PATRICIA DáVILA
La propuesta del presidente Felipe Calderón de poner al frente de la Procuraduría General de la República a Arturo Chávez reactivó las protestas de organizaciones sociales de Chihuahua que se oponen a su nombramiento. Entrevistadas por Proceso, madres de jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez reiteran que cuando Chávez fue procurador estatal en la década pasada, nunca resolvió los feminicidios. También le recuerdan a Calderón que sobre su prospecto pesan dos recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos por bloquear las investigaciones de esos casos.
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- “Entré a la fuerza a la oficina del procurador Arturo Chávez Chávez. Me hinqué frente a él, llorando. Le pregunté si tenía hijas. Me contestó que sí, que dos. ‘Entonces le imploro que me regrese a la mía con vida’.
“Mi esposo Jesús se enojó: ‘¡Levántate, no te arrodilles!’ –me decía, mientras de un brazo intentaba levantarme. Le respondí que no, que por mi hija yo me hincaba ante quien fuera con tal de encontrarla. La gente de Chávez Chávez me hizo salir. Él, insensible, no se inmutaba; sólo me veía. Ya no dijo nada…”
Los ojos de Paula Flores la traicionan. Habituados al llanto por más de 11 años, se niegan a contener las lágrimas. El falso sosiego que pretende mostrar, desaparece al evocar esa mañana del 20 de abril de 1998, en que estuvo frente al procurador de Justicia de Chihuahua.
Paula es madre de María Sagrario, una joven de 16 años desaparecida cuatro días antes. Fue encontrada muerta 13 días después, pero su madre, como tantas otras, nunca vio el cadáver. Hasta hoy, Paula revela que no está segura de que los restos que descansan en la tumba a la que acude a rezar sean realmente los de su María Sagrario.
En Chihuahua, Chávez Chávez fue el responsable de la seguridad pública en momentos en que las torturas, violaciones, desaparición y muertes alcanzaron su punto máximo en la ciudad fronteriza: de 1992 a 1994, se desempeñó como subprocurador de Justicia; de 1994 a 1996, fue delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), y de 1996 a 1998, procurador del estado, durante el gobierno del panista Francisco Barrio Terrazas.
El lunes 7, un anuncio presidencial sorprendió y exacerbó a los juarences: Felipe Calderón lo propuso como procurador general de la República, en sustitución de Eduardo Medina Mora. Falta que el Senado ratifique el nombramiento.
Con esa decisión de Calderón se inició otro capítulo de la historia de impunidad y negligencia de Chávez Chávez, quien se mostró incapaz de esclarecer las muertes de mujeres en Juárez mientras fue funcionario de seguridad en esta entidad, afirma Esther Chávez Cano, presidenta de Casa Amiga, una de las primeras activistas en denunciar los feminicidios.
En Chihuahua, dice, se conoce otro expediente que contiene 190 casos de denuncias de hombres desaparecidos durante la gestión de Chávez Chávez. Fue promovido por Jaime Herwella, quien a sus 80 años afirma que el cártel de Juárez pretende imponer a Felipe Calderón a uno de sus hombres.
Durante la gestión de Barrio Terrazas, el testigo protegido Tomás Colsa McGregor involucró al gobernador panista con Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, entonces líder del cártel de Juárez y hermano de Vicente, quien hoy dirige esa organización. Chávez Chávez era el procurador estatal.
La propuesta de Calderón revivió dos recomendaciones, una de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y data de 1998: la otra proviene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se señala a Chávez Chávez de bloquear las investigaciones sobre personas desaparecidas en Juárez y fue emitida en 1999.
En 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó juzgar al Estado mexicano ante un tribunal por los feminicidios de Ciudad Juárez. Tres mujeres de condición muy humilde: Irma Monreal, Josefina González y Benita Monárrez, mamás de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette, lograron llevar al Estado mexicano a juicio.
La Corte interamericana resolvió que sí hubo violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales; de los derechos de los niños y las niñas, a la protección judicial y al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia (Proceso 1695).
¿Acaso el presidente desconoce esas recomendaciones?, se pregunta Paula Flores, después de narrar, entre lágrimas, el día en que en se arrodilló a los pies de Arturo Chávez.
“Nosotros hicimos las investigaciones, siempre señalamos a José Luis Hernández Flores, pero nunca quedó asentado en el expediente. No sé por qué, pero fue hasta en 2002 cuando se retomó el caso de mi hija, lo volvemos a señalar.”
