnerar la seguridad no sólo de Miguel Ángel Mancera, sino de cualquier funcionario incluyendo el presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino.

“¡Qué bueno que terminó únicamente con gritos y con agresiones verbales y con agresiones con bolas de papel preparadas con agua o botellas! ¡Qué bueno que no terminó con una agresión mucho mayor, extremadamente radical que agrediera a alguno de los presentes con algún objeto punzocortante!”, declaró.

Sin embargo, Alejandro Lugo, quien fuera detenido el primero de diciembre y puesto en libertad meses después tras haber sido ingresado al Reclusorio Norte, estuvo aquel día, y a diferencia de Héctor Serrano, narra que la manifestación se dio en un ámbito pacífico.

“Íbamos con la idea de increpar a Mancera y a la CDHDF. Había al parecer también gente de Ameyalco. A esta reunión se les infiltraron víctimas a más no poder, ni siquiera infiltrar, somos víctimas, hemos estado llevando nuestro caso como víctimas bastante tiempo en la Comisión y entramos porque tenemos varios asuntos en seguimiento, no por amigazgos ni mucho menos”, narra Lugo Morán en entrevista con REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO.

No se trató sólo de un acto de protesta para exigir la liberación de los presos del primero de diciembre, la manifestación se tornó en una ola de protestas por los más diversos casos que el Gobierno del Distrito Federal no ha podido atender, menciona Alejandro durante la entrevista.

“Cuando nos levantamos, sale Gisela [Pérez de Acha], del otro lado estaba gente de los detenidos del dos de octubre, del diez de junio, de Yakiri, y de repente hace lo mismo que nosotros. Entonces ya no fue una protesta silenciosa. Se le tuvo que gritar consignas a Mancera en ese momento porque ya se tenía que ir”, señaló Lugo Morán.

Las noticias aquel día fueron los insultos contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, las agresiones que pusieron en vulnerabilidad su seguridad y el peligro que los manifestantes representaron al protestar. Para Alejandro Lugo, el descontento de quienes se encontraban ahí fue mayor a lo que los diarios registraron. No se trató de un acto vandálico, señala, sino de una legítima protesta.

 “El DGF dijo que seguimos a Mancera hasta afuera de la Comisión para aventarle monedas y fichas, nada de eso fue verdad. Ni fuimos invitados, ni le arrojamos cosas, ni le reventamos el informe, ahí estábamos parados cuando él estaba hablando. Pero si entendemos que es la forma más fácil para que el GDF se deslinde de sus responsabilidades con las víctimas ‘que somos vándalos, que somos agresivos, que le faltamos al respeto al señor Mancera, cuando el señor Mancera –está documentado por una misma instancia que está financiada por el mismo gobierno, que es la Comisión de Derechos Humanos- es un torturador, un secuestrador, que bajo su responsabilidad se cometieron agresiones sexuales, que hay un deportado, que hay gente que perdió su casa, que hubo gente que intentó suicidarse, ahí está el informe de daños psicosociales del primero de diciembre del 2012”.

Alejandro Lugo insiste en que la represión del primero de diciembre se cometió contra personas que no tuvieron que ver con actos violentos, razón por la cual salieron de la cárcel, “aun cuando Ebrard haya dicho que nos metieran”, precisa.

Para el joven, el discurso del Gobierno del Distrito Federal le facilita el deslindarse de responsabilidades para con las víctimas de la represión gubernamental en distintos acontecimientos, “ahora la forma de deslindarse de responsabilidades es decir que somos unos violentos, unos anarquistas”.

En el 2013 fueron 19 las Recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entre ellas, recuerda Lugo, la relacionada al caso Heaven, mientras la número 7 refiere a los actos cometidos por el gobierno de la Ciudad de México el primero de diciembre del 2012.

No obstante, para Alejandro Lugo es una sorpresa que del tiempo que lleva el año, es decir, hasta junio del 2014, sólo existen dos recomendaciones, su conclusión es que al GDF “le es muy cómodo tener una Comisión callada que no esté haciendo recomendaciones”.

Lugo insiste, “la CDHDF no ha hecho nada porque se cumpla un solo punto de sus recomendaciones. De hecho ya cambiaron el estatus de aceptación de recomendación, contrario a cómo los aceptaron cuando fue aceptada la recomendación del 1DMx”.