Dice que tiene la esperanza de encontrarla con vida. Y expone: “Si encuentran un cuerpo, ahora se lo atribuyen al narcotráfico. Los crímenes como el de nuestra niña los minimizó la violencia que se vive en Ciudad Juárez, pero yo sigo estando de luto. Para mí, sigue estando el hueco vació en mi casa. Yo sigo sintiendo la misma impotencia, el mismo coraje y la misma sed de justicia…”.
Desapariciones
El 24 de mayo de 1994, Saúl Sánchez, ahijado de confirmación de Jaime Herwella, desapareció en Ciudad Juárez junto con su esposa Abigail Martínez. Era hijo de Saúl Sánchez, el mejor amigo de Herwella. Después de tres años de solicitar ayuda a Arturo Chávez Chávez para dar con el paradero de Saúl y Abigail, Herwella leyó una nota en el periódico de El Paso de otro caso similar al de su ahijado.
“Entonces, hablé con Saúl (su compadre). Le dije: ‘¡No estamos solos, vamos a poner un anuncio clasificado en el periódico!’ Así lo hicimos, decía: ‘Estamos formando una asociación de familias que han perdido a un ser querido, que se lo han desaparecido. Si usted pertenece a este grupo, esta es la dirección…’ Y se armó la remolina. Hubo que ocupar rápidamente a dos personas extras para tomar nombres y números, porque era un gentío que no cabía en mi oficina, ¡Nunca lo imaginábamos! Reunimos 196 casos de hombres desparecidos, 34 de ellos de estadunidenses”, relata Herwella, quien hoy atribuye a la ineptitud de Chávez Chávez el no haber localizado a la pareja, quien dejó dos hijos: uno de 15 y otro de 11 años.
Herwella relata que también conoció el caso de los hermanos Armando y Francisco Rayos Jáquez, desparecidos la noche del 11 de noviembre de 1995 en una de las calles de esta ciudad. Hoy, si viven, deben tener 43 y 38 años, respectivamente.
Los dos fueron implicados en el secuestro de un par de afroamericanas que fueron trasladadas de California a Juárez por un ajuste de cuentas del crimen organizado.
Lourdes Rayos y su marido Jorge García Zepeda están seguros de que los desaparecidos viven en algún lugar de Estados Unidos con una identidad distinta y protegidos por el gobierno estadunidense. Afirman incluso que el gobierno mexicano los “entregó” y que la pieza clave de esa operación fue el ahora candidato a ocupar la PGR.
“Arturo Chávez Chávez los entregó al FBI. Tenemos un expediente de unas 12 mil hojas, que señala que fueron entregados a un programa de protección a testigos. Él está enterado de lo que sucedió y no nada más a mis hermanos, puedo asegurar que sabe qué pasó con la mayoría de los cerca de 200 desaparecidos. Si alguien puede desenredar la madeja, es él. Es un traidor a la patria”, afirma Lourdes.
Y agrega que, de manera oficial, ni el gobierno de México ni el de Estados Unidos han querido aceptar tal versión. Sin embargo, asegura que organismos de inteligencia del vecino país le ofrecieron a ella y a su marido ver a Francisco y Armando en un estado “neutral” de Estados Unidos.
“Lo único que nos han dicho los investigadores es que saben que están vivos. A mí me lo confirmaron el sheriff de El Paso y el agente del FBI de El Paso, Héctor Camarillo”, revela el cuñado de los desaparecidos.
Otro error de Calderón
Alberto Ponce de León, corresponsal de Proceso en El Paso, entrevistó vía telefónica a la pareja, que radica en Mazatlán, Sinaloa, desde hace tres años. A partir de entonces enviaron una carta a Felipe Calderón para informarle del caso; incluso le anexaron copias de los documentos.
Hace mes y medio, agentes de la PGR visitó al matrimonio García Rayos para pedirles copias del expediente: “Vinieron y tomaron declaraciones. Supuestamente se pusieron a trabajar”, dice García Zepeda.
Él y su esposa no quitan el dedo del renglón. Cuando Barack Obama llegó a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero, le escribieron una carta con los pormenores del caso: “Queremos que los regresen. Si ellos son los que mataron a mujeres en Juárez, si son secuestradores o violadores, que los juzguen en México”, asientan.
–¿Qué opina de la designación de Arturo Chávez como titular de la PGR? –se le pregunta a Jaime Herwella.