Resarcir los daños a víctimas del 1DMx en el olvido para el GDF

Hace dos meses se emitió el Informe de Daños Psicosociales, recuerda Alejandro Lugo, luego de la insistencia a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por parte de las víctimas del 1DMx. La publicación tardó un año más de lo que se esperaba pudiera resolver.

“Ante la incapacidad de Marcelo Ebrard por contener las manifestaciones del primero de diciembre, éste decidió después de que se habían disuelto los disturbios, detener a cien personas que nada tenían que ver, que no sabíamos que íbamos a ser detenidos, que por ende ni nos defendimos, ni corrimos ni hicimos nada porque no habíamos hecho ni cometido ningún acto ilícito”.

Alejandro Lugo asegura que si bien el Gobierno del DF dijo que se repararían los daños, a dos meses de distancia, Lugo asegura que no ha existido ningún acercamiento entre ambos desde el 10 de abril hasta finales de junio para decir cómo repararán el daño.

“Es más, en este tiempo seguimos con compañeros en proceso judicial y tampoco se desistieron ni pusieron alguna sola facilidad para que los procesos acabaran aún cuando ellos mismos [los funcionarios del GDF] han dicho que los compañeros son inocentes” declaró durante la entrevista.

El pasado 29 de noviembre, la juez 47 Penal, María del Carmen Patricia Mora Brito, absolvió a Alejandro Lugo Morán, de 34 años, del delito de ataques a la paz pública, al no encontrar pruebas suficientes para sustentar la acusación imputada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Sin embargo, como Lugo, los detenidos aquel 1DMx, fueron saliendo poco a poco, la mayoría bajo amparos y no en absoluta libertad, aún así, el Informe de Daños Psicosociales emitido por la CDHDF el 10 de abril del presente año, señala que el Estado deberá de reparar el daño integralmente a las víctimas de violaciones a derechos humanos del primero de diciembre.

El informe, señala a través de cuatro capítulos no sólo el resarcimiento del daño, sino el enfoque psicosocial de las víctimas del caso 1DMx, la conceptualización del derecho a la protesta social e identificación de riesgos para su ejercicio a raíz de aquel  día y las propuestas de cumplimiento que garantizan una adecuada reparación integral de los daños a todas las víctimas.

“No ha habido demostración alguna de que vayan a cumplir o de que vayan a resarcir los daños ocasionados”, fue la respuesta de Lugo durante la entrevista con REVOLUCION TRESPUNTOCERO ante el cuestionamiento de los avances que tras el Informe se han dado.

Y es que el ex preso pidió no minimizar los daños psicosociales que van desde intentos de suicidios hasta estrés postraumático que generó el encarcelamiento de decenas de ciudadanos en su mayoría jóvenes que no se vieron inmiscuidos en actos de violencia aquel primero de diciembre.

“No minimicen un ingreso al Reclusorio, el que la gente les esté diciendo que se van a quedar 20 años en la cárcel, que les digan que van a ser ‘los pagadores’, que salga el jefe de Gobierno diciendo que ‘arruinaron su Alameda, que es un ataque y una provocación nunca antes vista en la Ciudad’”, declara Lugo.

Incapacidad del GDF para resolver cualquier asunto apegado a derechos humanos y para asumir las protestas sociales como demandas legítimas prefieren no cumplir, criminalizar y usar el derecho penal como herramienta para desmotivar las protestas de raíces legítimas son los temas de fondo para el joven que al ser liberado en noviembre del 2013, ha buscado que sus compañeros, a quien antes del primero de diciembre del 2012 no conocía, salgan de la cárcel tras ser detenidos en alguna de las manifestaciones tras la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia y de Miguel Ángel Mancera a la jefatura de Gobierno capitalino.

Por último, Lugo a través del colectivo 1Dmx al cual pertenece, asegura que si bien están incidiendo en el cese a la criminalización de la protesta, sabe que se encuentran bajo riesgo tras las declaraciones del secretario de Gobierno, Héctor Serrano al saber “quienes son los que protestan”.

No obstante, Lugo, como sus compañeros, seguirán buscando no el resarcimiento personal de los daños causados tras su detención, sino la liberación de aquellos que continúan con procesos legales o presos en la cárcel por ejercer su libertad de expresión.

Ex de Mariana Gómez del Campo podría perder candidatura en Benito Juárez

Jorge Romero, ex pareja sentimental de Mariana Gómez del Campo, sobrina de Felipe Calderón, podría perder la candidatura a Jefe Delegacional por Benito Juárez, en la Ciudad de México, si el Tribunal Electoral del Poder Superior de la Federación dictamina en su contra.