–Un fracaso completo. Él es del bando de Francisco Barrio, actual embajador ante el gobierno de Canadá. Ese hombre dijo que muchas de las jovencitas asesinadas, se lo ganaron por su manera de vestir. De eso hizo eco Chávez Chávez. Con un descaro tremendo, Calderón designó un embajador sin ninguna base moral, y ahora intenta hacer lo mismo en la PGR.
“El presidente está cometiendo un error tremendo. Está raspando el fondo y lo único que va lograr es empeorar las cosas. Considero que el cártel de Juárez le impuso el nombramiento, de lo contrario no me explico esa decisión. Él (Chávez) estuvo en la procuraduría (de Chihuahua) durante los años de esplendor de ese grupo.”
En entrevista con Proceso, Herwella señala que en múltiples ocasiones solicitó la comparecencia del exprocurador de Justicia Chávez Chávez, ya que ese funcionario tuvo conocimiento de las detenciones de Armando Gutiérrez Domínguez, Marco Antonio Ramírez, Julio Aguirre y Alfredo Kihara en el Aeropuerto Internacional de Juárez en 1995, por órdenes del jefe antidrogas mexicano Francisco Molina Ruiz.
“Desde que fueron detenidos, nunca se les volvió a ver”. Pese a ello, Arturo Chávez nunca fue llamado a declarar, lamenta Herwella.
Protesta unánime
El anuncio hecho por Calderón el lunes 7 removió la inconformidad y el encono de las familias de las desaparecidas en Juárez. Al día siguiente, representantes de organizaciones sociales, como Voces sin Eco, que durante la gestión de Chávez Chávez en Chihuahua estuvo integrada por Paula Flores, Irma Pérez, Ramona Morales, Bertha Márquez, Federico Ponce y Soledad Aguilar, padres de seis desaparecidas.
Además, volvieron a salir a las calles mujeres como Evangelina Arce, quien en 1988 promovió el primer plantón permanente frente a la procuraduría estatal en protesta por la negligencia de Chávez Chávez para encontrar a su hija. Hoy, junto con medio centenar de padres de desaparecidas, doña Eva se instaló nuevamente en la calle, sólo que ahora frente a la delegación de la PGR.
Vestida de blusa blanca, que contrasta con el negro que la enluta, doña Eva, mamá de Silvia Arce, narra sus 11 años de angustia y dolor: “Mi hija vendía burritos y café afuera de el salón bar El Pachangas, Arturo Chávez se metía mucho ahí, junto con muchos judiciales. Él siempre le compraba a mi hija y se ponía a platicar con ella. En una ocasión le dio su tarjeta, ‘para lo que se le ofreciera’” –dice.
–¿Usted platicó con él?
–Nunca quiso recibirnos. Por eso pusimos el plantón permanente. Jamás dijo: “Voy a ver qué quieren”. De las que estábamos en ahí muchas siguen sin encontrar a sus hijas.
–¿Qué justificación le daba la procuraduría, por qué Silvia no aparecía?
–Me decían que andaba drogándose y emborrachándose y que ella iba a regresar sola a mi casa. Yo les contestaba. “Si ustedes saben dónde está, entréguenmela”.
“Cuando oí que el presidente Calderón nombró a Chávez como titular de la PGR me dije: ¿Cómo es posible? Si aquí, cuando debió de ayudarnos a encontrar a nuestras hijas, nunca hizo nada.”
Irasema Mendoza, mamá de Arlén Vázquez Mendoza, desaparecida el 17 de febrero de 1995, cuenta que encontró a su hija en una zanja frente a la maquiladora en que trabajaba. Había sido golpeada y violada. Su cuerpo tenía cinco puñaladas. A 13 años de la muerte de su hija aún hoy levanta la voz: “Como procurador (de Chihuahua Arturo Chávez), no hizo nada. Hasta la fecha no se quién le quitó la vida a mi hija”, dice.
Otras de las madres Soledad Aguilar vive aún angustiada. Su hija Cecilia Covarrubias desapareció el 14 de noviembre de 1995 con su hijita de apenas 24 días de nacida. Ella se opone a que el Senado ratifique al exprocurador chihuahuense:
“Si él hubiera querido, habría detenido a los asesinos de mi hija, me habría regresado a mi nieta. Pero nunca investigó. Mi nieta ya tiene 14 años y aún no la conozco. Espero verla un día, antes de que me alcance la muerte. ¿Acaso Arturo Chávez me la va a entregar ahora?”