De acuerdo con La Jornada, el PAN-DF dio a conocer que si el TEPJF falla contra el recurso que interpuso Romero Herrera, el partido designará a otro candidato.

La candidatura de Romero quedó en entredicho debido a acusaciones de sus contrincantes dentro del PAN de que rebasó el tope de gastos de campaña fijado por el partido.

Sin embargo, Romero interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral solicitando que avalen su candidatura pese a que violó las reglas partidarias.

El límite de gastos de precampaña del PAN era de 30 mil pesos, lo cual es una reducción de lo que permite el IEDF.

Por consiguiente, el TEPJF debe decidir si mantiene la reducción de los topes de campaña o no. Si la mantiene, la queja contra Romero se sostendría y se le tendría que revocar la candidatura.

Romero habría gastado más de medio millón de pesos sólo en su acto de arranque de campaña, denunciaron sus contrincantes Alfredo Vinalay t Fadlala Akavani.

Abuchean a Gómez del Campo en foro para celebrar a mujeres

Pretendió convertirlo en acto proselitista en favor de Josefina Vázquez e Isabel Miranda

“Fuera”, “buuu” y “ni un voto al PAN”, entre las consignas contra la legisladora del blanquiazul

En el DF sí hay autoridad moral para festejar: Barrales

Sellan encuentro con foto del recuerdo

Raúl Llanos

Periódico La Jornada
Viernes 9 de marzo de 2012, p. 38
La coordinadora de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Mariana Gómez del Campo Gurza, fue abucheada ayer al utilizar un foro en el que se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer para hacer proselitismo en favor de Josefina Vázquez Mota e Isabel Miranda de Wallace, aspirantes de ese instituto político a la Presidencia de la República y al gobierno de la ciudad de México, respectivamente.

“Fuera”, “buuu”, “ni un voto al PAN” gritaron a la panista varias de las asistentes al acto, realizado en uno de los salones del recinto legislativo de Donceles y Allende, al cual fueron convocadas 84 mujeres representantes de diversos sectores de la sociedad.

Entre otras estuvieron la escritora Guadalupe Loaeza; María Elena Morera, de México Unido contra la Delincuencia; Amalia García, ex gobernadora de Zacatecas; Carla Humphrey, Beatriz Claudia Zavala y Yolanda León, consejeras electorales locales; Leticia Quezada, vocera de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados; Julieta Lujambio, periodista; legisladoras capitalinas como Ana Estela Aguirre, del PT, y Alejandra Barrales, Claudia Elena Águila y Patricia Razo, de la bancada perredista, además de deportistas paralímpicas, sindicalistas, investigadoras y Montserrat Sánchez, del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Julieta Lujambió comenzó la lista de intervenciones con un mensaje sobre la violencia que han sufrido las mujeres y el compromiso de todas por exigir sus derechos. Guadalupe Loaeza reconoció el trabajo de la ALDF para endurecer las penas a golpeadores de mujeres y fijar mecanismos que obliguen a los padres a cumplir con la pensión alimentaria. María Elena Morera consideró necesario tener más mujeres en espacios de gobierno para avanzar hacia una mejor sociedad.
Siguió el turno a la panista Mariana Gómez, quien tras resaltar que su partido fue el único que cumplió con la cuota de género en los pasados comicios, remarcó: “hoy tenemos la oportunidad de hacer historia en México con la primera mujer presidenta posible en 2012...”

Ya no pudo terminar su discurso, pues sobrevino una ola de críticas y desaprobaciones a sus comentarios por varias de las asistentes.

La coordinadora del PAN clavó la mirada en las mujeres y en tono retador insistió: “repito, no quiero generar polémica, pero hoy tenemos la oportunidad de tener una mujer presidenta, y también en la ciudad de México, que le dio apertura a una mujer como Isabel Miranda de Wallace”.

“Ni un voto al PAN... ni un voto al PAN... ni un voto al PAN...”, fue la respuesta que recibió en algunas mesas, misma que la acompañó en el breve tramo entre el atril y la mesa en la que departía con otras mujeres.

Cerró el acto la presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Alejandra Barrales, quien aseguró que en el Distrito Federal sí hay autoridad moral para festejar a las mujeres, “porque con hechos, en un gobierno progresista de izquierda, hemos puesto el ejemplo y esta ciudad es vanguardia en materia de derechos”.

A final sellaron el encuentro con una foto del recuerdo de todas en el salón de plenos de la Asamblea Legislativa.